Desde noviembre de 2019, la comunidad de Nuevo San Gregorio, territorio recuperado del EZLN, ha sufrido constantes agresiones por parte de un grupo de aproximadamente 40 agresores, resultando en el despojo de 155 hectáreas del Municipio Autónomo Rebelde Zapatista Lucio Cabañas y en una situación de grave riesgo a la vida e integridad de los habitantes.

Tanto el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) como la Red Ajmaq han denunciado las agresiones repetidas veces, con amplia documentación recabada en el lugar de los hechos. Sin embargo, los tres niveles de gobierno se mantienen omisos, a pesar de la creciente gravedad de la situación.

En marzo de este año, se instaló en la comunidad un campamento de Brigadas Civiles de Observación (BriCO), quienes en cuatro meses documentaron 21 agresiones, que incluyen intimidaciones, amenazas de muerte, de violencia sexual y de tortura, agresiones físicas, robo de ganado y destrucción de bienes, cortes de agua, vigilancia, obstaculización, control y cobro de libre tránsito, así como secuestro de personas.

La gravedad de las agresiones y las serias amenazas contra los observadores de derechos humanos, ocurridas los días 10, 15 y 19 de junio y documentadas por las propias BriCO, llevó al Frayba a suspender el campamento de observación este 29 de junio, lo cual ha sucedido en muy contadas ocasiones en los 28 años de trabajo de las BriCO, y lo cual deja aún más desprotegidas a las familias afectadas.

Lee y/o escucha el posicionamiento del Frayba ante la omisión del Estado frente a las amenazas contra lxs defensores de derechos humanos y contra el propio Frayba.

Testimonios

En este video, escuchamos cómo se viven las constantes agresiones en la comunidad de Nuevo San Gregorio:

Cómo viven las agresiones los niños de la comunidad:
(Descarga aquí)  

El 27 de febrero de 2020, representantes de la comunidad y la Junta de Buen Gobierno intentaron dialogar con los agresores. En la ocasión, se les entregaron tres propuestas, incluyendo la de ceder la mitad del territorio recuperado. Sin embargo, los agresores no lo aceptaron, pretendiendo apoderarse de totalidad de las tierras.

A pesar de todo, las familias afectadas continúan resistiendo, construyeno la autonomía y cuidando la tierra:

Entrevista con Tony y Julián, observadores que estuvieron en la comunidad de Nuevo San Gregorio desde el año pasado.

Conoce a Karla Meza, defensora de #DDHH y una #MujerEnLucha por la libertad de su compañero Marcelino Ruiz, Privado Arbitrariamente de su libertad, torturado y recluído durante 20 años en penales de Chiapas.

En el Frayba Celebramos la suspensión de la Sentencia de Marcelino lograda el 7 de mayo en el marco de la exigencia del cumplimiento de la Opinión 43/2021 del Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias de la #ONU.

Abrazamos y reconocemos al Grupode Trabajo NoEstamos Todxs y al colectivo de familiares de presos en lucha.

#AbajoLosMurosDeLasPrisiones

Escucha y/o descarga aquí: (Descarga aquí)  

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Red contra la Represión y por la Solidaridad
A las Organizaciones de Derechos Humanos
A los medios de comunicación

¿Quiénes ponemos a los muertos?

9 de mayo de 2022.

La mañana del 6 de mayo aproximadamente a las 9 de la mañana, dos de nuestros hermanos, de las comunidades que integran al CIPOG-EZ, fueron desaparecidos. Marcos Campos Ahuejote de la comunidad de Xicotlán y Lorenza Chantzin Paxacuasingo de Acahuehuetlán fueron detenidos y desaparecidos. Nos quieren hacer creer “que su camioneta se salió de la carretera y murieron por un accidente automovilístico”, concluyó el gobierno. Fueron encontrados muertos con señales de tortura, la mañana del 7 de mayo en un lugar en el que los familiares y miembros de la organización ya habíamos buscado, sobre la carretera en un tramo con topes, por la mañana y sin que nadie lo notara, así de absurda la forma en la que el gobierno calla la verdad y protege a quienes nos han perseguido por años, asesinando, secuestrando y torturando a quienes pertenecemos a las 26 comunidades de la Montaña Baja de Guerrero y que formamos parte del CIPOG-EZ. La violencia sistemática, guerra de exterminio, el mal gobierno la transforma en accidentes automovilísticos.

Hoy como una escena cotidiana, recibimos los cuerpos de nuestros hermanos Marcos Campos Ahuejote y Lorenza Chantzin Pochacuacingo. Hoy las familias y nuestras comunidades lloran y honran a sus muertos.

Hoy mismo los malos gobiernos hacen como si no pasara nada, para ellos, para ellas, no representamos nada, sólo se incrementan las cifras de muertos, pero mientras no superen el número de muertos de la administración pasada, todo está bien, podrán presumir que en esta administración hubo menos muertos que en la pasada, el número de votantes permanece.

Hoy le decimos a los malos gobiernos que sabemos que ellos son los delincuentes, por acto o por omisión, pues saben que quienes nos matan “Los Ardillos”, están dentro de sus propias instituciones, son parte de la fiscalía, de las policías municipales y del gobierno de Guerrero. Ese grupo narco-paramilitar opera con total impunidad, instala retenes y asesina a nuestros hermanos y hermanas y eso lo sabe la gobernadora Evelyn Salgado, pero no solamente, pues el gobierno federal también guarda silencio frente a la muerte que recorre a nuestro estado y al país.

Hacemos responsable al mal gobierno Federal, al de Evelyn Salgado y a los gobiernos municipales por lo que nos pueda suceder a los coordinadores y promotores del CIPOG-EZ Jesús Plácido, Nicéforo Nava, Delfino Sánchez, Sixto Mendoza, Benjamín Sánchez, Prisco Rodríguez, Adán Linares, Guillermo Morales Hilario, así como a los niños y niñas, mujeres, hombres, abuelos y abuelas de nuestras 26 comunidades, pues se sabe de sobra que “Los Ardillos» se mueven y controlan los tramos que van de Tlapa a Chilapa, de Chilapa a Chilpancingo, de Chilapa a José Joaquín de Herrera. Los nombres de quienes han generado la violencia en la región son de sobra conocidos, “Los Ardillos”, Celso Ortega y la gente que integra al grupo narco-paramilitar, particularmente Audencio Lucas Rosario.

Llamamos a la ONU, a las Organizaciones de Derechos Humanos, a que denuncien los crímenes que el Estado Mexicano permite que ocurran a los habitantes de nuestras comunidades. Llamamos también a las organizaciones solidarias, a nuestros hermanos y hermanas de la Sexta, a seguir al pendiente de nuestra situación, tal como lo han venido haciendo.

No aceptaremos nunca que la tortura, la desaparición, los asesinatos, sean nuestro destino, por más que los malos gobiernos normalicen y oculten esos crímenes. Seguiremos en lucha por la vida de nuestras comunidades.

ATENTAMENTE:

CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO-EMILIANO ZAPATA

Pobladores de la región de Cholula, Puebla iniciaron la Caravana por el Agua y la Vida frente al edificio de Bonafont, resguardado por policias municipales, estatales y Guardia Nacional tras haber desalojado a los vecinos que habián tomado la fábrica hace un año para detener el saqueo de los recursos acuíferos de la región cholulteca.

Acompañados por organizaciones solidarias de diferentes partes del paísc como los otomíes que resguardan la Casa de los Pueblos Samir Flores en la CDMX; la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre; Marichuy, vocera del Concejo Indígena de Gobierno; las Guardianas del Rio Metlapanapa; el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala; las mazatecas de Eloxochitlán, Oaxaca; representantes del Istmo de Tehuantepec que se enfrentan al proyecto del Corredor interoceánico; y compañeros de la Europa insumisa, Slumil K’ajxemk’op.

Consignas de repudio a la empresa Bonafont, de la trasnacional Danone, fueron coreadas por los asistentes a la protesta. Enarbolaron la exigencia de detener el saqueo del agua por parte de Bonafont y recordaron que al tomar la fábrica y convertirla en la Casa de los Pueblos Altepelmecalli por espacio de casi un año, el agua retornó a la región, liberando casi 600 millones de litros de agua al detener el saqueo empresarial.

Durante poco más de un mes, del 22 de marzo al 24 de abril, la caravana recorrerá nueve estados del país para difundir su lucha por la vida y la defensa del agua y visitará 29 localidades donde los pueblos se organizan para resistir el embate del neoliberalismo y de los programas que implementa el gobierno de la 4T para dividir las luchas.

Aquí el calendario y ruta de la Caravana.

Página de la Caravana: http://caravana.pueblosunidosporlavida.org/

Escucha y/o descarga los audios aquí:

#8M las mujeres indígenas nos alzamos por la Madre Tierra. Ante la violencia patriarcal y extractiva, defendemos nuestros territorios cuerpos y espíritus. Hacemos de la lucha melodía. En los pueblos, barrios y ciudades somos #CuraDaTerra

Este manifiesto fue resultado del Encuentro #CuraDaTerra 2021-2022. Conoce más en curadaterra.org

EL CIPOG-EZ DENUNCIA A LAS AUTORIDADES DEL ESTADO DE GUERRERO POR SU INHUMANIDAD FRENTE A LAS DESAPARICIONES Y ASESINATOS EN TODO EL ESTADO.

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Red contra la Represión y por la Solidaridad
A las Organizaciones de Derechos Humanos

1 de marzo de 2022

Hermanos y hermanas, les informamos que se dio una reunión en la fiscalía del estado de Guerrero el pasado viernes 25 de febrero, acordada con Sandra Luz Valdovinos, fiscal del estado de Guerrero e integrantes del CIPOG-EZ, estando presentes familiares de las víctimas de desaparición forzada, Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández Sánchez, ambos desaparecidos por autoridades del municipio de Atlixtac el pasado 25 de enero. Además de la fiscal, se encontraba el fiscal especializado en desaparición forzada de Guerrero, así como delegados de la Comisión Estatal de Búsqueda Arturo Solís Felipe, por la secretaría de gobernación Nancy Decidierio, personal de la CNDH, así como Alan Cruz por la Comisión de Atención a Víctimas.

Nos convocaron sólo para entregar las carpetas de investigación a las familias de los desaparecidos y para hacernos saber las líneas de investigación, entre éstas. Pese a encontrarse toda la cantidad de autoridades ya mencionadas, éstas se negaron a comentar algún punto respecto a las recomendaciones que la ONU hizo al gobierno mexicano respecto a la desaparición forzada de Pablo Hilario y Samuel Hernández, no tienen plan de acción ni cronograma de búsqueda, se negaron a hacer investigación y búsquedas en el municipio de Atlixtac, aunque existe la información de que fue ahí donde desaparecieron.

Por si fuera poco, siguen manejando la información como un hecho aislado, no como parte de todo un contexto de violencia y muerte. Mucho menos consideran que la desaparición fue realizada por un servidor público, nadie asume ninguna responsabilidad, no dan fechas para nada, no hay información clara a la familia. No nombran a los culpables, no se nombra a “Los Ardillos” como los perpetradores de los hechos. Dicen que lo valorarán como una tercera línea de investigación.

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Entrevista en el programa ‘Etat d’Urgence’ de Le Média TV, medio independiente francés, a Maribel Cervantes, delegada del pueblo Popoluca/CNI, y Marcela Méndez, delegada de Yucatán/CNI, sobre la lucha de los pueblos indígenas en México y su papel en la ’Travesía por la vida – capítulo Europa’ (21.11.2021)

En noviembre del 2020, los terrenos de la comunidad zoque de San Antonio Canelar, municipio de Rayón, Chiapas, empezaron a agrietarse por las fuertes lluvias provocadas por el huracán Eta. Un total de 22 familias, entre ancianos, niños, mujeres y hombres, se vieron afectados. Ante el riesgo de quedar sepultados bajo miles de toneladas de tierra salieron con sólo lo poco que pudieron llevar. Durante meses, las familias permanecieron albergadas y abandonadas en un ex albergue de la cabecera municipal de Rayón, en condiciones sumamente precarias.

Mientras tanto, 36 familias zoques de Candelaria viven refugiadas en el ejido San José Maspac, de Francisco León, tras haber perdido casas, parcelas y ganado.

En el ejido Nuevo Esquipulas Guayabal, municipio de Rayón, los caminos quedaron destruidos. Además, varias parcelas de cultivo presentan deslizamientos y en consecuencia se perdieron cosechas de maíz, frijol y calabaza pertenecientes a un total de 232 campesinos.

Diecisiete familias del ejido Carmen Tonapac, municipio de Chapultenango, construyeron sus casas improvisadas con sus propios recursos.

En el ejido San Antonio Acambak, seis viviendas presentan afectaciones. La escuela secundaria colapsó y la estructura del puente está a punto de tener ese fin.

Ante la indiferencia de los gobiernos municipal, estatal y federal, las comunidades se han organizado para visibilizar la situación. En el caso de Canelar, lo que solicitan es una dotación de hectáreas para reconstruir la comunidad. Pero las demandas no han sido atendidas y las familias continúan viviendo una situación desesperada en la única hectárea que les fue concedida. La inacción de los tres niveles de gobierno evidencia una vez más el desprecio por parte de las autoridades hacia los pueblos indígenas del país.

Los artistas zoques Saúl Kak y PH Joel, de la Galería MUY, en coordinación con la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen, realizaron el reportaje que presentamos aquí.

En la comunidad de El Canelar, Saúl Kak y PH Joel realizaron el siguiente performance para llamar la atención a la situación desesperada de las familias desplazadas ante la indiferencia gubernamental:

Los niños refugiados de San Antonio Canelar hicieron dibujos recordando su vida en la comunidad y relatando su exilio, mientras niños y adultos de la comunidad dan su testimonio sobre la situación que están viviendo: