Por Dante A. Saucedo y Regina López | Agencia SubVersiones

En la costa de Michoacán, entre las aguas del Océano Pacífico y la Sierra madre del sur, habita el pueblo nahua de Santa María Ostula. Al menos desde el siglo XIX, ganaderos, pequeños propietarios, mineros y, más recientemente, narcotraficantes, han intentado despojarlo su territorio.

La comunidad de Ostula ha sabido defenderse por todos los medios posibles, pero hoy se enfrenta de nuevo a un riesgo que parecía haberse conjurado ya: un «error técnico» en el plano de la comunidad —generado y solapado por intereses políticos— amenaza más de seis mil hectáreas de territorio comunal.

Apenas en enero pasado, un juzgado agrario volvió a dar la razón a los «pequeños propietarios» que reclaman la propiedad de las tierras bajas y fértiles al norte de la comunidad. Pero la respuesta es clara: las tierras no están «en disputa», son de Ostula y se van a defender.

I. Una historia política del despojo

Los intentos de invasión a la comunidad de Ostula vienen de lejos. Como en todos los antiguos asentamientos nahuas de la sierra-costa michoacana —y en buena parte de las comunidades indígenas del país—, la ola más agresiva de usurpación de tierras comunales fue detonada por las leyes liberales que comenzaron con las Reformas Borbónicas del siglo XVIII y culminaron con las reformas juaristas.

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Desde el jueves 21 de febrero, la comunidad indígena de Santa María Ostula mantiene un bloqueo en el crucero de la carretera federal 200 conocido como «Triques», demandando que las autoridades municipales de Aquila garanticen las condiciones para que aquella siga manteniendo la seguridad en la región.

A comienzos de 2014, la guardia comunal de Ostula se reconstituyó para apoyar el avance de grupos de autodefensa que buscaban «liberar» la sierra-costa michoacana del crimen organizado. Desde entonces, ha sido la fuerza de Ostula la que ha logrado mantener la seguridad en prácticamente todo el municipio de Aquila, el más extenso de Michoacán.

Entre 2015 y 2018, los Comunitarios y Autodefensas de Aquila —nucleados alrededor de la guardia de Ostula— lograron mantener a raya a las células del cártel de los Caballeros Templarios que se re articularon al sur de la región. La vida de las comunidades pudo volver a tejerse durante ese periodo, a pesar de ataques directos contra los filtros y los integrantes de las policías comunitarias.

Conscientes de que la fuerza y la organización del pueblo nahua de Ostula era la que frenaba el avance del crimen organizado, las autoridades de Aquila nombraron jefe de seguridad del municipio al comandante de la guardia comunal. En uno de los filtros de la comunidad se podía leer, hasta hace poco, uno de los lemas de un pueblo acostumbrado a defender su territorio: «En Ostula, la lucha por la seguridad es permanente».

En 2018, el cambio de autoridades municipales elevó el nivel de alerta al interior de la comunidad. Mohammed Ramírez, candidato del Partido Verde Ecologista de México, era conocido por sus lazos con grupos de poder locales, vinculados al crimen organizado. Aunque al comienzo de su mandato —en septiembre pasado— se mantuvo el acuerdo del trienio anterior, en los últimos meses del año, el alcalde comenzó a recortar el presupuesto destinado a la operación de las guardias comunitarias: sus unidades no tenían combustible ni mantenimiento, y las cocinas colectivas —mantenidas por algunas comuneras de Ostula— apenas podían funcionar.

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El miércoles 20 de febrero un comando armado acabó con la vida de nuestro compañero y amigo Samir Flores Soberanes a las puertas de su casa en Amilcingo, Morelos. Samir dedicó su vida a defender el territorio y las vidas de su comunidad. Fundó —junto a muchxs otrxs— la radio comunitaria Amiltzinko 100.7, defendió la permanencia de la escuela primaria del centro de su comunidad —donde era el presidente del comité de padres y madres—, organizó una huerta comunitaria con estudiantes y dio un sinfín de talleres en su pueblo.

La velada de su cuerpo estuvo plena de recuerdos, algunas risas y muchas lágrimas por parte de su familia, vecinos y compañeros de lucha más cercanos. Las anécdotas se entretejieron entre las canciones y la compartición de los aprendizajes y momentos significativos que algunos pasaron con Samir. También, entre la discusión política y las reflexiones profundas acerca de la importancia de mantener y fortalecer la lucha: «¿Qué hay más importante que el agua?» decía un compa, «podemos incluso dejar de comer varios días pero no podemos dejar de tomar agua». «Es que esto es una guerra» apuntó alguien más. «Samir era tan chingón, muy respetable, de los más que he conocido» … «Apoyaba en muchas comisiones y a toda la gente que le pedía ayuda».

Entre ollas humeantes con litros y litros de café y frijoles, unos junto al fuego y otros en sillas, en círculos de palabra, la madrugada pasó calma y dejó ver que Samir, además de defensor, comunicador, padre, esposo y herrero, también era tejedor: tejedor de relaciones de afecto entre las personas de su comunidad y de otras comunidades que también luchan por la vida.

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Familias Kaiowás en peligro de desalojo

En el estado de Mato Grosso do Sul, en el centro oeste de Brasil, familias Guarani y Kaiowa sufren peligro de desalojo forzoso y llaman a la solidaridad para proteger a vida de sus hijos e hijas.

La comunidad, la esperanza y el peligro de desalojo

Laranjeira Nhanderu –al igual de la comunidad cercana desde donde partieron– se llama la comunidad que se ha formado, por medio de una recuperación de tierras, desde el pasado 31 de octubre. Alrededor de 15 casas improvisadas se pueden observar desde la carretera principal que une a las ciudades mayores en Mato Grosso do Sul. Las casas estan hechas de nylon negro, cartón y madera y albergan alrededor de 120 personas de todas las edades, que tienen en común la esperanza de vivir, no solo sobrevivir.

Pasamos por un camino de alrededor de 100 metros hasta entrar en esta nueva comunidad. Las vacas del capataz de los hermanos que juntos son dueños de la hacienda Santo Antonio Nova Esperanza circulan cerca de las casas. La comunidad pide la retirada urgente del ganado. La entrada de estas familias a la sede de la hacienda fue pacífica, y las personas no quieren ser acusados de daño a las propiedades de la hacienda. Quieren apenas vivir, sembrar, generar vida.

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¿Cómo se retrata un éxodo? ¿Cómo se retrata este éxodo específicamente? En el que la gente salió de su casa como si fuera por tortillas cuando en realidad iba rumbo a Estados Unidos. No hubo ni hay una planeación. No traen maletas, ni casas de campaña o sacos de dormir. No traen nada, sólo su hartazgo, determinación y entusiasmo, no forzosamente en este orden. Pero sí, entiendo porque los medios que nomás pasan, toman una foto y se van, luego lo pintan sólo como una desgracia humanitaria. Cuando por fin los alcancé en Tapanatepec, en el Istmo de Oaxaca, lo que encontré fue literalmente una alfombra de personas tiradas en el asfalto incandescente de las tres de la tarde, los ojos cerrados, las piernas dolidas y los niños llorando.

Entendí el clima de emergencia descrito por la prensa porque el primer impacto es muy fuerte. El calor ahogante, el cansancio, las llagas. A mi me tomó dos horas sacar la cámara y otras dos para empezar a usarla. Hasta que llegó mi amiga Magui tuve el valor de dar un par de vueltas alrededor de la plaza frente a la iglesia. No hice ni una sola entrevista. Observé y escuché mientras repetía  palabras e imágenes en mi mente para apuntarlas en la libreta cuando tuviera ánimo para sacarla.

El tiempo que he compartido los últimos años con las y los migrantes que cruzan por México hacía Estados Unidos, me ha enseñado que cada una de estas personas, hasta la más jovencita, lleva una profunda marca dejada por una violencia física, social y mental. La violencia estructural, que no importa que tanto la combata la Organización de las Naciones Unidas, misteriosamente nunca se muere. Esto he aprendido y esto me impide ir a recoger testimonios que, por muy bien que los relate, siempre se quedarán cortos. Así que me quedo sentada esperando. Luego que llega mi amiga nos vamos al río.

***

El Novillero, así se llama, revienta de gente. Madres y niños bañándose, hombres y mujeres lavando ropa, un señor se trajo su atarraya y pesca. Por un momento ya no es el éxodo, sino risas, carreras y chapuzones. Parecen estar en una gigantesca barbacoa dominical, claro, sin comida y con dos patrullas de federales vigilando desde arriba del puente, trepados en sus camionetas y mostrando el armamento. Pero aquí las armas ya no impresionan a nadie, y lo único que se percibe es el entusiasmo de esta multitud en movimiento, que de una orilla a la otra del río me grita «güera, sí nos vamos pá’ Estados Unidos o qué». Y no es el habitual acoso del macho latino, esto ya otra cosa, esto es fiesta, es la vida que desborda de la humanidad joven y determinada y que rebasa un contexto totalmente violento y represivo, generando algo tanto surrealista como revolucionario como la euforia por estar llevando a cabo una proeza que es un abierto desafío al sistema capitalista vigente.

Lo único que los migrantes no están respetando son aquellas leyes migratorias que la misma sociedad civil condena, porque en flagrante contradicción con constituciones estatales y tratados internacionales. Condena pero no combate, y eso es tal vez es lo que la hace “civil” a los ojos de ONU y compañía, el hecho de que se limite a expresar civilmente su opinión contraria, pero no tome medidas para cambiar una realidad que no le gusta. La sociedad civil denuncia, apoya, se solidariza pero fundamentalmente no actúa. Los que están migrando sí. ¿Por eso ya no son civiles? En México, señala Víctor Javier Martínez Villa, ex integrante del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, “la facultad establecida en el artículo 97 de la Ley de Migración es una medida contraria al respeto del derecho de tránsito, debido a que la legalización de retenes administrativos es un exceso en el establecimiento de controles migratorios en México contrario al artículo 11 constitucional y las obligaciones del Estado a nivel internacional“. La ley de migración mexicana es más irregular que los migrantes, y si esta ley no los respeta a ellos ¿porque ellos deberían de respetar esta ley?

He escuchado muchas versiones sobre el éxito de esta caravana, o éxodo, o como le queremos llamar. La optimista: les van a ofrecer asilo en la Ciudad de México. La más probable: se hará un tapón en la frontera norte. La horrible: se los van a encargar al narco que en el norte, les va a meter un matazón para que vean que México es peligroso y ya no vengan. Cada persona externa a la que le he preguntado cómo cree que terminará esta migración masiva, me ha contestado sacudiendo la cabeza o cerrando los labios, para luego emitir su pronóstico. Los migrantes, en cambio, en su mayoría responden con un “saaaber” para soltar inmediatamente una carcajada y agregan «pero de que vamos a Estados Unidos vamos a Estados Unidos». Si hablamos en términos materiales, esta gente ya no tiene nada que perder, algunos no tienen casa y viven amontonados con los demás familiares, otros nunca pudieron conseguir un trabajo por mucho que lo buscaron, quien no tiene dinero, agua potable, comida. Tienen años aguantando el saqueo del norte, los golpes de estado, las escaladas de violencia, los secuestros, feminicidios, extorsiones. Ahora lo único que les queda es también lo único que no están dispuestos a dejar: su dignidad de seres humanos.

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Por Rafael Camacho

Masaya, Nicaragua.

“Que ningún arma forjada por la mano del hombre te haga daño y que la fuerza del todo poderoso acompañe al pueblo en la lucha para derrotar al tirano”, rezaba una mujer menuda de unos 60 años mientras ponía su mano en la cabeza de aquellos quienes se acercaron a recibir la bendición que llegó a ofrecer a una de las barricadas que se extienden a lo largo y ancho de Masaya. “Yo no he estado con ustedes en las barricadas, pero sepan que he luchado desde mi trinchera, que es la fe, haciendo mi lucha para que las cosas cambien”.

Una vez terminada la fila que se había formado para recibir su gracia, la mujer se hincó frente a la barricada levantada con adoquines que cortaba una de las calles aledañas al parque central de Masaya y, tocándola suavemente, también la bendijo. Con una calma solemne se incorporó y lentamente se echó a andar repartiendo bendiciones a quien se cruzaba en su camino. El pequeño gesto había creado un ambiente sereno que velozmente fue interrumpido por el sonido de disparos provenientes de algún lugar no muy lejano ¡ra-ta-ta-ta-tá!, ¡ra-ta-ta-tá!

Los recién bendecidos, quizás influenciados por uno de los grandes éxitos de lo que fuera la nueva canción latinoamericana, tan presente en Nicaragua durante las décadas de los setentas y ochentas, recordaron al instante que no, no basta rezar y que hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Tomaron así sus morteros y una que otra arma casera que portaban. Mientras algunos asumían nuevamente una posición de alerta, otros preparaban bombas molotov en frascos de Gerber, “esta técnica se usa desde los tiempos de la revolución”, comentaba un hombre canoso que decía haber luchado contra la dictadura de Somoza.

Se hablaba también de lo asimétrico de esta lucha, de esos hijueputas que equipados con armas de alto poder están haciendo la guerra a una población desarmada, a los hijos y nietos de quienes lucharon para derrocar al dictador Anastacio Somoza sin saber que años más tarde, uno de los líderes de dicha revolución terminaría convertido en lo mismo contra lo que un día lucharon: un tirano despótico rodeado de una élite de sinvergüenzas saqueando un país.

La orquesta Orteguista ejecutaba al pie de la letra su sinfonía de muerte, avanzaba disparando y posicionando francotiradores en puntos altos y estratégicos de su camino. Los ¡ra-ta-ta-ta-tá! de sus ametralladoras, eran respondidos con estruendosos ¡pum-pum! de los morteros de quienes defendían las calles de la ciudad. Fue precisamente uno de esos francotiradores quien acabó con la vida de Marcelo Mayorga. Su cuerpo permaneció sin vida sobre la calle varios minutos ante los ojos de su madre y esposa, quienes, desesperadas, pedían a gritos ayuda para recogerlo, lo cual probó ser una misión imposible en esos momentos ya que cuando alguien se acercaba a intentarlo, era acechado por las balas de francotiradores, quienes por alguna siniestra razón, habían decidido o ejecutado la orden de que el cuerpo permanecería ahí, desangrándose a mitad de la calle, a la vista de todos, durante el tiempo que ellos quisieran. Marcelo, ya muerto, yacía sobre el concreto aún sosteniendo su arma en mano: una resortera de madera.

Con el paso de las horas la caravana del terror continuaba avanzando hacia su objetivo: la estación de policía de Masaya. Su misión: rescatar al comisionado Ramón Avellán, subdirector de la Policía Nacional quien se encontraba atrincherado desde hacía más de dos semanas en las instalaciones de la comisaría. Luego de iniciadas las protestas en Masaya el pasado 19 de abril, Avellán fue el responsable de “contener” el levantamiento. La represión desatada por el comisionado y su grupo de policías antimotines dejó un saldo de 18 muertos entre el 19 de abril y el 18 de junio.

El comisionado y su grupo de sicarios no contaban con que, para defenderse de las balas, los pobladores de una ciudad que desde tiempos coloniales, ha sido cuna de la resistencia y semillero de luchadores, levantarían cientos de barricadas a lo largo y ancho de la ciudad y que dichas barricadas terminarían por cerrar todos los caminos aledaños a la comisaría impidiendo su salida y provocando que se tuvieran que atrincherar en el centro de una población que los sabía responsables de asesinar a sus padres, hermanos, hijos y amigos.

En las calles continuaba la batalla para impedir el rescate de Avellán y su banda de matones. En algún momento entre las 10 y 11 de la mañana, un grupo de antimotines se posicionó en el parque central y comenzó el intercambio de balas y morteros con quienes defendían la barricada misma que, horas antes, había sido bendecida. Mientras algunas balas silbaban, otras se estrellaban contra la barricada de adoquines, que resistía firme, quienes la defendían, buscaban el mejor lugar para disparar un mortero, una pequeña rendija desde donde apuntar el arma casera o un lugar para proteger el cuerpo, la cabeza. La intensidad del combate se mantenía desde hacía varias horas pero el sonido de las balas, más letales que los morteros, se imponía con mayor vigor.

Luego de casi una hora de combate en las inmediaciones del parque llegó la noticia: el comisionado había sido rescatado y se encontraba a salvo fuera de la comisaría. La frecuencia de las balas en ese sector disminuía, los policías y paramilitares habían logrado su objetivo pero, aún así, buscaban mantener su posición a base de constantes ráfagas y disparos de diversos calibres. Algunos heridos de barricadas aledañas eran cargados y llevados a los puestos médicos organizados de manera autónoma ó entregados a la Cruz Roja. Por alguna razón terrenal o divina, ningún herido pertenecía a la barricada bendecida.

En varias zonas de la ciudad el asedio parapolicial continuaba variando en proporción y al recorrer las calles era posible encontrarse con grupos grandes de combatientes que volvían de la batalla, cansados, enojados por la impotencia de enfrentar a un enemigo muy superior en cuanto a poder de fuego y equipamiento. Se escuchaban historias del combate, se contabilizaba a los heridos y se trataba de confirmar las bajas mientras se preparaba la estrategia a seguir durante las próximas horas.

En redes sociales circulaban fotos de Avellán y sus asesinos, en ellas aparecían sonrientes, orgullosos de haber sido rescatados en el contexto de una operación militar dirigida contra población civil desarmada.

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Video: Carolina Corral
Fotografía y texto: María González

El pasado domingo 10 de junio organizaciones y colectivas feministas así como personas solidarias e indignadas realizaron una jornada de protesta en Tepoztlán, Morelos, debido a que el jueves 7 de junio apareció en su demarcación territorial el cuerpo calcinado de una mujer de 20 años, estudiante de odontología de una universidad privada ubicada en la salida norte de Cuernavaca, quien fue reportada como desaparecida un día antes a través de redes sociales.

El cuerpo de la joven –de quien su madre pidió no publicar el nombre– fue localizado en un paraje de San Juan Tlacotenco, localidad perteneciente al municipio de Tepoztlán. Éste es el tercer feminicidio en lo que va del 2018 en dicho municipio y el número 33 en el estado. Las manifestantes denunciaron que las instituciones públicas y el gobierno morelense han guardado silencio al respecto de la problemática y han sido omisos en cuanto a su responsabilidad de resolver la crisis de violencia que impera en el estado, la cual se ha incrementado en los últimos años a pesar de que, desde mediados de 2015, y bajo presión de la sociedad civil organizada, se activara la Alerta de Violencia de Género (AVG) para ocho municipios de la entidad.

Con una batucada, mantas, cartulinas con mensajes de conscientización e informativos, y una voz colectiva potente, las colectivas y un nutrido contingente marcharon desde la entrada del pueblo hacia el centro, rodearon la cuadra de la plaza principal para llegar a la plaza en donde leyeron dos pronunciamientos (aquí uno) sobre la indignante situación de violencia que se vive en el estado y las exigencias a los responsables de las instituciones que se supone hacen frente a los problemas de seguridad pública. También se cantó a coro una versión feminista de La llorona y se leyó un poema de denuncia y contestatario ante las violencias feminicidas de que somos objeto y testigxs.

Al haber sido en fin de semana, la movilización tomó por sorpresa a vecinxs y turistas que paseaban o comerciaban en la zona y mucha gente aplaudió y grabó con sus celulares la manifestación que expresaba por todo lo alto el gran dolor y la rabia ante la inacción y la impunidad que han sido las respuestas oficiales alrededor de este grave problema social durante los últimos años.

El Frente Feminista de Morelos reporta 135 desapariciones de mujeres en el estado sólo durante el 2018 y la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) ha registrado entre los años 2000 y 2017 más de 850 feminicidios en la entidad. Tras casi tres años de haber entregado 15 recomendaciones para prevenir, atender, sancionar, documentar y erradicar la violencia de género, la Comisión acusa una nula rendición de cuentas, que la constante es la revictimización de las mujeres y sus familias, que hay ausencia de justicia, falta de preparación, corrupción, omisión y complicidad de funcionarios públicos, abogados y cuerpos policiacos.

Tras realizar las acciones enlistadas, la manifestación se trasladó a las afueras del Auditorio Ilhuicalli, donde se llavaba a cabo un debate entre candidatxs a la presidencia municipal de Tepoztlán. Mientras afuera continuaban las canciones, la poesía, las pegas de cartulinas, las denuncias y un performance participativo para evocar la presencia de las morelenses asesinadas y desaparecidas a través de los años; adentro, una comisión entregó los pronunciamientos y una carta de exigencia para que lxs candidatxs asumieran públicamente el compromiso de reducir los índices ominosos de las violencias contra las mujeres en sus diferentes formas.

Asimismo, las organizaciones feministas morelenses citaron hoy, jueves 14 de junio, a lxs candidatxs a la gubernatura del estado en la Plaza de Armas de Cuernavaca para que firmaran una carta compromiso con siete puntos para actuar por la vida y la seguridad de las mujeres morelenses. Entre estos puntos destacan el cumplimiento de las medidas emergentes –decretadas anteriormente– para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres; que se cumpla lo estipulado en la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia; que se eleve el presupuesto y la capacitación a las dependencias que hacen frente a la problemática, incluyendo la instrucción a la fiscalía general del estado sobre la revisión e investigación de los expedientes de casos para que entregue avances concretos; así como la realización de mesas de trabajo bimestrales con las organizaciones de la sociedad civil (OSC’s) para dar seguimiento y entregar informes de los avances al respecto. Es decir, que la exigencia a las instituciones, tristemente, sigue siendo que simplemente hagan su trabajo, lo que se supone da razón de su existencia y que, sin embargo, no cumplen, aunque sí gasten el presupuesto público.

A final de cuentas las y los manifestantes se abrazaron y lloraron las pérdidas de más mujeres, unas con otras, reivindicaron la lucha por la verdad y la justicia, también por la alegría; pusieron en acción la memoria colectiva y llamaron a fortalecer los lazos comunitarios para el cuidado mutuo. Ante un estado omiso y feminicida, es imperativo el grito fuerte que sonorice y visibilice los horrores –si no como única acción, claramente una indispensable; y nunca más permitir que prevalezca el silencio. En alto y firme la exigencia y la presión por la justicia, no es una petición, no es un favor que se mendiga. Mientras no haya seguridad para las mujeres, niñxs, hombres y ancianxs en México, seguirán retumbando en las calles de los pueblos y ciudades las voces, los cantos, las memorias de quienes día a día son arrebatadxs por un sistema mortífero; sistema que hay que transformar o derrumbar –según la ideología– para la restitución de condiciones dignas para la vida.

Reportaje y fotografías de José Luis Santillán

I.

En la pasada serie de reportajes “Guerrero, el laboratorio del miedo” analizamos ligeramente algunas aristas de los efectos sociales del miedo provocados por el terrorismo de estado, llamado por los medios masivos de comunicación “fenómeno de la narcoviolencia”. Vimos los terribles efectos que causa en la población, la inminente y necesaria vinculación con el estado-capitalista mexicano, así como el uso contrainsurgente que se despliega por parte de las fuerzas armadas mexicanas.

Esta nueva serie periodística busca ser un puente para comenzar a entender la pobreza y sus efectos sociales, como parte de un entramado complejo de ingeniería del conflicto y el control social que se ejerce en contra de las clases subalternas. En especifico nos dimos a la tarea de ir a Oaxaca, el estado más pobre de México, para poder compartir testimonios reveladores e impactantes de este país donde nuestros gobernantes mienten públicamente, diciéndole al mundo que el rezago social se está abatiendo.

También analizaremos los efectos psicológicos de la pobreza en la población y el uso de estos para incrementar aún más las obscenas ganancias económicas de la reducida elite empresarial mexicana y transnacional. Inherente al control social que significa limitar o direccionar la educación, la economía, la movilidad y la salud de la población, a través de la pobreza y su desmedido incremento, en conjunto con la híper violencia propiciada en el país, son rasgos -que es necesario evidenciar- de una contrainsurgencia cada vez más especializada no sólo en la “neutralización de sus objetivos“ sino también en el “camuflaje social“.

Es fundamental entender el papel de la pobreza en México, no como institucionalmente se utiliza por todos los gobiernos y supuestas tendencias ideologías. Ni siquiera los autoproclamados partidos de izquierda proponen apuntar a la raíz fundamental del problema, porque también viven y se nutren de los pobres, ya sea como eslogan, cuota o “capital social”. Es necesario que desde el pensamiento crítico se puedan analizar y divulgar las más novedosas formas que implementa el terrorismo de Estado para mantener su poder político y económico a nivel global.

Oaxaca, el precio de ser pobre, indígena y mujer.

A partir de la medición en 2015 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el estado de Oaxaca se situó en el primer lugar a nivel nacional en el Índice de Rezago Social. Este indicador representa cuatro dimensiones asociadas al fenómeno de pobreza en México. De acuerdo a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, es el estado con más población indígena en el país, lo que representa, de acuerdo a las estadísticas gubernamentales, que en México y especialmente ahí, la población indígena es la más pobre entre los pobres. La misma fuente oficial confirma que no existe más vulnerabilidad que ser mujer, indígena y pobre en este país que esa entidad. Estas características son muy similares en Chiapas, Guerrero y Veracruz.

Pasar de las fuentes gubernamentales a la realidad es aún más terrible si a todas las carencias  le  sumamos la cuota de violencia desmedida que se centra principalmente en las zonas con más pobreza y marginación del país. Para marzo de este 2018 ya se contabilizaban 143 feminicidios en el gobierno de Alejandro Murat. De acuerdo a las estadísticas oficiales 527 fueron en el periodo de  Gabino Cué, 283 con Ulises Ruiz Ortiz y 429 con José Murat. Es por esto que diversas organizaciones de la sociedad civil han señalado la urgencia de declarar la alerta de género para la entidad.

Una de las zonas recorridas para este reportaje fue la Selva Chinateca, en la región de la Chinantla. En el municipio de Santiago Jocotepec se encuentra la comunidad de Cerro Caliente. Ahí platicamos con Victoria Jiménez Mendoza, indígena que nació y creció en esta región, donde ahora sus hijos y su familia luchan día a día por sobrevivir y tratar de mejorar sus condiciones de vida. Victoria nos cuenta cómo se vive en este municipio donde el 99,68% de la población es indígena y es considerado alta marginación.

Los paisajes son impresionantes. El agua es abundante, los ríos que vienen desde Veracruz  y prosiguen su paso hacia la costa, son majestuosos. Para llegar a algunas comunidades hay que pasar por los puentes colgantes de hasta 150 metros de longitud. En medio de esta gran belleza de la selva Chinanteca las comunidades indígenas sobreviven entre condiciones lacerantes que distan mucho del Oaxaca que presento el Gobernador Alejandro Murat en su primer informe de gobierno.

Ese Oaxaca moderno del siglo XXI está muy lejos de estos hermosos parajes y no es una lejanía que sólo pueda medirse en kilómetros, hablamos del hambre, desnutrición, muerte por enfermedades curables, condiciones de vida en indigencia y marginación. La entrevista con Victoria es amena. Ella no pierde la sonrisa a pesar de que los temas de los que platicamos no son fáciles, estamos en el patio de la escuela primaria de la comunidad e iniciamos el diálogo sobre tres puntos fundamentales para cualquier población: la salud, el trabajo y la educación.

¿Podrías presentarte y platicarnos cómo se vive en esta región?

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