El gobierno de Xiomara Castro, en Honduras, decretó estado de excepción en el país a partir del día 6 de diciembre, extendiendo por 30 días. La decisión fue justificada por las autoridades hondureñas como una medida para enfrentar la situación de inseguridad actual que vive el pueblo hondureño.
Por medio de un decreto, la presidenta de Honduras suspende seis derechos garantizados en la Constitución del país, entre ellos la libertad de circulación, el derecho de asociación y reunión, y la inviolabilidad del domicilio.
El estado de excepción rige sobre los municipios de Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde 89 y 73 barrios respectivamente están siendo intervenidos. En un primer momento 600 policías fueron desplegados. A lo largo de los días, la cantidad de efectivos involucrados en los operativos, incluidos oficiales de la policía militar, ascenderá a 20 mil, organizados en turnos rotativos.
Diversas organizaciones en Honduras han manifestado su rechazo a la decisión presidencial.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) sostuvo que un estado de excepción en manos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas de Honduras, “ejes fundamentales del golpismo y el régimen de Juan Orlando Hernández (expresidente del Honduras), y que no han sido reformados ni refundados, otorga más poder a instituciones que han demostrado su captura por estructuras mafiosas y criminales y que pone en riesgo la protección y seguridad del pueblo hondureño”.
De acuerdo con la organización, la lucha contra la inseguridad debe pasar por desestructurar las finanzas de grupos criminales que pasan por los bancos nacionales, así como sus vínculos con terratenientes y grupos de poder, así como con las mismas fuerzas de seguridad del Estado. “La historia nos ha demostrado que las políticas de seguridad con un enfoque represivo generan graves violaciones a los derechos de las comunidades pobres en manos de estructuras mafiosas y criminales de la Policía y el Ejército”, señala Copinh en un comunicado.
Recuerdan que la estructura criminal que realizó el operativo de asesinato de Berta Cáceres surgió desde el interior de las Fuerzas Armadas de Honduras, en especial el 15to batallón del ejército y estas estructuras siguen impunes.
Para la Asamblea de Mujeres Luchadoras de Honduras, el estado de excepción “es una respuesta racista que discrimina y estigmatiza la pobreza, que afecta directamente a las mujeres, niñez y grupos más vulnerables de los barrios y colonias a los que han aplicado esta medida”.
La asamblea sostiene que el estado de excepción no es un plan integral para los problemas de las Maras en Honduras ni en otro país de Centroamérica. “Nosotras sabemos que las maras no se crearon en nuestra región fueron importadas desde Estados Unidos resultado de la exclusión social, crecimiento urbano rápido y sin planificación, inmigración desordenada, extrema pobreza y falta de oportunidades, a las que se añaden xenofobia y racismo”.
La demanda de Copinh es que el Gobierno de Castro genere una política integral de seguridad ciudadana, que garantice el respeto de los derechos humanos y la eliminación de las estructuras criminales económicas y empresariales que sostienen los fenómenos de los grupos ilegales armados que azotan al pueblo de Honduras.
El Salvador
La Oficina en Washington para Asunto Latinoamericanos (Wola) hizo un llamado público para que Honduras no siga los pasos de Guatemala y El Salvador, quienes han gobernado bajo estados de emergencia o regímenes de excepción nacionales o focalizados sin velar por el respeto a los derechos humanos, especialmente de la población más vulnerable como las mujeres y los pueblos garífunas e indígenas.
La decisión de Honduras sigue a la deEl Salvador, donde este marzo el presidente Nayib Bukele dispuso la misma medida a fin de reducir los crímenes de las pandillas.
Desde entonces, ya se han aplicado ocho extensiones del decreto y se ha capturado a más de 58 mil personas.
Organizaciones y familiares de los detenidos han denunciado diversas violaciones de derechos humanos y arrestos sin fundamentos.
Las fuerzas de seguridad de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala realizan este martes (6), un desalojo en la comunidad de Chapín Abajo, El Estor, Izabal, en donde se reporta una persona fallecida por arma de fuego, se trata de Lisbin Neftalĺ Quileb Pec, de 16 años, maya Q’eqchi.
Autoridades indígenas reportaron que las fuerzas de seguridad portaban armas y fusiles, además del equipo antimotines que rodeaba el lugar.
El medio Prensa Comunitaria dio a conocer que la comunidad fue sitiada por elementos de la PNC y el ejército, desde la madrugada con 25 órdenes de allanamiento en contra de las Autoridades Ancestrales Q’eqchi’.
Fuerzas de seguridad atacaron la comunidad maya Q’eqchi desde la madrugada de este martes 6 de diciembre
Además, confirma un saldo de varias mujeres detenidas, dos heridas, una de ellas en el hospital, y una persona desaparecida. Según relatos de los comunitarios, entre los detenidos están Alba María Choc, esposa de una autoridad ancestral, y su hijo de 9 años de edad.
La operación es promovida por la empresa aceitera NaturAceites, denuncian autoridades ancestrales. Los moradores defienden su territorio del monocultivo de palma de aceite, en tanto el gobierno de Guatemala insiste en que se trató de un operativo para recuperar armas robadas hace un año.
Intento de desalojo en octubre pasado
Apenas en octubre pasado, hubo otro operativo en el cual la Policia Nacional intentó ejecutar tres allanamientos y 20 detenciones en la comunidad de Chapín Abajo. En aquella ocasión intentaron detener a comunitarios que participaron en la resistencia antiminera en la región, mientras otros son acusados por la empresa NaturAceites del delito de usurpación agravada.
Naturaceites, la productora de palma africana que comercializa el aceite Capullo, figura como denunciada en nueve expedientes del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala. La corporación ha sido acusada de ocasionar la muerte de centenas de peces con los desechos que producen sus monocultivos. También ha sido señalada de empezar proyectos sin contar con instrumentos de evaluación del impacto ambiental.
La empresa opera en los departamentos de Izabal, Alta Verapaz, Petén y Escuintla; distribuye sus productos en México, Estados Unidos y República Dominicana y ha sido proveedora de empresas como Nestlé y Unilever.
A finales de 2021 fue impuesto un estado de sitio en El Estor, luego de que las autoridades reprimieran violentamente protestas de comunidades maya Q’eqchi’ para impedir el paso de vehículos cargados de carbón de la empresa minera Fénix, pese a que su operación fue declarada inconstitucional.
En portada: Entre junio de 2020 y noviembre de 2021, periodistas de El Faro fueron víctimas de espionaje telefónico a través del software espía Pegasus, desarrollado por NSO Group.
El pasado miércoles (30), un grupo de 15 periodistas miembros de El Faro, periódico digital salvadoreño, presentó una demanda ante un tribunal federal de los EEUU contra NSO Group, empresa israelí creadora del programa de vigilancia malicioso conocido como Pegasus.
Representados por el Knight First Amendment Institute de la Universidad de Columbia, los periodistas señalan que, durante junio del 2020 y noviembre del 2021, mediante dicho programa se realizaron infiltraciones a sus dispositivos móviles con el objetivo de rastrear sus conversaciones y movimientos de forma secreta.
Mediante comunicado de prensa, el instituto destacó que este caso es el primero presentado por periodistas contra NSO Group en los tribunales de Estados Unidos. En su comunicación, también detallan que, en los últimos años, el programa espía de la empresa israelí se ha utilizado en regímenes autoritarios y de vulneración de derechos de todo el mundo para atacar a periodistas, activistas de derechos humanos y disidentes políticos.
Para Carlos Dada, cofundador y director de El Faro, estos ataques fueron un intento para disuadirlos de realizar sus labores periodísticas. “Presentamos esta demanda para defender nuestro derecho a investigar e informar, y para proteger a los periodistas de todo el mundo en su búsqueda de la verdad”, declaró el periodista salvadoreño.
Pegasus es capaz de infiltrarse en teléfonos inteligentes sin ser detectado y tras ello brinda información a los operadores del programa espía sobre las listas de contactos, información de calendario, mensajes de texto, correos electrónicos, historiales de búsqueda, geolocalización, etc.
El 24 de septiembre del 2022, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dedicó parte de su conferencia para descalificar a El Faro e indicó que Hacienda investigaba al periódico por evasión de impuestos y lavado de dinero.
Acorde a la demanda, los ataques con el programa espía contra El Faro son parte de una acción mayor en contra de otros medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en la que se contabilizan, al menos, infiltraciones a los dispositivos de 35 personas y nueve organizaciones.
El periódico digital, con sede en El Salvador, destaca por su trabajo de periodismo de investigación sobre temas de derechos humanos, desigualdad, violencia y corrupción gubernamental. Por su parte, NSO Group, con sede en Israel, desarrolla programas espía que comercializa con gobiernos a nivel mundial, incluidos aquellos que han estado implicados en graves abusos de derechos humanos.
La demanda argumenta que, con sus acciones, NSO Group violó diferentes leyes estadounidenses como la Ley de Fraude y Abuso Informático y la Ley Integral de Fraude y Acceso a Datos Informáticos de California.
En la demanda se detalla que, para que NSO Group pudiera desarrollar Pegasus, sus miembros accedieron a servidores propiedad de empresas tecnológicas estadounidenses, entre ellas Apple Inc, ubicada en Cupertino, California. “Los acusados accedieron a los servidores de Apple para identificar y explotar vulnerabilidades en el software y los servicios de Apple, para permitir la entrega de Pegasus a los iPhones de los objetivos”, se lee en la documentación que integra la demanda.
Cabe recordar que, en noviembre de 2021, Apple demandó a los desarrolladores de Pegasus desde EEUU, afirmando que, a través del desarrollo y despliegue del software espía, habían explotado el software y los servicios de Apple, dañado su negocio y buena voluntad, y perjudicado a sus usuarios.
“El uso de programas espía para vigilar e intimidar a periodistas representa una amenaza en verdad urgente para la libertad de prensa”, sostuvo la abogada Carrie DeCell. La litigante del Knight First Amendment Institute también exigió a los tribunales estadounidenses cumplir con su deber en garantizar que los desarrolladores de programas espía rindan cuentas de sus acciones cuando estas violen la legislación de los Estados Unidos, como argumenta que ocurrió en las infiltraciones contra los miembros de El Faro.
La demanda presentada por los periodistas exige que NSO Group identifique, devuelva y borre toda la información obtenida mediante estos ataques; la prohibición a la empresa israelí para utilizar Pegasus de nuevo contra los demandantes, así como la identificación del cliente que ordenó las infiltraciones contra el medio digital.
“NSO Group y otros desarrolladores mercenarios de programas espía están suministrando a los gobiernos autoritarios las herramientas para sofocar la disidencia y aplastar la libertad de prensa”, señaló Jameel Jaffer, director ejecutivo del Knight Institute.
Por su parte, Ron Deibert, profesor de Ciencias Políticas y director del Citizen Lab, organismo que identificó 226 infecciones de Pegasus en los dispositivos utilizados por los empleados de El Faro, declaró que este tipo de litigio puede contribuir a “disuadir este desprecio insensible por los derechos humanos tanto por parte de NSO Group como de todas las empresas de la industria mercenaria de programas espía”.
En el Día Internacional de las Defensoras, el 29 de noviembre, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres (IM-Defensoras) hace un balance de la situación de las defensoras de derechos humanos en la región.
En México, este año, fueron víctimas de feminicidio cinco defensoras que buscaban a personas de su familia desaparecidas. En Nicaragua, 21 mujeres siguen presas por luchar contra la deriva totalitaria del gobierno de Daniel Ortega, mientras muchas otras han sido desterradas, se han tenido que exiliar, han visto cómo sus organizaciones eran ilegalmente canceladas o viven, junto con sus familias, bajo un ambiente de miedo y persecución.
En Honduras, terratenientes, empresas extractivas y poderes institucionales no cesan de agredir y criminalizar a defensoras y comunidades que resisten ante el despojo de sus tierras. En El Salvador, las defensoras y las periodistas viven bajo un régimen de excepción en el marco del cual cualquier arbitrariedad es posible, enfrentando ataques digitales que las señalan y las ponen en el punto de mira de la violencia que sacude el país.
Comunidades indígenas, campesinos y asambleas socioambientales en Argentina rechazan la megaminería de litio. Afirman que destruye ecosistemas vitales contra el cambio climático, viola derechos humanos, pone en riesgo el agua y desmienten que se trate de un mineral necesario para la “transición energética”, como se le suele publicitar.
“Podemos vivir sin litio, pero no podemos vivir sin agua”. Es la frase que se repite en las comunidades de Catamarca, Jujuy y Salta donde existen explotaciones y proyectos de megaminería de litio. Pueblos originarios, campesinos y asambleas socioambientales dan cuenta de las consecuencias del extractivismo en las salinas: sobreconsumo de agua, contaminación y vulneración de derechos humanos. “¿Quién se hace responsable del saqueo, de la contaminación, del agua que usan? Conocemos a las mineras desde hace tres décadas, por eso decimos no a la minería de litio”, remarca el cacique de la comunidad indígena Atacameños del Altiplano, Román Guitián.
Catamarca conoce de magaminería. Por un lado, la conocida Minera Alumbrera, inaugura en 1997 por Carlos Menem. Extrajo oro y cobre del oeste provincial (departamentos de Andalgalá, Santa María y Belén) y no se cumplieron las promesas de trabajo, desarrollo local ni cuidado del ambiente. De ahí el rechazo al nuevo megaproyecto MARA (Minera Agua Rica-Alumbrera). También conoce de explotación de litio, en la zona de Antofagasta de la Sierra opera desde la década del 90 la multinacional FMC Corporation (bajo el nombre de Minera del Altiplano).
El pasado octubre, los senadores Ben Cardin y Bill Hagerty enviaron una carta al Departamento de Estado y al secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, para solicitar un reclamo al gobierno hondureño por la derogación, en abril de 2022, de la Ley Orgánica que permitía la operación de las Zonas de Desarrollo Económico y Empleo (ZEDE) en el país centroamericano.
Dicha ley permitió la creación de zonas especiales con la facultad de operar de manera autónoma al gobierno hondureño. A través de ellas, los inversionistas podían implementar en los territorios sus propios sistemas de administración, gobierno y leyes con el argumento de crear las condiciones para atraer inversiones a nivel internacional.
La misiva de los senadores argumenta que las inversiones norteamericanas en Centroamérica “ayudarán a aliviar la pobreza que fomenta la migración ilegal a los Estados Unidos” e instan al gobierno hondureño a respetar la “garantía de estabilidad jurídica de 50 años que protege las inversiones estadounidenses”, establecidas en el marco del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana y América Central (CAFTA-DR).
En contraste, desde la aprobación de la ley, en 2013, amplios sectores de la sociedad hondureña se organizaron contra su operación. De acuerdo a la organización Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), a partir de procesos en más de 70 cabildos abiertos, se declararon municipios libres de ZEDES en diversos departamentos donde la movilización por la defensa del territorio motivó el rechazo a su instalación.
Mediante una carta de respuesta a los senadores norteamericanos, ARCAH sostuvo que las ZEDES “son un proyecto de agresión a la soberanía” del país centroamericano, por lo cual la petición de los congresistas constituye “una grave propuesta de injerencia e irrespeto de los asuntos internos del Estado de Honduras, y solo invita a la perpetuidad de los crimines cometidos por las ZEDES, que incluyen, en el caso de sus secretarios técnicos, por ejemplo, el delito de Traición a la Patria”.
La organización hondureña afirma que, por mas de una década, “el pueblo de Honduras, aun en un periodo de narco-dictadura, enfrentó a las ZEDES de manera organizada, coherente, pertinente, digna, legitima y en pleno uso de sus derechos”, ante el intento de que las trasnacionales sobrepasaran al gobierno hondureño “para instalar laboratorios de gobernanza, de manera inconsulta, y es que, no podría ser de otra manera, ¿qué pueblo daría conscientemente un ‘sí’ a la entrega total o parcial de su país?”.
Presión
La iniciativa de los senadores no es la primera acción de funcionarios norteamericanos para reclamar por la derogación de las ZEDES. En julio de este año, el Departamento de Estado difundió el Informe sobre el clima para inversiones en Honduras, mediante el cual condenó la derogación de la ley.
“El gobierno se ha expuesto a una responsabilidad potencialmente significativa y ha alimentado las preocupaciones sobre el compromiso del gobierno con el estado de derecho comercial”, afirma el informe en el que cuestiona la actitud del gobierno de Xiomara Castro pues no intentó implementar reformas o buscar un diálogo con los inversionistas de las ZEDE.
Según el departamento responsable de la política exterior norteamericana, la medida contribuyó a la incertidumbre sobre el compromiso del gobierno hondureño con las protecciones para la inversión requeridas por acuerdos como el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) entre Estados Unidos y Honduras y el CAFTA.
En respuesta, ARCAH asegura que ninguna de estas garantías aplica si se coloca en riesgo la soberanía de Honduras, pues los senadores “ignoran que la Ley Orgánica de las ZEDES facultaba a las ZEDES a expropiar territorios hondureños”. También agregan que “ningún Tratado de Libre Comercio aplica para las ZEDES, por ser incompatibles con las Constitución de la Republica de Honduras, y los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos”.
Al contrario, la organización, que cofundó el Movimiento Nacional contra las ZEDES en junio de 2021, afirma que estos proyectos no han invertido en Honduras, “pero sí han vertido violencias y ataques, incluso contra ARCAH”.
Agresiones
Christopher Castillo, coordinador general de ARCAH, ha denunciado amenazas en su contra realizadas por policías, así como por miembros directivos y ejecutivos de distintos proyectos ZEDES.
Acorde a un comunicado del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, las agresiones ocurren en el contexto de la lucha contra las ZEDES, particularmente las conocidas como Ciudad Morazán y Próspera, las cuales “desconocen la decisión popular de derogación de la ley, misma que fue lograda por la lucha popular de comunidades y organizaciones. Por lo que las ZEDES no quieren reconocerlo, en cambio amenazan con acciones violentas buscando así instalarse en los territorios”.
Una de las recientes agresiones ocurrió a finales de octubre cuando miembros de la ARCAH protestaban pacíficamente contra Ciudad Morazán, puesto que es uno de los proyectos ZEDES que se han mantenido en funciones pese a la derogación de la ley que las sustentaba. A esto se añaden las amenazas contra el coordinador de ARCAH por parte del fundador de Ciudad Morazán, Massimo Mazzone, y otros de sus integrantes Jorge Colindres y Carlos Fortín.
Ante estos hechos, Christopher Castillo exigió a las autoridades hondureñas la derogación efectiva de las ZEDES y ante medios locales sostuvo que “no podemos permitir que estos empresarios solamente vengan a imponer proyectos que no son de desarrollo, que son ajenos a la voluntad popular y que además vengan a amenazar a la gente”.
Después de la revuelta y la coyuntura constituyente, por su vigencia, compartimos análisis publicado por Grupo Anarquista Germinal de Concepción.
Hoy es el tiempo de las organizaciones, de los colectivos, de las capuchas y de las horizontalidades. El gobierno no entiende que esto es una lucha que comenzó mucho antes del regreso a la democracia, ya que era una lucha por la cual nos levantamos pobladores y pobladoras, estudiantes, trabajadores y trabajadoras, dueñas y dueños de casa, niños, niñas, y jóvenes que queríamos un nuevo Contrato Social que incluyera a todos y todas. Pero al final ¿Qué obtuvimos? Un pacto social a nivel de partidos políticos, el cual no incluyó a nadie más que a ellos mismos. Es más, han estado legislando acuerdos que les han beneficiado y a través de ellos a las grandes fortunas de Chile. Ya lo decíamos a fines de los 80, que lo que nacía era una partitocracia, ya que la única forma que se observa y se permite para representar o ser representante es a través de los partidos políticos.
En los 90, se gestó una nueva forma de relacionarse y actuar, la cual cuestiona la estructura autoritaria y excluyente de las organizaciones tradicionales. Sin embargo, con prácticas traídas de los años 80´s, se han construído organizaciones que lentamente han sido cooptadas e impregnadas de autoritarismo y falsos liderazgos (no es que haya un liderazgo verdadero). Sin embargo, aún existen organizaciones que su objetivo sigue siendo el Contrato Social inclusivo, y son estas quienes se manifiestan sin líderes, sin dirigentes y logran permear a la sociedad toda, que lentamente va descubriendo su fuerza y su solidaridad de lucha.
Esta lucha en casi 4 semanas ha logrado visibilizar de forma activa y preocupante las demandas más urgentes, que nada tienen que ver con los $30, y algo que muchos de los saqueadores están haciendo es reaccionando y devolviendo lo robado a la gente, como el caso de las aguas donde había ríos secos, con gente sin poder alimentar a sus animales o mantener sus cultivos, mientras un señor mantiene muchas hectáreas muy bien regadas. Hoy, así como esos ríos que retoman su caudal, el pueblo en su conjunto, a través de las organizaciones sociales y populares, lejos de partidos que han sido durante muchas decadas directores de las luchas, también ha comenzado a caminar en una vía de autorepresentación, el tomar la acción y la palabra, apuntando a los cambios profundos que cuestionan este modelo de capitalismo radical.
Como anarquistas, vemos que esta manifestación de protesta ha logrado generar un cambio de paradigma en la lucha social, ha mantenido una revuelta atacando símbolos económicos que son el sosten de este sistema, ya no en crisis, sino definitivamente en derrota, de la misma forma que los liberales se refieren al socialismo de Venezuela como un sistema que no da respuestas, de igual forma el liberalismo chileno, tampoco da respuesta, ya que está construído sobre una ilusión ideológica impuesta por las armas y mantenida por el endeudamiento individual.
El pueblo y las organizaciones horizontales y de afinidad, han logrado mantenerse en la calle con y a pesar de los milicos, lejos de disminuir las manifestaciones, han aumentado, con mucha gente que se ha sumado contra la represión policial.
Pensamos que paralelo a la manteción de las barricadas y la protesta en los centros de las ciudades, es necesario avanzar en activar y organizar asambleas populares, reales, e ir definiendo las estrategias y los planteamientos de lucha con diálogos, con territorios liberados de represión y del poder estatal. Un pliego de Chile mínimo con el cual avancemos a una nueva restructuración de la sociedad: más solidaria, más activa y combativa.
Segunda parte.
El estallido/revuelta del 18 de octubre, viene a ser una expresión del desagrado/odio a los permanentes desprecios de la oligarquía y las élites, no solo las políticas, sino las económicas, militares y gubernamentales. Sin embargo, ¿Basta la rabia o el hastío para iniciar una revuelta? ¿Una revuelta puede ser el inicio de una revolución?
Estas dos preguntas me han dado vueltas desde marzo del 2020, cuando la revuelta disminuye con la pandemia y volvemos a casa de forma obligada (o en realidad como un acto disciplinario). Esta vuelta a casa, está acompañada de deseos de transformación en algunas de las propuestas o demandas como son las pensiones con el fin de las AFP, educación igualitaria y gratuita, libertad de los presos en la revuelta o simplemente, poder ser parte y disfrutar de este modelo de desarrollo, ya no como observadores sino beneficiados de los productos de este jaguar latinoamericano o de nuestro pequeño oasis neoliberal.
En simple, el estallido/revuelta desnuda las diversas expresiones sociales, y los saqueos no fueron por parte de los manifestantes que estaban en las marchas, sino de grupos que ya habían probado que en los momentos de inestabilidad sea por causas naturales como fue el 27-F, el saqueo es una forma rápida de acceder a los productos negados, no sólo los básicos, sino los de placer, la mercancía ya no escindida sino incluida, que este capitalismo ofrece. Por otro lado, los que han mantenido una propuesta revolucionaria al estilo siglo XX, también se sumaban a quemar las calles, o como me gusta decir, iluminar la oscuridad. Este estallido, dio posibilidad de poner en acción tácticas de milicia popular urbana, atacando comisarias, donde se sumaron algunos jóvenes y otros no tantos donde expresar el odio a la representación más dura del Estado como es la policía. Pero los que más se hicieron presente fueron aquellos, que bajo una disciplina controladora como diría “Foucault” de la organización sindical o gremial, quienes marchaban en una expresión simbólica de rotación a las calles, pero que, llegada la hora se retiraban, dejando paso a quienes estaban en la espera de tomar la plaza y defenderla durante horas, las primeras líneas de defensa.
En este grupo, aparece el pueblo, no el militante, ni el activo, sino el marginal, el que no cabe en un sindicato, ya que su trabajo es part time, o por cuenta propia, excluido del mundo revolucionario tradicional, aquel que no responde a orgánicas, sino que construye relaciones en el campo mismo, organizando, planeando la estrategia de lucha, levantando barricadas con los adoquines. Explorando nuevas formas de expresión y sobre todo compartiendo espacios afectivos, muchos como primera vez, confiando y apoyando/se con otros iguales. También, el arte sale a la calle, como expresión cultural, murales, fotografías, conciertos en las esquinas, Bach, Mozart, Wagner, Violeta Parra, Víctor Jara suenan entre violines y chelos, entre flautas y pianos, toda una fiesta cultural, donde cada uno, aporta desde su quehacer. Son los primeros días de la revuelta, el campo de Guerra del enemigo poderoso e imaginario, el terror de la oligarquía a perder sus privilegios y sus prestigios, o súper 8.
Las luchas populares llevadas a los centros neurálgicos de las ciudades, por aquellos excluidos, tanto social como político y económicamente, se expresaban en pequeños triunfos, el lograr que la policía no ocupe los espacios liberados de acción cultural: la radio, las ollas comunes, los grupos, los “fumetas” y otros que ocupaban la plaza como nunca habían podido hacerlo.
La no existencia de banderas, no era una regla, sino una consecuencia que los militantes, muchos, no estaba de acuerdo de participar en espacios des-orgánicos o donde los acuerdos partieran desde la plaza o desde los Tribunales y no desde las mentes preclaras de comisiones políticas o comités centrales. Por tanto, la no presencia de banderas partidarias es un adelanto de lo que vendría con la firma del acuerdo del 15 de noviembre. La desconfianza de la realpolitik que salvó a Piñera y de paso a la democracia en crisis. Mejor un político de carrera que un pueblo inexperto en artes del poder.
No solo los partidos quedaron fuera de la calle, sino también la iglesia. Los símbolos para estatales por antonomasia, fueron rechazados hasta la expresión ardiente de sus acciones quemando mobiliarios eclesiásticos o de algunos partidos, sobre todo de derecha. Ni los curas, ni los pastores, ni los dirigentes políticos estaban presentes, ya que, este estallido/revuelta era una expresión de los que siempre han estado abajo, junto a quienes mueven la economía. Podría ser, sin serlo, una revuelta con ribetes de clase, donde la famosa clase media se amalgamó con la clase trabajadora y con lo popular. Todos juntos levantando barricadas contra la represión.
Sin embargo, al igual que una rabieta infantil, la expresión violenta de la acción y la palabra genera un gasto de energía, la cual tiende a volver a un punto anterior. Baste hacer la siguiente observación: hoy son pocos quienes dicen que estuvieron en la calle en el estallido/revuelta.
Al igual que en aquellos países, donde la posibilidad de revolucionar lo social fue llevado a la practica en su forma mas expresiva, en la revuelta. La sociedad, sobre todo aquella que responde a los ausentes de este evento/episodio social tienden a buscar un equilibrio político, en realidad lo imaginado como deseo, pero que hace que el poder y sus expresiones se fortalezcan y profundicen su radicalidad, ejemplo, las largas prisiones preventivas de los jóvenes detenidos en el estallido, muchos sin pruebas y otros solo con evidencias inventadas por los pacos intra marchas. Pero ahí están, presos aún, a tres años. El estado debe enviar su mensaje a los rebeldes, a los que traten nuevamente de levantarse contra la elite. Esta vez no hubo desaparecidos o ejecutados de forma masiva, pero si muchos mutilados y asesinados.
Se podrá decir que el estallido/revuelta no llegó a ningún lado, pero, al igual que la rabieta del niño, el estado debe revisar su practica al igual que las oligarquías velar que las diferencias sociales no sean tan drásticas. No es solo la pobreza, sino la exclusión y este proceso aun no termina, aun estamos afilando los dientes.
SEGUIR LA LUCHA HASTA QUE SE VAYAN TOD@S, ORGANÍZATE PARA LUCHAR NO PARA DIRIGIR.
En portada: Un soldado estadounidense observa mientras un helicóptero de asalto AH-64 Apache vuela por encima durante un patrullaje por los campos petrolíferos de Suwaydiyah en la provincia de Hassakeh, al noreste de Siria. 13 de febrero de 2021
“A medida que se desaten la hambruna, las enfermedades y las catástrofes derivadas del cambio climático abrupto, las necesidades de muchos países excederán su capacidad de respuesta. Eso generará una sensación de desesperación, que probablemente desemboque en una agresión ofensiva para recuperar el equilibrio (…). Las perturbaciones y los conflictos serán características endémicas de la vida”.
Este fue el diagnóstico de un estudio encargado en 2003 por el Pentágono, sede del Departamento de Defensa de los EEUU, a la consultora Global Business Network. La advertencia era que el cambio climático podría conducir a una “nueva Edad Media”.
La concepción que se fue consolidando principalmente en la última década por los Estados del norte mundial y por organismos transnacionales, como la alianza militar de los países del norte, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), es que el cambio climático es un ‘multiplicador de amenazas’ o un ‘catalizador de conflictos’ y que, por lo tanto, socavará la seguridad mundial y, consecuentemente, la seguridad interna de estos países.
Un memorándum del Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos, de 2016, sobre los efectos del cambio climático en la seguridad nacional, describe los efectos de la crisis climática para los próximos 20 años: el aumento de las tensiones sociales y políticas, efectos adversos sobre los precios y la disponibilidad de los alimentos, inundaciones de las costas, aumento de las migraciones, aumento de los riesgos para la salud humana y escasez de agua.
Señala que los países con “instituciones políticas débiles, con malas condiciones económicas, o donde otros factores de riesgo en términos de conflictos políticos ya están presentes, serán los más vulnerable a la inestabilidad relacionada con el clima”.
En un escenario previsto de guerra, la crisis climática ha sido incorporada a la lógica militar, pasando a ser considerada como un problema de seguridad. “Antes creían que el cambio climático era soft power [poder blando, término inglés para describir la capacidad de un actor político para incidir en las acciones de otros] pero ahora se han dado cuenta de que es una cuestión vital”, declaró Annalena Baerbock, ministra de exteriores de Alemania, durante la cumbre de la OTAN, en junio de 2022, compuesta por 30 países de la zona norte del Atlántico.
Mujeres desplazadas que transportan sus pertenencias llegan a Bossangoa, República Centroafricana, tras huir de la violencia. Crédito: ACNUR
Concretamente, lo que se ha llamado seguridad climática se integra cada vez más en las estrategias de seguridad nacional, en la planificación de la defensa, las evaluaciones de inteligencia y los planes operativos militares de organizaciones como la OTAN, países como Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y bloques como la Unión Europea.
“A medida que la destrucción ambiental se agudiza y la disponibilidad de fuentes energéticas disminuye, la respuesta militar se ve fortalecida”, sostiene la socióloga y especialista en economía ambiental, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (FCPyS-UNAM), Maritza Islas Vargas.
En los Estados Unidos, el expresidente Barack Obama, en su último año de gobierno, en septiembre de 2016, en el memorándum presidencial Cambio Climático y Seguridad Nacional, “ordena a los departamentos y agencias federales que garanticen que los impactos relacionados con el cambio climático se consideren plenamente en el desarrollo de la doctrina, las políticas y los planes de seguridad nacional”.
Su sucesor, el expresidente Donald Trump, puso en cierta pausa la securitización de la crisis climática; sin embargo, una de las primeras medidas del actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, fue la retomada de dicha política.
En una orden ejecutiva para Abordar la Crisis Climática en el Interior y en el Extranjero, de enero de 2021, resalta que “es política de mi Administración que las consideraciones climáticas sean un elemento esencial de la política exterior y la seguridad nacional de los Estados Unidos”.
Establece que el Secretario de Defensa y el jefe del Estado Mayor Conjunto “considerarán las implicaciones de seguridad del cambio climático (…) al desarrollar la Estrategia de Defensa Nacional”.
Ordena que el director de inteligencia nacional prepare estimación “sobre los impactos del cambio climático en la seguridad nacional y económica” y que distintos órganos de seguridad realicen “un análisis de las implicaciones de seguridad del cambio climático que se pueden incorporar en el modelado, la simulación, los juegos de guerra y otros análisis”.
A partir de enero de 2022, el Secretario de Defensa y el jefe del Estado Mayor Conjunto pasaron a tener que presentar una “actualización anual, a través del Consejo de Seguridad Nacional, sobre el progreso realizado en la incorporación de las implicaciones de seguridad del cambio climático en las normativas y procesos” que involucran la seguridad de los Estados Unidos.
Las fuerzas armadas utilizan una gran cantidad de combustible y despliegan armas que tienen impactos ambientales duraderos.
De acuerdo con el profesor de la Facultad de Filosofía y Letras (UNAM) y autor del libro ‘Geopolítica, espacio poder y resistencia en el siglo XXI’, David Herrera Santana, el Pentágono trabaja con la concepción de que es necesario adaptarse “a lo que ya está, ya que las disrupciones sociales y políticas son inevitables; a partir de esta adaptación hay que producir un sistema resiliente, un sistema capaz de sostenerse, de reproducirse, de mantenerse, a pesar de las disrupciones que se revelen en el futuro”.
La OTAN sigue la misma lógica. En junio de 2022 volvió pública la actualización de su “concepto estratégico”, que establece su estrategia militar y de seguridad para 10 años, en el que se detallan las amenazas que enfrentan sus aliados y explica cómo pretende enfrentarse a ellas. Por primera vez, la crisis climática es considerada como uno de los retos de seguridad.
“Es un hecho lamentable pero inevitable que el cambio climático aumentará considerablemente los riesgos para la seguridad de nuestros ciudadanos. Los militares de la OTAN, y la Alianza en su conjunto, desempeñarán un papel activo y sustancial para ayudar a abordar estos riesgos”, describió en un informe de 2022 el Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg.
Herrera Santana enfatiza que es importante entender el contexto de la militarización en los días de hoy, sin olvidar que no se trata de algo completamente nuevo.
“La guerra es el escenario y el eje de articulación del mundo capitalista. La guerra es la fundación del estado moderno y del sistema mundial. La guerra es una constante que se vuelve política, que se normaliza, que se hace cuerpos, se hace escala, se hace una cotidianidad. Lo que estamos viviendo hoy es una reestructuración de estas formas militares”, con el enfoque ‘verde’.
Justificación para el intervencionismo
El aumento de los conflictos por acceso a los recursos derivado de la agudización de la crisis climática es una proyección recurrente en los informes de seguridad e inteligencia.
En el documentoCambio Climático y la Seguridad Internacional, de 2008, el entonces Secretario General del Consejo de la Unión Europea y Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad Común, Javier Solana Madariaga, subrayó que de los conflictos potenciales más significativos por los recursos se deriva de una intensificación de la competencia por el acceso a los recursos energéticos y su control.
“Debido a que gran parte de las reservas mundiales de hidrocarburos se encuentran en regiones vulnerables a la incidencia del cambio climático y debido a que muchos Estados productores de petróleo y gas hacen frente ya a desafíos sociales, económicos y demográficos de importancia, la inestabilidad aumentará probablemente”, menciona Madariaga.
Además, previó acertadamente desde hace 14 años que “a medida que, por efecto del cambio climático, se abran regiones anteriormente inaccesibles, se intensificará la carrera por los recursos”, hecho que está ocurriendo con el deshielo glaciar en los polos, por ejemplo, que deja al descubierto recursos minerales nuevos.
El mandatario alerta que, si la comunidad internacional no hace frente a las amenazas, “la incidencia del cambio climático dará a las a la política del resentimiento entre los
mayores responsables del cambio climático y los más afectados por el mismo (…)”.
Recomienda que, en especial en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el G8 (el grupo de los ocho – Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia) así como en los organismos especializados de las Naciones Unidas, centren su “atención en los riesgos para la seguridad relacionados con el cambio climático”.
Para la socióloga Islas Vargas, incorporar el problema climático o ambiental a la lógica militar “permite justificar el intervencionismo en territorios con amplia disponibilidad de combustibles, minerales, agua, tierra”. A su vez añade que “las zonas de provisión de recursos se vuelven áreas de conflicto; las resistencias socioambientales, objetivos de guerra o potenciales enemigos”.
Soldados estadounidenses observan la quema de yacimientos petrolíferos tras la invasión de Estados Unidos en 2003.
Las organizaciones FUHEM Ecosocial y el Transnational Institute (TNI), en su estudioAproximación a la seguridad climática: Los peligros de militarizar la crisis climática, también alertan sobre los riesgos de las soluciones a la crisis climática basadas en la seguridad. “El problema fundamental cuando se considera el cambio climático como un asunto de seguridad es que se responde a una crisis provocada por la injusticia sistémica con soluciones de ‘seguridad’, configuradas en una ideología e instituciones concebidas para buscar el control y la continuidad”.
Además, las soluciones basadas en la seguridad excluyen otras soluciones de tipo colaborativo. “En esta época en que controlar el cambio climático y
garantizar una transición justa exigen la redistribución radical del poder y la riqueza, la
estrategia de seguridad busca perpetuar el statu quo”.
¿Quién gana con el militarismo verde?
De acuerdo con el estudio de FUHEM Ecosocial y TNI, las ventas acumuladas de la industria de armas se duplicaron entre 2002 y 2018, de 202,000 millones de dólares a 420,000 millones de dólares, y grandes empresas, como Lockheed Martin y Airbus, ampliaron su ramo de negocio a todos los ámbitos de la seguridad.
La industria prevé, según el mismo estudio, que el cambio climático y la inseguridad, que traerá aparejada, impulsarán aun más esas ventas. En un informe de mayo de 2021, Marketandmarkets pronosticó que el sector de la seguridad nacional tendrá más ganancias debido a “condiciones climáticas dinámicas, el aumento de las calamidades naturales, el énfasis del Gobierno en las políticas de seguridad”.
Otro factor es que las fuerzas militares de todo el mundo son los mayores contaminantes del planeta – por ejemplo, un informe del Congreso de Estados Unidos indica que el Pentágono es el mayor consumidor institucional de petróleo del mundo; y el 16% del presupuesto del departamento de defensa de los Estados Unidos está destinado a la protección militar de transporte de combustible.
En torno al 66% de las misiones militares de la Unión Europea están relacionadas con asegurar la extracción y el transporte de combustibles fósiles, de acuerdo con estudio de la organización Ecologistas en Acción.
Entonces lo que están planteando es una transición energética de las propias fuerzas militares, presumiendo un militarismo ‘verde’. Por ejemplo, en 2010, de acuerdo con el informe de las organizaciones, Boeing obtuvo un contrato por 89 millones de dólares con el Pentágono para desarrollar el avión no tripulado SolarEagle, que tiene la ventaja de considerarse una tecnología ‘verde’.
Otro ejemplo mencionado en el estudio es que, en 2013, el Pentágono invirtió 5 millones de dólares para desarrollar balas sin plomo que, según las declaraciones de un portavoz del ejército de Estados Unidos, “pueden matarte o dispararle a un objetivo sin peligro para el ambiente”.
Afectación a las estructuras militares
Otra preocupación recurrente en los diferentes reportes militares son las consecuencias del cambio climático en las instalaciones e infraestructura militares, ya sean fijas o desplegadas.
Un oficial de la policía militar camina cerca de una puerta destruida en la Base de la Fuerza Aérea de Tyndall en Florida tras el huracán Michael el 12 de octubre de 2018. El Pentágono dice que el cambio climático es una preocupación de seguridad nacional.
Las Fuerzas Armadas estadounidenses, por ejemplo, registran que han perdido más equipos e infraestructuras militares por las catástrofes naturales que por los conflictos armados de Afganistán e Irak juntos.
Un informe del Pentágono de 2018 revela que la mitad de 3,500 zonas militares padecían los efectos de seis categorías clave de fenómenos meteorológicos extremos, como marejadas ciclónicas, incendios forestales y sequías. Identificaron 1,774 bases expuestas al aumento del nivel del mar. Una de ellas, la Estación Naval de Norfolk, en Virginia, es uno de los mayores centros militares del mundo y padece inundaciones anuales, según el estudio de las organizaciones.
La OTAN también ha manifestado dicha preocupación, “tendremos que adaptar nuestro equipo, formación, instalaciones, operaciones, tecnologías y asociaciones, con el fin de mantener nuestra eficacia operativa en el clima cambiante”.
ROMPIENDO FRONTERAS
—-KURDISTÁN: Campaña internacional contra el uso de armas químicas de Turquía en Kurdistán.
—-HONDURAS: Violento desalojo contra la comunidad garífuna más antigua de Honduras. Fuente_Avispa Midia, Copinh y Contracorriente
—-CHILE: -Coordinadora Arauco Malleco se adjudica 15 sabotajes y se opone al TPP11. Fuente_ContraApra
-Palabras de Emilio Berkhoff ante la reciente condena en su contra. Fuetes: anticarcelaria
—-MUNDO: COP 27 reclamos urgentes ante una crisis climática que no da tregua. Radio Temblor y Nodal
DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO
—–GUERRERO: -Frente a la vida, los ardillos y los malos gobiernos imponen la muerte. Asesinan a 3 compañeros del CIPOG-EZ. -Comunicado del #CIPOGEZ, Se lo dijimos al presidente, ¡Nos están matando, torturando, desapareciendo!. Fuente_RadioZapote y Cipog
—–CDMX: La lucha contra la ciudad mercancía y sus proyectos ecocidas en el PGD Y PGOT. Información sobre el recurso de revisión en contra de la sentencia que negó el amparo a favor del humedal de Xochimilco. Fuente: Pueblos, barrios y colonias de Xochimilco.
—–CHIAPAS:
Chiapas: Familias desplazadas de Chenalhó exigen retorno seguro. De Sare Frabes
Fuente: Avispa Midia
—–Música
Evelyn Cornejo – Sacrificados
Sampedro- Una “Llorona” dedicada a Samir Flores y a quienes luchan por la vida
En portada: Greenpeace cuestiona a BP sobre su slogan “más allá del petróleo” en un contexto del mayor derrame de petróleo en la historia de los Estados Unidos.
Las principales empresas de hidrocarburos, entre ellas ExxonMobil, Chevron, British Petroleum (BP) y Shell, han incluido un sinnúmero de programas y supuestos estudios científicos en sus sitios web que ofrecen soluciones frente al cambio climático. Un ejemplo de ello lo muestra el sitio web de ExxonMobil, donde se enfatiza la necesidad del uso de energía a nivel planetario y por ello, resaltan ser “pioneros en nuevas investigaciones y buscan nuevas tecnologías para reducir las emisiones (de CO2)”.
No obstante, el pasado mes de septiembre la congresista estadounidense Carolyn B. Maloney, junto a Ro Khanna, presentaron un informe al Congreso de Estados Unidos (EEUU) donde develan que esta empresa eliminó de sus documentos internos la afirmación sobre su plan para aumentar la producción en 1,000% en el estado de Delaware, conocida como la cuenca del Pérmico.
La denuncia presentada por los congresistas se enfoca en lo que denominan como una campaña de desinformación sobre el cambio climático y sus efectos por parte de estas empresas, ya que “han sabido desde fines de la década de 1970 que sus productos contribuyen al cambio climático”, puntualizan.
Pero en lugar de tomar medidas, desde la década de 1990, ExxonMobil, Chevron, BP, Shell, el Instituto Americano del Petróleo (API, por sus siglas en inglés) y la Cámara de Comercio de EEUU se unieron “contra posibles regulaciones sobre el cambio climático y presionaron al gobierno de los EEUU para descarrilar acciones climáticas internacionales para reducir las emisiones contaminantes de carbono”, informaron los parlamentarios.
No fue sino hasta el año 2021 que, en una audiencia, los ejecutivos de los combustibles fósiles admitieron bajo juramento “que el cambio climático es real, que la quema de combustibles fósiles contribuye a ello y que es una amenaza existencial para el planeta”. Aunque ninguno de ellos se comprometió a poner fin a su producción, por el contrario, invirtieron en otras estrategias para desviar la atención.
Lavado verde
“Necesitamos reinventar el negocio de la energía”, declaró en su discurso el director ejecutivo de BP en la Universidad de Stanford en marzo de 2002. En ese mismo tenor el directivo remarcó, “necesitamos ir más allá del petróleo”, siendo ésta una de sus principales premisas publicitarias durante las dos ultimas décadas.
BP ya sostenía desde el año 2002 que habían reducido sus “emisiones de gases de efecto invernadero en un 10 %”, pero la investigación presentada por los congresistas arremete contra la empresa al asumir que lo que han logrado hasta el momento es un “lavado
verde” a través de “publicidad engañosa”.
BP ha apostado por el llamado Uso y Almacenamiento de la Captura de Carbono (CCUS por sus siglas en inglés) como una herramienta para cumplir con los objetivos del Acuerdo Climático de París, pero, contradictoriamente, esta tecnología permite continuar con la explotación y uso de hidrocarburos, por ejemplo, en “industrias de uso intensivo de energía”, agregan el documento presentado al parlamento estadounidense.
Según las empresas con esta tecnología el carbono capturado se puede utilizar “para mejorar la recuperación de petróleo”, es decir, para ser inyectado en los pozos petroleros y hacerlos más productivos. Esta misma estrategia es utilizada por la petrolera Shell con su programa Sky scenario, que según esta corporación “describe lo que creemos que es una ruta tecnológica, industrial y económicamente posible hacia adelante, consistente con limitar el aumento de la temperatura promedio global a muy por debajo de los 2°C desde los niveles preindustriales”.
Actualmente, solo la empresa Exxon opera una instalación de captura de carbono, en Schute Creek, Wyoming. A su vez es socia de una instalación en Australia y una más en Qatar. Durante la vida útil de las instalaciones de Schute Creek “solo ha capturado y almacenado el 3 % de su dióxido de carbono bajo tierra”, que al ser inyectados a los pozos desgastados continúan provocando las mismas emisiones, asevera el informe. Mientras, el proyecto de Australia ha fallado repetidamente en alcanzar su objetivo de almacenamiento en aproximadamente un 50%.
Mientras que estas empresas se han comprometido en sus discursos a reducir de manera integral las emisiones, los congresistas puntualizan que esto es incierto al no considerar “la quema de los combustibles fósiles que venden y que representan aproximadamente el 90% de las emisiones de la industria”.
Una muestra es ExxonMobil, que se supone ha reducido sus emisiones de gases de efecto invernadero en aproximadamente 75 millones de toneladas, “en realidad, casi todo el dióxido de carbono que Exxon ha secuestrado se ha vendido a otras compañías de combustibles fósiles para inyectar en sus campos de petróleo agotados”, detalla el informe.
En diciembre de 2021, Exxon prometió que para 2030 alcanzaría emisiones de carbono al punto cero en sus operaciones en la cuenca Pérmica, ubicada en Nuevo México y el oeste de Texas. “Esta promesa es engañosa, porque solo cubre fugas, quema y otras emisiones operativas de CO2 y excluye la gran mayoría de las emisiones de la quema de los productos de petróleo y gas que Exxon extrae en la región”, arguyen los parlamentarios.
De hecho, en febrero de 2022, Exxon se comprometió a seguir aumentando su producción en la cuenca con la extracción de un millón de barriles de petróleo por día hasta 2024, frente a 460 mil barriles diarios que producía en 2021.
En septiembre de 2021, cuando inició esta investigación, se enfocó principalmente a lo que denominan “campaña de desinformación climática y lavado verde de la industria de los combustibles fósiles”, develando así el engaño de las industrias, sobre todo, al asumir su apoyo al Acuerdo de París. Este conjunto de empresas fue citado a una audiencia el 8 de febrero de 2022. “Se invitó a los miembros de los directorios de Exxon, Chevron, Shell y BP a testificar en esta audiencia, junto con científicos y defensores del clima, pero se negaron a comparecer”, señala la investigación.
Por su parte, los congresistas, argumentan que las promesas climáticas y la publicidad ecológica “se centran en tecnologías que las empresas han admitido en privado están a décadas de distancia para su implementación”.
Falsas alternativas
Exxon gastó al menos $68 millones de dólares en publicidad en una supuesta investigación sobre la producción de biocombustibles a base de algas. Los congresistas alegan que esta supuesta alternativa es “engañosa”, porque se requieren millones de toneladas de algas para la producción de este tipo de energía, algo que la empresa no menciona, ya que, de lo contrario, atraería la atención del sector científico.
Por tanto, los congresistas sustentan que las compañías de petróleo y gas han tratado de crear la impresión “de que están tomando medidas ambiciosas para reducir las emisiones, sin hacerlo realmente”.
Instalaciones para captura de carbono
La estrategia de los gigantes del petróleo, según los parlamentarios, se basa en trucos contables, lenguaje engañoso y tácticas de demora, al grado de que se han comprometido públicamente a reducir sus gases de efecto invernadero a “cero netos” para 2050. Pero en realidad, “las compañías de combustibles fósiles se han comprometido a reducir un pequeño porcentaje de las emisiones de sus propias operaciones y disminuir la llamada “intensidad de carbono” de sus operaciones, una medida engañosa que permite que las emisiones totales de la empresa continúen aumentando con la producción de combustibles fósiles, sostiene la investigación.
De tal modo que las empresas de los combustibles fósiles vienen desplegando, con mucha precaución, una maquinaria publicitaria “para pintar la imagen de la industria como limpia y aliada con aquellos preocupados por el cambio climático, una táctica conocida como lavado verde”, puntualiza el informe.
Los documentos recabados por el equipo de la investigación muestran que “las promesas de las empresas se basan en tecnologías no probadas” que más bien están funcionando como “una licencia social para seguir produciendo combustibles fósiles en las próximas décadas”.
Las empresas que más han contaminado con emisiones desde 1988 son: ExxonMobil, Shell, BP, Chevron, Peabody, Total y BHP Billiton. Las principales empresas estatales incluyen Saudi Aramco, Gazprom, National Iranian Oil, Coal India, Pemex y CNPC (PetroChina).
Las emisiones de carbón de China están representadas por el estado, en el que los productores estatales clave incluyen Shenhua Group, Datong Coal Mine Group y China National Coal Group.
