La Cámara de Diputados aprobó el pasado 20 de abril el dictamen que expide la Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, el cual fue enviado al senado para ser discutido y aprobado. La ley debe ser aprobada hasta 30 de agosto de 2021 por el Congreso de la Unión, de acuerdo a la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El objetivo, según el propio dictamen, es establecer los principios, normas, instituciones y procedimientos para garantizar el derecho a la consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos. El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, expresó la importancia de la aprobación de una ley que “tanta falta hacía a los pueblos indígenas y afromexicanos para que se garantice su derecho a la consulta”.
A pesar del festejo alrededor de la iniciativa por parte de organizaciones y del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, “esta aprobación será recordada por los pueblos originarios como un acto de justicia”, definió Regino Montes, movimientos sociales y especialistas alertan sobre las incoherencias y peligros de ser aprobada una ley de consulta.
Para el integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), Miguel Mijangos, la reglamentación involucra actores e intereses que van más allá de la garantía de los derechos de los pueblos. “Es un tema que lleva años siendo impulsado por el propio sistema financiero bancario y por ende manejado por las empresas, los gobiernos”.
A estos sectores les interesa crear mecanismos que den seguridad jurídica a sus megaproyectos. “El capitalismo anda cada vez más enfocado en el modelo extractivo y le urge un mecanismo para seguir validando el despojo”, argumenta.
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¡VAMOS A CAMBIAR ESTE PAÍS! Son muchos años viviendo en una mentira, en la inequidad, con hambre, sin techo, asesinaxs, heridxs, desaparecidxs, oprimidxs… Es mucha la impotencia y la indignación generalizada y acumulada, es el momento histórico donde la verdad está siendo revelada, la tormenta que cambia todo de lugar… Es la fuerza, la unión y el amor, en resistencia a la opresión, con la confianza profunda en que lograremos el cambio, lo que nos está manteniendo en pie de lucha, después de 9 días de haber iniciado el #ParoNacionalColombia… ✊? vamos juntxs en el camino que nos llevará a encontrar nuestro poder colectivo que les quitará el poder a lxs de siempre ¡EL VERDADERO PODER ES EL DEL PUEBLO UNIDO LUCHANDO POR LO QUE ES DE TODXS! LUCHEMOS JUNTXS PARA CAMBIAR ESTE PAÍS, COLOMBIA.
¡No queremos más guerra, exigimos DIGNIDAD! ¡VIVA EL PARO NACIONAL!
En Cali desde el 28 de abril del 2021 se llevan a cabo jornadas de paro exigiendo al gobierno y al estado mejores condiciones de vida. Se han creado puntos de concentración y de protesta pacífica, uno de ellos es Puerto Resistencia al sur-oriente de la ciudad. Allí se han reunido vecinos y vecinas y organizaciones sociales que han luchado por muchos años por reivindicaciones para el sector y la población del oriente de la ciudad, del Distrito de Aguablanca. Así pues, la radio alternativa se une y se traslada a este lugar para amplificar las voces. En esta mesa de radio está La Casa Chontaduro, Fundación Lila Mujer, AFRODES, Ressitencia Antiracista y otras voces más.
La Diócesis de San Cristóbal de Las Casas (Diócesis de San Cristóbal) y El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. (Frayba), lamentamos profundamente la situación crítica que vive el municipio de Venustiano Carranza derivado de la creciente violencia.
El día de hoy aproximadamente las 17:30 horas, se inició un enfrentamiento entre la Organización Campesina Emiliano Zapata – Casa del Pueblo (Casa del Pueblo) y la Organización Alianza de Comuneros Indígenas Tsotsiles San Bartolomé de Los Llanos (Alianza San Bartolomé) en el municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, México.
Los hechos que se reportan hasta el momento son de un muerto, Adolfo López Vázquez y un herido de nombre José Manuel Solano Martínez por parte de la Alianza San Bartolomé y al menos cuatro heridos de la Casa del Pueblo.
En la documentación realizada con ambos grupos nos hacen constar que por lo menos desde el año 2019, han estado dialogando con el gobierno de Chiapas, sin que las acciones de los funcionarios abonaran a la solución y distensión de este problema, que el gobierno de Rutilio Escandón dejó crecer.
Es preciso señalar que la situación crítica empezó el 25 de abril de 2021, cuando los señores Corazón Vives Ruiz y Elías Vázquez Gómez de la comunidad Paraíso del Grijalva de la Alianza San Bartolomé fueron detenidos por integrantes de la Casa del Pueblo debido al brecheo de las tierras en disputa.
Por disponibilidad de la Casa del Pueblo, el día de hoy una comisión conjunta de la Diócesis de San Cristóbal y del Frayba documentamos la situación de la salud e integridad física y emocional de los detenidos; después de nueve días sin la acción eficaz del gobierno, para el diálogo entre las partes que pudiera propiciar su liberación.
La Diócesis de San Cristóbal y el Frayba hemos intervenido para alertar esta situación e insistimos que la única forma de solucionar los problemas es a través del diálogo con la disponibilidad de las partes y con la voluntad del gobierno de actuar en su responsabilidad para atender el problema de fondo, que es principalmente agrario.
Esta situación se ha originado debido a la problemática territorial existente desde 1970 y que en gran parte el Estado mexicano tiene responsabilidad en la administración de dicho conflicto.
Hacemos un llamado a la Casa del Pueblo y a la Alianza San Bartolomé para que favorezcan un proceso de diálogo con actores que ellos crean convenientes para tal efecto y dejar a un lado la violencia que está ocasionando hechos de difícil reparación.
La Diócesis de San Cristóbal y el Frayba hacemos un llamado a los tres niveles de gobierno para que intervengan de manera inmediata y urgente en la solución agraria, base del conflicto, además de propiciar condiciones de diálogo para generar acuerdos entre las partes, así como realizar las acciones para que cesen las agresiones armadas en la zona ya que existe un alto riesgo a la vida e integridad de mujeres, niñas, niños y hombres habitantes del municipio de Venustiano Carranza.
*—*
San Cristóbal de La Casas, Chiapas, México
04 de mayo de 2021
Pensando en sus pasajeros, como debe de ser, el capitán Ludwig recomendó salir el día 2 en la tarde. El oleaje previsto para el día 3 iba a hacer sufrir a l@s noveles mariner@s más de la cuenta. Por eso el capitán propuso adelantar la salida para las 1600 horas del segundo día del quinto mes.
El Subcomandante Insurgente Moisés le escuchó con atención y estuvo de acuerdo. Así que, ahora que se acostumbra usar la palabra “histórico” para cualquier cosa, es la primera vez que el zapatismo realiza algo programado antes de lo anunciado (por lo regular nos colgamos y empezamos tarde). Ergo: es algo histórico en el zapatismo.
Salió entonces el Escuadrón 421 a las 16:11:30 del día 2 de mayo del año 2021. Aquí les presentamos dos informes distintos sobre el mismo tramo de navegación.
Informe del Escuadrón 421 al Alto Mando Zapatista: Itinerario del navío La Montaña. Las horas están dadas en la hora oficial de la Ciudad de México, México (UTC -5).
Día 2 de mayo del 2021. A las 16:11:30, La Montaña inició su travesía a una velocidad aproximada de 4 nudos (1 nudo = 1.852 km/h). A las 16:21:30 tomó rumbo sur sureste y, a las 17:23:04, La Montaña inició una suave curva hacia el oriente. A las 17:24:13 comenzó las maniobras para desplegar todo su velamen. La tripulación, con el apoyo del Escuadrón 421, fue izando las velas. A las 17:34 continuó el viraje y enfiló hacia el Este. Completó la curva a las 17:41, teniendo al norte la punta sur de Isla Mujeres. A esa hora tomó rumbo Noreste, en dirección al Primer territorio libre de América: Cuba. Con el viento a su favor, La Montaña mantuvo velocidades entre los 8 y 9 nudos. A las 23:01, al entrar al llamado “Canal de Yucatán”, su velocidad era de 6 nudos.
3 de mayo. Madrugada.
A las 01:42 con velocidad de 8 nudos, La Montaña se acerca a las costas de Cuba. Referencia: el Cabo de San Antonio. A las 08:18:00, a unas millas al sur del Faro Roncali, pone rumbo al sureste. Velocidad: 5 nudos. A las 10:35:30 da un giro al Nor-norEste. La velocidad sube a 7 y 8 nudos y ráfagas de viento maltratan el velamen. A unas millas al suroeste de Cabo Corrientes, el Capitán decide entrar a la bahía del mismo nombre. A las 13:55 bordea, por la izquierda, Punta Caimán. El 3 de mayo, a las 14:25:15, el Capitán decide fondear frente al poblado cubano llamado “María la Gorda”; latitud 21.8225; longitud: 84.4987; para reparar el velamen afectado y esperar a que el viento amaine.
El día 4 de mayo del 2021, a las 16:55:30, La Montaña reinicia su navegar, ahora con rumbo Oeste-SurOeste, con velocidad de 6 nudos. A las 17:45:30, a la altura del Cabo Corrientes, toma rumbo Sur-Sureste. A las 19:05:30 gira para enrumbar al Este-Noreste.
A las 00:16:15 del 5 de mayo, La Montaña navega a 7-8 nudos. A las 04:56:30, teniendo al norte Cayo Real y Cayo del Perro, el motovelero enrumba a Sur-Sureste. Frente a la costa occidental de la Isla de la Juventud, dibuja dos “Z” sucesivas y a las 12:07:00 navega en paralelo a la costa sur de la mencionada isla, con 5 nudos y en dirección Este. El último reporte recibido es de las 23:16:45 del 5 de mayo: 6-7 nudos con dirección al Este. Se dirige hacia la ciudad y puerto cubano de Cienfuegos, para llegar ahí en el transcurso del día 6 de mayo.
En Cienfuegos, La Montaña habrá de repostar y estacionarse algunos días, para luego seguir su viaje. Se reporta que el Escuadrón 421, en su totalidad, se encuentra bien y adaptándose. Sin “gómitos” y sólo mareos leves.
*305* personas heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional y en particular por el ESMAD. *23* sufrieron lesiones oculares. *47* personas defensoras de DDHH fueron agredidas en el marco de las movilizaciones.
*11* personas fueron víctimas de violencias basadas en género ejercidas por la misma institución.
*18* personas han sido asesinadas presuntamente por el accionar de la Policía _(está cifra es provisional)_.
*988* personas han sido detenidas, gran parte de ellas por medio de procedimientos arbitrarios, siendo sometidas a tortura y/o tratos crueles.
*8* allanamientos que fueron declarados ilegales, incluyendo las capturas asociadas.
Se han presentado *398* denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial.
“[…] íbamos marchando por la Avenida de Los Cerros, cuando empezaron a dispararnos bala, gases … desde un helicóptero también caían gases y todos comenzamos a correr hacia el barrio…”. Así narra un joven del popular Siloé de Cali la situación vivida en la noche del 3 de mayo, cuando se sumaron al alzamiento juvenil que conmociona a Colombia.
Según narra, en procura de proteger la vida se resguardan en sus viviendas o en cualquiera donde encontraban una puerta abierta; Kevin Agudelo, de escasos 19 años de edad, estudiante del Sena y quien hacía parte de la protesta, quien estaba acompañado de su novia, se resguarda en una panadería del barrio donde fue alcanzado por las balas disparadas por sus perseguidores, perdiendo de inmediato la vida.
Las voces de denuncia de los habitantes de este popular barrio caleño indican que otros dos jóvenes también fueron asesinados, pero no tienen sus nombres y la denuncia queda en manos de los organismos de derechos humanos para que la verifiquen, denuncia que indica que los heridos suman más de una decena.
La acción represiva de la policía, acompañada de unidades del ejército, sobre el grupo de jóvenes, permite visualizar que la potencia de fuego era enorme y la decisión tomada de acallar la protesta a como de lugar es evidente, disparando a diestra y siniestra, “en todo el barrio están dando bala”, como si fuera una zona de guerra, comenta uno de sus jóvenes pobladores.
En esta misma ciudad, queda registrada otra evidencia más que relevante sobre la mentalidad militarista que domina a los cuerpos armados del Estado, sin miramiento alguno con los derechos humanos (palabra que les debe sonar extraña), en la manera como “atendieron” una comisión verificadora de la situación que viven algunos de los jóvenes presos y que fueron recluidos en la estación de Fray Damián (ubicada en el centro de la ciudad). Al llegar la misma a este lugar es recibida inicialmente por un policía y luego por otros varios de sus compañeros que con insultos, amenazas, disparos e incluso una bomba aturdidora lanzada por el Esmad, les obligan a retirarse del lugar. Según los atacados lograron salir ilesos por la protección que les prestaron varios “habitantes de calle”. La comisión estaba integrada por delegados de la Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Alta Comisionada de Naciones Unidas, organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil (como la alianza “Defender la libertad Asunto de todas), la Cut, la Arquidiócesis de Cali, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, es atendida inicialmente
Ya son demasiadas las personas asesinadas y heridas en Cali por parte de las fuerzas militares y policiales.
En el 21N de 2019, Duván Villegas, joven caleño, fue atacado por la policía con arma de fuego por la espalda, lo que lo dejó en silla de ruedas. A pesar de este duro golpe, Duván vuelve a las calles, nos inspira para seguir la lucha y nos deja un mensaje de unión, fuerza, resistencia y cuidado individual y colectivo, para poder seguir luchando.
A ustedes hermanas y hermanos que sin vacilar luchan por un país mejor, a ustedes guardianes de la libertad y la vida, a ustedes que cayeron resistiendo, todo nuestro amor y reconocimiento, siempre les llevaremos en el corazón, nunca les olvidaremos.
¡Seguiremos luchando por el país que queremos! ¡Seguiremos luchando por la vida! Cuidémonos entre todxs… paremos la economía en el día y protejamos la vida en las noches, para poder seguir luchando y lograr la transformación.
Organizaciones de derechos humanos en Colombia han denunciado este martes (4) que “el Estado colombiano declaró guerra armada en contra de las manifestaciones pacíficas” que ocurren en todo país, con epicentro en Cali, desde el 28 de abril. La organización Temblores registró hasta hoy al menos 31 manifestantes muertos, 216 personas víctimas de violencia física, 814 detenciones arbitrarias, 21 víctimas de agresiones oculares y 10 casos de violencia sexual.
“A la gente que está protestando le está tirando a matar. A la gente que está llorando su muerto le está tirando a matar. A la gente que está auxiliando a los heridos le está tirando a matar. A la gente de derechos humanos le está tirando a matar. Al pueblo de Cali le están tirando a matar”, sostuvo un defensor de derechos humanos, durante rueda de prensa en la mañana de este martes (4), para denunciar la brutal represión a los manifestantes de Cali en la noche de ayer (3).
“Necesitamos denunciar públicamente que ayer en Cali hubo un despliegue de la policía que utilizó armas de fuego y disparó indiscriminadamente contra cientos de manifestantes y además contra los equipos de derechos humanos y de salud. Es necesario rechazar la respuesta militar a la protesta social”, sostuvo uno de los representantes de las organizaciones de derechos humanos.
Linda Criollo
Según ellos, hasta el momento de la conferencia de prensa se desconocía las cifras de heridos, detenidos y muertos después del ataque de la policía en la noche de ayer. “No pudimos hacer nuestro trabajo, tuvimos que protegernos en las casas de vecinos. No hay garantía para el trabajo de derechos humanos en estos momentos.”
Los defensores relataron que eran más de 30 efectivos de la policía disparando directamente contra las personas. “Exigimos que el Estado en sus distintos niveles asuman la responsabilidad de la masacre que se está perpetrando en Cali.”
Las organizaciones reportaron que hubo ataques a los periodistas que intentaban registrar la operación militar. “La casa donde les estaba dando resguardo también fue impactada”.
Las ambulancias también han sido blanco de la fuerza policial. “Están tiroteando a las ambulancias. No les están dejando ingresar a recorrer los heridos. Están sacando a los heridos de los hospitales y no sabemos para dónde están llevando estas personas lesionadas”.
Además, informan las organizaciones, que se está organizando grupos de personas civiles para actuar con arma de fuego en contra de los manifestantes. “Hemos visto grupos de personas en camionetas saliendo a atacar a los manifestantes. Y todo eso con la complicidad de las fuerzas del estado”.
El gobierno “en lugar de estar dando solución a los problemas estructurales, su reacción es la represión, la muerte y la criminalización”, sostienen las organizaciones.
En medio del tercer pico de contagios, que agudizó el número de víctimas en Colombia por la pandemia del covid-19, miles de personas están acudiendo a las calles en diversas ciudades del país, desde el 28 de abril. Las protestas siguen, así como la brutal represión del gobierno de Iván Duque.
¿Cuáles son las razones para que la gente supere el miedo al virus y ocupe las calles en resistencia frente al gobierno más sangriento de Latinoamérica?
El manejo corrupto y negligente del gobierno Duque a la crisis generada por covid-19, tiene al país en una curva de empobrecimiento que asciende exponencialmente. Si bien, según cifras del gobierno, durante el año 2020 se invirtieron 44.000 millones de pesos en el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria y ayudas humanitarias en forma de transferencias económicas. Alrededor de esta gestión siguen habiendo dudas y miles de denuncias de corrupción en el manejo que se le ha dado a ésta política.
Sumado a esto se presenta la negativa del gobierno de Ivan Duque a llevar a cabo el proyecto de Renta Básica, firmado por más de 4.000 personas, entre ellos por lo menos 50 parlamentarios, como alternativa económica para sostener los hogares que más lo necesitan, esos que día a día deben salir a las calles a exponerse ante el virus para sobrevivir. Contrario a esto el salvavidas del gobierno se enfocó en la banca, asegurando la liquidez financiera de los bancos por transferencia directa de dinero que salía del Fondo de Mitigación de Emergencia (FOME), creado a raíz de la pandemia. Lo que algunos expertos aseguraban era que los bancos, solo por la operación de las transferencias de la medida conocida como “Ingreso Solidario” recaudarían por lo menos 24.000 millones de pesos entregados directamente del erario público. “Ingreso Solidario” que, dicho sea de paso, no recibieron a cabalidad las personas que lo necesitaban. Así, incluso durante la pandemia, en Colombia seguimos viendo cómo cada día, el pueblo es más pobre y el rico es más rico.
Esto no es nuevo, desde hace décadas que la clase política conservadora y de derecha se presentan únicamente como los intermediarios entre el país y la economía global hegemónica. Así mismo, de manera sistemática y perpetua, sostienen su posición de intermediarios, exterminando pueblos, saqueando tierras y dominando a las mayorías populares desde la bota militar. Una dictadura solapada, con recursos y armas suficientes para mantener al país encadenado por varias décadas más. Este estallido social y popular no es espontáneo, más bien es la reacción a años y años de dominación e injusticia.
Sin embargo, el detonante más visible para las movilizaciones de abril en Colombia es la propuesta del proyecto de ley mal llamado “Ley de Financiamiento Solidario”, que no es nada más que una reforma tributaria que condena y empobrece a las mayorías populares y ciudadanas.
Con el pretexto de aliviar el déficit fiscal, que el mismo gobierno produjo meses antes por un hueco fiscal que quedó de los beneficios tributarios de la anterior reforma, al uribismo y el gobierno Duque, se les ocurrió la terrible idea de aumentar el costo de vida, en uno de los países más desiguales del mundo. Es inconcebible que en plena crisis, el gobierno colombiano decida subir los impuestos a la comida (Canasta Básica Familiar) de las clases bajas y medias. No se le puede aumentar el precio a la comida cuando el pueblo tiene hambre. La indignación aumenta a raíz de que las medidas contempladas en la reforma tributaria perjudican al pueblo, pero recompensan y benefician a las grandes fortunas y monopolios del país.
Si la reforma tributaria nos arruina, la reforma a la salud nos mata
Las decisiones importantes que determinan el rumbo del país y, por tanto, el futuro de millones de personas, son tomadas únicamente por las élites políticas, militares y económicas. Legislan a favor de imperios bancarios y ganaderos, legislan a favor de intereses Norte Americanos, Europeos y Asiáticos, legislan a favor de salir impunes luego de robarse los recursos de todas y todos, legislan para repetirse en el poder nacional y local.
Una conducta que ilustra esto es aprobar leyes y reformas nocivas para el pueblo, cuando nadie los ve, a espaldas de la gente y sin debate público, como es el caso del proyecto de ley que hace ajustes y actualiza el sistema de salud colombiano, radicado el pasado 16 de marzo de 2021 y que, por estos días, aprobaron en el congreso, en horas de la madrugada, a escondidas mientras reprimen y asesinan manifestantes que se alzan en paro nacional contra la reforma tributaria.
Una reforma a la salud que, a todas luces es peor que el mismo covid-19, básicamente es la privatización plena de la salud en Colombia. Ahora debemos pagar pólizas por patología o si no las EPS no atienden. Las personas que requieren atención desde EPS deben demostrar cuidado propio, si se comprueba lo contrario la EPS puede negarse a prestar el servicio y lo cobra. En lo más crudo de la pandemia, se acabarían los programas públicos de vacunación de los municipios, ahora las EPS tienen potestad de decidir cómo ofrecer los servicio y a quiénes.
Con esta reforma, las multinacionales y farmacéuticas transnacionales pueden imponer precios y reglas de mercado para la salud en Colombia. Se acabarían los regímenes especiales de salud, maestros, industriales, fuerzas armadas, etc. Los hospitales deberán demostrar resultados, un postulado macabramente similar a los resultados que exigía el gobierno Uribe a militares y que llevó a la masacre de más de 10.000 jóvenes, raptados, asesinados y reportados como combatientes de las FARC- EP, las ejecuciones extrajudiciales, los mal llamados Falsos Positivos. Sin importar cuál sea el paquete de reformas, leyes y decretos que venga del gobierno, todos son para someter a la gente.
Histórico de conflicto empeora con la pandemia
A pesar de los acuerdos para la terminación del conflicto y la guerra en Colombia firmados por el gobierno y la guerrilla de las FARC-EP en 2016, el paramilitarismo y el narcotráfico le dan continuidad a la guerra en el país. El centro democrático (partido del Expresidente Álvaro Uribe y del actual Presidente Iván Duque) son los responsables de perpetuar la guerra y enfocar su poder hacia el control político y financiero del país.
A febrero de 2021 se registran 252 firmantes de paz asesinados, desmovilizados de la guerrilla de las FARC. Cuatro años después de la firma de los acuerdos, el avance de su implementación no supera el 75% y los puntos sustanciales frente a la transformación de las condiciones estructurales del conflicto como, por ejemplo, el punto de acceso, redistribución y tenencia de la tierra sigue siendo una deuda histórica en Colombia y la base de la profunda desigualdad en el país.
Esta desigualdad, que se agudizó con la llegada de la pandemia, dejó al descubierto la inoperancia y la incapacidad estatal para pensar en el bienestar de las personas. Las decisiones tardías frente a los cierres de aeropuertos y el establecimiento de controles estrictos en la entrada de extranjeros dejaron en jaque al país. Aunque el país vive el tercer pico de la pandemia del covid-19, la nación entera se encuentra en una grandísima ola de violencia, pobreza y corrupción, donde el hambre es uno de los mayores problemas.
La guerra baña de sangre nuestro territorio, en lo que lleva el año 2021 se reportan 57 líderes sociales asesinados, 20 de ellos indígenas en su mayoría del departamento del Cauca; 158 feminicidios en los primeros 3 meses del año, masacres en los territorios y violencia en las calles y campos.
Somos el país de las ejecuciones extrajudiciales, la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP), en un informe sobre los asesinatos ilegales a civiles indefensos Presentados por la fuerza pública como muertes en combate, ascienden a la cifra de 6402 personas. Y los picos de asesinatos son los años 2007 y 2008 durante el gobierno de Álvaro Uribe Véles. Una cifra cercana a la cantidad de víctimas de la dictadura de la Junta Militar comandada por Jorge Rafael Videla en Argentina, más del doble que las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. En Colombia la gente ya no se pregunta quién dio la orden, la gente sabe que Uribe dio la orden y ya no tiene miedo de decirlo, porque Colombia perdió el miedo.
Desde la firma de los acuerdos de paz, el uribismo encarnado en el gobierno de Duque, se propuso por todos los medios, humanos e inhumanos, destruir la paz y lo están logrando. Según INDEPAZ, solo en el 2020 y en lo corrido del 2021, van 124 masacres con más de 300 víctimas. Desde la firma del acuerdo de paz, han asesinado a más de 1000 líderes sociales en Colombia. Vivir en este país es una lucha constante contra las políticas de hambre de un gobierno que solo tiene la bota represiva del Estado como respuesta a las necesidades de su pueblo. No solo por los modelos económicos que promueven la miseria y la desigualdad, también por los modelos políticos genocidas que exterminan cualquier identidad colectiva ajena o contraria a tales modelos hegemónicos.
