Al pueblo de México
A los pueblos del mundo
A las Redes de Apoyo al CIG
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Sexta Nacional e Internacional
A los medios de comunicación.

Ante la agenda de despojo y destrucción que los malos gobiernos hacen para imponer lo que allá arriba llaman “Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec”, y que para nosotros los pueblos originarios, es el anuncio de la tragedia que pretenden expandir en los territorios de los  pueblos en toda la región del Istmo.

Los que somos el CNI-CIG rechazamos y desconocemos cualquier simulación que se proponga la imposición de los megaproyectos de muerte como es la supuesta consulta que pretenden realizar los malos gobiernos en diversas comunidades del Istmo de Tehuantepec los días 30 y 31 de marzo.

Denunciamos las prácticas corruptas que los malos gobiernos a través del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas han estado realizando para buscar dividir, engañar e intimidar a nuestras comunidades, donde ofrecen programas y proyectos a cambio de decir que sí en sus supuestas consultas, como si lo que está en juego no fuera el territorio y los recursos naturales.

Los pueblos originarios Binnizá, Ikoots, Chontal, Zoque, Nahua y Popoluca, que habitamos el Istmo de Tehuantepec, en los estados de Oaxaca y Veracruz ya dijimos NO a los megaproyectos de muerte, rechazamos la destrucción que quieren llevar a nuestros territorios y que está matando a nuestra madre tierra.

Rechazamos la invasión por empresas mineras que quieren destruir los cerros, manantiales, ríos y aire, a las empresas eólicas que despojan de nuestras tierras y negocian con el viento. No queremos sus trenes que transportarán la muerte, ni la violencia represiva militar o paramilitar que se jalonea en nuestros territorios.

Reiteramos que nuestra lucha por proteger a la madre tierra, las comunidades y territorios indígenas no se detendrá por más simulaciones que el mal gobierno capitalista neoliberal pretenda hacer para imponer, con la guerra, los proyectos que apuestan al dinero a costa de la muerte de la naturaleza y de los pueblos originarios. Por el contrario, seguiremos organizándonos en resistencia y rebeldía con las y los de abajo.

En consecuencia, llamamos a los colectivos y organizaciones honestas, a las redes de apoyo al Concejo indígena de Gobierno y a la Sexta Nacional e Internacional a permanecer atentos y solidarios ante este nuevo intento de imposición y despojo.

ATENTAMENTE
MARZO DE 2019

POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS
NUNCA MAS UN MÉXICO SIN NOSOTROS 

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO
EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL

CONVOCATORIA
A LAS JORNADAS DE LUCHA
EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA A LA MOVILIZACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL A 100 AÑOS DEL ASESINATO DEL GENERAL EMILIANO ZAPATA SALAZAR, CUYO EPICENTRO SERÁ EN CHINAMECA, MORELOS, EL 10 ABRIL DE 2019:

EL CONGRESO NACIONAL INDIGENA-CONCEJO INDIGENA DE GOBIENO CNI-CIG CHIAPAS

CONVOCAMOS

A LOS-AS ADEHERENTES A LA SEXTA, REDES DE APOYO AL CIG, REDES DE RESISTENCIA Y REBELDIA, PUEBLO CREYENTE, SECTORES DE TRABAJADORES EN EL CAMPO Y LA CIUDAD, COLECTIVOS Y ORGANIZACIONES QUE LUCHAN Y SE ORGANIZAN CONTRA EL CAPITALISMO

A LA MOVILIZACIÓN ESTATAL DEL CNI/CIG CHIAPAS

A realizarse el 10 de abril de 2019, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas: que iniciará a las  9:00 de la mañana con una marcha que partirá de la entrada poniente de la ciudad (carretera libre a Tuxtla Gutiérrez-a un costado de la gasolinera Olin) hacia la plaza de la Resistencia y de la Paz, frente a la Catedral, en donde se llevará a cabo una concentración en la que se compartirá la palabra de los pueblos del Congreso Nacional Indígena.

ATENTAMENTE
A marzo de 2019

Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos
Nunca Más Un México Sin Nosotros

CONGRESO NACIONAL INDIGENA/CONCEJO INDIGENA DE GOBIERNO CHIAPAS

Comuneros mixes y zoques de Jaltepec de Candayoc y de Santa María Chimalapa, Oaxaca denuncian que funcionarios del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas – el anterior INI- están ofreciendo programas de ganadería, ampliar el censo de Proagro y algunas obras a cambio de que las asambleas regionales consultivas se pronuncien a favor del megaproyecto corredor transistmico. Por su parte en la población ikjots de San Mateo del Mar con la presencia de representantes de San Dionisio y San Francisco del Mar se está realizando una reunión donde se esta denunciando las maniobras de los empleados del INPI con el fin de que de realice la mencionada asamblea.

Por su parte autoridades de diferentes comunidades indígenas de San Juan Guichicovi. Matías Romero y el Barrio de la Soledad, denuncian que a pesar de que el megaproyecto en cuestión los impacta directamente no han sido invitados a las asambleas, señalando que algunas de las 8 sedes de encuentran a casi 100 kilómetros del trazo del ferrocarril.

Por su parte comuneros de Unión Hidalgo denuncian también graves irregularidades del personal de la Secretaria de Energía en la imposición de una consulta para favorecer a una empresa eólica francesa.

UCIZONI denuncia la violación abierta a los derechos de los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec por parte del INPI, institución que fue creada supuestamente para impulsar el respeto a esos derechos y que hoy se pone al servicio de un proyecto que va a beneficiar directamente a empresas transnacionales.

Fraternalmente

Programa de Comunicación Indígena
Unión de Comunidades Indígenas de la zona Norte del Istmo
PCI-UCIZONI

“Lo que nos queda claro es que todos tenemos un mismo enemigo: el Estado.” Esa fue una de las conclusiones expresadas en la síntesis de una de las mesas en el “Festival de la palabra: Por la vida y memoria de nuestros pueblos”, encuentro de dos días organizado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y Voces Mesoamericanas, en el marco de su 30 y 10 aniversarios respectivamente. Festival de agravios, pero también de resistencias, de lucha, de creatividad, de vida frente a la muerte.

Tierra y tierrotorio, desplazamiento forzado, migración, represión, tortura, ejecución extrajudicial, desaparición forzada, militarización en el conflicto armado interno, defensorxs de derechos humanos y periodistas, solidaridad y otra justicia… esos son los temas tratados en estos dos días, que reúnen las palabras de pueblos, individuos y organizaciones de muchas geografías de nuestro agraviado país.

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Por Dante A. Saucedo y Regina López | Agencia SubVersiones

En la costa de Michoacán, entre las aguas del Océano Pacífico y la Sierra madre del sur, habita el pueblo nahua de Santa María Ostula. Al menos desde el siglo XIX, ganaderos, pequeños propietarios, mineros y, más recientemente, narcotraficantes, han intentado despojarlo su territorio.

La comunidad de Ostula ha sabido defenderse por todos los medios posibles, pero hoy se enfrenta de nuevo a un riesgo que parecía haberse conjurado ya: un «error técnico» en el plano de la comunidad —generado y solapado por intereses políticos— amenaza más de seis mil hectáreas de territorio comunal.

Apenas en enero pasado, un juzgado agrario volvió a dar la razón a los «pequeños propietarios» que reclaman la propiedad de las tierras bajas y fértiles al norte de la comunidad. Pero la respuesta es clara: las tierras no están «en disputa», son de Ostula y se van a defender.

I. Una historia política del despojo

Los intentos de invasión a la comunidad de Ostula vienen de lejos. Como en todos los antiguos asentamientos nahuas de la sierra-costa michoacana —y en buena parte de las comunidades indígenas del país—, la ola más agresiva de usurpación de tierras comunales fue detonada por las leyes liberales que comenzaron con las Reformas Borbónicas del siglo XVIII y culminaron con las reformas juaristas.

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DENUNCIA URGENTE DE LA COORDINADORA DE PUEBLOS y ORGANIZACIONES DEL ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO

AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA (CNI)
AL CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO (CIG)
A LAS REDES DE APOYO AL CIG-CNI
A LOS ADHERENTES NACIONALES E INTERNACIONALES A LA SEXTA DECLARACIÓN DE LA SELVA LACANDONA
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AL PUEBLO DE MÉXICO

El pasado 6 de marzo de 2019, denunciamos la entrada ilegal de trabajadores, camiones y maquinaria pesada de la empresa PINFRA concesionaria del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México a los terrenos ejidales de la comunidad de Nexquipayac, municipio de Atenco, ubicados en la ribera del Lago de Texcoco al Oriente del Estado de México, que pretendían continuar asfaltando el tramo Ecatepec-Pirámides-Peñón-Texcoco de la autopista Tuxpan-México, por lo que un grupo de ejidatarios les impidieron el paso, obligándolos a retirarse y advirtiéndoles que no podían ingresar ya que la empresa no cuenta con la autorización y tampoco ha presentado ante la comunidad los planos del proyecto que afectará sus tierras. Asimismo, y dado que conocemos el “modus operandi” tanto de los malos gobiernos sin distinción de partido político como de empresarios sin escrúpulos, advertíamos de posibles nuevos intentos, la utilización de la fuerza pública y de golpeadores paramilitares, porque es así como se ha venido imponiendo esta mega-obra asociada al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el Lago de Texcoco, cuya supuesta cancelación no fue sino una maniobra mediática desmovilizadora.

Hoy sábado 23 de marzo de 2019, violando las leyes, falseando información y con la complicidad del comisariado ejidal corrupto de Nexquipayac (actualmente demandado por los ejidatarios por la alteración del acta del 4-marzo-2018 en flagrante violación a los acuerdos de asamblea) y del Tribunal Agrario 23 con sede en Texcoco (que ha decidido retrasar las audiencias a los ejidatarios por un lapso de 2 meses), la empresa PINFRA ha ingresado nuevamente a los Ejidos de Nexquipayac en la ribera del Lago de Texcoco, esta vez custodiados por cerca de un centenar de golpeadores y gente armada, que vigilan el avance de los trabajos de este tramo de la autopista Tuxpan-México y amenazan a ejidatarios y pobladores originarios.

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• A más de 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador persiste riesgo a la vida por ataques armados y agresiones en comunidades de Aldama y Chalchihuitán.

La militarización no es la solución a la crisis humanitaria por desplazamiento forzado en la región Altos de Chiapas. En la entidad, la memoria histórica colectiva refiere responsabilidad del Ejército mexicano en crímenes de lesa humanidad. Un ejemplo es la Masacre de Acteal, donde la estrategia de contrainsurgencia paramilitar estuvo diseñada y ejecutada por mandos castrenses quienes financiaron, entrenaron y protegieron a civiles autores materiales del terror que provocó más de 10 mil personas desplazadas, en el municipio de Chenalhó, sólo entre diciembre de 1997 y marzo de 1998.(2)

En la entidad chiapaneca la presencia del Ejército mexicano en las comunidades ha significado múltiples violaciones a derechos humanos de pueblos originarios: abuso sexual y violaciones, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, entre otras, especialmente en contra de quienes se organizan pacíficamente desde la autonomía. Lo anterior conforma un patrón de exterminio con fuertes impactos psicosociales colectivos.(3)

Desde el pasado se teje continuidad de actores armados de corte paramilitar con vínculos de protección en los tres niveles de gobierno. El actual presidente de Chenalhó, Abraham Cruz Gómez es hijo de Agustín Cruz, originario de Ejido Puebla quien según testimonios bendijo las armas usadas en la Masacre de Acteal. Abraham Cruz fue tesorero de Rosa Pérez, presidenta de Chenalhó quien reactivo a grupos civiles armados de corte paramilitar responsables de la actual crisis humanitaria en la región Altos. Durante el gobierno de Manuel Velasco Coello y el actual de Rutilio Escandón Cadenas, la impunidad persiste.

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Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A las y los defensores de los derechos humanos

A los medios libres y alternativos

A los medios de comunicación nacional e internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Nuevamente las víctimas y sobrevivientes de la masacre de Acteal, nos encontramos en la Tierra Sagrada, para honrar su memoria y demandar justicia para nuestros 45 hermanas y hermanos y más los 4 bebés no nacidos, quienes cayeron a mano de los paramilitares priistas y cardenistas de Chenalhó, por órdenes de los tres niveles de gobierno priista, el 22 de diciembre de 1997.

En el marco del Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, denunciamos que la masacre de Acteal sigue impune, llevamos más de 21 año sin conocer la verdad, ya hasta la fecha no ha habido voluntad política de garantizar la no repetición de hechos como el de Acteal, al contrario, se siguen asesinando a defensores de derechos humanos y criminalizando la protesta social.

En este Día Internacional del Derecho a la Verdad, volvemos a insistir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ya emita el informe de fondo, lo más pronto posible. Consideramos que una justicia verdadera y digna a la masacre de Acteal, puede dar pie a que otros crímenes cometidos por los gobiernos priistas y panistas, también consigan verdad y justicia.

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