I
Exposiciones de Cartel y Fotografía.

Del 15 al 25 de abril del 2018, en las instalaciones del CIDECI-UniTierra, de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

Imágenes de la esperanza.

El arte del cartel en la campaña de Marichuy.
Curaduría de Alejandro Magallanes

Ausencias y presencias

Mujeres desaparecidas, mujeres en dignidad rebelde
Fotografías de Maya Goded y Graciela Iturbide

II
Concierto Musiquero.

Domingo 15 abril, desde las 1600 horas, en el CIDECI-UniTierra.
Programa aparte.

III
Sesiones del Conversatorio:

Lunes 16 de abril, a partir de las 1600 horas:

Marichuy Patricio Martínez.
Mercedes Olivera.
Márgara Millán.
Sylvia Marcos.

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Durante el mes de marzo de 2018 se provocó el desplazamiento forzado de al menos 307 personas de Tabak, 255 de Koko’ y 185 de Cotsilnam del municipio de Aldama. Las familias se encuentran refugiadas en la montaña y su número aumenta cada día. El Estado no ha implementado acciones para atender y proteger a más de 747 personas desplazadas, en su mayoría mujeres, niñas y niños que se suman a las 7 familias desplazadas forzadas, desde mayo de 2016, por el mismo grupo agresor.

Foto: Niños vulnerables de la comunidad de Kokó, Aldama, Chiapas. 31 de marzo 2018. Carlos Ogaz.

Lee también: Comuneros de Aldama denuncian despojo y desplazamiento forzado

En el municipio de Aldama, región Altos de Chiapas se encuentran alrededor de 638 personas en situación de desplazamiento forzado desde el pasado 3 de marzo cuando un grupo armado del vecino ejido Manuel Utrilla, también conocido como Santa Marta en Chenalhó realizó disparos de arma de fuego de grueso calibre contra las casas, y escuelas en las comunidades de Koko’, Tabak y San Pedro Cotsilnam. Los conflicos agrarios se potencian en medio de una región en donde los paramilitares nunca fueron desarmados, además de ser amparados por el estado mexicano. Regeneración Radio realizó un recorrido por las comunidades afectadas y pudo constatar los disparos constantes y el riesgo a la vida de las personas que se encuentran bajo escases de alimento, en medio de las inclemencias del tiempo y del terror; esta es su historia.

La impunidad con la que actúan grupos civiles armados en Los Altos de Chiapas intensifica la crisis por desplazamiento forzado en comunidades de pueblos tsotsiles, de los municipios de Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó. El Estado mexicano es responsable porque no ha investigado, desarmado ni sancionado a dichos grupos lo que propicia el aumento de la violencia.

Grupos civiles armados, de corte paramilitar, vinculados a redes de crimen organizado, atacan con armas de fuego a comunidades, con la permisividad y protección de autoridades del gobierno de Chiapas. Viejos conflictos agrarios son administrados según intereses políticos, en un ambiente electoral de manipulación y control para operar renovadas estrategias contrainsurgentes.

El territorio del municipio de Chenalhó ha sido una pieza clave en la estrategia de contrainsurgencia, que el Estado mexicano gestó en los Altos de Chiapas con el objetivo de aniquilar la resistencia autónoma de las comunidades indígenas. En esta zona, el Ejército mexicano formó, entrenó y protegió a grupos paramilitares responsables de crímenes de lesa humanidad, como la Masacre de Acteal. El Estado mexicano no desarticuló ni desarmó a los grupos que capacitó en el uso de armas con el objetivo de sembrar terror; actualmente, siguen siendo el motivo de la acción que mantiene en vilo a la población con impactos psicosociales que van desde el miedo, a brotes de enfermedades que están afectando principalmente a las niñas, niños, jóvenes, mujeres y ancianos.(1)

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A los pueblos Ikoot y Binnizá de San Dionisio del Mar
Al pueblo de México
A los medios de comunicación

El Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno enviamos nuestro apoyo y solidaridad con los hermanos y hermanas de la comunidad de San Dionisio del Mar, Oaxaca.

Repudiamos el cobarde ataque que personas priistas, bajo las órdenes de la presidenta municipal Teresita de Jesús Luis Ojeda, realizó en contra de nuestros hermanos y hermanas de la comunidad Ikoot de San Dionisio del Mar, Oaxaca, ocurrido el pasado jueves 29 de marzo durante la celebración de las tradiciones de semana santa en la comunidad y que dejó a cinco compañeros heridos por armas de fuego.

Sabemos que detrás de los intentos por sembrar la violencia está la intensión de concretar el despojo a favor de los intereses capitalistas apostados en la región del Istmo de Tehuantepec, a los cuales los pueblos Ikoot y Binnizá, con su histórica organización, han resistido con determinación desde el año 2012, en que detuvieron la invasión por la empresa Mareña Renovables, que pretendía imponer aerogeneradores que despojan de esos territorios a las comunidades.

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Al Congreso Nacional Indígena
A los medios de comunicación
A las organizaciones sociales
A los pueblos indígenas de México y el mundo
A la opinión pública
Al pueblo istmeño

La Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio manifiesta su repudio a las agresiones realizadas contra integrantes de la Asamblea General de Pueblo de San Dionisio del Mar por pistoleros a cargo de la actual presidenta municipal Teresita de Jesús el pasado 29 marzo, al atacar a balazos a compañeros de la Asamblea de San Dionisio del Mar, durante la celebración de las festividades del Judío, resultando de ese ataque 5 compañeros heridos, estos actos se inscriben en una escalada de agresiones contra los defensores y defensoras del territorio en nuestro Estado.

Asimismo, manifestamos nuestro apoyo a la Asamblea del Pueblo de San Dionisio del Mar quienes desde hace varios años han estado desarrollando y acompañando conjuntamente con otros pueblos de la región, una fuerte lucha contra el despojo de nuestro territorio para la imposición de los proyectos eólicos, especialmente el proyecto de Mareña Renovables. Sabemos que esta agresión se enmarca en una ofensiva del estado contra las comunidades indígenas para imponer sus proyectos de despojo y muerte.

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El colectivo Huellas de la Memoria nació el 10 de mayo de 2013, durante la Segunda Marcha de la Dignidad Nacional: Madres buscando a sus hijas e hijos y buscando verdad y justicia. El colectivo registra las historias de personas desaparecidas en México y otras partes de Latinoamérica y la lucha y los procesos de búsqueda de sus familiares. Lo hacen grabando, en suelas de zapatos que han sido usados durante la búsqueda, un mensaje que nombra a la persona dsaparecida, el día y lugar de la desaparición, y palabras de amor y esperanza.

La madrugada de hoy, 1 de abril de 2018, el departamento de dos compañeros del colectivo fue allanado, en lo que parece ser un claro mensaje de intimidación. Compartimos abajo la denuncia del colectivo.

1 de abril de 2018
Ciudad de México, México

Denuncia pública.

La madrugada de hoy, 1 de abril de 2018, entre las 00:30 y 02:30 horas entraron por la fuerza al departamento de dos compañeros de nuestro colectivo. La puerta fue forzada y la irrupción fue en el momento en el que no había nadie en el inmueble. Quienes entraron no movieron nada; los objetos de valor que estaban a la vista no fueron sustraídos por lo que descartamos la incursión con fines de robo. Luego de revisar el departamento, salieron a la calle a verificar que no hubiera nadie vigilando, en ese momento pasó un automóvil negro con placas del Estado de México, lo hizo a velocidad lenta, como inspeccionando la zona. Asociamos este hecho a nuestras actividades como organización en la denuncia y visibilización de la desaparición forzada como una política del Estado mexicano. Que en los últimos tiempos, se han presentado al menos dos eventos que son de llamar la atención:

1. Durante la exposición de Huellas de la Memoria en la ciudad de Saltillo, Coahuila, en agosto de 2016, un hombre de corte militar estuvo fotografiando de forma insistente a uno de los compañeros de nuestro colectivo.

2. En la presentación de Huellas en la ciudad en Taxco, Guerrero, el 23 de marzo del año en curso, asistieron funcionarios del gobierno municipal con quienes se tuvieron claras diferencias en el tema.

De manera que, no descartamos que esta acción haya tenido fines de intimidación. A pesar de esto, seguiremos en nuestro quehacer cotidiano: señalando y denunciando la práctica de la desaparición forzada en nuestro país, a los responsable y sus cómplices, pero también recuperando la memoria y la lucha de los familiares contra este crimen. La agenda programada para éste año se seguirá construyendo y las muestras serán conocidas en los estados de Guerrero, Michoacán, Jalisco, Nuevo León y Veracruz.

Responsabilizamos al Estado mexicano de cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de nuestros compañeros y exigimos el cese de estos actos intimidatorios, no sólo contra nuestro colectivo sino contra cualquier persona y organización que luche contra el terror y la violencia de este país.

No descansaremos hasta que la memoria, la verdad y la justicia se sienten entre nosotros como sociedad.

Colectivo Huellas de la Memoria.

• INSERVIBLES LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE NOCHIXTLÁN.

Por Jaime Ortiz

Amparado por la noche, el edil del municipio de Asunción Nochixtlán, Ruben Alcides Miguel, junto con un grupo conformado por integrantes de su cabildo así como por varios choferes de distintos sitios de taxis, acudieron la noche del día 26 de marzo al lugar donde se encuentran los camiones que fueron calcinados durante el operativo del 19 de junio del 2016, con el objetivo de retirar dichos vehículos. Cabe recordar que en dicho operativo murieron 8 personas a manos de policías estatales y federales, y a casi dos años no se han realizado las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.

Fue al filo de las 10 de la noche cuando, ayudados por una retroexcavadora, comenzaron a quitar de aquel lugar dichos camiones. Esto alertó al comité de víctimas, quienes acudieron al lugar para intentar hacer entrar en razón a los acompañantes del presidente para que dejaran los camiones, ya que argumentaban que todavía está abierto ante la PGR el expediente del caso 19 de junio, y esos camiones son evidencias para esclarecer dichos hechos. No obstante, estos se mofaron de las víctimas, lo que creó una situación tensa, que derivó en hechos violentos donde los acompañantes del presidente dispararon armas de fuego en contra de integrantes del comité de víctimas así como profesores y personas que acudieron en apoyo. El resultado de este hecho son dos heridos de bala, quienes fueron trasladados a un hospital en la ciudad de Oaxaca.

Juan José Acebedo, de 24 años de edad, recibió un impacto de bala en el pecho, perforándole parte del pulmón. Su estado se reporta como estable. Ésta es la segunda agresión en su contra; la primera ocurrió el 19 de junio del 2016, en esa ocasión una bala le entró por la parte trasera de su cabeza con orificio de salida en su cara, destrozándole parte de la mandíbula, por lo que por varios meses no pudo ingerir alimentos ya que tuvieron que inmovilizar su boca. Ahora se encuentra hospitalizado nuevamente esperando entrar en cirugía para la extracción de la bala que recibió. Otra de las personas heridas es Martín Silva, de 37 años de edad, con impacto de bala a la altura de la rodilla.

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El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. cuenta con información del desplazamiento forzado de 90 familias tsotsiles de la comunidad de Koko’, municipio de Aldama, Chiapas, México, el pasado 24 de marzo de 2018, por el actuar violento de un grupo armado proveniente de Manuel Utrilla, Chenalhó. Las familias se encuentran dispersas en la montaña, sin condiciones de seguridad ni de asistencia humanitaria que garanticen sus derechos como pueblos indígenas en desplazamiento.

Adicionalmente, familias Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) de comunidades del municipio de Aldama y del ejido Manuel Utrilla, Chenalhó, se encuentran también en grave riesgo de desplazamiento forzado así como de amenazas a su vida, integridad y seguridad por el mismo grupo armado que provocó el desplazamiento, el 20 de marzo de 2018, de 145 familias tsotsiles de Tabak, Aldama.(1)

Estos hechos son la continuidad de la violencia en la región con la crisis humanitaria por el desplazamiento forzado de 5 023 personas en Chalchihuitán2 y el desplazamiento forzado de 7 familias de Aldama desde mayo de 2016. La ineficacia del gobierno de Manuel Velasco Coello ha generado impunidad en la zona, protegiendo a la presidenta municipal de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez, y a los grupos armados que operan en la región.

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