Miembros del colectivo Okupa Che, ofrecieron una conferencia de prensa para hacer pública su postura ante la embestida mediática y las amenazas de desalojo.

 
Ante las críticas y descalificaciones continuamente repetidas en los medios de comunicación , en dicha conferencia se abordó el tema del narcomenudeo  en CU , se hablo sobre el estigma social, la criminalización de la lucha social, y sobre todo, se habló sobre la importancia de defender el espacio autónomo y los proyectos que ahí se construyen. Al final de la conferencia, se hizo un llamado a los Medios Libres, a la comunidad de la UNAM, y a la sociedad civil en general, para estar atentos durante el periodo vacacional, pues se teme que en dicho periodo, suceda el intento de desalojo.

Escuchar audio de la conferencia.

México D.F. 17 marzo, 2016.

La criminalización de personas defensoras de derechos humanos en el contexto de la extracción de recursos naturales y de megaproyectos se ha convertido en un fenómeno muy preocupante en América Latina, denuncia El Observatorio Para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos en su informe sobre el tema, publicado en febrero de 2016. Entre los casos de preocupación informa la historia de Berta Isabel Cáceres Flores, cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), organización del pueblo lenca en defensa del río Blanco frente a la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca.

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En conferencia de prensa en Tegucigalpa, Honduras, organizaciones sociales, indígenas y defensoras de derechos humanos responsabilizaron al Estado hondureño por el asesinato de la luchadora social, indígena lenca y feminisita Bertha Cáceres, la madrugada del 3 de marzo en su domicilio, mientras dormía.

Bertha Cáceres, fundadora y Coordinadora General del Consejo Civico de Organizaciones Populares e Indigenas de Honduras (COPINH) y miembro de la coordinación Nacional de la Plataforma de Movimientos Sociales y Populares de Honduras (PMSPH), había sido perseguida, criminalizada y hostigada por su activismo en defensa de la tierra. Según miembros del COPINH, ella y otros miembros habían sido amenazados desde diciembre por personas autodenominadas sicarios a servicio de la empresa DESA-SINOHYDRO.

Una de las luchas de Bertha Cáceres era la defensa del Río Gualcarque, en Río Blanco, Intibucá, ante la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, desarrollado conjuntamente por la empresa hondureña FICOHSA y la multinacional SINOHYDRO, y financiada en parte por la Corporación Financiera Internacional, brazo del sector privado del Banco Mundial. En 2015, recibió el Premio Ambiental Goldman para el Sur y Centroamérica por su contribución a la lucha contra la construcción de dicha represa.

A continuación, los audios de la conferencia de prensa:

Wilfredo Méndez, director ejecutivo de CIPRODEH:
(Descarga aquí)  

Yesica Trinidad (Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos | Movimiento Feminista de Honduras):
(Descarga aquí)  

Helen Ocampo (Colectivo Lastiri):
(Descarga aquí)  

Bertha Oliva (COFADEH):
(Descarga aquí)  

Dr. Juan Almendarez (CPTRT):
(Descarga aquí)  

Gilda Rivera (CDM):
(Descarga aquí)  

Carlos Cuadra (CIPRODEH):
(Descarga aquí)  

Fabricio Herrera:
(Descarga aquí)  

Pastor Rigoberto Ulloa (Iglesia Agape):
(Descarga aquí)  

Ver también:

Comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

Comunicado de organizaciones de derechos humanos.

Comunicado del Colectivo Lastiri

Comunicado de la Coalición contra la Impunidad

Palabras de Bertha Cáceres al recibir el premio Goldman:

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Alejandro Reyes – Radio Zapatista

El 20 de diciembre del 2015, la comunidad de San Isidro Los Laureles decidió recuperar 200 hectáreas de tierras que fueron de sus antepasados, y donde muchos de sus abuelos y abuelas trabajaron en el corte de caña desde mediados del siglo pasado. En visita a las tierras recuperadas, hablamos con algunos de los campesinos de San Isidro, que nos explicaron el contexto histórico y el significado de la toma de las tierras.

Foto: A un año de la muerte de Antonia (Miguel López Girón)

Antonia López Méndez, niña tzeltal, murió en desplazamiento forzado sin atención médica adecuada el 21 de febrero de 2015. A un año de su muerte, su familia retornó de manera temporal a su comunidad de Banavil, Tenejapa, Chiapas, para recordar su memoria según la costumbre como pueblos originarios.
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“A travéz de grupos de choque de corte paramilitar”, han desalojado a nueve familias de la comunidad de Xul Vó, con un total de 47 integrantes, desde el pasado 9 de diciembre, denunciaron este día autoridades del municipio autónomo Vicente Guerrero, hubicado en el municipio oficial de Zinacantán, en los Altos de Chiapas.

Tras una marcha en la ciudad de San Cristóbal, las y los indígenas tsotsiles adherentes a La Sexta Declaración de La Selva Lacandona, arribaron a la plaza de la Paz, donde dieron lectura a su comunicado en el cual anunciaron que permanecerán en plantón indefinido, hasta que se realice el retorno de las familias desplazadas, el castigo a los responsables y la reparación de los daños.

Durante su pronunciamiento los indígenas chiapanecos aseguraron que el gobierno de Velasco Coello, está al servicio de los intereses empresariales y caciquiles, esto por que “crea grupos paramilitares y de choque, afiliados a los partidos electoreros en el poder, para golpear, intimidar, hostigar y desarticular a las organizaciones del pueblo indígena y campesino”.

“Venimos denunciando el hostigamiento, intimidación y agresiones hacia nuestros compañeros, desde el tres de noviembre, lo que derivó en su desplazamiento forzado el nueve de diciembre de 2015”, recordaron los campesinos en resistencia. Los causantes del desplazamiento señalan, “son personas pertenecientes al partido revolucionario institucional PRI”, quienes junto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), primeramente cortaron la energía eléctrica a las familias agredidas y posteriormente el suministro de agua y teléfono.

“Nuestros compañeros fueron desalojados con lujo de violencia, por alrededor de 60 personas liderados por autoridades oficialistas afiliados al PRI, como el señor Mariano Pérez Pérez, agente auxiliar municipal de Shulvó, así como por Mariano Ruíz Vázquez, suplente”, evidenciaron los simpatizantes del EZLN.

VIDEO REPORTAJE:

AUDIO: Lectura de comunicado
(Descarga aquí)  

COMUNICADO ÍNTEGRO

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Escucha en inglés: (Descarga aquí)  

Durante 40 años el activista del Movimiento Indígena Americano (AIM), Leonard Peltier, ha permanecido en las garras del sistema carcelario de Estados Unidos ––en la “casa de hierro de los blancos”, así llamada por varios grupos indígenas, bajo cargos fabricados de asesinato.

Ahora que padece problemas de salud y una aneurisma de aorta abdominal, el tiempo ya no está de su lado.

La aneurisma, diagnosticada hace unas pocas semanas, amenaza su vida.

Por eso, los partidarios de Leonard exigen con urgencia su libertad para evitar que muera en la casa de hierro.

Hace décadas, cuando Bill Clinton era Presidente, él visitó al pueblo de Pine Ridge en el estado de Dakota del Sur, donde Leonard había vivido. Le dijo a la gente ahí: “Díganle a Leonard que no me olvidaré de él”.

La promesa de Clinton resultó ser tan vacía como la promesa de cualquier político. Gas. Aire. Viento. Pues, parece que se le olvidó, ¿no?

Peltier languidece en la casa de hierro mientras las largas décadas pasan. Escribió. Pintó. Esperaba la justicia blanca. Sigue esperando.

Sus partidarios piden que todas y todos escriban al Buró Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) para exigir atención médica y libertad para Leonard. El Comité Internacional para la Defensa de Leonard Peltier pide el envío de cartas y llamadas a www.bop.gov/inmates/concerns.jsp . Hagan referencia a Leonard Peltier #89637-132 y a su cárcel actual USP Coleman 1.

Y ahora que lo pienso ¿Por qué no escriben a la Casa Blanca para exigir clemencia ejecutiva?* Leonard Peltier necesita libertad ahora, y los pueblos indígenas necesitan que él regrese a casa.

Desde la nación encarcelada, soy Mumia Abu-Jamal.

–© ’16 maj
30 de enero de 2016

Audio grabado por Noelle Hanrahan: www.prisonradio.org
Texto circulado por Fatirah Litestar01@aol.com
Traducción Amig@s de Mumia, México

https://amigosdemumiamx.wordpress.com/2016/01/30/libertad-y-atencion-medica-para-leonard-peltier/
Ve también el documental GUERRERO: La vida de Leonard Peltier (en inglés), producido en 1992:

• Tras mediación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, gobierno reconoce su responsabilidad
• Notable ausencia del Ejército Mexicano en acto público de reconocimiento
• Después de 15 años de atropellos e impunidad, justicia llega “parcial, mutilada, incompleta”

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Ve también:

• Palabras de José López Cruz, padre de las víctimas Ricardo López Hernández y José Leonardo López Hernández
• Palabras de Pedro Faro, director del Frayba

Ayer, 28 de enero de 2016, el Estado mexicano realizó un acto público de reconocimiento de responsabilidad por los hechos ocurridos el 17 de septiembre de 2000 en la comunidad El Aguaje, municipio de San Cristóbal de Las Casas, donde la explosión de una granada de fusil antipersonal de propiedad del Ejército Mexicano mató al niño Ángel Díaz Cruz e hirió de gravedad a Ricardo López Hernández y José Leonardo López Hernández, en el contexto de las acciones de contrainsurgencia contra las comunidades zapatistas y el EZLN.

El acto es parte de los acuerdos firmados tras la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, entre otras cosas, obligan al Estado a reconocer públicamente su responsabilidad en el caso. Es la culminación de un largo proceso de 15 años, en el que las víctimas y sus familiares se enfrentaron a la impunidad y el atropello por parte del Ministerio Público Militar.

En el evento, José López Cruz, padre de los niños lesionados, relató los abusos sufridos por víctimas y familiares en su larga búsqueda por justicia. Asímismo, Pedro Faro Navarro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, relató los detalles del caso, aseguró que “la justicia en México llega tarde, parcial, mutilada, incompleta, un tanto maltrecha como es de por sí el actuar del Estado mexicano” y llamó atención a la ausencia en el evento del “personaje principal de esta historia, el perpetrador por antonomasia en Chiapas: el Ejército mexicano”.

Presentes en el evento estuvieron las víctimas Ricardo y José Leonardo López Hernández, su padre José López Cruz, Cristina Reina Cruz López (madre del niño fallecido Ángel Díaz Cruz) y Pedro Faro del Frayba. Por el gobierno de Chiapas, Manuel Velasco Coello, gobernador del estado, y Juan Carlos Gómez Aranda, secretario de gobierno. Por el gobierno Federal, Roberto Campa Cifrián (Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación) y Erasmo Lara Cabrera (Director General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores). Del Ejército Mexicano y la SEDENA… ni las luces.

A continuación, los audios del evento:

Juan Carlos Gómez Aranda – Secretario General de Gobierno de Chiapas:
(Descarga aquí)  

Pedro Faro Navarro – Director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba):
(Descarga aquí)  

Traducción tostil:
(Descarga aquí)  

José López Cruz – Padre de Ricardo López Hernández y José Leonardo López Hernández:
(Descarga aquí)  

Traducción tostil:
(Descarga aquí)  

Roberto Campa Cifrián – Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación:
(Descarga aquí)  

Traducción tostil:
(Descarga aquí)  

Manuel Velasco Coello – Gobernador de Chiapas:
(Descarga aquí)  

Traducción tostil:
(Descarga aquí)  

Fuente: http://www.frayba.org.mx/archivo/boletines/160128_aguaje.pdf

Escucha aquí: (Descarga aquí)  

Lee sobre Acto público de reconocimiento de responsabilidad del Estado y escucha todos los audios.

Caso El Aguaje
(Angel Díaz Cruz+, Ricardo López Hernández y José Leonardo López Hernández)

Muerte
Anciana y triste muerte
Adulta y silenciosa muerte
Joven y llorosa muerte
Niña y estúpida muerte.

Buenos días a todas y todos, con el permiso de la señora Cristina Reyna Cruz López, del Señor José López Cruz y sus respectivas familias, tomo la palabra.

Hoy estamos aquí ante este recinto de la Facultad de Derecho, para escuchar el perdón público del Gobierno mexicano, ante las violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de los niños Ángel Díaz Cruz, Ricardo López Hernández, José Leonardo López Hernández, así como a todos sus familiares, debido a los hechos del 17 de septiembre del año 2000, en la comunidad El Aguaje del ejido La Albarrada, municipio de San Cristóbal de Las Casas, estado de Chiapas, a causa de la explosión de una granada de fusil antipersonal[1] propiedad del Ejército mexicano. De la explosión resultó muerto el niño Ángel Díaz, con heridas graves Ricardo y José Leonardo. Hechos sucedidos en el contexto de la acción de contrainsurgencia que implementa el Estado mexicano en contra de los pueblos y comunidades del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), así también en contra de los pueblos y comunidades que resisten las políticas de despojo territorial y exterminio.

También estamos aquí para recordar que el Estado mexicano ha mantenido en la impunidad por 15 años y 5 meses el Caso del Aguaje, lastimosamente no es el único donde están involucradas las Fuerzas Armadas de México; lastimosamente no es el único donde la impunidad marca el ritmo de vida de quienes exigen al Estado que cumpla con sus obligaciones de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos como es su deber internacional. Pues la muerte de Ángel Díaz, es de plena responsabilidad del Ejército mexicano, así como los daños a la integridad física y psicológica que de manera permanente quedaron marcados en los cuerpos de Ricardo y José Leonardo y las de sus familias, truncando sus proyectos de vida.

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Escucha aquí:(Descarga aquí)  

Lee sobre Acto público de reconocimiento de responsabilidad del Estado y escucha todos los audios.

A 28 de enero de 2016.

Buenas tardes a todos los presentes,

Mi nombre es José López Cruz y en representación de mi familia, mis hijos y especialmente de la señora Cristina Reyna Cruz López madre del niño Ángel Díaz Cruz fallecido, voy a expresar las siguientes palabras.

Ha pasado más 15 años en el que mis hijos resultaron gravemente lesionados y que desgraciadamente el niño Ángel Díaz Cruz falleció a consecuencia de la explosión de una granada de fusil antipersonal propiedad del ejército mexicano.

Esos pobres niños lo único que hacían era buscar hongos para comer, pero debido a la negligencia del personal del ejército al no advertir los riesgos que pudiera acontecer en el lugar de campo de prácticas de tiro, a casi 500 metros de nuestra comunidad, resultó esta gran tragedia.

Además mi familia y los habitantes de mi comunidad El Aguaje, estábamos ya obligados a convivir, con todo tipo de ruidos provocado por los explosivos, los morteros, las ametralladoras lo cual provocaba mucho miedo. Sin embargo, el lugar era utilizado por la comunidad para la recolección de hongos, caminos de paso, pastoreo y recolección de leña.

Las mujeres ya no podían realizar sus actividades cotidianas por el campo, debido a que continuamente sufrían el acoso del personal militar.

A partir de las graves lesiones de nuestros hijos, comenzó nuestro sufrimiento, al verlos graves, a la presión de que uno de ellos le iban amputar una pierna; a la falta de atención de las autoridades porque no recibimos a atención necesaria y fuimos nosotros como familias que cargamos con toda la responsabilidad del seguimiento de recuperación de nuestros hijos.

Además por la falta de acceso al seguimiento de las investigaciones, debido a que estas se llevó a cabo desde la jurisdicción militar, quienes nunca nos permitieron saber el seguimiento del proceso penal militar, además de que el Juzgado Militar se encuentra en la Ciudad de México, Distrito Federal y no tenemos los recursos para ir hasta allá.

Las autoridad nunca se dieron cuenta de que éramos personas civiles y que nuestro caso debió ser atendido por la jurisdicción civil y no la militar, pues dejaron llevarse por el tipo de armamento que explotó, y nunca velar por nuestros derechos humanos.

Los días fueron largos, han sido largos, pues durante estos más de 15 años, hemos buscado la justicia. Hasta hoy no sabemos quienes son los verdaderos responsables de causar esa tragedia ni mucho menos cuales fueron sus castigos.

Los efectos psicológicos en nuestros hijos, en nuestras familias se mantienen, debido a la falta de justicia y la atención. Y ante el temor de que dentro de sus cuerpos exista todavía esquirlas.

Esperamos que estos acuerdos que hoy firmamos, sean cumplidos a la cavalidad.

Agradecemos infinitamente al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé por su acompañamiento, porque sin ellos nunca hubiéramos podido lograr esta nuestra lucha.

Señores y señoras, durante todos estos años, hemos vivido la incertidumbre de que algún otro niño le pase lo mismo, es por eso que exigimos que estos hechos nunca vuelvan a repetirse.

Muchas gracias.