Foto: Frayba

“Estamos sufriendo mucho. Se quemó mi frijol y mi maíz, se quemó mi casa, ahí se quedó mi marranito, mis pollos. Ahora ya no tengo nada. Estamos sufriendo con mis hijos, estamos sufriendo mucho, estamos sufriendo de hambre.”

Estas son algunas de las palabras de una mujer tsotsil entrevistada por el padre Marcelo Pérez Pérez, párroco de Simojovel, Chiapas, a finales de noviembre. Ella tiene dos hijos pequeños y ahora no tiene casa, duermen en la montaña, donde en la noche la temperatura baja a veces a menos de cero grados. No tienen cobijas, no tienen alimentos. Perdieron todo, no saben qué hacer y viven con el miedo constante por los disparos de armas de alto calibre que se escuchan todos los días y todas las noches.

Como ella, casi 6 mil indígenas tsotsiles (5023 de Chalchihuitán y 950 de Chenalhó) sobreviven en las montañas de Los Altos de Chiapas en condiciones de extrema precariedad. Entre ellos, miles de niños y 114 mujeres embarazadas, algunas a punto de parir.

Todos ellos fueron expulsados de sus tierras por un grupo armado que, según denuncias de los propios desplazados y diversas organizaciones, cuenta con el apoyo y está al servicio de Rosa Pérez, la presidenta municipal de Chenalhó por el Partido Verde Ecologista (PVEM), impuesta por la fuerza hace tres años tras lo que sus opositores aseguran que fue un fraude electoral.

La violencia y el desplazamiento forzado tienen que ver con un conflicto agrario creado por el gobierno federal hace 45 años, pero que se detona en tiempos recientes por la muerte de Samuel Pérez Luna, campesino de Chalchihuitán, asesinado con ocho balazos por el grupo armado de Chenalhó mientras trabajaba una de sus parcelas el 18 de octubre de este año. Semanas después, entre el 12 y 13 de noviembre, el grupo armado sitia a Chalchihuitán, cierra todas las entradas, corta con maquinaria pesada la carretera que da acceso a la cabecera municipal, quema casas y milpas, amenaza a la población de asesinarla, la aterroriza con disparos de armas largas y provoca el desplazamiento forzado de miles de indígenas que vivían en la zona limítrofe entre ambos municipios.

Hoy, a mes y medio del inicio del desplazamiento forzado, y pesar de los llamados de la población y de organizaciones nacionales e internacionales, el gobierno finge actuar y no hace nada por solucionar las causas fundamentales del conflicto, de las que él mismo es responsable.

Raíces del conflicto agrario – Responsabilidad del gobierno federal

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Desde mayo de 2017 los pobladores de Cohuirimpo, Sonora, advirtieron excavaciones con la intención de construir una laguna de oxidación, que afectaría gravemente su territorio, en violación tanto de la legislación mexicana como el Convenio 169 de la OIT y otros acuerdos internacionales. A pesar de los diálogos con Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y otras dependencias públicas, los intentos de despojo continúan.

A continuación, la denuncia del Gobierno Indígena de Cohuirimpo (Fuente: CNI).

(Ve también: El pueblo de Cohuirimpo denuncia intimidaciones del CDI.)

El Recodo, Pueblo  de Cohuirimpo, Río Mayo, Sonora a 28 de noviembre de 2017.

MANIFIESTO

NO A LA LAGUNA DE OXIDACIÓN EN EL TERRITORIO YOREME MAYO DE COHUIRIMPO, SONORA

A finales del mes de mayo de este año los pobladores advirtieron excavaciones en el camino que une a las comunidades de Nachuquis y la Punta de la Laguna, no hubo anuncios, ni información por vía alguna, hasta que miembros del gobierno Tradicional, acompañados de un grupo de habitantes de la segunda comunidad ya mencionada, interrogaron a los encargados de las excavaciones, conociendo así, que se trataba de la introducción del drenaje. En ese momento, la obra se detuvo, solo para continuar 3 meses después, -en septiembre- ésta vez trazando la construcción de la laguna de oxidación en un predio de uso común de pastoreo perteneciente al territorio de Cohuirimpo y situado en las cercanías de la comunidad de Rancho Camargo, congregación integrante del citado Pueblo ancestral.

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11:00 HRS Encuentro con el pueblo Nahua de la Sierra de Manantitlan en Ayotitlán, Jal.

16:00 HRS. Encuentro del CIG y su vocera Marichuy con el pueblo Nahua de Zacualpan, Colima.

Hermanos y hermanas de esta Ciudad de México.
Hermanos y hermanas de la comunidad universitaria en esta casa de estudios.
Medios de comunicación.
Hermanos y hermanas del pueblo de México.

Es un honor encontrarnos con todos ustedes en este lugar tan simbólico e importante en la historia de las transformaciones que han ido dando forma a lo que somos como nación mexicana.

Hoy más que nunca, necesitamos que la educación sea crítica, científica y acorde a la realidad de esta nación multicultural en la que las culturas originarias siempre han sido negadas. Lo anterior para que deje de ser el adiestramiento para instruir operadores del despojo, de la producción desmedida, de los justificadores del desastre social, político y ambiental a que nos ha sometido este sistema capitalista, que deje de ser la educación el semillero de la enajenación de los pueblos en nuestras comunidades y en las ciudades; o sea que deje de ser parte de los engranes que hacen funcionar al sistema capitalista.

Necesitamos que la educación sea gratuita y popular porque los derechos no deben ser mendigados ni convertidos en mercancía, sino reivindicados y ejercidos sin miedo para la construcción de nuevas formas y horizontes.

Así pues, es urgente lograr que la generación y transmisión del conocimiento en las universidades y escuelas esté permanente vinculado y al servicio de las y los de abajo, sea en las ciudades o en las comunidades indígenas y campesinas, y que no sea más un arma de los poderosos para seguir con este sistema depredador que ya amenaza la vida entera.

Queremos decirles que así como hemos encontrado siempre una palabra honesta, verdadera y consciente en los jóvenes estudiantes de distintas instituciones y universidades, los que somos el Congreso Nacional Indígena no hemos dejado de estar atentos a las rabias y los dolores que se han germinado aquí, como es el caso de la compañera Lesvy Berlín, asesinada en este mismo año aquí en Ciudad Universitaria.

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El 24 y 25 de noviembre se documentaron  hechos muy lamentables , 4873 personas entre hombres, mujeres, niños y niñas ancianos y ancianas viven en condiciones de desplazados, viviendo la mayoría en las montañas con mucho frío en la noche, otros están viviendo en la cabecera de Chalchihuitan. Hay muchos enfermos sobre todo niños y niñas, ancianos y ancianas, hay varias mujeres embarazadas, no pueden salir a buscar sus alimentos porque están bloqueados los tres caminos de salidas y entradas, solamente por la vía Simojovel hay acceso.

Se necesita urgentemente: maíz, frijol, cobertores, medicinas, doctores, maseca, sal, azúcar, jabón, ropa para niños. Hay varias casas quemadas.

Por favor, urge nuestra solidaridad nacional e internacional, para atender esta crisis humanitaria. También, urge que se resuelva este conflicto para que no suceda algo peor que Acteal.

Antecedentes[1]:

La violencia y el conflicto son por los límites territoriales entre Chalchihuitán y Chenalhó que data de 45 años sin solución, ocasionada por la ineficacia e intereses de grupos de poder, de las instituciones de los gobiernos federal y estatal. Esto dio cause a la confrontación entre dos pueblos cuando en 1975 San Pablo Chalchihuitán obtuvo su Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales (RTBC) que se ejecutó en 1980, beneficiando a 1,787 campesinos con 17,948 hectáreas. En la ejecutoria se entregaron 17,696 hectáreas y en 1981 se entregaron 252 hectáreas más, como complemento a la RTBC. Y se inconformó el municipio vecino Chenalhó, Chiapas. En el aspecto legal, desde 2005 hay demanda de juicio vigente con número de expediente 181/2005, está actualmente en el Tribunal Unitario Agrario 03 de Tuxtla Gutiérrez, esperando la sentencia solicitada.

Comunidades con sus habitantes cifras aproximadas, están en calidad de desplazados:

• Comunidad de Ch’en Mut: 700 habitantes, 120 familias
• 8 mujeres embarazadas
• Comunidad de Pom: 436 familias, más de 2000 habitantes, 100 mujeres embarazadas
• Tzomolton:107 familias, 800 habitantes, 6 mujeres embarazadas
• C’analumtic:191 familias, 600 habitantes
• Bejelton: 30 familias, 150 habitantes
• Tulantic: 50 familias, 350 habitantes
• Vololch’ojon: 40 familias, 150 habitantes
• Cruz c’ac’ao nam: 200 habitantes
• Cruz ton: 20 familias desplazadas, 73 personas

4873 personas son desplazadas

Comunidades afectadas, pero no desplazadas:

Balunac’o, Cotolchij, Lobolaltic, Pacanam, Pat C’anteal, Chiqun xulum, Saclum

**Fuente de información: las autoridades de cada comunidad afectada y del ayuntamiento, párroco Sebastian. cel 9191442128

Para apoyar, comunicarse en Caritas de la Diócesis de San Cristobal de las Casas con la coordinadora. Norma cel: 9671203722″

1] De la Acción Urgente del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas https://frayba.org.mx/accion-urgente-violencia-generalizada-en-los-municipios-de-chalchihuitan-y-chenalho/

Diversos grupos parlamentarios han presentado distintas iniciativas de ley, denominadas de “seguridad interior”, a fin de legalizar la intervención de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la seguridad pública. Dichas iniciativas parten del hecho de que actualmente no existen las capacidades policiales para hacer frente a la grave situación de inseguridad por la que atraviesa el país. Sin embargo, e independientemente de que varias de esas iniciativas contienen peligrosas ambigüedades y otorgan atribuciones que deben corresponder exclusivamente a instituciones civiles, normalizar la intervención de las Fuerzas Armadas en labores policiales contribuiría a perpetuar la situación que se busca subsanar. Si hoy los gobiernos federal y estatales no han cumplido con su obligación legal de construir corporaciones de policía eficaces, menos aún lo harán si cuentan con el recurso legal para encubrir dicho vacío institucional con requerimientos de intervención militar.

Debemos, en cambio, centrar la atención política y legislativa en el fortalecimiento de nuestras instituciones de seguridad pública. Sólo así podremos resolver de fondo, y a largo plazo, la crisis de violencia, inseguridad y violaciones graves a derechos humanos en el país. Es por ello que, en lugar de legislar para perpetuar y arraigar el despliegue operativo de las Fuerzas Armadas, proponemos:

1. Respeto irrestricto al marco jurídico constitucional e internacional. La aprobación de una “Ley de Seguridad Interior” o de un capítulo de Seguridad Interior en la Ley de Seguridad Nacional, atentaría contra la Constitución y contravendría los tratados internacionales que México ha ratificado.
2. Adopción de medidas excepcionales sólo a partir de los mecanismos ya previstos. La vía adecuada para despliegues extraordinarios del Ejército es el artículo 29 constitucional. Actualmente no contamos con una ley reglamentaria de este artículo, y no se cuenta con una iniciativa que contemple verdaderos contrapesos y mecanismos de vigilancia. Los proyectos en discusión no son acordes con las normas internacionales en la materia.
3. Es fundamental un plan de fortalecimiento de las policías en todos los niveles de gobierno, cuyas normas y entrenamientos expresamente integren los principios de legalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad. Además, es indispensable legislar sobre el uso de la fuerza.
4. Reformar a las policías, sin embargo, no será suficiente. Es necesario reformar también las procuradurías, fortalecer al Poder Judicial y atender la crisis penitenciaria.
5. Se deben cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y definir un plan de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad.

Seguir dependiendo de las Fuerzas Armadas no va a fortalecer nuestras instituciones de seguridad pública; coadyuvará al desgaste de dos de las instituciones más importantes del país: el Ejército y la Marina; perpetuará la grave crisis institucional por la que atravesamos, y sólo contribuirá a que la Federación y los estados sigan incumpliendo con lo estipulado en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el SIDEPOL y los acuerdos del Consejo Nacional.

Por lo antes expuesto, nos oponemos categóricamente a la expedición de una ley o de reformas que permitan a las autoridades federales, estatales y municipales, continuar evadiendo sus responsabilidades constitucionales en materia de seguridad pública. Es el momento, en cambio, de emprender la inaplazable construcción de instituciones y capacidades civiles para afrontar la crisis de inseguridad y violencia por la que atraviesa el país.

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Video: La Voladora Radio

Hermanas, Hermanos:

La justicia y la verdad germinan de la resistencia y la rebeldía y desde ellas necesitamos desmontar el poder que nos oprime.

Como mujeres nos queremos vivas, como viva está nuestra madre la tierra y como vivos estamos los pueblos.

Nos queremos libres como libres queremos nuestros territorios y a nuestra gente conciente y solidaria.

Nos queremos sin miedo, porque es el momento de cambiar desde lo que somos como mujeres los tejidos que nos unen como familias, que nos unen como pueblos originarios y como sociedades de la ciudad.

El sistema capitalista está basado en la opresión de nuestros hermanos y hermanas, en las fábricas, en el despojo con violencia de nuestros recursos naturales, de nuestras tierras, en la explotación de hombres y de mujeres en el campo y la ciudad, en acabar con todos los tejidos organizativos para ser el mandón que dice donde destruirá o privatizará, porque antes ya destruyó y privatizó a pueblos enteros e hizo violencia sobre las personas que defienden esos pueblos y las que defienden los acuerdos comunitarios, que no sólo ocurren en nuestras comunidades sino cada vez más en las ciudades, las que defienden su tierra, su trabajo o su familia.

Entonces, destruir o privatizar nuestros cuerpos y nuestras vidas es esa misma opresión que hacen los hombres de todas las esferas de la sociedad contra las mujeres, es ese mismo desprecio y violencia se vive en muchos hogares, en las familias, en las fábricas, en las oficinas y en los campos, porque es la opresión capitalista.

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Luego de que fuerzas de seguridad desalojaran el jueves pasado a la comunidad mapuche que reclama sus tierras en la zona del Lago Mascardi, se produjo hoy un nuevo cruce que terminó con dos heridos y un muerto.

Imagen: Gentileza Diario Río Negro

El día en que comenzó el velatorio de Santiago Maldonado, el joven hallado muerto en el río Chubut 78 días después de haber desaparecido tras una represión de Gendarmería en Chubut, un integrante de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu murió en la ciudad de Bariloche tras ser baleado por las fuerzas de seguridad federales que la perseguían desde el jueves pasado. Ese día, varios miembros de esa comunidad huyeron del desalojo y represión desatado en un predio lindero al Lago Mascardi. La víctima es Rafael Nahuel, de 27 años, quien falleció de un disparo en el estómago. Otros dos integrantes de esa comunidad, un hombre y una mujer, fueron heridos con balas de plomo y trasladados al Hospital Ramón Carrillo, de esa ciudad.

La muerte de Nahuel provocó la reacción de centenares de personas que se congregaron frente a las oficinas de Parques Nacionales, bajo cuya órbita se encuentra el predio que la comunidad reivindica como ancestral. Durante la protesta hubo algunos incidentes. También hubo manifestaciones en la catedral local, donde la policía montó un fuerte operativo.

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Carlos Aznárez – Resumen Latinoamericano, 26 noviembre 2017

Un nuevo comunero mapuche asesinado. Se llama Rafael Nahuel y su nombre se suma al de Santiago Maldonado y una larga lista de luchadores y luchadoras marcados a fuego por el Sistema. Esta vez no podrá haber pistas falsas ni ocultamiento durante meses de lo sucedido. Los uniformados que operaron a las órdenes del juez lo hicieron a la luz del día. Pertenecen al temible grupo de la Prefectura Naval, los Albatros, que durante la dictadura militar y en otros episodios ligados al golpismo que sufrió Argentina durante décadas, actuaban con total impunidad cazando y asesinando militantes políticos. Como ahora, exactamente como ahora, en que las órdenes las reciben de un gobierno que se dice “democrático” y poco a poco va instalando una auténtica dictadura militar. Para ello cuenta con prefectos, gendarmes, policías de distintos uniformes y también con la complicidad de muchos y muchas que llegado el momento de repudiarlos, los votan. O sea, impunidad para sus crímenes con aval “popular”, que es lo peor que le puede suceder a un pueblo.

Lo que está ocurriendo en el sur, en la Patagonia mapuche es muy grave. Léase que no escribo “argentina” cuando me refiero a ese territorio, porque fueron los antecesores de estos que gobiernan actualmente, los que les arrebataron esas tierras ancestrales a sus legítimos dueños, el pueblo mapuche. En realidad, es un calco de lo que ocurre en casi todo el continente que en sus mejores momentos (cuando no habían llegado “ellos”) se denominaba Abya Yala.
Son precisamente en esas tierras en disputa, donde el gobierno de los ricos, el de Macri, en el plano político y Patricia Bullrich (la ministra de Seguridad) en el quehacer represivo cotidiano, desea asegurar una paz de los cementerios para que sus amigos que hoy las poseen, los Benetton, los Lewis y una larga lista de terratenientes millonarios puedan seguir usufructuando de las mismas. Esos mismos y siniestros personajes que nucleados en la Cámara de Comercio o en la Sociedad Rural de Bariloche, Rio Negro o Neuquén, salían a festejar el asesinato de Nahuel al grito de “un indio menos”. Claro que Macri podrá argumentar que el problema no comenzó con él, sino que fueron todos los gobiernos que le precedieron los que abrieron el camino de entregar la Patagonia a las trasnacionales y al latifundismo, es cierto, pero es el actual presidente el que hoy ha decidido aplicar un plan de exterminio contra los auténticos y originarios habitantes de esas tierras. Desde que llegó a la Casa Rosada, puso a rodar la data de que en el sur “operan grupos terroristas”, potenció el nombre de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) en grados superlativos, imaginó junto a su ministra de Seguridad que allí también hay “gente de las FARC, los Montoneros y hasta de ETA”. Suena imbécil pero hay muchos que por desgracia, lo creen de la A a la Z porque “lo dice la tele”. Armaron entonces toda una ensalada de siglas con el único objetivo de generar el clima en la población de que “a esos indios hay que matarlos a todos”, como suele leerse en las redes o en los foros de los medios hegemónicos. Medios estos que ayudan a poner en la superficie este tipo de conjeturas y mentiras, y que luego cuando ocurre un crimen como el actual, son los que titulan “mapuche muerto en un enfrentamiento” e insultan el sentido común, apuntando que “se resistió con piedras”, pero no remarcan que el joven mapuche fue ametrallado.

Para “pacificar a estos salvajes”, como en algún momento de nuestra historia sentenció y llevó a la práctica el genocida general Julio A.Roca entra en juego la idea de Bullrich de militarizar ese territorio, igual que lo viene haciendo durante todo su mandato Michelle Bachelet en Chile. Quien hoy quiera recorrer esa zona a ambos lados de la Cordillera se encontrará con cientos de gendarmes, prefectos, policías, carabineros, y hasta soldados israelíes (que vienen a vacacionar al sur del mundo para descansar de sus continuas masacres del pueblo palestino). No olvidar que al Estado terrorista sionista, siempre, desde Teodoro Herzl en adelante, le interesó la Patagonia como objetivo de vida futura. Es lógico, allí hay agua, hay minerales, hay excelente explotación turística, y hasta petróleo.

De allí que no asombre lo que ahora está ocurriendo. El plan imperial y de la oligarquía local, al igual que lo que ocurre con los palestinos o con los zapatistas, consiste en expulsar de sus tierras a los Mapuche, ponerlos en la mira de la criminalización constante, difamarlos, estigmatizarlos y luego comenzar a cazarlos como animales. Y a todo aquel que los apoye o se solidarice, también meterle el terror o la muerte en la piel, como ocurriera con Santiago. Coincidentemente con esos operativos de guerra contra un enemigo construido desde los medios, también el Gobierno desarrolla otra tarea “necesaria” para sus fines. Amedrentar a la población en general, golpearla con medidas de capitalismo salvaje, que desde que Macri llegara al poder se vienen aplicando un día sí y otro también: despidos, cierre de fábricas, inflación galopante, eliminación de conquistas sociales logradas a fuerza de lucha, impunidad y puerta abierta de las cárceles para los genocidas de la dictadura militar, apagón informativo para que las medidas neoliberales se deslicen sin oposición, cooptación de dirigentes sindicales y persecución a sus pares que no bajan los brazos, ataques judiciales y encarcelamiento de luchadores y luchadoras, aprietes a la luz del día para lograr que quienes deberían convocar a la movilización pacten bajar su discurso y propongan “asegurar la gobernabilidad”.

Son mil y uno los ataques a las posibilidades de reacción popular, pero sin embargo no pueden ni podrán ocultar lo que se ha hecho evidente.Este Gobierno es parte fundamental de la escalada imperialista en Sudamérica, responde al FMI y al Banco Mundial, y como tal busca amordazar con hambre y represión la respuesta de un pueblo que hasta en las peores circunstancias dio muestras claras de resistencia y lucha. De eso se trata, de que las calles, las plazas y los confines más remotos de este país, muestren el repudio al terror, a los crímenes contra el pueblo mapuche, a las políticas de exterminio social contra el resto de la población. Si no se hace ahora, ellos seguirán ganando terreno y después no servirá de nada quejarse del estado de destrucción social al que se ha conducido al país. Ya se vivió con la dictadura, con Menem y con De la Rúa. Es cuestión de autodefensa no permitir que se repita.

25 DE NOVIEMBRE
“DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES”
PRONUNCIAMIENTO

En el marco del Día Internacional de Lucha Contra la Violencia Hacia las Mujeres, el pasado 23 y 24 de noviembre nos dimos cita mujeres, hombres, niñas y ancianas de distintas regiones de Chiapas, México y el Mundo en la Quinta Asamblea del Movimiento en Defensa de la Tierra, el Territorio y por la Participación y el Reconocimiento de las Mujeres en las Decisiones para denunciar el aumento de la violencia directa, institucional y estructural cuya emergencia y gravedad tenía que atender la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para las Mujeres de Chiapas (AVGM) y que el gobierno de Chiapas no ha cumplido.

Durante estos días compartimos testimonios de como la violencia hacia las mujeres y el feminicidio en Chiapas no es un problema que únicamente deban resolver hombres y mujeres en el ámbito privado, las familias en sus relaciones, comunidades al interior de los pueblos y organizaciones civiles en la promoción y defensa de derechos, es una responsabilidad sobre todo del Estado ya que la dimensión de la violencia feminicida tiene sus orígenes y causas en la violencia estructural como la pobreza, discriminación, injusticia, misoginia, desigualdad de clase, género, etnia edad, preferencia sexual, etc. que se reproduce desde las instituciones y agentes del Estado patriarcal.

Desde que se Declaró la Alerta de Violencia de Género, el pasado 18 de noviembre de 2016, el gobierno de Chiapas y el gobierno federal debieron implementar acciones de emergencia en materia de prevención, justicia, reparación del daño y una amplia difusión de mensajes de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, sin embargo en distintas ocasiones hemos denunciado que eso, hasta el día de hoy, no ha sucedido.

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