Las organizaciones firmantes lamentamos la inacción de las autoridades de Chiapas y del gobierno federal para atender adecuadamente la urgencia humanitaria de más de 5000 indígenas tsotsiles en desplazamiento forzado en los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, Chiapas.

El pasado 9 y 10 de diciembre organizaciones de la sociedad civil de Chiapas, acompañadas por el Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) realizamos una misión de observación y documentación de derechos humanos en el municipio de Chalchihuitán, entrevistándonos con las familias desplazadas, autoridades comunitarias, así como con autoridades municipales.

La misión de observación pudo verificar el clima de tensión y miedo que viven las personas desplazadas así como las y los pobladores de la cabecera municipal de Chalchihuitán.

Según los testimonios, nos indican que después del asesinato del Sr. Samuel Pérez Luna en Kanalumtik, Chalchihuitán, el día 18 de octubre del presente año, se profundizó la violencia y los disparos de armas de fuego sobre todo por las noches, por lo que desde esa fecha varias familias dormían en la montaña y por el día regresaban a sus domicilios a dar de comer a sus animales. Hasta el día 5 de noviembre cuando se desplazaron forzadamente debido a los disparos ocasionados por los grupos armados.

A pesar de lo difundido por el gobierno de Manuel Velasco Coello de estar resolviendo esta problemática, evidenciamos una crisis humanitaria: personas enfermas debido a la situación de desplazamiento, la falta de medicamentos y de una atención médica urgente y adecuada; carencia de alimentos apropiados a la cultura y a una alimentación sana, así como condiciones de salubridad en general que no solamente vulneran el derecho a una vida digna, sino que incluso ponen en riesgo la vida de las personas desplazadas, no sólo por el temor de ser asesinadas por los grupos armados, sino también por la ineficacia de las autoridades de Chiapas para atender la situación de acuerdo a los lineamientos de los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado de la Organización de Las Naciones Unidas y la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el estado de Chiapas.

Durante la misión pudimos constatar el corte y destrucción de la carretera en el tramo Las Limas – Chalchihuitán, único tramo carretero pavimentado para llegar a la cabecera municipal. Recordamos que la destrucción de dicha carretera fue realizada con maquinaria por parte de pobladores armados de Chenalhó como una forma de sitiar y controlar a la población de Chalchihuitán. Dicho corte ha impedido el ingreso de vehículos que abastezcan de alimentos, medicamentos, suministros e insumos a la población y quienes cruzan caminando lo hacen con miedo a ser asesinadas.

El abandono institucional y la pobreza estructural es histórica en el municipio de Chalchihuitán, siendo uno de los municipios más pobres y marginados de México, la situación de violencia que ahora se vive en ese municipio viene a profundizar mucho más este estado de vulnerabilidad social, donde las mujeres, niñas y niños se encuentran en mayor riesgo.

La misión de observación pudo constatar a través de diversos testimonios y entrevistas realizadas, la existencia de grupos armados, que operan de manera abierta en estos municipios, sobre todo en Chenalhó y cuya actividad es permitida por las autoridades de Chiapas y del gobierno federal. La responsabilidad de los partidos políticos es evidente en este conflicto, ellos a través de sus estructuras municipales y estatales han abonado a la impunidad.

En Chalchihuitán hay un clima de terror debido a la acción impune de los grupos armados, la violencia ha afectado a toda la población del municipio por la escasez y altos precios de los alimentos. Vemos con preocupación que por miedo a ser asesinados los pobladores no pueden ir a sus cultivos, perdieron lo de esta cosecha y no han podido sembrar para la próxima temporada como consecuencia no tendrán maíz, frijol y demás productos del campo para poder vivir, lo que pronostica una crisis alimentaria.

Observamos que niñas, niños y adolescentes están viviendo en condiciones inhumanas. Visten con la ropa con la que fueron obligados a salir de sus casas, que no es la adecuada para protegerse de las bajas temperaturas que se presentan en esta época del año. Además, hay numerosos casos de infecciones gastrointestinales y en vías respiratorias, y la alimentación es insuficiente e inadecuada. El suministro de alimentos procesados por parte del gobierno estatal, a los que no están acostumbrados, les provocan diarreas y agravan su condición de salud. Niñas y niños tienen miedo de que los maten, sueñan que les disparan, duermen intranquilos; están tristes, su entorno ha cambiado de manera abrupta. Tienen dolor de estómago y cabeza por la ansiedad y estrés que provoca el desplazamiento. De acuerdo con la información proporcionada han fallecido infantes en desplazamiento.

Las condiciones de por sí graves en las que se encuentran se exacerban por las condiciones preexistentes de pobreza en la que vive el 97% del municipio1 y por la impunidad, negligencia y omisiones del Estado para atender la situación de conflicto. En Chalchihuitán la tasa de mortalidad infantil en niñas y niños menores es de 166 por cada mil, trece veces más que a nivel estatal.2

Constatamos la situación que viven la mujeres y niñas en situación de desplazamiento: la nula atención a una salud adecuada para ellas de acuerdo a sus necesidades, la vulnerabilidad y riesgo en la que se encuentran por la estructural violencia de género acentuada en condiciones de desplazamiento.

Las mujeres entrevistadas informaron sentirse con temor, preocupadas y enojadas porque han sido excluidas totalmente de las decisiones sobre la resolución de un conflicto que les afecta directamente. Recordamos que Chalchihuitán y Chenalhó son municipios que han sido señalados como parte de la Alerta de Violencia de Género (AVG) y el estado ha violentado el derecho a una vida libre de violencia.

Las organizaciones civiles integrantes de esta misión, creemos que no hay voluntad clara de las autoridades mexicanas de resolver esta situación, la espiral de violencia es cada vez más grave y las condiciones están dadas para que ocurra un hecho de violencia más grave que nos recuerdan las condiciones que se daban en esa misma región hace 20 años antes de la masacre de Acteal.

Las decisiones erradas de la entonces Secretaria de la Reforma Agraria para resolver el problema limítrofe entre Chalchihuitán y Chenalhó que ha traído una tensión histórica entre ambos municipios, las acciones contrainsurgentes a través de la implementación del Plan de Campaña Chiapas ‘94 en la región, la liberación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de los paramilitares responsables de la masacre de Acteal, la violencia histórica con la que operan los grupos civiles armados en Chenalhó, los conflictos generados por los partidos políticos, de manera específica por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a través de la alcaldesa Rosa Pérez Pérez, con el cobijo del ahora gobernador Manuel Velasco Coello han traído una violencia cíclica, aumentando la impunidad que se vive en la región.

Las organizaciones integrantes de la misión de observación y documentación de derechos humanos y firmantes de este pronunciamiento hacemos un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno:

Exigimos un alto al fuego, desarme y sanción a los grupos civiles armados en la región, así como una investigación a fondo de las autoridades responsables de la organización y actuación de los grupos armados.

Al gobernador Manuel Velasco Coello le exigimos asumir su responsabilidad como mandatario del estado y atender de manera integral y de fondo la espiral de violencia que existe en la región, las violaciones a derechos humanos y emergencia humanitaria en la que encuentran las y los desplazados de Chalchihuitán y Chenalhó.

Es importante que el estado mexicano reconozca la situación de emergencia y desplazamiento forzado de los habitantes de Chalchihuitán y Chenalhó, para su atención integral de acuerdo al marco legal y a la normativa internacional de derechos humanos.

Es urgente crear las condiciones que garanticen la vida y la integridad personal de las y los desplazados para que puedan retornar de manera de segura, como lo marcan los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos en caso contrario el gobernador de Chiapas será responsable de la pérdida de vidas a consecuencia del desplazamiento.

Frente al riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de niñas, niños y adolescentes es importante la ejecución y coordinación de medidas urgentes de protección como lo marca la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y garantizar el derecho de prioridad en la atención a la infancia.

Pedimos a las autoridades municipales y tradicionales de Chalchihuitán y Chenalhó para que a través del diálogo y mediación puedan resolver el problema histórico de límites entre ambos municipios y que fue creado por las instituciones del gobierno.

Ante la crisis humanitaria se hace necesaria la solidaridad internacional y nacional, debido a la ineficacia e incapacidad de atender esta situación de emergencia por parte de los gobiernos federal y estatal. Urge ayuda humanitaria para las comunidades desplazadas.

Campaña contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C
Servicios y Asesoría para la Paz A.C
Melel Xojobal A.C

Enviar su ayuda a Cáritas, Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Prolongación Benito Juárez #8, Planta Alta, Colonia Maestros de México, C.P. 29246 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tel. 01 967 6786479. Celular de emergencia 967 1203722. caritas@caritasancristobal.org

Donativos económicos para emergencias
Cáritas de San Cristóbal de Las Casas A.C
BANCO MERCANTIL DEL NORTE
Cuenta: 0642624985
Clabe::072130006426249855
BIC/SWIFT: MENOMXMTS S.A.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
13 de diciembre de 2017

Pronunciamiento conjunto

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El pasado 7 de Diciembre, como respuesta frente a la grave situación de desplazamiento masivo que se vive en los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán (Ver “Chalchihuitán y Chenalhó: ¿Una masacre anunciada?”), las parroquias de San Pedro Chenalhó y San Pablo Chalchihuitán realizaron misas para pedir la reconciliación entre sus pueblos hermanos, y así “terminar con el sufrimiento de los desplazados”. La parroquia de Chenalhó inició su peregrinación con una oración en Campo del Toro para más tarde acercarse a Las Limas, comunidad ubicada en el camino hacia Chalchihuitán.

“Según los ancianos, antes de 1973, cuando empezó este problema, los pueblos de Chenalhó y Chalchihuitán eran como hermanos. Sus santos patronos los apóstoles Pedro y Pablo se visitaban el día de su fiesta el  28 y 29 de Julio, y pableros y pedranos hacían fiestas juntos por varios días. Vamos a pedirles a los patronos Pedro y Pablo que nuestros pueblos vuelvan a ser hermanos” Extracto del comunicado de la parroquia San Pedro Apóstol, Chenalhó.

Escucha el comunicado completo de la parroquia de San Pedro Apóstol, Chenalhó:

Comunicado completo (texto) en komanilel.org

Para mayor información puede ver los videos tomados por el padre Marcelo Pérez Pérez, Párroco de Simojovel – 24 nov 2017-en los links siguientes:

Campamentos de desplazados Chalchihuitan, Chiapas 1/5 – CML

Campamentos de desplazados Chalchihuitan, Chiapas 2/5 – CML

Campamentos de desplazados Chalchihuitan, Chiapas 3/5 – CML

Campamentos de desplazados de Chalchihuitán 4/5 – CML

Campamentos de desplazados de Chalchihuitán 5/5 – CML

Foto: Frayba

“Estamos sufriendo mucho. Se quemó mi frijol y mi maíz, se quemó mi casa, ahí se quedó mi marranito, mis pollos. Ahora ya no tengo nada. Estamos sufriendo con mis hijos, estamos sufriendo mucho, estamos sufriendo de hambre.”

Estas son algunas de las palabras de una mujer tsotsil entrevistada por el padre Marcelo Pérez Pérez, párroco de Simojovel, Chiapas, a finales de noviembre. Ella tiene dos hijos pequeños y ahora no tiene casa, duermen en la montaña, donde en la noche la temperatura baja a veces a menos de cero grados. No tienen cobijas, no tienen alimentos. Perdieron todo, no saben qué hacer y viven con el miedo constante por los disparos de armas de alto calibre que se escuchan todos los días y todas las noches.

Como ella, casi 6 mil indígenas tsotsiles (5023 de Chalchihuitán y 950 de Chenalhó) sobreviven en las montañas de Los Altos de Chiapas en condiciones de extrema precariedad. Entre ellos, miles de niños y 114 mujeres embarazadas, algunas a punto de parir.

Todos ellos fueron expulsados de sus tierras por un grupo armado que, según denuncias de los propios desplazados y diversas organizaciones, cuenta con el apoyo y está al servicio de Rosa Pérez, la presidenta municipal de Chenalhó por el Partido Verde Ecologista (PVEM), impuesta por la fuerza hace tres años tras lo que sus opositores aseguran que fue un fraude electoral.

La violencia y el desplazamiento forzado tienen que ver con un conflicto agrario creado por el gobierno federal hace 45 años, pero que se detona en tiempos recientes por la muerte de Samuel Pérez Luna, campesino de Chalchihuitán, asesinado con ocho balazos por el grupo armado de Chenalhó mientras trabajaba una de sus parcelas el 18 de octubre de este año. Semanas después, entre el 12 y 13 de noviembre, el grupo armado sitia a Chalchihuitán, cierra todas las entradas, corta con maquinaria pesada la carretera que da acceso a la cabecera municipal, quema casas y milpas, amenaza a la población de asesinarla, la aterroriza con disparos de armas largas y provoca el desplazamiento forzado de miles de indígenas que vivían en la zona limítrofe entre ambos municipios.

Hoy, a mes y medio del inicio del desplazamiento forzado, y pesar de los llamados de la población y de organizaciones nacionales e internacionales, el gobierno finge actuar y no hace nada por solucionar las causas fundamentales del conflicto, de las que él mismo es responsable.

Raíces del conflicto agrario – Responsabilidad del gobierno federal

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El 24 y 25 de noviembre se documentaron  hechos muy lamentables , 4873 personas entre hombres, mujeres, niños y niñas ancianos y ancianas viven en condiciones de desplazados, viviendo la mayoría en las montañas con mucho frío en la noche, otros están viviendo en la cabecera de Chalchihuitan. Hay muchos enfermos sobre todo niños y niñas, ancianos y ancianas, hay varias mujeres embarazadas, no pueden salir a buscar sus alimentos porque están bloqueados los tres caminos de salidas y entradas, solamente por la vía Simojovel hay acceso.

Se necesita urgentemente: maíz, frijol, cobertores, medicinas, doctores, maseca, sal, azúcar, jabón, ropa para niños. Hay varias casas quemadas.

Por favor, urge nuestra solidaridad nacional e internacional, para atender esta crisis humanitaria. También, urge que se resuelva este conflicto para que no suceda algo peor que Acteal.

Antecedentes[1]:

La violencia y el conflicto son por los límites territoriales entre Chalchihuitán y Chenalhó que data de 45 años sin solución, ocasionada por la ineficacia e intereses de grupos de poder, de las instituciones de los gobiernos federal y estatal. Esto dio cause a la confrontación entre dos pueblos cuando en 1975 San Pablo Chalchihuitán obtuvo su Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales (RTBC) que se ejecutó en 1980, beneficiando a 1,787 campesinos con 17,948 hectáreas. En la ejecutoria se entregaron 17,696 hectáreas y en 1981 se entregaron 252 hectáreas más, como complemento a la RTBC. Y se inconformó el municipio vecino Chenalhó, Chiapas. En el aspecto legal, desde 2005 hay demanda de juicio vigente con número de expediente 181/2005, está actualmente en el Tribunal Unitario Agrario 03 de Tuxtla Gutiérrez, esperando la sentencia solicitada.

Comunidades con sus habitantes cifras aproximadas, están en calidad de desplazados:

• Comunidad de Ch’en Mut: 700 habitantes, 120 familias
• 8 mujeres embarazadas
• Comunidad de Pom: 436 familias, más de 2000 habitantes, 100 mujeres embarazadas
• Tzomolton:107 familias, 800 habitantes, 6 mujeres embarazadas
• C’analumtic:191 familias, 600 habitantes
• Bejelton: 30 familias, 150 habitantes
• Tulantic: 50 familias, 350 habitantes
• Vololch’ojon: 40 familias, 150 habitantes
• Cruz c’ac’ao nam: 200 habitantes
• Cruz ton: 20 familias desplazadas, 73 personas

4873 personas son desplazadas

Comunidades afectadas, pero no desplazadas:

Balunac’o, Cotolchij, Lobolaltic, Pacanam, Pat C’anteal, Chiqun xulum, Saclum

**Fuente de información: las autoridades de cada comunidad afectada y del ayuntamiento, párroco Sebastian. cel 9191442128

Para apoyar, comunicarse en Caritas de la Diócesis de San Cristobal de las Casas con la coordinadora. Norma cel: 9671203722″

1] De la Acción Urgente del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas https://frayba.org.mx/accion-urgente-violencia-generalizada-en-los-municipios-de-chalchihuitan-y-chenalho/

25 DE NOVIEMBRE
“DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES”
PRONUNCIAMIENTO

En el marco del Día Internacional de Lucha Contra la Violencia Hacia las Mujeres, el pasado 23 y 24 de noviembre nos dimos cita mujeres, hombres, niñas y ancianas de distintas regiones de Chiapas, México y el Mundo en la Quinta Asamblea del Movimiento en Defensa de la Tierra, el Territorio y por la Participación y el Reconocimiento de las Mujeres en las Decisiones para denunciar el aumento de la violencia directa, institucional y estructural cuya emergencia y gravedad tenía que atender la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para las Mujeres de Chiapas (AVGM) y que el gobierno de Chiapas no ha cumplido.

Durante estos días compartimos testimonios de como la violencia hacia las mujeres y el feminicidio en Chiapas no es un problema que únicamente deban resolver hombres y mujeres en el ámbito privado, las familias en sus relaciones, comunidades al interior de los pueblos y organizaciones civiles en la promoción y defensa de derechos, es una responsabilidad sobre todo del Estado ya que la dimensión de la violencia feminicida tiene sus orígenes y causas en la violencia estructural como la pobreza, discriminación, injusticia, misoginia, desigualdad de clase, género, etnia edad, preferencia sexual, etc. que se reproduce desde las instituciones y agentes del Estado patriarcal.

Desde que se Declaró la Alerta de Violencia de Género, el pasado 18 de noviembre de 2016, el gobierno de Chiapas y el gobierno federal debieron implementar acciones de emergencia en materia de prevención, justicia, reparación del daño y una amplia difusión de mensajes de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, sin embargo en distintas ocasiones hemos denunciado que eso, hasta el día de hoy, no ha sucedido.

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Treinta y cinco desapariciones de mujeres, cientos de violaciones sexuales, más de 200 muertes violentas, por lo menos 58 feminicidios y 79 tentativas en Chiapas este año… el mismo año en que transcurre la Alerta de Violencia de Género (AVG), implementada en este estado el 18 de noviembre del año pasado.

Este pasado 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, se realizó una marcha en San Cristóbal de Las Casas, que recorrió desde el centro administrativo hasta la Plaza de la Resistencia, frente a la catedral de la ciudad, donde tuvo lugar un mítin con la participación de diversas organizaciones. Esta marcha/mítin fue el cierre de la Quinta Asamblea del Movimiento en Defensa de la Tierra, el Territorio y por la Participación y el Reconocimiento de las Mujeres en las Decisiones, que se realizó los días 23 y 24 de noviembre (ve los reportajes aquí: primer día | segundo día).

En dicha asamblea se discutió la responsabilidad del Estado en la violencia hacia las mujeres y el feminicidio, y se discutió la ineficacia y el uso oportunista de la Alerta de Violencia de Género por el Estado, tanto para dividir y cooptar las resistencias como para obtener beneficios políticos y desvío de recursos con fines de lucro personal por parte de los funcionarios públicos.

Durante el mítin, varias organizaciones denunciaron los diferentes ejes de la violencia contra las mujeres en Chiapas, trazando así un paisaje de violencia estructural que, a un año de la implementación de la AVG, sólo ha empeorado.

Escucha aquí los audios:

Lee el pronunciamiento del Movimiento de Mujeres en Defensa del Territorio.

(Descarga aquí)

Más de 2 mil personas han sido desplazadas forzadamente de los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, por la acción de grupos armados que han provocado una situación de violencia generalizada. Desde el 13 de noviembre, se han refugiado en el monte centenares de familias, sin comida ni servicios médicos. La población más vulnerable son niños y niñas, mujeres y personas de la tercera edad.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas hace un llamamiento para que se exija al Estado mexicano que se implementen las medidas cautelares necesarias a fin de respetar, garantizar y proteger la vida de las familias de Chalchihuitán y Chenalhó, y se apliquen principios rectores de los desplazamientos internos de la ONU, que garanticen condiciones dignas de vida y respeto a los derechos humanos de la población desplazada.

Firma aquí: https://frayba.org.mx/accion-urgente-violencia-generalizada-en-los-municipios-de-chalchihuitan-y-chenalho/

San Cristóbal de las Casas a 24 de noviembre 2017 / Red de Comunicadoras Comunitarias K’asesel K’op / Este día la Asamblea de mujeres, pueblos y organizaciones en defensa de la tierra, el territorio y por el derecho de las mujeres a decidir retomó sus trabajos con los objetivos de, por un lado, revisar, analizar y evaluar la puesta en práctica de la Alerta de Violencia de Género (AVG), evidenciando así la omisión del Estado y el gobierno en sus tres niveles; y por el otro generar alternativas para prevenir las violencias contra las mujeres, así como hacer justicia a los numerosos casos de feminicidios en Chiapas, que son 62 en lo que va del 2017.

Por la mañana, las asistentes nos dividimos en cuatro grupos para revisar el cumplimiento de los acuerdos estipulados en la AVG. Dado que en cada uno de estos grupos se hizo evidente la omisión por parte del Estado, se prepararon sendas demandas, en los rubros de Seguridad, Prevención, Justicia y Reparación. Estas se presentaron en el marco de un Juicio Popular al Estado mexicano. Para esto, en una combinación de sociodrama, las voceras de cada grupo de trabajo presentaron las demandas y denuncias. Se comenzó exponiendo cómo en términos de prevención, el gobierno implementó una capacitación superficial y breve a funcionarios, lo cual no puede garantizar una verdadera sensibilidad y conocimiento de la complejidad de la violencia de género. A la par, se dijo que las propuestas formativas con la población deben considerar tanto a niñas, niños, jóvenes, padres de familia y maestros. Se insistió en revisar los contenidos mediáticos que difunden las televisoras, radiodifusoras comerciales.

En términos de justicia, se denunció la violencia que replican los funcionarios públicos de las instituciones de procuración de justicia, quienes desconocen los idiomas de los pueblos indígenas y les discrimina por esto, además de que no toman en cuenta la palabra de las mujeres. Ante esto, los hombres asistentes exigieron se escuche a las mujeres siempre.

El Tribunal popular también sirvió para denunciar cómo el gobierno solapa a grupos paramilitares en la región de Carranza. Así como la permisividad frente a diversos tipos de despojo que viven los pueblos indígenas, y que afectan de forma más violenta a las mujeres.

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