Estimadas Señoras y Señores,

Nos dirigimos a ustedes con el fin de expresar nuestra preocupación por la situación de los cinco defensores tzeltales criminalizados Manuel Santiz Cruz, Agustín, Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, arbitrariamente detenidos en 2022 y desde entonces presos en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciado (CERSS) n° 5, a la luz de la reciente publicación de la opinión emitida el 4 de abril de 2025 por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias acerca de su caso.

El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU realizó una visita a México y al Estado de Chiapas en septiembre de 2023, y tras recibir información sobre el caso de diferentes fuentes, transmitió sus alegatos al Gobierno de México el 22 de julio de 2024. La respuesta del Gobierno fue recibida el 18 de octubre de 2024. El 4 de abril de 2025 el Grupo de Trabajo emitió una opinión en la que se destacan una serie de deliberaciones referentes a las violaciones de derechos humanos cometidas contra los cinco detenidos en el marco tanto de su arresto como de su proceso judicial:

• La detención de los cinco se realizó sin una orden de aprehensión y sin que los detenidos fueran informados de los cargos que se les imputan. Tampoco fueron llevados ante un juez una vez fueron arrestados. La orden de aprehensión fue emitida a posteriori, pero antes de que la Fiscalía la solicitara, lo que evidenciaría la parcialidad del Juez en el desarrollo del proceso penal.

• No existían razones para la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, revelando la aplicación arbitraria de un mecanismo que debe ser la excepción y no la norma.

• Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar fueron sometidos a desaparición forzada durante las 24 horas que siguieron a su detención.

• Los detenidos no tuvieron acceso a un intérprete español–tzeltal ni en el momento de su detención ni en su proceso judicial hasta la reposición de las audiencias.

• Las pruebas presentadas por la Fiscalía en los dos juicios muestran incongruencias como la falta de datos sobre la ubicación de la víctima durante un período clave, la omisión del protocolo de primer respondiente, deficiencias en la determinación de la causa de la muerte, contradicciones entre la necropsia y los dictámenes periciales, ausencia de identificación formal del fallecido, peritos sin cédula profesional y conclusiones médicas que no se corresponden con el contenido del dictamen. A su vez, las lesiones descritas no coinciden entre los distintos informes ni con el cadáver.

Además, el Grupo de Trabajo reconoce a los cinco sentenciados como defensores de derechos humanos, y considera que su criminalización se debe precisamente a su labor de defensa de la tierra y el territorio y al hecho de pertenecer a la etnia tzeltal, discriminación que se extiende incluso a su falta de dominio del español.

En consecuencia, solicita que:

Como reportamos recientemente, los miembros de CNI del Ejido Tila y sus anexos, así como de los municipios vecinos de Tumbalá, Sabanilla, Yajalón y Salto de Agua en el norte de Chiapas, han estado sufriendo hostigamientos, amenazas, agresiones y detenciones arbitrarias, además de calumnias y difamación, por parte de los diferentes niveles de gobierno. Todo esto, con la participación activa de un grupo criminal denominado “Karma”, que itene vínculos tanto con ayuntamiento que durante años estuvo asentado ilegalmente en tierras ejidales, como con el grupo paramilitar Paz y Justicia que aterrorizó a la población en la segunda mitad de la década de 1990, como parte de la estrategia contrainsurgente del Estado para destruir al EZLN.

Como denunciamos en junio de 2024, tanto el Estado como los medios de comunicación han hecho caso omiso de la historia de lucha por la tierra y territorio, así como el despojo y la violencia criminales orquestradas desde hace décadas por el mismo Estado contra el pueblo chol de Tila.

En un comunicado publicado por el Congreso Nacional Indígena, el pueblo chol de Tila hace un recorrido histórico de dicha lucha, y exige el cumplimiento de las resoluciones legales a favor de los ejidatarios y el cese inmediato a la represión y criminalización.

A seguir, un resumen de la lucha histórica del Ejido Tila:

Antecedentes Históricos (1900–1936)

• 1900: El pueblo chol sufre su primer despojo de tierras por la finca Pensilvania Company Plantation, propiedad del finquero Maximiliano Rodemberg.
• 1910–1918: Con la Revolución Mexicana, los choles comienzan a organizarse políticamente y recuperan tierras. La gripe española de 1918 provoca la muerte de sus líderes.
• 1922–1934: El gobierno federal otorga resoluciones presidenciales, reconociendo el ejido de Tila con una superficie total de 5,405 hectáreas (2,938 hectáreas de terrenos nacionales y 2,466 de la finca Pensilvania).
• 1936: Se realiza el reparto oficial a 836 ejidatarios, con reconocimiento legal conforme al artículo 27 constitucional.

Intentos de Despojo y Conflictos con el Municipio (1943–1980)

• Desde 1943, el ayuntamiento municipal de Tila comienza a registrar casas y solares, invadiendo terrenos ejidales.
• En 1966, el gobierno local intenta crear un “fundo legal” de 130 hectáreas dentro del ejido. Esto se formaliza con el Decreto Expropiatorio N.º 72 (1980).
• Ejidatarios impugnan el decreto, lo consideran una expropiación fraudulenta.

Conflictos Agrarios y Represión (1980–2000)

• En 1981, los caciques locales y autoridades estatales retoman el poder mediante violencia y conflictos armados, despojando más tierras.
• Represión constante: Arrestos arbitrarios, destrucción del patrimonio ejidal, instalación de mercados sin permiso y apropiación de espacios ejidales.
• Entre 1990 y 2000, líderes ejidales, activistas y comunidades enfrentan hostigamiento, detenciones y amenazas.

Paramilitarismo y Manipulación Institucional (1994–2015)

• El grupo Paz y Justicia y otros grupos paramilitares son usados para controlar el territorio y reprimir a los ejidatarios.
• Autoridades locales manipulan elecciones de comisariados y falsifican documentos para legitimar su control sobre el ejido.
• Se intentan imponer proyectos sin el consentimiento de la asamblea (subestaciones, auditorios, mercados, etc.).

Resistencia Legal y Sentencias de Amparo (2008–2018)

• En 2008, se presenta el amparo 259, y en 2018, la Suprema Corte determina que:
  • Nunca existió legalmente un fundo legal en Tila.
  • Las 130 hectáreas son parte del ejido y pertenecen a los 836 ejidatarios.
  • El Decreto 72 de 1980 fue inconstitucional y se declara insubsistente en 2019 por el gobernador Rutilio Escandón.

Corrupción, Falsificación y Violencia (2018–2023)

• Autoridades estatales y federales en complicidad con el grupo paramilitar “Karma” y líderes corruptos intentan desconocer las resoluciones judiciales.
• Se falsifican firmas y se nombra ilegalmente a comisariados como Miguel Vázquez Gutiérrez.
• Bloqueos, enfrentamientos armados y asesinatos ocurren, especialmente en 2020 (3 muertos), con impunidad total para los responsables.

Persecución Reciente y Violaciones a Derechos (2021–2023)

• Continúa la persecución armada contra líderes y habitantes del ejido.
• Se identifican agresores armados relacionados con el grupo “Karma”.
• El 13–14 de julio de 2023, se documenta el ingreso del gobierno estatal con el grupo armado, violando múltiples artículos constitucionales y de la Ley Agraria.
• Se denuncian órdenes de aprehensión fabricadas contra inocentes y nula acción contra los agresores.

Demandas del Ejido

• Cumplimiento íntegro del amparo ganado en 2018.
• Cancelación del decreto expropiatorio y todo acto derivado del “fundo legal”.
• Respeto a la autonomía del pueblo chol, reconocido por la Constitución (art. 2 y 39), convenios internacionales (OIT 169), y por la Suprema Corte.
• Cese inmediato a la represión y criminalización de ejidatarios.

En 2022, el Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG) decidió crear la Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio, para unir y fortalecer las luchas en defensa del agua, la vida y el territorio de forma autónoma y libre de manipulaciones y utilización oportunista por parte del Estado. En agosto de ese año se llevó a cabo la primera sesión. Desde entonces, un total de cinco asambleas se han realizado en diferentes territorios.

Según el análisis del CNI-CIG y de la propia Asamblea, las iniciativas de la llamada “Cuarta Transformación” representan una exacerbación del despojo hídrico y territorial. El Plan Hídrico, que, según su evaluación, “no es otra cosa que robar el agua de las comunidades indígenas y de las colonias populares para entregarla a las grandes industrias”; el Plan México, que “encarna ocho megaproyectos energéticos, desviación, relleno, invasión y desaparición de arroyos, humedales, lagunas, el cauce y pérdida del caudal del río, reventa del agua tratada para la producción industrial”; los “planes de justicia” y su racismo sistémico; el reordenamiento territorial y sus afectaciones para los pueblos originarios y las colonias populares urbanas, “quienes son desplazados forzadamente con la gentrificación y/o con la violencia de los cárteles con la finalidad de entregarla a los criminales de traje”.

Al mismo tiempo, la violencia crece en el país: desapariciones forzadas, ataques paramilitares y del crimen organizado, militarización extrema y criminalización y agresiones contra defensores del territorio y de los derechos humanos.

Ante esta realidad, convocan a la 6a Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio, que se llevará a cabo el 18 y 19 de octubre en el pueblo de Loma de Bácum de la Nación de la Tribu Yaqui, Sonora.

A seguir, la convocatoria completa:

Fuente: Avispa Midia
Por Javier Bedía Prado

Los incendios forestales en la Amazonía superaron en el año 2024 los máximos registros históricos, concentrándose en Bolivia y Brasil, puntualmente en áreas de expansión del monocultivo de soya y la ganadería.

En total, el fuego y la deforestación destruyeron 4,5 millones de hectáreas de bosques primarios, según las observaciones satelitales del Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP). El impacto sin precedentes en el territorio amazónico supera alarmantemente las 3,4 millones de hectáreas perdidas en 2016, la mayor cantidad hasta entonces.

De las 2,8 millones de hectáreas arrasadas solamente por incendios el año pasado en toda la Amazonía, el 95% se localiza solo en Brasil y Bolivia. 

“El acontecimiento político dominante del 2024 fue la temporada de incendios que batió récords en toda la Amazonía. Los registros son especialmente significativos dado que la Amazonía ha experimentado varios años de incendios intensos en las últimas dos décadas. El más notable se produjo en 2016, tras el fenómeno de El Niño Godzilla. Sin embargo, las condiciones extremas de sequía de 2023 y 2024, asociadas a El Niño, superaron esos puntos de referencia anteriores, creando condiciones extremas”, señala el MAAP.

Fuente: Avispa Midia
Por Rocío Heredia

Ejidatarios de los municipios de Jiménez de Teúl y Sombrerete en el estado de Zacatecas denunciaron a  autoridades federales, estatales y municipales por realizar una reunión a sus espaldas, donde trataron el tema de la presaMilpillas,que pretende desviar 47 millones de metros cúbicos de agua anuales para abastecer la zona urbana industrial del Estado.

Presa Milpilllas es uno de los proyectos de infraestructura del Plan Nacional Hídrico, que pretende entrar en acción bajo una inversión greenfield, es decir, una forma de inversión foránea directa en el país, que se refiere a la creación o instalación de un proyecto desde cero, que no depende de infraestructura existente. Tiene una inversión estimada en $9,117,230,000 (MXN), según la plataforma oficial “Proyectos México”, que vincula proyectos de infraestructura y energía con inversionistas nacionales y extranjeros.

El motivo oficial para construir la presa es llevar agua, durante los próximos 50 años, al corredor Fresnillo-Zacatecas para un mayor consumo de agua en beneficio de 514 mil habitantes, así como disminuir la sobreexplotación de acuíferos por parte del sector público-urbano. La situación actual del proyecto se encuentra en la  etapa de “pre-inversión” y en sub-etapa de “preparación”. Los inicios de operatividad están previstos para el 2028. 

Aunque presa Milpillas es un proyecto anunciado desde 2015 por el ex gobernador priista en Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, fue hasta abril de este año que el tema volvió a cobrar vida. En abril de este año (2025), por acuerdo del gobernador actual, David Monreal, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la presa está incluida en el Plan México.

Fuente: Avispa Midia
Por Renata Bessi

^{Foto de portada por Renata Bessi}

Mientras en la tarde del último domingo (20) el presidente municipal de Oaxaca, Raymundo Chagoya, recorría el centro histórico para supervisar las obras de las calles Aldama y Las Casas, que hacen parte de la “revitalización” del centro histórico, a unas pocas cuadras de allí, en el Zócalo de la ciudad, se daba el mitin de cierre del Encuentro Nacional contra la Gentrificación, iniciado el miércoles, 16 de julio, cuya finalización de las actividades, que se extenderían hasta el lunes (21), fue adelantada por cuestiones de seguridad. 

La integrante del Observatorio Memoria y Libertad, Karen Castillo, una de las organizaciones convocantes de este encuentro, señaló que documentaron la “presencia y el acoso policial durante todo el encuentro; varios de nosotros fuimos perseguidos por patrullas pues intentando salir del encuentro y dirigirnos a nuestros hogares”. De igual manera, durante el encuentro en el Zócalo, dos policías estatales se metieron en el mitin e hicieron captura de imágenes de los participantes.

Las obras de embellecimiento urbano que supervisaba Chagoya fueron inauguradas la misma tarde del domingo, seguido de un acto festivo al tono del megaevento de la Guelaguetza, que se lleva a cabo durante todo el mes de julio en la ciudad, con la presencia masiva de turistas nacionales e internacionales en el centro histórico de esta ciudad. En la inauguración de las obras estuvieron el gobernador Salomón Jara y la indígena oaxaqueña elegida en el contexto de la Guelaguetza como la Diosa Centéotl, la mazateca Patricia Casiano Zaragoza.

Fuente: Avispa Midia
Por Isabel Ortega
^{Foto de portada: Isabel Ortega}

Elsa sueña con tener un vivero de árboles endémicos. Eso la llevó a estudiar ingeniería forestal y, con ello, a conocer alternativas para cuidar y restablecer el suelo. Sabía que quería hacer algo para inclinar un poco la balanza del daño ambiental en el territorio donde habita, y necesitaba sustrato para producir árboles. Había que empezar por un lugar: hacer composta.

En Magdalena Apaxco, aproximadamente a una hora del centro de la ciudad de Oaxaca, México, está el terreno del proyecto Hagamos Composta, del cual hace parte Elsa, un espacio que llama la atención entre el paisaje de cerros partidos en esta parte del Valle de Etla, una zona históricamente dedicada a la extracción de cantera amarilla para construcción. 

Al llegar a sus instalaciones, lo primero que se observa es la ausencia de olores distintos a los de la vegetación de la zona, solo al acercarnos un poco a alguna de las compostas, se puede percibir un poco el calor y los olores que emanan del proceso. Tampoco hay muchas moscas, ni se perciben lixiviados en el terreno, los únicos residuos visibles se encuentran en un par de decenas de cubetas al centro del terreno, recolectados el día anterior. Este espacio es, a todas luces, algo muy distinto a un basurero.

Hagamos Composta Oaxaca es un proyecto de mujeres surgido en 2021 dentro de una red nacional que ofrece un servicio de pago para la recolección de residuos orgánicos domésticos y su correspondiente transformación en composta. Un año después de su creación, incorporó el compostaje de heces fecales de perros y gatos, un servicio que, por la normatividad sanitaria, no puede ser cumplido por el sistema de recolección de residuos sólidos de los municipios.

Fuente: Avispa Midia
Por Javier Bedía Prado
^{Foto de portada por Red Muqui}

Decenas de líderes de pueblos amazónicos y comunidades campesinas costeras y andinas se reunieron en el Tercer Encuentro Nacional de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y del Medio Ambiente, realizado en Lima, Perú, del 7 al 9 de julio, en un contexto de profundización de los extractivismos y la coerción a través de normativas. 

Es el caso de la modificación a la Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), que aumenta el control indebido a las organizaciones de la sociedad civil, con el fin de restringir la acción ante problemáticas desatendidas o generadas por los gobiernos. 

Las condiciones ambientales y de salud pública son críticas, con el 31,5 % de la población nacional expuesta a niveles peligrosos de metales tóxicos. El cambio en la norma permite al Estado bloquear el financiamiento proveniente de otros países a colectivos organizados para acceder a justicia.

Seis niñas y niños fallecieron, entre abril y mayo, por contaminación e intoxicación con metales pesados y sustancias tóxicas. La Plataforma Nacional de Afectadas y Afectados por Metales, Metaloides y Otras Sustancias Químicas Tóxicasreportó este año que más de 10 millones de personas beben agua y respiran un aire con altos niveles de arsénico, plomo, cadmio y mercurio.

Fuente: Avispa Midia
Por Rocío Heredia

Indígenas Otomí pertenecientes al Concejo Autónomo Santiago Mexquititlán Amealco, Querétaro, presentaron este martes (15) una queja formal ante la Defensoría de los Derechos Humanos de esta  ciudad, por graves violaciones de derechos humanos ejercidas contra miembros de su comunidad, la cual ha sido catalogada como “zona de riesgo” por defender el agua.

La comunidad de Santiago Mexquititlán es una población otomí (‘ñañho’) que se ubica al sur del estado de Querétaro, sobre la orilla del río Lerma. El Consejo puntualiza que es adrede el que las autoridades municipales y federales señalen a Mexquititlán como una zona de “factor de riego social”, asociándolo a la categoría de “comunidades indígenas” que se oponen a la privatización del agua.

Los habitantes del municipio organizados por la defensa del agua, denuncian que la violencia es sistémica en su contra y que es parte de una estrategia contra los procesos organizativos que oculta bajo el discurso de “alteración al orden público”. 

Puente Madera, Oaxaca | Julio 2025
PUENTE MADERA, OAXACA
<< ENTRE LA CRIMINALIZACIÓN Y EL CASTIGO MUNICIPAL >>

Desde la Asamblea Comunitaria de Puente Madera y la APIIDTT, queremos informar y alertar a la
opinión pública, organizaciones de derechos humanos y a todas las comunidades solidarias, sobre la
persistente criminalización en contra de nuestro compañero David Hernández Salazar, a pesar de su
absolución legal.

David fue vinculado a proceso en la causa penal 446/2022 por los delitos de daños por incendio y
daños dolosos, y condenado el 7 de febrero de 2024 a 46 años y 6 meses de prisión, además del pago de más de un millón de pesos por reparación del daño y una multa de $182,000.00. Esta condena fue
dictada por el Juez Unitario del Circuito Judicial del Istmo con sede en Salina Cruz, Oaxaca.

Posteriormente, en segunda instancia, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, a través de
su Sexta Sala Penal Colegiada, revocó dicha sentencia y absolvió a David el 14 de mayo de 2024,
reconociendo las irregularidades en el proceso y la invalidez de pruebas utilizadas en su contra.

Sin embargo, en una acción preocupante, las presuntas víctimas interpusieron un Juicio de Amparo
Directo (371/2024), y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito resolvió el 28 de
enero de 2025 que debía dictarse una nueva sentencia sin considerar las pruebas declaradas ilícitas,
pero sí valorando otras pruebas ofrecidas.

El resultado fue una nueva resolución, dictada el 27 de febrero de 2025 por la Segunda Sala Penal
Colegiada, en la que se vuelve a ratificar la absolución de David Hernández Salazar, desestimando
nuevamente las acusaciones.

A pesar de esta doble absolución, en mayo de 2025, las presuntas víctimas volvieron a ampararse, lo
que mantiene vigente una estrategia de persecución judicial, y pone en alerta a la comunidad de Puente
Madera con el objetivo de continuar criminalizando la defensa del territorio y a quienes luchan por sus
derechos.

BASTA DE CRIMINALIZACIÓN CONTRA PUENTE MADERA
ALTO A LA PERSECUCIÓN JUDICIAL CONTRA DAVID HERNÁNDEZ SALAZAR

La lucha de David no es individual. El proceso judicial en su contra refleja la persecución sistemática
contra defensores y defensoras comunitarios que se han opuesto a la imposición del Corredor
Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) y a los Polo de Desarrollo para el Bienestar (PODEBI).
David debe quedar libre de todo proceso judicial, y la comunidad de Puente Madera libre de
hostigamiento. Su lucha por el territorio no puede seguir siendo castigada por un sistema de justicia
parcial y politizado.

Asimismo, desde la Asamblea Comunitaria de Puente Madera reiteramos la justa exigencia del
cumplimiento en la repartición equitativa y legal de los recursos provenientes de los Ramos 28 y 33, los
cuales corresponden por derecho a nuestra Agencia Municipal como parte del municipio de San Blas
Atempa. Históricamente, estos recursos han sido manejados de manera discrecional por las autoridades
municipales, negando a las agencias municipales, como Puente Madera, el acceso a fondos que deben
ser destinados al fortalecimiento de los servicios básicos, infraestructura, educación, salud y desarrollo
comunitario.

No existe registro alguno de una distribución justa de estos fondos a las agencias municipales, lo que
representa una violación constante a nuestros derechos colectivos y al principio de equidad
presupuestaria. Esta omisión histórica no solo refleja el abandono institucional, sino también la
intención de debilitar nuestras formas de organización comunitaria. Por ello, exigimos de manera firme
y urgente la entrega transparente y proporcional de los recursos de los Ramos 28 y 33 a Puente Madera
y a todas las agencias del municipio de San Blas Atempa.

¡NADA ESTA RESUELTO!
¡NO HAY PRIMAVERA OAXAQUEÑA, NI GUELAGUETZA,
SIN JUSTICIA, PAZ Y LIBERTAD PARA LOS PUEBLOS!
¡SI NO NOS ESCUCHAN, GRITAREMOS!

Asamblea Comunitaria de Puente Madera y la APIIDTT