^{por el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales}

^{En portada: Suzano Papel e Celulose, la mayor multinacional productora de celulosa del mundo, se “disculpó” durante una reunión con miembros de la comunidad quilombola Angelim II, después de haber invadió su teritorio situado en Sapê do Norte, en Espírito Santo. Con una operación de corte de eucalipto, de forma totalmente inesperada, provocó miedo e inseguridad a los quilombolas, quienes resistieron la invasión. Junio del 2021}

Las comunidades quilombolas de Sapê do Norte, Brasil, viven un proceso violento ante la expansión de los monocultivos de eucalipto a gran escala. Después de muchas dificultades, iniciaron un proceso para recuperar sus tierras y el agua en sus territorios. Y la lucha por recuperar lo que les pertenece continúa. A continuación, compartimos un diálogo entre el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM, por sus siglas en inglés) y dos activistas quilombolas para reflexionar sobre este difícil pero fértil proceso de resistencia.

El territorio quilombola (comunidades formadas por descendientes de personas africanas que fueron sometidas a la esclavitud y escaparon para fundar quilombos en el Brasil colonial e imperial) de Sapê do Norte, en el estado de Espírito Santo, Brasil, ocupaba una extensa área en los actuales municipios de São Mateus y Conceição da Barra. En esa zona vivían alrededor de 12,000 familias. Las que permanecieron se dividen en 34 comunidades reconocidas por la Fundación Cultural de Palmares, pero todavía hay muchas otras en situación de invisibilidad, sin el certificado que acredita el reconocimiento de las comunidades quilombolas.

Estas comunidades quilombolas fueron expulsadas de sus territorios tradicionales a través de un violento proceso de colonización impulsado por el Estado y luego, en la década de 1970, con la llegada de la empresa Aracruz Celulose (posteriormente conocida como Fibria y actualmente Suzano S.A.) y la expansión de sus plantaciones de monocultivo de eucalipto a gran escala. Con el respaldo del Estado, y en nombre del “desarrollo”, se vieron obligadas a trasladarse a la periferia de los municipios de la región. Otras permanecieron cercadas por plantaciones de eucaliptos.

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En medio de las dificultades cotidianas, los quilombolas siguen luchando contra las diversas formas de violencia a las que se enfrentan. En 2007 iniciaron un proceso colectivo para recuperar el agua, los cultivos y la vida comunitaria. Han pasado 15 años desde que consiguieron recuperar algunas de sus tierras en Sapê do Norte. Y la lucha por recuperar lo que les pertenece continúa.

El Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) dialogó con Flávia, de la comunidad Angelim II, mujer, madre y activista quilombola, y con João de Angelim, también activista quilombola, agroecólogo e investigador quilombola. Sus palabras y experiencias en las llamadas retomadas (procesos de recuperación de sus territorios) nos dejan muchas lecciones y reflexiones sobre el difícil pero fértil proceso de resistencia de las comunidades quilombolas en el territorio de Sapê do Norte.

WRM: ¿Cómo empezó la historia de las retomadas en Sapê do Norte?

João: Las comunidades quilombolas llevan años resistiendo. Primero, ante la llegada del cultivo de eucalipto a la región, mediante la lucha por el territorio, a través de la justicia, con estudios e informes técnicos que pudieran garantizar que la comunidad recuperara parte del territorio que le fue quitado abruptamente. Pasaron los años y no veíamos ninguna posibilidad de recuperación. Llegamos a la conclusión de que sería necesario dar algunos pasos, presionar, señalar algunos lugares que demostraran que algo malo ocurrió cuando la empresa de celulosa y papel llegó y se apoderó de las tierras.

Luego, a través de la Comisión Quilombola, que cuenta con representación de todas las comunidades, junto con otros movimientos sociales que tenían más experiencia en realizar ocupaciones de tierras, como el MST (Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra), se realizaron las primeras reuniones. Y así empezaron las retomadas.  La primera ocurrió en 2007, en la comunidad de Linharinho, con el objetivo de recuperar el agua, los alimentos y el suelo.  Hoy esa comunidad reclama 3,500 hectáreas de tierra.

Pero hay que considerar que la retomada ocurre en un contexto de una reparación social y ambiental que nunca llegó a suceder. ¿Cuántas personas murieron por haber sido expulsadas de Sapê do Norte? El Estado brasileño tiene que entregar los títulos (de propiedad) a las comunidades quilombolas, cuyas tierras son mucho más grandes que las que están en proceso de recuperación. Pienso que esta sería la verdadera justicia. No va a abarcar todos esos años que han pasado, pero nos va a posibilitar una alternativa en el futuro. Si uno tiene tierra, tiene libertad. No se puede seguir permitiendo que Suzano destruya el territorio de Sapê do Norte, ni ninguna otra región.

Flávia: La primera retomada en el territorio de Sapê do Norte, que se dio en la comunidad de Linharinho, fue muy difícil. Fue la primera vez que tomamos la decisión y dijimos: “mira, si el Estado no nos entrega, si no nos devuelve nuestras tierras, entonces vamos a iniciar un proceso de recuperación”.

Contamos con una gran organización, con asesoría jurídica y con el apoyo de aliados. Pero, al final, estaba el operativo policial, con furgones, con perros…fue muy difícil. Resistimos como pudimos y, gracias a Dios, no perdimos a nadie. El Estado, representado por la policía, vino con toda su fuerza, armado, y muchas personas de la comunidad fueron detenidas.

Después nos quedamos un tiempo sin emprender nuevas retomadas.

En el año 2010 hubo retomadas en São Domingos y Angelim I. Más recientemente las hicimos en la cuenca de Angelim, en las comunidades de Angelim 2, Angelim 3 y Angelim Disa –Angelim es el río que da nombre a las comunidades. Aunque vengan algunos policías, ahora ya conseguimos que no venga toda la fuerza armada. Estamos mejor preparados y contamos con una red de aliados que hacen su parte para apoyarnos. Y conseguimos evitar que nos criminalicen por recuperar los territorios.

WRM: ¿Cómo se organizan ustedes antes y después de las retomadas?

Flávia: En Sapê do Norte, tenemos la Comisión Quilombola, con representantes de todas las comunidades.  Tenemos reuniones mensuales. Cuando vamos a recuperar tierras, todo se piensa desde ese espacio, con el apoyo de todas las comunidades. Hacemos una lista de entidades que nos apoyan e informamos a todas, y también siempre pedimos asesoramiento jurídico.

Hoy en día, conocemos nuestros derechos y somos capaces de tener el mismo diálogo que un abogado. A pesar de eso, cuando llegamos al lugar de la retomada, los policías, con sus prejuicios, no aceptan que una quilombola como yo pueda dialogar con ellos. Siempre solicitan la presencia de un abogado. Muchas veces el abogado está por estar, pero somos los quilombolas los que realmente hablamos, porque somos nosotros los que vivimos acá y sabemos cuáles son nuestros derechos. Hoy tenemos algunos abogados que nos defienden muy bien, con uñas y dientes, que llevan mucho tiempo con nosotros. Siempre están con nosotros. Hacemos un llamado a los movimientos, los consejos y la secretaría de derechos humanos –aunque no se vea mucha acción por parte de la secretaría.

Así que todos los movimientos se enteran de que va a haber una determinada acción dentro de una comunidad en particular, a una hora determinada, y entonces todos se mantienen alerta.  Los que pueden venir, vienen; los que no pueden, nos apoyan desde sus localidades.

Y también hay una organización inicial en el momento de la acción. Quien puede, lleva plantones, semillas, lo que quiera y pueda contribuir para que realmente podamos ocupar ese espacio que está desocupado o con eucaliptos. Y también organizamos placas de identificación del territorio para delimitar el espacio, con el número de los procesos judiciales y artículos de la ley que nos da el derecho a la tierra. El día de la retomada es un día de tensión, de mucho trabajo, hasta que llega la policía. Claro, no hay ninguna retomada sin que la policía llegue. Ahí empieza el proceso de negociación, que, gracias a Dios, vamos ganando todos, y la policía se va.

La comunidad que va a recuperar la tierra tiene que estar bien movilizada y articulada para que haya gente todos los días, vigilando, trabajando, para que no lleguen al día siguiente y destruyan todo lo que se hizo el primer día. La retomada de Angelim II tuvo lugar el 19 de diciembre de 2020.

João: La retomada de Linharinho fue rápidamente reprimida. No hubo la oportunidad de sembrar el cultivo. Pasamos tres años pensando en una estrategia de cómo hacer una retomada que fuera más permanente. Así, en 2010, la retomada ocurrió en dos comunidades: São Domingos y en Angelim I, un mes después.

La estrategia en Angelim I fue que no nos quedáramos todos en el territorio en recuperación. Entrábamos, plantábamos y nos íbamos. Lo que sucedió en esa primera área fue su consolidación. No hubo interrupción por parte de la policía, ni aislamiento del área, logramos crear caminos y maniobras a través del diálogo directo y otras estrategias de resistencia. En São Domingos utilizamos la misma estrategia. Con el paso del tiempo fuimos eliminando los eucaliptos y cultivando una agricultura de base alimentaria más adaptable a la situación del suelo.

WRM: ¿Cómo el agua se volvió tan importante en esta lucha?

João: En una de las investigaciones realizadas por el movimiento quilombola aquí en Sapê do Norte, en 2002, se constató la desaparición de unos 200 arroyos y humedales en la región. La gente muchas veces ni siquiera tenía agua para beber.

En la retomada de Angelim I, hicimos una acción cerca de una zona húmeda. Después, en 2014 y 2015, vivimos un periodo de mucha sequía. Volvimos a la zona húmeda, ya con menos eucaliptos, pero no lo suficiente. La gente empezó a quitar los eucaliptos. A partir de ese momento, la región ganó otra forma. La lluvia llegó, el suelo se volvió más húmedo y las cosas empezaron a suceder.

En ese momento pasamos a observar lo que estaba ocurriendo en la región: donde estaban las personas, donde se regeneraron los manantiales, el agua estaba ocupando los puntos que antes estaban secos. Uno de los ejemplos más claros es el arroyo Córrego da Velha Antônia, que había desaparecido y que ya hemos conseguido recuperar parcialmente. Esto es algo muy gratificante.

Los cuerpos de agua ahora tienen más agua, con un volumen significativo, gracias a las retomadas, en que más de 400 familias del entorno han retirado los eucaliptos. En esta pequeña muestra vimos brotar el agua, algo que no ocurría durante muchos años. La gente empezó a pescar. En un lugar donde antes no había peces, empezaron a aparecer.  Se empieza a poder navegar en un lugar en el que no había agua. Estamos hablando de un solo arroyo, pero hay cientos de arroyos y ríos afectados aquí en la región. Imagínate la abundancia que había antes de los eucaliptos. Es decir, el gran problema que tenemos es el monocultivo de eucaliptos, que hace con que no tengamos agua; que los ríos no tengan agua.

El tema del agua es inconmensurable; lo hemos tratado como el principal vínculo entre todos los que estamos aquí.

Flávia: En realidad, todo lo que teníamos aquí en el territorio era tierra, agua y bosque. Eso era todo lo que teníamos para sobrevivir. No teníamos otra forma de subsistir. Por eso decimos que el bosque es nuestra madre y el río es nuestro padre. Siempre nos han mantenido. Cuando conocí el río, todavía había muchos peces, había lianas en el bosque, pero hoy nuestra mayor dificultad, en todo el territorio de Sapê do Norte, es la falta de agua.

En Angelim 2 había 105 familias, hoy son 40. Desde que llegaron, las empresas talaron todo el bosque, y poco después llegó la plantación de eucaliptos. El agua y los peces empezaron a disminuir y a morir por envenenamiento. Los manantiales comenzaron a secarse.

El monocultivo de eucaliptos seca el agua de los arroyos e inmediatamente utiliza ese espacio para plantar más eucaliptos, acercándose al manantial hasta que el río se seca por completo. También está la cuestión de las represas, que siempre se construyen por encima de nuestras comunidades, dejando sin agua a los arroyos que se encuentran en la parte inferior. En períodos de mucha sequía, el agua evapora, los ríos se vuelven tierra. Las plantaciones de eucalipto se abastecen con camiones cisterna. Van a las represas, llenan los camiones cisterna y riegan los eucaliptos, las plantaciones de eucalipto. Por esto hacen represas: para tener agua abundante todo el año.

Ni siquiera tenemos agua para beber, es algo cruel. Cuando estoy en los espacios donde están los organismos ambientales del Estado e incluso el actual gobierno, suelo decir que es vergonzoso dejar a más de mil familias en un territorio sin agua para beber.

Tenemos muchos problemas por la falta de agua. Una parte de la comunidad se abastece con un camión cisterna enviado por la alcaldía, pero no consideran la alternativa de quitar los eucaliptos que están cerca de las cabeceras de los ríos, disminuir la cantidad de veneno utilizada (para que tengamos acceso a agua limpia), en lugar de pasar años y años abasteciéndonos con camiones cisterna.

En las comunidades de Angelim 1, Angelim 2 y Angelim 3, solo con recuperar las tierras y reducir el cultivo de eucaliptos, no fue necesario trabajar en la recuperación de los manantiales (específicamente), pues no sería posible recuperar todos los manantiales en tan poco tiempo. Trabajamos en la recuperación de algunos de los manantiales más estratégicos para hacer avanzar el proceso. Pero con solo eliminar parcialmente los eucaliptos, el agua ya empieza a brotar.  Es increíble. En los manantiales en que hace un año no había agua, ahora vuelven a tener. Eso demuestra que lo que seca nuestros manantiales es el eucalipto, aunque ellos digan que no, que el eucalipto es una planta como cualquier otra. ¿Lo es? Sí, pero se trata de un monocultivo. Si hubiera alguna diversidad, tal vez no secaría el agua como ahora.

WRM: En ese proceso de retomada, ¿fue importante el apoyo de los movimientos y organizaciones de la región y los aliados internacionales?

Flávia: Muy importante. Siempre tuvimos esta percepción. Cuando estamos solos, la empresa arremete con fuerza, son muy violentos. Pero como tienen “un nombre que mantener”, como dicen, cuando se dan cuenta de que no estamos solos, quieren mantener el diálogo.

Hoy tienen otra forma de dialogar con nosotros porque son conscientes de que no estamos solos. Y cuando van a la mesa de diálogo, dicen que nosotros somos los agresivos. Siempre es así. Pero el apoyo de las comunidades y de las personas de fuera de Sapê do Norte es esencial. Estamos en un proceso de sostener una red de apoyo con cada uno de los movimientos. Tenemos que ir de la mano de todos para que nunca nos quedemos solos.

João: La lucha quilombola ya surge como una lucha conectada; de denuncia, con alianzas. La lucha quilombola de Sapê do Norte es conocida internacionalmente. Lo más importante para fortalecer esta lucha fueron las alianzas que tenemos a nivel nacional e internacional, aunque las retomadas se autogestionen, con el poder de decidir qué hacer, qué cultivar, qué comer. Todo ello ocurre gracias a este bloque que nos defiende desde los derechos humanos, desde la FASE (Federación de Organismos de Asistencia Social y Educativa) de Espírito Santo, que siempre fue una de nuestras socias, desde los movimientos sociales sin tierra, del MST, en todas las redes en que se articula, la Red Alerta contra el Desierto Verde, el WRM y tantos otros grupos aliados en las redes de América Latina. Tratamos de articularnos para sentir siempre el dolor de los demás, conscientes de lo puede suceder en nuestros territorios.

Intentaron separarnos, ahora queremos acercarnos, estar cerca del río y recuperar el bosque que nos quitaron. El vínculo con el bosque era tan íntimo y valioso que los lugares tenían nombre y se respetaban simbólicamente. Hoy se habla de la protección de los bosques, de las zonas de reserva legal, de las APP (Áreas de Preservación Permanente), pero eso no es suficiente ni comparable con lo que eran los bosques verdaderos.

WRM: ¿Cuáles fueron los principales retos en esta lucha?  

Flávia: Como mujer, hay muchos retos. La mujer tiene que ser militante, madre, ama de casa. En mi caso, tengo dos hijos, y fue mucho más desafiante porque recién había dado a luz. Mi hijo tenía cuatro meses cuando hicimos la retomada. Soy una lideresa de primera línea, dependo del apoyo de las personas. Pero solo confían en el proceso si estoy presente. Entonces yo tenía que estar presente, así que mi hijo y yo estuvimos en todas las retomadas. Es muy agotador, sufrimos. No en la comunidad, porque la comunidad nos da todo el apoyo cuando tenemos un hijo, toda la gente lo cuida.

También sufrimos prejuicios, por ser mujer, negra, quilombola, agricultora, pobre. Generalmente la empresa nos subestima mucho. Piensan que esta mujer, yo, no tengo capacidad para participar en un proceso de negociación, por lo que tengo que estar afirmando todo el tiempo quién soy, para que no nos subestimen o intenten arremeter con fuerza contra la comunidad. Los prejuicios son muy visibles. El día en que ocurrió la agresión contra un compañero, les pregunté si podían imaginarse lo que sucedería si hubiera sido él quien hubiera atacado a alguno de ellos (el personal de Suzano), todos blancos, dónde nuestro compañero estaría ahora. Estaría en la cárcel, seguro. Pero como fue un hombre blanco que atacó a un hombre negro, no pasa nada: dicen “lo siento” y “a dialogar”. ¿Habrían dialogado con nosotros en ese momento si hubiera pasado lo contrario? La resistencia es cotidiana, siempre hay que estar atento.

Otra cosa que me preocupa mucho son las amenazas. Yo siempre tengo miedo en el territorio. Debido a mi participación en el movimiento de derechos humanos, toda la coordinadora tiene un cuidado especial conmigo, una cuestión de vida o muerte. Aquí no hay señal de teléfono, solo tengo acceso a internet cuando estoy en casa. Cuando salgo, nadie sabe dónde estoy. No salir sola, no salir por la noche, no dejar solos a los niños en casa. Es un gran reto tener que estudiar, por la noche tengo que ir a la universidad, pero ¿cómo puedo volver a casa si no puedo caminar sola por la noche? Hay todo un proceso que todavía estoy tratando de manejar.

João: La empresa siempre está buscando una artimaña. En cada proceso de retomada, la empresa salía con un proyecto o con programas para desviar la atención.  Eso ocurrió muchas veces, generando un enfriamiento de la lucha. En ese mismo período, cooptaron quilombolas y líderes, ofreciendo puestos de trabajo, presentando algunos programas, afirmando que era lo mejor para la comunidad.

Lo que ocurrió en algunas de las retomadas fue que, a medida que se consolidaban las áreas en recuperación, fueron llegando personas que no eran quilombolas y que, de algún modo, lograron instalarse. Y, muchas veces, por no comprender la lucha por el territorio y la lucha quilombola, crearon un diálogo torcido y confundieron el proceso. Tuvimos grandes dificultades con eso. Recientemente, en 2020, sufrimos un ataque masivo de invasiones en el territorio de las comunidades, por parte de grupos organizados no quilombolas. Fue necesario tomar una posición, porque ellos estaban eligiendo algunas localidades y contando nuestra historia, como si fueran nosotros, y calificando a esas localidades como áreas de retomada. Algo peligroso. Fue necesario separar cuáles eran las áreas recuperadas en las que estábamos participando, con un poco de la filosofía que tenemos como movimiento. Al final, esas personas (no quilombolas) tuvieron que irse.

Mantener las áreas en recuperación también supone un reto debido a la invisibilidad que tenemos en las políticas públicas. Como trabajamos en autogestión, no tenemos el apoyo de políticas públicas, no tenemos el apoyo de casi nadie. Trabajamos con los agricultores, con los quilombolas que están en el campo casi como un esfuerzo directo por parte de ellos. Y eso está siendo un gran diferencial, está haciendo posible “extraer la leche de la piedra”, cuando se decía que no iba a salir nada. Fue posible volver a tener agua donde no había, tener comida donde no había, tener bosques, volver a criar animales donde en el pasado había muchos.

Otro desafío tenía que ver con la capacidad de rebrote del eucalipto: una capacidad enorme.  Después de diez años, tenemos lugares en los que aún no fue posible eliminar los residuos de los eucaliptos. Los más de 40 años de uso intensivo de maquinaria pesada, de cientos de kilos de glifosato, de toneladas vertidas en las cabeceras de los ríos, en las aguas, dejaron el suelo en muy malas condiciones. Y ahora tenemos que regenerarlo, recuperarlo. La agroforestería siempre formó parte de la vida quilombola.  Pero para regenerar el suelo es necesario conocer el lugar, recuperar la ancestralidad, analizar lo que tiene relación con el entorno y lo que no. Saber qué sembrar, saber qué dejar crecer.

WRM: ¿Qué consejos podrías dar a otros pueblos que se enfrentan a un proceso similar de recuperación de tierras o aguas?  

Flávia: Aquí, en Brasil, creo que no vamos a tener tierras si no las recuperamos. Así que la primera cosa: hay que recuperar la tierra. Pero para hacer eso, hay que tener una organización mínima para no acabar intentándolo sin éxito. Tenemos que estar conectados, trabajar en red, aunque sean redes fuera del estado o del país. Es muy importante tener apoyo en red, estar en contacto con el Ministerio Público Federal, con la Defensoría del Estado, con los consejos de derechos humanos, porque son las instituciones del Estado con las que podemos conseguir algún apoyo jurídico. También es muy importante preocuparse por la vida de nuestros defensores.

Y nunca rendirse, ¿verdad? Porque si renunciamos a cualquier proceso de lucha por nuestros derechos, de una forma u otra, vamos a morir. Si no somos defensores, nos van a fusilar porque somos negros, o nos vamos a morir de hambre porque no tenemos nada que comer, o nos vamos a morir de frío porque no tenemos dónde vivir. Siempre tenemos que estar atentos y tratar de mantenernos vivos.  La prioridad es la vida, no rendirse y trabajar en red. Los apoyos son muy importantes.

João: No dejar de sembrar, no dejar de creer, seguir adelante. En muchos momentos habrá dificultades, pero mientras haya un manantial que necesita ayuda, no podemos quedarnos solo en el discurso. Es necesario actuar. No se puede esperar que la decisión salga de la pluma de un juez, porque él no siente en su piel cómo se están contaminando los de abajo.

Las retomadas hoy son una realidad, y al igual que nos atrevimos a hacerlas, nos atreveremos a mantenerlas. El tiempo transcurrido nos ha permitido reflexionar y comprender mejor la coyuntura. No es fácil comprender un aislamiento de más de 40 años sin acceso a la tierra. Y cuando se abre esta posibilidad, es normal que surjan crisis y confusiones. Las retomadas nos han enseñado eso, y estoy muy agradecido por haber comprendido mejor este gran plan, que funcionó. Y que está demostrando que es el camino que seguir.

Creo que lo más importante fue poner fin al silencio que existía en medio de los eucaliptos, asfixiando a las comunidades que estaban aisladas. Se rompió un silencio que impedía a la comunidad entrar o atravesar parte de una zona de eucaliptos para llegar a un arroyo sin temer a la vigilancia –que aún se mantiene, pero que tenía un control mucho mayor (en el pasado). Entonces, se rompe ese silencio y se restablecen los vínculos comunitarios.

Puedo ver las tierras de los pueblos de todo el mundo, de nuestros hermanos indígenas, de las comunidades tribales de cada país, que se unan y encuentren fuerzas juntos. Hay momentos difíciles, pero nuestro gran enemigo son los grandes proyectos que vienen a ocupar las tierras, las aguas; a matar a nuestros pueblos. Así que, en primer lugar, unión y acción local. Todos los días, si es posible.

^{por Cooperativa Tierra Negra}

Desde Cooperativa Tierra Negra presentamos una serie de escritos para compartir sobre Colombia. En esta primera entrega abordamos lo que hemos vivido durante más de dos décadas de uribismo y lo que ha sucedido después del gran estallido social de 2021, pero en especial es una crónica sobre los presos políticos, porque hay hermanos y hermanas tras las rejas por el simple hecho de pensar y hacer diferente.

Los queremos libres

Wilson venía caminando de su trabajo esa mañana del miércoles del 15 de junio del 2022, muy temprano. Venía, porque trabaja como guarda de seguridad en turno nocturno. De repente lo abordó la fuerza pública diciéndole que quedaba bajo arresto por varios delitos como homicidio, secuestro, tortura, concierto para delinquir, porte y fabricación ilegal de armas, vandalismo e incendio.

Parecidos a este fueron los casos de otras ocho personas detenidas en la ciudad de Cali esa mañana. Esto debido al despliegue de un operativo de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, que hace parte del llamado Plan Democracia 2022 “que tiene como objetivo, visibilizar el despliegue militar y el empleo de las capacidades del Ejército Nacional en apoyo de la gobernabilidad e institucionalidad,(…) en procura del normal desarrollo de los comicios y el libre ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos en el país.”

Dicho plan fue creado a raíz de varias afirmaciones que hizo el gobierno y altos mandatarios a respecto de presuntas “intenciones de generar actos de violencia (…) y de desconocer los resultados electorales”, según informaba el general de la Policía Nacional, Jorge Luis Vargas. Un plan que tuvo despliegue a nivel nacional una semana antes del 19 de junio, día de las elecciones presidenciales en Colombia.

En total, nueve habitantes y líderes del sector conocido desde el Paro Nacional del 2021 como “Puerto Resistencia” fueron apresados en la ciudad de Cali, Colombia. Algo tienen en común estas nueve personas, y es que todas ellas hicieron parte de las movilizaciones del Paro Nacional, acontecidas desde abril del 2021. Sobre todo, de este sector, también llamado “PR”. Hicieron parte de las asambleas, de las ollas comunitarias, de los plantones culturales, de la recolección de insumos comestibles y médicos. Un año después de las movilizaciones, a días de realizarse las elecciones presidenciales más esperadas desde hace más de 30 años, son apresados estos jóvenes, líderes de su territorio y con acusaciones absurdas sobre crímenes atroces, que se semejan más al actuar de las fuerzas militares que de las comunidades barriales.

También hicieron parte de la seguridad de los manifestantes ante los embates de la Fuerza Pública, en lo que se conoció como Primeras Líneas, jóvenes encapuchadxs que luchaban por su defensa y la de su comunidad con elementos caseros ante todo el arsenal de la Policía, que desde el 2021 ha tenido un incremento del 5,3% en su partida presupuestal, unos 42,6 billones de pesos para la misma institución que está acusada de 44 homicidios en el marco de las protestas según Indepaz (Instituto de estudios para el desarrollo y la paz).

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Otra cosa tenían en común: desde el final de las protestas y bloqueos, se dedicaron a realizar labores comunitarias en los distintos barrios aledaños al sector, comprometidos con un cambio de su territorio. Y desde esta plataforma de trabajo comunitario y cultural decidieron ser parte de la campaña del Pacto Histórico, coalición política de Gustavo Petro y Francia Márquez en el Distrito de Aguablanca, un gran sector de la ciudad de Cali donde habita el 30% de la población caleña en condiciones socio-económicas muy difíciles.

Esta acción de persecución, difamación y acusación de crímenes es una práctica que en Colombia se conoce como “falso positivo judicial” y es especialmente usada contra líderes y lideresas sociales, periodistas críticxs, defensorxs de derechos humanos, ambientalistas o políticxs de la oposición. No es algo nuevo en Colombia.

El virus de Colombia se llama uribismo

Desde hace décadas venimos enfrentando la persecución criminal del Estado contra distintas personalidades y colectivos socio-políticos que hacen ejercicios de oposición a esta extrema derecha que en Colombia tiene nombre propio: Uribismo. Porque aunque la herencia de la guerra y las políticas de terror han sido pan de cada día en nuestro país, es importante decir que todas esas prácticas de guerra sucia se agudizaron mucho más en la primera década del siglo XXI, con la llegada al poder en el año 2002 de Álvaro Uribe Vélez, político que empezó su boyante carrera como miembro del Partido Liberal colombiano, pero que con el pasar de los años fue asumiendo posturas mucho más autoritarias y radicales, hasta crear un partido distinto con clara corriente de ultra derecha: primero “Partido de la U” y después, con ciertas escisiones, “Centro Democrático”.

Para hablar de este personaje fatídico y trascendental para el destino de Colombia habría que remontarse hasta los años ochentas del siglo pasado, cuando el narcotráfico en la nación suramericana comenzaba a llamar la atención de todo el planeta. Uribe fue primero Director de la Aeronáutica Civil de 1980 a 1982, desde donde autorizó vuelos internacionales a distintos miembros del Cartel de Medellín de Pablo Escobar. Dicha información la ha demostrado el senador Iván Cepeda quien ha  realizado las investigaciones y denuncias que desde el 2014 han sido motivo de debate del Congreso Nacional y relacionan a la familia Uribe con el narcotráfico en diferentes épocas.

Después se desempeñó como alcalde de Medellín en 1982 aunque solo ocupó el cargo durante cinco meses ya que renunció por razones que aún suscitan controversia frente a su relación con el Cartel. Fue también concejal de la misma ciudad entre 1984 y 1986 y luego Senador de la República desde 1986 hasta 1994.

Durante sus años como miembro del legislativo, Uribe promulgó la creación de leyes que privatizaban varios derechos fundamentales de los ciudadanos, como las pensiones (ley 71 de 1988), las prestaciones y contratos laborales (ley 50 de 1990) y la salud (ley 100 de 1993).

También fue gobernador del departamento de Antioquia, uno de los más grandes del territorio nacional y que representa la segunda economía más fuerte del país, cargo que desempeñó de 1995 a 1997. Durante su mandato, en los campos antioqueños se fortaleció la creación de ejércitos paramilitares con el objetivo de enfrentar militarmente a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), y cualquier posible “aliado” (comprobado o no) dentro de la sociedad civil.

Fue en su gobierno que se crearon las Cooperativas de vigilancia y seguridad privada para la defensa agraria, mayormente conocidas como Convivir. Hablamos de cooperativas creadas con el objetivo de prestar servicios de vigilancia y seguridad privada en forma remunerada a una comunidad, las cuales mutaron rápidamente a grupos paramilitares, con ejercicios de violencia muy propios y supremamente degradantes, amenazantes y despiadados. A la fecha tres magistrados de la sala de Justicia y Paz ordenan investigar a Álvaro Uribe Vélez “por promover, auspiciar y apoyar grupos paramilitares y Convivir vinculadas con éstos y/o concertarse con ellos, no sólo como Gobernador de Antioquia, sino después y aún como presidente de la República”,dicta el tribunal.

Los grupos paramilitares se convirtieron en ejércitos que arrasaron con territorios, masacraron y desplazaron mucha gente, como en la conocida internacionalmente Masacre del Aro, donde fueron asesinados 15 campesinos por parte de paramilitares de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) y, donde el líder de dicha organización Salvatore Mancuso, confiesa la participación del ejército y la gobernación de Antioquia en dicho operativo.

La carrera política de Uribe llega a su apogeo en el año 2002, cuando es electo presidente de la nación. Desde su presidencia el conflicto armado mostró su cara más atroz. Para nadie es un secreto que grupos armados como las AUC, el Bloque Metro o Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), grupos paramilitares que ocasionaban terror en los territorios campesinos del Urabá antioqueño, el Magdalena Medio, el Chocó o la Sierra Nevada de Santa Marta, fueron grupos creados y auspiciados bajo el visto bueno de sus diferentes mandatos, e incluso sus mismos jefes desde prisiones estadounidenses han alegado en distintas ocasiones que existía un pacto entre las Fuerzas Armadas (Policía y Ejército), los paramilitares y distintos miembros de su gabinete, incluyéndolo a él como presidente de la República.

Las cifras hablan por sí solas: según datos de la Comisión Colombiana de Juristas, en el periodo comprendido entre el 1° de julio de 2002 y el 30 de junio de 2010 un total de 28,580 personas perdieron la vida en Colombia por razones relacionadas con violaciones a los derechos humanos, también  documentó la violación del derecho a la vida de 18,368 personas que murieron por causa de ejecuciones extrajudiciales, homicidios socio políticos o desapariciones forzadas. Es justamente en su periodo presidencial que ocurren los mal llamados “falsos positivos”, más de 6,000 ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército presentadas como falsas bajas en combate para ganar favores y prebendas; también abunda la persecución a líderes sindicales, campesinos, ambientales, periodistas, políticos; despojo de tierras; privatización de derechos fundamentales de la sociedad. Su gobierno ha sido uno de los más sangrientos en la historia de Colombia.

En el 2010, su anterior Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, quedó electo presidente y aunque hubo una gran división con este nuevo gobierno, muchas de las políticas nefastas del uribismo anterior prevalecieron. Podríamos decir que con la firma de los Acuerdos de Paz con las FARC-EP, se marca una distancia total entre ambos gobiernos, pero la falta de garantías económicas y políticas reales para este proceso, la pobreza en aumento, la violencia arreciando y el narcotráfico en auge, demuestran que más que una ruptura entre ambos gobiernos, lo que hubo fue una continuidad suavizada de las mismas contradicciones y problemáticas.

En 2018, con ayuda de maquinarias económicas aliadas a poderes del narcotráfico, lo que se conoce en Colombia como la “Ñeñe-política”, por José Guillermo Hernández Aponte conocido como ‘El Ñeñe Hernandez‘ empresario con nexos con el narcotráfico, queda electo presidente Iván Duque. Su gobierno ha sido la vuelta atrás al uribismo más recalcitrante, al ser miembro del partido del ex-presidente y en cierta medida pupilo del mismo. El asesinato sistemático a lideresas y líderes sociales, la expropiación de tierras para proyectos extractivistas, los niveles de pobreza y desempleo, la devaluación del peso, los escándalos de violencia y corrupción por parte de distintos miembros de las Fuerzas Militares y políticos prominentes, son parte de su política de gobierno.

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Los datos de Indepaz arrojan que en los últimos cuatro años han sido asesinados 957 lideres sociales y defensores de los derechos humanos, al igual que 261 excombatientes. Del mismo modo, se contabilizan 313 masacres que dejan 1,192 víctimas. Tristemente son sólo una pequeña muestra de  todo lo ha sucedido en nuestro país durante el gobierno de Duque. Pero hubo tres hitos que marcaron su gobierno: el Paro Nacional del 2019, la pandemia de Covid del 2020 y el Paro Nacional del 2021.

Todo el poder para la gente

El 21 de noviembre del 2019 se vivió en toda Colombia una jornada de movilizaciones contra el gobierno de Iván Duque, por muchas razones acumuladas por décadas en el país y ya nombradas arriba, en especial por la perpetuación del uribismo. El pueblo, agotado de tanta indiferencia por parte de la clase política y la élite económica, salió a las calles en masa, por miles, durante varios días a exigir que se le escuchara y la respuesta por parte del gobierno fue la represión violenta llevada a cabo por las Fuerzas Armadas: Policía, Ejército y ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios).

Al llegar la pandemia a lo largo del año 2020, la situación económica empeoró y el gobierno de Iván Duque presentó planes de salvamento a la banca privada y a empresas allegadas a su círculo económico y familiar, como fue el caso de Avianca, pero no hubo rescate para la pequeña empresa ni mayor inversión en la red hospitalaria que estaba colapsada o en la alimentación que escaseaba en la mayoría de hogares.

Esto acrecentó el déficit fiscal que ha aquejado por décadas a nuestro país y para rematar este paquetazo de medidas económicas criminales contra la clase popular, Duque quiso afrontar dicho déficit proponiendo una reforma tributaria a inicios del año 2021 que atacaba con gravámenes e impuestos altísimos a productos esenciales de la canasta familiar, como son las verduras, los lácteos, las carnes, la gasolina e incluso, los servicios de telecomunicaciones y funerarios.

A raíz de todo esto, se convocó para el 28 de abril del 2021 una nueva jornada de movilizaciones a nivel nacional en contra de este mal gobierno que ha sido la perpetuación del uribismo, un gobierno de sangre y muerte. Lo que pasó ese día y durante los dos siguientes meses fue algo inesperado, pero inevitable. El estallido social en Colombia caldeó y Cali fue el epicentro. Fue la ciudad donde más intensamente se vivieron las jornadas de movilización, bloqueo y protesta. Pero también donde más se sintió la represión y el brazo armado de la policía con dos de sus más violentas fuerzas de choque: el  ESMAD -fortalecido y formalizado por la administración de Uribe- y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES).

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Bogotá y Cali fueron las ciudades más afectadas por esta violencia sin precedentes contra lxs manifestantes. Según datos recogidos de Indepaz, hubo 96 agresiones oculares, 35 casos de violencia sexual, mil 661 victimas de violencia, 2,053 detenciones arbitrarias y 83 homicidios de los cuales 44 se han demostrado fueron ejecutados por la fuerza publica. El paro lloró sus muertos y luchó por sus derechos, logró frenar todo el país, toda la economía, todo el transporte, logró plantarle la mirada a un gobierno indolente y descarado de manera digna, frenando la reforma tributaria y bajando de su puesto al ministro de hacienda Alberto Carrasquilla. Pero en especial, el paro logró la unidad de comunidades, barrios y pueblos.

Es el paro nacional del 2021 lo más importante que le ha pasado a la sociedad colombiana, en especial a la juventud. Jóvenes que derribaron símbolos para crear monumentos, que descubrieron el buen comer en las ollas comunitarias que en cada esquina se levantaban, que descubrieron su aporte a la sociedad cuando toda oportunidad les había sido negada. Entonces hubo escuelas y bibliotecas donde antes habían puesto policiales, y se rompió el cemento para sembrar comida, las calles florecieron de cilantro, maíz, tomate y maracuyá, la atención médica se hizo propia, urgente, solidaria y humana. Todo cambió, hasta los lugares y las calles cambiaron de nombre y entonces hubo Loma de la Dignidad donde ante fue Loma de la Cruz, y Portal de la Resistencia donde antes fue Portal de las Américas y Puerto Resistencia donde antes era Puerto rellena. Y por primera vez el pueblo sintió que las calles eran suyas, porque se sintió seguro, porque hubo una primera línea que les cuidó y defendió cuando fue necesario.

Sueños tras las rejas

Todo esto tienen en común estos nueve jóvenes: haber sufrido el uribismo en todo su esplendor, haberse entregado al Paro Nacional con todas sus fuerzas para exigirle a un Estado por sus derechos, haber hecho campaña a la oposición, hoy partido gobierno, ser falsos positivos judiciales y estar tras las rejas, presos hace más de dos meses. Ellos son: Rolando Quintero Ramírez, Jhon Alejandro Hernández, Alejandro Blandón Ordóñez, Yeinshon Giner Hernández Realpe, Jofren Alberto Ordoñez Angulo, Anderson David Cifuentes Montaño, Wilson Stiven Murillo Ordoñez, Iván Ricardo Bermeo Carabalí y Diego Fernando Ángel Agudelo.

Para quienes crecimos dentro de estos 22 años de uribismo como Rolando, Jhon, Anderson o Diego, la violencia ha sido cultura popular, titular de noticia, pan de cada día, la hemos vivido en carne propia. La corrupción administrativa se ha vuelto casi como el aire que respiramos. Y la falta de oportunidades se vuelve el tema de conversación obligado cuando estamos charlando ocasionalmente en la calle. Demostrar la rabia en este último gobierno, contra este régimen de décadas, no era simplemente inevitable, era necesario. Por eso el Paro Nacional fue un Estallido Social. Y Jofren, como los otros jóvenes apresados, lo entendieron muy bien. Hoy están presos por ello.

Pero no sólo por ello, hoy Gustavo Petro y Francia Márquez han hecho historia. Han dejado de ser opositorxs de la institucionalidad, para volverse lxs máximxs exponentes de dicha institucionalidad. Presidente y vicepresidenta. Y es histórico para personas como los nueve compañeros de PR, quienes hicieron pedagogía política en pro de este gobierno, como parte de la campaña, razón que muchxs sospechan como motivo real de su imputación de cargos. También es histórico para lxs miles más que hemos vivido el uribismo de muchas maneras. Para muchxs, representa el fin de una era dictatorial en nuestro país, el fin de una noche larga. Muchos, muchas sueñan un cambio, pero lo cierto es que esperamos y seguimos esperando, que los nueve de PR puedan verlo y vivirlo en libertad.

Los nueve de PR hacen parte de una gran cantidad de presos políticos en nuestro país, más de 7 mil personas privadas de la libertad, procesadas por delitos políticos y judicializadas por participar en la protesta social, defender los derechos humanos o ambientales, o simplemente por estar en oposición al Estado. Como dijimos al inicio, esta es la primera entrega de tres textos sobre el contexto colombiano, el uribismo, el estallido social y los presos políticos, siendo este último tema nuestro asunto principal a tratar en nuestro siguiente texto.

La tarde de este miércoles (24), elementos de la Policía de Investigación detuvieron a Héctor Llaitul Carrillanca, vocero político de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), organización mapuche fundada en 1997, la cual durante su trayectoria ha recuperado miles de hectáreas de tierras usurpadas por empresas forestales y agrícolas en la región de la Araucanía, sur de Chile.

Según la versión oficial, la detención deriva de una denuncia de 2020 la cual vincula a Carrillanca a tres delitos: hurto de madera, usurpación y atentado contra la autoridad, este último se relacionaría a disparos contra Carabineros, delito que estaría asociado a la querella por Ley de Seguridad del Estado.

Mediante comunicado, la CAM enfatizó que la detención de su vocero es la materialización de la persecución contra el proyecto político de la organización mapuche que mantiene en jaque la presencia de la industria forestal en la región.

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“La detención de nuestro vocero y dirigente histórico Hector Llaitul, busca amedrentar el proyecto político – estratégico que llevan adelante familias, comunidades y weichafe (guerrero en mapudungún) dignamente. Quienes, masivamente, hemos vuelto a ocupar territorios que hasta ahora estaban bajo control de la industria forestal y el latifundio”, subraya el documento mediante el cual se deslindan “tajantemente” de las mafias de madera y narcotráfico que operan en el sur de Chile.

Para la CAM, la detención de Carrillanca confirma la continuidad del gobierno actual en colocar “su administración al servicio de las oligarquías y conglomerados económicos que tienen sus intereses puestos en nuestro territorio ancestral mapuche”, por lo cual hacen un llamado a las comunidades mapuches en resistencia para continuar los procesos de recuperación de tierras.

Específicamente, la CAM convocó “a continuar con la resistencia y sabotajes en contra, principalmente, de la industria forestal, hidroeléctrica, minera y salmonera. A no dejarse amedrentar por este gobierno que se ha puesto de rodillas ante el empresariado y que, a través de su plan buen vivir, busca cooptar y dividir a nuestra gente”.

Cabe recordar que, en respuesta a los procesos de recuperación de tierras, en mayo pasado, la Cámara de Diputados chilena aprobó un proyecto de resolución que solicita al Gobierno declarar a la CAM, los Órganos de resistencia territorial (ORT) y a la Weichán Auka Mapu (Lucha del Territorio Rebelde, en mapudungún) como “asociaciones ilícitas de carácter terrorista”.

Forestales

La postura de la CAM es que la extracción de madera de las forestales por parte de las comunidades mapuches organizadas no puede concebirse como robo, ya que es recuperación y reapropiación de recursos que están en su territorio ancestral.

“Es la industria forestal la que ha provocado un verdadero ecocidio, y ha aumentado de forma descomunal las arcas de los grupos económicos más poderosos de este país. Ecocidio, que se sitúa en un contexto histórico de usurpación al pueblo Mapuche y que ha provocado, en la actualidad, la ocupación de nuestras tierras ancestrales por la actividad extractivista, el latifundio y otras expresiones del gran capital”, señala otro documento difundido el pasado 14 de agosto por la Comisión Política de la CAM.

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La postura de la organización mapuche fue una respuesta a las declaraciones de distintos funcionarios, tales como la de la Ministra del Interior chilena, Izkia Siches, quien ha señalado que la CAM no representa al pueblo Mapuche y ha lanzado duras criticas tanto a su vocero como a la organización.

Para la CAM, es de gran relevancia la reapropiación de recursos y la recuperación productiva, por lo cual niegan que esto pueda concebirse como robo de madera dentro de su territorio ancestral pues son acciones que se realizan acompañadas de otro tipo de actividades productivas como las siembras, construcción de rukas, bodegas, invernaderos o habilitación de espacios ceremoniales.

“La reapropiación de recursos siempre está acompañada de un despliegue cultural con nuestras ceremonias tradicionales mapuche, las que habían sido cercenadas durante un siglo por el modelo económico chileno. Reapropiación que siempre es comunitaria, poniendo en el centro las necesidades programáticas de nuestra lucha como pueblo y como organización. Y es sobre la base del desarrollo de un tipo de economía para la autonomía, es una autonomía de autogestión”, respondió la CAM al gobierno chileno.

Esta respuesta a las acusaciones del Estado chileno aconteció después de que, a principios de agosto, los Órganos de Resistencia Territorial de la CAM anunciaron el inicio del control territorial efectivo de dos predios usurpados por la forestal Mininco en Carahue, en el marco de la expulsión de empresas forestales del Wallmapu. Una semana antes, la CAM había tomado otros siete fundos en las cercanías de la ciudad de Angol, capital de la provincia de Malleco.

“Son las recuperaciones territoriales la columna vertebral de nuestra estrategia, ya que en ellas podemos vivir con dignidad, sembrar, tener animales, hacer trawün, palin, nguillatün (encuentros y ceremonias en mapudungun) y fortalecer nuestro proyecto político sin afectar en lo más mínimo, y en esto somos enfáticos, al pueblo chileno empobrecido”, señaló la CAM.

Protestas

La mañana de este jueves (25), indígenas mapuches se manifestaron en las afueras del Tribunal de Garantía en Temuco, donde se realizó la audiencia en contra de Hector Llaitul. Ahí, Juana Calfunao, lonco (autoridad en mapudungún) de la comunidad indígena mapuche Juan Paillalef en la Araucanía, enfatizó que “desde el Biobio al sur, quiero recordarles al Estado chileno y a los tribunales de justicia del Biobio, el sur es territorio de la nación mapuche y cualquier árbol que esté aquí es nuestro”.

Calfunao también hablo sobre la defensa de Llaitul, quien “ha sembrado trigo, ha dado alimento a mujeres y niños que el gobierno no se preocupa. Eso debería estar preocupado el gobierno de venir aquí a ver la situación en que desposeídos están nuestros hijos, nuestros niños y cómo estamos las mujeres y como sigue la judicialización y criminalización y no seguir haciendo montaje en contra de nuestra gente, en contra de nuestro waichafe, en contra de nuestras personas que están defendiendo el derecho a existir una vida mas justa, mas solidaria y más humana”.

Héctor Llaitul Carrillanca permanecerá 30 días en prisión preventiva, durante los cuales se desarrollará la investigación penal.