Cuatro jóvenes de la comunidad campesina Cuyo Grande, en la región Cusco, Perú, fueron sentenciados a siete años de prisión por protestar contra las masacres en los andes durante el primer bimestre de Dina Boluarte en el gobierno.
Las desproporcionadas penas siguen la línea de criminalización del derecho a la protesta en el Perú, mientras que ningún mando político, militar o policial, los responsables de las matanzas, recibe sanciones.
El 31 de enero de 2023, cuando las fuerzas militares y policiales habían asesinado a 45 manifestantes, la mayoría en territorios andinos de poblaciones quechuas y aimaras, agentes infiltrados detuvieron a Richard Camala (23 años), Ferdinán Huaccanqui (34 años), Redy Huamán (23 años) y Joel Hivallanca (22 años).
La justicia desconoció el arraigo domiciliario de los imputados, debido a que viven en tierras comunitarias. Al no reconocerles un domicilio, la justicia consideró que habría riesgo de fuga en caso de procesarlos en libertad.
Desde entonces permanecen recluidos en el penal Qenqoro, acusados en primera instancia del delito de disturbios y entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos. Los comuneros, mediante engaños, por desconocimiento, firmaron actas de intervención policial sin poder leer el contenido, aceptaron la terminación anticipada y se declararon culpables, lo que complicó su situación.
El último 31 de julio, la Primera Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Cusco ratificó las condenas, sin reconocerles arraigo de domicilio. Los procesados, quienes se dedican a la agricultura, presentaron constancias de posesión de tierras, por lo que la medida es calificada de discriminatoria por sus familiares.
A las sentencias, las autoridades judiciales le suman un elevado pago de reparación civil (250 mil soles, alrededor de 70 mil dólares).
Persecución coordinada
El abogado de los sentenciados, Marcelino Quispe, denunció irregularidades en el proceso: detención ilegal por parte de policías encubiertos, manipulación de pruebas del representante del Ministerio Público y el dictamen de una jueza durante su periodo de vacaciones para, según señala, promover su ascenso al cargo de vocal.
El jurista apunta a la colusión entre el Ministerio del Interior, Poder Judicial y fiscalías, evidenciada en otros casos de persecución de la protesta social desde la gestión de Boluarte. La defensa de los comuneros planteará todavía recursos para anular la resolución y se propone llevar el caso al Tribunal Interamericano de Derechos Humanos.
Hasta el día de la detención de los jóvenes de Cuyo Grande, el gobierno había reprimido con violencia extrema las movilizaciones en Puno, Ayacucho y Apurímac, donde victimaron en total a 38 personas, entre ellas menores de edad. Otros once manifestantes fueron asesinados en Cusco, Arequipa, Junín, La Libertad y Lima en los meses de convulsión, entre diciembre de 2022, mes del golpe de Boluarte, y enero de 2023.
Organismos internacionales de derechos humanos han calificado los actos de las instituciones armadas de ejecuciones extrajudiciales con sesgos raciales.
En enero de 2023 también fueron detenidos y trasladados a Lima siete integrantes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa), sindicados de apología al terrorismo, a quienes dieron arbitrarias penas de prisión preventiva. En las últimas semanas salieron en libertad tres de los activistas que continuaban presos, luego de 18 meses.
Aún se espera la liberación de Rocío Leandro Melgar, presidenta de la organización, para quien el Ministerio Público pide adicionar seis meses de encierro preventivo. Asimismo, la del brigadista y estudiante de derecho Vladimir Molina, procesado por disturbios durante las protestas en la capital.
— INGLATERRA: Crisis, Sionismo y extremistas blancos, el resurgimiento de la ultraderecha. Una entrevista que realizamos a una compañera activista y participante de movimientos en solidaridad con los pueblos migrantes.
— BANGLADESH: El movimiento estudiantil popular derroca a la primera ministra de Bangladesh. Continúan las protestas por reformas, la libertad de los detenidos y justicias para las cientos de victimas de la represión gubernamental.
— PALESTINA: Continua el genocidio, e Israel busca detener cualquier intento para un cese al fuego. Ataque israelí contra una escuela deja más de 100 muertos y decenas de heridos en Gaza.
— OAXACA, CHIAPAS, GUERRERO: Pronunciamiento conjunto. Pese a la difamación, la criminalización y la violencia, los pueblos indígenas seguimos defendiendo los territorios en el sur-sureste de México
— CDMX: Actualización del caso del Yorch. Mensaje a la jornada anti carcelaria. A pesar de condena sigue la lucha por su libertad y la solidaridad con el encierro.
— CHIAPAS: UN PICO Y UNA PALA. De la solidaridad, la empatía y la valentía. Comunicado zapatista en Carta del Capitán.
A la Vicaría de Justicia y Paz de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
A los Medios Libres y Alternativos
A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
Hermanas y hermanos:
A 15 años de la liberación masiva de los paramilitares por la mal llamada Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aquí seguimos, porque somos un pueblo que no olvida. Aquí seguimos las y los sobrevivientes, caminando de la mano con nuestra Mesa Directiva de Las Abejas de Acteal; no nos hemos dejado vender ni manipular por los gobiernos responsables de la Masacre de Acteal ni por los gobiernos actuales que, con su indiferencia y falta de voluntad política, han decidido mantener en la impunidad a los autores intelectuales de la masacre de Acteal.
Las Abejas de Acteal somos una organización con memoria que, a lo largo de casi 27 años desde la masacre de 45 hermanas y hermanos nuestros, más los cuatro bebés no nacidos el 22 de diciembre de 1997, hemos visto cómo este crimen de Estado ha sido objeto de una política de desgaste y de olvido por parte de los mismos gobiernos, quienes buscan dejar impune su propio crimen. Bajo estas políticas, gobiernan y siguen gobernando a México, sin importar el color del partido al que pertenezcan; y no les importan los costos políticos, sociales y económicos que causan, con tal de mantenerse en el poder para saciar sus ambiciones y avaricias.
Nos da mucha tristeza, llora nuestro corazón por la violencia que ya es imparable y se ha convertido en un monstruo que devora a toda persona que encuentra a su paso. Por ejemplo, en esta zona en la que vivimos, el municipio de Pantelhó y las comunidades de Chenalhó que viven en las inmediaciones del primero se han desplazado de manera forzada por los disparos constantes de los grupos armados. Como ya es sabido, el Ejército mexicano y la Guardia Nacional permiten que tales actos ocurran bajo sus propias narices.
Las y los sobrevivientes de Acteal, sobre todo las mujeres que vivieron el terror del ataque de los paramilitares durante aproximadamente seis horas y que vieron caer sin piedad a sus familiares, a los niños y a las mujeres embarazadas, se han enfermado por el pánico y la crisis psicológica. Con esta violencia, el gobierno en turno, en lugar de crear garantías de no repetición de un crimen como el de Acteal, permite a los grupos del crimen organizado mantener aterrorizada a la población, propiciando así el olvido de la Masacre de Acteal, al igual que Ayotzinapa, Tlatlaya, Pasta de Conchos, Aguas Blancas y otros crímenes de Estado cometidos en todo el país.
La decisión de la mal llamada SCJN de liberar a los autores materiales de la Masacre de Acteal, así como la campaña emprendida por los amigos de los paramilitares en 2006, involucrando al Centro de Investigaciones y Docencias Económicas (CIDE), Confraternice, Hugo Eric Flores Cervantes, Héctor Aguilar Camín, Manuel Anzaldo Meneses y con el pacto de Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México en esa época, han hecho que el fruto de su colaboración en la impunidad haya llevado a Chiapas a una guerra civil, tal como lo advirtió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en uno de sus comunicados del año pasado.
Bajo el contexto de oscuridad y muerte que reina en Chiapas, nosotras y nosotros, las guardianas y guardianes de la Memoria y constructoras y constructores de la Justicia y de la Paz, siempre apostaremos por la Esperanza y por la Vida a pesar de la muerte. Sin embargo, mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no se pronuncie con el informe de fondo, la violencia, las muertes, los desplazamientos forzados y el terror de día a día van empeorando. No estamos exagerando. En este tenor, insistimos en nombre de las 45 hermanas y hermanos, más los cuatro no nacidos masacrados en Acteal, y en nombre de la sangre que se sigue derramando absurdamente en todo Chiapas y México, solicitamos:
URGENTEMENTE a la CIDH que dicte YA el INFORME DE FONDO del Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y Otros (Masacre de Acteal), donde responsabilice al Estado mexicano por la Masacre de Acteal y así iniciar la investigación y juicio a los autores intelectuales de dicha masacre, encabezada por Ernesto Zedillo Ponce de León.
Finalmente, reiteramos la invitación a toda la gente a la que también le duele e indigna la impunidad y la violencia a que actuemos levantando la voz y realizando acciones no violentas para exigirles a los tres niveles de gobierno que recuerden que existe una Constitución en nuestro país que les obliga a dar seguridad y proteger a todas y todos los mexicanos. Asimismo, existen tratados internacionales, entre ellos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se estipulan los derechos de gozar de la paz y de la vida para toda la humanidad.
Desde Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza.
Atentamente,
La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.
En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la comunidad indígena de Santa María Ostula, ubicada en el municipio de Aquila, Michoacán, se encuentra en el epicentro de una crucial batalla legal y social que podría determinar el futuro de sus tierras comunales. Este momento es decisivo, ya que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito resolverá el amparo directo 463/2023 interpuesto por la comunidad.
La disputa legal que enfrenta la comunidad nahua de Ostula se centra en un litigio agrario histórico de más de dos décadas. En 2009, la comunidad recuperó más de 1,000 hectáreas de tierras que habían sido ocupadas por los llamados “pequeños propietarios y presuntos jefes del crimen organizado”, así lo han denunciado los comunitarios en un comunicado.
Foto: Regina López
El recurso de amparo directo 463/2023 busca revertir la sentencia del juicio 78/2004, que había otorgado las tierras a pequeños propietarios de La Placita, un grupo que, según las autoridades comunales, tiene vínculos con el crimen organizado. El Tribunal había confirmado esta sentencia, ignorando los documentos probatorios que respaldan la propiedad comunal de Ostula.
Amicus Curiae
Justo en este día que el Tribunal tendrá que decidir sobre el destino de estas tierras comunales, la defensa legal presentará informes y opiniones técnicos de más de 56 expertos en antropología, historia y arqueología mediante el recurso conocido como Amicus Curiae. Estos expertos son reconocidos a nivel nacional e internacional y su participación busca aportar una perspectiva objetiva sobre la validez de las reclamaciones de la comunidad.
Entrevista a Carlos González – Abogado agrarista del CNI.
En agosto el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito (Morelia, Michoacán), va a resolver el juicio de amparo directo 463/2023, a través del cual la comunidad indígena de Santa Maria Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, está impugnando la resolución que el Tribunal Superior Agrario dictó confirmando la sentencia del Tribunal Unitario Agrario distrito 38 dentro del juicio 78/2004, a través de la cual da un fallo favorable a supuestos pequeños propietarios de La Placita, reconociéndoles tierras en posesión inmemorial de la comunidad.
Este procedimiento estuvo plagado de fuertes irregularidades. Se trata de una disputa histórica por una franja de más de mil hectáreas de tierras comunales ubicadas junto al Océano Pacífico que Santa María Ostula recuperó en 2009 (circunstancia que la llevó a reorganizar su Guardia Comunal) y que tiene tras de sí una trágica cauda de 40 comuneros asesinados y 6 desaparecidos, incluidos sus más importantes dirigentes.
En el andamiaje judicial de nuestro país estamos ante la última instancia a la que la comunidad de Santa Maria Ostula puede recurrir, luego de que hace dos años la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una votación privada y sin escuchar a la comunidad, resolvió no atraer tan significativo litigio. Santa María Ostula es una comunidad nahua del municipio de Aquila. Esta y las restantes comunidades nahuas del municipio (Pómaro, El Coire y San Miguel Aquila) son propietarias, bajo el régimen comunal, de más de 200 mil hectáreas y comparten una colindancia con el Océano Pacífico en una línea mayor a los 100 kilómetros. Las playas ubicadas en sus tierras están muy bien conservadas y son muy hermosas. Asimismo, sus montes son de los más ricos en el mundo en metales como el oro, la plata y el hierro. Además los territorios de estas comunidades son importantes nichos ecológicos en los que son celosamente conservadas distintas variedades de tortuga, entre otras especies, y tienen significativas reservas de agua.
Por lo anterior se trata de tierras muy codiciadas por empresas mineras e inmobiliarias; y por supuesto por los carteles criminales en tanto que se trata de una estratégica región ubicada entre los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, los dos más importantes del país. De hecho parte de las tierras que la comunidad tiene en disputa las recuperó de los que en ese año de 2009 eran líderes de la Familia Michoacana y los Caballeros Templarios.
Justamente por esos intereses tan poderosos que han puesto sus ojos en las tierras de la comunidad, últimamente el Cartel Jalisco Nueva Generación ha lanzado violentos ataques sobre la comunidad, destacando el del 3 de julio de este año, con el uso masivo de drones y explosivos, sobre la población civil y casas del poblado de La Cofradía de Ostula. Pedimos generar campañas informativas y acciones sobre el Tribunal de amparo, sobre el Poder Judicial Federal y sobre el Estado Mexicano para que una terrible injusticia no se consume y se respeten las tierras y los derechos que tanta sangre han costado a la comunidad indígena de Santa Maria Ostula.
SOLIDARIDAD CON LA LUCHA HISTÓRICA, LEGAL Y SOCIAL DE OSTULA POR LA RECONSTITUCIÓN DE SU TERRITORIO
AL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVAS Y DE TRABAJO A LAS COMUNIDADES Y PUEBLOS ORIGINARIOS AL PUEBLO QUE LUCHA Y QUE RESISTE AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN AL ESTADO MEXICANO
Comunidades originarias de Michoacán a 7 de agosto de 2024.
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM constituido por autoridades civiles, comunales y tradicionales de 70 comunidades originarias, nos solidarizamos con la lucha histórica, legal y social que mantiene la comunidad indígena de Santa María de Ostula por la defensa y reconstitución de su territorio.
Desde tiempos inmemoriales, los hermanos náhuatl de la costa michoacana, han sostenido la posesión de su territorio y lo han defendido sobreviviendo a las guerras de despojo y exterminio que durante siglos han desplegado los malos gobiernos en la región, es una de las comunidades que más han padecido la represión masiva y selectiva, en tiempos recientes, por defender su autonomía y territorio, han sido asesinados 40 comuneros y desaparecidos 6 más, en todos los casos, prevalece la impunidad y la injusticia sistemática.
Los pueblos indígenas de #Michoacán reconocemos a Xayacalan como parte de la comunidad indígena de Ostula y como parte integral del territorio náhuatl de la costa sierra michoacana, toda vez que mantienen sus títulos primordiales emitidos durante la colonia, una resolución presidencial de 1964 y la posesión histórica y contemporánea de sus territorios.
La comunidad indígena de Santa María de Ostula es un ejemplo de dignidad, resistencia y lucha para todos los pueblos, actualmente, el caso se encuentra en el Poder Judicial de la Federación, en el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y de Trabajo del Décimo Primer Circuito como Amparo Directo 463/2023, contra la sentencia del Tribunal Agrario de Colima, donde el aparato de justicia le dio el fallo a favor del grupo de pequeños propietarios de la Placita en un procedimiento lleno de irregularidades e inconsistencias.
Por estas razones, en el CSIM nos sumamos a la exigencia al Poder Judicial de la Federación para que resuelva haciendo justicia en favor de Ostula, quien se encuentra defendiendo no solo su territorio, si no reservas de agua, fauna y vida, que los intereses mineros, hoteleros, particulares y del crimen organizado quieren despojar.
¡Exigimos respeto y certeza jurídica para los pueblos originarios y sus territorios!
TERUNHASKUA K’ OIA, ECHERI KA JURAMUKUKUA IAMENTU IRETECHANI JUSTICIA, TERRITORIO Y AUTONOMÍA PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN #CSIM #OstulaVive
Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal Acteal, Chenalhó, Chiapas, México
Al Congreso Nacional Indígena Al Consejo Indígena de Gobierno A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos A las y los Defensores de los Derechos Humanos A los Medios Libres y Alternativos A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional A la Sociedad Civil, Nacional e Internacional
Hermanas y hermanos:
Ante la violencia desbordada y absurda en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y en otros estados de la República Mexicana, el día de hoy nos encontramos aquí en la comunidad NUEVO YIBELJOJ en una JORNADA DE AYUNO Y ORACIÓN POR LA PAZ Y LA VIDA. Con esta acción re-activamos el CAMPAMENTO CIVIL POR LA PAZ.
Saludamos a todas nuestras hermanas y hermanos Abejas que también hoy desde sus respectivas comunidades están en la misma Jornada de Ayuno y Oración como nosotros. Así mismo saludamos a las parroquias de Santa Catarina Pantelhó, San Pedro Ch’enalvo’ y a todas las mujeres y hombres que buscan la paz y defienden la vida por medio del diálogo y por la vía pacífica, así como nos enseñó el Maestro Nazareno, Jesucristo y las y los Mártires de Acteal.
Nos duele el sufrimiento de las familias de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y en otras partes de México por la violencia que han causado los grupos criminales en Chiapas y en México, aunado a la indolencia e indiferencia del gobierno de Rutilio Escandón Cadenas y de Andrés Manuel López Obrador de no tener la voluntad de buscar caminos para apagar el infierno que desplaza, mata y masacra a niñas, niños, mujeres, hombres, ancianas y ancianos.
En los últimos días la población civil en el estado de Chiapas se encuentra en alerta máxima por los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado que se disputan la región. Se tiene conocimiento que los municipios y ejidos aledaños de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Concordia, El Porvenir, Motozintla, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Siltepec, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera, Monte Cristo de Guerrero, Angel Albino Corzo (Jaltenango), La Grandeza, Niquivil, Pablo L. Sidar y Las Chicharras son las zonas más afectadas y se encuentran incomunicados por los bloqueos carreteros realizados por los grupos del crimen organizado.
La población de estos municipios está en total desprotección y abandono de parte de las autoridades estatales y federales, además está siendo obligada por los grupos criminales a participar en los bloqueos, utilizándoles como barricadas humanas por si viene el grupo rival o para impedir el paso de fuerzas federales.
Ante esta situación, resultan de suma preocupación las afirmaciones de las autoridades federales, en cabeza del Presidente de la República, que minimizan la situación humanitaria y descargan la responsabilidad de los hechos en la población señalada de ser la base social de los grupos delincuenciales.
Estas afirmaciones, por una parte desconocen la imposibilidad que enfrentan las personas ante la amenaza de los violentos y el uso de las armas; y por otra, violan el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y generan mayor riesgo para la población de ser identificada por uno u otro grupo como aliada de grupos contrarios, convirtiéndoles en objetivo militar.
Los enfrentamientos, bloqueos y riesgos para la población no son nuevos. En mayo, agosto y septiembre del año pasado se vivieron situaciones similares. En aquellas ocasiones, el gobierno federal y estatal enviaron al Ejército y Guardia Nacional en respuesta al pedido de auxilio de la población, logrando disuadir la actuación de los grupos criminales. Sin embargo, al retirarse las fuerzas federales los grupos volvieron a enfrentarse, escalando la violencia y dejando nuevamente a la población en riesgo. Si bien hubo un actuar militar en dicha coyuntura, no se observa un trabajo de investigación e inteligencia para desarticular los grupos criminales.
En portada: Conferencia de prensa realizada en la capital de Chiapas para denunciar las irregularidades en el proceso penal contra las BAEZLN.
José Díaz Gómez, indígena ch’ol, Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), ha sido privado de su libertad acusado por robo ejecutado con violencia. Ante ello, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) señala que Díaz, recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 17 (CERSS 17), “El Bambú”, municipio de Catazajá, norte de Chiapas, es víctima de criminalización ante un delito que no se ha podido comprobar.
Frayba ha documentado que, en la detención de José Díaz, elementos de la policía adscritos a la Fiscalía General del Estado de Chiapas cometieron violaciones a sus derechos humanos, ejecutando una detención ilegal y arbitraria, además de incurrir en tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, desaparición forzada e incomunicación.
Por ello, exige al Estado mexicano la liberación inmediata del BAEZLN quien está por cumplir un año y nueve meses de reclusión sin contar con sentencia. Apenas el pasado 8 de julio finalizó el proceso de desahogo de pruebas, con lo cual se programó para el próximo 6 de agosto la audiencia que precederá el pronunciamiento de la sentencia.
“Las pruebas presentadas en el caso contra José Díaz son inconsistentes y carecen de credibilidad. Estos detalles evidencian una investigación deficiente y una falta de justicia en el proceso judicial”, aseveró el Frayba mediante comunicado difundido en conferencia de prensa realizada este lunes (29) en la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez.
Jorge Luis López, abogado del equipo regional zona norte del Frayba, detalló que las pruebas aportadas por el Ministerio Público son cuatro, “y ninguna de ellas vincula directamente la responsabilidad a José; esperaríamos que el juez dicte una sentencia de absolución”.
Como ha ocurrido en los últimos tres años ante la omisión de autoridades estatales y federales, una vez más la crisis provocada por los enfrentamientos entre grupos criminales en la frontera sur de Chiapas alcanza niveles alarmantes de violencia, ocasionando terror, muerte y desplazamiento forzado entre la población civil.
En las últimas semanas, desde distintos municipios de las regiones de la Sierra Madre y su vecina, la Frailesca, pobladores han lanzado llamados de auxilio mediante redes sociales para alertar sobre el incremento de las agresiones. Entre ellas, destacan las amenazas de coacción por parte de grupos armados, para que civiles participen en bloqueos carreteros, de secuestro de hombres y mujeres, así como de ejecuciones.
Desde el pasado sábado (20) y por medio de una acción urgente, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos para todas, todos y todes (Red TDT) confirmó el recrudecimiento de la violencia en comunidades de la región fronteriza del estado de Chiapas con Guatemala.
Mediante un comunicado, las organizaciones resaltaron que, por lo menos, desde el domingo 14 de junio, se registró un aumento en las hostilidades entre los grupos armados del crimen organizado quienes desde 2021 se disputan el control de la zona fronteriza.
Ante esta situación, la RedTDT llamó a las autoridades federales y locales para la intervención imediata y garantizar la protección de la población de los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Grandeza, Bella Vista, Siltepec, El Porvenir, Motozintla, Bejucal de Ocampo, Honduras de la Sierra, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera, La Concordia, Montecristo de Guerrero y Ángel Albino Corzo.
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