El pasado 22 de mayo de 2017 a las 6 de la mañana, el campesino Rodrigo Guadalupe Huet Gómez, de la comunidad de Cruztón, recibió un tiro en la sien. Llevaba dos horas atrincherado en el cementerio junto con otros compañeros, adonde habían ido para defender el local que, desde hace casi un siglo, ha sido el espacio sagrado donde yacen sus muertos. Desde hace más de un año, un grupo armado del vecino ejido Guadalupe Victoria, que se autodenomina Nuevo Guadalupe Victoria, ha intentado despojarlos a ellos, y a la comunidad vecina de Nueva Libertad, del cementerio y las tierras aledañas, que incluyen algunas pequeñas propiedades.

Cuatro horas duró la balacera, con armas de alto calibre posicionadas estratégicamente en varios puntos, demostrando muy probablemente que el grupo atacante tiene formación militar. Fue en un momento de cierta calma cuando Rodrigo Guadalupe decidió levantarse para observar, y así recibió el impacto de bala.

Sus compañeros entonces llamaron a una ambulancia de Venustiano Carranza, pero ésta fue interceptada en Guadalupe Victoria por un grupo encabezado por el agente municipal Eleuterio Bautista Aguilar, que los campesinos de Cruztón identifican como uno de los líderes del grupo armado. Entonces se pidió otra ambulancia, esta vez de Teopisca, que viajó acompañada por una camioneta de Protección Civil. Ambas, sin embargo, fueron interceptadas a 100 metros de donde estaba Rodrigo Guadalupe por un grupo fuertemente armado, que las forzó a retirarse.

Así, Rodrigo Guadalupe, activista tsotsil adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN y miembro de Semilla Digna y del Congreso Nacional Indígena, falleció a las 7 de la mañana. (Lee la denuncia de Cruztón.)

Desde entonces, los hostigamientos por parte del grupo armado se han incrementado. El 16 de junio volvieron a ocupar el cementerio y las tierras aledañas, montando cinco puntos de vigilancia, con 5 o 6 personas fuertemente armadas en cada uno. Al mismo tiempo, cortaron el suministro de agua a la comunidad de Nueva Libertad, dejando a 40 familias sin acceso al líquido vital. Un día después, cortaron el cable de alta tensión que provee electricidad a Cruztón. El 18 de junio, intimidaron a pobladores de Nueva Libertad que se dirigían a Cruztón, con tiros al aire. Y dos días después, bloquearon el camino que da acceso a la comunidad de Cruztón, dejándolos incomunicados durante 10 horas.

Cruztón: una historia de lucha por la tierra

Los campesinos de Cruztón han vivido en esas tierras por generaciones. Antes del levantamiento zapatista de 1994, las tierras de Cruztón pertenecían a la finca Mispía, que años después fue rebautizada como finca Nazareth, propiedad de la familia Villafuerte, de la Ciudad de México. Dicha finca fue dividida en cuatro partes –Nazareth (el casco), Jerusalén, Cruztón y Guadalupe–. A los campesinos de Cruztón los Villafuerte les entregaron la tierra con escritura pública.

Pero en 1994, campesinos de Guadalupe Victoria, haciéndose pasar por zapatistas, les arrebataron 395 hectáreas de su territorio. Un año después, el gobierno, con el afán de detener las tomas de tierras a lo largo del estado, compraron las tierras para entregarlas a los campesinos. Pero por un supuesto “error” burocrático, el gobierno las entregó al grupo invasor.

En 1997 los campesinos de Cruztón intentaron recuperar sus tierras, pero fueron fuertemente reprimidos por policías y militares, según testimonio de los propios campesinos, y después de eso se desorganizaron.

En 2005 el EZLN publicó la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, y en 2006 los campesinos de Cruztón se adhirieron a la Otra Campaña. Un año después, decidieron recuperar las tierras que les habían arrebatado en 1994, incluyendo el manantial, fuente importantísima de vida para la comunidad.

La recuperación de las tierras motivó una fuerte represión policíaca en tres diferentes momentos de 2008, con detenciones, amenazas a mujeres y niños, órdenes de aprehensión y la instalación de un campamento a poca distancia de sus tierras. Pero la solidaridad no se hizo esperar. En julio de ese año, una caravana nacional e internacional de observación llegó a Cruztón y denunció las violaciones cometidas por el gobierno.

Todo parece indicar que lo que está por detrás de la represión es el oro. En 2007, la minera canadiense Radius Gold, por medio de su subsidiaria Geometales del Norte, adquirió más de 48 mil hectáreas en el municipio de Venustiano Carranza, en concesión para explotarlas durante 50 años. La concesión coincide con tierras de Cruztón y otras comunidades y ejidos de la región. (Ver La Jornada, 8 de julio de 2008 y Reporte de actividad minera de Otros Mundos.)

El hostigamiento por parte del gobierno continuó en 2009, con amenazas de un ataque militar y acusaciones de tráfico de armas, drogas y migrantes. Pero la presión nacional e internacional surtieron efecto, y en julio de 2009 el gobierno resolvió a favor de los adherentes de Cruztón por medio de un convenio de finiquito, en el que el grupo invasor desistía de cualquier reclamo sobre las tierras.

Pero los conflictos no pararon. En 2011, la comunidad de Cruztón denunció nuevas amenazas de desplazamiento por parte de la Organización Campesina Emiliano Zapata – Región Carranza (OCEZ-RC). Al mismo tiempo, en abril de ese año se presentan personas desconocidas diciendo que los había mandado la Procuraduría Agraria, supuestamente porque allí había tierras disponibles. Y al parecer una persona de nombre Guadalupe Cruz, de Teopisca, comienza a formar un grupo para “vender” tierras de Cruztón a terceros y así crear conflictos.

En 2013 empieza el conflicto en las tierras actualmente en disputa. Se trata de un área entre Guadalupe Victoria y Cruztón, donde se encuentran varias pequeñas propiedades, el cementerio y el manantial que provee de agua a las comunidades de la región. Ese año, el grupo de Guadalupe Victoria, que afirma que se trata de tierras pertenecientes a su ejido, coloca banderas en 12 pequeñas propiedades con la intención de apoderarse de ellas.

Dos años después, el 16 de abril de 2015, dicho grupo invade tres pequeñas propiedades en esas tierras, y tres semanas después cierra el paso de Cruztón a Venustiano Carranza y detiene a varios compañeros durante dos horas, amenazándolos con armas largas. (Ver denuncia de Cruztón.)

Pero es el 1 de febrero de 2016 cuando el grupo invasor clausura el acceso al cementerio común. Tres meses después, el 10 de mayo de ese año, los adherentes de Cruztón deciden recuperar el cementerio sagrado. Ese mismo día, Agusto de la Cruz Pérez, de Cruztón, es secuestrado por el grupo armado, golpeado, colgado durante una hora y amenazado.

Y ahora, el asesinato de Rodrigo Guadalupe Huet Gómez.

Actores y motivos: un panorama complejo

No queda claro quiénes conforman el grupo armado de Nuevo Guadalupe Victoria ni cuándo se formó, aunque, según denuncias de la comunidad de Cruztón, desde marzo de 2003 ya había amenazas de invadir 12 pequeñas propiedades en las tierras en disputa. En aquella época, el grupo se identificaba como perteneciente a la OCEZ-RC, aunque ahora dicha organización se deslinda de ellos e incluso exige una investigación de los hechos del 22 de mayo pasado. En un comunicado reciente, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) los reconoce como miembros de su organización y acusa nada menos que a los adherentes a la Sexta agredidos de la comunidad de Cruztón de ser paramilitares.

El grupo armado está conformado por 30 familias y, según información obtenida por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), la asamblea ejidal de Guadalupe Victoria los desconoce. Vale decir que las armas de dicho grupo son de alto calibre y de uso exclusivo del ejército y que, como dijimos arriba, todo parece indicar que tienen conocimiento de tácticas militares. La mayoría de las personas identificadas como líderes del grupo armado por los adherentes a la Sexta de Cruztón son los mismos que ya en 2015 los mismos campesinos identificaron como los líderes de la invasión de tres pequeñas propiedades en el territorio en disputa.

Como decimos, no queda claro quiénes conforman el grupo armado de Nueva Guadalupe Victoria. Pero las concesiones mineras en la región, los intereses económicos que ellas implican y la historia de amenazas, violencia y represión estatal apuntan a la trillada estrategia del Estado para apoderarse de tierras indígenas y campesinas: enfrentar a organizaciones y comunidades para desestructurar la resistencia y permitir el paso de proyectos extractivos.

El escenario se complica con la denuncia de la Organización Nacional del Poder Popular (ONPP) de que, en un recorrido por los predios invadidos, encontraron un sembradío de marihuana. Estando el cementerio en la cumbre de un cerro desde donde se divisa claramente todos los alrededores, se puede asumir que uno de los móviles para las acciones del grupo armado es el control territorial, no descartando que se trate de un grupo con vínculos al crimen organizado.

Por otra parte, las agresiones suceden al momento en que el Congreso Nacional Indígena (CNI) conforma un Concejo Indígena de Gobierno y elige a su vocera, María de Jesús Patricio Martínez, que se presentará como candidata independiente en las elecciones presidenciales de 2018. Y coincide también con una serie de actos de violencia, represión u hostigamiento contra comunidades del CNI y, en particular, contra comunidades que conforman a Semilla Digna (un espacio organizativo del CNI en Chiapas), del cual Cruztón es parte. Como es sabido, una de las razones para conformar el Concejo Indígena de Gobierno es la destrucción y violencia que sufren los pueblos originarios del país a manos de las industrias extractivas en complicidad con el crimen organizado y el Estado.

Este próximo domingo 9 de julio, una caravana viajará a la comunidad de Cruztón para solidarizarse con los compañeros agredidos y sobre todo con la familia de Roberto Guadalupe, y para visibilizar esta escalada de violencia.

Foto: @ap

El pasado 22 de mayo, un grupo de campesinos de Cruztón, adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, fueron emboscados por un grupo armado en el cementerio en el que desde hace casi un siglo yacen sus muertos. En el tiroteo, que duró cuatro horas, murió Rodrigo Guadalupe Huet Gómez. En los siguientes días, el grupo agresor cortó el suministro de agua a la comunidad Nueva Libertad y la energía eléctrica a la comunidad de Cruztón, además de las continuas amenazas y hostigamientos.

Ante la situación, se está organizando una caravana en solidaridad con Cruztón para este domingo, 9 de julio, con adherentes a la Sexta y miembros de Semilla Digna y el Congreso Nacional Indígena.

Hoy 5 de julio, en conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Chiapas, se dio a conocer la situación y se anunció la caravana.

A seguir, las palabras durante la conferencia de prensa:

Artemio de la Cruz Hernández – comunidad de Candelaria El Alto, Venustiano Carranza, Chiapas: (Descarga aquí)  

Juan Pablo Nava – Red contra la Represión: (Descarga aquí)  

Antolín López Bautista y Augusto de la Cruz Pérez – comunidad de Cruztón: (Descarga aquí)  

Extracto de audios del “3er Foro sobre Democracias Otras: Elecciones, resistencias y contrademocracias”, que se llevó a cabo el 29 y 30 de junio de 2017 en el CESMECa-UNICACH, desde el cual se convocó a compañeros y compañeras de la resistencia de los pueblos a quienes presentamos en este espacio.

Participan:

• Betina Cruz Velázquez, concejal del Concejo Indígena de Gobierno CNI-EZLN
• Fermin Ledezma del Centro de Lengua y Cultura Zoque
• Silvia Juárez Juárez integrande la resistencia zoque
• Maria Sanchez integrante de la resistencia zoque
• Participación del Pbro. Marcelo Pérez

(Descarga aquí)   Lectura de la minuta firmada este día por la Comisión de los Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán y el Subsecretario de gobierno del estado de Morelos.

Cuernavaca, Mor., 3 de julio.-Cuatro días después de realizada la Caravana Tepozteca en defensa del territorio, la mañana de este lunes 3 de Julio una comisión de los Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán fue recibida en el salón Juárez de la Casa Morelos, en el centro de Cuernavaca. A un mes de que Ricardo Robledo, subsecretario de Gobierno de Morelos, le prometiera al Frente que en un plazo no mayor a 72 horas tendrían una reunión con las dependencias estatales y federales involucradas en la ampliación de la autopista La Pera-Cuautla en su paso por Tepoztlán*, esta mañana Robledo firmó una minuta en la cual se comprometió a que tal encuentro finalmente se llevará cabo entre el 10 y el 14 de julio próximos.

Sin embargo, la posibilidad de que asistan a ella las autoridades emplazadas al diálogo -Matías Quiroz (subsecretario de gobierno), Topiltzin Contreras (secretario de desarrollo sustentable), Francesco Taboada (encargado de la comisión política para la municipalización de los pueblos indígenas) y José Luis  Ezeta (delegado de la SCT en Morelos)- quedó de nuevo en suspenso, pues el subsecretario Robledo no quiso que esto quedara estipulado directamente en la minuta. Argumentó que ello se sobreentendía en la redacción presentada y añadió que él no podía disponer del tiempo ni mandar en la agenda de la instancia federal aludida. Robledo interpretó la insistencia de los Frentes como una señal de cerrazón y una muestra de desconfianza. “Si siempre es un no, no, no, así no puedo trabajar”, se incomodó e incluso puso en duda el acuerdo avanzado en la minuta. “Yo sí la voy a firmar así como está, ¿ustedes no?”, retó y los Frentes firmaron, pero anotaron al calce que esperan que en la reunión estén presentes todas las personas citadas.

Además del acuerdo único alcanzado –el diálogo pospuesto desde hace cinco años-, en esta reunión Robledo señaló que el gobierno de Morelos ya entregó al Cabildo de Tepoztlán carpetas con toda la información ambiental y los permisos federales que los Frentes están solicitando y que por tanto éstos deberían dirigirse a aquél**; exhortó al Frente a proceder conforme a Derecho (“si ya lo pararon una vez vuélvanlo a hacer”); les aconsejó que acudan a la PGR si es que no confían en la Fiscalía de Morelos para denunciar los casos de agresión contra familias que no apoyan la ampliación; y los convocó a conocer el plan de reforestación y el vivero (“si quieren vamos en mi coche… o en el de ustedes”) que asegura asombraron al cabildo de Tepoztlán. “El no ya lo sé. Vamos a ver cómo es el sí. Traigan propuestas. Buen día”, se despidió Robledo y salió ágil, sin despedirse personalmente de la Comisión de los Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán, del Salón Juárez de la Casa Morelos.

Esa fue la palabra –directa, sí, pero en un tono sobrado, alardeado e incluso regañón- de la única autoridad que recibió este día a los Frentes Unidos  de Tepoztlán. Ahora vendrá entre el 10 y el 14 de julio, ante más dependencias, autoridades y/o delegados de éstas, la palabra de Tepoztlán. Y aunque el trato de este día no hace pensar que para entonces sí habrá un diálogo franco y real, ahora es momento del pueblo de Tepoztlán.

Notas:

*Sigue este enlace para observar la visita de Ricardo Robledo a Tepoztlán los primeros días de Junio: https://www.youtube.com/watch?v=DZl7V1qmrMg

** El pasado 20 de junio, el Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación de la Universidad Autónoma de Morelos entregó a Lauro Salazar Garrido, presidente municipal de Tepoztlán, un documento en dónde se explica que la documentación referida este día por Ricardo Robledo sólo está conformada por las carpetas del proyecto ejecutivo de la SCT y no cuenta con el Estudio Técnico Justificativo (ETJ) ni la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) requeridas para estar en condiciones de poder emitir una opinión técnica en relación al impacto de la ampliación de la autopista La Pera-Cuautla en su paso por Tepoztlán.

En horas de la tarde a las 2:36 pm la compañera Bertha Zúniga en su camino de vuelta de la comunidad de Cancire del Municipio de Santiago Puringla en el departamento de La Paz, acompañada de los miembros de la coordinación general del COPINH Sotero Chavarría y Asunción Martínez, fueron atacados por 4 hombres en dos ocasiones.

En la primera, 3 hombres armados con machetes, apostados al lado de un carro Toyota Tacoma Negro de placas PCH 1886, atravesados en el camino de la comunidad de Cancire a San Antonio, amenazaron a las personas que estaban dentro del carro del COPINH ondeando los machetes en posición de ataque. Gracias a la habilidad del conductor no pudieron detener ni machetear el carro, sin embargo, el cuarto hombre, conductor del carro Tacoma arrojó una piedra que golpeó la parte de arriba de la ventana del conductor de COPINH.

En la segunda ocasión el mismo carro, solamente con el conductor, dio persecución por el mismo camino al carro de COPINH rebasando de manera peligrosa, queriendo chocar al carro donde se transportaba la coordinadora general del COPINH y y arrojarlo al abismo. Luego de esto el carro negro se puso en frente del carro de COPINH, intentando frenarlo durante 10 minutos. Afortunadamente el conductor de COPINH pudo tomar un desvío, ir por otro camino y evitar mayores incidentes.

(Continuar leyendo…)

Ve el fotorreportaje Caravana Sur-Sureste, los caminos de la verdad y la justicia, por Regeneración Radio.

San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 1 de julio de 2017. Madres y padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa llegaron en la ciudad de San Cristóbal hoy, primer día del mes de julio, y dieron una conferencia de prensa, en el kilómetro 46, de manera simbólica.

Una delegación de 9 padres y otros familiares de los desaparecidos conforman la caravana Sur-Sureste que ya ha cruzado 5 estados de la república Mexicana, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Tabasco y ahora Chiapas.

En la conferencia de prensa los padres de familia dieron a conocer a donde estaba la línea de investigación y la falta de respuesta a sus preguntas, frente a la desaparición de los 43 y el asesino de los 3 más. Para ellos, ya están numerosas las pruebas que el ejército tiene sus responsabilidades en este caso.

(Continuar leyendo…)

Manifestamos nuestra preocupación por la detención prolongada e injusta de Roberto Carlos Ruíz Hernández, inmigrante de origen hondureño en Chiapas.

Escucha las grabaciones de la conferencia de prensa realizada en el FrayBa:

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), manifiesta su preocupación por la detención prolongada e injusta de Roberto Carlos Ruíz Hernández (Roberto Carlos), inmigrante de origen hondureño.

Roberto Carlos, es sobreviviente de tortura, fue detenido el 22 de mayo de 2013 y cuatro días después es encarcelado en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciado No. 13 (CERSS No. 13), en Tonalá, Chiapas, acusado de extorsión.

Peritos independientes realizaron valoraciones médicas y psicológicas con base en el Protocolo de Estambul teniendo como resultado que Roberto Carlos sufre de consecuencias físicas y psicológicas debido a hechos de tortura y/o tratos crueles e inhumanos durante su detención. A pesar de la denuncia de tortura ante el ministerio público, las violaciones al debido proceso durante el juicio y la falta de asistencia consular fue sentenciado en primer instancia a 7 años, dicha sentencia fue reducida a 5 años y 3 días en apelación. Desde el CERSS No. 13 ha denunciado su detención arbitraria, la tortura a la que sobrevivió, así como las violaciones a los derechos humanos que ha sido víctima dentro de la prisión.

(Continuar leyendo…)

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 29 de junio.-“Aquí estamos de viva voz, para que la gente sepa cómo va el caso. Ya no solo son 43 desparecidos, ahora son miles, en cualquier punto de la república nos comentan que el pueblo está aterrorizado”, indicó Clemente Rodríguez Moreno, originario de Tixtla de Guerrero, integrante de la Caravana al Sur por Ayotzinapa, que arribó esta noche a la Escuela Normal rural Máctumactzá, en la capital chiapaneca, para el día de mañana, realizar brigadas de información con docentes de la CNTE, sociedad solidaria, así como una marcha por la tarde a la plaza central de Tuxtla.

“Gracias a los expertos independientes y al mecanismo de seguimiento de la CIDH, sabemos lo que pasó con nuestros hijos, no por el gobierno y su verdad histórica”, abundó el padre de familia a nombre de los familiares de los normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos por el Estado mexicano el 26 de septiembre de 2014. Rodríguez Moreno también señaló que la lucha no es solo suya, sino de “todos los mexicanos”, y que están luchando por las nuevas generaciones, para que vivan “en un México mejor”.

“No sabemos dónde están nuestros hijos pero sabemos que están vivos”, aseguró Clemente, padre de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, e indicó que desde el 2014 “empezamos a salir de Ayotzinapa y a hacernos los padres como investigadores”, en alusión a que ellas y ellos mismos, han tenido que realizar las labores de búsqueda e inteligencia, que el Estado mexicano debió de llevar a cabo.

“Hoy en día estamos en esta caravana en Tuxtla provenientes de Cárdenas Tabasco, donde hemos tenido buena recepción y nos dicen que no estamos solos”, explica Rodríguez Moreno, sobre el recorrido de la caravana que inició el pasado 20 de junio en Campeche y que culmina el 1 de julio en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

“Para qué tarda tanto el gobierno si nosotros ya les dimos nombres y apellidos de quien tiene que detener”, evidencia Clemente Rodríguez. “El gobierno en todas las reuniones nos ha mentido. Dice que pondrá toda la tecnología y no es cierto. Esos aparatos no nos sirven porque nosotros los estamos buscando en vida. El gobierno solo ha entorpecido las investigaciones”, acusa.

“Los militares saben a dónde se los llevaron. Los celulares encontrados de 17 normalistas hay uno que apunta a un cuartel militar en la ciudad de México”, recuerda Clemente. “Cómo es posible que el General Cienfuegos, no haya hecho nada para apoyar a los estudiantes”, cuestiona el padre de familia, con respecto a las versiones de que el titular de las fuerzas armadas estuvo enterado de las agresiones contra los normalistas de Ayotzinapa, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. “Yo siento que mi hijo está vivo a pesar de que ya casi pasaron tres años”, enfatiza Rodríguez Moreno.

Para el día de mañana viernes 30 de junio se tiene prevista una conferencia de prensa en el turístico parque de la Marimba de Tuxtla, en punto de las 11 de la mañana. Posteriormente los padres de Ayotzinapa asistirán al auditorio David Gemayel Ruíz Estudillo, de la Asamblea Estatal Democrática AED-CNTE y por la tarde a partir de las 5 PM se tiene prevista una marcha del poniente a la plaza central de capital chiapaneca con estudiantes, organizaciones sociales, sociedad solidaria, así como docentes de la sección 7 y 40 de la CNTE.

El OBSERVACOM falsea información, le exigimos nuestro derecho de réplica

Amecameca de Juárez, Estado de México, a 29 de junio de 2017.

El 21 de junio pasado, el Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia-OBSERVACOM difundió masivamente esta información falsa: “IFT da apoyo económico a radios comunitarias e indígenas en México”.

La noche de ese día, en respuesta dirigimos la siguiente carta a su presidente, solicitándole nuestro derecho de réplica, considerando que, además de su falsedad, dicha información proveniente del gobierno dañaba la imagen pública de las radios comunitarias.

Al no recibir respuesta, habiendo transcurrido el plazo legal, hacemos pública esta carta, reiterando nuestra exigencia, además de que La Voladora no ha recibido ni recibirá “apoyo” del IFT ni de ninguna otra institución, sino que ejercerá sus derechos en materia de publicidad oficial, desde luego con apego a su Código de Ética y sus principios fundacionales.

Atentamente
Colectivo de La Voladora Radio 97.3 fm
y La Voladora Comunicación, AC

*

La Voladora Radio NO RECIBE “apoyo” del Instituto Federal de Telecomunicaciones

Amecameca de Juárez, Estado de México, a 21 de junio de 2017.

Apreciable señor Bruce Girard
Presidente
Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia-OBSERVACOM
P r e s e n t e.

El día de hoy circuló profusamente en la web el boletín electrónico que emite la entidad a su cargo, con el siguiente encabezado único, destacado tipográficamente: “IFT da apoyo económico a radios comunitarias e indígenas en México”.

Le escribimos en el ejercicio de nuestro derecho de réplica (previsto en el Artículo 6º de la Constitución mexicana), al considerar que dicho encabezado y parte del contenido que lo secunda son información falsa en nuestro agravio como radio comunitaria (lo cual fundamentamos también en el Artículo 3 de Ley Reglamentaria del Artículo 6o., Párrafo Primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia del Derecho de Réplica).

Son información falsa porque, como constatará:

1. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (Artículo 89) prevé que “los concesionarios de uso social”, incluidos los comunitarios, “podrán obtener ingresos” por “Venta de publicidad a los entes públicos federales, los cuales destinarán el uno por ciento del monto para servicios de comunicación social y publicidad autorizado en sus respectivos presupuestos al conjunto de concesiones de uso social comunitarias e indígenas del país…”.

2. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no ha dado “apoyo económico” alguno, ni nosotros lo aceptaríamos. Solo fue la primera entidad pública federal en asignar la suma equivalente al 1% de publicidad oficial a las concesionarias de uso social, si bien aún no recibimos la parte correspondiente de dichos fondos, debido a que esto sucederá cuando concluya la campaña de spots que nos fue enviada para tales efectos a principio del mes.

3. Esta disposición legal relativa al 1% es resultado de una conquista reciente del movimiento social por los derechos humanos, la libertad de expresión y el acceso a los medios de comunicación, del cual somos parte. ¡No es un “apoyo económico”, ni mucho menos “lo da el IFT”! Son fondos públicos asignados para de algún modo favorecer la materialización de un derecho humano!

4. Esta falsedad insostenible tiene su origen aparente en la fuente citada por el boletín digital del OBSERVACOM: la noticia del diario mexicano El Economista según la cual es el señor Erick Huerta, miembro del Consejo Consultivo del IFT, quien afirmó que se trata de un “apoyo”.

5. Lo anterior nos causa agravio también porque en la idiosincrasia patrimonialista, clientelar y asistencialista del ejercicio del poder público en México, “apoyo económico” puede equivaler maliciosamente a “dádiva”.

6. Nosotros no recibimos dádivas. Y aún esta forma legal mezquina de asignar fondos públicos a las radios comunitarias nos causa preocupación, lo cual motivó en abril pasado el envío de una carta formal a la Mesa Nacional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias-México, de la cual somos parte todavía, y sus colectivos miembros, advirtiendo justo en torno al 1% “que de ninguna manera aceptamos negociaciones de AMARC Mx con instituciones vinculadas a la política de seguridad, considerándolo inaceptable especialmente de cara al entorno generalizado de violación de derechos humanos en México. Lo decimos atendiendo a un mensaje donde advierten sobre futuras negociaciones con, entre otras, la Secretaría de Gobernación”.

7. Contamos con que dicha Mesa Nacional, encabezada por el señor Héctor Camero, se pronuncie con severidad sobre esta versión infamante de “apoyo económico” ?dádivas?a las radios comunitarias, surgida aparente e indebidamente del señor Huerta y difundida, deseamos que no de mala fe, por el OBSERVACOM ?en verdad confiamos en que no sea una fake new.

8. Con base en lo expuesto en la presente carta, ciñéndonos a la Constitución y la ley federal citadas, le solicitamos atentamente el ejercicio de nuestro derecho de réplica, no solo publicándola en los mismos medio, formato, distribución virtual y destinatarios, sino reconociendo expresamente la falsedad de la información, así como la evidente falta de estándares de calidad editorial y ética que propiciaron esto.

Atentamente

Colectivo de La Voladora Radio 97.3 fm
y La Voladora Comunicación, AC

Por Raúl Romero

La noche del 5 de diciembre de 2011, un grupo de 12 personas salimos de la Ciudad de México con rumbo a la comunidad nahua de Santa María Ostula, en Michoacán, México. El grupo estaba integrado por periodistas, activistas sociales y estudiantes. El viaje era parte de las muchas caravanas que por aquellas fechas organizó del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD).

Desde que salimos de la Ciudad de México fuimos escoltados, a solicitud nuestra, por una patrulla de la Policía Federal. Teníamos razones para demandarlo. En las semanas anteriores dos compañeros habían sido asesinados: Nepomuceno Moreno -un padre que buscaba a su hijo desaparecido- en Hermosillo, Sonora y Pedro Leyva Domínguez, perteneciente a la Comisión por la Defensa de los Bienes Comunales de Santa María Ostula y vocero de su comunidad ante el MPJD. Desde luego también nos sentíamos incómodos y temerosos: en nuestra experiencia eran las mismas fuerzas del Estado quienes antes nos habían reprimido y amenazado. Adoptábamos la medida supuestamente para “aumentar los costos políticos” en caso de que algo nos pasara.

El 6 de diciembre por la tarde, luego de haber viajado durante toda la noche y parte del día, paramos en Xayakalan, comunidad en resistencia contra el crimen organizado, las empresas extractivas y el Estado mexicano. Xayakalan se ubica a unos kilómetros de Ostula. Ahí convivimos con gente de la comunidad y Trinidad de la Cruz Crisóforo, Don Trino -uno de los principales líderes de la resistencia comunitaria-, nos explicó la importancia de la región para la economía nacional. Supimos así de lo estratégico que era tener el control del puerto Lázaro Cárdenas.

Luego de caminar a las orillas del mar y por los plantíos de jamaica, nos informaron que era momento de trasladarnos para Ostula, donde participaríamos como observadores de una asamblea comunitaria. No llegamos a nuestro destino final. La camioneta en la que viajábamos fue interceptada por 4 sicarios. Ellos, con el rostro cubierto y apuntando sus armas contra la camioneta, nos ordenaron detenernos y abrir las puertas. Yo estaba en el asiento de copiloto, así que me ordenaron descender. Estaba aterrado, no sabía cómo reaccionar; pero el disparo al aire de uno de ellos me hizo actuar automáticamente y obedecer.

Nuestros captores abordaron la camioneta e identificaron a Don Trino. Luego encañonaron al chofer y al resto nos amontonaron en la parte trasera. Ordenaron conducir por una ruta que al parecer ellos conocían bien. Empezaron las amenazas directas contra Don Trino, pero también la intimidación contra el resto del grupo. Cruzamos la carretera e ingresamos por una vereda que nos llevó a las orillas de un cerro. Para ese momento, la patrulla de la Policía Federal ya no estaba: nos había abandonado desde nuestra llegada a Xayakalan.

Al llegar a una zona donde la camioneta no podía avanzar más, nos ordenaron a todos y todas salir y tirarnos boca abajo. Nos quitaron los celulares y empezaron a interrogarnos. Algunos podíamos sentir los cañones fríos de sus armas sobre nuestras cabezas. La guerra, esa palabra compuesta de seis letras, cobró un sentido diferente aquel día. Y es que hablar de la guerra y vivir la guerra en el cuerpo, en carne propia, en el territorio, es completamente distinto.

Oímos como separaban a Don Trino del resto del grupo. Escuchamos como lo torturaban, los golpes, los lamentos. Entre los pocos enunciados que Don Trino podía articular a causa de la violencia, uno fue muy claro: “a ellos déjenlos ir, ya me tienen a mí”.

Minutos después, uno de nuestros captores se alejó para comunicarse por radio. A su regresó giró las instrucciones: nosotros debíamos abordar la camioneta en la que viajábamos, tomar la ruta que nos indicaron y no detenernos. Nos alertó de que seríamos vigilados por varias camionetas en nuestro trayecto: “Si se detienen, disparamos. Si avisan o hacen contacto con alguien, disparamos”. La amenaza también incluía un “hacerlos volar” en caso de no seguir las ordenes. Podíamos irnos, pero ellos se quedaban con Don Trino.

Al día siguiente, el 7 de diciembre, llegamos muy temprano a la Ciudad de México para enterarnos que habían encontrado sin vida y con huellas de tortura el cuerpo de Don Trino.

Don Trino no ha sido la única víctima de Santa María Ostula. En el Espejo 1 del Congreso Nacional Indígena (CNI) se cuenta como en toda la costa nahua de Michoacán, “la ambición sobre las riquezas naturales ha sido motivo desde el año de 2009 de 31 asesinatos y 5 desapariciones a manos de los Caballeros Templarios que dependen de la corrupción en las estructuras del mal gobierno, que han protegido el despojo de tierras comunales por supuestos pequeños propietarios que son a su vez cabezas del crimen organizado en la región, el saqueo ilegal de minerales y maderas preciosas para después ser exportadas por empresas trasnacionales chinas desde los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas que administra el mal gobierno”.

Ostula es prueba de ese triángulo devastador que forman el crimen organizado, las empresas extractivas y los gobiernos corrompidos; triangulo que hoy impera en casi todo el territorio nacional. Y digo “casi todo” porque es solamente ahí donde los pueblos y comunidades han decidido autogobernarse, hacerse cargo de su seguridad y justicia, y autoadministrar su territorio, donde ese triángulo no opera.

Por eso cuando el CNI llama “a los pueblos originarios y a la sociedad civil a organizarnos para detener esta destrucción, fortalecernos en nuestras resistencias y rebeldías, es decir en la defensa de la vida de cada persona, cada familia, colectivo, comunidad o barrio”, nos invita a construir algo mucho más profundo y radical que una candidatura.

En diferentes intervenciones, las y los compañeras del CNI han dicho que el objetivo de participar mediante una candidatura independiente en el proceso electoral de 2018, tiene el objetivo de visibilizar la guerra contra los pueblos y de dar cobertura frente a la intensificación de la represión por parte del Estado-Empresas extractivas-Crimen organizado. Igualmente, nos han señalado que el interés es articular, desde abajo y a la izquierda, una fuerza anticapitalista que se proponga, como objetivo a largo plazo, desmontar el capitalismo.

Al mismo tiempo, mediante la propuesta de un Concejo Indígena de Gobierno, el CNI nos invita imaginar y construir una forma nueva de gobierno para México, un gobierno colectivo en el que comunidades, municipios, estados y regiones se articulan y deciden, es decir, llevar a todo el territorio nacional la máxima de que el pueblo manda y el gobierno obedece.

Este 29 de junio se cumplen ochos años de la fundación de la encargatura Xayakalan. Ocho años de resistencia, de defender la vida frente a la muerte que el capitalismo impone. Xayakalan es ejemplo de dignidad rebelde, de esa que el Concejo Indígena de Gobierno (CIG) quiere sembrar y articular por todo el país.

Ahora es el tiempo de los pueblos, de los y las de abajo. Es el tiempo de la rebeldía, de la vida. Toca juntarnos y seguir construyendo a lado del CIG ese otro mundo posible. Es nuestro tiempo. Quizás no haya otro.