El 11 de octubre de 2020, a las 9:30 horas, Hugo Alfredo Pérez Hernández, de 37 años de edad, originario de Tabak, en Aldama, Chiapas, México, fue herido por impacto de bala, a la altura de la costilla y en el brazo derecho, en un camino de su comunidad.

Escucha su testimonio en entrevista realizada por el Frayba donde platica cómo es la vida cotidiana en las comunidades del Pueblo Maya Tsotsil, en medio de ataques armados:

«Si el gobierno no hace caso, se va a quedar de responsable, si hay más heridos, más muertos porque nosotros ya informamos de lo que está pasando.»

En el NotiFrayba de esta semana:

• Un herido durante al menos 39 ataques con armas de fuego a 10 comunidades del Pueblo Maya Tsotsil de Aldama, en dos días.

• Alertamos del riesgo de una Masacre en el territorio de Aldama y responsabilizamos al gobierno de México.

El día de hoy, 11 de octubre de 2020, a las 9:30 horas, Hugo Alfredo Pérez Hernández, de 37 años de edad, originario de Tabak, en Aldama, Chiapas, México, fue herido por impacto de bala, a la altura de la costilla y en el brazo, en un camino de su comunidad, cuando se dirigía en carro a la cabecera de su municipio. Debido a la gravedad de las heridas, se encuentra en el Hospital de Las Culturas, en San Cristóbal de Las Casas.

De acuerdo a un reporte de la Comisión Permanente de los 115 Comuneros Desplazados de Aldama, esta mañana continuaban: «Disparos de altos calibres en los diferentes puntos de ataque. Volcán y T’elemax Santa Martha Chenalho, en dirección hacia la comunidad de Tabak, así como le disparan a los carros que transitan y personas. En este ataque hay un nuevo herido.”

Durante todo el sábado 10 y domingo 11 de octubre de 2020, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, registró al menos 39 agresiones armadas a las siquientes comunidades de Aldama: Koko’, Stselejpotobtik, Juxton, Ch’ivit, Tabak, San Pedro Cotsilnam, Yeton, Xuxch’en, Ch’ayomte’ y Cabecera; desde 27 puntos de ataque en Chenalhó¹. Los ataques persisten hasta el momento.

La Comisión Permanente de los 115 Comuneros Desplazados de Aldama denuncia que los elementos de la Guardia Nacional y de la Policía estatal que se encuentran en Santa Martha, Chenalhó y en Aldama no actúan de manera eficaz para cesar los ataques armados y proteger a la población.

Con Hugo Alfredo Pérez Hernández son 29 personas heridas, además de seis asesinadas, durante agresiones con armas de alto calibre a comunidades del Pueblo Maya Tsotsil de Aldama, procedentes de grupos civiles armados de corte paramilitar de Santa Martha, Chenalhó, desde marzo de 2018. Además de la desaparición y posterior ejecución del entonces síndico municipal de Aldama Ignacio Pérez Girón, cuyo cuerpo fue encontrado el 05 de mayo de 2019, en la entrada del paraje Yalebtay, municipio de Zinacatán.

La persistente omisión y complicidad del gobierno de Chiapas y del gobierno federal provoca el escalamiento de la violencia en la región Altos; y aumenta el riesgo para la vida de la población en 13 comunidades del municipio de Aldama, en su mayoría mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas mayores.

Por lo anterior, urgimos al Estado mexicano:

• Proporcione el acceso a una atención médica integral a Hugo Alfredo Pérez Hernández y Artemio Pérez Pérez, así como de seguimiento en salud a las demás personas heridas durante ataques a comunidades de Aldama.

• Garantice de manera inmediata los derechos a la vida, seguridad e integridad física y psicológica de las familias del Pueblo Maya Tsotsil del municipio de Aldama.

• Aplique los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado de la Organización de las Naciones Unidad para otorgar atención humanitaria a las familias en desplazamiento forzado de 13 comunidades en Aldama.

• Investigue de manera pronta y adecuada, así como sancione, desarme y desarticule a los grupos civiles armados de corte paramilitar de Chenalhó, responsables directos de los ataques que han provocado desplazamientos forzados en la región Altos de Chiapas.

• Investigue y sancione a las autoridades responsables de la impunidad de estos hechos, así como los autores intelectuales del escenario de un violencia de gran envergadura que puede suceder una masacre como la de Acteal y por consiguiente de hecho de difícil o imposible reparación.

Solicitamos a la solidaridad nacional e internacional firmen la siguiente  acción urgente:

28 personas heridas y 6 muertas por armas de fuego durante ataques a comunidades de Aldama en dos años y medio.

El día de hoy, 30 de septiembre de 2020, Artemio Pérez Pérez, de 26 años de edad, originario de la comunidad de Tabak, Aldama, Chiapas, México, fue herido de bala, durante un ataque armado procedente del punto llamado T’elemax, en Santa Martha, Chenalhó. Su estado es de gravedad y fue trasladado al Hospital de Las Culturas, en San Cristóbal de Las Casas.

Con Artemio Pérez Pérez son 28 personas heridas, además de 6 muertas, durante agresiones con armas de alto calibre a comunidades del Pueblo Maya Tsotsil de Aldama, desde marzo de 2018. En este mes de septiembre se registraron seis personas heridas de bala.¹

Desde el día 29 de septiembre de 2020, a las 18:09 horas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, documentó agresiones armadas a la comunidad de Tabak. Los ataques persisten hasta el día de hoy. De acuerdo a reportes de la Comisión Permanente de los 115 Comuneros Desplazados de Aldama:

“Sigue muy fuerte los disparos de altos calibres en contra de la comunidad de Tabac Aldama, los disparos provienen en el punto de T’elemax Santa Martha Chenalhó, siendo las 10:00 horas».

Reiteramos al Estado mexicano su obligación de proteger la vida, seguridad e integridad de las mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas mayores y hombres en situación de riesgo en los límites de los municipios de Aldama-Chenalhó. Urgimos:

• A la Secretaría de Salud: Se brinde y garantice el acceso a una atención médica oportuna, pronta, inmediata e integral a Artemio Pérez Pérez, ante posibles daños que afecten su estado de salud.

• A la Fiscalía General del Estado: iniciar las investigaciones en contra de quienes resulten responsables de los hechos delictuosos y sancionar a los autores materiales e intelectuales.

Solicitamos a la solidaridad nacional e internacional firmen la acción urgente que encontrarán en la página www.frayba.org.mx y/o hagan llamamientos al Estado mexicano exigiendo:

• Garantice de manera inmediata los derechos a la vida, seguridad e integridad física y psicológica de las familias del Pueblo Maya Tsotsil del municipio de Aldama.

• Aplique los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado de la Organización de las Naciones Unidad para proporcionar atención humanitaria a las familias en desplazamiento forzado de 13 comunidades en Aldama.

• Investigue de manera pronta y adecuada, así como sancione, desarme y desarticule a los grupos civiles armados de corte paramilitar de Chenalhó, responsables directos de los ataques que han provocado desplazamientos forzados en la región Altos de Chiapas.

 1 Juan Pérez Gutiérrez de 27 años y Mario Pérez Gutiérrez de 22 años, originarios de la comunidad de Cotsilnam, heridos de bala, el 04 de septiembre de 2020; Andrés Ruiz Santis, de 61 años de edad, originario de la comunidad de Sepelton, fue herido de bala, en el camino de Tabak. el 12 de septiembre de 2020; Raymundo Pérez Sántiz de 16 años y Armando Pérez Sántiz de 31 años, heridos de bala, en Tabak, el 13 de septiembre de 2020.

San Cristóbal de La Casas, Chiapas, México

30 de septiembre de 2020

Acción Urgente No. 13

Descargar: Riesgo para la vida en comunidades del Pueblo Maya Tsotsil en el municipio de Aldama.

282 familias pertenecientes al Pueblo Maya Tsotsil, se encuentran en riesgo para la vida, seguridad e integridad por ataques armados.

Amenazas, agresiones y difamaciones vulneran el derecho a la libre expresión y organización del Comité Chalchihuitle.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba), manifiesta su preocupación por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran 1,237 personas en desplazamiento forzado, que conforman 282 familias, en 10 comunidades del Pueblo Maya Tsotsil, en el municipio de Chalchihuitán, Chiapas, México.¹ Debido a que los ataques con armas de fuego, perpetrados por un grupo civil armado de corte paramilitar procedente de Chenalhó, persisten durante el confinamiento por Emergencia Sanitaria de Covid 19, ante las omisiones del Estado mexicano.² Además continúan las amenazas, agresiones y difamaciones hacia las y los integrantes del Comité Autónomo de Desplazados Forzados InternosChalchihuitle (Comité Chalchihuitle)³ y hacia diez familias de Cruz K’ak’alnam, quienes en su mayoría son niñas, niños, mujeres y personas mayores.

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El gobierno de Andrés Manuel López obrador mantiene una deuda histórica con las víctimas de desapariciones forzadas, sin poder detener esta grave violación a derechos humanos.

Este NotiFrayba está dedicado a las más de 73 mil personas desaparecidas e México.

Fuente: Frayba

• Más de 73,000 personas están desaparecidas en nuestro país

La desaparición forzada de personas en México se profundizó desde el año de 2006, en un contexto de desaforada violencia que inició el expresidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, continuada por el expresidente Enrique Peña Nieto. El actual gobierno de Andrés Manuel López obrador mantiene una deuda histórica con las víctimas de desapariciones forzadas, sin poder detener esta grave violación a derechos humanos.

En nuestro país las desapariciones forzadas están vinculadas a la violencia estructural del Estado, especialmente de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de Seguridad Pública. La crisis de este crimen de lesa humanidad se ha extendido a agentes no estatales como son los grupos paramilitares y el crimen organizado en todas sus formas de expresión, son perpetradores cuyas acciones se enmarcan bajo el cobijo de las instituciones en sus tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal).

Frente a estas situaciones es necesario que emerja la verdad en medio de la impunidad, como en el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero y las 37 desapariciones forzadas cometidas por el grupo paramilitar Organización Desarrollo Paz y Justicia en la zona Norte de Chiapas, éstas derivadas de la estrategia de contrainsurgencia implementada por el Estado mexicano hacia el Ejército Zapatista de Liberación Nacional entre los años de 1994 al 2000.

Los gobiernos anteriores no habían reconocido la desaparición forzada como una política de Estado sistemática, generalizada y transexenal, por ello el gobierno de Andrés Manuel López Obrador generó expectativas en las familias de las víctimas, reconociendo públicamente la existencia de esta crisis de derechos humanos en México, sin embargo a dos años de haber ganado las elecciones, las acciones para afrontarla son insuficientes y no han sido efectivas.

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Casas abandonadas y otras semihabitadas, unas más vestidas como trincheras, porque las balas con armas de alto calibre llegan no sólo a los patios sino también a las paredes e incluso han cruzado el umbral de las puertas. Ahí quedaron ya casi sin paredes ni techo algunas y en la soledad sus enseres, en medio de las montañas de Los Altos de Chiapas que guardan la tranquilidad para otras épocas.

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Exigimos garantías de seguridad para las integrantes de Consorcio Oaxaca y la periodista Soledad Jarquín Edgar.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba) nos solidarizamos con las integrantes de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad (Consorcio) quienes el día 15 de junio de 2020, recibieron amenazas de muerte en la puerta de su oficina, en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México.¹ La organización feminista es un referente en la defensa de los derechos humanos de las mujeres desde hace 17 años.

Consorcio denunció que la amenaza de muerte forma parte de las intimidaciones hacia su trabajo en exigencia de justicia por el feminicidio de María del Sol Cruz Jarquín, joven fotoperiodista asesinada el 2 de junio 2018, en Juchitán de Zaragoza; y frente a la solicitud de protección para la periodista Soledad Jarquín Edgar, madre de María del Sol.

Responsabilizamos al gobierno de Alejandro Murat por estos hechos que ponen en riesgo la vida, la seguridad e integridad de las defensoras en la entidad oaxaqueña. Reiteramos al Estado mexicano su obligación para garantizar la protección de la población en general y las defensoras en particular en los contextos de violencia, donde son las autoridades estatales quienes vulneran derechos humanos.

En nuestro país las mujeres que acompañan procesos de justicia y verdad afrontan criminalización, hostigamiento, judicialización, estigmatización y riesgo para su vida. Situación que se complejiza en esta emergencia sanitaria de la pandemia, ya que desde el 20 de marzo de 2020 han asesinado a 12 personas que defendían derechos en México, entre ellas 3 mujeres: Paulina Gómez Palacio, defensora del Wirikuta, quien fue desaparecida el 19 de marzo, en Zacatecas y se encontró su cuerpo el día 21 de marzo, en San Luis Potosí; la periodista María Elena Ferral, asesinada el 30 de marzo en Papantla, Veracruz; y Karla Valentina Camarena, defensora de los derechos trans, asesinada el día 30 de marzo en Guanajuato.

Además, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos registró las siguientes agresiones durante las últimas dos semanas: desaparición de la defensora tseltal Angelina Santís, el 13 de junio en Ocosingo, Chiapas; clausura de su vivienda e intimidación a la defensora del territorio Claudia Zenteno, el 11 de junio en Xochimilco, Ciudad de México; detención arbitraria de la defensora Kenia Hernández, el 06 de junio, en el estado de México; detención arbitraria de la abogada Claudia Hernández Herrera y las defensoras Roxana Hernández y Yésica Guzmán Pardo, el 05 de junio en San Luis Potosí; difamación a la periodista Anaís Palacio Pérez, durante la primera semana de junio, en Veracruz. Y desde el 08 de junio, la abogada laboral Susana Prieto Terrazas se encuentra en privación arbitraria de su libertad en Tamaulipas.

El escalamiento de la represión vulnera el derecho a defender derechos humanos y son las mujeres defensoras quienes se encuentran en mayor peligro, en respuesta para detener su valioso aporte en distintas formas de resistencia. La crisis de derechos humanos en el país profundiza las desigualdades de género enfocando como objetivo de las violencias a quienes transgreden el silencio.

La Organización de las Naciones Unidas insta a los Estados a procurar la: “Debida diligencia para garantizar la protección de los derechos humanos de las defensoras que son amenazadas y a fortalecer la responsabilidad de las instituciones del Estado a cargo de salvaguardar el trabajo de las defensoras”.² Por lo cual, el Frayba exhortamos al Estado mexicano: a cesar las agresiones a defensoras y a garantizar su vida, libertad, integridad y seguridad personal para el pleno respeto y ejercicio de sus labores.

De manera específica exigimos detener las amenazas en contra de las defensoras de derechos humanos integrantes de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca así como de Soledad Jarquín Edgar, madre de María del Sol Cruz Jarquín víctima de feminicidio, garantizando de manera urgente la protección efectiva a su vida, integridad y seguridad personal.

Frente a la incapacidad e impunidad del Gobierno del estado de Oaxaca para la investigación de tales hechos, solicitamos a la Fiscalía General de la República la atracción del presente caso debido a su alto interés y trascendencia. La investigación debe ser efectiva encaminada al esclarecimiento de las amenazas, identificando a los responsables para que sean castigados, además de implementar todas las medidas que garanticen la no repetición.

”Hasta que la Justicia Llegue”

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• Autoridades penitenciarias y de salud incumplen medidas dictadas por el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas.

   

La Secretaria de Salud y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, incumplen orden, con fecha 20 de mayo de 2020, dictada por Mario Fernando Gallegos León, Juez Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales (Juez Federal), en el Estado de Chiapas, México, paraimplementar medidas eficaces que garanticen la vida e integridad física de personas privadas de su libertad en la entidad; específicamente en el Centro de Readaptación Social para Sentenciados No. 05 (CERSS No. 5), en San Cristóbal de Las Casas y en el CERSS No. 10, en Comitán de Domínguez.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba), cuenta con información sobre la situación de riesgo a la salud en la que se encuentran los presos de identidad Maya Tsotsil: Adrián Gómez Jiménez, Germán López Montejo, Abraham López Montejo¹, así como Osman Alberto Espinales Rodríguez, Pedro Trinidad Cano Sánchez, Alexander Hernández Roblero, Alexander Hernández Zalazar y Bacner Maldonado García internos en el CERSS No. 5 de San Cristóbal de Las Casas y Marcelino Ruiz Gómez recluso en el CERSS No. 10 de Comitán de Domínguez, quienes continúan sin recibir atención adecuada a su salud frente a la amenaza de contagio por COVID-19².

El 20 de mayo de 2020, el Colectivo de Familiares de Presos en Lucha presentó un amparo para reclamar la omisión en la atención a la salud de los presos antes mencionados bajo custodia del Estado. En esa misma fecha,el Juez Federal otorgó la suspensión de plano, para que las autoridades responsables comprueben de qué manera están llevando a cabo las medidas y acciones sanitarias de contención, para evitar el contagio en las prisiones, garantizar la vida e integridad física, así como vigilar y garantizar el cumplimiento del Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación para la mitigación y control de riesgos a la salud frente al COVID-19³. Las autoridades debieron proporcionar inmediatamente la atención médica especializada necesaria, incluyendo estudios, valoraciones y medicamentos que resulten pertinentes para poder preservar la salud de los presos, sin que hasta el momento se haga efectivo.

El día 05 de junio de 2020, ante el incumplimiento de las autoridades de salud y penitenciarias, el Colectivo de Familiares de Presos en Lucha interpuso, ante el mismo Juzgado Federal un incidente por defecto en el incumplimiento de la suspensión de plano. Por lo que el Juez Federal debe requerir a las autoridades responsables el cumplimiento de las medidas otorgadas.

La Organización de las Naciones Unidas señala en las Directrices Esenciales para Incorporar la Perspectiva de Derechos Humanos en la Atención a la Pandemia por COVID-19, que las personas de Pueblos Originarios privadas de la libertad son las más vulnerables, por ello, son merecedoras de una especial atención, traducida en el deber amplio y directo de protección respecto de su salud por parte de las autoridades “a nadie se le debe negar la atención médica por un estigma o porque pertenecen a un grupo que podría estar marginado”⁴. También recomienda que las autoridades debieran examinar la manera de poner en libertad a las personas especialmente vulnerables al COVID-19, entre otras a las personas presas de edad avanzada y las enfermas, así como a las detenidas menos peligrosas.

El Frayba ha realizado diversas intervenciones en los ambitos estatal y federal para informar la situación de violaciones a derechos humanos y al debido proceso de Adrián Gómez Jiménez, Germán López Montejo, Abraham López Montejo y Marcelino Ruiz Gómez, sin embargo se mantiene la falta de justicia. Por lo anterior reiteramos a Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador de Chiapas; a Juan Óscar Trinidad Palacios, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado; a Juan José Zepeda Bermúdez, Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y a Rafael León González, Vocero de la Mesa de Reconciliación del Gobierno del Estado, la adecuada atención a la salud de los presos señalados y su inmediata libertad.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

10 de junio de 2020

Boletín No. 12

6 May, 2020  en Acciones Urgentes por Incidencia

• Urgimos la implementación de un Plan de Emergencia Alimentaria hacia pueblos originarios.

   

• Urgente la presencia del Comité Internacional de la Cruz Roja, para atender a los desplazamientos internos en Chiapas.

   

• Es apremiante que el Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno de Personas en el Estado de Chiapas, atienda la situación de manera integral, de acuerdos a los Principios Rectores y a las Directrices de la ONU relacionadas al COVID-19.

   

El Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México A.C. (FISANIM), “el Fideo” y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba), han recibido información directa por parte de habitantes tsotsiles del municipio de Aldama, Chalchihuitán y de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas de Acteal) de Chenalhó, Chiapas, México, respecto al riesgo de una emergencia alimentaria que de prolongarse puede derivar en una hambruna y con ello la vida de las familias que viven el desplazamiento forzado ocasionada por la violencia generalizada cometida por grupos civiles armados de corte paramilitar en la región y por la falta de atención básica e integral de los gobiernos federal y estatal.

En la documentación realizada por FISANIM y Frayba constatamos la situación de marginación y pobreza en la que viven las desplazadas y desplazados, aunado a la falta de medidas sanitarias en el marco de la pandemia del COVID-19, la región Altos está marcada como una de las zonas marginalizadas en el estado de Chiapas.

3304 personas se encuentran en situación de desplazamiento forzado, las cuales pertenecen a Las Abejas de Acteal, Chenalhó, Chalchihuitán y Aldama. Estas personas se encuentran en condiciones de hacinamiento: en casas prestadas, rentadas y en situaciones críticas que cuando se activa la violencia armada se resguardan en las montañas. Varias de las familias tienen sus casas quemadas, destruidas y/o baleadas, sin acceso a sus trabajaderos para el cultivo de sus tierras y sin poder sembrar y cosechar su maíz, frijol, frutas y verduras. Hasta el día de hoy, no tienen la posibilidad de salir a algún lugar para trabajar, no pueden cosechar su café, siendo una de las fuentes de ingreso económico para completar el sustento durante el año. En los tres casos prevalece la omisión del Estado mexicano y la falta de cumplimiento de los principios rectores de los desplazamientos internos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En las actuales situaciones de desplazamiento forzado existe un grave riesgo para la vida y salud de las personas desplazadas debido a la falta constante de alimentos, atención médica y al daño emocional por el miedo permanente y desesperación a ser agredidos, las niñas/os, mujeres y las ancianas/os son las víctimas con mayor vulnerabilidad. Es importante señalar que el interés superior de la niñez, es protegido y salvaguardado por en el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que menciona lo siguiente: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá́ con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas, tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá́ guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”. El Estado mexicano no ha garantizado la seguridad personal, alimentaria y la salud psicológica.

Las autoridades de procuración de justicia no han realizado las diligencias para desarticular a los grupos civiles armados de corte paramilitar que actúan con toda complacencia de los gobiernos en el municipio de Chenalhó. El gobierno de Rutilio Escandón Cadenas solamente ha hecho acciones para administrar el conflicto, constituyéndose en un gobierno omiso y cómplice del entorno de violencia criminal.

Ante la falta de seguridad para regresar a sus casas y trabajaderos, por el riesgo constante para la vida, se prevé una situación de emergencia a la salud y desnutrición entre las mujeres y niñas/os, que son los más vulnerables en el contexto del COVID-19.

La ONU ha manifestado su preocupación por la situación de los pueblos indígenas en el marco de la pandemia. El Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, José Francisco Cali Tzay, expresó su preocupación por el devastador impacto que la pandemia del COVID-19 está teniendo en los pueblos indígenas, más allá de la amenaza para la salud. ¹

La soberanía alimentaria ha sido descrita como un derecho, y más específicamente como “el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo”. ² Ha sido ampliamente reconocida en contextos nacionales y cada vez más forma parte de los debates en el escenario mundial, incluido en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ³ El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha indicado que los Estados partes en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer “deberían garantizar la efectividad del derecho a la alimentación y la nutrición de las mujeres rurales en el marco de la soberanía alimentaria y velar por que tengan autoridad para gestionar y controlar sus recursos naturales”. ⁴

Ante esta situación grave, exigimos a los gobiernos federal y estatal una actuación con debida diligencia para implementar urgentemente las siguientes medidas cautelares:

1. La alimentación es un derecho constitucional reiteradamente violado en la población indígena y gravemente en la desplazada. Este incumplimiento produce daños graves a la salud de toda la población y en especial a la infancia, es urgente la implementación de un plan de emergencia alimentaria.

2. La actuación eficiente del Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno de Personas en el Estado de Chiapas, en el marco de la Ley Para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas.

3. La intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja para la contribución en la ayuda humanitaria en los territorios donde el desplazamiento forzado se ha prolongado.

4. Atender de manera puntual y efectiva las Directrices Esenciales Para Incorporar la Perspectiva de los Derechos Humanos en la atención a la pandemia COVID-19 el cual recoge lo expresado por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Procedimientos Especiales, Órganos de Tratado y otros mecanismos y redes de la ONU respecto a los elementos de derechos humanos que se deben tomar en cuenta en la atención a la crisis por la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias.5

5. Se desactive la violencia en estos territorios provocado por grupos civiles armados de corte paramilitar que deviene de décadas de impunidad, siendo que hoy en día estamos en los escenarios previos de lo que fue la Masacre de Acteal.

A la sociedad civil nacional e internacional le solicitamos se solidaricen con acciones para combatir la emergencia alimentaria y la desnutrición en este territorio específico que sufre violencia sistemática en el marco del desplazamiento forzado, aportando con su donación al Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México. Al banco Scotiabank. Cuenta: 00107853564 Clave interbancaria: 044180001078535644.

Solicitamos también a todos quienes nos indignamos por esta situación impulsar los llamamientos a:

2. Lic. Andrés Manuel López Obrador. Presidente Constitucional de México
   Residencia Oficial de los Pinos. Casa Miguel Alemán. Col. San Miguel Chapultepec,
   C.P. 11850 Ciudad de México.
   Fax: (+52) 55 5093 4901
   Correo: amlo@presidencia.gob.mex
   Twitter: @lopezobrador_

2. Lic. Olga Sánchez Cordero. Secretaria de Gobernación de México
   Bucareli 99, 1er. piso. Col. Juárez. Delegación Cuauhtémoc
   C.P. 06600 Ciudad de México.
   Fax: (+52) 55 5093 34 14;
   Correo: secretario@segob.gob.mx
   Twitter: @M_OlgaSCordero

4. Lic. Rosario Piedra Ibarra. Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
   Edificio “Héctor Fix Zamudio”, Blvd. Adolfo López Mateos 1922, 6°piso. Col. Tlacopac San Ángel.
   Delegación Álvaro Obregón. C.P. 01040; Ciudad de México.
   Fax: (+52) 0155 36 68 07 67
   Correo: correo@cndh.org.mx /Twitter: @CNDH

2.  Lic. Rutilio Escandón Cadenas. Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas
   Palacio de Gobierno del Estado de Chiapas, 1er Piso Av. Central y Primera Oriente,
   Colonia Centro, C.P. 29009. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
   Fax: +52 961 61 88088 – + 52 961 6188056; Extensión 21120. 21122;
   Correo: secparticular@chiapas.gob.mx
   Twitter: @JuntoscnRutilio

2. Lic. Ismael Brito Mazariegos. Secretario General de Gobierno en Chiapas
   Palacio De Gobierno, 2o. Piso, Centro C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
   Conmutador: (961) 61 8 74 60 Ext. 20003
   Correo: secretariaparticular.sgg@gmail.com

2. Lic. Luis Manuel García Moreno. Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno del estado de Chiapas.
   Carr. Emiliano Zapata Km. 1.9 , Terán C.P. 29050 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
   Teléfono: (961) 61 551 78, 615 47 12
   Correo: luismanuelgarciam@gmail.com

2. Lic. Juan José Zepeda Bermúdez. Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
   Avenida 1 Sur Oriente S/N, Edificio Plaza, 3er y 4to piso, Barrio San Roque C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
   Conmutador: (961) 602 89 80; 961-60289-81 Ext. 206; Lada sin costo 01800-55-282-42
   Fax: (961) 60 2 57 84
   Correo: presidencia@cedh-chiapas.org
   Teléfono: 01 (967) 67 465 94 Fax: 01 (967) 67 465 94

3.  Alertamos posible hambruna a indígenas tsotsiles en desplazamiento forzado

   Lee la petición

2. Forum for Food Sovereignty, Declaration of Nyéléni (2007), available

3 UN Human Rights Council, Revised Draft United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas, UN Doc. A/HRC/ WG.15/5/2 (2018).

4CEDAW, General Recommendation No. 34, supra note 30, at para. 64. See also Jean Ziegler, Report of the Special Rapporteur on the Right to Food on Food Security and Food Sovereignty, UN Doc. E/ CN.4/2004/10 (2004) [hereinafter “Ziegler 2004”]; UN Human Rights Council, Debates on the Declaration on the Rights of Peasants, UN Doc. A/HRC/21/39 (2012); Magdalena Sepúlveda Carmona, Final Draft of the Guiding Principles on Extreme Poverty and Human Rights, UN Doc. A/HRC/21/39 (2012), at para. 75

5 Directrices Esenciales Para Incorporar la Perspectiva de los Derechos Humanos en la atención a la pandemia COVID-19

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

A 26 de mayo de 2020.

3. Acción urgente No. 8