Texto: Eliana Gilet
Fotografías: Jorge Dan López

Debido a que la autoridad incumplió su promesa, decidieron manifestarse. La red de desalojados que nuclea familias afectadas de la alcaldía Cuauhtémoc habría logrado el compromiso de frenar sus expulsiones, en tanto se analizaba el fondo de su reclamo: que están siendo expulsados con documentos fraguados y en procesos judiciales en los que no se les ha permitido defenderse.

En un conjunto de mesas interinstitucionales que las familias desalojadas han tenido con representantes del Gobierno de la ciudad, del Tribunal superior de justicia así como de la Fiscalía especializada en delitos ambientales (Fedapur), éstas autoridades se habían comprometido a no autorizar el envío de fuerza pública ante las solicitudes que llegaran de los tribunales civiles que llevan los casos impugnados.

Sin embargo, los actuarios han aceptado realizar los desalojos con guardias de seguridad privada y cargadores, avanzando sobre varios de los predios que están en lucha y organizados en el centro de la ciudad.

El viernes 30 de agosto hicieron una “marcha fúnebre” hacia el Tribunal Superior de Justicia, ubicado sobre la Avenida Niños Héroes, dónde velaron al responsable de matar sus posibilidades legales de pelear por permanecer en las viviendas dónde han vivido generaciones de sus familias.

Hay, entre los organizados, tres situaciones predominantes:

• Habitantes de viviendas que fueron abandonadas por sus propietarios durante décadas, en las que recientemente han aparecido falsos dueños que los demandan por deberles rentas, a pesar de que nunca han tenido contrato con estas personas.
• Inquilinos de departamentos que pretenden ser comprados por inmobiliarias o fideicomisos, sin ofrecerles primero el “derecho al tanto” (que obliga a ofrecer en venta primero a quienes viven en el lugar) y que sin deber rentas, son igualmente denunciados como deudores para expulsarlos.
• Una mezcla de los de arriba que son denunciados penalmente por “despojo”, criminalizando la lucha por la vivienda, que convierte a vecinos, habitantes y poseedores en “imputados”, con peligro de ir a la cárcel.

Tienen en común que han usado documentos fraguados en su contra, gracias a notarios públicos corruptos, actuarios que registran diligencias que no hicieron con personas que no existen o están muertas y por supuesto, a jueces que emiten órdenes de desalojo sin exigir pruebas a quien le pide la expulsión de la gente, que sea realmente el propietario del edificio que reclama.

Zapata #42: un estudio de caso

El departamento 1 de Zapata #42 fue desalojado a pesar del compromiso que la autoridad había hecho a la red en las mesas de diálogo recientes.

Antes de las siete de la mañana del jueves 15 de agosto, el notario junto a cargadores y quienes pretenden el departamento, rompieron las puertas y se apropiaron del lugar, a pesar de que no había ninguna persona presente con quien entender la diligencia.

A continuación presentamos detalles de cómo actuaron los actores esenciales denunciados por la red aplicados a este caso concreto, que permite perfilar como funciona un mecanismo de corrupción refinado, que deja a miles de personas sin casa.

El actuario Giovanni Álamo Aguilar, adscrito al juzgado 68 civil inventó al menos dos notificaciones previas al desalojo de agosto, según consta en el expediente judicial en contra de los habitantes del departamento 1. “En setiembre de 2017 inventó que fue al domicilio y que salió un señor llamado Alfonso Herrera que le dijo que yo sí vivía ahí, que era mi empleado y que aceptó la notificación en mi nombre”, alguien que no existe”, explicó Alfonsina, desalojada e integrante de la red.

Luego, el 2 de febrero de 2018, intentó hacer el desalojo él solo, argumentando que los afectados habían sido notificados por medio del fraguado Herrera. “En el expediente puso que ese día, una mujer que no se identificó le contestó desde dentro de nuestro departamento que yo sí vivía ahí, pero que no me iba a ir, aunque no estaba en ese momento”, agregó la fuente.

¿Para qué hizo eso? “Porque a partir de ahí, cada que promueven nuestro lanzamiento, manejan que yo me opuse ese día y por eso, piden a la policía”, explicó.

En el desalojo del 15 de agosto, Álamo también estuvo presente cuando rompieron las ventanas del departamento y se metieron por la fuerza.

La jueza Martha Alicia Cuevas Nava, del juzgado 68 civil, había dictaminado que el actuario podía romper el candado del lugar, siempre que hubiese una persona presente.

El 9 de julio, Álamo intentó hacer otro intento de desalojo, acompañado de la policía. Encontró un candado impidiendo el acceso al lugar y registró en el expediente que no pudo entrar al lugar por estar vacío.

“A partir de eso, la jueza les autorizó la rotura de cerraduras, siempre y cuando haya alguien presente”, explicó Alfonsina. “Pero quienes nos quieren sacar se ampararon, pidiendo que se les permita desalojarnos de todas maneras y se lo negaron”.

Entonces, sucedió el hecho que los perjudicó ahora y causó su desalojo el 15 de agosto de 2019: “Cuando le comunican al juzgado 68 que le fue negado el amparo, la jueza Cuevas Nava debe agregar un acuerdo al expediente, diciendo que está enterada del fallo que negó el amparo”

En cambio, cuando redacta el auto, omite la frase que exige que haya alguno de los habitantes del lugar presente para hacer el desalojo. Revirtió así, en los hechos, su fallo inicial, contradiciendo a una instancia superior de justicia que negó el amparo de los que promueven el desalojo del departamento 1.

El notario José Luis Mazoy Juri de Huixquilucan certifica los documentos con los que una familia de comerciantes judíos está promoviendo la expulsión de los habitantes de Zapata #42 a partir de denuncias civiles, entabladas en el año 2013.

En el caso del departamento 1, la familia de Alfonsina llegó a habitarlo en la década de 1970. Tienen en su poder un contrato de 1979 que su abuela firmó con la Inmobiliaria Algarbe, que gestionaba el edificio desde 1974 y durante una década cobró las rentas del lugar. A partir de 1985, ya no hubo contratos.

El edificio en cuestión está datado en el siglo XVIII según el avalúo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y fue una casa en renta, perteneciente al Convento de San Agustín. Tras algunos vaivenes que sufrió por estar vinculado a la Iglesia –sobre todo entre 1856 y 1861- el edificio fue “nacionalizado”.

Según investigaron los afectados, ése es el último antecedente registral que se tiene de esta propiedad viejísima hasta que el 20 de octubre de 1980, aparece que Inmuebles Algarbe, que gestionaba el lugar, registra su venta a otra s.a, llamada Bilucho.

Una década más tarde, una familia de comerciantes judíos tomó control de esa sociedad anónima, según argumentan en un documento fechado en 1989: “En esa escritura no dice cómo se hacen de las acciones de Bilucho, ni se convoca a la mayoría de los socios anteriores de la S.A para decidirlo”, explicaron los afectados, que intuyen una maniobra fraudulenta en estos documentos de venta de una casa centenaria, sobre los que se asienta su pedido de expulsión del centro de la ciudad.