^{En portada: Incendios en la amazonía brasileña abren paso a la expansión de la frontera de la agroindustria y la minería.}

Después de 20 años de idas y venidas en las negociaciones para la conformación de un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (Mercosur, compuesto por Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay), los países europeos han intensificado los esfuerzos para ratificarlo, especialmente durante la pandemia de Covid-19 y la Guerra en Ucrania.

El acuerdo, firmado en junio de 2019, todavía no fue ratificado por los países. En estos momentos los textos del acuerdo están sometidos al proceso de revisión jurídica y traducción para, entonces, seguir para la aprobación parlamentaria de los países.

Los términos del acuerdo, como ha sido alertado por distintas organizaciones latinoamericanas y europeas, siguen la lógica colonial y desigual en la división internacional del trabajo. Es decir, estimula la producción industrial en Europa mientras promueve un saqueo de los recursos naturales de América del Sur.

La agricultura y la minería son los principales sectores en los cuales se prevén un gran crecimiento en los países suramericanos. Un estudio de la organización GRAIN indica que, con el acuerdo, habrá un crecimiento de por lo menos 540% en la exportación de etanol, 55% en la exportación de carne de aves, 60% en café y 50% en carne bovina. Todos estos productos llevarán tarifa cero de exportación. Minerales como el hierro también tendrán sus tarifas reducidas a cero en un plazo de diez años.

“Refuerza un modelo de exclusión social y de impacto ambiental, ya que implica ocupar cada vez más nuevas áreas y utilizar más intensivamente las áreas ya ocupadas”, evalúa Adhemar Mineiro, de la Red Brasileña por la Integración de los Pueblos (Rebrip).

Las dos actividades económicas ya son hoy las que “más promueven la destrucción ambiental en Brasil, con profundos impactos para los derechos humanos territoriales de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales”, sostiene la investigadora Maureen Santos, integrante del Grupo Carta de Belém.

En el asentamiento Lago Grande, un área de ríos en Santarém, Estado amazónico de Pará, en Brasil, 155 comunidades viven de la recolección de frutos del bosque, de la pesca y agricultura familiar. Alrededor del 55% de su territorio, resultado de la distribución de tierras a pequeños agricultores, está amenazado por la explotación minera.

Rosenilce dos Santos, quien vive en este territorio, cuenta que ahora, además, están sufriendo la presión con la expansión de la soya. “Todos somos conscientes de que no se puede vender tierras, porque es un territorio colectivo, sin embargo, la grilagem (venta ilegal de tierras) avanza. Eso ha generado conflictos dentro de las comunidades y de las familias. Llegan a nuestro territorio ofreciendo hospitales, escuelas, vías de transporte”, cuenta.

Con la expansión de la demanda europea se intensificará la embestida sobre estos territorios, “aumentando los conflictos socioambientales”, añade Santos quien también hace parte de la Federación de Organizaciones de Asistencia Social y Educativa (FASE) de Brasil.

Para pocos

Algunos meses después de la firma del acuerdo entre los bloques, la Unión Europea anunció su Pacto Verde, en diciembre de 2019. “Un paquete de iniciativas políticas cuyo objetivo es situar a la UE en el camino hacia una transición ecológica, con el objetivo último de alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050”, como lo explica la propia UE en su página web, y así cumplir sus compromisos en el marco del Acuerdo de París.

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La aceleración de la “transición energética”, propuesta por el pacto, fue anunciada también como una estrategia para impulsar la economía en crisis, agravada con la pandemia. “Será necesaria una transformación de la sociedad y de la economía europeas, que tendrá que ser rentable, equitativa y socialmente equilibrada”, menciona la UE en sus documentos.

Para Mónica Bruckman, científica social y coordinadora del Grupo de Trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) sobre Geopolítica, Integración Regional, existe una clara relación entre las estrategias del Pacto Verde Europeo y las disposiciones concretadas en el acuerdo que la “Unión Europea está proponiendo al Mercosur”.

El acceso a los recursos es definido, en los documentos del Pacto Verde, como una cuestión de “seguridad estratégica” para la misión de avanzar con dicho pacto. Por tanto, uno de los requisitos para volver la transición una realidad es garantizar el suministro de materias primas, en particular, aquellas críticas necesarias para las tecnologías limpias, aplicaciones digitales, espaciales y de defensa.

“Todos estos recursos críticos no están en el territorio europeo. Están principalmente en territorio africano y, sobretodo, en territorio suramericano. Entonces acceder a estos recursos es un requisito indispensable para cumplir los objetivos del Pacto Verde Europeo y eso significa acceder a nuestros territorios”, analiza la investigadora.

El acuerdo entre UE y Mercosur abre las puertas de los países suramericanos para que Europa acceda a estos recursos.

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Mientras se piensa en descarbonizar la industria y el consumo de los países del norte, “este mismo proceso, va a ampliar de manera violenta y brutal la actividad extractiva en [nuestros] territorios”.

Un estudio de GRAIN refuerza el análisis de la investigadora. “Si bien es muy probable que con este acuerdo el aumento de importaciones europeas de etanol y soja se utilice para cumplir con los objetivos de combustible ‘verde’ para el transporte en Europa, esto puede impulsar mayor deforestación y acaparamiento de tierras en países como Brasil. Podría resultar que los gobiernos de la UE provoquen más destrucción del clima con el fin de cumplir sus objetivos climáticos”, dice el estudio.

El Pacto Verde, según sus documentos, busca la protección del capital natural europeo, que incluye su biodiversidad y sus recursos hídricos. Bruckman subraya el aspecto rebasado del punto de vista ambiental de esta visión. “En pleno siglo XXI ya sabemos que el planeta opera como un grande bloque con sus biomas complejos pero todos integrados. De nada sirve proteger el capital natural europeo si no se protege, por ejemplo, la Amazonia, que es el bioma que tiene la mayor capacidad de captura de carbono en el planeta. Proteger el capital natural europeo significa proteger las reservas naturales y los biomas en el mundo entero”, señala.

En Brasil, 87% del área de minería está en la Amazonia. El sector minero “ya está impactando de forma colosal este territorio e irá impactar aún mas en los próximos 20 años (…). Tenemos un futuro de mucha disputa global por recursos naturales estratégicos, por bienes comunes estratégicos”, sostiene Bruckman.

De manera que la investigadora alerta que el acuerdo entre UE y Mercosur no es solamente un acuerdo comercial, “tiene que ver con un nuevo orden mundial que ellos mismos están proponiendo”.

Más emisiones

Distinto del Pacto Verde Europeo, el acuerdo no obliga que los países del Mercosur cumplan las metas del Acuerdo de París. A pesar de citarlo, “no hay ningún mecanismo o arbitraje previsto en el acuerdo que obligue que los países sí cumplan dichas metas”, detalla Santos.

Hoy Brasil, Argentina y Paraguay ya están en llamas por cultivar soya o caña para el mercado europeo. Las emisiones provenientes de los incendios forestales o de la pérdida de sumideros no aparecen en la contabilidad climática europea.

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De acuerdo con el documento El comercio entre los bloques aumenta la violencia, las desigualdades, la crisis de los derechos humanos y la emergencia ambiental, del Observatorio de las Multinacionales en América Latina, la UE es el según mayor importador mundial de deforestación tropical y emisiones asociadas.

Además, es responsable por 16% de la deforestación asociada al comercio internacional y 25% de las emisiones de efecto invernadero provenientes del sistema de abastecimiento alimentar en la UE son provenientes de emisiones producidas por importaciones de América Latina.

Con el acuerdo, GRAIN estima que aumentará en un tercio las emisiones de gases con efecto de invernadero en los países de Mercosur procedentes del comercio de tan sólo ocho productos agrícolas. Mas de 80% de estas emisiones provendrán de un sólo producto: la carne bovina.

¿Soluciones basadas en la naturaleza?

Los reclamos contra el acuerdo no vienen solamente de organizaciones de los dos lados del océano. Países como Francia también han manifestado la necesidad de que el acuerdo obligue a los países del Mercosur a cumplir con compromisos ambientales.

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A los medios de comunicación, el embajador de la Unión Europea en Brasil,

Ignacio Ybañez, dijo que la Comisión Europea ya posee un borrador de un documento adicional sobre temas ambientales que será presentado a los países.

Sin embargo, el documento no es público, y aún no se conoce su contenido.

“No tenemos acceso a la documentación que está siendo negociada, la mayor parte de las informaciones que tenemos en relación a las propuestas vienen de organizaciones de la UE que logran acceso y que nos informan. Eso es un absurdo”, sostuvo la integrante del Grupo Carta de Belém.

Uno de los temas que Santos considera que puede ser integrado en declaraciones adicionales al acuerdo son las ‘soluciones basadas en la naturaleza’ como “salida para resolver la crisis climática”, cuyo eje central es el mercado de carbono. “Pienso que este tema va a entrar con mucha fuerza, ya que es una bandera clave de la Unión Europea y que lo viene defendiendo en los acuerdos globales”, explica.

Dichas soluciones fueron consensuadas entre los países en las conferencias del Clima de la ONU, las llamadas COPs, y son consideradas por diversas organizaciones y pueblos en todo el mundo como ‘falsas soluciones de mercado’.

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“Para nosotros son falsas [las soluciones basadas en la naturaleza]; ellos ponen este nombre en mecanismos que ya existen hace 20 años y no dan resultados concretos para el problema del clima”, dijo Santos.

Más allá del comercio

El acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur empezó a ser negociado en 1995, en el mismo año de fundación de la Organización Mundial del Comercio (OMC). En este contexto el acuerdo adhirió toda la agenda de esta organización en lo que respecta a los acuerdos internacionales, agenda esta que repasa la liberalización del comercio.

“Incluye, entre otros, la liberalización de servicios básicos como, por ejemplo, el agua y la energía; privatización de servicios públicos, facilitando la entrada de empresas europeas en esta gestión; desregulación laboral; desregulación del sistema financiero; privatización de bancos públicos”, explica Adhemar Mineiro.

Otro punto son las compras realizadas por los gobiernos – federal, estatales y municipales – en los países de Mercosur. “Todas las compras, como por ejemplo de alimentos, deben ser realizadas mediante licitaciones internacionales, dando acceso a las empresas europeas”, lo que vulneraria, por ejemplo, las compras de productos de la agricultura familiar hechas por el gobierno brasileño.

Agrotóxico: “doble patrón”

El acuerdo facilita la venta de agrotóxicos producidos por empresas europeas. Los impuestos sobre los productos químicos serán reducidos o eliminados en 90%. La previsión de la Comisión Europa es que debe aumentar en 47,6% las exportaciones de estos productos hacia el Mercosur.

Al mismo tiempo, la UE reforzó sus restricciones internas a los agrotóxicos. De acuerdo con un informe de 2019 de la Asociación Brasileña para la Reforma Agraria, 44% de las sustancias registradas en Brasil son prohibidas en la UE. De los 113 productos de la empresa alemana BASF, 71 son aprobados en Brasil, agrotóxicos altamente peligrosos, siendo que 57 de ellos no tienen registro para su uso en la UE.

“El acuerdo refuerza un doble patrón, en el cual los ciudadanos del Mercosur son tratados como segunda categoría”, dijo Santos.

El estudio Comercio Tóxico: a ofensiva do lobby dos agrotoxicos da UE no Brasil, realizado por Gabriel Cassoti, de Amigos de la Tierra Europa, revela el lobby ejercido por este sector en Europa y en Brasil, y que las empresas fueron consultadas por la UE para que sus demandas fueran incluidas en el acuerdo.

Hoy existen 5 mil agrotóxicos liberados en Brasil, siendo que 1,500 de ellos fueron permitidos en el gobierno de Jair Bolsonaro.

Sustitución

Los carros, principalmente de la industria alemana, tendrán su venta facilitada en los países del Mercosur. “El sector automovilístico también fue consultado para que sus demandas fueran incluidas en el acuerdo”, sostiene Lúcia Ortiz, de la organización Amigos de la Tierra Brasil.

La Unión Europea estableció, como parte de sus estrategias para reducir las emisiones de carbono, el objetivo tener al menos 30 millones de coches cero emisiones para 2030. Además, planea prohibir ventas de vehículos con motores de combustión en 2035.

“La UE, con su directriz de energías renovables, va a sustituir sus carros con motor a combustión por carros eléctricos o movidos a hidrógeno verde, y nos quieren vender los carros que ya no utilizan. Mientras exportamos para allá los minerales necesarios para su tecnología de la transición energética”, dijo Ortiz.

Comercio electrónico sin control

Gabriel Cassoti alerta para un punto poco discutido sobre el acuerdo que es el comercio electrónico de las grandes empresas digitales. El acuerdo prohíbe la tributación de los lucros de estas empresas. “Existe un gran lobby de las cinco mayores empresas – Google, Amazon, Apple, Facebook, Alibaba – que están entre las siete mayores empresas del mundo”.

Además, el acuerdo prohíbe los Estados regular los flujos de datos personales de los usuarios de sus plataformas, datos estos “que generan altísimos lucros para estas empresas”.

Expectativa

Existe una expectativa sobre los rumbos del acuerdo debido a los resultados de las elecciones presidenciales en Brasil, que se definen el próximo 30 de octubre entre Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva. El tema estuvo en las discusiones de la campaña electoral.

Lula ha sostenido que, si es elegido, pretende “mejorar” el acuerdo para garantizar que los países de Mercosur puedan tener una política industrial. Sin embargo, el eurodiputado Cañas declaró a los medios europeos que una posible renegociación del acuerdo “no va a ocurrir”.

El Parque Nacional Cuyamel-Omoa (Panaco), al norte de Honduras y que el Instituto de Conservación Forestal (ICF) propuso como área protegida hace 11 años, está destruido. Su expediente se quemó en un incendio que ocurrió en las oficinas del ICF. La zona que debía ser la de mayor conservación ahora está inundada en su gran mayoría de cultivos de palma africana y en menor medida de pasto king grass. Una modificación en las colindancias del parque terminó beneficiando a empresarios que aducen ser productores de energía limpia a costa de la desaparición de un sitio que pudo ser una importantísima reserva de agua para el país.

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^{En portada: Una retroexcavadora abre un canal para desviar agua del río Cuyamel a una plantación de palma africana. Omoa, Cortés, Honduras. Foto CC / Fernando Destephen.}

El desplazamiento forzado, por las consecuencias que ha traído el cambio climático en los océanos y que han afectado las comunidades en la costa, ha sido objeto de estudio en la costa caribeña de Honduras y Guatemala. Allí, en la zona costera fronteriza también están las tierras de lo que iba a ser el Parque Nacional Cuyamel-Omoa (Panaco) que el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) propuso como área protegida mediante acuerdo ministerial 008-2011 en el año 2011 y que ahora están invadidas por monocultivos de palma africana y pasto king grass que dañaron la que iba a ser un área de preservación.

Todo alrededor es de un verde intenso, hay árboles por todos lados, la vegetación vibra donde sea: en las montañas las nubes se funden con los árboles y en los valles se extiende ese verdor. Más allá de ese intenso color, no tan lejos, se ve el azul del mar que se escucha suave, pero cimbreante.

Sin embargo, en esta zona de humedales, las plantaciones de palma africana han reemplazado los mangles. Un poco más lejos, en zonas todavía pantanosas, hay áreas enormes llenas de unos pastos grandes que tampoco forman parte del ecosistema de este lugar, se trata del pasto king grass que se utiliza como biomasa para generar energía «limpia y renovable». Estas dos plantaciones no encajan en la zona.

Los humedales del Panaco pertenecen al segundo sistema de arrecifes coralinos de barrera más importante del mundo: el Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM). Cualquier modificación en el uso de suelo del lugar puede tener terribles consecuencias en el equilibrio ecológico de la zona, y es que «los humedales almacenan grandes cantidades de carbono, y, cuando estos humedales se destruyen o degradan, se liberan grandes cantidades de CO2 y otros gases de efecto invernadero a la atmósfera», dice un estudio de hace más de 20 años de la Convención Ramsar sobre humedales. Su destrucción implica acelerar el cambio climático y todos sus efectos.

El prospecto de parque y sus humedales formaban una propuesta de área protegida, que finalmente no se protegió, y que ahora se muere por los intereses económicos de los monocultivos de palma africana y king grass, bajo la mirada y la complicidad de las autoridades ambientales hondureñas.

Todos los seres humanos dependen de los humedales

Humedales hay en todas partes del mundo, se les conoce con otros nombres y sus características varían, todos son igual de importantes y su extensión trasciende las fronteras. Un humedal puede ser un vasto ecosistema de transición entre la tierra y el mar, pero también incluye otros cuerpos de agua como ríos, lagos y lagunas (temporales y permanentes). Dependemos de ellos porque generan alimento, agua potable y oxígeno. La característica más importante de un humedal es que toda el agua y nutrientes que concentran crea un gran depósito de alimento para microorganismos, peces, plantas, animales y humanos. Mediante un proceso de filtración, el agua estancada en los humedales se limpia en su paso hacia el subsuelo y abastece de agua limpia los mantos acuíferos o aguas subterráneas de las que extraemos el agua que necesitamos para existir.

Los humedales del antiguo Panaco forman barreras naturales contra los efectos de huracanes y equilibran la entrada de agua salada a la tierra cuando las mareas se agitan. Además, estos, así como otros bosques inundados de países vecinos, conectan con los arrecifes del SAM. Este último va desde Cabo Catoche en México hasta las Islas de la Bahía-Cayos Cochinos en Honduras.

A nivel internacional, el Sistema Arrecifal Mesoamericano, el segundo arrecife de barrera más largo del mundo, después de La Gran Barrera de Coral en Australia, es un gran espacio transfronterizo marítimo y terrestre. El SAM recorre cuatro países: México, Belice, Guatemala y Honduras, y está interconectado con el Corredor Biológico Mesoamericano (CBM). El CBM es un sistema de áreas protegidas pertenecientes a los distintos países que lo conforman (nueve países). El antiguo Panaco y sus humedales, que eran una propuesta de área protegida, formaban parte de estas dos áreas geográficas de importancia internacional y primordial en cuanto al equilibrio ecológico de la vida en la región, tanto en la tierra como en el mar. En el siguiente mapa se aprecia el Panaco dentro del SAM.

El prospecto de parque y sus humedales fueron declarados como el sitio de importancia internacional No. 2133 por la Convención sobre los Humedales o Convención Ramsar en el año 2013.

El siguiente mapa muestra las 30,031 hectáreas de mar y tierra que correspondían al Panaco y que tiene las mismas dimensiones del sitio Ramsar 2133.

Este acuerdo intergubernamental define los humedales de una manera amplia en la que —además de contar como humedal todas las extensiones de tierra cubiertas por aguas poco profundas la mayor parte del tiempo— integra las zonas que nutren, dependen y están indiscutiblemente conectadas con los humedales, como los pantanos, las ciénagas, las lagunas, ríos, zonas costeras, pastos marinos, zonas de arrecifes y «extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros».

Este acuerdo compromete a los países que lo firman a proteger los humedales en sus territorios y proporciona directrices y guías para conservarlos y protegerlos.

En Omoa hay dos ríos caudalosos que bajan de las montañas bañando con sus brazos a las planicies en su recorrido hacia la costa, formando con su agua el sistema de humedales. Uno de estos ríos es el Cuyamel y baja de la Sierra de Omoa; el otro es el río Motagua, la frontera natural entre Honduras y Guatemala, con un gran problema de contaminación por basura de toda clase y que suma al deterioro de los humedales. Los mangles viven dentro de este lugar, en los humedales o bosque inundado de Cuyamel. Los peces, por ejemplo, van a los humedales a reproducirse y a crecer en sus aguas estancadas, para luego ir al mar y viajar a los arrecifes.

Omoa es un lugar remoto, la vida cotidiana de sus 77 comunidades todavía se funde con la exuberante vegetación. Tiene 24 comunidades costeras que dependen mayoritariamente de la pesca y también de la agricultura y el turismo. Su existencia ha dependido y depende de la dinámica de los humedales. La gente de las comunidades en las costas y planicies sobreviven de la pesca; no solo del mar, sino de todos los cuerpos de agua de los humedales. Dependen de sus tierras fértiles y del agua que les provee. La agonía de los humedales de Cuyamel también es la agonía de las comunidades que son parte de ellos.

La corta vida del Panaco

El calor es soberbio. Llego a Cuyamel en Omoa para hablar con Gustavo Cabrera, un hombre de estatura baja, cabello negro y corto. Me dice que muchos pasan por aquí preguntando por las comunidades que se hunden en el Caribe debido al avance del mar, un efecto visible del cambio climático en esta zona. También le preguntan por los desechos que acarrea el río Motagua y que contaminan la vida marina y terrestre. Todo esto sucede en el área donde se planeaba declarar el parque Panaco.

Cabrera es originario de Omoa e hijo de agricultores, dice que creció con la convicción de querer a su pueblo y a su bosque. Además, es biólogo y miembro fundador de la organización no gubernamental Cuerpos de Conservación de Omoa (CCO) y cuenta que fue él, junto con otros tres biólogos —más algunos voluntarios— quienes crearon CCO en el 2001 con la idea de establecer un área protegida en el municipio: el Panaco.

Para lograr esto, en Honduras se necesitan una serie de estudios que muestren la importancia ecológica del lugar. Se debe realizar un diagnóstico biofísico del área—especies de flora y fauna, tipos de suelo, ecosistemas presentes, etc.— junto con un estudio socioeconómico. También se debe socializar la propuesta con las comunidades que estén cerca y/o que queden dentro del área que se desea proteger; se necesita elaborar un plan de manejo, que es la guía legal de las actividades que se pueden y no se pueden realizar en el lugar, además de que todo esto debe estar integrado en un expediente que necesita contar con el respaldo del ICF para que, finalmente, esta autoridad propongade manera oficial el área protegida y entregue el expediente de la propuesta de declaratoria al Congreso Nacional.

Según el artículo 326 del Reglamento General de la Ley Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre, el ICF es la autoridad encargada de proponer áreas protegidas y es el Congreso Nacional la autoridad que debe emitir formalmente la declaratoria. Sin embargo, esto no significa que el área esté desprovista de la protección de la ley forestal, de las instituciones o fuera de otros marcos legales como convenios internacionales.

Cabrera cuenta que fueron muchos los esfuerzos por crear el Panaco. A su favor tenían que los ecosistemas del lugar son parte del SAM y que, para 2006, CCO como parte de la ONG  Alianza Trinacional del Golfo de Honduras, Alianza Trigoh, buscó establecer un corredor biológico binacional que enlazara el área protegida de Punta Manabique en Guatemala con el área protegida que ellos querían proponer en Omoa. En el mismo año se ratificó  La Iniciativa de los Sistemas de Arrecifes del Caribe Mesoamericano, de 1997, que comprometía a los países «custodios» del SAM  (Belice, Guatemala, México y Honduras)  a realizar esfuerzos institucionales y financieros para cuidar el arrecife.

En cuanto al contexto regional, todas las cartas estaban sobre la mesa para crear Panaco. «Aún así, no se pudo, no hubo voluntad. Las autoridades no tenían interés», dice Cabrera.

Los esfuerzos de CCO continuaron los años siguientes hasta que, dentro del mismo marco de la iniciativa del SAM, apareció en el escenario la Comisión Europea con el proyecto Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Cuencas del Corredor Biológico Mesoamericano en el Atlántico Hondureño (Procorredor). Cuenta Cabrera que, en este revuelo de fondos para el SAM, CCO logró incluir la propuesta del parque dentro de ese proyecto y finalmente adquirieron fondos para realizar el diagnóstico biofísico del Panaco en el año 2010. Se logró integrar toda la información necesaria para que el ICF, finalmente, hiciera la propuesta de declaratoria oficial ante el Congreso Nacional del Parque Nacional Cuyamel-Omoa (Panaco).

El 28 de junio del 2011 se publicó en el Diario Oficial La Gaceta que el Estado Hondureño, a través del ICF, había dado a conocer su decisión de declarar al parque como área protegida mediante el Acuerdo Ministerial 008-2011. En esta resolución se delimitaban y protegían legalmente 30,031 hectáreas de área marina y terrestre. Este acuerdo fue el que sentó la base para declarar toda el área del Panaco como sitio Ramsar en 2013.

En el acuerdo de propuesta del Panaco que emitió el ICF en el 2011, se establecen: la zona núcleo, «en la que deberán mantenerse en el mejor estado posible los recursos contenidos en ella», y la zona de amortiguamiento, «cuya función es la de mantener el equilibrio ecosistémico y regular o disminuir los impactos y acciones adversas contra los objetos de conservación». Según la propuesta oficial, la zona núcleo tendría un área de 5,663 hectáreas, donde están comprendidos los humedales de Cuyamel y el bosque de mangle. La zona de amortiguamiento tendría un total de 24,368 hectáreas (16,223 terrestres y 8,145 marinas). CCO pretendió ser la organización comanejadora del Parque Nacional.

El siguiente mapa muestra el Panaco.

Esto era un triunfo. De inmediato se creó el Plan de Manejo para el periodo 2012-2024 del parque. Y es allí donde queda escrito que la zona núcleo está destinada a la absoluta conservación. Incluso, Panaco ya estaba registrado en el Centro de Información de Patrimonio Forestal del ICF (CIPF-ICF). Solo faltaba que el Congreso hiciera la declaratoria oficial.

El expediente de declaratoria del Panaco se envió al secretario general del Congreso Nacional de ese momento, Rigoberto Chang Castillo, del Partido Nacional, mediante el oficio DE-ICF-562-2011y a Augusto Cruz Asencio, de la Comisión de Ambiente, mediante el oficioDE-ICF-563-2011, según aparece en el memorandum APN-27-2013 del expediente 2013-LA-00147de solicitud de licencia ambiental de la HGPC Agrícola S.A. de C.V., para la siembra de king grass en el área protegida propuesta del Panaco. El 4 de septiembre de 2011, el ministro del ICF, Carlos René Romero, le mandó a Chang correcciones simples a la propuesta de declaratoria y, ya para el 24 de septiembre de 2011, Chang había presentado el proyecto de ley del Panaco ante el Congreso esperando a que el presidente de la cámara legislativa de ese momento, Juan Orlando Hernandez —que hoy enfrenta un juicio en Estados Unidos por cargos de narcotráfico—, la aprobara y firmara.

Pero el expediente desapareció. Según las solicitudes de acceso a la información realizadas para esta investigación, esas son las últimas comunicaciones que se tienen sobre el estado de la propuesta del Panaco en los archivos del Congreso Nacional.

Igualmente se solicitó copia del expediente al ICF y su respuesta fue: «Este Departamento no cuenta con dicha información, dado que el expediente que se custodiaba por el DAP (Departamento de Áreas Protegidas del ICF) se quemó durante el incendio ocurrido en las instalaciones de ICF el 26 de abril de 2013, lo cual fue comunicado al público mediante Acuerdo 01A-ICF-2013 y publicado en La Gaceta No. 33,122 de fecha 13 de mayo de 2013. Por otro lado, el expediente presentado al Congreso Nacional de la República fue extraviado en dicho órgano del Estado».

La propuesta del Panaco quedó en el limbo legal como área protegida y nunca fue declarada como tal por el Congreso Nacional. Pese a esto, y debido a su importancia regional e internacional, sus límites y superficie geográfica de 30,031 hectáreas coinciden con las hectáreas declaradas como sitio Ramsar en 2013.

Entre 2011 y 2014, los humedales de Cuyamel, ubicados en la zona núcleo que pretendía proteger el Panaco, fueron destruidos de una forma insólita. Alrededor de unas 1,170 hectáreas de humedal desaparecieron.

Los siguientes mapas muestran la cobertura del uso de suelo en el Panaco antes de que comenzara la destrucción.

La destrucción de los humedales de Cuyamel

Yo llegué aquí en el 2018, cuando gran parte de los humedales de lo que sería el Panaco ya habían muerto. La gente del lugar hablaba de la antigua propuesta de área protegida y a susurros comentaban cómo murió. No todos se atreven a contar los detalles porque, dicen que detrás están los grandes intereses económicos de «gente poderosa» vinculada a los monocultivos de palma africana y king grass —también conocido como zacate o pasto elefante.

El desastre empezó con las plantaciones de palma, cuentan todavía los lugareños. La expansión de este monocultivo necesita grandes extensiones de tierra, y los conflictos socioambientales que ha provocado en otras partes Honduras no son desconocidos.

Los palmeros llegaron a esta zona de Omoa aproximadamente en 2012 y los pobladores de la zona recuerdan cómo con grandes tractores arrancaban los árboles «con todo y raíz» para preparar el terreno. También escarbaron para hacer canales y desviar el cauce del río Cuyamel. «¡Si viera usted cómo fue todo eso! Ahora esa laguna (Jaloa) ya casi está perdida, ya no la va ver usted como antes, ya no quedó nada», dice alguien a quien llamaremos «Ezequiel» —para proteger su identidad—, mientras caminamos hacia la laguna de Jaloa ubicada en los humedales de Cuyamel.

Gustavo Cabrera corroboró lo que dice Ezequiel y aseguró que los palmeros alteraron la dinámica del humedal hasta llevar al desastre. «El primer problema fue que drenaron el humedal, dejó de ser un ecosistema con su flujo natural de agua, ellos (los palmeros) vinieron a modificar todo. Lo secaron todo. Modificaron el ecosistema, entonces ahora el río agarra para donde le da la gana y no solo eso, ahora todo lo que son lagunas allá abajo… se están azolvando porque todos los sedimentos que antes retenían los humedales ahora van directo para la laguna (de Jaloa)… Hay varias lagunas, esa prácticamente ya desapareció. La sedimentaron… es un desastre completo», dijo Cabrera.

Según el plan de manejo que se tenía para Panaco, la laguna de Jaloa y los alrededores eran el corazón del humedal.

Por irónico que parezca, los humedales de Cuyamel empezaron a destruirse al poco tiempo de que el ICF hiciera la propuesta de declaratoria del Panaco. Para el 2012, la Mesa de Organizaciones Comanejadoras de Áreas Protegidas de Honduras (MOCAHP) denunciaba públicamente la deforestación del lugar y la prensa también lo reportó. En el 2013, Trigoh emitió un comunicado de alerta ante la destrucción de las áreas que harían parte del Parque Cuyamel-Omoa, y la Red Manglar urgió también sobre la tala ilegal de los manglares en el sitio Ramsar 2133. Todos exhortaron a las autoridades ambientales a actuar y parar el avance de la palma en el lugar.

Otros, con el mismo poder que los palmeros, ayudaron a resquebrajar el equilibrio ecológico de la zona y a sacar de la propuesta de área protegida a gran parte de los humedales. Los zacateros o los del zacate, como les dicen en Omoa, financiaron la recategorización y redelimitación del Panaco para hacer una nueva área protegida en la que su finca quedaría fuera de ella.

Según el expediente 2013-LA-00147 de MiAmbiente, el 10 de junio de 2013 la Sociedad HGPC Agrícola S.A. de C.V. solicitó licencia ambiental para la siembra de king grass o zacate en su finca «La Bendición», en un área de 873 hectáreas. Cinco meses después, el 4 de noviembre de 2013, según el expediente 2013-LA-00419, la Cooperativa Mixta Palmas del Caribe Compacal Ltd., la única dedicada al cultivo de palma en la región, también solicitó licencia ambiental para la siembra de palma africana en un total de 2,000 hectáreas. Ambos proyectos están ubicados en lo que era la zona núcleo y de amortiguamiento de la antigua propuesta de área protegida en Omoa y dentro del actual sitio Ramsar 2133.

Mientras los humedales se destruían, los interminables expedientes de solicitudes de licencias ambientales para palma y king grass se hacían cada vez más extensos.

La gente poderosa

La cooperativa Mixta Palmas del Caribe Compacal Ltd. se constituyó el 18 de agosto de 2012. Tiene 25 miembros de los cuales destacan los nombres de Guillermo Noriega Suárez y su hija Gilma Edelmira Noriega González.

A Guillermo Noriega se le ha conocido en Honduras como el magnate de la madera. Ya en el año 2005 la Agencia de Investigación Ambiental de Estados Unidos (EIA por sus siglas en inglés) detalló las operaciones de Guillermo Noriega y su hija Gilma para obtener madera. En el informe sobre tala ilegal, se menciona la destitución de Gustavo Morales, exdirector del Cohdefor (antiguo nombre del ICF) en el 2004, relacionada con la entrega indiscriminada de permisos de tala en el departamento de Olancho a la maderera de Noriega. Por el lado de su hija Gilma, ella detalla a los agentes encubiertos de la EIA que la base de ese negocio es el pago a los funcionarios de gobierno y su cercanía con una de las grandes figuras políticas del país: el expresidente de Honduras Porfirio Lobo Sosa, justo cuando la propuesta del Panaco se extraviaba en el Congreso Nacional.

Con el paso del tiempo, los negocios de Noriega se diversificaron. En entrevista con el exmandatario Lobo Sosa, este comenta: «No tenía palma en ese tiempo, creo que esa es una inversión nueva de él (…) Don Guillermo es un maderero, eso ha sido, él se ha dedicado al negocio de la madera, estuvo en la zona de Olancho, esa ha sido su principal actividad, no sabía que había sembrado palma…», explica y agrega que  históricamente la siembra de palma ha sido en los departamentos de Atlántida, Colón y Yoro y que la expansión hacia Omoa se debe a que la calidad del suelo y el clima son propicios para la siembra de palma.

«Noriega no es uno de los grandes de la palma», dice Lobo y acto seguido lo llama por teléfono. Según Lobo, Noriega le aseguró que efectivamente contaba con alrededor de 200 manzanas (aproximadamente 140 hectáreas) de palma africana, pero que actualmente le quedaban unas 50 manzanas porque la arena había soterrado las demás. En el 2020, la Compacal sufrió pérdidas por las inundaciones que los huracanes Eta e Iota causaron en la zona.

Intentamos contactar a Mario Gómez y Carlos Arturo Rodeno, presidente y gerente de Compacal respectivamente, pero hasta el momento no se obtuvo respuesta.

Por otro lado, está el king grass, en manos de la sociedad HGPC Agrícola S.A. de C.V., la cual se constituyó el 22 de marzo del año 2012 —cinco meses antes que Compacal y aproximadamente nueve meses después de la publicación de propuesta del Panaco—. Esta empresa siembra y cosecha el king grass (zacate) en los terrenos de su propiedad. El objetivo de la producción de zacate está directamente relacionado con la generación de energía eléctrica de la Honduran Green Power Corporation (HGPC) S.A. de C.V., empresa propietaria de una planta privada que produce 43-MW de energía eléctrica y que fue inaugurada en junio de 2016.

HGPC provee electricidad a la industria exportadora de textiles en el municipio de Choloma, y está diseñada para utilizar biomasa como combustible. La generación de energía a través de este tipo de agrocombustible se considera energía renovable, sustentable y limpia, por esto la planta ha sido considerada «única en el mundo». El gigante textilero Elcatex es la compañía matriz de la planta eléctrica HGPC que provee energía a todos los procesos de ese gigante exportador de ropa. Elcatex fabrica prendas de vestir para marcas célebres como Nike, Adidas, y tiendas lujosas en Estados Unidos como Nordstrom. Tanto Elcatex como HGPC y HGPC Agrícola están presididas por Jesús Juan Canahuati Canahuati.

El poder de la familia Canahuati es de larga historia en Honduras y como menciona Marvin Barahona en su libro, Las Élites del Poder, los Canahuati pertenecen al grupo de familias de origen árabe-palestino que consolidaron su poder económico en el comercio en el país.

Tanto Noriega como los Canahuati pertenecen a la élite hondureña, pero representan facciones distintas. Noriega y sus vínculos políticos están más relacionados con las antiguas familias de terratenientes hondureños y con otras formas de ejercer el poder. Por el contrario, los Canahuati son parte de la élite comercial. Su fuerte viene del sector textil y la maquila para la exportación de prendas. El fin de tener una planta con energía renovable es utilizarla en la industria textilera y de maquila para obtener una ventaja competitiva al ajustarse a las urgencias que se le imponen a toda industria por su responsabilidad en la generación de emisiones de gases efecto invernadero.

A pesar de que el nuevo Gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha prometido abordar la problemática en las áreas protegidas y sus efectos en la vulnerabilidad ambiental y el cambio climático, ha mostrado su interés en continuar apoyando al sector textil si este genera inversión. El pasado 29 de agosto, el hijo de la presidenta, Héctor Zelaya, en su representación, anunció una inversión de 250 millones de dólares para la construcción de la hilandería más grande de América. La reunión fue con los representantes de la empresa Caracol Knits, propiedad de la familia Facussé, y con Canahuati como representante del sector maquilero de la zona.

A través de la HGPC Agrícola, el plan era cultivar aproximadamente 4,600 hectáreas de king grass para generar el agrocombustible. A través de una solicitud de acceso a la información, a principios del 2020, MiAmbiente reportó 15 expedientes sobre cultivo de king grass de la empresa en distintas localidades de Honduras. Tres de ellas se encontraban en áreas protegidas; dos en una propuesta de declaratoria (el Panaco), una en un área protegida declarada, el Parque Nacional Jeannette Kawas (PNJK), y las tres propiedades están localizadas en sitios Ramsar. Las fincas la Bendición y Entre Ríos se encontraban en la antigua propuesta del Panaco. Entre Ríos está justo a un lado de La Bendición y La Bendición está tanto en la zona núcleo como en la zona de amortiguamiento de la antigua propuesta de parque. Estas tres propiedades constituyen un total de 1,982 hectáreas, lo que representaba el 43.08 % del total de tierras que la HGPC estaba destinando para producir su agrocombustible.

El 14 de junio de 2013, investing.com, una de las tres plataformas financieras más importantes del mundo, publicó en su sitio web que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó un préstamo de «32,7 millones de dólares a la empresa Honduran Green Power Corporation para el desarrollo, construcción, equipamiento y puesta en operación de una planta de energía a base de biomasa».

A mitades de junio de ese año, el expresidente, Juan Orlando Hernández, inauguró la planta generadora de energía eléctrica HGPC S.A .de C.V. junto con su presidente, Jesús Canahuati.

Solicitamos entrevista con los representantes de la empresa HGPC, pero hasta el momento de publicación de este reportaje no respondieron a nuestra solicitud. Los representantes de la Compacal también fueron consultados, sin embargo, al cierre de esta nota, no respondieron a nuestras solicitudes.

La gran batalla burocrática

Enterrada entre dictámenes, memorandos y oficios de recepción, se esconde la batalla que algunos funcionarios libraron para intentar detener la destrucción de los humedales, la aquiescencia de autoridades sobre lo que ocurría y de aquellos funcionarios que jugaron a favor de los intereses de «la gente poderosa».

Pese a que ambas compañías solicitaron sus permisos ambientales en el año 2013, estas empezaron a operar antes, sin autorización. Según dice el folio 191 del expediente de la HGPC Agrícola, la compañía empezó a plantar 177 hectáreas de king grass el 9 de diciembre del año 2012.

Con la palma ocurrió lo mismo. El expediente de la Compacal corrobora la destrucción de los humedales que por años ha descrito la gente de Omoa. Para el 13 de enero de 2014, la DECA realizó una inspección a la Compacal en la que afirma, en el Informe técnico 66/2014 (folio 489-493), que ya había desarrollado actividades de siembra en 1,600 hectáreas. No especifica el grado de desarrollo del cultivo, pero confirma que «en cierta área de cultivo, la edad de la plantación oscila entre los dos y tres años»; es decir, que la Compacal había empezado la siembra aproximadamente en los años 2011 y 2012.

Cinco meses más tarde, el 23 de junio de 2014, en el marco de evaluación del Estudio de Auditoría Ambiental (EAA) —que se pide a los proyectos que han empezado actividades sin licencia— mediante Informe técnico 875/2014, se inspeccionaron solo 698.8 hectáreas de cultivo de palma del total de 1,600 en donde ya se había reportado el desarrollo de «actividades de siembra». Así se plantea en el folio 489 y 898 del expediente.

El formulario SINEIA F-02 es uno de los documentos que forma parte de los requisitos para solicitar una licencia ambiental. En estos se describen las características del proyecto, y los completa un prestador de servicios registrado ante MiAmbiente. Los F-02 mencionan cuatro características importantes de ambos proyectos: los dos están ubicados en el Panaco (existen dudas en el F-02 de HGPC Agrícola, pero luego se corrobora su ubicación); los dos proyectos implican cambiar el uso de suelo del lugar; ambos son categoría 4, es decir, proyectosconsiderados los de mayor riesgo para el medio ambiente por contener daños irreversibles y de gran magnitud, según la tabla de categorización ambiental de la época y, finalmente, se menciona la contaminación por el uso de agroquímicos en suelo, aire, agua flora y fauna.

Para el año 2012, fecha en la que se hizo la inspección de ambos lugares, previo a la solicitud de licencia ambiental, el avance de la palma y el king grass en el Panaco lucía de la siguiente forma.

Después de la solicitud de licencia ambiental que hicieron ambas compañías, la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA) de MiAmbiente, convocó al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SINEIA) —un grupo de personas entre técnicos, autoridades y sociedad civil— que tiene la tarea de hacer una inspección del lugar, elaborar un informe y después un dictamen técnico para ver si se otorga o no la licencia.

Tanto en el informe técnico No. 1302/2013 del 16 de agosto de 2013 de HGPC Agrícola y en el informe técnico No. 66/2014 (folio 489-493) del 13 de enero del 2014 de la Compacal, se insiste enque ambos proyectos ya están operando y que se necesita que el ICF verifique dónde se encuentran los plantíos —para ver si coinciden con área protegida o ecosistemas especiales o frágiles— y que determine si la siembra de palma y zacate se puede hacer en la zona.

En ambos casos, los expedientes llegaron al ICF. En el caso de los zacateros, la jefa del Departamento de Áreas Protegidas y Vida Silvestre del ICF, Alejandra Reyes, pidió a la Región Noroccidente del ICF que fuera a la zona. El biólogo Alex Vallejo, coordinador de Áreas Protegidas de esa región emitió el memorándum APN-27-2013, el 18 de noviembre del 2013, con respecto a la viabilidad del proyecto en el que aclara que la finca donde se quiere sembrar está dentro de la propuesta del Parque Nacional Cuyamel-Omoa (Panaco), coincide con el sitio Ramsar 2133 y anexa un mapa en el que se muestra claramente que la finca está tanto en la zona núcleo como en la zona de amortiguamiento del Panaco.

Al indicar que la finca está en la zona núcleo, menciona que está relacionada con los patrones de circulación de agua propio de los humedales y que, según la información sobre las modificaciones que se quieren hacer ahí para sembrar king grass, eso afectaría el uso del suelo, la flora y la fauna propios de los bosques inundados. También pone de ejemplo la afectación de especies importantes como el manatí (Trichechus manatus) que utiliza las lagunas y canales del humedal para comer y albergarse en ciertas épocas del año.

Además, menciona que no hay información sobre los pesticidas y fertilizantes que se van a utilizar en la siembra, entonces no hay forma de saber el impacto que pueden causar en el medio, «más aún cuando toda el agua es canalizada hacia el humedal y bosque inundado»; sobre todo porque por la finca pasan dos fuentes de agua: el crique San Ildefonso y el Río San Ildefonso, según indica el informe.

Vallejo además señala que el Panaco está contemplado como área protegida en el Plan de Desarrollo con enfoque de ordenamiento territorial 2012, en donde el cultivo extensivo o monocultivo no está permitido. Deja claro que, de acuerdo con la ley, se publicó tres veces en el año 2011 que había un proceso de declaratoria de la zona para dar tiempo a que se manifestaran «reclamos o inconformidades del proceso», y, como no hubo, el expediente ya se había recibido en el Congreso en ese mismo año. Vallejo concluye que la plantación no se puede realizar en la zona núcleo. Sin embargo, pese a la importancia de todos estos argumentos, el biólogo concluye que el cultivo es viable siempre y cuando no se haga en forma de monocultivo.

Como el Panaco también es un sitio Ramsar, Vallejo cita, en otro memorándum, el APN-01-2014 del 7 de enero de 2014, partes del Manual Ramsar para el uso racional de los humedales para justificar que el cultivo de king grass es viable y posible en un humedal y dice lo siguiente «… es necesario realizar esfuerzos concertados a fin de lograr un equilibrio mutuamente beneficioso entre la agricultura y la conservación y el uso racional de los humedales». Sin embargo, la siembra de king grass no es una práctica agrícola tradicional, sino que pertenece a la agricultura industrializada y tecnificada, convirtiéndolo en un monocultivo porque se necesitan grandes cantidades de ese pasto para alimentar una planta que genera 43 MW de energía eléctrica «renovable».

En entrevista con Carolina Montelván, quien trabajó de 2013 a 2019 en la Dirección de Biodiversidad (DiBio) de MiAmbiente y punto focal de la Convención Ramsar en Honduras, menciona al respecto de la cita de Vallejo «…un manual no es la Convención; es decir, que en la Convención es en la que se manifiesta lo que los países se comprometen cuando la firman. El artículo 3 de la Convención Ramsar dice: “Las Partes Contratantes deberán elaborar y aplicar su planificación de forma que favorezca la conservación de los humedales incluidos en la Lista”… eso es a lo que se compromete el país».

Por el lado de la licencia para palma solicitada por Compacal, también se solicitó que el biólogo Alex Vallejo diera su dictamen. En el dictamen técnico APNO-01-2014 (folio 497-499), el funcionario declaró que la siembra de palma africana era viable, apoyándose en el Memorándum APN-27-2013 respecto al king grass y, otra vez, en párrafos del manual de la Convención Ramsar.

Estos documentos sirvieron para que Alejandra Reyes, jefa del Departamento de Áreas Protegidas del ICF, emitiera los dictámenes técnicos respectivos [HGPC y Compacal (folio 503-504)] declarando «Técnicamente factible» los dos proyectos de monocultivo en el área protegida que el mismo ICF había propuesto en el 2011 como Parque Nacional Cuyamel-Omoa, siempre y cuando se siguieran las recomendaciones.

Para septiembre de 2013, antes de que Vallejo hiciera los dictámenes para la palma y el zacate, Redmanglar ya había emitido un comunicado urgente alertando a las autoridades, tanto MiAmbiente como ICF, sobre cómo los palmeros y otros empresarios productores de agrocombustibles estaban destruyendo los humedales del sitio Ramsar. En octubre de ese mismo año, la Mesa de ONG’s Comanejadoras de Áreas Protegidas en Honduras (Mocaph) emitió un comunicado en el que señalaba que las autoridades habían avalado la destrucción de 800 hectáreas del sitio a favor de proyectos agroindustriales de palma africana y agrocombustibles.

En sus dictámenes, Vallejo nunca reportó el daño que ya se había causado previamente a los humedales. Para el año 2013 ya estaban sembradas,por lo menos, 51,062 hectáreas de palma en el corazón del humedal, como se ve en el siguiente mapa que compone la serie de tiempo del análisis de cobertura forestal, elaborado a partir de imágenes satelitales para esta investigación.

Para finales del 2013, ninguna compañía había obtenido la licencia ambiental para operar; sin embargo, continuaron con sus operaciones en los humedales de Cuyamel.

En el 2014 comienzan las contradicciones entre autoridades y una incongruencia entre los procesos de licencia ambiental para una empresa y otra.

El 23 de enero del 2014, Alejandra Reyes firmó el Dictamen Técnico DAP-012-2014para la HGPC Agrícola y especificó que el proyecto seguía siendo técnicamente factible, siempre que cumpliera con varios requisitos para poder sembrar cerca de los humedales de Cuyamel. Como el proyecto se encuentra en un sitio de alta biodiversidad, entonces se solicitó el fallo del Departamento de Vida Silvestre (DVS) del ICF para que juzgara si el proyecto se podía llevar a cabo en el área, así como el de la Dirección General de Biodiversidad (DiBio) de MiAmbiente, la autoridad competente, para que señalara los compromisos del país dentro del marco de la Convención Ramsar y el Convenio de Diversidad Biológica (CDB), del que Honduras es parte desde 1995. Y también le pide a MiAmbiente que multe a la empresa por haber sembrado sin licencia.

Sin embargo, en el dictamen DAP-008-2014 (folio 503-504)de la Compacal, emitido dos días antes que el de HGPC Agrícola, el departamento de Áreas Protegidas, no solicita el pronunciamiento del DVS del ICF ni los lineamientos de MiAmbiente con respecto a las convenciones que salvaguardan el sitio Ramsar. Con respecto a Ramsar, solo se toma en cuenta la interpretación que hace Vallejo sobre el Manual Ramsar, aunque él no era la autoridad, y hasta se afirma en el dictamen que «en las normas de estos sitios se establece que “el cultivo es posible siguiendo las adecuadas prácticas y políticas compatibles con las metas de conservación de uso sostenible de los humedales”». No hay ningún llamado al punto focal Ramsar en DiBio, quien es la autoridad facultada para interpretar los motivos de la Convención.

Además de esto, aparece una extraña constancia emitida por la Unidad Ambiental de Omoa en la que Génesis Medina —directora de la Unidad Municipal Ambiental— afirma que el proyecto de palma sí se encuentra dentro de la normatividad de uso del suelo del Plan de Desarrollo Municipalde Omoa, cuando Vallejo había dicho que no y que, según ese Plan, el monocultivo estaba prohibido.

Hay otra constancia en la que se afirma que, en junio del año 2013, ya se había iniciado la siembra de palma en 1,650 hectáreas y que el Panaco soloera un área propuesta. Esta última la emitió el jefe de la Región Noroccidente del ICF, Pedro Romero. El único pero que pone el área legal del ICF es que, en ambos proyectos, palma y king grass, MiAmbiente debe cobrarles una multa por empezar sin autorización. Más tarde, el monto de la multa que se cobraría a ambas empresas ascendería a 5,000 lempiras, el equivalente a 200 dólares.

Aunque el asunto parecía zanjado a favor de las empresas, quienes solo debían pagar una multa y luego proceder con sus actividades, el escenario se enredó el 3 de abril de 2014, cuando el biólogo Said Lainez, jefe del Departamento de Vida Silvestre del ICF firmó «el dictamen de la discordia institucional». En el documento ICF-DVS-024-2014, el departamento de Vida Silvestre se pronuncia en contra del proyecto de plantación de king grass y defiende la propuesta del Panaco, ya declarado sitio Ramsar. Además, deja al descubierto que las autoridades sabían sobre la destrucción de los humedales de Cuyamel.

Lainez sustenta que el king grass es una especie originaria de África, considerada Especie Exótica Invasora difícil de controlar y finalmente termina señalando que existe una denuncia (pública) realizada a nivel internacional por la Red Manglar Internacional interpuesta por el Mocaph «sobre la destrucción y degradación que actualmente ocurre en el sitio Ramsar 2133 por la implementación de Proyectos Agroindustriales de Palma Africana y de Cultivos para Agrocombustibles».

Said Lainez incluye copia de los comunicados y una copia de una carta enviada por el Mocaph el18 de septiembre de 2013al ministro-director del ICF, José Trinidad Suazo, en la que se le informa que se había realizado una denuncia formal al punto focal de la Convención Ramsar representada por la Dirección de Biodiversidad (DiBio) de MiAmbiente, a la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) y al Trigoh. En la carta se copia al ICF y sus departamentos correspondientes, así como a MiAmbiente, al CCAD, a CCO y otras organizaciones. La carta se acompaña de un Informe de daños presentados al ICF con fecha del 12 de marzo de 2012.

El informe describe la llegada de gente, al parecer de San Pedro Sula, en camionetas de lujo que abrieron una brecha desde la comunidad de Barra del Motagua hasta la desembocadura del río Motagua, cortando mangle rojo y blanco del lugar. También se exponen fotos de vegetación aplastada y se denuncia la extracción indiscriminada de la fauna. El informe especifica la deforestación del humedal en los bajos del río Cuyamel con maquinaria para secar la tierra y preparar el terreno para cultivo de palma africana y, además, señala que personas de Guatemala y del occidente de Honduras estaban invadiendo los humedales de la zona fronteriza, comprando los terrenos y continuando la deforestación del bosque inundado.

El reporte concluye que el daño al bosque de mangle constituye un delito ambiental, según la ley forestal decreto No. 98-2007.

Lainez advierte al final de su dictamen que le corresponde al ICF la protección, administración y manejo de la flora y fauna silvestre de todo el país de acuerdo al artículo 115 de la Ley Forestal y declara que el proyecto de king grass «NO ES TÉCNICAMENTE FACTIBLE, debido a los impactos y riesgos que ocasionarán  a las especies existentes en el Sitio Ramsar 2133 y sobre todo a los patrones de circulación y escorrentía del humedal».

A pesar de todo esto, nada cambió. Incluso la opinión que la asesora legal del ICF, Alba Rosa Murillo, firma el 9 de abril de 2014(folio 247), solo dice que efectivamente el proyecto se encuentra dentro de un área propuesta, y que el Departamento de Vida Silvestre no declara el proyecto factible, pero el de Áreas Protegidas sí, por lo que MiAmbiente debe otorgar la licencia ambiental siempre y cuando se cumplan las recomendaciones y se pague la multa.

Para los palmeros todo fue más sencillo y más rápido. El ICF no pidió el pronunciamiento de su Departamento de Vida Silvestre ni el informe de MiAmbiente sobre los compromisos de conservación en los Convenios Ramsar y CDB. En el expediente de la Compacal no hay rastro alguno del informe presentado al ICF por el Mocaph en el que denunciaba actividades de deforestación para la siembra de palma africana, a pesar de que la Compacal es la única compañía palmera en la zona. Al contrario de lo que sucedía con HGPC Agrícola, para la Compacal el trámite comenzó a ir más rápido.

Para el24 de enero de 2014, después del dictamenDAP-008-2014de Reyes para la Compacal, el ICF ya había emitido su Opinión Legal (folio 507-509)en la que le comunica a MiAmbiente que podía proceder a otorgarle la licencia ambiental a la empresa, pero debía cobrarle la multa por empezar sin permiso. Para el 10 de febrero del 2014, la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA) de MiAmbiente, con el visto bueno del ICF, emitió su dictamen técnico No. 200/2014 en el que pide a la Compacal, para avanzar con el trámite de licencia, realizar un Estudio de Auditoría Ambiental (EAA) dado que la plantación ya había comenzado, era un proyecto categoría 4 y «el proyecto se encontraba dentro de la zona de amortiguamiento y zona núcleo de un área protegida».

En entrevista con una fuente directa de MiAmbiente con varios años de experiencia en trámites de licencia ambiental, y que pidió la reserva de su nombre, explica que el «castigo» por empezar actividades sin licencia «es nada… queda en 5,000 Lempiras sin importar la categoría (del proyecto), 1, 2,3 o 4…». También comenta que los requisitos de licencia para proyectos de categoría 4 son los más temidos por las empresas por dos razones: se les pide que presenten un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y evidencia de socialización del proyecto en las comunidades. La socialización del proyecto implica que las comunidades decidan si el proyecto puede realizarse o no y la comunidad puede exigir beneficios a la empresa previo al inicio del proyecto, lo que puede resultar sumamente costoso.

Además, dice la fuente, un EIA que evalúa los daños al ambiente que puede causar el proyecto dependiendo del lugar en el que se ubique, puede tomar mucho tiempo y ser muy costoso y en un área de alta diversidad biológica; tan solo la recolección de datos tomaría como mínimo un año y es posible que la licencia no se otorgue «si el prestador de servicios hace bien su trabajo».

Rafael Amaro es abogado especialista en derecho ambiental, trabajó en MiAmbiente por 21 años, fue director de DiBio y punto focal ante Ramsar durante ocho años, tiempo en el que dictaminó en contra del proyecto de king grass y la re-delimitación de la propuesta del Panaco. En una entrevista con esta alianza dijo que “los convenios internacionales, en todo país, se convierten en ley cuando son aceptados. El Panaco al ser aceptado como sitio Ramsar por la Convención tenía la protección jurídica internacional”.

Además, agregó que a pesar de que se hicieron los cambios al parque sin el visto bueno de su departamento, nadie protestó. Amaro explica que el ICF tenía que tomar en cuenta a DiBio para cualquier actividad en el área porque esta ya estaba elevada al convenio Ramsar y no lo hizo, entonces el ICF violó la ley. Con respecto al expediente del proyecto de la palma dijo que “¡la palma se hizo! Como ya había protestado por lo otro [proyecto de king grass], tal vez dijeron: ‘ni lo mandamos ahí porque nos van a decir que no’. Nosotros [DiBio] éramos la autoridad competente en ese momento, técnicamente hablando”.

Modificando los límites

El 18 de junio 2014, la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (DECA) de MiAmbiente recibe el expediente con la respuesta de Said Laínez, Jefe del Departamento de Vida Silvestre del ICF, pero pasantres mesespara que la entidad informe que los dictámenes del Departamento de Vida Silvestre, el de Áreas Protegidas y la Opinión legal del ICF se contradicen.

Durante estos meses, HGPC Agrícola se movilizó. El 28 de agosto de 2014la representante legal de la compañía, Alma Azucena Tróchez de Conedera, le pidió al ICF la «reinspección»del área donde se encuentra la finca La Bendición. Tróchez aseguró que la zona «se encuentra totalmente intervenida» y quería que el ICF viera las condiciones en las que se encontraba el área en general para que los dejaran sembrar en la zona núcleo que se traslapaba con parte de la finca. Esto porque una de las recomendaciones del ICF, en el dictamen técnico DAP-12-2014, para declarar factible el proyecto, era no sembrar en esa área y dejar que se regenerara el ecosistema, ya que en el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Omoa estaba prohibida la agricultura industrial en la zona núcleo del Panaco.

La «reinspección» del área se hizo el 15 de agosto de 2014. El viaje se hizo en el helicóptero de la empresa y no asistió ninguna otra autoridad ambiental, más que el ICF, según consta en el expediente. Días más tarde, 19 de agosto de 2014, Tróchezenvía una nota al ICF preguntando por el estatus legal del Panaco.

La gira privada en helicóptero resultó en el dictamen técnico DAP-147-2014 firmado por la Jefa del departamento de Áreas Protegidas, Alejandra Reyes, el 1 de septiembre del 2014. Según el dictamen, el plantío de king grass ya tenía dos años y destaca que la zona núcleo, así como la zona de amortiguamiento colindantes con la finca, están completamente intervenidas con un cultivo ya extensivo de palma africana y que ya no se ven áreas de humedal porque los palmeros hicieron canales de drenaje en todo el sector. Reyes termina firmando y concluyendo que, como el Panaco está en condición de propuesta, se pueden hacer modificaciones técnicas y que el proyecto de king grass es factible siempre y cuando la empresa apoye «al ICF en lo que corresponda al momento de hacer las modificaciones de límites propuestos a enviar al Congreso Nacional».

Pablo Dubón, jefe de la región Nor-Occidente del ICF, terminó dando las últimas estocadas a la propuesta del Panaco en su memorándum APN-21-2014 del 10 de septiembre de 2014, donde asegura que «no existe una declaratoria, solamente una propuesta de Parque Nacional que no ha sido aprobada por el Congreso Nacional». Oficialmente, todos estos elementos fueron suficientes para modificar los límites de la propuesta de área protegida y que la HGPC Agrícola pudiera sembrar en toda el área de su finca.

Al final, Alejandra Reyes, del Departamento de Áreas Protegidas del ICF, y los funcionarios de la sección Nor-occidente de la misma entidad dieron el aval para que la palma y el king grass fueran legales en los humedales de Cuyamel.

Para aclarar por qué el ICF y su Departamento de Áreas Protegidas (DAP) avalaron la siembra de esos cultivos, se entrevistó a Alejandra Reyes para este reportaje. Sin embargo, sus respuestas fueron contradictorias.

En dos largas entrevistas, la jefa del DAP explicó primero que el departamento que dirige «no tiene ningún peso en las decisiones si el área a proteger sigue en modo de propuesta, ICF no puede prohibir, no puede normar la zona. Pero puede decir: esto tiene un impacto muy grande, entonces no es posible, fundamentado en el tema de vocación forestal, sí eso sí se puede decir, en el tema de cambio de uso (de suelo). Cuando llega el expediente (de licencia ambiental), la institución tiene que dictaminar por el tema de vocación, si es un área de vocación forestal, se puede».

Con respecto al tema de vocación forestal, Reyes explicó que después de corroborar si un área está intervenida y no tiene ningún valor ecológico, entonces el DAP no tendría ningún argumento técnico para decirle que no a un proyecto. Sin embargo, el departamento de Vida Silvestre del ICF, que había sido convocado por ella para que se pronunciara sobre la factibilidad del proyecto, estableció claramente el valor ecológico del lugar y declaró que el proyecto no era factible. Cuando se le preguntó a Reyes qué injerencia tendría el departamento de Vida Silvestre en el tema, ella simplemente respondió que a ese departamento «no le corresponde».

Alejandra Reyes insiste en que «cuando la zona no es área protegida, nosotros (DAP) no tenemos competencia», pero en ninguno de los expedientes aparece que su departamento no era el competente para dictaminar a favor o en contra de proyectos fuera de áreas protegidas.

Cuando se le mencionó el informe de daños presentado al ICF, dijo que el tema de denuncias tendría que corroborarlo con la regional (ICF-Noroccidente) para ver si tenían registro de denuncias porque «es facultad de las regionales atender de forma operativa o en campo».

Además, no supo responder a la pregunta de si esa palma se había cultivado con sus permisos, «este… bueno lo que se hace en este caso es que, aunque venga el expediente, lo que se revisa es el tema de vocación (forestal); si no era área protegida, el departamento no se podía pronunciar desde ese punto de vista».

Mientras todo esto ocurría, en el caso del king grass, la compañía de palma Compacal presentó el borrador de su EAA el 31 de marzo de 2014 para continuar con su trámite de licencia. Ya para el 19 de junio, la DECA convocó de nuevo al SINEIA para que analizaran y evaluaran el EAA en una nueva inspección de campo. Alex Vallejo, como representante del ICF, fue uno de los convocados al SINEIA.

Solo cuatro días después, el 23 de junio de 2014, la DECA ya se había pronunciado en el dictamen técnico No. 875/2014aceptando el EAA «para la continuación de las operaciones del proyecto» y otorgó un certificado de auditoría provisionalpara que la empresa continuara trámites y después se hiciera una revisión para saber si estaba cumpliendo todos los requisitos que se le habían pedido para plantar.

Menos de un mes después, el 16 de julio de 2014, el ministro de MiAmbiente, José Antonio Galdames Fuentes, en la resolución No.0871-2014 le otorgó a Compacal un Certificado Ambiental Provisional y le indicó que, en un término de seis meses, debía presentar un informe de cumplimiento de todas las medidas que se le impusieron y que tenía que dejar un Fondo de garantía de 15 millones y medio de lempiras (aproximadamente 622,000 dólares)que se gastarían en caso de incumplimiento de las medidas y/o daño ambiental que no se remediara a tiempo. Además, tendría que pagar la multa de 200 dólares por haber empezado a cultivar palma africana sin licencia.

Como si esto fuera poco, el 28 de julio de 2014 la apoderada legal de Compacal, Rebeca Lizeth Melara Raquel, le pidió a MiAmbiente que en lugar de entregar el informe de cumplimiento cada seis meses, pudiera hacerlo cada año. Además, pidió la devolución del dinero del fondo de garantía porque la base para calcular el monto no era por la totalidad del proyecto, correspondiente a 2,000 hectáreas, sino para las 698.8 hectáreas de cultivo inspeccionadas que les aprobaron en el permiso provisional. Sin embargo, para el 2014, en lo que iba a ser el Panaco ya había 1,168.04 hectáreas de palma africana, como se muestra en el siguiente mapa.

En el 2015, MiAmbiente termina cobrándole a la Compacal tan solo 1,480,000 lempiras (aproximadamente 60,000 dólares) pues accedió a disminuir su fondo de garantía.

El año en el que todo acabó

Luego de la gira de campo del ICF, el 5 de marzo de 2015, la DECA hace un nuevo dictamen técnico No. 161/2015. En este, además de confirmar que efectivamente el proyecto de plantación de king grass ya había empezado y se encontraba dentro de la zona núcleo y zona de amortiguamiento del área protegida propuesta, la entidad concluye que «previo a emitir pronunciamiento sobre la viabilidad ambiental del proyecto», se necesita la opinión sobre la plantación de king grass en el marco de la Convención Ramsar cuyo punto focal es DiBio de Mi Ambiente y, otra vez,la opinión legal del ICF. Sin embargo, esto no frena el avance del proyecto ni de los trámites para la licencia. El proceso para obtener el permiso de operación continúa y, entonces, igual que a Compacal con su proyecto de palma, se le pide un Estudio de Auditoría Ambiental (EAA).

El 7 de abril de 2015 el ICF emite su Opinión legal (folio 291)y declara rápidamente que «es un área protegida propuesta, bajo este argumento no existe normativa alguna que regule o limite la ejecución del proyecto» y en el punto dos reafirma que para el ICF el proyecto de plantación de king grass es técnica y legalmente viable, sin siquiera tomar en cuenta la opinión del Departamento de Vida Silvestre donde el jefe de ese departamento declara que la zona es un humedal; un ecosistema frágil; que el proyecto solo alteraría negativamente toda la dinámica del ecosistema y, con ello, toda la vida que depende de este. La representación Ramsar en Honduras, DiBio de MiAmbiente, no se pronuncia.

HGPC presenta el Estudio de Auditoría Ambiental el5 de noviembre de 2015 (folio 295- 544).

El 26 de noviembre de ese año, Rafael Amaro García, director general de Biodiversidad de MiAmbiente, envió el Memorando Dibio/425/2015en el que dejó claro que en el EAA no hay un estudio sobre la biodiversidad del sitio o la importancia que tienen los humedales, no solo por ser fuente de agua potable sino por las especies que alberga. También asegura que para sembrar se necesita remover el suelo, drenar el agua, secar la tierra, rastrear, surcar, usar fertilizantes y herbicidas varias veces al año y esto cambia por completo el uso de suelo que en este caso implica cambiar cómo funciona el humedal y fragmentarlo.

Según el análisis de DiBio, en los humedales habita el manatí, el mono aullador y la lora cabeza amarilla —que el estudio de la empresa no menciona—, que son especies amenazadas o en peligro de extinción según la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites)y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Además, el memorando de Amaro García indica que en el EAA no hay ningún estudio sobre los impactos a gran escala para todo el sistema de humedales causados por este tipo de siembra. Amaro García señala que no solo los animales están en peligro, sino también el bosque de mangle que es el ecosistema costero más amenazado en el país y que el lugar donde se está sembrando es de «alta sensibilidad ambiental», según la tabla de Categorización ambiental (Acuerdo No. 635-2003) y que, además, ya existen cultivos de palma africana que son de gran impacto para el humedal.

El memorando también recuerda que fue el ICF el que propuso el Panaco como área protegida, que la zona es sitio Ramsar desde el 2013, que el sistema de humedales es importantísimo para el SAM, el CBM y todo el país en general.  DiBio es del criterio técnico que no se deberán realizar actividades agrícolas a gran escala o agroindustriales en el área del humedal sin consentimiento de la Autoridad Nacional de Ramsar, que recae sobre la Dirección General de Biodiversidad como Punto Focal ante dicha Convención», es decir, el propio DiBio.

Para estas fechas, mientras MiAmbiente y el ICF seguían llenando de páginas los expedientes de la palma y el zacate, ambas compañías continuaban operando sin controles efectivos.

Para el 26 de mayo de 2015, la empresa de palma Compacal ya contaba con su permiso provisional de operaciones y el fondo de garantía se había recalculado solo con base en las 698.8 hectáreas cultivadas e inspeccionadas. En julio de ese año, Rebeca Lizeth Melara Raquel, apoderada legal de Compacal, volvió a insistir en que les dejaran presentar los Informes de Cumplimiento de Medidas Ambientales (ICMAs) en un año y no en seis meses y, además, pidió la ampliación del cultivo de palma a 1,650 hectáreas.

El 16 de Julio de 2015,el ICF y Jesús Juan Canahuati Canahuati, dueño de HGPC Agrícola, firmaron un Convenio de Cooperación (folio 1023 a 1027). Dos de los objetivos más importantes para ambas partes fue lograr la declaratoria del área protegida Cuyamel-Omoa «a través de un proceso participativo de recategorización, redefinición de límites y conformar un nuevo expediente para la declaratoria…». Entre las obligaciones y responsabilidades de la empresa estarían «apoyar de manera técnica y financiera el proceso de redefinición y declaratoria del área de Cuyamel-Omoa». HGPC lograría su objetivo.

Se volvió a preguntar a Said Laínez, jefe del departamento de Vida Silvestre del ICF, que dijera «exclusivamente» cuáles eran las restricciones al cultivo de king grass para que no afectara la flora y la fauna del lugar, y, de nuevo, Laínez peleó.

Para finales del 2015 no había mucho que hacer. Los humedales ya estaban llenos de palma y la HGPC Agrícola empezaría sembrar zacate en toda su finca después de la redelimitación del área. El Panaco había muerto.

En diciembre de ese mismo año, la empresa de palma Compacal presentó su primer ICMA con tiempo de retraso. Una de las medidas que la empresa debía cumplir era «contribuir con la recuperación y protección de las fuentes abastecedoras del recurso hídrico» y como respuesta le entregan a CCO un equipo de cómputo viejo en calidad de donación, porque a ellos se les había dañado el suyo. Pero la generosidad de Compacal fue más allá. Dice en el ICMA (folio 1007-1012) que Gilma Noriega recibió una llamada de la municipalidad pidiendo que los apoyaran con unas frutas para dárselas a los representantes comunitarios de un cabildo abierto que iba a darse en diciembre, eran 10 cajas de manzanas y 5 cajas de uvas. Quien formuló y entregó todas estas donaciones fue el biólogo Alex Emilio Vallejo Ham, el mismo exjefe del Departamento de Áreas Protegidas de la región Nor-Occidente del ICF que había determinado, desde su punto de vista, que las plantaciones de palma y de king grass eran factibles y que, según su interpretación, así lo decía también la convención Ramsar. Después de toda su labor en el ICF, Vallejo se convirtió en el regidor ambiental de la Compacal y fue él quien presentó el primer ICMA de la empresa (folio 950).

En el folio 956 del expediente de la Compacal se dice que “el cultivo no requiere de agua adicional a la caída por efecto de las precipitaciones… por lo tanto el uso de agua superficial o subterránea no es objeto de aprovechamiento”. Sin embargo, estas son fotos de los canales hechos a orilla del río Cuyamel abasteciendo el plantío de palma africana en el 2022.

Por su parte, el 7 de diciembre de 2015, en el dictamen Técnico  No. 2076/2015 de la DECA, se informa que el EAA de la empresa HGPC que siembra king grass no se daba por aceptado por tener muchas enmiendas que hacer al estudio, además de que no se presentaba de manera clara y conforme a los lineamientos requeridos.

Ese mismo año, Honduras se convirtió en el segundo país más peligroso para defender los derechos a la tierra y el ambiente, después de Brasil, con 109 casos de muertes relacionadas con defensores del medio ambiente según el reporte de Globalwitness.

Para el 19 de febrero de 2016, SaidLaínez, jefe de departamento de Vida Silvestre del ICF, emitió su segundo dictamen, elICF-DVS-016-2016 (folios 879-884). En él, asegura que el king grass es un tipo de pasto que necesita un suelo bien drenado y mucho fertilizante para crecer. Y para eso la empresa tendrá que secar el suelo, modificando su humedad, y esto no va a limitarse al área de siembra sino también a partes que no están dentro de la finca, generando un impacto a la flora y la fauna del lugar.

Lainez va más allá y asegura que las grandes cantidades de fertilizantes que este pasto necesita para crecer apuntan a un escenario que ya se conoce en otras partes de Honduras, donde el fertilizante termina siendo arrastrado por los canales de drenado y va a parar en las partes bajas del humedal donde hay lagunas y esteros. Este fertilizante hará que crezcan más algas en los cuerpos de agua y esto implica un mayor consumo de oxígeno por la sobrepoblación de algas y menos oxígeno para los peces (y otros organismos), lo que se traduce en peces muertos por asfixia.

En entrevista para este reportaje, este antiguo jefe del departamento de Vida Silvestre, dijo que «la fauna no solo habita en el área protegida; se necesita proteger más allá».

El ICF pidió entonces que la HGPC hiciera «una evaluación por un profesional de la ecología, experto en humedales para determinar el grado de intervención… y diseñar un programa de monitoreo de la biodiversidad».

El trámite continuó durante tres meses más, durante los cuales el expediente se trasladó a MiAmbiente y este lo regresó al ICF para que verificara que todas las medidas que esa institución había solicitado se hubieran cumplido. El ICF volvió a mandarlo a MiAmbiente y, finalmente, el 2 de agosto de 2016, la DECA convocó a un nuevo SINEIA para analizar (de nuevo) el EAA para los días 10 y 11 de agosto del 2016.

Pero antes de realizar la inspección y el análisis, apareció la influencia política de la HGPC Agrícola. El 4 de agosto de 2016, en una carta, Eny Bautista, directora ejecutiva del programa presidencial Honduras 20/20, le escribe al entonces Secretario de Estado de MiAmbiente, José Antonio Galdames, para señalarle que el Programa 20/20 promocionaba las exportaciones e inversiones y promovía la simplificación del marco regulatorio para las inversiones y emprendimientos,  entonces «los proyectos de generación de energía eléctrica con recursos renovables son de prioridad nacional… y nos ayudan a cumplir con el compromiso de reducción de emisiones. Lo antes expuesto y para efectos de lo establecido en los literales 3 y 4 del artículo 2, así como lo declarado en la sección 4.2 de la Convención Ramsar, (esta) Unidad  declara que el proyecto Honduran Green Power Corporation S.A. de C.V. (HGPC) y su filial HGPC Agrícola, S. A. De C.V., es de interés o prioridad nacional».

La energía limpia de la HGPC triunfaría. El informe y el dictamen técnico No. 1318/2016, producto de la gira realizada el 10 y 11 de agosto, se presentaron el 22 de agosto de 2016. La DECA devolvió por segunda vez el EAA porque, hasta esa fecha, la empresa seguía sin presentar en su estudio la identificación de impactos ambientales. Además, le concedió 60 días a la empresa para cumplir el requisito del ICF de contratar un estudio por parte de un profesional de la Ecología y vuelve, por segunda vez, a pedir que DiBio de MiAmbiente se pronuncie en cuanto a la afectación de los humedales del sitio Ramsar, ya que la carta de la directora del programa gubernamental Honduras 20/20 había declarado los proyectos de la HGPC de interés o prioridad nacional.

Sin embargo, para el 7 de septiembre del 2016, el Panaco ya estaba oficialmente muerto. Con todo el apoyo financiero de HGPC Agrícola, Panaco se recategorizó y se redefinieron los límites del área protegida. Se hizo un nuevo diagnóstico biofísico y se hizo otro expediente. En esa fecha se publicó en el Diario Oficial La Gaceta la nueva propuesta de área protegida mediante decreto ejecutivo del ICF No. 018-2016.

A la nueva área se le llamaría Subsistema de Áreas Protegidas Cuyamel-Omoa (Sapco) y estaría dividido como Parque Nacional Omoa y Refugio de Vida Silvestre Cuyamel. La laguna de Jaloa quedaría fuera del área protegida. El siguiente mapa muestra la nueva propuesta.

Finalmente, tres años más tarde, el 18 de septiembre de 2019 mediante acuerdo legislativo No. 101-2019, el Congreso Nacional de Honduras emitió la declaratoria oficial del Sapco, con todo el apoyo de HGPC Agrícola. El siguiente mapa muestra el cambio de límites.

Sin presentar ninguna otra carta para seguir peleando por los humedales de Cuyamel, el 13 de octubre del 2016, Karen Rico Villalta de DiBio emitió el último informe técnico (Folio 1188-1191) en respuesta a la carta de Bautista. DiBio claudicaría. El informe es la oración fúnebre del Panaco y sus humedales. Karen Rico explica que, efectivamente, el inciso 4.2 de la Convención Ramsar menciona que si un país miembro «por motivos urgentes de interés nacional retire de la Lista o reduzca los límites de un humedal incluido en ella, deberá compensar en la medida de lo posible la pérdida de recursos de humedales y, en particular, crear nuevas reservas naturales para las aves acuáticas y para la protección de una porción adecuada de su hábitat original, en la misma región o en otro lugar».

Rico recuerda en su informe escrito que «se requiere implementar medidas para mantener los beneficios que los humedales reportan al desarrollo económico y al sustento de las personas, sobre todo de los pobres».

Sorprendentemente, DiBio dice que no le es posible emitir una opinión técnica sobre la afectación al sistema de humedal porque no cuenta con información ni ha realizado acciones de inspección o investigación en el sitio para verificar impactos positivos o negativos, y que lo mejor es seguir todas las recomendaciones de todos los dictámenes que ya se han hecho.

Oscar Torres, coordinador nacional de la Convención y punto focal (técnico) RAMSAR del Director de DiBio de 2006 a 2016, explicó en una entrevista con esta alianza que la Convención Ramsar es efectiva para proteger los sitios designados de importancia internacional si los países parte lo llevan a cabo, pero que en Honduras es una situación muy complicada porque son sitios de interés para el desarrollo de monocultivos.

Torres explicó que estuvo en reuniones con la jefa del departamento de Áreas Protegidas, Alejandra Reyes, en las que él explicaba que la Convención Ramsar no tiene prohibiciones, pero que hay lineamientos claros de lo que se puede o no se puede hacer para conservar y no degradar un humedal. Sin embargo, aseguró que el DAP-ICF utilizó eso como justificación. “Un monocultivo puede declararse de interés nacional por el Estado, pero tiene que ser un proyecto que valga la pena. Un monocultivo que también va a degradar el humedal no puede ser de interés nacional porque contraviene las leyes hondureñas y el convenio de RAMSAR. Poco después de eso me despidieron”, dijo Torres.

En el expediente del Sapco hay un comentario sencillo, pero interesante, sobre el convenio entre el ICF y la empresa HGPC Agrícola. El comentario fue hecho en el poblado de Tegucigalpita en el año 2016 y está en uno de los documentos que respaldan la socialización de la nueva propuesta de área protegida, y dice lo siguiente: «No es buena opción que la empresa privada aporte fondos en los procesos porque son muy mentirosos y solo prometen cosas que no cumplen y pueden influir a su favor(percepción de un líder comunitario)».

Hay más comentarios sobre la situación de los humedales en las actas de socialización del año 2016 en el que el panorama para los humedales y la nueva área protegida seguía siendo desolador. Las voces de la gente continúan hablando del drenado de los humedales provocado por los palmeros, la destrucción del sitio y siguen señalando que la autoridad ambiental lo autoriza. «Los palmeros están secando la laguna Juárez, se mueren los cocodrilos», dice uno. «La reunión es ya demasiado tarde, ya el bosque está dañado», dice otro. «El sitio llamado Corinto ya está destruido y las plantaciones que se hacen cuentan con permisos directos de Tegucigalpa y no preguntan nada a la Alcaldía ni a nadie del municipio, y si se les quiere detener muestran todos sus permisos y títulos de propiedad que gestionan con los abogados», dice un tercer testimonio.

Los larguísimos expedientes de las empresas Compacal y HGPC Agrícola continúan. A pesar de que hay medidas de mitigación y requisitos para sembrar estos cultivos, la mayor parte de los humedales de Cuyamel ya no existen y los que quedan están severamente reducidos y dañados. La laguna de Jaloa, representante del corazón de los humedales de Cuyamel, ha quedado a merced de los cultivos de palma que la rodean y no pertenece a las nuevas áreas protegidas. Al final, el expediente del Panaco se esfumó de los archivos del Congreso Nacional y del ICF.

Igualmente, tampoco hay registro de denuncias formales ante la Fiscalía del Ambiente en la zona del Panaco en los años de la destrucción de sus humedales, ninguna otra autoridad ha iniciado investigaciones por todas las irregularidades que han ocurrido alrededor de los humedales de Cuyamel, a pesar de que se hicieron pedidos formales de información.

Después de todo el enredo, el 28 de noviembre de 2016, mediante el dictamen técnico 1228-2016, para la HGPC y el 11 de julio de 2014, mediante dictamen técnico No. 506-2014, para la Compacal, MiAmbiente se limitó a cobrar las multas de 200 dólares a dos proyectos con inversiones de más de 6 millones de dólares y 5 millones de dólares, respectivamente.

Esto es lo que queda

«No queda mucho», dice Ezequiel, mientras caminamos entre plantíos de palma y potreros. Vamos buscando la laguna de Jaloa: el corazón de lo que era el humedal. Mientras andamos recuerdo lo que dijo una luchadora ambiental de la zona, a quien llamaremos Jacinta para proteger su identidad: «Aquí se sobrevive de la pesca y del poco turismo que entra… con los pesticidas que utilizan para la palma se mueren los peces, ya las lagunas se han secado y la gente no tiene dónde pescar».

Uno de los problemas más grandes, dice el estudio sobre justicia climática de 2017 en Honduras, es que los recursos naturales y el medio ambiente se ven como mercancías y esto aparece de una manera muy generalizada en la política pública medio ambiental. La influencia de los Estados Unidos y su visión mercantilista de los recursos y el medio ambiente, dice el informe, está presente en la «Visión de País 2010-2038; Plan de Nación 2010-2022», elaborado por el Estado hondureño, y que es «una clonación» del documento Desarrollo Territorial Sostenible, elaborado por el Centro de Investigaciones Económicas y Sociales del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y financiado por USAID.

Al final, lo que era el Panaco y los humedales de Cuyamel quedaron llenos de palma, incluida una parte de la laguna de Jaloa.

Seguimos caminando con Ezequiel, pisamos suelos pantanosos donde nos hundíamos y que eran parte de la laguna de Jaloa. Por fin llegamos a ella. Nos montamos en un cayuco y recorremos un pequeño tramo de lo que queda.

Las plantaciones de palma se convirtieron en las tumbas clandestinas de los humedales de Omoa y de una gran parte de su vegetación. Las marcas que delimitaban la antigua zona núcleo del parque todavía se encuentran en la zona; son las lápidas del Panaco, que recuerdan todo lo que solía vivir en él.

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Esta investigación fue realizada por miembros y colaboradores del Colectivo Linea 84, Periodismo Etnográfico y Acción Comunitaria en alianza en Honduras con ContraCorriente y apoyado en México por Avispa Midia.

Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte del Fondo Howard G Buffet para Mujeres Periodistas y Casa Colectiva/ Casa de Luz

^{* Este artículo es una adaptación del segundo de tres relatos del proyecto, Crónicas Neoliberales 2018-2022 del Colectivo Linea 84. Agradecemos principalmente al colaborador de investigación del Colectivo, Roberto Chávez, sin quien este trabajo, simplemente, no hubiera sido posible. Gracias por compartir tu valioso tiempo para esta investigación, estamos en deuda contigo. Para la Casa Colectiva para migrantes/ Casa de Luz, su apoyo de principio a fin ha sido fundamental, no hay forma de agradecer con palabras. El Colectivo agradece la paciencia, la ayuda, la hospitalidad y la bondad de todos los miembros de ContraCorriente, son un sendero en este camino por la justicia. Para los compañeros de Avispa Midia, su trabajo es un gran referente de lucha en este sistema cada vez más sombrío, gracias por todo su apoyo siempre constante, siempre presente.}

Científicos de todo el mundo han denunciado que la crisis climática llegó a su punto crítico y que alcanzará un punto de no retorno en las próximas décadas si las emisiones de gases de efecto invernadero no fueren reducidas drásticamente.

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También ha sido denunciado por científicos, organizaciones y pueblos que las soluciones a la crisis que están siendo negociadas en las conferencias del clima de las Naciones Unidas, las llamadas COPs (Conference of Parties en inglés, donde cada parte es un Estado), son falsas soluciones y que acaban beneficiando especialmente a las corporaciones responsables por el cambio climático.

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Las negociaciones se han llevado a cabo desde 1992, con la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, y hasta la fecha “no han generado ni solo un impacto en la [reducción] de las emisiones, por lo tanto, continúa el incremento de la temperatura”, explica Martin Vilela, de la organización Corporate Accountability.

La mayoría de las soluciones propuestas para combatir la crisis se basan en lo que llaman ‘neutralidad de carbono’. Es un concepto que “permite continuar extrayendo combustibles fósiles, degradando ecosistemas, expandiendo la frontera agrícola, destruyendo bosques, bajo la promesa que en el futuro se aplicarán medidas que van a absorber y compensar estas emisiones”, explica Vilela.

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Esta lógica predominó en las propuestas de solución a la crisis climática, a las cuales adhirió la mayoría de los países en el mundo, porque hubo una “captura corporativa de las estructuras de gobernanza climática” por parte de las empresas contaminantes, especialmente la industria de petróleo. “Las corporaciones han desarrollado cantidades de mecanismos para poder controlar las negociones internacionales del cambio climático”, agrega Vilela.

Entre las falsas soluciones que han sido denunciadas por pueblos y organizaciones en todo el mundo están el avance de las energías renovables a escala de megaproyectos, el gas como energía de transición y los mercados de carbono.

Sin embargo, hay una cuarta falsa solución que, según la investigadora Silvia Ribeiro, del Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, conocido como Grupo ETC), se tiene poca información sobre cómo se está desarrollando en América Latina, la llamada geoingeniería climática.

La cantidad de bosques y tierra necesaria para compensar las emisiones que se están generando y serán generadas en todo el mundo no es suficiente para alcanzar la neutralidad de carbono, entonces surgió la propuesta de un tipo de tecnología que busca separar el carbono emitido de la atmosfera. “Como la naturaleza no alcanza para cubrir todas las propuestas de ‘cero emisiones netas’ y Soluciones Basadas en la Naturaleza, van por arreglos tecnológicos de alto riesgo, como geoingeniería”, explica Ribeiro.

La investigadora aclara que la industria de la geoingeniería todavía se está desarrollando, pero son proyectos experimentales que ya están en toda América Latina, siendo los principales inversionistas las petroleras, automotoras, empresas tecnológicas y otros grandes contaminadores.

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Ribeiro alerta que la presencia y los impactos de estos proyectos en los territorios no son tan evidentes como, por ejemplo, los casos de explotación minera, por eso es necesario aprender a identificarlos.

Además de ser una falsa solución a la crisis climática, ya están causando impactos en pueblos y comunidades. “Lo que va a pasar y lo que ya está pasando con estas tecnologías es que van a impactar las mismas comunidades que ya están siendo impactadas” por proyectos de gran envergadura.

Manipulación de la naturaleza

La geoingeniería, como define Ribeiro, es la manipulación intencional y tecnológica a gran escala de los ecosistemas, sea en la tierra, en el mar y el aire, para tratar de contrarrestar algunos de los síntomas del cambio climático. Todas ellas son todavía “tecnologías desconocidas, de alto riesgo, porque plantean intervenir en los ecosistemas”.

Como ejemplo de estas tecnologías se puede citar proyectos de alcalinización del océano, en marcha en la República Dominicana; el cultivo industrial de algas para capturar carbono, en Chile; la ingeniería solar, en países como Argentina y Jamaica, que consiste en “rebotar los rayos del sol”. Para eso se crea artificialmente nubes con sulfuros, conocidas como volcánicas, que pretenden tapar la luz del sol, ya que son muy densas por haber sulfuros, como cuando hay las explosiones volcánicas. “Esto podría tener impactos sumamente desiguales, ya que puede bajar la temperatura donde se aplica esta técnica, pero crear impactos en otras regiones”, explica la investigadora.

Otra de las propuestas es la captura y uso del carbono, en marcha en Chile y Colombia. “La idea de estos proyectos es utilizar el carbono capturado en algún producto, como por ejemplo en la coca-cola – esto no es un chiste –, [es decir], sacar de la atmosfera el dióxido de carbono y meterlo en botella de coca-cola”. Pero el uso más común sería para la producción de combustibles sintéticos como el ‘hidrógeno verde’.

Hay en Chile un proyecto de captura de aire, que son grandes ventiladores que filtran el aire, utilizando sustancias químicas, y separan el carbono para utilizarlo.

Un último ejemplo, que se desarrolla principalmente en Brasil, es la bioenergía con la captura y almacenamiento de carbono. La teoría, explica la investigadora, es que se planta muchos árboles, los árboles absorben carbono y son quemados para generar bioenergía. Lo que sale de este proceso – los gases – se vuelve a enterrar.

Sin embargo, “cuando se retira las plantaciones, se emite más carbono, además del transporte, fertilizante y los agrotóxicos utilizados, todo eso genera nuevas emisiones”.

Más petróleo

La tecnología más difundida en América Latina es la captura y almacenamiento de carbono, tecnología que tuvo su origen en la industria del petróleo. Está presente en Argentina, Colombia, Trinidad Tobado y, principalmente, México y Brasil (región del PréSal, área de reservas de hidrocarburos que se ubican a más 7 mil metros abajo de la capa salina en la costa de Brasil), países con importante explotación petrolera.

Con la tecnología, explica Ribeiro, el carbono es captado de diferentes formas y es inyectado por gasoducto en pozos paralelos y conectados a los pozos de petróleo, que ya han sido explotados por mucho tiempo, de tal manera que, con la presión, se empuja hacia arriba las reservas profundas de petróleo que no podían ser extraídas. Con eso se extrae más petróleo y el carbono se queda atrapado en el subsuelo.

La investigadora apunta que más de 85% de las plantas de captura y almacenamiento de carbono en el mundo están hechas para recuperar más petróleo, para acceder a reservas que hasta ahora no han podido ser accedidas. “En realidad es una excusa para seguir emitiendo carbono”.

Ribeiro explica que esta es la tecnología más antigua, pero no era utilizada por no ser rentable. ¿Y por qué están utilizando ahora? “Solo porque hay subsidios gubernamentales (…). Además, venden los créditos de carbono que dicen que se almacena dentro de estas instalaciones”.

En todas las formas de geoingeniería se plantea manejar los síntomas, nunca las causas de la crisis climática y, por lo tanto, el cambio climático va a continuar, analiza Ribeiro. “Esto crea un mercado cautivo para los que promueven la geoingeniería y desvía la atención y recursos de las soluciones reales”.

Nuevos mercados

Con el desarrollo de las nuevas tecnologías sus inversionistas buscan nuevos mercados. “Solo les interesa si hay dinero. Y el dinero se prevé a través de los nuevos mercados de carbono que están siendo discutidos en Naciones Unidas, específicamente con el Acuerdo de Paris”, puntualiza la investigadora.

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Para todo eso el Banco Mundial, el Banco Interamericano, Comisión Andina de Fomento están construyendo nuevos marcos de préstamos, y los están intermediando las grandes ONGs conservacionistas, como WWF y Conservación Internacional. Además, ha surgido una serie de nuevas empresas que son las certificadoras y las verificadoras, que “van a ganar mucho con esto”, remarca la investigadora.

Información para la defensa

El tema de la geoingeniería climática es relativamente nuevo, sin embargo, los expertos que han acompañado y estudiado el tema coinciden en que es necesario que los pueblos, las organizaciones, la gente en general, reconozcan estos proyectos en el territorio, de manera que se pueda construir resistencia a ellos.

“Parece algo muy abstracto y muy técnico, pero está manifestándose en las distintas regiones, lo que queremos es informar de la forma mas adecuada posible para que las organizaciones, los activistas puedan defender sus territorios”, dijo Verónica Villa, del Grupo ETC.

De acuerdo con Ribeiro, existe solamente un lugar en el mundo donde están prohibidas las tecnologías de captura de carbono, es el condado de Nueva Orleans, Estados Unidos. “Esto porque las comunidades de descendencia africana no lo permitieron”.

“Es muy importante aprender a identificar estos proyectos y lo que conllevan para que nos vayamos organizando y podamos hacer presión a los gobiernos, pero sobre todo promover alternativas reales desde las comunidades”, conluye Ribeiro.

El tema fue debatido en el encuentro Geoingeniería Climática en América Latina, organizado por el Grupo ETC y Corporate Accountability.

El martes (20) ocurrió en Oaxaca el sexto encuentro de gobernadores del sur-sureste de México, encabezado por el embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, junto a representantes del sector económico, como Visa, Amazon, Facebook, AT&T, META, Google, Mercado Libre, FEMSA y Oxxo.

El objetivo de estos encuentros ha sido, según el embajador de Estados Unidos, abordar las oportunidades de “desarrollo” para la región.

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“Nuestros gobiernos federales, en asociación con líderes regionales del sector privado, han organizado cinco reuniones conjuntas (sexta con la actual) con los gobernadores de los estados del sur de México para promover la cooperación público-privada para promover las oportunidades de inversión, el desarrollo económico y los objetivos ambientales y climáticos”, sostuvo el embajador Salazar.

De todos los proyectos que están en curso en esta región, el más importante, según el anfitrión del evento, el gobernador de Oaxaca Alejando Murat, es el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

“Estamos aquí para seguir construyendo, con el apoyo de nuestros hermanos de los Estados Unidos, el andamiaje para consolidar proyectos de impacto global que van a catapultar el comercio y las energías”, afirmó Murat, quien agradeció a los EEUU el respaldo para “detonar el desarrollo del sur-sureste por medio” de dicho proyecto.

El gobernador destacó que la relación histórica con los Estados Unidos es cercana y “debe serlo aún más ahora en que los nuevos tiempos requieren un trabajo en equipo para sacar adelante temas de la agenda común como el comercio, la inversión y la migración (…) Estamos listos para seguir haciendo equipo con los Estados Unidos”.

Murat envió un mensaje a los inversionistas, algunos de los cuales ya presentaron un programa de inversión, como la empresa Amazon, para darles seguridad a sus negocios. “Nosotros les vamos dar la seguridad a través del TMEC [Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá] de cualquier inversión de sus empresas en cuestiones de seguridad ante situaciones irregulares por el tema bélico, comercial (…). Aquí van a tener la posibilidad de producir cualquier producto, moverlo a Asia, a Europa y, por supuesto, a Estados Unidos y Canadá”.

Tema recurrente en la reunión, la seguridad también fue mencionada por Salazar. Hay la necesidad de “unir esfuerzos para enfrentar el reto compartido de la seguridad, porque con seguridad, hay prosperidad”.

“Resultados históricos”

En un comunicado, Salazar sostuvo que en cada encuentro “hemos tenido resultados históricos”. En esta última reunión, Amazon anunció la generación de 900 empleos en el sureste, que permiten conectar a la región con Estados Unidos y Canadá, a través de las tecnologías y la digitalización.

Por su parte, META anunció un programa de “capacitación a miles de personas para aprovechar las oportunidades que surgen de nuestra integración a través de una fuerza laboral bien preparada que pueda construir un mejor futuro”.

Nuevo gobernador

Salomón Jara Cruz, el gobernador electo de Oaxaca, también estuvo presente en la reunión y aseguró que continuará con la política y trabajo que viene realizando Murat. “Vamos a trabajar para que nuestro estado sea motor del desarrollo nacional y del sur del país”, dijo Cruz quien reafirmó su proyecto de industrializar Oaxaca.

“En Oaxaca no tenemos como economía la industria, somos mas comerciales, mas de servicios. Este proyecto [Corredor Interoceánico] es un proyecto estratégico para el sur-sureste, hasta para Centroamérica”, compartió.

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Además de la conexión entre los océanos Atlántico y Pacífico por un tren, el Corredor prevé la construcción de 10 zonas económicas especiales de por lo menos 300 hectáreas y que tendrán beneficios fiscales y regulatorios.

Otros temas

Entre los temas en discusión estuvo la “crisis migratoria y cómo afecta a la región y a Oaxaca”, con el objetivo de discutir, según un comunicado de gobierno, “las estrategias de fortalecimiento del estado de derecho, así como de desarrollo social y económico que permiten disminuir los impactos negativos de este fenómeno”.

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Uno de los paineles del encuentro fue nombrado “Muéstrame el Dinero: Opciones de Financiamiento Internacional y de Estados Unidos”, en el cual organizaciones financieras como la U.S International Development Finance Corporation (FDC), la United States Trade and Development Agency (USTDA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la IFC del Banco Mundial explicaron cuáles son sus sectores prioritarios y criterios para brindar financiamiento.

Participaron del encuentro los gobernadores de Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, además del presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker, y el director de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Miguel Siliceo Valdespino.

^{por el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales}

^{En portada: Suzano Papel e Celulose, la mayor multinacional productora de celulosa del mundo, se “disculpó” durante una reunión con miembros de la comunidad quilombola Angelim II, después de haber invadió su teritorio situado en Sapê do Norte, en Espírito Santo. Con una operación de corte de eucalipto, de forma totalmente inesperada, provocó miedo e inseguridad a los quilombolas, quienes resistieron la invasión. Junio del 2021}

Las comunidades quilombolas de Sapê do Norte, Brasil, viven un proceso violento ante la expansión de los monocultivos de eucalipto a gran escala. Después de muchas dificultades, iniciaron un proceso para recuperar sus tierras y el agua en sus territorios. Y la lucha por recuperar lo que les pertenece continúa. A continuación, compartimos un diálogo entre el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM, por sus siglas en inglés) y dos activistas quilombolas para reflexionar sobre este difícil pero fértil proceso de resistencia.

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El territorio quilombola (comunidades formadas por descendientes de personas africanas que fueron sometidas a la esclavitud y escaparon para fundar quilombos en el Brasil colonial e imperial) de Sapê do Norte, en el estado de Espírito Santo, Brasil, ocupaba una extensa área en los actuales municipios de São Mateus y Conceição da Barra. En esa zona vivían alrededor de 12,000 familias. Las que permanecieron se dividen en 34 comunidades reconocidas por la Fundación Cultural de Palmares, pero todavía hay muchas otras en situación de invisibilidad, sin el certificado que acredita el reconocimiento de las comunidades quilombolas.

Estas comunidades quilombolas fueron expulsadas de sus territorios tradicionales a través de un violento proceso de colonización impulsado por el Estado y luego, en la década de 1970, con la llegada de la empresa Aracruz Celulose (posteriormente conocida como Fibria y actualmente Suzano S.A.) y la expansión de sus plantaciones de monocultivo de eucalipto a gran escala. Con el respaldo del Estado, y en nombre del “desarrollo”, se vieron obligadas a trasladarse a la periferia de los municipios de la región. Otras permanecieron cercadas por plantaciones de eucaliptos.

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En medio de las dificultades cotidianas, los quilombolas siguen luchando contra las diversas formas de violencia a las que se enfrentan. En 2007 iniciaron un proceso colectivo para recuperar el agua, los cultivos y la vida comunitaria. Han pasado 15 años desde que consiguieron recuperar algunas de sus tierras en Sapê do Norte. Y la lucha por recuperar lo que les pertenece continúa.

El Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) dialogó con Flávia, de la comunidad Angelim II, mujer, madre y activista quilombola, y con João de Angelim, también activista quilombola, agroecólogo e investigador quilombola. Sus palabras y experiencias en las llamadas retomadas (procesos de recuperación de sus territorios) nos dejan muchas lecciones y reflexiones sobre el difícil pero fértil proceso de resistencia de las comunidades quilombolas en el territorio de Sapê do Norte.

WRM: ¿Cómo empezó la historia de las retomadas en Sapê do Norte?

João: Las comunidades quilombolas llevan años resistiendo. Primero, ante la llegada del cultivo de eucalipto a la región, mediante la lucha por el territorio, a través de la justicia, con estudios e informes técnicos que pudieran garantizar que la comunidad recuperara parte del territorio que le fue quitado abruptamente. Pasaron los años y no veíamos ninguna posibilidad de recuperación. Llegamos a la conclusión de que sería necesario dar algunos pasos, presionar, señalar algunos lugares que demostraran que algo malo ocurrió cuando la empresa de celulosa y papel llegó y se apoderó de las tierras.

Luego, a través de la Comisión Quilombola, que cuenta con representación de todas las comunidades, junto con otros movimientos sociales que tenían más experiencia en realizar ocupaciones de tierras, como el MST (Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra), se realizaron las primeras reuniones. Y así empezaron las retomadas.  La primera ocurrió en 2007, en la comunidad de Linharinho, con el objetivo de recuperar el agua, los alimentos y el suelo.  Hoy esa comunidad reclama 3,500 hectáreas de tierra.

Pero hay que considerar que la retomada ocurre en un contexto de una reparación social y ambiental que nunca llegó a suceder. ¿Cuántas personas murieron por haber sido expulsadas de Sapê do Norte? El Estado brasileño tiene que entregar los títulos (de propiedad) a las comunidades quilombolas, cuyas tierras son mucho más grandes que las que están en proceso de recuperación. Pienso que esta sería la verdadera justicia. No va a abarcar todos esos años que han pasado, pero nos va a posibilitar una alternativa en el futuro. Si uno tiene tierra, tiene libertad. No se puede seguir permitiendo que Suzano destruya el territorio de Sapê do Norte, ni ninguna otra región.

Flávia: La primera retomada en el territorio de Sapê do Norte, que se dio en la comunidad de Linharinho, fue muy difícil. Fue la primera vez que tomamos la decisión y dijimos: “mira, si el Estado no nos entrega, si no nos devuelve nuestras tierras, entonces vamos a iniciar un proceso de recuperación”.

Contamos con una gran organización, con asesoría jurídica y con el apoyo de aliados. Pero, al final, estaba el operativo policial, con furgones, con perros…fue muy difícil. Resistimos como pudimos y, gracias a Dios, no perdimos a nadie. El Estado, representado por la policía, vino con toda su fuerza, armado, y muchas personas de la comunidad fueron detenidas.

Después nos quedamos un tiempo sin emprender nuevas retomadas.

En el año 2010 hubo retomadas en São Domingos y Angelim I. Más recientemente las hicimos en la cuenca de Angelim, en las comunidades de Angelim 2, Angelim 3 y Angelim Disa –Angelim es el río que da nombre a las comunidades. Aunque vengan algunos policías, ahora ya conseguimos que no venga toda la fuerza armada. Estamos mejor preparados y contamos con una red de aliados que hacen su parte para apoyarnos. Y conseguimos evitar que nos criminalicen por recuperar los territorios.

WRM: ¿Cómo se organizan ustedes antes y después de las retomadas?

Flávia: En Sapê do Norte, tenemos la Comisión Quilombola, con representantes de todas las comunidades.  Tenemos reuniones mensuales. Cuando vamos a recuperar tierras, todo se piensa desde ese espacio, con el apoyo de todas las comunidades. Hacemos una lista de entidades que nos apoyan e informamos a todas, y también siempre pedimos asesoramiento jurídico.

Hoy en día, conocemos nuestros derechos y somos capaces de tener el mismo diálogo que un abogado. A pesar de eso, cuando llegamos al lugar de la retomada, los policías, con sus prejuicios, no aceptan que una quilombola como yo pueda dialogar con ellos. Siempre solicitan la presencia de un abogado. Muchas veces el abogado está por estar, pero somos los quilombolas los que realmente hablamos, porque somos nosotros los que vivimos acá y sabemos cuáles son nuestros derechos. Hoy tenemos algunos abogados que nos defienden muy bien, con uñas y dientes, que llevan mucho tiempo con nosotros. Siempre están con nosotros. Hacemos un llamado a los movimientos, los consejos y la secretaría de derechos humanos –aunque no se vea mucha acción por parte de la secretaría.

Así que todos los movimientos se enteran de que va a haber una determinada acción dentro de una comunidad en particular, a una hora determinada, y entonces todos se mantienen alerta.  Los que pueden venir, vienen; los que no pueden, nos apoyan desde sus localidades.

Y también hay una organización inicial en el momento de la acción. Quien puede, lleva plantones, semillas, lo que quiera y pueda contribuir para que realmente podamos ocupar ese espacio que está desocupado o con eucaliptos. Y también organizamos placas de identificación del territorio para delimitar el espacio, con el número de los procesos judiciales y artículos de la ley que nos da el derecho a la tierra. El día de la retomada es un día de tensión, de mucho trabajo, hasta que llega la policía. Claro, no hay ninguna retomada sin que la policía llegue. Ahí empieza el proceso de negociación, que, gracias a Dios, vamos ganando todos, y la policía se va.

La comunidad que va a recuperar la tierra tiene que estar bien movilizada y articulada para que haya gente todos los días, vigilando, trabajando, para que no lleguen al día siguiente y destruyan todo lo que se hizo el primer día. La retomada de Angelim II tuvo lugar el 19 de diciembre de 2020.

João: La retomada de Linharinho fue rápidamente reprimida. No hubo la oportunidad de sembrar el cultivo. Pasamos tres años pensando en una estrategia de cómo hacer una retomada que fuera más permanente. Así, en 2010, la retomada ocurrió en dos comunidades: São Domingos y en Angelim I, un mes después.

La estrategia en Angelim I fue que no nos quedáramos todos en el territorio en recuperación. Entrábamos, plantábamos y nos íbamos. Lo que sucedió en esa primera área fue su consolidación. No hubo interrupción por parte de la policía, ni aislamiento del área, logramos crear caminos y maniobras a través del diálogo directo y otras estrategias de resistencia. En São Domingos utilizamos la misma estrategia. Con el paso del tiempo fuimos eliminando los eucaliptos y cultivando una agricultura de base alimentaria más adaptable a la situación del suelo.

WRM: ¿Cómo el agua se volvió tan importante en esta lucha?

João: En una de las investigaciones realizadas por el movimiento quilombola aquí en Sapê do Norte, en 2002, se constató la desaparición de unos 200 arroyos y humedales en la región. La gente muchas veces ni siquiera tenía agua para beber.

En la retomada de Angelim I, hicimos una acción cerca de una zona húmeda. Después, en 2014 y 2015, vivimos un periodo de mucha sequía. Volvimos a la zona húmeda, ya con menos eucaliptos, pero no lo suficiente. La gente empezó a quitar los eucaliptos. A partir de ese momento, la región ganó otra forma. La lluvia llegó, el suelo se volvió más húmedo y las cosas empezaron a suceder.

En ese momento pasamos a observar lo que estaba ocurriendo en la región: donde estaban las personas, donde se regeneraron los manantiales, el agua estaba ocupando los puntos que antes estaban secos. Uno de los ejemplos más claros es el arroyo Córrego da Velha Antônia, que había desaparecido y que ya hemos conseguido recuperar parcialmente. Esto es algo muy gratificante.

Los cuerpos de agua ahora tienen más agua, con un volumen significativo, gracias a las retomadas, en que más de 400 familias del entorno han retirado los eucaliptos. En esta pequeña muestra vimos brotar el agua, algo que no ocurría durante muchos años. La gente empezó a pescar. En un lugar donde antes no había peces, empezaron a aparecer.  Se empieza a poder navegar en un lugar en el que no había agua. Estamos hablando de un solo arroyo, pero hay cientos de arroyos y ríos afectados aquí en la región. Imagínate la abundancia que había antes de los eucaliptos. Es decir, el gran problema que tenemos es el monocultivo de eucaliptos, que hace con que no tengamos agua; que los ríos no tengan agua.

El tema del agua es inconmensurable; lo hemos tratado como el principal vínculo entre todos los que estamos aquí.

Flávia: En realidad, todo lo que teníamos aquí en el territorio era tierra, agua y bosque. Eso era todo lo que teníamos para sobrevivir. No teníamos otra forma de subsistir. Por eso decimos que el bosque es nuestra madre y el río es nuestro padre. Siempre nos han mantenido. Cuando conocí el río, todavía había muchos peces, había lianas en el bosque, pero hoy nuestra mayor dificultad, en todo el territorio de Sapê do Norte, es la falta de agua.

En Angelim 2 había 105 familias, hoy son 40. Desde que llegaron, las empresas talaron todo el bosque, y poco después llegó la plantación de eucaliptos. El agua y los peces empezaron a disminuir y a morir por envenenamiento. Los manantiales comenzaron a secarse.

El monocultivo de eucaliptos seca el agua de los arroyos e inmediatamente utiliza ese espacio para plantar más eucaliptos, acercándose al manantial hasta que el río se seca por completo. También está la cuestión de las represas, que siempre se construyen por encima de nuestras comunidades, dejando sin agua a los arroyos que se encuentran en la parte inferior. En períodos de mucha sequía, el agua evapora, los ríos se vuelven tierra. Las plantaciones de eucalipto se abastecen con camiones cisterna. Van a las represas, llenan los camiones cisterna y riegan los eucaliptos, las plantaciones de eucalipto. Por esto hacen represas: para tener agua abundante todo el año.

Ni siquiera tenemos agua para beber, es algo cruel. Cuando estoy en los espacios donde están los organismos ambientales del Estado e incluso el actual gobierno, suelo decir que es vergonzoso dejar a más de mil familias en un territorio sin agua para beber.

Tenemos muchos problemas por la falta de agua. Una parte de la comunidad se abastece con un camión cisterna enviado por la alcaldía, pero no consideran la alternativa de quitar los eucaliptos que están cerca de las cabeceras de los ríos, disminuir la cantidad de veneno utilizada (para que tengamos acceso a agua limpia), en lugar de pasar años y años abasteciéndonos con camiones cisterna.

En las comunidades de Angelim 1, Angelim 2 y Angelim 3, solo con recuperar las tierras y reducir el cultivo de eucaliptos, no fue necesario trabajar en la recuperación de los manantiales (específicamente), pues no sería posible recuperar todos los manantiales en tan poco tiempo. Trabajamos en la recuperación de algunos de los manantiales más estratégicos para hacer avanzar el proceso. Pero con solo eliminar parcialmente los eucaliptos, el agua ya empieza a brotar.  Es increíble. En los manantiales en que hace un año no había agua, ahora vuelven a tener. Eso demuestra que lo que seca nuestros manantiales es el eucalipto, aunque ellos digan que no, que el eucalipto es una planta como cualquier otra. ¿Lo es? Sí, pero se trata de un monocultivo. Si hubiera alguna diversidad, tal vez no secaría el agua como ahora.

WRM: En ese proceso de retomada, ¿fue importante el apoyo de los movimientos y organizaciones de la región y los aliados internacionales?

Flávia: Muy importante. Siempre tuvimos esta percepción. Cuando estamos solos, la empresa arremete con fuerza, son muy violentos. Pero como tienen “un nombre que mantener”, como dicen, cuando se dan cuenta de que no estamos solos, quieren mantener el diálogo.

Hoy tienen otra forma de dialogar con nosotros porque son conscientes de que no estamos solos. Y cuando van a la mesa de diálogo, dicen que nosotros somos los agresivos. Siempre es así. Pero el apoyo de las comunidades y de las personas de fuera de Sapê do Norte es esencial. Estamos en un proceso de sostener una red de apoyo con cada uno de los movimientos. Tenemos que ir de la mano de todos para que nunca nos quedemos solos.

João: La lucha quilombola ya surge como una lucha conectada; de denuncia, con alianzas. La lucha quilombola de Sapê do Norte es conocida internacionalmente. Lo más importante para fortalecer esta lucha fueron las alianzas que tenemos a nivel nacional e internacional, aunque las retomadas se autogestionen, con el poder de decidir qué hacer, qué cultivar, qué comer. Todo ello ocurre gracias a este bloque que nos defiende desde los derechos humanos, desde la FASE (Federación de Organismos de Asistencia Social y Educativa) de Espírito Santo, que siempre fue una de nuestras socias, desde los movimientos sociales sin tierra, del MST, en todas las redes en que se articula, la Red Alerta contra el Desierto Verde, el WRM y tantos otros grupos aliados en las redes de América Latina. Tratamos de articularnos para sentir siempre el dolor de los demás, conscientes de lo puede suceder en nuestros territorios.

Intentaron separarnos, ahora queremos acercarnos, estar cerca del río y recuperar el bosque que nos quitaron. El vínculo con el bosque era tan íntimo y valioso que los lugares tenían nombre y se respetaban simbólicamente. Hoy se habla de la protección de los bosques, de las zonas de reserva legal, de las APP (Áreas de Preservación Permanente), pero eso no es suficiente ni comparable con lo que eran los bosques verdaderos.

WRM: ¿Cuáles fueron los principales retos en esta lucha?  

Flávia: Como mujer, hay muchos retos. La mujer tiene que ser militante, madre, ama de casa. En mi caso, tengo dos hijos, y fue mucho más desafiante porque recién había dado a luz. Mi hijo tenía cuatro meses cuando hicimos la retomada. Soy una lideresa de primera línea, dependo del apoyo de las personas. Pero solo confían en el proceso si estoy presente. Entonces yo tenía que estar presente, así que mi hijo y yo estuvimos en todas las retomadas. Es muy agotador, sufrimos. No en la comunidad, porque la comunidad nos da todo el apoyo cuando tenemos un hijo, toda la gente lo cuida.

También sufrimos prejuicios, por ser mujer, negra, quilombola, agricultora, pobre. Generalmente la empresa nos subestima mucho. Piensan que esta mujer, yo, no tengo capacidad para participar en un proceso de negociación, por lo que tengo que estar afirmando todo el tiempo quién soy, para que no nos subestimen o intenten arremeter con fuerza contra la comunidad. Los prejuicios son muy visibles. El día en que ocurrió la agresión contra un compañero, les pregunté si podían imaginarse lo que sucedería si hubiera sido él quien hubiera atacado a alguno de ellos (el personal de Suzano), todos blancos, dónde nuestro compañero estaría ahora. Estaría en la cárcel, seguro. Pero como fue un hombre blanco que atacó a un hombre negro, no pasa nada: dicen “lo siento” y “a dialogar”. ¿Habrían dialogado con nosotros en ese momento si hubiera pasado lo contrario? La resistencia es cotidiana, siempre hay que estar atento.

Otra cosa que me preocupa mucho son las amenazas. Yo siempre tengo miedo en el territorio. Debido a mi participación en el movimiento de derechos humanos, toda la coordinadora tiene un cuidado especial conmigo, una cuestión de vida o muerte. Aquí no hay señal de teléfono, solo tengo acceso a internet cuando estoy en casa. Cuando salgo, nadie sabe dónde estoy. No salir sola, no salir por la noche, no dejar solos a los niños en casa. Es un gran reto tener que estudiar, por la noche tengo que ir a la universidad, pero ¿cómo puedo volver a casa si no puedo caminar sola por la noche? Hay todo un proceso que todavía estoy tratando de manejar.

João: La empresa siempre está buscando una artimaña. En cada proceso de retomada, la empresa salía con un proyecto o con programas para desviar la atención.  Eso ocurrió muchas veces, generando un enfriamiento de la lucha. En ese mismo período, cooptaron quilombolas y líderes, ofreciendo puestos de trabajo, presentando algunos programas, afirmando que era lo mejor para la comunidad.

Lo que ocurrió en algunas de las retomadas fue que, a medida que se consolidaban las áreas en recuperación, fueron llegando personas que no eran quilombolas y que, de algún modo, lograron instalarse. Y, muchas veces, por no comprender la lucha por el territorio y la lucha quilombola, crearon un diálogo torcido y confundieron el proceso. Tuvimos grandes dificultades con eso. Recientemente, en 2020, sufrimos un ataque masivo de invasiones en el territorio de las comunidades, por parte de grupos organizados no quilombolas. Fue necesario tomar una posición, porque ellos estaban eligiendo algunas localidades y contando nuestra historia, como si fueran nosotros, y calificando a esas localidades como áreas de retomada. Algo peligroso. Fue necesario separar cuáles eran las áreas recuperadas en las que estábamos participando, con un poco de la filosofía que tenemos como movimiento. Al final, esas personas (no quilombolas) tuvieron que irse.

Mantener las áreas en recuperación también supone un reto debido a la invisibilidad que tenemos en las políticas públicas. Como trabajamos en autogestión, no tenemos el apoyo de políticas públicas, no tenemos el apoyo de casi nadie. Trabajamos con los agricultores, con los quilombolas que están en el campo casi como un esfuerzo directo por parte de ellos. Y eso está siendo un gran diferencial, está haciendo posible “extraer la leche de la piedra”, cuando se decía que no iba a salir nada. Fue posible volver a tener agua donde no había, tener comida donde no había, tener bosques, volver a criar animales donde en el pasado había muchos.

Otro desafío tenía que ver con la capacidad de rebrote del eucalipto: una capacidad enorme.  Después de diez años, tenemos lugares en los que aún no fue posible eliminar los residuos de los eucaliptos. Los más de 40 años de uso intensivo de maquinaria pesada, de cientos de kilos de glifosato, de toneladas vertidas en las cabeceras de los ríos, en las aguas, dejaron el suelo en muy malas condiciones. Y ahora tenemos que regenerarlo, recuperarlo. La agroforestería siempre formó parte de la vida quilombola.  Pero para regenerar el suelo es necesario conocer el lugar, recuperar la ancestralidad, analizar lo que tiene relación con el entorno y lo que no. Saber qué sembrar, saber qué dejar crecer.

WRM: ¿Qué consejos podrías dar a otros pueblos que se enfrentan a un proceso similar de recuperación de tierras o aguas?  

Flávia: Aquí, en Brasil, creo que no vamos a tener tierras si no las recuperamos. Así que la primera cosa: hay que recuperar la tierra. Pero para hacer eso, hay que tener una organización mínima para no acabar intentándolo sin éxito. Tenemos que estar conectados, trabajar en red, aunque sean redes fuera del estado o del país. Es muy importante tener apoyo en red, estar en contacto con el Ministerio Público Federal, con la Defensoría del Estado, con los consejos de derechos humanos, porque son las instituciones del Estado con las que podemos conseguir algún apoyo jurídico. También es muy importante preocuparse por la vida de nuestros defensores.

Y nunca rendirse, ¿verdad? Porque si renunciamos a cualquier proceso de lucha por nuestros derechos, de una forma u otra, vamos a morir. Si no somos defensores, nos van a fusilar porque somos negros, o nos vamos a morir de hambre porque no tenemos nada que comer, o nos vamos a morir de frío porque no tenemos dónde vivir. Siempre tenemos que estar atentos y tratar de mantenernos vivos.  La prioridad es la vida, no rendirse y trabajar en red. Los apoyos son muy importantes.

João: No dejar de sembrar, no dejar de creer, seguir adelante. En muchos momentos habrá dificultades, pero mientras haya un manantial que necesita ayuda, no podemos quedarnos solo en el discurso. Es necesario actuar. No se puede esperar que la decisión salga de la pluma de un juez, porque él no siente en su piel cómo se están contaminando los de abajo.

Las retomadas hoy son una realidad, y al igual que nos atrevimos a hacerlas, nos atreveremos a mantenerlas. El tiempo transcurrido nos ha permitido reflexionar y comprender mejor la coyuntura. No es fácil comprender un aislamiento de más de 40 años sin acceso a la tierra. Y cuando se abre esta posibilidad, es normal que surjan crisis y confusiones. Las retomadas nos han enseñado eso, y estoy muy agradecido por haber comprendido mejor este gran plan, que funcionó. Y que está demostrando que es el camino que seguir.

Creo que lo más importante fue poner fin al silencio que existía en medio de los eucaliptos, asfixiando a las comunidades que estaban aisladas. Se rompió un silencio que impedía a la comunidad entrar o atravesar parte de una zona de eucaliptos para llegar a un arroyo sin temer a la vigilancia –que aún se mantiene, pero que tenía un control mucho mayor (en el pasado). Entonces, se rompe ese silencio y se restablecen los vínculos comunitarios.

Puedo ver las tierras de los pueblos de todo el mundo, de nuestros hermanos indígenas, de las comunidades tribales de cada país, que se unan y encuentren fuerzas juntos. Hay momentos difíciles, pero nuestro gran enemigo son los grandes proyectos que vienen a ocupar las tierras, las aguas; a matar a nuestros pueblos. Así que, en primer lugar, unión y acción local. Todos los días, si es posible.

^{por Cooperativa Tierra Negra}

Desde Cooperativa Tierra Negra presentamos una serie de escritos para compartir sobre Colombia. En esta primera entrega abordamos lo que hemos vivido durante más de dos décadas de uribismo y lo que ha sucedido después del gran estallido social de 2021, pero en especial es una crónica sobre los presos políticos, porque hay hermanos y hermanas tras las rejas por el simple hecho de pensar y hacer diferente.

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Los queremos libres

Wilson venía caminando de su trabajo esa mañana del miércoles del 15 de junio del 2022, muy temprano. Venía, porque trabaja como guarda de seguridad en turno nocturno. De repente lo abordó la fuerza pública diciéndole que quedaba bajo arresto por varios delitos como homicidio, secuestro, tortura, concierto para delinquir, porte y fabricación ilegal de armas, vandalismo e incendio.

Parecidos a este fueron los casos de otras ocho personas detenidas en la ciudad de Cali esa mañana. Esto debido al despliegue de un operativo de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, que hace parte del llamado Plan Democracia 2022 “que tiene como objetivo, visibilizar el despliegue militar y el empleo de las capacidades del Ejército Nacional en apoyo de la gobernabilidad e institucionalidad,(…) en procura del normal desarrollo de los comicios y el libre ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos en el país.”

Dicho plan fue creado a raíz de varias afirmaciones que hizo el gobierno y altos mandatarios a respecto de presuntas “intenciones de generar actos de violencia (…) y de desconocer los resultados electorales”, según informaba el general de la Policía Nacional, Jorge Luis Vargas. Un plan que tuvo despliegue a nivel nacional una semana antes del 19 de junio, día de las elecciones presidenciales en Colombia.

En total, nueve habitantes y líderes del sector conocido desde el Paro Nacional del 2021 como “Puerto Resistencia” fueron apresados en la ciudad de Cali, Colombia. Algo tienen en común estas nueve personas, y es que todas ellas hicieron parte de las movilizaciones del Paro Nacional, acontecidas desde abril del 2021. Sobre todo, de este sector, también llamado “PR”. Hicieron parte de las asambleas, de las ollas comunitarias, de los plantones culturales, de la recolección de insumos comestibles y médicos. Un año después de las movilizaciones, a días de realizarse las elecciones presidenciales más esperadas desde hace más de 30 años, son apresados estos jóvenes, líderes de su territorio y con acusaciones absurdas sobre crímenes atroces, que se semejan más al actuar de las fuerzas militares que de las comunidades barriales.

También hicieron parte de la seguridad de los manifestantes ante los embates de la Fuerza Pública, en lo que se conoció como Primeras Líneas, jóvenes encapuchadxs que luchaban por su defensa y la de su comunidad con elementos caseros ante todo el arsenal de la Policía, que desde el 2021 ha tenido un incremento del 5,3% en su partida presupuestal, unos 42,6 billones de pesos para la misma institución que está acusada de 44 homicidios en el marco de las protestas según Indepaz (Instituto de estudios para el desarrollo y la paz).

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Otra cosa tenían en común: desde el final de las protestas y bloqueos, se dedicaron a realizar labores comunitarias en los distintos barrios aledaños al sector, comprometidos con un cambio de su territorio. Y desde esta plataforma de trabajo comunitario y cultural decidieron ser parte de la campaña del Pacto Histórico, coalición política de Gustavo Petro y Francia Márquez en el Distrito de Aguablanca, un gran sector de la ciudad de Cali donde habita el 30% de la población caleña en condiciones socio-económicas muy difíciles.

Esta acción de persecución, difamación y acusación de crímenes es una práctica que en Colombia se conoce como “falso positivo judicial” y es especialmente usada contra líderes y lideresas sociales, periodistas críticxs, defensorxs de derechos humanos, ambientalistas o políticxs de la oposición. No es algo nuevo en Colombia.

El virus de Colombia se llama uribismo

Desde hace décadas venimos enfrentando la persecución criminal del Estado contra distintas personalidades y colectivos socio-políticos que hacen ejercicios de oposición a esta extrema derecha que en Colombia tiene nombre propio: Uribismo. Porque aunque la herencia de la guerra y las políticas de terror han sido pan de cada día en nuestro país, es importante decir que todas esas prácticas de guerra sucia se agudizaron mucho más en la primera década del siglo XXI, con la llegada al poder en el año 2002 de Álvaro Uribe Vélez, político que empezó su boyante carrera como miembro del Partido Liberal colombiano, pero que con el pasar de los años fue asumiendo posturas mucho más autoritarias y radicales, hasta crear un partido distinto con clara corriente de ultra derecha: primero “Partido de la U” y después, con ciertas escisiones, “Centro Democrático”.

Para hablar de este personaje fatídico y trascendental para el destino de Colombia habría que remontarse hasta los años ochentas del siglo pasado, cuando el narcotráfico en la nación suramericana comenzaba a llamar la atención de todo el planeta. Uribe fue primero Director de la Aeronáutica Civil de 1980 a 1982, desde donde autorizó vuelos internacionales a distintos miembros del Cartel de Medellín de Pablo Escobar. Dicha información la ha demostrado el senador Iván Cepeda quien ha  realizado las investigaciones y denuncias que desde el 2014 han sido motivo de debate del Congreso Nacional y relacionan a la familia Uribe con el narcotráfico en diferentes épocas.

Después se desempeñó como alcalde de Medellín en 1982 aunque solo ocupó el cargo durante cinco meses ya que renunció por razones que aún suscitan controversia frente a su relación con el Cartel. Fue también concejal de la misma ciudad entre 1984 y 1986 y luego Senador de la República desde 1986 hasta 1994.

Durante sus años como miembro del legislativo, Uribe promulgó la creación de leyes que privatizaban varios derechos fundamentales de los ciudadanos, como las pensiones (ley 71 de 1988), las prestaciones y contratos laborales (ley 50 de 1990) y la salud (ley 100 de 1993).

También fue gobernador del departamento de Antioquia, uno de los más grandes del territorio nacional y que representa la segunda economía más fuerte del país, cargo que desempeñó de 1995 a 1997. Durante su mandato, en los campos antioqueños se fortaleció la creación de ejércitos paramilitares con el objetivo de enfrentar militarmente a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), y cualquier posible “aliado” (comprobado o no) dentro de la sociedad civil.

Fue en su gobierno que se crearon las Cooperativas de vigilancia y seguridad privada para la defensa agraria, mayormente conocidas como Convivir. Hablamos de cooperativas creadas con el objetivo de prestar servicios de vigilancia y seguridad privada en forma remunerada a una comunidad, las cuales mutaron rápidamente a grupos paramilitares, con ejercicios de violencia muy propios y supremamente degradantes, amenazantes y despiadados. A la fecha tres magistrados de la sala de Justicia y Paz ordenan investigar a Álvaro Uribe Vélez “por promover, auspiciar y apoyar grupos paramilitares y Convivir vinculadas con éstos y/o concertarse con ellos, no sólo como Gobernador de Antioquia, sino después y aún como presidente de la República”,dicta el tribunal.

Los grupos paramilitares se convirtieron en ejércitos que arrasaron con territorios, masacraron y desplazaron mucha gente, como en la conocida internacionalmente Masacre del Aro, donde fueron asesinados 15 campesinos por parte de paramilitares de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) y, donde el líder de dicha organización Salvatore Mancuso, confiesa la participación del ejército y la gobernación de Antioquia en dicho operativo.

La carrera política de Uribe llega a su apogeo en el año 2002, cuando es electo presidente de la nación. Desde su presidencia el conflicto armado mostró su cara más atroz. Para nadie es un secreto que grupos armados como las AUC, el Bloque Metro o Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), grupos paramilitares que ocasionaban terror en los territorios campesinos del Urabá antioqueño, el Magdalena Medio, el Chocó o la Sierra Nevada de Santa Marta, fueron grupos creados y auspiciados bajo el visto bueno de sus diferentes mandatos, e incluso sus mismos jefes desde prisiones estadounidenses han alegado en distintas ocasiones que existía un pacto entre las Fuerzas Armadas (Policía y Ejército), los paramilitares y distintos miembros de su gabinete, incluyéndolo a él como presidente de la República.

Las cifras hablan por sí solas: según datos de la Comisión Colombiana de Juristas, en el periodo comprendido entre el 1° de julio de 2002 y el 30 de junio de 2010 un total de 28,580 personas perdieron la vida en Colombia por razones relacionadas con violaciones a los derechos humanos, también  documentó la violación del derecho a la vida de 18,368 personas que murieron por causa de ejecuciones extrajudiciales, homicidios socio políticos o desapariciones forzadas. Es justamente en su periodo presidencial que ocurren los mal llamados “falsos positivos”, más de 6,000 ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército presentadas como falsas bajas en combate para ganar favores y prebendas; también abunda la persecución a líderes sindicales, campesinos, ambientales, periodistas, políticos; despojo de tierras; privatización de derechos fundamentales de la sociedad. Su gobierno ha sido uno de los más sangrientos en la historia de Colombia.

En el 2010, su anterior Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, quedó electo presidente y aunque hubo una gran división con este nuevo gobierno, muchas de las políticas nefastas del uribismo anterior prevalecieron. Podríamos decir que con la firma de los Acuerdos de Paz con las FARC-EP, se marca una distancia total entre ambos gobiernos, pero la falta de garantías económicas y políticas reales para este proceso, la pobreza en aumento, la violencia arreciando y el narcotráfico en auge, demuestran que más que una ruptura entre ambos gobiernos, lo que hubo fue una continuidad suavizada de las mismas contradicciones y problemáticas.

En 2018, con ayuda de maquinarias económicas aliadas a poderes del narcotráfico, lo que se conoce en Colombia como la “Ñeñe-política”, por José Guillermo Hernández Aponte conocido como ‘El Ñeñe Hernandez‘ empresario con nexos con el narcotráfico, queda electo presidente Iván Duque. Su gobierno ha sido la vuelta atrás al uribismo más recalcitrante, al ser miembro del partido del ex-presidente y en cierta medida pupilo del mismo. El asesinato sistemático a lideresas y líderes sociales, la expropiación de tierras para proyectos extractivistas, los niveles de pobreza y desempleo, la devaluación del peso, los escándalos de violencia y corrupción por parte de distintos miembros de las Fuerzas Militares y políticos prominentes, son parte de su política de gobierno.

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Los datos de Indepaz arrojan que en los últimos cuatro años han sido asesinados 957 lideres sociales y defensores de los derechos humanos, al igual que 261 excombatientes. Del mismo modo, se contabilizan 313 masacres que dejan 1,192 víctimas. Tristemente son sólo una pequeña muestra de  todo lo ha sucedido en nuestro país durante el gobierno de Duque. Pero hubo tres hitos que marcaron su gobierno: el Paro Nacional del 2019, la pandemia de Covid del 2020 y el Paro Nacional del 2021.

Todo el poder para la gente

El 21 de noviembre del 2019 se vivió en toda Colombia una jornada de movilizaciones contra el gobierno de Iván Duque, por muchas razones acumuladas por décadas en el país y ya nombradas arriba, en especial por la perpetuación del uribismo. El pueblo, agotado de tanta indiferencia por parte de la clase política y la élite económica, salió a las calles en masa, por miles, durante varios días a exigir que se le escuchara y la respuesta por parte del gobierno fue la represión violenta llevada a cabo por las Fuerzas Armadas: Policía, Ejército y ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios).

Al llegar la pandemia a lo largo del año 2020, la situación económica empeoró y el gobierno de Iván Duque presentó planes de salvamento a la banca privada y a empresas allegadas a su círculo económico y familiar, como fue el caso de Avianca, pero no hubo rescate para la pequeña empresa ni mayor inversión en la red hospitalaria que estaba colapsada o en la alimentación que escaseaba en la mayoría de hogares.

Esto acrecentó el déficit fiscal que ha aquejado por décadas a nuestro país y para rematar este paquetazo de medidas económicas criminales contra la clase popular, Duque quiso afrontar dicho déficit proponiendo una reforma tributaria a inicios del año 2021 que atacaba con gravámenes e impuestos altísimos a productos esenciales de la canasta familiar, como son las verduras, los lácteos, las carnes, la gasolina e incluso, los servicios de telecomunicaciones y funerarios.

A raíz de todo esto, se convocó para el 28 de abril del 2021 una nueva jornada de movilizaciones a nivel nacional en contra de este mal gobierno que ha sido la perpetuación del uribismo, un gobierno de sangre y muerte. Lo que pasó ese día y durante los dos siguientes meses fue algo inesperado, pero inevitable. El estallido social en Colombia caldeó y Cali fue el epicentro. Fue la ciudad donde más intensamente se vivieron las jornadas de movilización, bloqueo y protesta. Pero también donde más se sintió la represión y el brazo armado de la policía con dos de sus más violentas fuerzas de choque: el  ESMAD -fortalecido y formalizado por la administración de Uribe- y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES).

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Bogotá y Cali fueron las ciudades más afectadas por esta violencia sin precedentes contra lxs manifestantes. Según datos recogidos de Indepaz, hubo 96 agresiones oculares, 35 casos de violencia sexual, mil 661 victimas de violencia, 2,053 detenciones arbitrarias y 83 homicidios de los cuales 44 se han demostrado fueron ejecutados por la fuerza publica. El paro lloró sus muertos y luchó por sus derechos, logró frenar todo el país, toda la economía, todo el transporte, logró plantarle la mirada a un gobierno indolente y descarado de manera digna, frenando la reforma tributaria y bajando de su puesto al ministro de hacienda Alberto Carrasquilla. Pero en especial, el paro logró la unidad de comunidades, barrios y pueblos.

Es el paro nacional del 2021 lo más importante que le ha pasado a la sociedad colombiana, en especial a la juventud. Jóvenes que derribaron símbolos para crear monumentos, que descubrieron el buen comer en las ollas comunitarias que en cada esquina se levantaban, que descubrieron su aporte a la sociedad cuando toda oportunidad les había sido negada. Entonces hubo escuelas y bibliotecas donde antes habían puesto policiales, y se rompió el cemento para sembrar comida, las calles florecieron de cilantro, maíz, tomate y maracuyá, la atención médica se hizo propia, urgente, solidaria y humana. Todo cambió, hasta los lugares y las calles cambiaron de nombre y entonces hubo Loma de la Dignidad donde ante fue Loma de la Cruz, y Portal de la Resistencia donde antes fue Portal de las Américas y Puerto Resistencia donde antes era Puerto rellena. Y por primera vez el pueblo sintió que las calles eran suyas, porque se sintió seguro, porque hubo una primera línea que les cuidó y defendió cuando fue necesario.

Sueños tras las rejas

Todo esto tienen en común estos nueve jóvenes: haber sufrido el uribismo en todo su esplendor, haberse entregado al Paro Nacional con todas sus fuerzas para exigirle a un Estado por sus derechos, haber hecho campaña a la oposición, hoy partido gobierno, ser falsos positivos judiciales y estar tras las rejas, presos hace más de dos meses. Ellos son: Rolando Quintero Ramírez, Jhon Alejandro Hernández, Alejandro Blandón Ordóñez, Yeinshon Giner Hernández Realpe, Jofren Alberto Ordoñez Angulo, Anderson David Cifuentes Montaño, Wilson Stiven Murillo Ordoñez, Iván Ricardo Bermeo Carabalí y Diego Fernando Ángel Agudelo.

Para quienes crecimos dentro de estos 22 años de uribismo como Rolando, Jhon, Anderson o Diego, la violencia ha sido cultura popular, titular de noticia, pan de cada día, la hemos vivido en carne propia. La corrupción administrativa se ha vuelto casi como el aire que respiramos. Y la falta de oportunidades se vuelve el tema de conversación obligado cuando estamos charlando ocasionalmente en la calle. Demostrar la rabia en este último gobierno, contra este régimen de décadas, no era simplemente inevitable, era necesario. Por eso el Paro Nacional fue un Estallido Social. Y Jofren, como los otros jóvenes apresados, lo entendieron muy bien. Hoy están presos por ello.

Pero no sólo por ello, hoy Gustavo Petro y Francia Márquez han hecho historia. Han dejado de ser opositorxs de la institucionalidad, para volverse lxs máximxs exponentes de dicha institucionalidad. Presidente y vicepresidenta. Y es histórico para personas como los nueve compañeros de PR, quienes hicieron pedagogía política en pro de este gobierno, como parte de la campaña, razón que muchxs sospechan como motivo real de su imputación de cargos. También es histórico para lxs miles más que hemos vivido el uribismo de muchas maneras. Para muchxs, representa el fin de una era dictatorial en nuestro país, el fin de una noche larga. Muchos, muchas sueñan un cambio, pero lo cierto es que esperamos y seguimos esperando, que los nueve de PR puedan verlo y vivirlo en libertad.

Los nueve de PR hacen parte de una gran cantidad de presos políticos en nuestro país, más de 7 mil personas privadas de la libertad, procesadas por delitos políticos y judicializadas por participar en la protesta social, defender los derechos humanos o ambientales, o simplemente por estar en oposición al Estado. Como dijimos al inicio, esta es la primera entrega de tres textos sobre el contexto colombiano, el uribismo, el estallido social y los presos políticos, siendo este último tema nuestro asunto principal a tratar en nuestro siguiente texto.