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Noticias de Abajo

Noticias de Abajo 28 junio 2023

Rompiendo fronteras:

ARGENTINA: Fuerte movilización y represión al movimiento popular tras la imposición de una constitución local que afecta las comunidades indígenas. Comunicado a todo Jujuy y a Argentina de las comunidades indígenas que están manifestándose contra la reforma constitucional. Purmamarca 26 de junio 2023. De: Minka Comunicacion

PERÚ: Muere Hugo Blanco a sus 88 años, quien formó parte del Frente de Izquierda Revolucionaria y encabezó levantamientos campesinos en 1962 y 1963. De Avispa Midia.
https://avispa.org/entrevista-a-hugo-blanco-tierra-o-muerte/

ECUADOR: ECUADOR: Pueblos aislados llaman a defender el Yasuni tras lograr la consuta nacional sobre la extracción de energéticos. Rueda de prensa de pueblos y naciónalidades indígenas. De Yasunidos.

Desde la región que llaman México:

CHIAPAS: Continúan los ataques a las comunidades zapatistas Emiliano Zapata, San Isidro y a Moisés y Gandhi. El capataz y tirano de Obrador miente ante el tema. Ataques paramilitares se intensifican. De: CNI

CDMX: La lucha por la libertad y justicia para Karla y Magda, perseguidas por una violatoria y prepotente Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se levanta el plantón. Por Tasha.

OAXACA: La defensa por los Chimalapas. Entrevista a Miguel Ángel García de Maderas del Pueblo del Sureste. Tras años de lucha consiguen una victoria legal, pero el camino para la justicia continua para Los Chimalapas. De Noticias de abajo.

SALUD: Píldoras de Salud Libre con el tema Neuropatía por diabetes. Por Mar.

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Confederación General del Trabajo

Carta de CGT al embajador de México en España contra los ataques a las comunidades zapatistas

Madrid, a 26 de Junio de 2023

A.A. – D. Quirino Ordaz Coppel

Embajador de Los Estados Unidos Mexicanos en el Reino de España.

 

Nos dirigimos nuevamente a usted como máximo representante de Los Estados Unidos Mexicanos en el Reino de España, para trasladarle nuestra preocupación, nuestro rechazo y también nuestra indignación ante los nuevos y graves hostigamientos con violencia que se están desarrollando en el Estado de Chiapas y más concretamente contra las Comunidades Zapatistas.

Como bien sabrá, la organización a la que represento, la Confederación General del Trabajo (CGT), mantiene durante bastantes años una estrecha relación con el Zapatismo. Durante todos estos años hemos podido conocer de primera mano y en el propio terreno las realidades y necesidades de las Comunidades Zapatistas y cómo han ido desarrollando sus proyectos de vida comunitaria, basándose en una organización democrática para satisfacer las necesidades básicas de todo ser humano como son la SALUD, JUSTICIA, DEMOCRACIA, TECHO, EDUCACIÓN, TIERRA, PAZ, ALIMENTACIÓN, TRABAJO COMUNICACIÓN, INDEPENDENCIA, CULTURA. Al mismo tiempo, también hemos visto las respuestas gubernamentales de los diferentes gobiernos ante las justas propuestas de las Comunidades Zapatista, respuestas basadas en la militarización y la represión.

Y es en la represión que está ejerciendo su gobierno donde queremos centrarnos, ya que no entendemos como un “Gobierno Progresista” como el que dirige el presidente de su país D. Andrés Manuel López Obrador, puede estar reprimiendo de esa manera a su pueblo.

Hace menos de un mes ya le enviamos una carta para manifestar nuestro rechazo a los ataques con arma de fuego realizados en la Comunidad Zapatista Moisés Gandhi. En dicho ataque fue gravemente herido el compañero Jorge López Sántiz, con perforación en el diafragma, tres orificios en el intestino grueso y perforaciones en el estómago y en el bazo. Y ahora nos volvemos a dirigir a usted porque los hostigamientos, las balaceras y las agresiones no han cesado.

El estado de salud de nuestro compañero, Base de Apoyo, Jorge López Sánti continúa siendo débil. Necesita atención especializada para su recuperación y presenta una infección que no fue advertida por el personal médico, así como una herida abierta. El funcionamiento de su intestino sigue sin ser el adecuado y requiere de tratamientos, medicamentos y cuidados especializados para una adecuada cicatrización.

Como le comentábamos anteriormente los hostigamientos y agresiones no han cesado. La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” reporta los siguientes hostigamientos en las últimas fechas:

  • Del 19 al 22 de junio de 2023, integrantes de la Organización de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao), realizan ataques con riesgo para las Comunidades Zapatistas Emiliano Zapata, San Isidro y Moisés y Gandhi. Los ataques van desde la quema de parcelas hasta ataques armados.
  • Desde el 19 de junio aproximadamente a las 14:00 horas, el grupo armado disparó desde San Felipe y San Antonio Las Flores. Se contabilizan 67 detonaciones de armas de fuego de alto calibre y 13 de bajo También hay quema de las parcelas en las que trabajan las familias Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
  • El 21 de junio de 2023, los ataques de la ORCAO comenzaron a las 12:50 horas, para las 18:50 horas sumaban al menos 716 disparos de diferentes calibres. Atacan simultáneamente las Comunidades Zapatistas de Emiliano Zapata, San Isidro y a Moisés y En esta última incendiaron la parcela adjunta a la Escuela Secundaria Autónoma y que se encuentra a escasos 50 metros de las casas de las familias zapatistas.
  • Hasta el 22 de junio, en la Junta de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad, Caracol 10, Floreciendo la Semilla Rebelde, con sede en Patria Nueva, (municipio oficial de Ocosingo), Chiapas, han contabilizado 25 disparos alto calibre y 20 bajo

 

Ante semejante situación de violencia no entendemos la pasividad gubernamental, no entendemos que esta violencia hacia las Comunidades Zapatistas se siga permitiendo cuando tienen la zona extremadamente militarizada. Según el Informe Frayba 2023 llamado “Chiapas un desastre. Entre  la  violencia  criminal  y  la complicidad  de  un  Estado”,  su  gobierno mantiene en el Estado de Chiapas 71 campamentos militares con 8500 efectivos entre Secretaría de la Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y con previsión de aumentar la presencia militar en este año 2023. A lo que hay que añadir los efectivos del Ejército Mexicano. La cifra es escandalosa según datos que aporta el citado informe de Amnistía Internacional en el Estado de Chiapas mantienen casi la mitad de efectivos que en todo el país, no siendo Chiapas un estado de los más violentos.

Pero lo más alarmante es que esta presencia militar no combate al crimen organizado, siendo incapaz de frenar los ataques  de organizaciones paramilitares como la ORCAO a las Comunidades Zapatistas y que sin embargo, aumenta los niveles de alcoholismo, prostitución, consumo de drogas y el acoso y la violencia sexual a las mujeres por parte de los efectivos militares, contribuyendo así a la fragmentación del tejido social.

Y es precisamente eso lo que llevan haciendo los diferentes gobiernos desde 1994, incluido el del Sr. López Obrador, responder con guerra y violencia a todo un proceso organizativo desde abajo y pacífico.  El pueblo se presenta con su palabra y ustedes le responden con represión: el único lenguaje que conoce el poder.

Por todo lo expuesto les trasladamos las siguientes exigencias que requieren de urgencia:

  • Garantizar de manera urgente la vida, seguridad e integridad física y psicológica de las familias Bases de Apoyo de la Región de Moisés y Gandhí.
  • Que se continúe la atención médica integral y de calidad de Jorge López Sántiz, a fin de salvaguardar su vida e integridad física y psicológica.
  • Investigar y deslindar responsabilidades por el hecho delictivo de intento de homicidio y ataques armados perpetrados en contra de los habitantes de las comunidades que integran la Región de Moisés y Gandhi.
  • El cese inmediato de los ataques armados contra las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

 

De toda esta degradación social y del aumento de la violencia son ustedes responsables. La historia juzgará a su gobierno como cómplice de la violencia y de llevar a la población a una guerra civil. La historia colocará a su “gobierno progresista” alejado del pueblo y próximo a un modelo desarrollista y de explotación de empresas cuyo fin es consolidar un régimen totalitario disfrazado de progresismo.

Atentamente,

David Blanco Pérez-Longares

Secretario de Relaciones Internacionales de la CGT

Carta de CGT al embajador de México en España contra los ataques a las comunidades zapatistas
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Avispa Midia

Arrecian ataques contra comunidades zapatistas y AMLO lo niega

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En portada: Bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional marchan en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para protestar contra la guerra en Ucrania y todas las guerras en el mundo. Foto: Jeny Pascacio.

Son 17 meses que restan de gobierno a Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México. Desde su arribo a la silla presidencial, los vientos de cambio soplaron con fuerza, y no es para menos, los megaproyectos del gran capital que no pudieron empujar los anteriores gobiernos, los está concretando él a una velocidad impresionante. Pero, en este juego, hay ganadores y perdedores, entre ellos, los pueblos que resisten al avasallamiento de la nueva oleada capitalista pintada de sustentable, como las comunidades autónomas zapatistas donde se han agudizado los ataques paramilitares.

Apenas algunos días atrás, mientras se entonaba en 72 rincones del planeta en una misma voz la exigencia de un ¡Alto a la guerra en comunidades zapatistas!, el indígena base de apoyo zapatista, Jorge López Sántiz, sufría las secuelas de un impacto de bala que le dejo heridas en el intestino. Organizaciones de México y del mundo denunciaron que los ataques provenían del grupo paramilitar Organización Regional de Caficultores de Ocosingo (ORCAO), creado durante el gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

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Aunque las protestas resonaron en distintos espacios de noticias, más de 800 detonaciones de armas de fuego continuaron impactando a las casas, escuelas y clínicas autónomas, además de la quema de las parcelas en las que trabajan las familias bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

“Del 19 al 22 de junio, este grupo paramilitar continuó con el asedio a las bases de apoyo zapatistas. Con la anuencia o inacción de los tres niveles de gobierno, se ha buscado escalar la guerra atacando con armas de fuego de manera continua y coordinada en tres poblados zapatistas: Emiliano Zapata, San Isidro y Moisés y Gandhi, ubicados en el municipio de Ocosingo, Chiapas”, denunciaron cientos de organizaciones e individuos que conforman el Espacio de Coordinación Nacional Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas, si tocan a un@, nos tocan a tod@s.

Esta Coordinación señala que las agresiones forman parte de una estrategia de guerra paramilitar contra el movimiento zapatista desde que surgió en el año 1994, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés). “Ahora se enmarcan en un contexto de creciente violencia, fomentado por la crisis económica en la que los pueblos no zapatistas viven; sin más recursos, dependientes y subordinados a las prebendas de programas sociales como Sembrando Vida. Pueblos no zapatistas se ven en la necesidad de intercambiar dinero por hectáreas de tierra, lo que ha llevado a organizaciones paramilitares como la ORCAO a realizar más de 100 ataques de 2019 a la fecha con el fin de despojar territorios”, resalta este conjunto de colectividades mediante comunicado.

AMLO niega la violencia paramilitar

A pesar de las constantes denuncias durante el mandato de Obrador, en la conferencia de prensa que realizó en el estado de Chiapas el 23 de junio, aseguró tenazmente que, “hay dirigentes de la sociedad civil, incluso, de las organizaciones de defensa de derechos humanos que no nos ven con buenos ojos”, sin mencionar nada relevante de los ataques paramilitares contra las comunidades zapatistas.

AMLO aseguró no ser “Salinas” (en referencia a Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México en 1994), y también dijo “no soy Zedillo, no soy Fox, no soy Calderón” refiriéndose a los exmandatarios que le presidieron.

Obrador reafirmó que es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, “entonces nunca voy a dar la orden de reprimir al pueblo, nunca voy a dar la orden de masacrar al pueblo, de torturar a la gente, de violar derechos humanos”.

Además, resaltó que sus políticas sociales han ayudado “porque en programas como Sembrando Vida hay reencuentros de quienes estaban confrontados, participan todos. Porque se produjo mucha división abajo. Entonces, poco a poco se ha ido logrado la unidad y lo vamos a seguir haciendo, respetando a todos, pero pues también informando y aclarando las cosas”.

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Las colectividades que han expresado su solidaridad con el movimiento zapatista mostraron su preocupación tras las declaraciones del mandatario mexicano, además, “esta actitud no sólo nos parece alarmante, nos preocupa que pueda tratarse del preámbulo de un ataque físico y/o mediático todavía mayor. Minimizar la violencia incentiva a los grupos paramilitares al cobijarlos con el manto de impunidad”.

Las Organizaciones de la Sociedad Civil también se pusieron en alerta, “manifestamos nuestra preocupación y lamentamos la difamación en contra de las organizaciones de la Sociedad Civil y de Derechos Humanos en Chiapas”, se expresó desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDH Frayba), ya que consideran que se vulnera su trabajo en medio de este contexto de violencia paramilitar, utilizada según esta organización “para el control social, político, económico, y territorial, marcada por la continuidad de una violencia generalizada y de una estrategia contrainsurgente”.

Los ataques

Del 19 al 21 de junio el grupo armado nuevamente accionó contra las comunidades zapatistas, casi 800 detonaciones de armas de fuego de alto y bajo calibre en tres días, así como la quema de las parcelas en las que trabajan las familias Bases de Apoyo del EZLN.

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El Frayba ha registrado que desde que AMLO llegó al poder hasta la fecha se han perpetrado más 110 ataques armados contra comunidades autónomas zapatistas. “Estos ataques han incluido quema de escuelas y bodegas de café, agresiones armadas, tortura, secuestros y heridos de gravedad con armas de fuego, los cuales han sido denunciados por los pueblos zapatistas y documentados por el Frayba”, remarca esta organización de derechos humanos.

Esta organización, con sede en Chiapas, sostiene con firmeza que quienes han perpetrado estos ataques forman parte de la estructura gubernamental del municipio de Ocosingo gobernado por el Partido Verde Ecologista de México, que son quienes canalizan los recursos de los programas sociales del gobierno federal, como Sembrando Vida.

Contrario a lo que sostiene el presidente de la República mexicana, estos programas “en el territorio chiapaneco ha generado conflictos y tensiones, confrontando entre quienes pugnan por un control desde el derecho a la autonomía y autodeterminación y quienes buscan acceder al recurso de la tierra a partir del control estatal y la reconfiguración territorial, con un manejo de la tierra, ajeno a las necesidades de los pueblos originarios”.

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Avispa Midia

El despojo que se anuncia en Mercado Libre

Fuente: Avispa Midia

Por Ángel Huerta

En portada: Arcadio y su esposa en su parcela.

María de la Luz Noguerón Valdés observa los restos carbonizados de su cerca. En Tecolocuatitla, desde hace al menos dos décadas, esta escena se repite por lo menos una vez al  año: las cercas de los terrenos amanecen incendiadas, los animales muertos.

Restos de un animal en Tecolocuatilta.

Hace medio siglo el padre de María de la Luz comenzó a sembrar maíz y frijol en esta parcela de no más de una hectárea. Cuando la edad le impidió continuar, le dijo a su hija: “Toma las riendas del trabajo”. Ha pasado una década. Su padre murió hace cuatro años. Hoy María siembra aquí amaranto, flor de calabaza, frijol, maíz, avena, hortalizas.

Tecolocuatitla también es conocido como Xico: un paraje dentro del ejido de San Francisco Tlaltenco, en la alcaldía Tláhuac, oriente de la Ciudad de México. María es sólo una de los ejidatarios y poseedores históricos que denuncian que comisariados ejidales y especuladores inmobiliarios, por medio de un ordenamiento ilegal, intentan despojarlos de sus parcelas.

“Hemos sufrido hostigamientos, también presiones, eso es real”, explica María de la Luz. “Una mañana llegamos a la parcela y pues desafortunadamente machacaron a nuestros animalitos. A todos nos los mataron. De igual manera que a mi compañera: todas sus nopaleras las quemaron. Es como volver a empezar”.

Los campesinos han formado un frente unido para defender sus porciones de ejido. Hace poco, los campesinos encontraron buena parte de sus  tierras de Tecolocuatitla a la venta en el sitio de Mercado Libre.

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Otro Viento

Jujuy: crónica de una pueblada en defensa de la vida y la dignidad

Nota elaborada y publicada por Noelia Carrazana para Red Eco Alternativo y Mink’a Comunicación.

Foto: Imagen Cítrica

A 15 días de comenzadas las diferentes movilizaciones en la provincia de Jujuy, este lunes el gobernador Gerardo Morales manifestó en conferencia de prensa que va a retirar los artículos 36 y 60 de la reforma de la Constitución, textos que afectan directamente a la vida y a la posesión de los territorios de las comunidades indígenas.

El mandatario también expresó que van a mantener los artículos que limitan la protesta social, indicando que ya existe el derecho a circular (garantizado por la Constitución Nacional) y volvió a mencionar que cada persona que participó en la protesta pagará una multa de un millón y medio de pesos. Es decir, está “garantizado” el derecho a protestar, pero hay que ser millonario para hacerlo.

En respuesta a estas declaraciones, desde diferentes comunidades indígenas solicitaron que para este martes se intensifiquen los cortes de ruta. Desde Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy (SEOM), se invitó a todos los afiliados a continuar las medidas de fuerza con cortes en todas las rutas de la provincia, tal como lo vienen haciendo en los últimos días.

A través de comunicados emitidos luego de la conferencia de prensa, aclararon que «la lucha que llevamos adelante no es por uno o dos artículos, sino contra toda la reforma de la constitución provincial».

Pero… ¿Qué está pasando en Jujuy?

El día 5 de junio, el Congreso Provincial de Asociación de Educadores Provinciales (ADEP) convocó un paro en toda la provincia, para nivel inicial y primario en todas sus modalidades, en rechazo al aumento del 10% por el mes de mayo.

El 9 de junio se realizó una multitudinaria Marcha de Antorchas convocada por los gremios de la Asociación de Educadores Provinciales (Adep), el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop). Las manifestaciones se replicaron en las localidades de El Carmen, Monterrico, Tilcara, Humahuaca, Perico, La Quiaca, Libertador San Martín y otras localidades de la provincia en un reclamo unánime de aumento salarial. A estas movilizaciones se unieron los empleados municipales, policía en retiro y trabajadores feriantes que vienen sufriendo violentos desalojos con quita de sus productos en pos de “un Jujuy ordenado y limpio”.

El mismo día a través del Decreto Acuerdo Nº 8464-G/2023, el gobernador Gerardo Morales modificó el artículo 113 del Código Contravencional de Jujuy para aumentar las sanciones a las personas y organizaciones que participen de alguna protesta o movilización social, con el argumento de «garantizar en forma efectiva los derechos de libre tránsito y circulación». Esto se vivió como una coacción ya que las cifras a pagar son altísimas, pero lejos de desistir en la lucha la ciudadanía siguió movilizada.

El 14 y 15 de junio, con el cántico “Abajo la reforma, arriba las wiphalas”, las comunidades indígenas de varias localidades comenzaron una caminata denominada “Tercer Malón de La Paz” hacia la capital provincial para mostrar su rechazo a la reforma inconsulta de la Constitución Provincial, que estaba gestando Gerardo Morales a puertas cerradas.

El jueves 15 a la noche se aprobó la reforma a la Constitución Provincial, siendo ésta la gota que hizo explotar la bronca del pueblo jujeño.

El viernes 16 llegó el Malón de La Paz a San Salvador y ahí, después de 8 años sin medidas de fuerza, miles de personas inundaron las calles. “Nunca estuvimos en un reclamo con las comunidades indígenas, ellos hace rato que denuncian los atropellos en sus territorios, pero no recuerdo haber estado en una movilización donde estemos tantos gremios junto a las comunidades”, explicó con emoción Elena, docente de nivel secundario de San Pedro de Jujuy.

El sábado 17 Jujuy se despertó con cortes de ruta en varios puntos de la ruta 9 que tiene como trayecto la ciudad capital hasta la Quiaca, ciudad fronteriza con Bolivia. Para desalojar y desmovilizar, la orden fue: represión feroz. Dejó varias personas pertenecientes a comunidades indígenas heridas de gravedad, un adolescente perdió un ojo y todavía existen denuncias de personas que se les desconoce el paradero, ya que no han sido encontradas por sus familias en los hospitales o salitas de emergencia cercanas.

“Lo que más me dolió fue ver como sacaron todas las pertenencias de los que estábamos movilizados, tiraron la comida que las mujeres estaban preparando en los cortes, no les importó las mujeres, niños, ni ancianos”, contó Gumersindo que estaba en un corte en una localidad cercana a Purmamarca.

Hace un mes fueron las elecciones en Jujuy y allí además de elegir un nuevo gobernador también se eligieron intendentes, diputados, concejales y convencionales constituyentes para la reforma parcial de la Constitución. Carlos Sadir, perteneciente al partido de Morales consiguió el 49% de los votos, mientras que el Frente Justicialista y el Frente de Izquierda (FIT) se disputan el segundo lugar. La participación electoral fue de un 60%, es decir que casi la mitad de los ciudadanos habilitados para votar decidieron no participar.

Estas elecciones estuvieron teñidas por varias denuncias de fraude, pero de todos los actores políticos de argentina solo el FIT y Juan Grabois denunciaron el fraude, el resto del espectro político e incluso los dirigentes de mayor peso del peronismo enviaron sus felicitaciones al nuevo ganador, legitimando así la elección.

juan grabois fraude jujuy

Luego de estas elecciones Morales siguió conservando su poder de mando, no solo en la provincia, sino que desde hace varios años ya es una figura de renombre nacional y desde 2021 – cuando fue elegido el presidente del Partido Radical – esa cuota de poder se amplió.  A principio de este año recibió el apoyo de su partido para ser uno de los candidatos a presidente en las próximas elecciones de octubre, por lo que desde hace tiempo, sus aspiraciones miran mucho más allá de su provincia.

Como todo patrón está acostumbrado a mandar y que se le obedezca, por lo que luego de la conferencia de prensa del día de este lunes circularon audios y capturas de pantallas por los grupos WatshAp de docentes jujeños donde se denunciaba “el ofrecimiento de 10.000 pesos a cada persona que asista el día martes 20 para la jura de la nueva Constitución Provincial”.

Reforma exprés de la Constitución

La propuesta de reforma era la modificación a 193 de los 212 artículos vigentes y los debates debían desarrollarse a lo largo de 90 días. Pero las reuniones de “debate” no fueron públicas, no hubo registro taquigráfico y no hubo audiencia a representantes sociales y/o ciudadanos.

El 1 de junio se conoció el proyecto que proponía recortar la libertad de expresión, eliminar las elecciones de medio término, dar mayoría automática en la Cámara de Diputados al Ejecutivo ganador y no reconocer los tratados internacionales a favor de las comunidades indígenas en las disputas territoriales.

En menos de tres semanas, sin debate, con reclamos de la oposición y manifestantes en las calles, se cerró la posibilidad de presentar dictámenes. El actual gobernador, Gerardo Morales – que también es convencional constituyente – ha contado con el apoyo del PJ local liderado por Rubén Rivarola para aprobar tanto la propuesta de reforma del pasado septiembre de 2022, como la actual.

Solo denunciaron estas maniobras la Izquierda, el ala disidente del justicialismo y la población que se ya se manifestaba en las calles.

Comunidades indígenas y el litio

La tierra jujeña tiene en sus entrañas abundantes minerales codiciados por las empresas multinacionales que por la legislación argentina pueden realizar minería a cielo abierto. Esto lleva a que sean tierras codiciadas por los gobernadores para venderlas al mejor postor. Particularmente lo que agudizó el avance violento y represivo del Estado hacia los territorios inhóspitos de Jujuy, donde están asentadas miles de personas de manera ancestral, es el nuevo oro moderno: el Litio.

Desde que llegó Gerardo Morales a la gobernación no tuvo empacho en tejer diferentes maniobras para conseguir financiamiento extranjero para explotar estos territorios. El año pasado incluso llegó a escribir un Twitter público al locuaz empresario Elon Musk: “Hola Elon, soy Gerardo Morales, Gobernador de Jujuy (Argentina). Los dos proyectos de producción de litio más importantes del país se ejecutan aquí con una capacidad total de 80k toneladas por año y 20 k hectáreas de reservas de litio disponibles para explotar. Somos “Jujuy Verde”, es decir que la explotación del litio es uno de sus proyectos más ambiciosos de gobierno.

gerardo morales reforma constitucion

Pero además del Litio las comunidades reclaman obtener la titularidad de sus tierras a través del cumplimiento de la ley nacional de emergencia territorial N° 26160, la cual realiza el relevamiento de las tierras donde habitan estas personas. Entonces además de este histórico pedido, los principales reclamos del Tercer Malón de la paz son:

-Rechazo a la exploración y explotación del litio en la cuenca de Salinas Grandes.

-Rechazo a la reforma “inconstitucional”.

-Reconocimiento de los territorios donde habitan las comunidades.

-Renuncia de Gerardo Morales.

 Salarios de hambre

En Argentina según datos de mayo del INDEC, la canasta básica fue de 203 mil pesos para que una familia no esté bajo la línea de pobreza. En esta provincia el sueldo promedio de un docente es de 54.831 por mes y según datos del Ministerio de Educación de la Nación, la provincia tiene uno de los cinco sueldos iniciales más bajos.

comparación salarial jujuy salta tucuman

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Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena

A 4 años, 4 meses del asesinato de nuestro hermano Samir Flores Soberanes. ¡Exijamos justicia!

A 4 años 4 meses del asesinato de nuestro hermano Samir Flores Soberanes, hacemos un llamado a los pueblos de México y del mundo a que este miércoles 28 de junio continuemos con la exigencia de justicia para nuestro compañero Samir Flores Soberanes.

La Fiscalía General del Estado de Morelos a cargo de Uriel Carmona Gándara, sobre el que pesan diversas investigaciones por parte de la FGR por presuntos nexos con el crimen organizado, ha hecho un uso faccioso y mediático de las supuestas investigaciones sobre quiénes y porque fue que asesinaron a nuestro hermano Samir Flores Soberanes.

Quien, además de ser asesinado en el contexto de una consulta amañada e ilegal de Andrés Manuel López Obrador para justificar la imposición del Proyecto Integral Morelos, era un gran sembrador de vida y autonomía en su comunidad de Amilcingo y la región Oriente de Morelos, Puebla y todo lugar al que iba.

La Fiscalía de Morelos pretende el próximo 4 de julio llevar a juicio, sin pruebas sólidas al denominado Temalaco, y sin ninguna línea de investigación desarrollada sobre cual fue el motivo del asesinato de Samir. La Fiscalía de Morelos ya ha demostrado sino es que, por lo menos, su incapacidad para resolver el caso, sino es que su complicidad silenciosa en él.

Como comunicador indígena que difundía la lucha por la defensa del territorio, Samir tiene derecho a que la Fiscalía especial para la atención de delitos contra la libre expresión atraiga su caso y, con una perspectiva del contexto real en que fue asesinado, continue con las investigaciones y encuentre a los culpables materiales e intelectuales de su asesinato.

Sabemos que la justicia de Samir está en la lucha de nuestros pueblos, barrios y comunidades, en la rebeldía, la libertad y la dignidad de nuestros corazones, pero también la justicia involucra el derecho a la verdad.

Honesto, alegre y comprometido como fue nuestro compañero, no le podemos ofrecer menos que nuestra lucha constante porque se sepa la verdad, de quien lo mandó a matar y por qué.

¡NUNCA MAS UN MEXICO, SIN NOSOTROS!

POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS

¡JUSTICIA PARA SAMIR!

Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena

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Noticias de Abajo

Noticias de abajo 20 de junio 2023

(Descarga aquí)  

Rompiendo Fronteras:

  • HONDURAS: Asesinan al defensor del territorio Oqueli Domínguez en Guapinol, el activista antiminero es uno de al menos 3 asesinatos de opositores a los megaproyectos que invaden la zona.  Por Guapinol.
  • WALLMAPU CHILE: Un año de Estado de Excepción ES UNA DECLARACIÓN DE GUERRA AL PUEBLO MAPUCHE MOVILIZADO POR TERRITORIO Y AUTONOMÍA Comunicado de Héctor Llaitul Carrillanca Vocero Coordinadora Arauco Malleco-CAM.
  • GLOBAL: La “revolución de Gladis”: ¿por qué las orcas atacan a las embarcaciones? Por Radio Temblor
  • ITALIA FRANCIA: Declaración conjunta de la coordinación de los opositores al Tren de Alta Velocidad (TAV Lyon-Turín). Más de 5.000 personas en la movilización internacional a pesar de las prohibiciones y la violencia policiaca. De Notav.

Desde el Ombligo del Monstruo

  • OAXACA: Eloxochitlan bajo amenaza y en autodefensa. Jornada de lucha en la ciudad de Oaxaca, amenazas a familiares y la formación de un llamado grupo de autodefensa. Vamos a escuchar el podcast  de Kino Balu
  • OAXACA: Comunidad de Puente Madera logra suspensión del parque industrial en su territorio ante imposición del Corredor Interoceánico. Noticias de abajo.
  • MORELOS: Exigen justicia para el Samir Flores ante mal trabajo y montajes por parte de la fiscalía que lleva el caso.
  • CHIAPAS:  3 mil personas desplazadas de Frontera Comalapa, denuncian omisión de los gobiernos federal y estatal ante violencia de crimen organizado.
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Avispa Midia

Tecnologías de la transición energética requieren 29% más aluminio; Amazonía en riesgo

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

El aumento de la demanda mundial por aluminio, considerado material crítico para la llamada “transición energética”, aumentará los impactos en comunidades tradicionales en la Amazonía brasileña e intensificará la deforestación. La alerta hace parte del estudio Transición energética y la demanda por aluminio en Brasil, realizado por la Comissão Pró-Índio de São Paulo (CPI).

El aluminio es uno de los metales claves en la “transición energética” y podrá, según el estudio, tener un crecimiento mundial de 29% en la demanda hasta 2030. El metal ya es el segundo más utilizado en el mundo, después del hierro, con 67,2 millones de toneladas producidas en 2021.

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Brasil es el cuarto mayor productor de bauxita del mundo, materia prima del aluminio, y posee la cuarta mayor reserva internacional del mineral, después de Australia, Guinea y Vietnam.

El estado de Pará, en la Amazonía, posee alrededor de 75% de las reservas nacionales brasileñas de la bauxita. En el municipio de Oriximiná, en el mismo Estado, está la mayor productora de bauxita del país, la Mineração Rio do Norte (MRA).

De acuerdo con el estudio, la MRN a lo largo de los 40 años de operación, ha causado deforestación de 10,8 mil hectáreas para dar lugar a la instalación de minas de bauxita y presas de jales en la reserva Floresta Nacional de Saracá Taquera, en zonas originalmente utilizadas por comunidades tradicionales.

“Las comunidades impactadas por proyectos mineros, como los pueblos tradicionales de Oriximiná, sufrirán más la aceleración de la explotación minera y la apertura de nuevas minas y proyectos en Brasil, y particularmente en la Amazonía”, sostienen los autores del estudio Luiz Jardim Wanderley y Pedro Catanzaro Rocha Leão.

Emisión de carbono

Los autores alertan también para el hecho de que el aumento de la extracción de minerales, demandado para las nuevas tecnologías que requiere la “transición energética”, aumentará las emisiones de carbono. “Las emisiones de carbono relativas a la explotación minera mundial crecieron 50% entre 2005 y 2018. La emisión de carbono por la producción de aluminio casi duplicó en el mismo periodo y ya representa el 2% de las emisiones globales”, señalan los autores.

Inversiones para la “transición”

La “transición energética” cuenta con promesas de robustos paquetes económicos de los grandes Estados Naciones, conocidos como “New Green Deal Global”. “Los analistas del mercado apuestan en un nuevo ciclo de las commodities, en especial de los bienes minerales”. La meta de la Unión Europea y de los Estados Unidos, según el estudio, para cumplir el Acuerdo de París es alcanzar una matriz energética de emisión cero y una emisión líquida de impacto neutral hasta 2050.

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Para eso, se estima ser necesario una inversión de 2,5% del PIB mundial por años, es decir, 2 trillones de dólares en inversiones pública y privada. Solo en el sector minero, para aumentar la producción de los cinco principales metales para las tecnologías de la transición, serán necesarios 1 trillón de dólares en 15 años, siendo 335 billones destinados para el aluminio.

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La Cooperacha

Asesinan a Álvaro Arvizu, defensor del agua y agroecología

Fue “atacado con saña” en el centro de investigación donde laboraba, al pie del Iztaccíhuatl.

El defensor del agua y ambientalista, Álvaro Arvizu Aguiñaga, murió este lunes en la Clínica 71 del IMSS en Chalco, luego de no sobrevivir al ataque de varios sujetos que hace una semana ingresaron a sus oficinas del Centro para la Sustentabilidad de la Sierra Nevada Incalli Ixcahuicopa (Centli) en Tlalmanalco, Estado de México.

Arvizu Aguiñaga era promotor de la nueva Ley General del Agua, que plantea desmercantilizar el uso del líquido y que garantice su acceso como derecho humano. Además, ofrecía cursos de composta, invernaderos y agroecología en el Centli, centro de investigación que pertenece a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Colectivos de defensores condenaron el asesinato, exigieron justicia y poner freno a las agresiones contra defensores de la tierra y el territorio. Afirmaron que Álvaro Arvizu fue “asesinado con saña al defender de una agresión al Centli UAM en Tlalmanalco”.

La muerte de Arvizu es la segunda de un defensor de esta región de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. El 12 de junio en la Cañada del Agua, Tlalmanalco, el investigador de agroecología y apicultura la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Cuauhtémoc Márquez Fernández, fue atacado en su casa y murió posteriormente en el Hospital General de Zentlalpan, en Amecameca.

Al momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no se había pronunciado sobre el caso.

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Planes de justicia son el tiro de gracia para pueblos indígenas: Pueblo Mayo-Yoreme

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

Myrna Valencia, profesora y defensora de derechos humanos, integrante del pueblo Mayo-Yoreme de Cohuirimpo, en el sur de Sonora, es firme al declarar que los llamados planes de justicia impulsados por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador son perjudiciales para los pueblos indígenas de México.

Como estrategia para impulsar su política dirigida a pueblos originarios, el gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T, como se le conoce popularmente) coordina trabajos con distintas comunidades, los cuales, de acuerdo al Director General del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, “permitirán conocer y dar respuesta a las justas demandas e históricas necesidades de los pueblos”.

Por ello, el gobierno federal mantiene reuniones con integrantes de los pueblos Yaqui, Séri, Wixárika, Náyeri, O’dam, Guarijío y Yoreme-Mayo, con quienes ha anunciado la implementación de estos planes para atender cuestiones diversas. Las prometidas para la tribu Yoreme incluyen la recuperación del río Mayo y el acceso al agua; construcción de infraestructura carretera y hospitalaria; además de solución de conflictos agrarios, entre otras.

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Valencia, quien también integra el Concejo Indígena de Gobierno (CIG) del Congreso Nacional Indígena (CNI), contrapone los dichos del funcionario y asegura que la estrategia del gobierno federal es más de lo mismo: “Los planes de justicia, especialmente ahí con nosotros los Yoreme, son el acoso y el último tiro de gracia”, sentencia a la par que denuncia la cooptación de líderes comunitarios y el uso electoral del asistencialismo gubernamental.

Su testimonio se suma al de las y los habitantes de las comunidades de Bachoco El Alto, Buaysiacobe, Masiakawi y el mismo Pueblo Cohuirimpo, quienes formalizaron la “Alianza Yoreme”, en enero de este año, para denunciar que “nuestra existencia ancestral está en grave riesgo debido al rotundo fracaso de la política indigenista implementada por el gobierno mexicano”.

Mediante pronunciamiento, la Alianza de los pueblos en el norte de México acusa que “la 4T es el instrumento ideal del capitalismo, pues, por medio de los empresarios, partidos políticos, crimen organizado y demás poderes fácticos se mimetizan políticamente para perpetuarse en el poder, dirigiéndonos acciones desidentitarias tales como desecación del Rio Mayo en el territorio de Nuestra Tribu”.

Para Myrna, el componente cultural del pueblo Mayo es fundamental para el trabajo organizativo en sus comunidades. Por ello destaca el abordaje de los pueblos de la Alianza para reclamar al Estado sus acciones que buscan negarles su identidad.

“Porque el gobierno yori, el gobierno blanco dice ‘este pueblo ya no es indígena’. Y se le pega la gana y lo anuncia”, menciona como crítica a la creación del Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas por parte del INPI, quien argumenta la necesidad de identificar a estos pueblos para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos.

Esta publicación forma parte de una serie de diálogos con participantes de la última Asamblea del CNI, realizada en Tehuacán, Puebla. Puedes consultar las entregas pasadas sobre las resistencias en el Istmo de TehuantepecMichoacán y Quintana Roo.

A continuación, compartimos el testimonio de Myrna Valencia quien también es miembro del Consejo del Gobierno Indígena de Cohuirimpo Río Mayo, uno de los ocho pueblos de la tribu Yoreme-Mayo, quienes abarcan una región entre el sur de Sonora y el norte de Sinaloa.


Avispa Mídia (AM): En las mesas de trabajo has reflexionado sobre los planes de justicia promovidos por el gobierno federal, ¿puedes compartirnos más detalles?

Myrna Valencia (MV):  Hemos visto tristemente que es más de lo mismo. En 2019 fueron las primeras avanzadas del presidente. Hicieron un diagnóstico entre autoridades indígenas de los pueblos, de las comunidades y de diferentes liderazgos. Tuvimos la oportunidad de asistir y el diagnóstico fue muy claro. Como no sabíamos bien de qué se trataba, ni de la derrama económica que iba a significar para quienes son cazadores de este tipo de recursos económicos y de puestos políticos; entonces, la gente fue fiel en decir el sentir. ‘Nosotros queremos la tierra, queremos la legalidad de la tierra. Queremos nuestros territorios y queremos el agua’, ese fue el sentir general que entregamos.

AM: ¿Cómo se ha desarrollado el trabajo del Estado?

MV: Se empezaron a llevar a cabo reuniones. El mismo INPI y otras organizaciones, que se dicen representantes de los pueblos indígenas, empezaron a incursionar, a irrumpir en las comunidades y nombrar autoridades indígenas a su gusto y a su conveniencia, que les favoreciera, claro está. Ha habido mucha ruptura a lo que son los gobiernos indígenas auténticos, no se les ha respetado. Ha habido personajes. Recuerdo ahorita a Juan Pérez Gil, que él dice ser vocero de los 8 gobernadores de los 8 pueblos. Nunca ha sido esto, ni siquiera informado, mucho menos legitimado.

Ellos han gozado como intermediarios de los recursos de la derrama del plan de justicia y eso les permite jugar con la voluntad de la gente, les permite aprovecharse de la necesidad y también ir acarreando voluntades hacia lo que viene, porque ellos nada más saben manejarse en las cuestiones electorales, y ya se están preparando para la siguiente elección, para eso ha servido.

Es una plataforma para las cuestiones electorales y también para los puestos de poder en el gobierno local, municipales, en las mismas instituciones como el INPI, en CEDIS (Comisión para la Atención de los Pueblos Indígenas de Sonora) que es para la atención de los pueblos indígenas en el estado. Eso es lo que estamos viviendo, es lo que estamos sufriendo. Avance en realidad no hay. En mayo del 2022 fue el presidente y anunció: ‘sé lo que quieren; yo no voy a pelear con los que tienen la tierra, voy a indemnizar y voy a cumplir con ustedes’. La gente aplaudía, era una euforia.

Pero tristemente, hemos visto muchas reuniones, talleres, mesas simultáneas de diferentes temas, a lo que nuestro pueblo no está acostumbrado. Nos está afectando bastante porque en las mesas de trabajo, hay gente que no está informada y otra gente que está mal informada. Entonces las mesas de trabajo, los talleres, las reuniones distan mucho de lo que la comunidad indígena, de lo que la población indígena necesita. Ya en tanto ir y venir, hasta se ha perdido. Nosotros hemos tenido esa constancia todavía y esa conciencia porque nos ha tocado estar desde el principio y nos ha tocado estar participando, con mucha vergüenza porque nos damos cuenta cómo se maneja la voluntad.

No se permitía el acceso si no tenían una representación como gobernadores (tradicionales, figura de los pueblos yoreme). Obviamente, quienes están al frente, ostentándose como representantes de la tribu y administradores de ese presupuesto para la puesta en marcha del plan, ellos pues, sí, reconocían a los que les daba la gana, entonces nosotros ya nos declaramos como Alianza y empezamos dentro de las reuniones a replicar, reclamar y a decir, pues esto es una farsa que es más de lo mismo.

AM: Una de las promesas se relaciona con la recuperación del río Mayo, ¿ya comenzaron estos trabajos?

MV: Si tuvieran realmente el deseo, hubieran empezado primeramente por darle la cuota de agua que viene, que es detenida en las presas para beneficiar a los terratenientes. Ya hace años que no se le da la cuota (de agua) necesaria al río y las especies de plantas y animales se están extinguiendo.

Nuestros territorios están secos, ya las personas que vivían en la ribera del río, pues hasta eso, les están afectando porque se les dieron concesiones a los habitantes originarios. Ellos tenían de cierta medida del cauce del río hacia las orillas, pero ahora como el cauce decreció, es apenas un chorrito de agua, pues sus casas quedaron fuera de la concesión y, aun así, pues los gobiernos les están cobrando esas posesiones, esos impuestos.

El río, que es uno de los elementos más identitarios de nuestra tribu está seco (…), seguimos siendo tratados como extranjeros en nuestro propio territorio, conducidos a un pensamiento que atenta contra la diversidad y todo esto.

AM: ¿Cuál crees es la importancia de los trabajos de este evento que les convoca?

MV: Respecto a la organización, pues es la base. Nadie de un gobierno externo va a venir y va a darse cuenta de lo que nos duele, mucho menos va a resolver nuestros problemas. Alguien que viene de fuera y que se dice ser nuestro representante, en este caso como el gobierno blanco, lo único que hace, pues, es aprovechar los recursos que hay de nuestros impuestos.

Pero la organización, en este caso, el Congreso Nacional Indígena que nos congrega en esta ocasión, y que nos anima a la organización, yo creo que es lo mejor que podemos hacer como pueblos originarios, como personas con una identidad de un pueblo nativo, porque eso nos va a permitir conocer en lo personal, en lo cerca, los dolores que sufrimos como pueblos, que sufrimos como comunidades.

Aquí el rasgo que se fomenta, que se reconoce y que nos hace sentir realmente orgullosos de nuestro origen es la comunalidad. Aquí eso lo vivimos, eso lo expresamos, lo manifestamos y también lo podemos llevar a nuestros lugares, gracias pues a los principios del mandar obedeciendo del CNI y el compromiso tan grande que tenemos como Concejo Indígena de Gobierno de ir formando, implementando y organizando esta forma de autogobernarnos en nuestras tribus.

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