A los pueblos de México y del mundo, A los organismos y colectivos defensores de derechos humanos, A las Redes de Resistencia y Rebeldía, A la Sexta Nacional e Internacional, A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes, A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde, A los medios libres e independientes, A quienes caminan la palabra de la vida.
19 de mayo de 2026.
La guerra criminal en contra de las comunidades de Michoacán no deja de crecer; mientras tanto, la complicidad de los gobiernos, expresada en su completo silencio, se exhibe cada vez con mayor fuerza y la percepción de que el gobernador en el estado, ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA, está coludido con el crimen organizado se transforma en certeza.
La acción criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ahora se desató en contra de la comunidad nahua de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán. Este martes 19 de mayo de 2026 la Encargatura de la Cofradía de Ostula, perteneciente a la Comunidad de Santa María Ostula, fue atacada nuevamente por un comando fuertemente armado perteneciente al CJNG.
Dicho ataque fue repelido por la Guardia Comunal de la comunidad, que durante casi una hora enfrentó el fuego de los delincuentes hasta lograr el repliegue de éstos, quienes continuaron disparando sus armas ya fuera del perímetro comunal en las proximidades del poblado de Coahuayula, municipio de Chinicuila, Michoacán. Gracias a la pronta reacción de la seguridad comunitaria no hubo daños, ni personas heridas o fallecidas que lamentar.
Junto a este hecho de violencia criminal es importante recordar que el domingo 17 de mayo del presente año, la comunidad purépecha de Santa María Sevina, municipio de Nahuatzen, sufrió un brutal ataque por parte del crimen organizado en el que fueron asesinados JESÚS ÁLVAREZ GUTIÉRREZ e IGNACIO CAMPOS GUERRERO, integrantes de la Ronda Comunal; y otro más se encuentra gravemente herido. Previamente, el miércoles 6 de mayo del 2026, un comando del CJNG, protegido por la policía municipal de Chilchota, atacó a comuneros de la comunidad purépecha de Acachuén, municipio de Chilchota, con un saldo de dos personas de la comunidad muertas y una más herida; asimismo, el pasado 11 de mayo, el CSIM fue cruentamente reprimido por la policía estatal al manifestarse en repudio a los sangrientos sucesos de Acachuén.
Como lo señalamos en nuestro anterior comunicado, durante los 2 últimos años las comunidades indígenas de Michoacán, tanto en la región purépecha como en la costa nahua, han sufrido decenas de incursiones armadas, incluidos ataques con drones y explosivos, en contra de la población civil, de instalaciones de todo tipo, de autoridades comunitarias y de los cuerpos de seguridad tradicionales.
A la situación de violencia antes descrita hemos de agregar el asesinato del representante comunal de la comunidad tepehuana/wixárika de San Lorenzo Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, MARCOS AGUILAR ROJAS, el pasado 26 de noviembre de 2025; y el violento desalojo de 8 familias tzeltales integrantes del CNI en Jotolá, municipio de Chilón, Chiapas, el pasado 12 de febrero, mismo que concluyó en el desplazamiento de 30 compañeros y compañeras y en la ilegal detención, hasta el día de hoy, de FRANCISCO MORENO HERNÁNDEZ.
Finalmente, entre los días 6 y 12 de mayo de este año las comunidades nahuas de Xicotlán, Acahuehuetlán, Alcozacán y Tula, municipio de Chilapa, Guerrero, integrantes del Consejo Indígena Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), fueron atacadas y bombardeadas, con una violencia pocas veces vista, por el cártel criminal de los ardillos frente a la inacción y la complicidad de los distintos niveles de gobierno, lo que provocó el asesinato de cinco compañeros del CIPOG-EZ, cientos de heridos, el desplazamiento de más de dos mil personas y la destrucción parcial de las comunidades antes señaladas. A dichos ataques deben agregarse los recientes bombardeos, también por parte de los ardillos, en contra de la comunidad mephaá de San Pedro Huitzapula, municipio de Atlixtac, Guerrero, por más de 22 días, que tuvieron como consecuencia dos compañeros asesinados y cientos de heridos y desplazados.
La guerra en contra de nuestros pueblos, una guerra capitalista de conquista, se torna cada vez más violenta y tiene como fin desplazarnos de los territorios que hemos ocupado de manera ancestral para despojarnos de ellos, para apropiarse de nuestros cuerpos y nuestra fuerza de trabajo, para hacer crecer las economías crimínales que sostienen este sistema de muerte que se nombra capitalismo.
Y en esta guerra el Estado mexicano y sus instituciones juegan a favor de los delincuentes, de los cárteles criminales, de las empresas trasnacionales que se enriquecen a costa del sufrimiento y el dolor de los pueblos que somos este país. La que se nombra clase política, quienes nos malgobiernan, sin importar su color o si se autonombran de izquierda o de derecha, cada vez se distinguen menos de los criminales que dicen perseguir.
Luego entonces, llamamos urgentemente a los pueblos, organizaciones, colectivos, medios libres y personas de México y del mundo que se nombran y se saben de abajo y a la izquierda, a organizarnos en nuestros calendarios y geografías para resistir esta guerra, esta barbarie, esta tormenta de muerte y destrucción llamada capitalismo.
¡POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS! ¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS! CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
En portada: Autoridades comunales, de las 24 encargaturas de Ostula, compartieron lo que recuerdan de aquel 29 de junio de 2009 cuando recuperaron las tierras comunales y fundaron Xayakalan. Foto: Regina López
En los próximos días, un tribunal con sede en Morelia, Michoacán, resolverá una demanda de amparo presentada por la comunidad nahua de Santa María Ostula, quien exige que se garantice judicialmente sus tierras frente a la invasión de personas que afirman ser pequeños propietarios. Como explica el abogado de la comunidad, Carlos González, el territorio en disputa, en el municipio de Aquila, se extiende por una franja de más de mil hectáreas de tierras comunales colindantes con el Océano Pacífico.
Este es un momento decisivo para la resolución del conflicto. “En el marco del Estado nacional, del Estado mexicano, es la última instancia”, argumenta el abogado González. En caso de que emitan una resolución desfavorable a la comunidad indígena, se apelará ante los tribunales internacionales. “El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos está enterado de la problemática de Ostula”, señala el abogado.
González define el conflicto social y agrario que se ha generado en Santa María Ostula, en los últimos 15 años, como uno de los más agudos de México. Ha dejado el saldo de al menos 40 comuneros asesinados y otras seis personas desaparecidas. Este contexto se agudizó a partir de que los comuneros iniciaron la recuperación de sus tierras en 2009, sobre todo, del lugar sagrado que nombraron como Xayakalan. “Actualmente resistimos el feroz acoso del Cartel Jalisco Nueva Generación”, dice un comunicado firmado por los integrantes de esta comunidad.
En todos los casos de asesinatos fueron abiertas carpetas de investigación. “Pero no existen resultados”, informa el defensor legal de la comunidad.
A LOS PUEBLOS DE MÉXICO Y DEL MUNDO, A LA DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL MTRO. ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL EN MICHOACÁN. AL INGENIERO JOSÉ MARÍA VALENCIA GUILLÉN, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EN AQUILA, MICHOACÁN. A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS.
En este día en que se conmemora un aniversario más del inicio de la Revolución Mexicana, gesta heróica en la que los pueblos originarios derramamos nuestra sangre teniendo como bandera central la defensa y recuperación de nuestras tierras comunales, ANUNCIAMOS que el pasado quince de noviembre de este año nos fue notificada, por conducto del Juzgado Sexto de Distrito con sede en Uruapan, Michoacán, una histórica sentencia dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito en el amparo en revisión número 357/2023, A TRAVÉS DE LA CUAL SE DEJA INSUBSISTENTE LA RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL QUE DOTÓ DE TIERRAS EJIDALES AL POBLADO LA PLACITA, MUNICIPIO DE AQUILA, MICHOACÁN, EL 20 DE JUNIO DE 1967, porque “afectó terrenos comunales pertenecientes” a nuestra comunidad y por lo tanto se dictó en violación de nuestros derechos fundamentales.
Sin duda alguna, SE TRATA DE UNA SENTENCIA HISTÓRICA PARA NUESTRA COMUNIDAD Y TAMBIÉN PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE ESTE PAÍS, PORQUE A LO LARGO DEL SIGLO VEINTE UNA DE LAS POLÍTICAS COLONIALES MÁS USADAS POR LOS GOBIERNOS EN TURNO PARA DESPOJAR DE SUS TERRITORIOS A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS FUE LA ILEGAL CREACIÓN E IMPOSICIÓN DE EJIDOS EN SUS ANTIGUOS TERRITORIOS COMUNALES, LO QUE PROVOCÓ SU PULVERIZACIÓN Y DESTRUCCIÓN. En dicho sentido saludamos la trascendental determinación del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito que pone en cuestión este largo proceso de despojo y marca un parteaguas en la inercia colonial y racista que ha mantenido hasta el día de hoy a nuestros pueblos con derechos de segunda y sumidos en la pobreza.
La sentencia dictada por el Poder Judicial es definitiva, razón por la que exigimos a la Presidenta de la República y a los gobiernos federal y del estado:
-Proceso judicial irregular podría despojar a la comunidad indígena nahua de 2 mil 760 hectáreas de su territorio y cederlas a privados
– La Suprema Corte tiene la oportunidad de hacer justicia y reconocer el territorio ancestral
La Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA), organizaciones nacionales como la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT), Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ), Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (CentroProDH), la Red Solidaria de Derechos Humanos, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, (IMDEC); e internacionales como el Grupo Núcleo de Indigenous Peoples Rights International (IPRI) en México y Front Line Defenders (FLD) presentaron cartas de respaldo en favor de la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula, Michoacán, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En las cartas manifiestan su preocupación por las persistentes irregularidades del proceso judicial que pretende arrebatarle 2 mil 760 hectáreas de su territorio a Santa María Ostula. Estas inconsistencias han sido señaladas por la comunidad indígena que desde 2023 emitió el amparo directo 463/2023 para el reconocimiento de la titularidad de sus tierras ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del décimo primer circuito de Morelia, Michoacán.
Esta es la última instancia a la que Ostula puede acudir para resolver el conflicto agrario que permanece desde el año 2004. El sistema judicial ha emitido resoluciones desfavorables hacia la comunidad, dando la pauta para que los “pequeños propietarios” tengan la posibilidad de despojar de su territorio a sus dueños ancestrales. Ante la resolución desfavorable más reciente, la comunidad de Santa María Ostula promovió un juicio de amparo ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito en Morelia, Michoacán, del cuál se espera una respuesta en las próximas semanas.
“Se han identificado, en el marco del proceso legal, múltiples violaciones al debido proceso: en particular, la negativa a contar con su propio perito y el incumplimiento de términos legales. Indebida notificación a las partes: La comunidad no fue debidamente notificada, lo que afecta su capacidad de defensa así como el incorrecto estudio y evaluación de pruebas que incluyen títulos, trabajos técnicos, resoluciones del caso, planos y actas, que no fueron correctamente valoradas” señala la carta entregada por las organizaciones nacionales.
Por su parte, las organizaciones que integran el Grupo Núcleo de Indigenous Peoples Rights International en México, señalan que los derechos a la libre determinación, a la autonomía, al autogobierno y a las tierras, territorios y recursos, están íntimamente relacionados entre sí. Por lo tanto la violación a uno de ellos, implica la vulneración del resto. Reconocen su preocupación sobre las inconsistencias en el proceso: desde el abuso de autoridad de funcionarios del tribunal por la falta de traductores y mecanismos culturalmente apropiados para notificar a las autoridades indígenas, así como de engaños para obligarles a firmar documentación que les afectaba en el proceso judicial.
Finalmente le recordaron a la Presidenta del Consejo de la Judicatura Federal que las relatorías Especiales en materia de Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en sus dos visitas oficiales a México han señalado que “La preservación y protección de las tierras, territorios y recursos de los pueblos y comunidades indígenas, debe tener prioridad por encima de cualquier otro interés en la solución de los conflictos agrarios.” y que “Los tribunales, incluyendo la Suprema Corte de Justicia, deben agilizar los mecanismos existentes para asegurar la implementación de las sentencias dictadas a favor de los pueblos indígenas”.
Así, las agrupaciones exhortan a los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en la Ciudad de Morelia, Michoacán y a la SCJN a que impartan justicia y que se reparen las graves violaciones cometidas en contra de la comunidad: “La pérdida de estas tierras tendría un impacto devastador en la comunidad, afectando su sustento económico, sus prácticas culturales y su cohesión social y más preocupante, sentaría un precedente de despojo avalado a favor de pequeños propietarios y en contra de las comunidades indígenas que son el sustento de nuestro país”.
Las organizaciones firmantes señalan que esta es la última oportunidad para que el sistema judicial haga justicia y reconozca la posesión de las tierras ancestrales de Ostula, pues sus habitantes dependen de ellas para el mantenimiento de sus costumbres, tradiciones, autonomía y autodeterminación.
El Estado tiene la obligación y la oportunidad de generar condiciones de paz y seguridad para la población. Los grupos delincuenciales y de “pequeños propietarios” buscan despojar al Pueblo de su territorio de Xayakalan para apropiarse de la riqueza natural con la que cuentan, lo que además generaría el desplazamiento de cientos de familias que habitan en este terreno en disputa y se sumaría a la larga lista de agravios de los cuales la comunidad es víctima, entre los que destacan los 42 asesinatos y 5 desapariciones en contra de los y las comuneras de Ostula.”
Firmas
Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA). Articulación de pueblos, comunidades, colectivos y organizaciones civiles, con presencia en 19 estados de la República. Integrantes: Campeche: Ejido Miguel Colorado Champotón, Unión de Ejidos en defensa del Territorio Maya, Observatorio de violencia social y de género, Colectivo Vidas, Mujeres por un Nuevo Amanecer, REDMYH A.C., Colectivo Maya de los Chenes; Chiapas: Proyecto Educador Comunitario Indígena, región VI Selva Cañadas, Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio-Ocosingo (MODEVITE Ocosingo), Comunidad Suclumpa Salto de Agua Chiapas, Gobierno Comunitario de Chilón centro de atención Bachajon: 1. Centro Bachajón,2. Xlemlajanten, 3. Las Limas, 4. San Sebastian Bachajon, 5. Yulub-max, 6. San Martín Cruzton,7. Jalal 1 Sección, 8. Las conchita, 9. Joybe yetal wits, 10. Pataliha, 11. Yaxtelha, 12. Uxyoquet, 13. Julba Pimil San Sebastian, 14. Chic abantelho, 15. San marcos uhaayil, 16. Ti cantelha, 17. Julbacpimil, 18. San pablo Chalam chén, 19. Yax winie, 20. Primavera, 21. Uhcayil, 22. Centro Cacualha, 23. Jetoaquil, 24. Ahlan Cacualha, 25. Waleha sil, 26. San Martin Pino Suárez, 27. Israel, 28. Carmen Cacualha, 29. Coral Ch´en, 30. Nich´ te´el, 31. Nueva Palestina, 32. Nuevo Tepeyac, 33. San Marcos Buena Vista, Gobierno Comunitario de Chilón, centro de atención C’ubwitz: 1. Sacun C’ubwitz, 2. Sacun Saquila, 3.Bawitz Jerusalén, 4. Jol sacun, 5. Sacun palma, 6. Sacun San Pedro, 7. Yochibja, 8. Q’uicisal, 9. Onteel, 10. Axupja, 11. Jol Axupja segunda Sección, 12. Mojón, 13. C’anal Ulub, 14. Nup’ha, 15. Laguna Verde, 16. Crucero Saquila, Tianguis Campesino, CDH Fray Pedro, Bienes Comunales de la Selva Lacandona BCZL, Movimiento del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y el Territorio (ZODEVITE), 20 De Noviembre, Santa Cruz La Reforma, Red Ambiental en Defensa de los Humedales de San Cristóbal, Enlace Capacitación y Comunicación región Ocosingo,Organización de los Pueblos Autónomos Maya de los municipios de Salto de Agua, Palenque, Tumbala y Yajalon; Chihuahua: Bosques San Elías Repechique, Huitosachi, Bacajípare, CONTEC, A.C.; Ciudad de México: Coordinadora Agua para todas y todos, agua para la vida, Tonelhuayotzin Nuestra Raíz A.C., Fundación para el Debido Proceso DPLF, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Colectivo de Abogadas, Oxfam México, Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible CCMSS, Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C., Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C (ProDESC), Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Enlace Comunicación y Capacitación Ciudad de México; Estado de México: Comunidad de Tepetlaoxtoc, Pueblo Indígena Otomí de San Francisco Magú, Concejo Comunitario de San Jerónimo Amanalco, Texcoco, Consejo Supremo Indígena de San Francisco Xochicuautla, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) – Atenco; Guerrero: Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Huehuetán municipio afromexicano por el principio de la Libre Determinación, Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC), Enlace Comunicación y Capacitación región Guerrero; Jalisco: San Lorenzo Azqueltán, Comunidad de Indígena de Tepizoac, San Juan de los Potreros; Michoacán: Defensores Comunitarios de Nahuatzen, Santa María Ostula, Xamoneta colectiva, Cherán Habitantes de la Comunidad Purhépecha de Comachuén, Carapan, Ésheni (Pichátaro y Zirahuen), Cheranatzicurín, Sevina; Nayarit: NuIwari A.C., Asamblea Permanente de la Comunidad Náayeri de Jazmín del Coquito; Oaxaca: Enlace Región Tlaxiaco, San Sebastián Ocotlán, San Jacinto Ocotlán, Tejas de Morelos,San Felipe Apóstol, San Matías Chilazao, San Jacinto Chilateca, Maguey Largo, Oaxaca El porvenir, Oaxaca, Servicios del Pueblo Mixe (SER A.C.), Enlace Comunicación y Capacitación A.C., Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y Defensa del Agua (COPUDA), San Isidro Zegache, La Barda Paso de Piedras, San Antonino Castillo Velasco, Santiago Apóstol, Santa Ana Zagache, San Pedro Mártir, San Martín Tilcajete, San Pedro Apóstol, Asunción Ocotlán, Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA), CDI Flor y Canto A.C.,Comité en Defensa de los Derechos Humanos y de los Bienes Comunales de Unión Hidalgo, Consejo Estatal de Derechos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca (CEDIAO); Puebla: Colectivo Kalakgpaliw parte del semillero de mujeres defensoras de nuestros territorios; Yucatán: U Yich Lu’um, Kanan derechos humanos; San Luis Potosí: Tlalij, Yolojtli uan Nemililistlij A. C., SEDEPAC Huasteca, Red de Mujeres Artesanas, Cocineras Tradicionales y Productoras del Campo de la Huasteca Potosina, Observatorio Indígena, Centro Ceremonial Teenek, Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina COCIHP, Autoridades de comunidades de los municipios de Axtla, Coxcatlan, Huehuetlán y Xilitla, Xochitzotlajmani, Kichaj, una luz para el desarrollo participativo en la Huasteca A.C.; Sonora: Pueblo de Vícam; Quintana Roo: Colectivo Maya Balaam; Veracruz: Colectivo Kalakgpaliw parte del semillero de mujeres defensoras de nuestros territorio, Colectivo Altepee (istmo de Veracruz).
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (CentroProDH)
Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas. Las organizaciones que integran el Espacio OSC son: ARTICLE 19; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Instituto de Derecho Ambiental (IDEA), Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT); SMR: Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México.
Grupo Núcleo de Indigenous Peoples Rights International en México
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Chiapas); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (Guerrero); Colectivo Emancipaciones (Michoacán); Colectivo Masehual Siuamej Mosenyolchikauanij, (Mujeres que se apoyan), CONAMI, ECMIA (Puebla); Consultoría Técnica Comunitaria (Chihuahua); Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, (Yucatán); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Jalisco); Servicios para una Educación Alternativa A.C.- EDUCA (Oaxaca).
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, (IMDEC)
Red Solidaria de Derechos Humanos
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT)
(Integrada por 87 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):
Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Agua y Vida, mujeres, derechos y ambiente (Chiapas); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.) Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Espacios para la Defensa y el Florecimiento Comunitario (ESPADAC),(Oaxaca); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Frontera con Justicia A.C. Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ (Guadalajara, Jal.); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF); Programa Universitario de Derechos Humanos Ibero León (Guanajuato) Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)(Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristóbal de las Casas, Chiapas).
En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la comunidad indígena de Santa María Ostula, ubicada en el municipio de Aquila, Michoacán, se encuentra en el epicentro de una crucial batalla legal y social que podría determinar el futuro de sus tierras comunales. Este momento es decisivo, ya que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito resolverá el amparo directo 463/2023 interpuesto por la comunidad.
La disputa legal que enfrenta la comunidad nahua de Ostula se centra en un litigio agrario histórico de más de dos décadas. En 2009, la comunidad recuperó más de 1,000 hectáreas de tierras que habían sido ocupadas por los llamados “pequeños propietarios y presuntos jefes del crimen organizado”, así lo han denunciado los comunitarios en un comunicado.
Foto: Regina López
El recurso de amparo directo 463/2023 busca revertir la sentencia del juicio 78/2004, que había otorgado las tierras a pequeños propietarios de La Placita, un grupo que, según las autoridades comunales, tiene vínculos con el crimen organizado. El Tribunal había confirmado esta sentencia, ignorando los documentos probatorios que respaldan la propiedad comunal de Ostula.
Amicus Curiae
Justo en este día que el Tribunal tendrá que decidir sobre el destino de estas tierras comunales, la defensa legal presentará informes y opiniones técnicos de más de 56 expertos en antropología, historia y arqueología mediante el recurso conocido como Amicus Curiae. Estos expertos son reconocidos a nivel nacional e internacional y su participación busca aportar una perspectiva objetiva sobre la validez de las reclamaciones de la comunidad.
Entrevista a Carlos González – Abogado agrarista del CNI.
En agosto el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito (Morelia, Michoacán), va a resolver el juicio de amparo directo 463/2023, a través del cual la comunidad indígena de Santa Maria Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, está impugnando la resolución que el Tribunal Superior Agrario dictó confirmando la sentencia del Tribunal Unitario Agrario distrito 38 dentro del juicio 78/2004, a través de la cual da un fallo favorable a supuestos pequeños propietarios de La Placita, reconociéndoles tierras en posesión inmemorial de la comunidad.
Este procedimiento estuvo plagado de fuertes irregularidades. Se trata de una disputa histórica por una franja de más de mil hectáreas de tierras comunales ubicadas junto al Océano Pacífico que Santa María Ostula recuperó en 2009 (circunstancia que la llevó a reorganizar su Guardia Comunal) y que tiene tras de sí una trágica cauda de 40 comuneros asesinados y 6 desaparecidos, incluidos sus más importantes dirigentes.
En el andamiaje judicial de nuestro país estamos ante la última instancia a la que la comunidad de Santa Maria Ostula puede recurrir, luego de que hace dos años la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una votación privada y sin escuchar a la comunidad, resolvió no atraer tan significativo litigio. Santa María Ostula es una comunidad nahua del municipio de Aquila. Esta y las restantes comunidades nahuas del municipio (Pómaro, El Coire y San Miguel Aquila) son propietarias, bajo el régimen comunal, de más de 200 mil hectáreas y comparten una colindancia con el Océano Pacífico en una línea mayor a los 100 kilómetros. Las playas ubicadas en sus tierras están muy bien conservadas y son muy hermosas. Asimismo, sus montes son de los más ricos en el mundo en metales como el oro, la plata y el hierro. Además los territorios de estas comunidades son importantes nichos ecológicos en los que son celosamente conservadas distintas variedades de tortuga, entre otras especies, y tienen significativas reservas de agua.
Por lo anterior se trata de tierras muy codiciadas por empresas mineras e inmobiliarias; y por supuesto por los carteles criminales en tanto que se trata de una estratégica región ubicada entre los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, los dos más importantes del país. De hecho parte de las tierras que la comunidad tiene en disputa las recuperó de los que en ese año de 2009 eran líderes de la Familia Michoacana y los Caballeros Templarios.
Justamente por esos intereses tan poderosos que han puesto sus ojos en las tierras de la comunidad, últimamente el Cartel Jalisco Nueva Generación ha lanzado violentos ataques sobre la comunidad, destacando el del 3 de julio de este año, con el uso masivo de drones y explosivos, sobre la población civil y casas del poblado de La Cofradía de Ostula. Pedimos generar campañas informativas y acciones sobre el Tribunal de amparo, sobre el Poder Judicial Federal y sobre el Estado Mexicano para que una terrible injusticia no se consume y se respeten las tierras y los derechos que tanta sangre han costado a la comunidad indígena de Santa Maria Ostula.
Pueblos y organizaciones de diversos estados de México lanzaron un comunicado en el cual reconocen la labor del Gobierno Indígena Comunitario de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, en la defensa de los derechos colectivos del pueblo indígena nahua y por velar por seguridad en su territorio.
La comunidad indígena nahua de Santa María Ostula se encuentra enclavada en la región costa, sierra del Estado de Michoacán, una región rica en recursos naturales, minerales y forestales. Sin embargo, es una de las zonas más violentas de México. La disputa entre diferentes grupos del crimen organizado por el control del territorio y sus recursos ha derivado en cientos de personas asesinadas y desaparecidas.
En este contexto, las habitantes de la comunidad indígena Nahua de Santa María Ostula, “han entendido que solo la unidad, el trabajo comunitario, el fortalecimiento de sus sistemas normativos internos y el cuidado de la madre tierra, pueden generar una alternativa para generar condiciones de vida digna dentro de su territorio”, sostiene el comunicado.
Desde el 2011, en el ejercicio de su derecho a la libre determinación, según los términos constitucionales y tratados internacionales, como lo es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Convención de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, las 24 comunidades y encargaturas, que conforman la comunidad indígena de Santa María Ostula, han fortalecido sus sistemas normativos internos conforme a su derecho como pueblo indígena a la libre determinación.
De acuerdo a las decisiones tomadas en asambleas generales, como máximo órgano de gobierno, han fortalecido sus instituciones de Gobierno Indígena, basado en sus autoridades agrarias, Consejo Comunal, Jefatura de Tenencia, Encargados del Orden y la Guardia Comunal.
En tal sentido, el gobierno indígena de Santa María Ostula “es garante de la legitimidad y capacidad de sus instituciones propias para generar mejores condiciones de vida en su territorio, que es uno de los lugares más seguros del país, a pesar de estar en una de las zonas más violentas”, sostienen las organizaciones.
Ante la falta de capacidad por parte de las dependencias del Estado para brindar seguridad, los grupos del crimen organizado mantienen el control de gran parte de la región costa – sierra de Michoacán y han intentado ingresar en los terrenos comunales de Ostula generando violencia y tensión, afirman.
A pesar de ello, la comunidad de manera organizada ha logrado repeler los ataques y ha buscado por medio del diálogo fortalecer las alianzas con el Gobierno Federal para, en conjunto y coordinación, hacer frente a la situación de violencia en la región.
De acuerdo a las organizaciones, la historia reciente “nos enseña que solo con la participación y control, legal y legítimo del Gobierno Indígena Comunal de Santa María Ostula, ha sido posible la construcción de la paz y la seguridad, que son dos de los temas más sensibles que enfrentamos como pueblo mexicano”.
En portada: Miembros de la Guardia Comunal de Ostula durante la celebración por los 14 años de la recuperación de más de 1,500 hectáreas comunales. Foto: Regina López.
Habitantes de la comunidad nahua de Santa María Ostula, en la costa michoacana, denuncian que desde los primeros días de febrero se han perpetrado una serie de ataques contra la población indígena por parte del grupo criminal Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Mediante comunicado, relatan que el pasado lunes (5) por la tarde, un grupo de sicarios atacó la encargatura de la Cofradía de Ostula, sin que se registraran personas lesionadas debido a la respuesta de su Guardia Comunal.
Resaltaron que, durante la agresión, se reconoció el uso de armas de muy alto calibre como lo son rifles de calibre .50. Además, los pobladores detectaron vuelos de drones en la zona de la comunidad donde sucedió la agresión armada.
Cabe destacar que, apenas el 1 de febrero pasado, un comando armado del CJNG compuesto de al menos 50 personas se internó al territorio de la comunidad nahua y atacó el mismo poblado de la Cofadría.
Durante aquella agresión, los sicarios hirieron a un comunero quien, debido a la pronta atención se reportó estable. Una vez más, debido a la actuación de la Guardia Comunal se consiguió repeler la agresión provocando que el grupo armado abandonara el territorio nahua.
Sicarios del CJNG quemaron una casa durante el ataque a la encargatura de la Cofradía perpetrado el 1 de febrero del 2024.
“Hemos llegado ya a un límite y nuestra comunidad va a hacer todo lo necesario para que la justicia llegue a las familias y a nuestra comunidad y para que se desarticule y acabe con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región”, sostuvieron los comuneros de Ostula.
Las y los habitantes de la comunidad nahua señalan que el contexto de violencia, lejos de mejorar, se ha recrudecido mediante la persistencia de los ataques por parte del grupo criminal. Sólo es mediante la presencia y trabajo de la Guardia Comunal que se ha podido mantener a raya al CJNG, mientras que, enfatizan, la Guardia Nacional, civil y la fiscalía del estado de Michoacán “solapan y protegen al CJNG”.
Señalan que, en los hechos, el gobierno de Michoacán y la Guardia Nacional no han hecho nada para garantizar la justicia en su territorio. “Todo lo contrario, el gobierno estatal no ha dejado de criminalizar a nuestra Guardia Comunal a pesar de que el Juez Sexto de Distrito con residencia en Uruapan ordenó a los poderes públicos en el estado no realizar ningún acto tendiente a su desconocimiento”, sostienen en referencia a la pretensión, por parte del Estado, de desarticular y desarmar a su cuerpo de protección comunitario.
La criminalización de la Guardia Comunal de Ostula se ha mantenido a la par de las agresiones y asesinatos de sus miembros por parte del crimen organizado que mantiene el intento de invadir y controlar los territorios indígenas.
En enero del 2023, los comuneros Isaul Nemecio Zambrano, Miguel Estrada Reyes y Rolando Mauno Zambrano, fueron asesinados en un punto de vigilancia cercano a la cabecera municipal de Aquila por un comando de aproximadamente 20 sicarios del CJNG.Ante los recientes ataques, las y los habitantes de Ostula exigen la inediata desarticulación del CJNG, así como castigo a los crímenes cometidos en contra de los pobladores indígenas.
Ciudad de México, 07 de febrero de 2024
Actualización de la Acción Urgente 003/2024
Al firmar esta Acción Urgente se enviará automáticamente un correo a autoridades gubernamentales para exigir que frene la violencia en la comunidad nahua de Ostula. Consulta el listado de autoridades a las que les llegará tu petición al final de esta entrada.
El lunes 5 de febrero, alrededor de las 7:30 pm un grupo armado atacó nuevamente a la encargatura de la Cofradía de Ostula poniendo en riesgo a la población en general, en respuesta, la Guardia Comunal protegió a la comunidad evitando que resultaran personas lesionadas.
Ante el riesgo inminente de nuevos ataques, el 7 de febrero, la comunidad anunció la suspensión de toda actividad pública, incluyendo clases, reuniones y festejos, situación por la que hacemos un llamado emergente a las autoridades para que atiendan las peticiones expresadas en esta Acción Urgente.
Ciudad de México, 03 de febrero de 2024
Acción Urgente 003/2024
El 1 de febrero de 2024 un grupo delincuencial compuesto por al menos 50 personas efectuó un ataque armado dirigido al pueblo nahua de Santa María Ostula, Michoacán, dejando algunos bienes materiales destruidos debido a un incendio provocado, así como a un integrante de la Guardia Comunal herido que fue atendido de manera inmediata por la comunidad y se mantiene estable.
La población de Santa María Ostula está en riesgo, pues a pesar de que existe una Guardia Comunal que vela por la seguridad de la población, los recientes ataques y asesinatos registrados en 2023 nos mantienen en alerta ante otra agresión irreversible y daños a la vida e integridad física, psicosocial, así como la paz de las y los habitantes.
Hemos registrado diversos ataques, crímenes y graves violaciones a los derechos humanos. La violencia que se vive en Michoacán es consecuencia de un contexto en donde existe la permisividad del Estado Mexicano ante la presencia e impunidad de algunos actores como los grupos del crimen organizado y de empresas que implementan megaproyectos o que accionan para imponerlos.
Exigimos a las autoridades Federales y Estatales:
Se emitan las medidas de protección necesarias para garantizar la vida, la seguridad, e integridad de las personas integrantes de la Comunidad de Ostula.
Se respete y garantice en todo momento la labor que realiza la guardia comunal de Ostula
Se garantice el derecho a defender los derechos humanos de las personas defensoras de la tierra y la seguridad comunitaria
La inmediata investigación de los actores que perpetraron este y los anteriores ataques.
Que se genere una ruta de trabajo basada en una investigación diligente para garantizar el respeto a la organización comunal, la libre determinación, la seguridad comunitaria y el derecho a una vida libre de violencia.
Lic. Andrés Manuel López Obrador. Presidente de la República.
Queremos informar que los ataques del grupo criminal Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en contra de nuestra comunidad continúan.
El día de ayer, alrededor de las 7.30 hrs de la tarde, un grupo de sicarios atacó la encargatura de la Cofradía de Ostula, afortunadamente y gracias a la respuesta de nuestra Guardia Comunal, no hubo personas de Ostula lesionadas.
Se reconoció el uso de armas de muy alto calibre, como lo son los rifles de calibre .50. Además, también se han detectado vuelos de algunos drones en esta misma zona de la comunidad.
Denunciamos estos hechos y tememos que continúen. De igual forma, agradecemos a nuestra Guardia Comunal el esfuerzo que están haciendo para mantener la integridad de la población y la seguridad al interior de la comunidad.
