El grupo paramilitar OPDIC y Policías Estatales responsables de 6 ejecuciones extrajudiciales, 2 desapariciones forzadas y 36 familias en desplazamiento forzado.

El 25 de septiembre de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobó el Informe de Admisibilidad No. 264/20 con relación a la Petición 1594-10 Pedro Núñez Pérez y Otros (Masacre de Viejo Velasco),¹ ocurrida en el marco de una estrategia violenta de despojo territorial emprendida por el Estado mexicano contra comunidades indígenas tseltales y choles, asentadas en la Selva Lacandona, en Chiapas, México.

El 22 de noviembre de 2006, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A. C. (Frayba) solicitó a la CIDH medidas cautelares para garantizar la vida e integridad de los señores Mariano Pérez Guzmán, Antonio Peñate López, Miguel Moreno Montejo y Pedro Núñez Pérez. Estas personas fueron desaparecidas de manera forzada el día 13 de noviembre de 2006, por el grupo paramilitar Organización Para la Defensa de Derechos Indígenas y Campesinos (OPDIC),² acompañado de Policías Estatales y otros servidores públicos cuando se desalojó a las familias que vivían en la comunidad Viejo Velasco, municipio de Ocosingo. Frente a la ineficacia de la Fiscalía del estado de Chiapas para efectuar la investigación y poder dar con el paradero de las personas desaparecidas, los familiares y una Comisión Civil de Observación asumió la búsqueda. El 6 de julio del 2007 encontraron restos óseos en la ruta que va de la comunidad Paraíso hacía Viejo Velasco. Con el apoyo del Equipo Argentino de Antropología Forense se logró la identificación de los restos de Miguel Moreno Montejo y Pedro Núñez Pérez.

Además de la desaparición forzada de cuatro personas, ese día también fueron ejecutadas María Núñez González (quien se encontraba embarazada), Filemón Benítez Pérez, Antonio Mayor Benítez Pérez y Vicente Pérez Díaz. En este mismo hecho, fueron privadas de forma arbitraria de su libertad Petrona Núñez González y Diego Arcos Meneses y torturadas por parte del grupo paramilitar OPDIC. A consecuencia de la afectación psicológica que vivió, Petrona Núñez González falleció en el 2010.

Actualmente, 36 personas de la comunidad Viejo Velasco se encuentran en desplazamiento forzado sin ninguna garantía para su retorno y cuatro integrantes del Comité de Defensa de las Libertades Indígenas Xinich cuentan con órdenes de aprehensión acusados injustamente de cometer la Masacre.

El 5 de octubre de 2010, la CIDH cerró la medida cautelar y la petición de demanda al Estado mexicano dio trámite. En dicha demanda se señala su responsabilidad internacional por las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, torturas, privación arbitraria de la libertad y órdenes de aprehensión irregulares a consecuencia de la Masacre de Viejo Velasco.

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Grupo invasor y violento provoca agresiones recurrentes y actos de provocación en contra de habitantes de la Colonia Arenero Nueva Esperanza en Tonalá, Chiapas

Áreas verdes invadidas.- Arenero Nueva Esperanza

El 01 de Noviembre un grupo de alrededor 30 personas liderado por Fernando Arreola y Rosalinda Quevedo Sandoval invadió la zona asignada para Áreas Verdes en la Colonia Arenero Nueva Esperanza, que desato una ola de agresiones  y amenazas constantes en contra de colonos, poniendo en riesgo la vida y la integridad física de mujeres, niños, jóvenes y hombres.

El día 20 de Noviembre alrededor de las 20:00 horas, el defensor de los Derechos Humanos Nataniel Hernández había ido a documentar la situación en la colonia, y llevar a cabo una reunión informativa sobre la problemática, cuando un grupo de personas que portaban palos, arma de fuego, y arma blanca lo emboscaron sobre la calle Belisario Domínguez y Callejón 10 de mayo al interior de la Colonia Arenero Nueva Esperanza, provocando daños al vehículo en el que se transportaba con su familia, amaneándolo de muerte, bajo el argumento que tienen el poder y apoyo de las autoridades para actuar de forma violenta y evitar que los saquen de las áreas verdes invadidas en donde se pretende construir un parque recreativo, escuela, cancha deportiva y jardín.

Ante el clima de violencia y despojo provocado por este grupo se han solicitado medidas precautorias y buscar una solución de fondo al conflicto ante  la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al Mecanismo de Protección de Defensores, Delegación de Gobierno, y Ayuntamiento Municipal de Tonalá,  sin embargo dichas medidas no se han implementado y esto ha originado una ola de actos de confrontación, amenazas, desprestigio, difamaciones, calumnias, y agresiones físicas.

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Unas horas después del desalojo del plantón de Apatlaco, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos-Puebla-Tlaxcala demostró en conferencia de prensa que aún existen amparos vigentes en comunidades y ejidos que se oponen a la conclusión de la infraestructura relacionada con el Proyecto Integral Morelos (PIM). Esta misma tarde, organizaciones y colectivxs se concentrarán a las Puertas del Palacio Nacional, y la tierra zapatista está lista para seguir defendiendo su legado campesino de dignidad y trabajo. ¡Zapata y Samir viven! ¡La lucha sigue!

Escucha/ve la rueda de prensa aquí:

Pruebas del FPDTA-MPT sobre los 10 amparos de suspensión -más otros 9 sin suspensión pero aún vigentes- concedidos a comunidades y ejidos como Huexca, Amilcingo, Tenextepango, Lorenzo Vazquez, Chinameca, Zacapalco y Los Hornos; lo cual tornaría ilegal la consecución de la construcción del Proyecto Integral Morelos.

Evaluación y primeras impresiones del FPDTA-MPT ante el desalojo del plantón de Apatlaco, Morelos.

Participación de Carlos González en la rueda de prensa del FPDTA-MPT

Comunicado FPDTA-MPT

23.11.2020

ALERTA: Como ladrones llega la GN en la madrugada a desalojar el plantón de Apatlaco que mantiene detenida la culminación de la termoeléctrica de Huexca y el Proyecto Integral Morelos (PIM)

• 17 ejidos y comunidades que llevan procesos de defensa contra el PIM han promovido una solicitud de Medidas Cautelares ante la CIDH.
• Aprovechan la contingencia de COVID-19 para imponer el PIM

Alrededor de las 2.15 am cerca de 300 elementos de la Guardia Nacional (GN) desalojaron el plantón que, de ambos lados del Río Cuautla, sostenían desde hace 4 años los ejidos de Ayala, Morelos en defensa del agua para evitar sean despojados del vital líquido. Seguido de la GN llegaron las máquinas y trabajadores para reiniciar los trabajos del acueducto y comenzaron a colocar paredes de lámina para evitar el libre tránsito y el derecho de defensa y manifestación de quienes son agraviados por este megaproyecto de muerte.

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Por Ñani Pinto

Cerca de 300 elementos de la Guardia Nacional (GN) desalojaron el plantón que desde hace cuatro años mantenían los ejidos de Ayala, Morelos, para evitar el despojo del agua por las obras de infraestructura del Plan Integral Morelos (PIM).

El plantón fue removido alrededor de las 2:15am para dar paso a las máquinas y trabajadores para reiniciar los trabajos del acueducto del PIM.  Aunado al desalojo, también colocaron paredes de lámina para bloquear el libre tránsito y el derecho a la manifestación de los integrantes de la oposición al megaproyecto.

Al cierre de esta edición, ejidatarixs del oriente de Morelos bloquean la carretera de Cuautla a Anenecuilco, en un contexto de fuerte despliegue policíaco con sobrevuelo de helicópteros incluido.

Traición

Un comunicado firmado por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala, enfatiza que “Hoy se culmina la traición de López Obrador al pueblo campesino de Morelos y pueblos originarios que son afectados por el Proyecto Integral Morelos”.

En la denuncia del Frente también se subraya que el presidente ha mentido al señalar que todos los recursos de amparo han sido resueltos, con lo cual pretende legitimar las acciones de represión contra los ejidatarios de Morelos.

“Hay vigentes al día de hoy 19 amparos, 9 con suspensiones del agua, 1 con suspensión del gasoducto y 1 con suspensión para que no contaminen el Río Cuautla con las aguas de purga de la termoeléctrica. Y hoy el presidente de la República ordena realizar el robo del agua de los ejidos de Ayala, cuna del zapatismo y agrarismo mexicano”, denuncia el comunicado del Frente.

La representación de 17 de los ejidos y comunidades de Morelos que llevan procesos legales en defensa de sus derechos a la tierra, agua, medio ambiente y seguridad también han solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que requiera al Estado mexicano la aplicación de medidas cautelares bajo el expediente MC-1056-20.

Bajo dicho proceso, lxs campesinxs exigen al gobierno Mexicano el respeto a la integridad física de quienes se oponen al PIM, el derecho de libre manifestación, así como la suspensión del PIM como resultado de los amparos “que evitan la afectación de los derechos patrimoniales de pueblos originarios y ejidos, y por la oposición y violación histórica a los derechos humanos generada por este proyecto, así como revise la imparcialidad y profesionalismo de los jueces y autoridades vinculadas al proyecto”, explica el comunicado ante el desalojo.

Lxs ejidatarixs detallaron que el desalojo para dar paso a la termoeléctrica no es en beneficio para el pueblo de México, pues el país ya tiene una capacidad de generación eléctrica 40% mayor a la que necesita, en cambio la medida de reactivar el proyecto del PIM es en beneficio de empresas trasnacionales.

“Hoy como Madero hace 109 años, López Obrador, traiciona al campesino y la promesa de cambio de su gobierno, para favorecer a las empresas transnacionales Saint Gobain, Nissan, Burlington, Continental, Elecnor, Enagas, Gas Natural del Noreste, las empresas mineras canadienses como Alamos Gold, entre otras”, enfatiza el comunicado del Frente.

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala denunció que el gobierno federal aprovecha la contingencia generada por el virus COVID-19 para imponer el megaproyecto del PIM “de manera multitudinaria con el ingreso de cientos de elementos de la GN que forzan a confluir a igual número de campesinos que defienden sus derechos agrarios”.

A continuación, puedes consultar el comunicado completo

Estimadas compañeras y compañeros de la comunidad Wixárika y Tepehuana/Tepecana de San Lorenzo de Azqueltán(CNI-CIG) en Jalisco, México.

Los colectivos, organizaciones e individ@s que firmamos esta carta, celebramos y nos solidarizamos con la digna lucha de su pueblo en el Séptimo Aniversario de la consolidación de la comunidad Autónoma de San Lorenzo de Azqueltán los próximos 21 y 22 de noviembre. Mantenemos nuestra mirada en cada uno de sus proyectos autónomos y con fuerza les animamos para que, en la defensa de su territorio y su forma de vida, prosigan organizándose.

Debido a la situación actual de la pandemia, entendemos que el riesgo es demasiado alto para que podamos asistir a su próxima celebración. Esperamos poder acudir a la inauguración de su Clínica Autónoma cuando la situación mejore. Acompañaremos sus rezos en solidaridad desde nuestra geografías mientras celebran su aniversario con su ceremonia tradicional.

Aprovechamos esta ocasión para denunciar toda la represión que ha sufrido la comunidad recientemente. Sabemos que durante su resistencia en defensa de la madre tierra y en la construcción de su autonomía, han sufrido secuestros, ataques armados y amenazas de muerte, todo ello con el objetivo de intimidar a lxs miembros de su comunidad para que cedan las tierras que han cultivado durante siglos. Estas tierras sagradas le pertenecen a su comunidad, cuentan con un título de propiedad desde 1733. Repudiamos las acciones de los ricos y del mal gobierno que impide el reconocimiento de este título y que se dedica a despojar la tierra de la comunidad.

Los siguientes ataques son muestra de las represalias y discriminaciones que atentan contra los esfuerzos de la comunidad para proteger su territorio y hacer valer sus derechos como comunidad indígena autónoma, incluida la elección de autoridades comunales y la recuperación de tierras invadidas. Por el contrario, las diferentes instancias de gobiernos buscan la represión y el desplazamiento. La maquinaria del gobierno municipal, con el supuesto fin de abrir una carretera cerca del sitio sagrado de Los Pilares, ha ido invadiendo y destruyendo cercas en las parcelas agrícolas de varios comuneros.

• Hace un año, el 3 de noviembre de 2019, antes de la prevista celebración del sexto aniversario de la comunidad autónoma, el presidente del consejo de seguridad Noé Aguilar Rojas, y otros dos comuneros fueron brutalmente golpeados, lo que obligó a postergar la celebración. Cuando los heridos llegaron al hospital, fueron discriminados y se les negó la atención médica.
• El 10 de enero de 2020, Jesús Manuel Aguilar Hernández, defensor de la tierra y miembro del Congreso Nacional Indígena, recibió un disparo con un arma calibre 38 por parte de Flavio Flores alias “La Polla” un ganadero local conocido como cabecilla de los acaparadores de tierras.
• El 22 de marzo, Camerino Márquez Aguilar y Genaro González Bañuelos, dos hombres ancianos de la comunidad, fueron atacados una vez más por personas al servicio de Flavio Flores (“La Polla”) y por empleados del gobierno municipal de Villa Guerrero, Jalisco: Teódulo Pérez Martínez junto con Abram Pérez Bañuelos, Jairo Pérez Bañuelos y Aldo Herrera González.

A pesar de que estas personas han sido denunciadas en diversas ocasiones, en lugar de ser detenidos, han contado con el apoyo del gobierno municipal de Villa Guerrero, que no ha tomado acciones para sancionarlas, sino que ha fomentado la violencia y el enfrentamiento. Esta postura del gobierno a todos los niveles es consistente dentro de un estado capitalista racista y neoliberal que ha intentado a través de diversos medios despojar a los pueblos originarios. Entre otras estrategias de despojo, el gobierno intenta romper la propiedad comunal y crear la propiedad privada individual para que las tierras de los pueblos originarios puedan venderse y ponerse a disposición para proyectos extractivos capitalistas que saquean los recursos naturales y dejan la tierra destruida y empobrecida.

Las comunidades indígenas autónomas como la Comunidad Autónoma Indígena de San Lorenzo Azqueltán están en la primera línea de la resistencia, son un ejemplo para tod@s nosotr@s.

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Rompiendo Fronteras. 
PERÚ: Revueltas en Perú. Cronología de presidentes en Perú . Las protestas populares contra la corrupción denuncian los abusos de los politicos.
Radiotemblor.org

SAHARAHUIS: El frente Polisario se defiende. Se ha terminado el alto al fuego, Marruecos ataco de forma atroz a manifestantes pacíficos saharauis siendo que anteriormente tenían una cuerdo de no violencia. Por lo cual la comunidad Saharaui internacional pidió una respuesta ante las agresiones.
kaosenlared.net

EUA MUMIA: Entrevista a Amigos de Mumia Mx sobre jornada del 9 de diciembre 39 años de prisión del activista y periodista Mumia Abu Jamal. Las jornadas anti carcelarias ante la Pandemia.

Breves
POLONIA El gobierno de ultra derecha PiS atenta contra los derechos de las mujeres. Decenas de miles de mujeres siguen defendiendo sus vidas, sus cuerpos, sus voluntades.

GUATEMALA : Fuertes protestas contra la corrupción, también se quemó el Congreso. El pueblo exige la renuncia de Giammattei y de Castillo, el veto del presupuesto asesino, la renuncia de los 111 diputados que votaron a favor del presupuesto asesino, que el CACIF deje de gobernar el país y la convocatoria a una Asamblea Constituyente Plurinacional
FGER Y REDTZIKIN

Desde el ombligo del monstruo

CDMX: Lucha por la Vida
Rodadas blancas y solidarias. JumpPerez de Los Trollingstones

CIENFUEGOS: Retiran los cargos contra el Ex Secretario de la defensa Salvador Cienfuegos, la justicia es acribillada por los gobiernos de México y E.U.

MUJERES CANCUN El 9 de noviembre la policía y guardia nacional reprimieron a balazos y macanazos una manifestación mixta en la fiscalía de Cancun, la manifestación fue por el hartazgo ante la impunidad y sadismo feminicida.

ZAPATEANDO LA NOTICIA
La Comunidad OTOMI rechaza la actitud dilatoria de las autoridades locales y federales en la #TomaINPI
EZLN cumple años 29 años de su fundación un 17 de Noviembre
EUROTOUR Colectivos europeos se organizan para la gira del EZLN y el CNI en Europa
CHIAPAS: Continuan los ataques paramilitares a comunidades indigenas en Chiapas frayba

Breves
MEXICO NORMALES RURALES: El gobierno de la 4T dice defender a las escuelas normales  pero les ha hecho el recorte presupuestal más grande de su historia, les normalistas marchan en la CDMX para exigir que se mantengan los 461 millones de pesos y no los 20 mdp que quiere ofrecer el gobierno.

TABASCO: Inundar primero a los pobres y la responsabilidad del organizador del Tren Maya

CDMX: Encuentro Antifascista

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal
Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.

22 de noviembre de 2020

Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A las y los defensores de los derechos humanos
A los medios libres y alternativos
A los medios de comunicación nacional e internacional
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Estamos exactamente a un mes de que se cumplan 23 años de impunidad e injusticia por la masacre de nuestros 45 hermanos y hermanas, más 4 bebés que aún no nacían. Ellas y ellos no tuvieron más delito que ser parte de una comunidad valiente, sin armas de fuego y organizada como pueblo creyente, que rezaba y ayunaba aquí en Acteal, clamando a Dios por paz con justicia y dignidad para su pueblo, pues se habían negado a colaborar con quienes querían acabar con la lucha zapatista y con toda semilla de rebelión e inconformidad contra el gobierno, por medio del terror y la violencia.

Desde al menos 7 meses antes de la Masacre, ya habíamos denunciado que el gobierno entrenaba y financiaba grupos armados que nos tenían amenazados de muerte y habían quemado varias de nuestras casas, robado nuestras pertenencias y cultivos, obligando a muchas de nuestras familias a huir de nuestros hogares para ponernos a salvo, en medio del frío, la lluvia y el lodo. Pero todos estos actos violentos quedaron en la impunidad, pues las autoridades federales, estatales y municipales estaban de acuerdo en esta estrategia que llamaron Plan de Campaña Chiapas ‘94. Desde hace 23 años, estos son crímenes que no se persiguen ni se castigan en Chiapas.

Vemos con muchísima preocupación que lo mismo está pasando ahora, con nuestros hermanos de Aldama y Santa Marta que están viviendo escondidos en el monte o debajo de los cafetales para huir de los disparos diarios con armas de alto poder que se están tendiendo sobre sus casas y milpas. Pero lo que nunca se habían visto en Chiapas son los disparos contra una camioneta con voluntarios de organizaciones de la sociedad civil que llevaran víveres para mujeres, niños, niñas, ancianos y ancianas desplazados y damnificados por las lluvias torrenciales.

Nos indigna el ataque a la caravana organizada por el Fisanim y Cáritas, que llevaba ayuda humanitaria a las y los desplazados de Aldama el pasado 18 de noviembre, donde fue herida en la pierna nuestra hermana religiosa Chabelita, por una bala de grueso calibre. Sabiendo que por el exceso de lluvias los cerros se están desgajando, que los pocos árboles que nos quedan en las comunidades se están derrumbando, el gobierno y los agresores saben que los desplazados pueden morir con este mal clima, pasando frío, hambre y enfermedades, así que este ataque para boicotear la ayuda vital que se les llevaba, es especialmente cruel. Y más aún, no podemos entender cómo un gobierno que se dice de “los pobres” permita estas agresiones.

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Desde la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana, exigimos el cese inmediato de las agresiones armadas contra el pueblo maya tsotsil del municipio de Aldama, Chiapas, así como un alto al contexto de violencia e impunidad.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A. C. (Frayba) ha denunciado las constantes agresiones armadas que mantienen a 3,499 personas en desplazamiento forzado y en las que han resultado 29 personas heridas y 6 asesinadas, en al menos 997 agresiones armadas documentadas entre marzo de 2018 al 19 de noviembre de 2020.

La situación de desplazamiento forzado y agresión armada es alarmante, puesto que las personas son atacadas cuando se dirigen a sus labores cotidianas, se ven obligadas a abandonar sus hogares ya sea de manera intermitente o permanente. Los caminos se han vuelto peligrosos y se dificulta el acceso a la zona para las y los periodistas, personas defensoras de derechos humanos y personas que llevan ayuda humanitaria y víveres a las familias desplazadas, en el marco de una crisis alimentaria profunda. Es importante resaltar que los impactos de esta crisis son de tal gravedad que pueden equipararse a los efectos psíquicos, físicos y comunitarios generados por la tortura y los tratos o penas inhumanos o degradantes, debido a la angustia y desesperación provocadas por la impunidad y la continuidad de las violaciones de derechos humanos.

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Por Sare Fabres

El pasado miércoles 18 de noviembre, personas armadas agredieron a un grupo de ayuda humanitaria que se encontraba en la comunidad de Tabak, en el municipio de Aldama. De acuerdo a testimonios, los agresores eran civiles armados provenientes de Santa Martha, municipio de Chenalhó, en la región de los Altos de Chiapas.

Tabak es una de las poblaciones que conforman el municipio de Aldama y una de las más agredidas en una serie de sucesos violentos en el contexto de una disputa territorial por 60 hectáreas en la colindancia común al municipio vecino de Chenalhó.

En contexto ⇒ Continúa ataques paramilitares en comunidades de Chiapas

De acuerdo con un reporte de la Comisión Permanente de los 115 Comuneros Desplazados del municipio de Aldama, la última agresión ocurrió después del mediodía del pasado miércoles. En el ataque resultó herida por bala de alto calibre la religiosa María Isabel Hernández Rea, agente pastoral de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas.

Las personas agredidas formaban parte de una comitiva de voluntarios, integrada por Cáritas de la Diócesis de San Cristóbal y el Fideicomiso para la Salud de la Niñez Indígena de México (Fisanim). Dicho grupo tenía como objetivo llevar víveres para las familias desplazadas desde hace meses debido a la violencia paramilitar en la región.

La denuncia enfatiza que “los ataques son todos los días sin excepción desde hace semanas” y son perpetrados por grupos en posesión de armas de uso exclusivo del Ejército. Recientemente, la Comisión también informo que durante la semana del 8 al 13 de noviembre de 2020, se intensificaron los ataques armados en contra de las comunidades tzotziles de Aldama, en el contexto del inicio de la temporada de cosecha de café, en medio de la Emergencia Sanitaria por COVID-19 y las afectaciones por las lluvias en el sureste mexicano.

La Comisión reportó ataques a las comunidades de Xuxch’en, Koko’, Tabak y San Pedro Cotsilnam, en Aldama. Los disparos provienen de los puntos conocidos como: El chino, Tocoy, Slumka, Telesecundaria, Tojtik, El Volcán, Tulantik, El Rancho, Alcantarilla y T’elemax, en Chenalhó.

Sólo entre julio y agosto de este año 2020, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) reportó 54 ataques con armas de alto calibre en contra de diversas poblaciones de Aldama. Antes de las últimas agresiones y desde marzo de 2018, se contabilizaban más de 300 ataques contra las comunidades de Aldama.

Los integrantes de las familias desplazadas enfatizaron que los disparos mas recientes contra la comunidad de Tabak ocurrieron mientras elementos de la Guardia Nacional y la policía estatal se encontraban patrullando el área.

Leer también ⇒ En Chiapas, desplazamiento forzado con la complicidad de autoridades locales

A través de un comunicado el Pueblo Creyente de las siete zonas pastorales de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas,Chiapas de mandó que“Ya basta de solapar estas acciones violentas. Exigimos a los tres niveles de Gobierno que se esclarezcan los hechos y se castiguen a los responsables, intelectuales y materiales de este ataque, que se garantice la seguridad de la población vulnerable en las comunidades en el Estado de Chiapas, el desarme de estos grupos armados”.

La misma mañana del miércoles se reportaron balaceras en el poblado de Cotzilnam, Aldama y tras el ataque al grupo de ayuda humanitaria, también se registraron disparos contra la población de Xuxch’en.

Por su parte, la actriz Ofelia Medina, quien encabeza Fideo, enfatizó la gravedad de la emergencia humanitaria debido a los desplazamientos por la violencia paramilitar y ahora por las afectaciones climáticas provocadas por las lluvias torrenciales que han azotado al sureste mexicano y Centroamérica.

“Esta es una acción criminal, no habíamos podido acercarnos a llevarles tan necesitado alimento, la gente está en una situación de emergencia alimentaria porque los balazos son diarios sobre esta comunidad y todas las de Aldama. Ahora nos armamos de valor y dijeron las compañeras que iban. Se organizó el viaje, se entregó el alimento y fueron balaceados. Creo que debemos unir fuerzas e indignaciones para que esta situación se detenga ya.”

“Cabe señalar que los gobiernos estatal de Rutilio Escandón Cadenas y el federal de Andrés Manuel López Obrador han sido omisos ante los constantes llamamientos para cesar las agresiones armadas a comunidades del pueblo maya tzotzil de Aldama, las cuales sobreviven al asedio que incrementa la crisis de derechos humanos, especialmente la alimentaria y de salud”, manifestó el Frayba frente a la impunidad con la cual se mantienen operando los grupos paramilitares de la región.

Al cierre de la edición de esta nota continúan los reportes de ataques armados contra las comunidades de Yeton y Ch’ivit Aldama.

Foto de portada: Luis Aguilar / Frayba