San Cristóbal de las Casas, Chiapas; a 06 de abril de 2017

Acción Urgente No. 001

Enfermeras en huelga de hambre en Chiapas

•    En riesgo la vida y la integridad de trabajadoras del Sector Salud que demandan atención urgente de las autoridades.
•    Ante falta de respuestas, cada 48 horas se suma una enfermera más a la huelga de hambre indefinida.

El Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, AC (CDMCH) recibió información de que el pasado 22 de enero de 2017 personal adscrito a distintas unidades médicas inició un plantón indefinido a las afueras del Hospital de la Mujer “Dr. Rafael Pascacio Gamboa”, ubicado en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para exigir respeto a derechos laborales del gremio y denunciar el probable desvío de recursos de la Secretaría de Salud del estado que agrava las condiciones de atención que ofrece el sistema de salud en Chiapas: Falta de abastecimiento de medicamentos y materiales de cirugía; instrumentos funcionales en hospitales y centros de salud.
En represalia a la protesta el 23 de febrero fueron cesados Julio Cesar Cruz Mayorga y Rubén Castillejos Álvarez por su participación activa en las protestas. Más adelante, el 22 de marzo 14 trabajadores (diez mujeres y 4 hombres) de distintas unidades médicas fueron despedidas al haber hecho públicas las condiciones deplorables en que SE prestan los servicios de salud en distintas regiones del estado.

Ante la falta de respuesta, el pasado 3 de abril, 5 enfermeras iniciaron una huelga de hambre indefinida para demandar atención urgente de las autoridades estatales y federales del Sector Salud a los temas de reinstalación, sin condicionamiento, de las y los trabajadores cesados, pago de quincenas atrasadas, pago de fondos del Fovissste y Pensionissste, aporte al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), atención urgente a las condiciones de desabasto de medicamentos, falta de equipo y material adecuado para la atención y abandono de distintas instalaciones médicas en Chiapas, esto último como resultado del proceso de privatización de salud en México.

Datos documentados por este Centro de Derechos de la Mujer, confirman que hasta el día de hoy mantienen la huelga de hambre 6 mujeres del personal de enfermería cuyos nombres son: Maria Cielo Gramajo Cundapí, María de Jesús Espinoza de los Santos, Nelli Ivonne Castillo Escobar, María Isidro Orozco Sánchez, Verónica Zenteno Pérez y Sandra Lidia Arellano Zenteno, quienes ya presentan síntomas de crisis hipertensiva, hipotensión, diarrea y bradicardia. Anunciando que cada 48 horas se sumará una persona más a la protesta.

Según datos de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) hay irregularidades detectadas en la ejecución de fondos destinados en materia de salud al gobierno de Chiapas por un total de 764 millones 408 mil 550 pesos correspondientes al ejercicio 2015, la dependencia estatal tiene hasta el 12 de abril de este año, para contestar las observaciones de la ASF ya que para este año se han solicitado nuevas inspecciones.

Dado que se atenta contra el Derecho a la Vida, Libertad y Seguridad de la Persona; el Derecho al trabajo; Derecho a la Salud; Acceso a la Justicia; Derecho a una vida libre de Violencia; el Derecho a la protesta; y ante el riesgo inminente en que se encuentra la vida e integridad física, emocional y psicológica de las enfermeras en huelga de hambre, este Centro exige a las autoridades competentes:

1.- Se brinde la atención médica urgente e integral de las personas que mantienen la huelga de hambre como medida de protesta para exigir sus derechos violados. (Continuar leyendo…)

Comunicado conjunto del CNI y el EZLN denunciando la represión contra la comunidad Purépecha de Arantepacua, Michoacán.

A la Comunidad Purépecha de Arantepacua, Michoacán,
A los medios alternativos de comunicación,
A los pueblos del mundo.

El Congreso Nacional Indígena, los pueblos, naciones y tribus que lo conformamos, manifestamos nuestra indignación por el cobarde ataque del mal gobierno en contra de la comunidad purépecha de Arantepacua, Michoacán, los días 4 y 5 de abril del presente año.

Mientras una comisión de comuneros buscaba tener diálogo en una mesa con el mal gobierno del estado de Michoacán, el gobernador Silvano Aureoles Conejo los traicionó. Primero obstruyéndoles el paso con cientos de granaderos y decenas de camiones cuando se dirigían a Morelia para tratar de llegar a acuerdos que deriven en la resolución de un añejo conflicto agrario. Después, mientras la comisión mantenía una negociación con el gobierno, cuando numerosos contingentes de la Policía de Michoacán y de la Policía Ministerial del Estado atacaron junto con fuerzas federales a la comunidad, sembrando el terror, entrando en las viviendas para detener a los comuneros y abriendo fuego indiscriminadamente, arrebatando la vida de tres comuneros de Arantepacua:

• José Carlos Jiménez Crisóstomo (25 años)
• Luis Gustavo Hernández Cuenete (15 años)
• Francisco Jiménez Alejandre (70 años aproximadamente).

Además hubo una cantidad no precisada de heridos, de los cuales dos se encuentran graves, mientras que 38 comuneros fueron detenidos por el gobierno de Michoacán el día 4 de abril y 18 más el día 5 de abril, acusándolos de delitos fabricados para criminalizar la exigencia de sus derechos.

Hermanos y hermanas de Arantepacua, su dolor por el asesinato de los compañeros es nuestro. Luchamos pues tenemos la certeza de que el castigo a los culpables surgirá de la dignidad, la resistencia y la rebeldía de nuestros pueblos. Sembrar verdad y justicia en la destrucción que nos traen los poderosos es lo que sabemos hacer los pueblos.

Los malos gobiernos piensan que esparciendo el terror en los territorios indígenas de Michoacán, y en gran parte de la geografía nacional, es cómo van a acallar a los pueblos y su palabra, pero eso no pasará, pues la palabra que hoy gritan en colectivo los pueblos originarios nace justamente de la indignación, el hartazgo y la decisión de no dejarse matar, despojar, dividir o comprar.

Nos pronunciamos junto con la asamblea comunal de Arantepacua por:

1. Que cese de inmediato la escalada represiva en contra de Arantepacua y las comunidades purépechas de la región.
2. La libertad inmediata de los compañeros detenidos por el mal gobierno.
3. Justicia para las víctimas de la cobarde agresión y reparación de todos los daños causados.
4. Castigo al gobernador Silvano Aureoles y a todos los responsables, materiales e intelectuales, de los crímenes cometidos.
5. Que sean retiradas las fuerzas policiacas y militares de Arantepacua, pues mientras estén presentes no cesará el hostigamiento hacia los comuneros.

Atentamente
A 6 de abril de 2017

Justicia para Arantepacua
Justicia para el Pueblo Purépecha

Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos
Nunca Más Un México Sin Nosotros

Congreso Nacional Indígena
Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Fuente: Enlace Zapatista

Por Mumia Abu-Jamal

Tras vivir 78 inviernos en ‘América’, Lynne Stewart ha muerto después de batallar durante varios años contra el cáncer de mama.

Sin embargo, esa fue sólo una de sus batallas. Como la mayoría de nosotros, ella ganó algunas y perdió otras. Pero nunca dejó de luchar.

Durante décadas, ella y su esposo Ralph defendieron a muchos activistas políticos y revolucionarios, como los Panteras Negros y los Young Lords ––un colectivo puertorriqueño socialista. Pero más que nada, lucharon por la libertad de la gente pobre y desposeída, negra y morena, de los guetos de Nueva York.

Ella –ellos—lucharon con frecuencia y lucharon bien en los tribunales de la ciudad.

Su esposo, Ralph, era integrante incondicional del Partido Pantera Negra, y su defensor más dedicado.

Cuando Lynne fue acusada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, enjuiciada y condenada a prisión por emitir un boletín de prensa por parte de su cliente, el jeque egipcio ciego, Omar Abdul Rahman, Ralph se mantuvo de pie frente a la Casa Blanca bajo el sol abrasador de Washington, DC, con una pancarta que exigía libertad para su esposa.

La defensa jurídica que Lynne ofreció a su cliente se llevó a cabo en la mejor tradición de los abogados de defensa penal, y ella recibió un apoyo profesional significativo. De los abogados, sí; de los jueces, no.

Lynne fue inicialmente sentenciada a 28 meses, pero el Tribunal de Apelación Federal del Segundo Circuito devolvió el caso para que el tribunal de distrito dictara una nueva sentencia. ¡Le dieron 10 años de prisión!

Esto solo resultó en un apoyo más amplio para ella.

El difunto abogado activista, Bill Kunstler, una vez opinó que los abogados defensores deben representar a sus clientes y no ser oficiales de los tribunales.

Lynne Stewart representaba a sus clientes; era una abogada del pueblo, amada y respetada.

Qué siempre sea así.

Desde la nación encarcelada, soy Mumia Abu-Jamal.

A nuestr@s compañer@s del Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A nuestr@s compañer@s del Congreso Nacional Indígena
A nuestr@s compañer@s de la Red Contra la Represión y por la Solidaridad
A nuestr@s compañer@s de la Sexta en México y el Mundo

Los que conformamos el colectivo La Voz de los Zapotecos Xiches en Prisión, queremos compartir con tod@s ustedes los detalles del momento en que nos encontramos con respecto a la lucha por la Libertad de nuestro compañero Álvaro Sebastián Ramírez.

El once de enero de dos mil diecisiete, a nombre del compañero ÁLVARO SEBASTIÁN RAMÍREZ, se promovió un Incidente no especificado tendente a la libertad preparatoria, ante el Juzgado Octavo de Distrito radicado en el Estado de Oaxaca.

Un incidente no especificado es el nombre del trámite que se realiza para solicitar la libertad antes de concluir la sentencia completa, esta figura esta contemplada dentro de los “beneficios” a los que se puede acceder en cuanto al cumplimiento de una sentencia y se encuentran contenidos en el Artículo 84, del Código Penal Federal, que indica: “se concederá la libertad preparatoria al condenado que hubiere cumplido las tres quintas partes de su condena”.

Bajo este criterio, tenemos que el compañero Álvaro se encuentra sentenciado a 27 años de prisión, de los cuales lleva 19 años con 3 meses en la cárcel; esto quiere decir que ha rebasado por 3 años la condición planteada en el Art. 84 del Código Penal Federal.

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Dos familiares se abrazan afuera del Hogar Seguro el 8 de marzo de 2017.
Fotos: Carlos Sebastián

“Los adolescentes estaban sancionados por extorsión. Las niñas tenían objetos punzocortantes escondidos en el pelo. Agotamos el diálogo con las niñas. No podíamos aceptar un informe que dice que ese lugar es un gallinero en donde se tortura a los niños. Considero que la causa del amotinamiento, porque no les gusta la comida, no era válida. No hubo negligencia. No voy a presentar mi renuncia como Secretario de Bienestar Social. El Presidente ordenó anoche a la policía que encontrara y regresara a los 60 adolescentes fugados. El problema es que los jueces mezclan a los niños que han cometido delitos con niños abandonados por sus familias. Pedimos al Ministerio Público que investigue pero no responsabilizamos directamente a nadie. El Presidente no vino a participar en la conferencia porque está atendiendo asuntos urgentes de la nación. Se termina esta conferencia de prensa.“

Por Gabriel Woltke Y Martín Rodríguez Pellecer / 9 marzo, 2017 – Nómada

Así explicó el Gobierno de Guatemala a sus ciudadanos qué había ocurrido la mañana del 8 de marzo de 2017 cuando unas niñas y adolescentes se amotinaron en la casa hogar gubernamental en la que vivían. Las niñas se amotinaron y prendieron fuego a unos colchones en unas habitaciones para que las dejaran salir. No las dejaron salir y murieron calcinadas. En ese momento eran 19 las que murieron. Hasta ahora van 22.

El Hogar Seguro Virgen de la Asunción queda en una colina a 6 kilómetros del inicio de la Carretera a El Salvador, una de las zonas residenciales más exclusivas de la Ciudad de Guatemala. Está en el municipio de San José Pinula, rodeado por bosques y barrancos que han servido de escondite para más de 100 niños y adolescentes que escaparon durante el último año de lo que debería ser su casa pero consideran su cárcel.

Las niñas no se amotinaron porque no les gustara el sabor de la comida.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
09 de marzo de 2017

Boletín Prensa No. 04

Allanamiento y Robo de equipo a Regeneración Radio

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC (Frayba) repudia el allanamiento a la cabina y robo del equipo de transmisión del colectivo de comunicación libre Regeneración Radio, con lo que se viola el derecho a la libertad de expresión, así como el derecho humano a la información y comunicación.

Según información proporcionada por Regeneración Radio, el pasado 7 de marzo en la Ciudad de México, los integrantes del colectivo se percataron que la cabina de la radio había sido forzada y que habían robado equipo de trabajo como micrófonos, cables, consolas, ecualizadores de audio y computadoras que contenían información sobre su trabajo. Es importante mencionar que solamente la habitación en donde se encuentra la cabina de radio fue forzada, los perpetradores no ingresaron ni robaron nada de otras habitaciones.

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El pasado martes 7 de marzo, nos percatamos de que nuestra cabina de radio fue abierta por la fuerza. Al ingresar, lo primero que vimos fue la ausencia de nuestro equipo: micrófonos, cables, consolas, ecualizadores de audio, computadoras con el acervo de Regeneración Radio -entre otras cosas- fueron extraídos de nuestro centro de trabajo. Llama la atención que de una casa completa, solo el espacio radiofónico fue afectado.

Estos acontecimientos se dan en un clima de violaciones al derecho a la comunicación, agresiones a la prensa y ataques constantes a los proyectos ubicados en la CDMX, en donde la consigna es exterminar a todo aquel que pretenda construir desde el aspecto político, social y cultural; desde abajo y a la izquierda.

ANTECEDENTES: No es la primera vez que recibimos un ataque. Es preciso recordar que el 21 de septiembre de 2015 nuestra anterior cabina fue completamente destruida por un grupo porril en la UNAM, aunado a las agresiones físicas, amenazas de muerte y el intento de asesinato a uno de nuestros integrantes. Aquella vez logramos reconstruirnos y reinventarnos en un nuevo sitio.

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La violencia contra las mujeres en México es una práctica cotidiana y socialmente permitida, no está sustentada en hechos aislados, es un común denominador que es mantenido por el sistema patriarcal que vivimos cotidianamente en el país. La Organización Mundial de la Salud en noviembre del 2016, señaló que este tipo de violencia generalmente es ejercida por la pareja y está altamente vinculada con los abusos sexuales, lo que lo constituye un grave problema de salud pública y una violación a los derechos humanos de las mujeres.

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) define la violencia contra la mujer como todo acto que cause “un daño físico, sexual o psicológico… inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”. Chistean Smog, del Fondo para la Infancia (Unicef), alertó de la violencia sexual contra las adolescentes en este país: más de 23 mil en edades de 12 a 17 años sufrieron una agresión de ese tipo en 2014. Cuatro de cada 10 les pasó en el hogar, la escuela o el trabajo.

Esta problemática es tan visible, que incluso el gobierno mexicano a través del Instituto Nacional de Estadística y Geografía admitió en noviembre del 2015 que “Se trata de un problema de gran dimensión y una práctica social ampliamente extendida en todo el país, pues 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más… han experimentado al menos un acto de violencia de cualquier tipo”.

A pesar de que la realidad generalmente rebasa las estadísticas, y más las oficiales, los promedios que presenta esta instancia oficial son aterradores. El 32% de las mujeres en el país han padecido violencia sexual, incluidos los actos de intimidación, acoso o abuso sexual; se estima que durante 2013 y 2015, fueron asesinadas siete mujeres diariamente en el país.

Una mirada a Chiapas

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Pronunciamiento de la Campaña Permanente contra la Violencia hacia las Mujeres y el feminicidio en Chiapas

En el marco del 8 de marzo, las organizaciones integrantes de la Campaña Permanente contra la Violencia hacia las Mujeres y el feminicidio en Chiapas, recordamos a las obreras que en 1908 fueron asesinadas por exigir mejores salarios y condiciones de trabajo, y a todas aquellas que han combatido valientemente el poder patriarcal de los hombres y el Estado.

La lucha de las mujeres por la igualdad no ha sido fácil, miles alrededor del mundo han muerto por heredarnos mejores condiciones de vida sin embargo cuanto más se cuestiona la desigualdad resurge con mas fuerza la represión. ¿Será porque en el fondo estamos cuestionando relaciones de poder que históricamente han privilegiado a unos respecto de otras?

Cada vez que una mujer denuncia la violencia de género y exige respeto a sus derechos saltan cientos de opiniones que cuestionan, culpabilizan, desacreditan y juzgan para restar valor e importancia a ese grito de ¡Ya basta!. (Continuar leyendo…)

Foto: Agencia Infomanía

Traduzione italiano
Tradução em portugês

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Comunicado del Congreso Nacional Indígena

9 de marzo 2017

A la sexta nacional e internacional
A los medios libres de comunicación
A la sociedad civil en general

Compañeros, compañeras, mientras nuestros pueblos cada uno a sus modos y formas seguimos organizándonos, analizando y tomando acuerdos colectivos para la conformación de un Concejo Indígena de Gobierno, la guerra en contra de nuestros pueblos no cesa, el despojo y la represión desde los malos gobiernos en sus tres niveles sigue actuando en contra de nuestra madre tierra, de nuestros pueblos y nuestras organizaciones autónomas.

En el estado de Oaxaca

Con indignación denunciamos y condenamos lo acontecido en la comunidad de San Francisco del Mar, región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, donde se suscitaron actos de violencia, incluso el uso de armas de fuego, para imponer la aprobación de proyectos eólicos que despojarían de una parte importante de tierras de uso común de esta comunidad y afectarían gravemente a su rico y delicado ecosistema.

Los hechos se desarrollaron durante la asamblea del comisariado de bienes comunales de San Francisco del Mar, la cual fue convocada para tratar la autorización del uso de más de 15 mil hectáreas para proyectos camaroniferos de Pueblo Viejo en la zona denominada la bocabarra. Varios oradores expusieron su rechazo a la entrega de tierras, evidenciaron que en realidad es para proyectos eólicos; se dijo que la bocabarra se trata de un lugar vital para miles de pescadores y de ser aprobado el proyecto significaría quitarles el derecho a su fuente de vida y sustento; además que una decisión tan importante requiere la participación y decisión de toda la población.

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