En portada: Samir Flores durante sus labores de comunicador en la radio comunitaria Amiltzinko.
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala anunció que la Justicia Federal atraerá el caso del asesinato del indígena nahua, Samir Flores Soberanes.
El 20 de febrero del 2019, Samir Flores, defensor del territorio y comunicador comunitario de la Radio Comunitaria Amiltzinko, fue asesinado en la puerta de su casa, en la comunidad de Amilcingo, Morelos, México. Samir tenía 7 años luchando junto a su comunidad y el Frente de Pueblos contra el megaproyecto energético Proyecto Integral Morelos.
La investigación del caso había quedado en manos de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Durante años el órgano “no ha investigado con seriedad las diferentes líneas de investigación, principalmente las relacionadas con sus actividades como defensor del territorio y comunicador comunitario, tratando de minimizar su asesinato a una acción aislada de la delincuencia organizada”, denunció el Frente de Pueblos.
El 22 de agosto, el Juez de Distrito Eduardo Antonio Velasco Treviño determinó que la facultad de atracción de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) es fundada al existir los indicios y datos de prueba suficientes para considerar que lo asesinaron por su labor de periodista.
El Fiscal a cargo de la FEADLE, Ricardo Sánchez Pérez del Pozzo, también señaló que en la carpeta de investigación se advierten datos de prueba en que uno de los testigos presenciales de los hechos, en que se planeó su ejecución, “señala que se iban a chingar a todos los que se encontraban en el tema del Proyecto Integral Morelos (PIM) y porque Samir era un locutor de la radio que les debía varias”, sostuvo el Frente de Pueblos en un comunicado.
La FEADLE también señaló que, conforme al análisis de contexto que realizó, se observa la vinculación entre el trabajo de Flores contra el PIM y su asesinato, “por lo que será esta una de las líneas de investigación que abrirá, tomando en cuenta las personas y empresas que estaban a favor de este proyecto millonario”, añade el Frente de Pueblos.
La atracción es también un avance en materia del reconocimiento a los comunicadores indígenas y comunitarios como periodistas para contar con los mismos derechos de protección con que cuentan los que ejercen el periodismo en medios públicos y privados, ya que la Fiscalía de Morelos había argumentado que no existían las pruebas suficientes para determinar que Flores era periodista.
De acuerdo con el Frente de Pueblos, el expediente del caso de Flores ya fue entregado a la Justicia Federal, “por lo que ahora toca a la justicia federal dar con los asesinos materiales e intelectuales del asesinato”.
El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), está en la recta final de su periodo de gobierno y la tensión con los Estados Unidos, que quiere obligar a México a comprar su maíz transgénico y glifosato, continúa.
En diciembre del 2020, el mandatario mexicano decretó eliminar gradualmente este producto biotecnológico y el herbicida glifosato – agrotóxico vinculado a miles de casos de cáncer en el mundo – hasta llegar al año 2025. Son diversas reuniones entre los dos países que han derivado de la decisión de AMLO de prohibir la importación de maíz modificado proveniente de EEUU, utilizado normalmente para alimento de los cerdos.
Este primer decreto, tras la presión de los EEUU, ha sufrido diversos cambios. El último y más controversial, para la industria de la biotecnología de semillas, es el decreto del 13 febrero de 2023 en que se instruye a las dependencias gubernamentales y entidades de la Administración Pública Federal para que, en el ámbito de sus competencias, “se abstengan de adquirir, utilizar, distribuir, promover e importar maíz genéticamente modificado”.
También incluye la prohibición del glifosato, o agroquímicos que lo contengan como ingrediente activo, “para cualquier uso, en el marco de programas públicos o de cualquier otra actividad del gobierno”, establece el decreto, asegurando que se fiscalizará a quien viole las nuevas normas.
Por ello, en días pasados, el 17 de agosto, la Secretaría de Economía de México fue notificada por la Oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), sobre su intención de dirimir, a través de un panel arbitral del Capítulo 31 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá o T-MEC (Solución de Controversias), las diferencias entre ambos gobiernos en torno a la regulación mexicana del maíz genéticamente modificado. En esta misiva, los representantes de EEUU puntualizan que, este último decreto, es incompatible con disposiciones de los Capítulos 2 (Acceso a Mercados) y 9 (Medidas Sanitarias y Fitosanitarias) del T-MEC.
Katherine Tai, representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR), recibió todo el respaldo de los representantes de la industria agroalimentaria o de biotecnología tras anunciar la solicitud para establecer el panel de solución, que busca impugnar la determinación del gobierno de México. El Consejo de Cereales de EEUU declaró estar agradecidos con Tai, “por dar este paso tan importante y necesario con nuestro importador número uno de maíz estadounidense”, puntualizó.
Katherine Tai, representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR) y el presidente Joe Biden.
Mientras tanto, el presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, Jason Smith, declaró estar preocupado “por el incumplimiento de México de sus compromisos del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés) en varios sectores, en particular la agricultura y la energía”.
El presidente del USMCA arremetió: “Espero plenamente que la administración Biden utilice todas las herramientas disponibles para garantizar el cumplimiento. Los agricultores estadounidenses dependen de un acceso estable a los mercados extranjeros, como México, para mantener en funcionamiento la explotación agrícola familiar. Cuando me reuní con el presidente López Obrador a principios de este año, dejé claro que México debe seguir las reglas y tratar a los agricultores estadounidenses de manera justa”.
El gobierno de México se prepara para una ofensiva de EEUU, asumiendo que está listo para actuar. “La defensa de México contará con el respaldo de diversas dependencias del gobierno federal competentes en la materia, tales como la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conacyt) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)”, señaló la Secretaría de Economía en un comunicado.
Actualmente, cada gobierno se encuentra en la elección y designación de los miembros del panel. Posteriormente emitirán un calendario de actividades. Conforme a los plazos previstos en el propio T-MEC, se calcula que la decisión del panel se pueda dar a conocer en el transcurso de 2024.
La resistencia
La Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, que por varios años ha dado seguimiento a la implementación de este paquete biotecnológico, emitió un pronunciamiento donde exige “alto a la injerencia de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá en México”, porque consideran que “la soberanía nacional y alimentaria no se negocian”.
Los integrantes de esta campaña rechazan los tratados comerciales que permiten a países extranjeros enajenar la soberanía nacional y alimentaria.
Diversos científicos y académicos que forman parte de esta campaña han presentado pruebas al gobierno mexicano, quien ha propuesto realizar una investigación conjunta con los Estados Unidos con el propósito de analizar los daños ocasionados por el glifosato y el maíz modificado hacia la salud humana.
“La respuesta del gobierno estadounidense ha sido: no. Esta negativa muestra que no existe voluntad de avanzar de manera constructiva, ya que el solo hecho de aceptarlo pondría en duda lo que el gobierno de Estados Unidos y las transnacionales han buscado imponer como verdad absoluta: que el paquete tecnológico glifosato y maíz genéticamente modificado no conlleva daños a la salud”, agregan los activistas en favor del maíz nativo.
Los activistas retoman hechos que demuestran que este paquete de biotecnología ha provocado diversos daños, incluso, a ciudadanos estadounidense. Pero las empresas prefieren pagar una compensación antes que reconocer que sus productos son cancerígenos y sacarlos del mercado, porque perderían “el negocio multimillonario que representa este herbicida (glifosato)”, denuncian, asegurando que a México se le quiere imponer un sistema agroalimentario.
Plantaciones de maíz genéticamente modificado en EEUU.
Tras esta presión de las empresas de la biotecnología y del gobierno de Estados Unidos por imponer que los mexicanos importen maíz modificado para su consumo, los activistas llaman a no permitir “que un país extranjero a través de un tratado comercial imponga condiciones que ponen en riesgo nuestro derecho a un ambiente sano, a la salud, a la vida, a un trabajo digno libre de tóxicos, y a preservar nuestro extraordinario patrimonio cultural y nuestra biodiversidad”.
Las cifras hablan
Por otra parte, desde el pasado mes de julio, la gigante de los agroquímicos y semillas modificadas, Bayer-Monsanto, anunció una caída brutal en sus ventas de hasta 2 mil 200 millones de dólares, relacionado con el retroceso de ventas de sus herbicidas a base de glifosato, potencialmente cancerígeno, bajo la marca Roundup.
Según la empresa, “la explicación se encuentra ante todo en el retroceso masivo de las ventas de productos a base de glifosato”.
Bayer enfrenta un sinnúmero de demandas judiciales en Estados Unidos, incluso, espera que se vayan sumando más denuncias. Desde el año 2021, la propia empresa sostenía que había logrado resolver 113 mil demandas de las aproximadamente 160 mil que ya se le habían acumulado. “Consideraremos la posibilidad de resolver los casos cuando sea estratégicamente ventajoso para la empresa hacerlo”, reza Bayer en su sitio web oficial. Al finalizar el año 2020, la empresa había cubierto en compensación más de 11 mil millones de dólares.
De acuerdo con la barra de abogados Lawsuit Information Center aún faltan por resolver casi 30 mil demandas. La mayoría se han presentado ante tribunales estatales y, al menos, 4 mil son colectivas pendientes en California.
Hasta el año 2013, tan solo siete demandas son las que Bayer ha logrado ganar. Entre ellas, la de la ciudadana estadounidense Sharlean Gordon, quien alegó que había desarrollado una forma rara de cáncer de sangre debido a la exposición al glifosato, contenida en el producto Roundup que utilizaba en jardinería.
“El 23 de mayo de 2023, el jurado del juicio Gordon emitió un veredicto a nuestro favor y determinó que Roundup no era responsable de las lesiones. Esta es la séptima victoria consecutiva de Monsanto en un juicio”, se vanagloria la multinacional, quien también ganó los casos Clark, Stephens, Shelton, Johnson, Alesi y Ferro.
La demanda más reciente que perdió esta multinacional fue este mes de agosto. Según la barra de abogados, “el Fiscal General del Estado de Nueva York presentó una demanda contra Bayer alegando que engañó a los consumidores de Nueva York al vender Roundup como un herbicida inocuo para el medio ambiente, cuando sabía o debería haber sabido que el producto podía causar cáncer”.
En relación a este caso, Bayer anunció que había aceptado llegar a un acuerdo por 6,9 millones de dólares. La demanda se basaba en la violación de las leyes de Nueva York relativas a la publicidad falsa y engañosa.
A la sexta nacional e internacional
A los firmantes de la Declaración por la vida
A los medios de comunicación honestos
A quienes luchan por la verdad y justicia
Desde la Red de Resistencias y Rebeldías Ajmaq nos pronunciamos.
Sabemos que las cárceles son un negocio más del capitalismo y que la “justicia” mexicana se distingue por la impunidad, la violación a derechos humanos y que sólo está al servicio de quienes pueden comprarla, no así para quienes son pobres e indígenas, para quienes luchan y construyen alternativas de vida se les criminaliza y se les fabrican delitos, tal es el caso de José Díaz Gómez, base de apoyo del EZLN, que se encuentra encarcelado injustamente desde hace 9 meses, en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 17 “El Bambú”,en Catazajá, Chiapas. Acusado de robo ejecutado con violencia, al igual que otros cuatro BAEZLN quienes tienen órdenes de aprehensión.
José Díaz, es indígena Ch’ol y campesino de 45 años, originario de la Ranchería “El Trapiche”, en el municipio autónomo zapatista Francisco Villa, Caracol V, Roberto Barrios (Municipio oficial Salto de Agua). Fue detenido arbitrariamente, con uso excesivo de la fuerza, fue torturado, desaparecido e incomunicado por parte de elementos de la policía especializada adscritos a la Fiscalía del Distrito Selva. En la fiscalía le obligaron a poner su huella y firmar varios papeles en blanco, no fue asistido por un traductor de su lengua originaria, ni por un abogado.
Todos estos atropellos a la dignidad de José y a los mismos procedimientos legales dan cuenta de la fabricación de delito y la criminalización. El motivo real del encarcelamiento de José es el interés por el uso individual de la tierra que se quiere imponer al uso colectivo y de cuidado de la Madre Tierra pero que tiene sus raíces en el despojo de tierras al EZLN provocados por el mal gobierno con su Guerra integral de desgaste diseñada desde hace décadas por las diferentes administraciones.
Hemos realizado visitas al compañero José Díaz Gómez y nos duele ver su dolor pero también nos llena el corazón su amor y dignidad por la vida y la libertad. Al igual que el otro compañero zapatista preso Manuel Gómez Vázquez vemos que en estos sitios crueles las violencias generan un mayor desgaste psicosocioemocional y económico para ellos y sus familias. Aún así, ambos mantienen una luz en medio de tanta obscuridad.
Nos pronunciamos para exigir la libertad inmediata e incondicional de José Díaz y Manuel Gómez Vázquez porque sabemos de su inocencia, de la fabricación de delito en su contra por parte de la Fiscalía. No confiamos en la justicia del mal gobierno pues son ellos quienes encarcelan inocentes con argucias legaloides, por eso hacemos un llamado a luchar políticamente por la libertad de los presos políticos, a difundir información por todos los medios que tengamos a nuestro alcance sobre las injusticias que están pasando estos campañeros BAEZLN y a mostrar solidaridad con ellos y sus familias. Así como exigir que se cancelen las órdenes de aprehensión en contra de cuatro compañeros más.
Invitamos a diseñadores, artistas visuales y personas de buen corazón a realizar materiales gráficos por la libertad de José Díaz Gómez, para que puedan difundirse por redes sociodigitales, calles y plazas. Estos materiales gráficos se recibiran en formato digital a partir del 24 de agosto del 2023 al correo ajmaq_chiapas@riseup.net
¡Libertad a José Díaz y Manuel Gómez Vázquez!
¡Alto a la criminalizacion de quienes luchan!
¡Abajo los muros de las prisiones!
Adel Gutiérrez
Adriana del Moral Espinosa
Alberto Coria
Alejandro Mira Tapia
Alfinio Zendejas, Docente de educación física Veracruz
Ana María Vera Smith
Arnoldo Vargas García
Ageliki Kostari Grecia – Chios
Asamblea Libertaria Autoorganizada Paliacate Zapatista, Grecia
Asociación Cultural el Raval – El Lokal
Association Espoir Chiapas, Francia
Bárbara Suárez Galeano
Bertha Leticia loya Martinez
Betsy Zamarripa
Blanca Estrella Ruiz
Bonifacia Hernandez Flores
Borja Tomé Castedo
Braulio Montequin ( País Vasco)
Bruno Baronnet
Cafè Rebeldía-Infoespai, Barcelona (Catalunya)
Caitlin Manning
Camila Padilha Costa – Porto Alegre/RS – Brasil
Carlos Tornel
Carolina Dutton
Casa Okupa Chia-Paz
Cecilia María Salguero, Neuquén, Argentina
Centro Comunitario U Kúuchil K Ch’i’ibalo’on
Centro de Investigación en Comunicación Comunitaria A.C.
Chara Tzouma Grecia
CNI Milpa Alta
Colectiva Mujeres que Luchan Xalapa
Colectiva Mujeres Tierra
Colectiva Corazón del Tiempo, Puelmapu territorio ancestral mapuche, nor Patagonia Argentina
Colectiva zapatistas Somos batallas ganadas
Colectividad Nuestra Alegre Rebeldía de la Red Morelense en Apoyo al Congreso Nacional Indígena / Consejo Indígena de Gobierno
Colectivo Aequus.- Promoción y Defensa de Derechos Humanos
Colectivo Compas Arriba – Medios Libres
Colectivo gata-gata, Alemania
Colectivo Sí a la Vida, Coahuila
Colectivo Transdisciplinario de Investigaciones Críticas (COTRIC)
Comitè Acollida Zapatistes – Illes Balears i Pitiüses
Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata CIPOG-EZ
Coordinadora Anarquista Tejiendo Libertad CATL
Darien De Lu, Sacramento, California, USA
DESMI, A.C.
Diana Itzu Luna
Dionisios Apillonatos atenas Grecia
Dr. Gilberto López y Rivas
Dra. Alicia Castellanos Guerrero
Dra. María Candelaria May Novelo. (Centro Cultural y de Derechos Humanos Casa Colibrí)
Edo Schmidt, Sociologo
Elena Morúa, San Cristóbal, Chiapas
Enclave Caracol (TJ)
Espacio de Lucha contra el Olvido y la Represión (ELCOR)
Eugenia Vigil
Eva Arán Vidal, adherente a la Sexta. Puebla.
Eva María Serna Arán, adherente a la Sexta. Puebla.
Fabiola Ceballos Loya
Felipe I Echenique March
Fernanda Sanchez Pillot
Foro Internacional, Grupo México de Dinamarca
Fortino Domínguez Rueda / Universidad de Guadalajara, México
Francesca Cozzolino
Frente Xonacatlán en resistencia
Gabriela López
Groupe CafeZ (Bélgica)
Grupo de Trabajo No Estamos Todxs
Gruppe B.A.S.T.A., Münster, Alemania
Guadalupe Castillo Feliciano CNTE CDMX
Guadalupe Nuñez Salazar
Guillermo Castelán CNTE Sección 9
Irma I. Vázquez Cárdenas
Israel Pirra
Inés de la Crass
Inés Durán Matute, CIESAS
Jesús Meza
Johanna Bouchardeau, activista feminista, Francia
Jorge Alonso
Jorge Villa Medina
Jorge Luis López, Abogado Defensor de Derechos Humanos
Jorge Luis Hernández Castro
Josa Sanchez
José Antonio Olvera
José Luis García Valero
Kristian E. Vasquez
La ReVuelta, Grupo de trabajo de Economía Feminista Emancipatoria. Abya yala.
La Voz del Anáhuac – Sexta por la libre.
Laura Ulloa
Leonor Hurtado Paz y Paz, Asociación Q’anil
LifeLockDIY
Lumaltik Herriak, País Vasco
Lylia Palacios (Monterrey)
Ma Luisa Vargas T. CDMX
Ma. Agustina Martínez Pérez
Ma. Eugenia Sánchez Díaz de Rivera
Magdalena Gomez
Malú Huacuja del Toro, novelista, dramaturga y guionista mexicana.
Márgara Millán, FCPyS, UNAM y red de feminismos descoloniales
María Estela Barco Huerta
María Flores
María Isabel Pérez Enriquez
Maria Vanda Ianowski
Mario Galván
Mayvelin Flores Villagomez
Mecha Lamothe
Melva Vázquez
Mexicanos Unidos
Miguel Angel Samano Rentería, Profesor Investigador de la UACh
Mtra. en Estudios Latinoaméricanos Brenda Porras Rodríguez
Mujeres y la Sexta – Abya Yala
Nelly Bocchi
Nodho de Derechos Humanos
Octavio García, Profesor de Estudios Chicanos/as/x San Diego City College, San Diego, CA
Omar Valencia
Othir Santistevan
Pantaleon Riquelme. Docente, Buenos Aires (Argentina)
Pantelis Pailopoulos Atenas Grecia
Patricia Botero-Gómez, Centro de estudios independientes, Color tierra
Patrícia Rios Brandi – Brasil
Patricia Sepúlveda Parrao, Chile
Peter Rosset
Peter Stedman
Profra Martha Lechuga Luna
Rabia Callejera (TJ)
Radio Zapote
Raíces en Resistencia, Ciudad de México
Ramona Mercado Autogestivo Natural – Córdoba – Argentina
Red de Resistencia y Rebeldía Tlalpan
Red de Ristencias y Rebeldías Ajmaq
Red de mujeres del oriente del Edo de Méx
Resistencias Enlazando Dignidad – Movimiento y Corazón Zapatista (REDMyCZapatista)
Rocío Servín Jiménez, Guanajuato, México
Rojos y Anarquistas Skinheads, sección Guadalajara. RASH GDL
Sara Díaz
Schools for Chiapas/Escuelas para Chiapas
Silvia Resendiz Flores
Sociólogo Fernando Alan López Bonifacio
Solidarisches Mittelhessen (Alemania)
Stephan Lynn DeWeese-Parkinson, abogado jubilado, Playas de Tijuana.
Taller Ahuehuete
Ulli Röding
Valeria Sbuelz – Córdoba – Argentina
Vendaval, cooperativa panadera y algo más
Ymoat Luna
González, quien fue detenida en el operativo de la Fiscalía de Asuntos Internos, ahora es señalada del delito de abuso de autoridad, por haber investigado el caso contra la magistrada Blanca Stalling. La abogada está a cargo de la defensa de al menos nueve abogadas y abogados, que trabajaron en casos de corrupción de alto perfil por varios años, seis de ellos son exfiscales del MP y tres de ellos exmandatarios judiciales de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
El Ministerio Público (MP) continúa sumando acciones contra operadores de justicia que encabezaron las investigaciones contra la corrupción en Guatemala. Esta vez, dirigió una nueva pesquisa contra la abogada Claudia González, quien seguía en el país representando legalmente jueces, fiscales, periodistas y activistas que están siendo perseguidos por el ente investigador.
González, quien fue detenida en el operativo de la Fiscalía de Asuntos Internos, ahora es señalada del delito de abuso de autoridad, por haber investigado el caso contra la magistrada Blanca Stalling, quien fue señalada de tráfico de influencias, pero beneficiada por el sistema de justicia.
Pese a los riesgos, González estuvo al frente de la defensa de varios operadores de justicia, como los casos contra Juan Francisco Sandoval, Virginia Laparra y la abogada Leily Santizo. En abril, fue reconocida en Holanda por la organización “Abogados para abogados” (Lawyers for Laywers) con el Premio que otorga la organización a los profesionales del derecho que enfrentan un alto riesgo debido al trabajo que realizan.
A su traslado a la Torre de Tribunales, González dijo que se siente preparada para enfrentar el proceso y la acusación “totalmente falsa”. “Es usual que utilicen el sistema para mantenernos en prisión, mantenerme en carceletas y con orden de aprehensión. Esperemos que el fiscal Noé Rivera venga bien preparado con su imputación”, declaró.
Acá la declaración de la abogada a su traslado:
La exmandataria de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) está a cargo de la defensa de al menos nueve abogadas y abogados, que trabajaron en casos de corrupción de alto perfil por varios años, seis de ellos son exfiscales del MP y tres de ellos exmandatarios judiciales de la CICIG.
Abogó por operadores de justicia
A diferencia de otros operadores de justicia, la abogada González seguía en el país y encabezaba el equipo legal que está a cargo de defender a los fiscales que han sido detenidos. Entre ellos, Paola Escobar, Allis Morán, Carlos Videz, Juan Francisco Sandoval, Virginia Laparra, entre otros fiscales que dirigieron casos de alto impacto.
Como mandataria de la CICIG, también investigó casos que alcanzaron a altos funcionarios del Estado, narcotraficantes y empresarios. Uno de ellos fue el de Blanca Stalling, a quien acusó de tráfico de influencias tras la denuncia del juez Carlos Ruano.
A raíz de esos expedientes y, que seguía defendiendo a sus colegas, González estuvo denunciando acoso e intimidación en las redes sociales por parte de cuentas anónimas y dirigidas por los mismos señalados de corrupción.
El caso en el que más se le observó fue el relacionado con Virginia Laparra, quien lleva más de un año en prisión preventiva por dos casos. La exmandataria de CICIG recientemente logró que a Laparra le otorgaran una medida sustitutiva por uno de los casos.
En una entrevista con Prensa Comunitaria de abril, la abogada aseguró que el peligro de que fuera captura era latente. “Hay un caso en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en el que me denunciaron y no me han permitido tener el acceso a esa investigación, sí es latente el peligro en el cual me encuentro por el trabajo que desarrollo”, expresó.
Claudia González acompañando a su colega la exfiscal Virginia Laparra. Foto Juan Rosales.
Obtuvo reconocimiento internacional
El pasado 11 de mayo, Abogados para abogados” (Lawyers for Laywers), entregó un reconocimiento a la abogada González, por el trabajo de alto riesgo que continuaba realizando en el país.
“Este premio reconoce la situación de riesgo a la que se enfrentan muchos operadores de justicia, entre ellos las abogadas y abogados”, dijo Claudia González, defensora de varias operadoras de justicia que han sido criminalizadas por el Estado de Guatemala, entre ellas Virginia Laparra y Leily Santizo. El premio fue entregado en Holanda, el 11 de mayo.
El despojo del agua, los actores y métodos para su apropiación, así como su defensa y las luchas emprendidas por los pueblos fueron temas centrales de la tercera Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, efectuada mediados de agosto en el pueblo originario de San Gregorio Atlapulco, alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México.
La asamblea contó con la participación de 834 personas, provenientes de 209 organizaciones, colectivas, redes, pueblos originarios y comunidades indígenas residentes, medios libres e individualidades, procedentes de 21 estados de la república mexicana, así como invitados de nueve países.
Las participaciones señalaron las armas que son utilizadas para imponer el despojo del agua. Entre ellas, destacan la manipulación y división de comunidades; la privatización y mercantilización, así como estrategias de remunicipalización. También las concesiones “que privilegian a empresas privadas e industria, la cooptación de comités comunitarios del agua, y los planes y programas de reordenamiento territorial”, enfatiza la declaración de la asamblea.
Foto: Asamblea por el Agua y la Vida
Además, señalan a diversos actores que participan en la legitimación del saqueo, entre ellos académicos y expertos cuyos discursos enarbolan conceptos como: agroecología, conservación ambiental, desarrollo sustentable, tecnologías verdes y justicia climática, “para que los poderosos no se enojen y den financiamiento por medio de Ong´s y estímulos económicos que fragmentan y dividen a las comunidades”.
Guerras de exterminio
Una de las principales denuncias es la guerra de exterminio contra los pueblos zapatistas en Chiapas, la comunidad nahua de Ostula, en Michoacán, así como la violencia y represión contra pueblos originarios del Valle de México, Tlaxcala, Querétaro, entre otras geografías.
Mediante la declaratoria, los participantes señalaron la violencia de grupos paramilitares como la Organización de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), la invasión de programas gubernamentales para la destrucción y división comunitaria como “sembrando vida”, el desplazamiento forzado de familias y comunidades enteras Bases de Apoyo Zapatistas; así como el encarcelamiento de Manuel Gómez Vázquez y el intento de asesinato de Jorge López Santiz, hechos que mantienen en alerta a todos los caracoles zapatistas en Chiapas.
También se refirieron a la desaparición y asesinato del indígena nahua Lorenzo Froylán de la Cruz Ríos, integrante de la Guardia Comunal de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida y con huellas de tortura tras nueve días de su desaparición, a principios de agosto.
“Los responsables materiales que gozan de toda impunidad y complicidad del Estado y de los gobiernos estatales son: los integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación, y el narcogobierno de Michoacán, encabezado por el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, quien acaba de anunciar que esta guardia es ilegal. Esto representa un nuevo golpe de represión, además se agrega un orden de desalojo por el Tribunal Unitario Agrario 38, además de solicitar la presencia de la Marina en el territorio autónomo de Santa María Ostula”, denuncia la declaratoria.
Otro de los casos referidos es de la comunidad de Calpulalpan, Tlaxcala, donde en mayo de este año, mujeres, niños y personas de la tercera edad sufrieron represión física y psicológica por su labor en la defensa del agua. También exigieron la liberación de los defensores del territorio, Raymundo Cahuatzi Meléndez y Saúl Rosales Meléndez, de la comunidad de San Pedro Tlalcuapan, Tlaxcala, así como un alto a la iniciativa de ley de aguas en Tlaxcala.
Reiteraron el alto a la violencia sistemática en Querétaro contra las personas que defienden el agua, manantiales y el territorio, “como es el caso de la Comunidad de Escolásticas, quien fue brutalmente reprimida el pasado 13 de junio. Denunciamos la intensificación de la violencia desde la aprobación de la ley que concesiona el servicio de agua en Querétaro. Exigimos su abrogación o eliminación”.
Foto: Asamblea por el Agua y la Vida
Denunciaron que, en los pueblos originarios del valle de México, como Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta, Iztacalco y Coyoacán también se viven procesos de exterminio. En ellos, las mujeres son afectadas por la imposición de complejos megaurbanizadores, habitacionales y comerciales “que se roban nuestra agua, quintuplicando las jornadas de trabajo para nosotras, destruyendo nuestros saberes y restándonos autonomía, provocando mayor violencia sexual y económica hacia nosotras hasta llegar al deplorable aumento de los feminicidios de mujeres de origen campesino, no obstante, gracias a las mujeres que luchan y resisten, nuestros feminismos ancestrales se levantan”, sostienen en la declaratoria.
Resaltan los casos de violencia de género que enfrentan mujeres de pueblos en Xochimilco por parte de la Alcaldía. “A las mujeres autoridades tradicionales de San Gregorio Atlapulco, así como a las mujeres del único Concejo Autónomo de Gobierno en Xochimilco (San Luis Tlaxialtemalco), a quienes nos han difamado a través de las redes sociales, golpeado físicamente, lastimado social y psicológicamente, con amenazas de muerte, incitando al linchamiento”, acusan.
En su conjunto, los participantes exigieron detener la criminalización contra Patricia González Guzmán, presidenta del comité Pro-panteón de San Gregorio Atlapulco, así como el cese al despojo del agua, la tierra y el territorio de todos los pueblos originarios de la región, por lo cual demandan la restauración del ciclo natural del agua en la microcuenca Tláhuac-Xochimilco, Milpa Alta-Chalco.
Acciones
Aseguraron que seguirán ejerciendo y fortaleciendo su derecho a la libre determinación, el camino hacia la autonomía. “La resistencia y las rebeldías son las herramientas para recuperar nuestra historia, nuestro territorio, nuestra madre tierra y la vida; como pueblos, recuperaremos nuestra cosmovisión y espiritualidad que nos ha sido robada y ratificamos también, que No nos rendimos, No nos vendemos y No Claudicamos”.
Al finalizar la tercera Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, se acordaron una serie de acciones, tales como la realización de una posterior reunión en Tlaxcala entre los meses de febrero y marzo de 2024. También se convocó a realizar manifestaciones contra la Comisión Nacional del Agua para el 25 de septiembre de este año, así como a participar en la movilización nacional en contra de la guerra que enfrentan los pueblos zapatistas para el próximo 12 de octubre.
Exigimos al Tribunal Superior de Justicia de Chiapas la libertad de los cinco defensores tseltales presos de San Juan Cancuc
La resolución del recurso de apelación es un momento oportuno para detener la criminalización en su contra.
Ha transcurrido ya un año y tres meses de su Privación Arbitraria de la Libertad
El día de ayer 22 de agosto de 2023 se celebró la audiencia de alegatos de segunda instancia la Sala Regional Colegiada Mixta de San Cristóbal de Las Casas del Poder Judicial del Estado de Chiapas por el caso de los cinco defensores tseltales de San Juan Cancuc, Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, privados de su libertad desde el 29 de mayo de 2022 en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados Número 5.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) presentó ante el Tribunal las violaciones cometidas durante este proceso de fabricación de culpables. Fueron exhibidas las deficiencias y contradicciones probatorias resultantes de un evidente montaje de de pruebas y que pese a ello la Juez de primera instancia resolvió condenarlos. El Tribunal escuchó también las innumerables violaciones a derechos humanos, al debido proceso y a la presunción de inocencia que los jueces de primera instancia no tomaron en cuenta en un evidente contubernio para perpetuar este proceso de represión.
Los magistrados Julio César Pascacio Pérez, Pedro Raúl López Hernández y Josué Alejandro Utrilla Bravo tienen hasta el viernes 25 de agosto para decidir sobre el recurso de apelación, por lo que tienen una nueva oportunidad de dictar una sentencia absolutoria, que permita que los cinco defensores tseltales puedan recobrar su libertad y su proyecto de vida junto a sus familias.
Como recordamos, los cinco compañeros defensores tseltales han caminado en diferentes procesos de defensa de la tierra y el territorio, así como en contra de la militarización. El 29 de mayo de 2022 en un operativo conjunto entre la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Municipal tres de ellos fueron detenidos de manera ilegal en San Juan Cancuc, para después ser desaparecidos por más de 24 horas.
Fueron falsamente acusados por la Fiscalía de Justicia Indígena de haber sido detenidos en flagrancia, por posesión de drogas en San Cristóbal de Las Casas en una fecha posterior a la de su real detención. Enseguida los tres defensores fueron acusados, procesados judicialmente y condenados por un homicidio del cual no tienen ninguna responsabilidad, delito fabricado por el que hoy se encuentran luchando por su libertad.
Con motivo de la acusación por delitos contra la salud, dos integrantes de la comunidad acudieron a atestiguar la falsedad sobre la versión de la detención. Como reacción, la Fiscalía Indígena decidió deternelos acusándolos del homicidio mencionado.
Esta simulación no hace sino visibilizar la perversión del sistema en el que se articulan autoridades de los tres niveles de gobierno para estigmatizar a defensores indígenas en Chiapas. Desafortunadamente no se trata de un caso aislado, sino que hemos observado se trata de un patrón que es necesario desmantelar.[1]
Hacemos un llamado urgente a las personas, organizaciones y colectivos solidarios a instar al Poder Judicial del Estado a dictar una sentencia que sea absolutoria, de carácter progresista, imparcial, acorde a derecho y a los estándares internacionales de derechos humanos y con perspectiva intercultural.
[1] Más información al respecto en nuestro Sitio Especial “Fabricación de culpables contra defensores de pueblos originarios en Chiapas”, Disponible en: https://www.frayba.org.mx/presos-tseltales
Más de 100 hs. en huelga seca, con absoluta indiferencia del gobierno “progresista”
Hasta la cárcel de Temuco llegó el Lonko Víctor Queipul, pu Werken y familiares de los Prisioneros Políticos Mapuche (PPM) en huelga de hambre de la cárcel de Angol.
La delegación Mapuche ingreso a visitar a los PPM que se encuentran en ese recinto penitenciario en Huelga de Hambre en apoyo a los hermanos de la cárcel de Angol y sus demandas. Son 19 peñi en huelga de hambre, de cuales 8 están en huelga de hambre seca.
“El objetivo es poder verlos y enterarnos del estado de salud de todos los peñi (hermanos) que están en la huelga. Hemos podido ver que los peñi solidarios están decididos y convencido de apoyar las demandas de los peñi de la cárcel Angol. Entendiendo que es un acto solidarios entre mapuche y es también legitimo compartir los fundamentos de las demanda de establecer condiciones culturales, espirituales y otras, en consonancia del convenio N°169 de la OIT para los Mapuche en prisión política.” Señalo el Lonko Víctor Queipul.
Añade que “En el nutran se pudo establecer que la huelga de hambre liquida y seca esta en curso en Temuco. Lo mismo que la huelga de hambre liquida sigue en plenamente vigente en la cárcel de Angol.”
“Hemos podido entablar una conversación en la que hemos constatado que los peñi que llevan la huelga seca por mas de 100 horas presentan las primeros signos de complicación y una situación delicada. Esto nos tendrá atentos y comprometidos a monitorear su situación, acompañar y facilitar medios a nuestro alcance en las próximas horas en caso de necesitarse, así como también a los prisioneros en huelga de hambre liquida, que ya presentan baja de peso.”
“Queremos destacar la entereza y el newen (fuerza, energía) con que estos prisioneros políticos han decidido solidarizars con los prisioneros de Angol, da cuenta de la convicción con que el prisionero mapuche enfrenta la prisión política, comprendiendo que está condición es parte del weichan (luchador) mapuche.”
Por el fin a la dispersión de los prisioneros políticos mapuche.
Por la consolidación de módulos de prisión política Mapuche respetando el Convenio 169 de la OIT.
Dos años después del estallido social, las víctimas de la brutalidad policial que perdieron sus ojos siguen clamando por justicia.
Pasaron dos años de las mayores protestas registradas en la historia reciente de Colombia y quienes sufrieron lesiones físicas y psicológicas por cuenta de la violencia policial siguen exigiendo que se sepa quiénes fueron los responsables y se les sancione, mientras la justicia es para estas personas tan esquiva como su derecho a una atención digna en salud.
Al menos 116 personas fueron víctimas de lesiones oculares por cuenta de la represión con la que el gobierno de Iván Duque intentó silenciar el descontento de la población. La pérdida de sus ojos sigue siendo un doloroso recordatorio de lo que ha significado para los jóvenes enfrentar su indignación y compromiso por lograr una sociedad más justa con la fuerza bruta y el abuso como respuesta estatal.
Protestas frente al CAI de la Soledad en Bogotá en 2020. Foto: Andrés Gómez
“¡Mis ojos!”
Cuando estallaron las protestas en la ciudad de Pasto, al suroccidente de Colombia, Clara* era estudiante y, aunque nunca pensó en manifestarse en la calle, las agresiones de la Policía a los jóvenes que protestaban la llevó a salir a acompañarlos:
“Al principio quería como dedicarme a mirar, acá en la casa o así en la web, pero cuando sentí que ya era mucha gente dije: ‘la gente está poniendo de acuerdo, es verdad’ […] Miré una peladita [joven] que estaba en la plaza del Carnaval y un muchacho grabando. ¡Y taz! [le dispararon] a la muchacha con un gas lacrimógeno en la cabeza […] unos 18 a 20 años […] era jovencita […] Yo miré ese video y dije: ‘mierda, ¿qué pasó aquí?’. Entonces, como que ya empecé a salir a las manifestaciones, pero sola”.
Pasaron los días y la pelea en la calle no hacía sino crecer en todo el país. Clara ya no solo era una observadora sino que participaba activamente en el movimiento de los jóvenes y las Primeras Líneas, en sus reuniones en los cierres de vías y manifestaciones, tomando las precauciones que podía ante la violencia de la Policía: “Nosotros ya salíamos protegidos con escudo, casco, y gafas [de protección]. Sabíamos cómo se maneja la Fuerza Pública”.
Lamentablemente, nada la preparó para lo que pasó el 9 de junio de 2021. Según recuerda, ese día no pudo comer en la olla comunitaria que habían organizado otros muchachos como ella porque el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía la destruyó y arruinó los alimentos, y el cansancio ya se iba apoderando de su cuerpo. Esa noche el ataque de los uniformados fue especialmente brutal contra los manifestantes:
“Me di cuenta de que las gafas estaban empañadas y entonces dije: ‘[hay que] salir corriendo de aquí…’, porque ya se estaban preparando los del ESMAD para seguir disparando. Bajé las gafas un poquito para limpiarlas y cuando yo subí [la cara] el de la Policía ya estaba así [apuntándome]. Fue tan raro porque yo miré cómo se venía la ‘esa’ [granada de gas]. O sea, directo, en milisegundos que uno no alcanza ni a reaccionar ni nada. Uno queda así como en la nada […] Dije: ‘¡mis ojos!’, y ya, hasta ahí”.
Esa noche Clara perdió casi totalmente la vista en su ojo derecho y afronta graves problemas de salud desde entonces.
Clara ha encontrado formas de resignificar las lesiones oculares causadas por el ESMAD. Foto: Andrés Gómez
De acuerdo con la Casa de la Memoria, una coalición de defensores de derechos humanos surgida con ocasión del estallido social en Pasto, esa noche se reportaron 14 personas con lesiones físicas causadas por el exceso de fuerza del ESMAD, varias de ellas por disparos de diversos tipos de armas a la cabeza de los jóvenes.
La cosa no paró allí. Según Clara, la Policía se ensañó contra las personas heridas y los manifestantes tenían graves sospechas de que agentes de civil estaban suplantando al personal médico: “en ese tiempo hasta en las ambulancias estaban llevando por allá los chicos y les estaban dando… ¡qué golpizas!”. Por eso se negó a ser atendida por la Cruz Roja: “se dieron cuenta [los socorristas] de que yo era de Primera Línea, entonces dijeron: ‘uds. no se puede ir en ambulancia, toca en moto’”.
Objetos como este, un balín de plomo de unos 10 mm de diámetro y 15,8 gramos, fueron disparados por la Policía contra los manifestantes en Pasto durante el estallido social de 2021.
Disparos sistemáticos a la cabeza
Cinco semanas antes, dos jóvenes de Bogotá vivieron la misma tragedia: perdieron uno de sus ojos por el impacto de objetos disparados por la Policía hacia ellos.
El 1 de mayo de 2021 Daniel Jaimes llegó al sector de Marichuela en la localidad de Usme, al sur de la capital colombiana, para participar en la marcha del Día Internacional de los Trabajadores y manifestarse en contra de “el abuso policial, la privatización de la educación, la reforma tributaria, todas las reformas que se estaban lanzando en ese momento. Fue algo que nos hizo sentir afectados como comunidad”, según recuerda.
Esa noche un agente del ESMAD le disparó una granada de gas lacrimógeno al rostro y le generó graves lesiones que, por desgracia, no fueron atendidas oportunamente y lo llevaron a perder su ojo derecho.
Durante semanas tuvo que enfrentar demoras en la atención para su salud y barreras para recibir el tratamiento adecuado. A esto se sumó que el Hospital El Tunal, donde fue remitido inicialmente, no tenía especialistas para este tipo de lesiones y tuvo que ser remitido al hospital de Facatativá. Asegura que “en un mes recibí tres cirugías a nivel facial, también se vio afectado mi ojo derecho, mi nariz, mis pómulos, los pisos orbitales. Tuve una hemorragia en mi ojo izquierdo y una alta probabilidad de quedarme ciego”.
Después de un mes tuvo que continuar con el procedimiento en otro centro de salud, pues “la cirugía que me habían realizado no fue muy buena”.
“Asesinos”. Foto: Andrés Gómez
Ese mismo 1 de mayo, Juan Pablo Fonseca también salió a manifestarse, pero en la localidad de Usaquén al norte de Bogotá. Asegura que participó en las protestas debido que “ya veníamos con varias dificultades desde 2019 y 2020, haciendo presión para que fueran escuchados los jóvenes, se pedía una serie de cambios”.
Como Clara y Daniel, Juan Pablo también fue víctima de trauma ocular por el impacto de una granada de gas lacrimógeno disparada a su rostro. El joven, que en esa época era auxiliar de cocina, asegura que “afortunadamente […] tuve una atención pertinente para la gravedad de lo me había pasado: en 15 días ya había tenido 5 cirugías. Fue importante en su momento porque tenía la posibilidad de perder la vida”.
No obstante, no duda en señalar lo difícil que fue el proceso por la gravedad de las heridas que le causó la Policía en la cabeza:
“Fue muy doloroso porque las fracturas que tuve en la mandíbula, en la parte de los músculos, no me dejaban abrir la boca. Entonces, yo solo me estaba alimentando con líquidos y ya había perdido casi 17 kg, llegué a pesar casi 42 kg. Llevaba un mes hospitalizado […] Para la reconstrucción maxilofacial me abren por la parte coronal de la cabeza, tuvieron que levantar el rostro para empezar a reducir las fracturas, fueron aproximadamente 72 puntos, entonces el dolor era constante, tenía un catéter conectado para poder eliminar la sangre que estaba en el cerebro y que no tuviera coágulos”.
Actualmente, Daniel y Juan Pablo hacen parte del Movimiento en Resistencia contra las Agresiones Oculares (MOCAO), una iniciativa para que las víctimas de lesiones oculares puedan denunciar lo ocurrido y seguir exigiendo justicia.
Meses después la violencia policial siguió, a pesar de los llamados por parte de las Naciones Unidas al gobierno Duque para detener los ataques a los manifestantes y garantizar justicia para las víctimas. El 26 de agosto de 2021, David Racedo fue herido en Bogotá cuando protestaba en la localidad de Usme de Bogotá. Al igual que en los casos mencionados anteriormente, él también perdió uno de sus ojos por un objeto disparado por los uniformados, según recuerda:
“El ESMAD comenzó a lanzar gases indiscriminadamente y soy afectado en mi ojo derecho por una bala de goma […] Empiezo a sangrar y los jóvenes de la Primera Línea empiezan a gritar: ‘un herido’. Me ayuda la misma comunidad”.
David asegura que primero fue trasladado al hospital Meissen y no recibió allí mayor atención médica porque “no había especialistas en el área de oftalmología, entonces, al otro día me remiten al hospital El Tunal. Allí me revisa un oftalmólogo y me dice que es una herida grave pero que no tenían los especialistas”. David finalmente fue atendido en el hospital Simón Bolívar.
Para Carolina, una defensora que participó en el comité de verificación de derechos humanos en la localidad de Usme, “las exigencias eran bastante básicas: oportunidades laborales, un trabajo estable, alimentación”, pero el gobierno Duque se negó completamente a escuchar a los jóvenes. “Ellos [las autoridades] tenían la posibilidad de parar todo lo que ocurrió, hasta la muerte de personas. Hubieran podido parar la pérdida ocular de estos jóvenes. Esto se pudo evitar”, asegura.
Socorristas voluntarios. Foto: Casa de la MemoriaVoluntarios atienden a un herido. Foto: Casa de la MemoriaVoluntarios se reúnen frente a la Casa de la Memoria. Foto: Casa de la Memoria
Solidaridad
A pesar de todo esto, lo que salvó incontables vidas durante el paro nacional de 2021 fue la solidaridad. Por todo el país, decenas de voluntarios y profesionales de la salud se unieron para proteger a los heridos y brindarles apoyo. Sin embargo, las afectaciones físicas, económicas y mentales dejaron una profunda huella en las víctimas y sus familias, quienes enfrentan dificultades y luchan contra el olvido.
En Pasto los grupos de socorristas voluntarios y defensores de derechos humanos trasladaban a las personas que resultaron heridas a la Casa de la Memoria, donde recibieron refugio y primeros auxilios. Martín*, un voluntario que atendió allí a cientos de heridos, afirma que llegaron a tener “cuatro, cinco, seis, siete, camillas” pero que después no fueron suficientes. Agrega que la mayoría de las lesiones eran heridas abiertas por golpes de objetos, intoxicaciones por inhalar gas lacrimógeno e impactos directos a la cabeza. Según recuerda:
“Hubo un chico […] le dieron estando a 5 metros en el rostro. Creo que cuatro o cinco dientes perdió y estaba inflamadísimo. Le dieron directamente en la cara. A otros otros les dispararon en el pecho: uno casi se nos muere porque no podía respirar”.
Un disparo a corta distancia de la Policía le provocó esta lesión en la cara a este joven, quien perdió varios de sus dientes.
Desde la Casa de la Memoria, los heridos que necesitaban atención hospitalaria eran remitidos en ambulancias, pero la mayoría de estas fueron pagadas por las personas que se solidarizaban con la protesta porque, según Martín, las autoridades no ofrecieron ayuda alguna: “acá pasó algo particular y es que desde la alcaldía [de Pasto] nos decían que no había ambulancias. De hecho, hubo gente que pagó ambulancias [privadas] para llevar muchachos porque las ambulancias de la alcaldía nunca [aparecieron]”.
Clara asegura que el apoyo que recibió de los voluntarios médicos fue vital para evitarle complicaciones mayores y hasta para costear su tratamiento:
“Cuando [el doctor] me miró, [dijo]: ‘esto es de urgencias […] ¿Ya usted tiene la plata?’ […] Imagínense una cirugía de esas, porque fueron como cuatro a la vez en una, y yo creo que por ahí ya esa cosa va estando en sus seis o siete millones [de pesos]. A mí me tocó pagar como $400.000 no más y eso me lo ayudaron […] mucha gente me ayudó”.
Gracias a este apoyo y a la oportuna intervención quirúrgica que le realizaron, en la que se reemplazó parte de su humor vítreo por un sintético, Clara se salvó de la pérdida de su ojo derecho pero no puede ver por este y necesita de la atención de un médico especialista que no hay en Pasto: “imagínense la fila que tienen, entonces, la gente trata de irse como a Bogotá”, asegura.
Sin embargo, la solidaridad que permitía atender a los jóvenes heridos en la Casa de la Memoria también suscitó el acoso de la Policía, según recuerda Martín:
“Venían como en una actitud también amenazante, como que ‘bueno, ¿acá qué está pasando?’, y había rondas constantes de la Policía. Como siempre estaban pasando […] en un momento ya les dijimos: ‘sí, acá tenemos heridos. ¿Cuál es el problema? Si nosotros los dejamos afuera tirados es omisión de socorro y eso es un delito”.
Aun así, allí no terminaban las agresiones a las personas heridas. Una vez entraban al sistema hospitalario tenían que soportar el acoso de los policías que iban allí a buscarlos entre los pacientes.
Alba*, médica en un hospital de Pasto, asegura segura que en muchos casos la gente llegaba al hospital con traumas craneoencefálicos por golpizas en la cabeza y que hubo ocasiones en los que los agentes llegaban hasta allí para preguntar a los vigilantes por personas heridas en cabeza, brazos y piernas, a lo que varias personas del centro de salud se opusieron por el riesgo que esto suponía para los pacientes. Esto llevó a la creación de una red solidaria entre el personal de salud, según relata Alba:
“Empezamos a hablar con respecto a lo del paro, con respecto a las personas que hacen parte de este paro, sí, porque realmente nosotros no teníamos la visión de que los chicos y las chicas de las líneas eran, como la gente los llamaba, vándalos y gamines”.
Prótesis oculares. Foto: Germán Tenorio
Una violenta desatención
Para las víctimas y sus familiares, las lesiones oculares significaron cambios muy duros. Esto, de un lado, porque este tipo de heridas son inocultables, lo que implica sufrir un estigma social que siempre refiere al momento de la agresión; y, de otro, por las barreras para la atención que mantiene el sistema de salud colombiano y la situación de abandono en la que se encuentra la mayoría de hospitales del país.
Al respecto, Alba asegura que para los jóvenes que atendió esos cambios eran notorios:
“Ellos decían: ’es que [ahora] me siento como un viejito, que tengo que estarme echando las gotas cada hora, que tengo que estar tomando el medicamento’; y la adaptación de la familia también a ellos, a esas nuevas rutinas de empezar a pelear con la EPS, endeudarse para [comprar] los medicamentos”.
Por su parte, Daniel Jaimes manifestó que a pesar de estar afiliado al sistema de aseguramiento en salud como beneficiario, los costos de tratamiento han sido muy altos y que los medicamentos no le han sido suministrados a tiempo. Según relata, esto llevó a la familia a vender parte de sus pertenencias para poder pagar estos costos:
“Les tocó hacer rifas, vender cosas para que yo pudiera tener mi asistencia médica. Me sentía una carga para mi familia, me sentía mal, tuve muchas recaídas emocionales, depresiones. [Por esto] puedo decir que de víctima me fui convirtiendo en activista social”.
Carolina denuncia que hubo falta de atención en el sistema de salud porque las personas heridas al momento de ingresar a los centros médicos se encontraban con una misma respuesta: “si eran integrantes de la Primera Línea o [estaban allí] por protestas no les podían atender. Nos pasó en el CAMI de Santa Librada, no les atendieron”. Agrega que muchos obtuvieron atención pero haciendo pasar las lesiones por accidentes de tránsito: “para que recibieran una atención inmediata muchos compañeros ingresaron como una situación del SOAT [Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito]”.
Después de salir del hospital las víctimas no recibieron un acompañamiento profesional adecuado ni un seguimiento adecuado por parte del sistema de salud, viéndose obligadas a esperar hasta que las EPS tuvieran un espacio para consulta con un especialista. Así, a la situación de violencia policial que causó sus lesiones se sumó a una revictimización de parte del Estado por negligencia en la atención en salud que estas personas siguen cargando sobre sí.
Al respecto, Paulina Farfán, coordinadora del área de Democracia y Protesta del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, organización defensora de derechos humanos que hace acompañamiento jurídico a varios casos de lesión ocular, afirma que:
“Los jóvenes tienen dificultades para acceder a su atención médica, no les entregan medicamentos, tienen retrasos con las cirugías. Este tipo de cosas suceden un montón en los casos de lesiones oculares porque manifiestan [las EPS] que son cirugías muy costosas”.
Protestas en Bogotá. Foto: Andrés Gómez
El ESMAD y sus excesos
La violencia policial fue tal que la Comisión Intermericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó Colombia entre el 8 y el 10 de junio de 2021, y luego de analizar miles de audios, videos, fotografías y testimonios individuales y colectivos pudo “constatar” que la respuesta del Estado a la protesta social se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, que en muchos casos fue letal.
Según datos del Ministerio de Defensa del gobierno Duque, durante los tres meses que duró el estallido social de 2021 el ESMAD fue desplegado 1.653 veces y 24 civiles habían resultado asesinados y otros 1.147 lesionados en el marco de las protestas. Sin embargo, dicha cartera no informó nada sobre quiénes eran los responsables ni sobre los tipos de lesión, pero sí que la Policía procedió rápidamente a judicializar al menos a 224 personas, 80 de las cuales recibieron medidas de aseguramiento. Hoy decenas de jóvenes siguen privados de su libertad o vinculados a procesos penales interminables por haber participado en estas protestas.
No obstante, el balance que presentan las organizaciones defensoras de derechos humanos es muy diferente. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y Paz (Indepaz) informó que, entre abril y julio de 2021, 83 personas fueron asesinadas, siendo la Fuerza Pública la presunta responsable de 44 homicidios.
Infografía elaborada por Indepaz acerca de las agresiones a manifestantes durante el paro nacional de 2021.
Mientras Indepaz presenta 93 heridos oculares, el informe “Represión en la mira”, elaborado por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas, MOCAO y el Centro de Atención Psicosocial, informa un número mayor:
“De los 116 casos, 12 fueron cometidos contra mujeres, 70 fueron hacia hombres y en 34 no se logró establecer la identidad de género […] La no identificación de las víctimas en muchos de los casos se debió a la prevención y el temor de que pudieran ser judicializados”.
Solo en Pasto la Casa de la Memoria reporta que entre el 28 de abril y el 9 de junio de 2021, la Policía es responsable de 476 detenciones arbitrarias, 233 lesiones físicas, 17 amenazas, 2 casos de tortura, 1 agresión sexual y 2 atentados. De las personas lesionadas 191 fueron hombres y 41 mujeres, y 61 sufrieron lesiones en la cabeza, representando 26% de quienes resultaron heridos.
Lesiones en la cabeza registradas en la ciudad de Pasto. Fuente: Casa de la Memoria
Tanto las cifras como los testimonios de Clara, Daniel, Juan Pablo y David, ocurridos en lugares y fechas diferentes, demuestran que durante el estallido social de 2021 existió un patrón en la actuación de la Fuerza Pública para apuntar a la cabeza armas de fuego, como lanzagases y escopetas, y disparar con ellos gases lacrimógenos y municiones de impacto, como balas de goma y otros proyectiles, que produjeron lesiones en ojos, cara, cráneo y mandíbula de los jóvenes que protestaban.
Dos años adaptándose
Los daños causados por este tipo de criminalidad estatal han dejado daños profundos en las víctimas, tanto por las lesiones en su cuerpo como por los impactos psicosociales que han tenido que afrontar durante y después de sus tratamientos médicos. En el caso de quienes han sufrido lesiones oculares, reconstruir su proyecto de vida y retomar sus actividades cotidianas ha tenido una dura carga de aprendizaje de algunas habilidades básicas. Al respecto, Juan Pablo Fonseca, señaló que este proceso no ha sido fácil y explica cómo lo ha sobrellevado:
“Con esta violencia sí se pierden los sueños, se modifica la vivencia de uno. No es fácil vivirlo ni asimilarlo. Vivir con esto también es un aprendizaje constante: cómo movernos, cómo recuperar nuestra motricidad, cómo trabajar con esos 90° de ángulo y no con 180° [de campo visual]. Puede ser complejo no ver por el lado derecho, saber que no hay nada ahí. Es algo que se aprende con el tiempo y se seguirá aprendiendo. La idea también es fortalecer esa introspección hacia uno mismo”.
Para otras personas como Daniel Jaimes, fue su voluntad de continuar como artista y su sueño de ser tatuador lo que le ayudó en su proceso:
“Los sueños que yo tenía en ese momento se vieron opacados, pero con mi fuerza de voluntad, la ayuda de psicólogos y [después] de conocer varias víctimas de lesiones oculares, sigo con mi proceso de tatuar. Eso me ayudó muchísimo”.
Asimismo, David Racedo asegura que se ha adaptado para atender público, debido a que trabaja en el comercio, y que ha tratado de afrontarlo de manera positiva junto a su mamá e hija, a pesar de lo difícil que es:
“Al principio me sentía un poco deprimido: que la gente me viera con ese nuevo aspecto que tenía, con una herida tan grave y en el rostro […] Yo sabía y era consciente de que eso dependía de mi actitud”
Por su parte, Clara había ahorrado junto a varios amigos y logrado comprar una máquina de impresión 3D para su negocio antes del Paro Nacional, pero luego de la agresión de la Policía le es difícil trabajar y tiene deudas. La pérdida casi total de la visión por el ojo derecho hace que el izquierdo tenga que hacer un esfuerzo al que no está acostumbrado, por lo que ha tenido que adaptarse a unos dolores de cabeza que califica de “inmundos” cuando no usa un parche para cubrir el órgano lesionado.
Además, esta situación es todavía más difícil cuando trata de calibrar los espejos de la impresora 3D o de pasar periodos largos frente a la pantalla del computador o tatuando, por lo cual trabajar es todo un reto. Clara asegura que “para los tatuajes, para la pintura y el aerógrafo se me ha hecho recomplicadísimo. Igual con el computador, tampoco puedo usarlo mucho tiempo. Entonces, me ha tocado más aprender, por así decirlo”.
Homenaje a las personas asesinadas por la Fuerza Pública durante el estallido social. Foto: Andrés Gómez
Pero no todos han podido adaptarse. De acuerdo con los integrantes de MOCAO, el llevar una lesión ocular toda la vida tiene unas implicaciones y más sin una atención integral. A esto se suma la carga social y el estigma por parte del Estado. En este sentido, Juan Pablo Fonseca expresa lo revictimizante que es todo el proceso:
“Después de que uno pierde su ojo empieza a encontrar unas consecuencias más altas. La falta de atención psicosocial […] Nos tenemos que someter a la estigmatización por todas las instituciones del Estado: salud, laborales, Justicia. Evidenciamos una tortura sistemática”.
En la misma línea, Paulina Farfán explica que estos traumas oculares generan otros impactos graves sobre la salud, el bienestar psicosocial y la vida de las víctimas. Esto, según explica, van más allá del simple abuso policial:
“Tenemos algunos elementos para considerar que es una tortura: se presenta un daño tanto físico como psicológico, hay unos patrones que evidencian intencionalidad [porque] gran parte de las lesiones oculares fueron ocasionadas con gases lacrimógenos [a los cuales] se da un uso antirreglamentario, y un fin [porque] existe un amedrentamiento, existe un castigo contra quienes ejercen su derecho a la protesta social”.
Por su parte, Carolina afirma que muchos de quienes salieron a la calle en 2021 para protestar por sus derechos y resultaron lesionados hoy lidian con cicatrices profundas también en sus emociones, mientras demandan que se atienda su salud mental para evitar más tragedias:
“Al no solucionarse las condiciones [de subsistencia de estas personas] y hoy seguir buscando la manera de resolver la vida, eso ha generado en los jóvenes unos problemas de salud mental muy fuertes, al punto de perder completamente el sentido de la vida. Aquí en Usme una compañera de 17 años decidió irse [suicidarse]. Es muy difícil y muy duro vivir en estas condiciones como están”.
La doctora Alba ve este mismo problema de salud mental y considera que:
“Hay algunos de ellos que realmente uno no mira que vivan realmente: mueren a diario, mueren en sus ilusiones, mueren en todos su ser […] O sea, viven en la muerte […] A a esto se le suma el olvido desde nosotros como sociedad: fueron los chicos que en su momento enfrentaron situaciones duras, ¡sí que fueron!, y les llamábamos héroes y ahora están totalmente olvidados”.
Protesta con velas en homenaje a las víctimas de la Fuerza Pública. Foto: Andrés Gómez
Rehaciendo la vida en medio de la impunidad
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su primer informe de seguimiento publicado en 2023, señaló la poca atención que el Estado colombiano ha prestado a las recomendaciones de dos años atrás y le hizo un llamado para que investigue y sancione a los responsables de los asesinatos, desapariciones, torturas, agresiones sexuales y detenciones arbitrarias sufridas por civiles en el marco del estallido social de 2021. En especial, el organismo llamó la atención sobre la impunidad en los casos de centenares de heridos y en particular de las personas con trauma ocular por cuenta del uso indebido de armas de baja letalidad por parte del ESMAD y los excesos de la Fuerza Pública durante las jornadas de protesta.
Han pasado dos años y en muchos de los casos las investigaciones son nulas y pocos los avances. Algunos casos han pasado a la Justicia Penal Militar y en las imputaciones de delitos, cuando se llega hasta allí, se toman estas actuaciones como lesiones personales. Para MOCAO, las víctimas se enfrentan a la poca voluntad de los operadores de Justicia para investigar con imparcialidad los casos y sancionar a los responsables. Sobre esto, Paulina Farfán afirma que:
“Tenemos tres casos de lesión ocular en los que se ha condenado al Estado o se le ha otorgado esa responsabilidad al ESMAD. Resultan estos tres casos históricos, pero son de bastante tiempo atrás, entonces, podemos ver los altísimos niveles de impunidad”.
No obstante, lo más preocupante para la defensora de derechos humanos es que en estos únicos tres casos no hay una responsabilidad penal. “No hay una individualización de esa responsabilidad, no hay una responsabilidad institucional”, asegura Paulina.
Hoy, las investigaciones por presuntas faltas disciplinarias no avanzan, aunque en 2021 la Inspección General de la Policía informara de 218 investigaciones disciplinarias abiertas: “103 por abuso de autoridad, 16 por homicidio, 25 por lesiones personales, 41 por agresiones físicas, 3 por acoso sexual”. Alrededor de este tema, la Procuraduría General de la Nación, en respuesta a un derecho de petición de este medio, reporta que de 917 procesos disciplinarios contra la Policía, 184 “corresponden a actuaciones que fueron clasificadas como adelantadas por miembros del ESMAD”, y aclara que en etapa de instrucción hay 165 casos, de los cuales 117 han sido archivados; apenas 12 han llegado a etapa de juzgamiento y 6 han sido trasladados a otras instituciones por problemas de competencia. Ninguno de ellos ha terminado en sanciones disciplinarias luego de dos años.
Respecto a esta dura realidad, la doctora Alba asegura que si bien ha sido duro para las personas lesionadas lidiar con la impunidad, “algunos de ellos han logrado organizarse, han logrado generar unas redes de apoyo con sus mismos pares”. Tiene razón: Juan Pablo Fonseca explica que al unirse con otras víctimas como él y organizarse ha logrado el soporte que ni el Estado ni la sociedad le ofrecen:
“Sentimos que hacemos una campaña hacia la empatía [para] no sentirnos revictimizados, acompañarnos en este proceso tan eterno que esta violencia ha dejado […] Hemos aprendido un montón, es imaginable. Todos los compañeros tienen cantidad de conocimientos, sus expectativas de vida son muy enriquecedoras, cada uno de ellos y ellas es una persona muy especial y con unas historias de vida muy profundas”.
El 15 de agosto del 2021 los talibanes se instalan en el poder, tras una negociada salida de las tropas EEUU (en su mayoría conformadas por servicios contratistas) luego de 20 años de ocupación del territorio Afgano. Desde entonces la situación para mujeres y niñas se ha agravado y vuelto insostenible ante las restricciones establecidas por la dictadura talibana, la eliminación de sus derechos fundamentales sumado a una fuerte crisis económica y alimentaria.
Durante los últimos dos años, la dictadura talibana ha negado a mujeres y niñas los derechos a la educación, al trabajo, a la circulación y reunión. Esto ha conllevado a que las mujeres sufran despidos masivos y pierdan sus puestos de trabajo, así mismo se les prohíbe trabajar para organizaciones humanitarias. El yugo talibán les ha prohibido incluso la entrada a la educación secundaria y superior¹.
La represión a la cual se enfrentan quedó retratada el pasado 20 de agosto, cuando los talibanes detuvieron a 8 mujeres asociadas al movimiento “Unión y Solidaridad de Mujeres Afganas” previo a la realización de una manifestanteación en Kabul. Las manifestantes habrían llegado al lugar, que prontamente fue rodeado por las fuerzas represivas de la misoginia talibana, quienes las retuvieron y apresaron. Hasta el momento las detenidas han sido identificadas como Hajar, Khatol, Lima, Farida Moheb, Husna, y habría 3 cuyos nombres aún no se revelan².
Este hecho sin embargo no es aislado, sino una arbitrariedad cotidiana que deben enfrentar las mujeres, niñas y adolescentes diariamente con la nefasta «policía de la moral» y la violencia patriarcal generalizada.
Las compañeras de Afganistán lograron comunicarse con La Zarzamora y nos expresan:
«En la era actual, los talibanes están tratando de destruir incluso las manifestaciones más pequeñas y básicas de la vida (por ejemplo, el acceso al derecho al trabajo y la educación y la elección de la ropa de las mujeres) y diversas atrocidades y la falta de seguridad y pobreza han aumentado el sufrimiento de nuestras masas miserables, aún las mujeres hemos mantenido viva la llama de la resistencia y la esperanza. No se dan por vencidas y están tratando de alzar la voz por todos los medios posibles y luchar contra el fascismo religioso de los talibanes, estos sirvientes del imperialismo estadounidense. Estamos orgullosas de luchar de la mano de las mujeres que luchan en todo el mundo por la justicia y la libertad, esta lucha nos da fuerza e inspiración».
Mensaje enviado a medio libre La Zarzamora.
Ante este escenario, las integrantes de RAWA (Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán), la organización política y social más antigua de mujeres afganas (1977), realizaron el siguiente comunicado:
Hace dos años, la pesadilla de la toma del poder por los talibanes envolvió a un pueblo que ha sido golpeado por la traición y el fundamentalismo durante muchas décadas. Ese día, por las manos sangrientas de Estados Unidos y el imperialismo occidental, Afganistán fue una vez más arrebatado a las sucias garras de sus sirvientes y tecnócratas yihadistas y puesto en las fauces de sus depredadores talibanes.
Estos dos años han hecho que la nación más desesperada, más desgraciada y más miserable del mundo se vea aún más desastrosamente sumergida en tragedias y sumido a nuestra patria en tiempos prehistóricos: El ataque a todas las manifestaciones de humanidad, libertad y democracia; El aterrador aumento del hambre, el desempleo y la inseguridad.
Los asesinatos y la represión planificados de minorías religiosas y nacionales para intensificar estos conflictos; secuestro, tortura, confesiones forzadas y asesinato de figuras de la oposición y manifestantes al estilo de sus amos del ISI; Consejos de guerra con sentencias de lapidación, azotes y represalias; Censura y presión sin precedentes sobre los medios de comunicación, que llevaron al cierre de la mayoría de los medios; corrupción, saqueo y saqueo hasta tal punto que la gente ahora hablaría del estado cleptocrático caído como «los buenos viejos tiempos»; cerrar las puertas de las escuelas a las niñas mayores de tercer grado y prohibir las actividades de los salones de belleza a partir de las últimas sentencias…
Y lo que han estado atravesando las mujeres de nuestro país desde los últimos dos años es una angustia de múltiples capas y muchas veces más pesada que ha hecho sus vidas más oscuras que la época medieval: cobertura obligatoria, prohibición del derecho al trabajo y a la educación, insultos atroces diarios por parte de las «autoridades de la policía de la moral», el alto número de violencia doméstica y la invulnerabilidad de sus criminales, el aumento de matrimonios de menores, suicidios y asesinatos por honor en todo el país, amenazas, presiones y violaciones de mujeres manifestantes en las cárceles, practicar torturas en sus órganos sexuales (para que no puedan documentar las huellas de la tortura a través de los medios de comunicación e instituciones internacionales) y atrocidades tipo yihadistas sobre ellos, son todos esos pasos y actos que nuestras mujeres están sufriendo hasta los huesos.
Aunque ahora incluso los niños pequeños de nuestro país han llegado a conocer ese fascismo, que en la era de la inteligencia artificial y la conquista de Marte intenta impedir que las niñas «altas» y de más de tercer grado vayan a la escuela, no durará. durante mucho tiempo, pero Estados Unidos y sus aliados todavía tienen sus sangrientas garras aferradas al suelo de Afganistán y la región, especialmente porque China y Rusia se consideran una posible amenaza.
Como podemos ver, al inyectar públicamente paquetes de 40 millones de dólares semanalmente e incontables dólares más en secreto en el cadáver podrido de su producto, se evita el colapso total de su régimen y, en nombre de un Estado «todo incluido», se lucha por formar un gobierno «que incluya a los traidores» y «que incluya a los agentes», que sería el garante de su gobierno a largo plazo, intereses estratégicos, mientras que una nueva generación de productos de la CIA se impondrá a nuestro exhausto pueblo.
Tecnócratas y autovendidos, los intelectuales yihadistas también acechan como buitres inquietos para que, a través de los hilos de sus amos, puedan regresar y derrochar en su paraíso de corrupción y fundamentalismo y con el «apoyo» de su antiguo todopoderoso y restaurar otra administración grotesca. , dominan el destino de nuestra desafortunada Afganistan.
Sin embargo, por otro lado, a pesar de soportar todos los tormentos espirituales, nuestras fuerzas y personalidades progresistas, especialmente nuestras líderes femeninas, no han perdido el arma más valiosa de un movimiento revolucionario: la ESPERANZA. Esperanza de un Afganistán libre del dominio imperialista y libre de la inmundicia del fundamentalismo.
Las masas de Afganistán, ya sea en las aldeas y montañas más remotas o en las ciudades y zonas centrales, ya han alcanzado esta conciencia política más básica de que, excepto haciendo referencia al testimonio de la historia reciente de Afganistán y a la inevitable derrota de las fuerzas reaccionarias, ningún poder podrá detener por mucho tiempo a la nación, aunque agotada y desposeída, de marchar hacia el convoy de la humanidad por mucho tiempo.
Los talibanes, como fuerza mercenaria y de poder, no tiene raíces en la sociedad y sólo busca gobernar con la fuerza de las armas y los dólares de sus propietarios extranjeros, cuya “luna de miel” pronto llegará a su fin con oleadas de resistencia y lucha. Tampoco hay que olvidar ni por un momento que la lucha contra los sanguinarios e ignorantes talibanes será incompleta, inconclusa e ineficaz sin una lucha contra los peores yihadistas gemelos y sus pseudointelectuales sin conciencia que, como indican sus gobiernos iraníes y paquistaníes, gobernantes, siempre harán sonar el tambor de los conflictos étnicos y regionales.
Talibanes quemando instrumentos y equipos musicales.
Desde los primeros días después de reinstalar en el poder a las hienas talibanes, fueron las mujeres afganas quienes se levantaron y comenzaron magníficas y valientes protestas sin temor al pavor de los talibanes, y a pesar de ser azotadas, humilladas, amenazadas y torturadas, lo hicieron. No nos quedaremos callados hasta hoy…. Más recientemente, en protesta contra la decisión de cerrar los salones de belleza, convirtieron las lágrimas en fuerza y organizaron protestas. Seguramente tales oleadas de resistencia y lucha aumentarán y enojarán día a día el espíritu de venganza de las masas.
Para liberarse de las cadenas del fundamentalismo y de cualquier tipo de fascismo y reaccionarios misóginos, no hay otra arma que la conciencia, la organización, la movilización y la lucha. Eliminando a las lobbistas de los talibanes como Madina Mahboobi, Rina Amiri, Mahbooba Saraj, Fatema Gilani, Fawzia Kofi, Habiba Sarabi y… de las filas de las mujeres y organizando formaciones antiimperialistas y antifundamentalistas, eso contiene el antídoto Después de décadas de catástrofes, debemos mantener persistentemente vivo y en expansión el rugido de la lucha antiimperialista y antifundamentalista por una sociedad independiente, democrática y secular.
La Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán (RAWA) sólo conoce una solución y esa es la que nos ha enseñado nuestra mártir Meena: ¡luchar y seguir luchando hasta el final!
¡Que rugan siempre las olas de las luchas de las mujeres por un Afganistán libre, democrático y laico!
¡Que siempre esté exaltada la gloriosa bandera de las mujeres revolucionarias de todo el mundo que son nuestra fuente de orgullo e inspiración!
Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán (RAWA)⁴
15 de agosto de 2023
En portada: Familiares de los cinco defensores presos de San Juan Cancuc protestan en la ciudad de San Cristóbal de las Casas.
Este martes (22), a escasos días de cumplir 15 de meses desde la detención de cinco tzeltales, defensores del territorio del municipio San Juan Cancuc, en los Altos de Chiapas, se realizó la audiencia para la apelación de la sentencia de 25 de prisión dictada contra los indígenas.
Ante ello, organizaciones de derechos humanos, Pueblo Creyente y el Movimiento en Defensa de la Vida y el Terrritorio (Modevite) acuerparon la denuncia de los familiares de los cinco presos, quienes, mediante comunicado, acusan “a la Fiscalía Indígena y a la jueza de primera instancia María Guadalupe Flores Rocha por su falta de seriedad y responsabilidad en el juicio de investigación del caso de los acusados, porque no tomaron en cuenta realmente las pruebas”.
Las familias de Agustín Pérez Velasco, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Domínguez, Manuel Santiz Cruz y Martín Pérez Domínguez, quienes se encuentran presos por el supuesto delito de “homicidio calificado” de un policía municipal, enfatizan que la muerte del elemento de seguridad “es responsabilidad de la policía municipal de San Juan Cancuc, porque habiendo una clínica con urgencias no lo llevaron y lo dejaron morir en la comandancia municipal”.
Mediante comunicado, difundido previo a la audiencia, resaltan que, dentro de las irregularidades en el caso, no se investigó a la patrulla en la que murió el policía Antonio Aguilar Pérez, ni se realizó investigación en el lugar de los hechos donde elementos de seguridad recogieron con vida al agente, para posteriormente entregarlo a su familia muerto, cinco horas después.
A lo anterior se suman “las contradicciones de los supuestos testigos, la necropsia del cuerpo realizada hasta los 40 días después del fallecido y no se hizo la prueba de taxología, (además de la) alteración de acta de defunción corregida a mano y con corrector”, señalan los familiares de los presos.
Es por estos elementos que los familiares y las organizaciones exigen la liberación inmediata de los cinco presos injustamente “ya que son víctimas de fabricación de delitos por parte de la Fiscalía de Justicia Indígena”.
Fábrica de culpables
A inicios de agosto, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) presentó una denuncia ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, donde argumenta que las detenciones arbitrarias, como en el caso de los defensores de San Juan Cancuc, son un castigo de parte de las estructuras gubernamentales para “quienes se organizan contra la imposición de proyectos de infraestructura carretera en su territorio y lo defiendan de la militarización y contra la imposición de proyectos políticos que violan la autonomía de los pueblos originarios”.
El Frayba resaltó que los cinco indígenas tzeltales forman parte de organizaciones como el Pueblo Creyente, el Modevite y además participan en el Comité de Derechos Humanos de la Parroquia San Juan Evangelista de San Juan Cancuc, mediante las cuales se han posicionado contra megaproyectos que afectan sus territorios, tales como la construcción de una hidroeléctrica en el río Chacté y la ampliación de la denominada “carretera de las culturas”, que pretende conectar a los Altos de Chiapas con el Tren Maya.
“El objetivo de la criminalización a los cinco indígenas fue el de enviar un mensaje ejemplar hacia la población a fin de que no se organicen contra la imposición de proyectos de infraestructura carretera en su territorio y lo defiendan de la militarización”, explicaron integrantes del centro de derechos humanos en la denuncia ante la ONU.
Actualmente, los cinco defensores se encuentran presos en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 5 (CERSS No. 5), ubicado en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. Sus familiares y organizaciones exigieron a los magistrados de la Sala Regional Colegiada Mixta, del Tribunal Superior de Justicia de San Cristóbal de Las Casas, “la inmediata liberación de los compañeros, ya que se ve claro la fabricación de delitos por parte de la fiscalía y la colusión con los jueces”.
“Vemos que para el sistema de justicia y los políticos la justicia es una cuestión de cifras y números para tratar de aparentar que no hay impunidad en Chiapas, pero que acaba con las vidas de personas inocentes y sus familias como el caso de nuestros compañeros quienes se encuentran injustamente presos”, resaltaron.
Tras la realización de la audiencia, los magistrados cuentan con un plazo de tres días para dar a conocer su dictamen.
