Eugenia Gutiérrez. Colectivo Radio Zapatista.

México, 8 de marzo de 2018.

¿Cómo describir el momento que viven hoy las luchas feministas a nivel mundial? ¿Cómo analizar sus alcances y sus límites? Enarbolando la bandera del feminismo, hoy se movilizan miles de personas para organizar debates, marchas, huelgas o celebraciones. Las protestas contra la violencia patriarcal permean hoy todos los ámbitos que determinan nuestro entorno. Las luchas feministas se despliegan en lo social, lo cultural, lo económico y lo político. En el marco de este 8 de marzo, día que concentra esfuerzos de reflexión y acción a nivel mundial, la violencia machista se discute en foros, artículos, libros, medios de comunicación y todo tipo de esfuerzos organizativos. Y, sin embargo, la violencia sexista no cesa. Por el contrario, los datos duros indican que crece y se consolida. (Continuar leyendo…)

Del 21 al 23 de marzo de 2018 por tercer año consecutivo las familias desplazadas de Banavil retornaron temporalmente para recordar la siembra de la niña Antonia, quien perdiera la vida en condiciones de desplazamiento forzado el pasado 21 de febrero de 2015 en medio de discriminación y una atención médica precaria en el hospital de Las Culturas en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. Sus hermanas Lucia, Petrona y María, así como sus primos y primas Alonso, Lorenzo, Miguel y Petrona junto a sus tías, tíos y su abuela Antonia rezaron junto a acompañantes de la Sociedad Civil Nacional e internacional.

El pequeño Lorenzo se detiene un momento para regalarnos una fotografía.

El regreso a sus tierras para recordar a Antonia se da en medio de nuevos despojos de sus tierras, de nueva cuenta actores que les desplazaron hace 6 años están repartiendo ilegalmente 5 hectáreas y media de tierras en el ejido Santa Rosa, propiedad de Lorenzo López Girón y Alonso López Luna, éste último cabeza de las familias desaparecido desde el 4 de diciembre del 2011.

La experiencia de vida de las familias de Banavil está relacionada con la oposición política en los Altos de Chiapas por lo menos desde la década de los noventa, primero afiliados al Partido de la Revolución Democrática (PRD), para pasar en 1996 a incorporarse como Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN). Junto a indígenas sin tierras llevaron a cabo acciones de recuperación en medio del alzamiento, en donde recuperaron las 5 hectáreas y media en Santa Rosa, que después serían legalizadas y se convertirían en ejido en 1997 como apuesta gubernamental para calmar los ánimos en los pueblos.

Lorenzo López Girón visto a través de un vidrio quebrado durante las agresiones que les llevaron al desplazamiento.

Enseguida se inaugura un proceso de violencia que fue impulsado por las discordias que causó el reconocimiento oficial de sus tierras, y en medio de un intenso “bombardeo” de programas sociales que beneficiaron alrededor de 30 familias, pero sobre todo a un grupo de personas que posteriormente desembocaría en la constitución de un grupo de carácter clientelar con rasgos caciquiles que actúa por encomienda del gobierno municipal y estatal, hostigando y amenazando a las familias zapatistas y sus simpatizantes.

Apartir de la cooptación de las personas en la comunidad, en el año 2000 salieron las familias del Paraje adscritas al zapatismo. Una parte de éstas participaron en el proceso de violencia que desembocó en el desplazamiento forzado de las familias López Girón, López Méndez y López Guzmán en el 2011. En medio de este periodo se presentaron diversas tensiones y violencias con distintas características: aparentes conflictos al interior de la iglesia, continuas multas de autoridades comunitarias, montajes jurídicos avalados por la asamblea de la comunidad, amenazas, expulsiones a las niñas de la escuela primaria y finalmente el desplazamiento.

Dentro de quienes llevaron a cabo este largo proceso de violencias se encuentra Pedro Méndez López, actual comisariado del ejido Santa Rosa. Junto a Agustín Guzmán Méndez y Diego Méndez López, así como sus cuñados Miguel Guzmán Méndez, y Agustín Guzmán Méndez, a partir del 16 de septiembre de 2017 reactivaron los hostigamientos y despojos en contra de las familias desplazadas de Banavil. Talaron 4 árboles en las tierras de la familia López Girón, cuyos titulares son Alonso, padre de familia y Lorenzo, su hijo, denunciaron las familias desplazadas en un comunicado el pasado 23 de octubre de ese mismo año. Las tierras están siendo repartidas entre personas del ejido, iniciando un nuevo despojo de sus tierras de las familias desplazadas de Banavil.

A su llegada, la señora Antonia recolecta flores de mostaza para la comida que serán acompañadas con frijol.

No sé que es lo que pensaron, no sé dónde encontraron la idea, empezaron a partir nuestro terreno, nuestro terreno y su tierra de mi papá. Y lo partieron, hicieron un callejón pero no sé qué tanto de lo hicieron el callejón, lo limpiaron, no sé porque no podemos entrar en Santa Rosa y de ahí empezaron a cortar el árbol y enseguida empezaron a destruir nuestra casa ahí y ya no tenemos casa ahí y no podemos entrar, así empezó el mes de septiembre.  Empezamos a denunciar, giramos oficio en delegado de gobierno, presidente municipal, juez de paz de Tenejapa, pero como que no lo quieren, está cómplices el juez.  Lorenzo López Girón.

Pedro Méndez López ha sido parte del proceso de violencias que han vivido las familias de Banavil por mantenerse en resistencia sin recibir apoyos gubernamentales. Junto a Alonso López Ramírez, actualmente recluido en el CERESO No. 5 de San Cristóbal de Las Casas, en el año 2003 iniciaron los hostigamientos en contra de la familia López Girón, hasta la fecha siguen haciendo activos, cubiertos de la anuencia de las autoridades municipales y estatales, respondiendo con despojos y amenazas a la lucha por justicia, verdad y retorno que exigen las familias desplazadas desde hace 6 años de Banavil.

María, madre de la pequeña Antonia, frente a su tumba después del rezo.

Pedro Méndez López ha sido parte del proceso de violencias que han vivido las familias de Banavil por mantenerse en resistencia sin recibir apoyos gubernamentales. Junto a Alonso López Ramírez, actualmente recluido en el CERESO No. 5 de San Cristóbal de Las Casas. En el año 2003 iniciaron los hostigamientos en contra de la familia López Girón, hasta la fecha siguen activos, cubiertos de la anuencia de las autoridades municipales y estatales, respondiendo con despojos y amenazas a la lucha por justicia, verdad y retorno que exigen las familias desplazadas desde hace 6 años de Banavil.

Chiapas, México a 19 de febrero de 2018

Con fraternal solidaridad desde Chiapas, por el accidente ocurrido el 14 de febrero a la caravana del CIG.

A la familia de la compañera Eloísa Vega Castro
A las redes y grupos de apoyo Sudcalifornianos
A las compañeras y compañeros del Congreso Nacional Indígena
A las compañeras y compañeros del Concejo Indígena de Gobierno
A la compañera Marichuy, Vocera del CIG

Con estas sencillas palabras pero desde nuestros corazones, como hermanas y hermanos, como compañeras y compañeros que somos, queremos enviarles un abrazo para hacerles sentir nuestro acompañamiento en estos momentos de profundo dolor.

Abrazamos profundamente a los y las familiares, amigas, amigos, compañeras y compañeros de Eloisa Vega, de la Red Sur Californiana de apoyo al CIG. Honramos su vida, así como la nombran los y las compañeras del Concejo Indígena de Gobierno: “Con su conciencia, ella y quienes compartieron sueños y caminos decididos a hacer nacer nuevos mundos, hacen que la esperanza y la lucha se hagan fuertes, se hagan sagrados”.

Como una compañera de las redes y grupos de apoyo al CIG, como nosotras y nosotros, es y será parte de ese camino al que nos estamos sumando por la reconstitución de los pueblos, por otra política, otra forma de gobernarnos, frente a la tormenta que se extiende.

Deseamos una pronta recuperación a los compañeros y compañeras víctimas de ese fatal accidente carretero del día miércoles 14 de febrero. Les enviamos nuestro cariño y ánimo, y les recordamos que por nuestra parte seguiremos trabajando; tejiéndonos, desde el florecimiento de los pueblos hacia la autonomía, siguiendo este largo caminar por una vida justa y digna para todas y todos.

Con gratitud y respeto.

Red de Apoyo al Concejo Indígena de Gobierno en Chiapas

En el contexto de la estrategia diseñada e implementada desde el Plan de Campaña Chiapas 94, el Ejército mexicano ocupó territorios de los pueblos originarios ocasionando violaciones a derechos humanos. Escuchemos dos historias de crímenes de lesa humanidad que permanecen en la impunidad: Las ejecución de Gilberto Jiménez Hernández y de José Tila López García.

Chilón, Chiapas, a 16 febrero de 2018.

A LAS COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE CHILÓN Y SITALÁ.
A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.
AL PÚBLICO EN GENERAL

Desde el mes de octubre del año pasado, en los municipios de Chilón y Sitalá se ha desatado una serie de actos delictivos y violentos que han mantenido a las poblaciones en un estado de vulnerabilidad y miedo.

La Misión de Bachajón, preocupada por los sucesos acontecidos acudió al Centro de Derechos Indígenas, A.C. (CEDIAC) para denunciar públicamente una serie de hechos delictivos:

1. El intento de robo a la cooperativa de mujeres “Luchiyej Nichimetic”, acontecido en fecha 11 de febrero del presente A este acto se suma al robo del mes pasado, donde un grupo de personas entró y robó bordados y productos en general con los cuales las compañeras se mantienen y apoyan a sus familias.

2. La amenaza hacia los promotores del gobierno comunitario. Las amenazas han sido expresas y abiertas diciendo que los matarán o secuestrarán. Tememos por su seguridad y por su vida.

Ante esto DECLARAMOS:

• SE EXIGE A LAS AUTORIDADES mantener la seguridad de los municipios y cumplir con su trabajo de garantizar una vida segura y en paz para todas las personas que los integran y para los trabajadores y servidores de la Misión de Bachajón.
• A LOS DELINCUENTES INVOLUCRADOS EN LOS SUCESOS DEL ROBO Y LAS AMENAZAS: los tenemos claramente identificados, sabemos quienes son y no dudaremos en llevar a cabo todas las acciones legales necesarias para hacer justicia. Los hacemos responsables de lo que pueda suceder a los trabajadores o servidores de la Misión de Bachajón, ante cualquier cosa que pueda ocurrirles a ellos y sus familias.
• SE HACE UN LLAMADO A TODAS LAS COMUNIDADES a mantenerse unidas en este periodo electoral. Ta que los intereses partidistas buscan dividir a las comunidades.

Por lo demás, se hace clara la postura de que estamos a la observancia de todos los hechos que están sucediendo durante este periodo electoral e informaremos a las autoridades pertinentes a fin de exigir que cumplan con sus responsabilidades.

CENTRO DE DERECHOS INDÍGENAS, A.C.
CEDIAC.

Fuente: Chiapas Denuncia Pública

Es obligación de los gobiernos estatal y municipal garantizar la protección de
todos los Derechos de todas las niñas, niños y adolescentes afectados por conflictos sociales.
PRONUNCIAMIENTO

19 de febrero de 2018, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas – El pasado 16 de febrero, 4 adolescentes de entre 12 y 14 años de edad fueron lesionados por arma de fuego, y un joven de 20 años perdió la vida, luego de que un grupo de alrededor de 50 personas armadas fuertemente intentó desalojar a los habitantes de predio la Libertad antes INI, al norte de la ciudad. En el enfrentamiento varias casas resultaron incendiadas. La disputa por este predio data de 2015, cuando en un enfrentamiento entre integrantes de la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas (ALMETRACH) y la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), una adolescente resultó lesionada.

Diversos testimonios indican disparos con armas de fuego de armas de alto poder en los días previos y posteriores a los lamentables sucesos, y tensión en la zona, poniendo riesgo a la vida e integridad de las familias que habitan y transitan en esta parte de la ciudad, afectando notablemente su salud emocional, siendo las niñas y niños los más afectados y vulnerables.

Atender y prevenir los conflictos, en el marco del respeto de los derechos humanos y en apego a las obligaciones establecidas por la ley, es una obligación de los gobiernos estatal y municipal. Además, la Procuraduría de Atención a la Infancia y Adolescencia debe tomar medidas urgentes para proteger a niñas, niños y adolescentes cuyas familias y comunidades se encuentran en disputas por conflictos agrarios, políticos, económicos , religiosos o de cualquier otra índole.

Las organizaciones que integramos la Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas (REDIAS), demandamos urgentemente:

• Se realicen investigaciones exhaustivas e imparciales para esclarecer las agresiones y sancionar a los culpables.
• Se investigue la presencia de grupos armados en el municipio, los cuales actúan con impunidad ante la aquiescencia de las autoridades municipales y estatales.

Atentamente:

Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas (REDIAS): Aldeas Infantiles SOS México en Chiapas, Alianza por la Salud, Alimentación y Nutrición en Chiapas (ASAN), Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C., Chantiik Taj Tajinkutik A.C., Desarrollo Educativo Sueniños A.C., Foro para el Desarrollo Sustentable A.C., Melel Xojobal A.C., Tierra Roja Cuxtitali Centro Comunitario A.C., Voces Mesoamericanas. Acción con Pueblos Migrantes A.C., World Vision México.

#NiñezPrimero / Facebook: @REDIAS / Twitter: @REDIAS / URL: www.redias.wordpress.com

A 23 años de la ejecución de Gilberto Jiménez Hernández y 20 años de la ejecución de José Tila López García

El Estado mexicano garantiza impunidad en violaciones a derechos humanos cometidas por militares y por paramilitares, en territorios de pueblos originarios ocupados militarmente, como parte de una política contrainsurgente cuyo objetivo ha sido eliminar la resistencia zapatista y otros proyectos de organización autónoma. En el contexto de la estrategia diseñada e implementada desde el Plan de Campaña Chiapas 94, el Ejército mexicano provocó crímenes de lesa humanidad que permanecen en la impunidad.

El 18 de febrero de 1995 inició la incursión militar en el ejido La Grandeza, municipio de Altamirano, Chiapas, al día siguiente las familias se desplazaron forzadamente a la montaña por miedo, la mayoría eran mujeres, niñas, niños y personas mayores. El 20 de febrero, la patrulla de reconocimiento del 17º Batallón de Infantería compuesta por 54 soldados llegó al refugio de la población desplazada donde se encontraba Gilberto Jiménez Hernández con su esposa y sus diez hijos. Mientras buscaba refugio, un militar le ordenó detenerse, él se tendió en el piso pero el soldado Abner García Torres “sin ningún aviso ni motivo, le disparó, sin importar que Gilberto llevara a su hija en la espalda, desde una distancia aproximada de ocho metros.”

El 30 de noviembre de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó la responsabilidad del Ejército mexicano en la ejecución extrajudicial del campesino, indígena tseltal, Gilberto Jiménez Hernández (conocido como Caso La Grandeza) y recomendó al Estado mexicano investigar y reparar adecuadamente las violaciones a derechos humanos “considerando el daño a los familiares, así como los efectos comunitarios, en el marco del Plan de Campaña Chiapas 94.”[1]

El Informe de la CIDH significa el reconocimiento de una política genocida en contra de los pueblos originarios en Chiapas y es un avance para garantizar a las víctimas el derecho a la verdad, en la exigencia de no repetición. Dignifica la persistente acción en demanda de justicia por parte de los familiares de Gilberto Jiménez Hernández, testigos directos de la ejecución extrajudicial.

Sin embargo, el caso La Grandeza se encuentra en la impunidad, las acciones del Ejército mexicano han sido encubiertas deliberadamente. No ha habido una investigación adecuada, imparcial y efectiva de los hechos por parte de las instituciones de procuración de justicia civil. Se llevó el proceso jurídico en la misma instancia militar que cometió la violación a derechos humanos y los responsables no han sido sancionados.

Es preciso señalar que la violencia directa respondía a una lógica de guerra en contra de la población civil. En la zona norte de Chiapas el gobierno mexicano formó grupos paramilitares responsables de violaciones a derechos humanos, que actuaban con la omisión y permisividad del Ejército, como parte del Plan de Campaña Chiapas 94, un documento firmado por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Otro crímen de lesa humanidad es la ejecución extrajudicial de José Tila López García2, indígena chol, el 21 de febrero de 1998, en la zona baja de Tila, por integrantes del grupo paramilitar3 Organización Desarrollo Paz y Justicia. José Tila fue ejecutado cuando regresaba de denunciar la violencia generalizada en la región ante la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH). Su caso es conocido por la Relatoría Especial para Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de la Organización de las Naciones Unidas.

En este contexto, la Ley de Seguridad Interior es un instrumento más para el ciclo de violencia y corrupción generado desde las estrategias de contrainsurgencia creadas por el Estado y ejecutadas por el Ejercito mexicano. La Ley permite el uso “legitimo” del Ejército mexicano para actuar en el ámbito de seguridad desde una lógica de guerra. La experiencia histórica en Chiapas refiere que la militarización genera violaciones a derechos humanos y mantiene la impunidad en crímenes de lesa humanidad, como las ejecuciones extrajudiciales de Gilberto Jiménez Hernández y José Tila López García.

La actuación del Ejército mexicano, en “apoyo” a las tareas de seguridad pública, responde a la criminalización de las personas y organizaciones sociales que luchan por los derechos humanos, legitima las injusticias cometidas en el pasado por militares y es un riesgo actual para las luchas por la autonomía y en defensa de sus territorios.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
20 de febrero de 2018

Boletín No. 06

[1] Informe de Admisibilidad y Fondo No. 51/16 publicado el 17 de abril de 2017 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2016/mxpu11564es.pdf

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 8 de febrero de 2018

COLEGAS, INSTITUCIONES ACADÉMICAS, ORGANIZACIONES SOCIALES Y SOCIEDAD EN GENERAL

Por este medio saludamos y agradecemos el gesto solidario y contundente que han expresado frente a nuestra posición de rechazo por el acuerdo tomado por el Consejo Universitario de la UNICACH, el 2 de febrero del presente año, de otorgar el Doctorado Honoris Causa al General Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional.

A nuestra protesta se sumó la renuncia de nuestra colega y compañera, la Dra. Mercedes Olivera, al Doctorado Honoris Causa que le otorgó la UNICAH en marzo de 2012. Este acto de honestidad intelectual fue secundado por el Dr. Andrés Fábregas Puig, fundador y primer rector de nuestra universidad, quien también devolvió el mismo reconocimiento, otorgado en el mes de mayo de 2015. Ambas personalidades, de amplia trayectoria académica en el ámbito de la antropología, tanto en México como en el extranjero, y un serio compromiso social, nos dieron un claro ejemplo de coherencia y dignidad universitaria, comprometida con el desarrollo científico, artístico y humanístico.

También se han sumado a este acto de rechazo, miembros distinguidos de la comunidad del Instituto de Ciencias Biológicas de nuestra Universidad. El rechazo sigue creciendo, como lo expresan las redes sociales y los distintos medios de comunicación, nacionales e internacionales, y junto a esto, se amplían las manifestaciones de apoyo a nuestra comunidad académica y de rechazo al otorgamiento del Honoris Causa referido.

Frente a las protestas generadas por el acuerdo del Consejo Universitario, la UNICACH emitió una carta el pasado día 7 de febrero, en el cual anuncia la “suspensión” del otorgamiento del Honoris Causa mencionado. Ello no representa, sin embargo, su cancelación, como ha sido exigido por la opinión pública y las más connotadas voces de académicos de nuestro país.

Por ello, exigimos que el rector de la Universidad, en uso de las facultades que le confiere la legislación universitaria, vete la decisión del Consejo Universitario, anteponiendo así los principios universitarios fundamentales. La Universidad es por excelencia la casa donde se cultiva el conocimiento, es fuente de producción de cultura y de principios humanísticos que contribuyen al engrandecimiento de nuestros pueblos. El rector y todos los que conformamos la comunidad universitaria tenemos el deber irrenunciable de cuidar estos fundamentos.

Atentamente

Personal académico, administrativo, estudiantes y egresados de los programas de posgrado de Maestría y Doctorado del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA-UNICACH)

FIRMAS

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PRONUNCIAMIENTO DEL 9 DE FEBRERO DE 2018.

AL DR. JOSÉ RODOLFO CALVO FONSECA, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (UNICACH) Y PRESIDENTE DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DEL UNICACH

AL MTRO. RICARDO PANIAGUA RODAS, SECRETARIO GENERAL Y DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNICACH.

A LA DRA. FLOR MARINA BERMÚDEZ URBINA, SECRETARIA ACADÉMICA Y PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE GRADOS Y RECONOCIMIENTOS HONORÍFICOS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNICACH.

A LOS Y LAS MIEMBROS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNICACH.

A LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL.

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES.

A LOS MEDIOS ALTERNATIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES.

Los abajo firmantes trabajadores de las ciencias sociales y de las humanidades expresamos nuestra profunda preocupación e indignación por la decisión de la UNICACH de otorgar el título de Doctor Honoris Causa al General Salvador Cienfuegos Zepeda y nos sumamos a las exigencias de cancelación total de dicho doctorado vía el ejercicio del veto de la autoridad correspondiente, es decir, el rector de la UNICACH. Esta exigencia la sustentamos en los argumentos que a continuación enumeramos y que hacen eco de los muchos rechazos masivos, públicos y rotundos que ha recibido dicha decisión y que, hasta el día de hoy, 8 de febrero de 2018, solamente ha sido “suspendida” según un oficio circulado en las redes sociales y firmado por el Secretario General de dicha institución. Enlistamos brevemente nuestros argumentos:

Uno. Como se ha dicho reiteradamente el General Cienfuegos no sólo no cuenta con los méritos académicos para recibir este reconocimiento universitario sino que es parte medular, desde 2012, de la estrategia militarista de seguridad nacional al ser el jefe de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) del actual gobierno mexicano. Estrategia que ha contribuido a la agudización de la guerra interior en curso, ocasionando miles de desaparecidos, asesinados, feminicidios, desplazados y masacrados. En Chiapas, la memoria del agravio pasa también por una larga noche de contrainsurgencia desde el 1994 en la que las fuerzas armadas han sido actores, no únicos, pero sí centrales. Coincidimos con quienes han afirmado que premiar al General Cienfuegos, es premiar a su institución y esas estrategias en agravio de la sociedad civil mexicana que se encuentra clamando, de diferentes maneras, justicia, verdad y alto a la guerra.

Dos. Nos preguntamos por las razones profundas que tuvo quien propuso la iniciativa y los Consejeros Universitarios que la aprobaron. Nos preguntamos sobre su entendimiento y compromiso con la autonomía universitaria y las razones de fondo que los mueve, pues no podemos dejar de lado la existencia de prácticas corporativas y clientelares de la cultura política mexicana y su actuar en esta actual coyuntura electoral, así como la recientemente aprobada Ley de Seguridad Interior, de la que el homenajeado fue promotor. Una ley, por cierto, también altamente cuestionada en lo nacional y en lo internacional por parte importante de la sociedad civil, los medios independientes y organismos defensores de los derechos humanos. Una ley hoy en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien emitirá su dictamen sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la misma.

Tres. Exigimos también a las autoridades de la UNICACH otorgar las medidas de seguridad correspondientes a toda la comunidad estudiantil, académica y administrativa del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA-UNICACH) así como a sus consejales universitarios y a los de otras unidades quienes, sustentados en criterios académicos y humanísticos, se han opuesto a dicho reconocimiento. Hacemos responsables de la integridad de cada uno de ellos y ellas a las autoridades correspondientes y hacemos firmes votos porque este obscuro capítulo de la vida de la UNICACH se cierre con la total cancelación y no sólo la simple suspensión del Doctorado Honoris Causa referido.

Firmas: Xochitl Leyva (CIESAS, Chiapas, México), Gustavo Esteva (Unitierra-Oaxaca, México), Jorge Alonso (CIESAS, Guadalajara, México), Rosalva Aída Hernández (CIESAS, Ciudad de México), Ana Esther Ceceña (IIE-UNAM, México), Walter Mignolo (Duke University, USA), Raquel Gutiérrez (ICSYH-BUAP, México), Claudia Briones (Universidad Nacional de Río Negro, Patagonia, Argentina), Armando Bartra (UAM, Ciudad de México), Betty Ruth Lozano (Unibautista, Cali, Colombia), John Glehill (Universidad de Manchester, UK), Magdalena Gómez (UPN, Ajusco, Ciudad de México), John Holloway (BUAP, Puebla, México), Catherine Walsh (Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador) Pablo Vommaro (Universidad de Buenos Aires, Argentina), Shannon Speed (University of California, Los Ángeles, USA), Jaime Preciado (Universidad de Guadalajara, México), Guillermo de la Peña (CIESAS, Guadalajara, México), Joanne Rappaport (Georgetown University, USA), Gisela Espinosa (UAM, México), Francisco Morfín (ITESO, Guadalajara, México), María Teresa Sierra (CIESAS, Ciudad de México), Rosalba Icaza (Institute of Social Sciences-La Haya, Holanda), María Bertely (CIESAS, CDMX), Rolando Vázquez (Universidad de Utrecht, Holanda), Patricia Safa (CIESAS, Guadalajara, México), Gilberto Valdés (Instituto de Filosofía, Cuba), Alejandra Aguilar (CIESAS, Guadalajara, México), Yohanka León (Instituto de Filosofía, Cuba), Mercedes González de la Rocha (CIESAS, Guadalajara, México), Elena Nava Morales (IIS-UNAM, México), Santiago Bastos (CIESAS, Guadalajara, México), Raphael Hoetmer (Programa Democracia y Transformación Global, Holanda/Perú), Susan Street (CIESAS, Guadalajara, México), Gerardo González (ECOSUR, Chiapas, México), Reneé de la Torre (CIESAS, Guadalajara, México), Fernando García, (FLACSO Ecuador, Quito), Magadalena Villareal (CIESAS, Guadalajara, México), Mónica Carrasco (CIESAS, Chiapas, México), Jorge Aceves (CIESAS, Guadalajara, México), María Teresa Fernández (CIESAS, Guadalajara, México), Julia Preciado (CIESAS, Guadalajara, México), Humberto González (CIESAS, Guadalajara, México), Luis Gabriel Torres (CIESAS, Guadalajara, México).

Nota este comunicado une su voz a las muchas expresiones públicas de rechazo de la sociedad civil y a las 17, 699 firmas que exigen la cancelación del citado Doctorado, ver el sitio: https://www.change.org/p/consejo-universitario-de-la-unicach-que-unicach-cancele-el-honoris-causa-al-general-cienfuegos

El pasado 2 de febrero, el Consejo Universitario de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) otorgó el título de Doctor Honoris Causa al Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Dicho acto ha provocado la indignación de la comunidad académica, de organismos de derechos humanos y de muchos individuos de la sociedad civil. Como denuncia el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (en comunicado abajo), esta decisión representa “un mensaje claro de desprecio para las miles de víctimas en este país que han padecido los costos de la violencia institucionalizada, una afrenta para las organizaciones de Derechos Humanos que tenemos documentados los saldos trágicos por la actuación del Ejército Mexicano en labores de seguridad ciudadana y un claro mensaje de avalar el escenario de guerra que un personaje como Cienfuegos, en este sexenio, ha defendido de manera perversa presionando al Presidente de la República y el Congreso de la Unión para que se aprobara la LSI, otorgando de facto un poder desmedido similar al que hemos visto en las dictaduras militares en América Latina”.

En conferencia de prensa realizada el pasado viernes en San Cristóbal de Las Casas, la académica y activista Mercedes Oliveira renunció públicamente al Doctorado Honoris Causa otorgado a ella por la misma institución. Compartimos aquí las palabras pronunciadas durante la conferencia de prensa:

Ve también:

Pronunciamiento de estudiantes de posgrado del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA)

Pronunciamiento de la comunidad del CESMECA

Comunicado del posgrado en feminismo del CESMECA

Pronunciamiento público 001
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas

Honoris Causa a la Infamia

• Rodolfo Calvo Fonseca, Rector de la UNICACH otorga la distinción a Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la SEDENA.
• En protesta, la reconocida académica feminista Mercedes Olivera Bustamante renunció al mérito que recibió por la misma institución en el año 2012.

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 05 de febrero de 2018 / En el marco de la controvertida aprobación de la Ley de Seguridad Interior (LSI) en México, la vigencia del Conflicto Armado Interno No Resuelto en Chiapas y en un contexto de marcado descrédito de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) por los múltiples señalamientos de violaciones a Derechos Humanos; el pasado 02 de febrero, el Consejo Universitario de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) decidió otorgar el título de Doctor Honoris Causa al Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la institución castrense.

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