Diversas organizaciones civiles y activistas exigen al gobierno mexicano solucionar el desplazamiento y los ataques en contra de los indígenas chiapanecos que han sido despojados de sus bienes por un conflicto de tierras entre los municipios de Chenalhó y Aldama.

Este conflicto ha derivado también en un ataque, registrado el 18 de noviembre, a una caravana de ayuda humanitaria en el estado de Chiapas, en el cual, una de sus integrantes fue herida de bala, quien ya recibió atención médica.

Los firmantes reclaman la falta de respuesta del Gobierno en el conflicto y urgen una solución ante las agresiones armadas en las comunidades de Aldama, Chenalhó y Chalchihuitán.

Las personas piden: Recuperar el Estado de derecho en la región, aplicar la ley y hacer justicia a la población, lo que significa el retorno de todas las personas desplazadas, la recuperación de su capacidad de sostenibilidad económica, alimentaria y de vida digna.

Insisten en que la atención integral a los desplazados y afectados por este conflicto, sea responsabilidad de instancias federales en vista del incumplimiento de las instancias en el estado y que ésta sea en apego a los protocolos nacionales e internacionales.

Destacan que el cese de las agresiones; la detención de las bandas armadas criminales y de quienes las patrocinan por intereses económicos y políticos; la persecución de ilícitos y la revisión de todos los casos de personas detenidas injustamente.

Recuerdan que México es signatario de la Declaración Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas y debe tener como prioridad, satisfacer las necesidadesde los pueblos originarios.

Por lo tanto, exigen que se respeten las acciones que realizan las organizaciones de la sociedad en favor de las comunidades, sobre todo de ayuda humanitaria en la región, el libre tránsito y el respeto a la integridad de todos los habitantes de dichos municipios.

La misiva fue enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador;  a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez; a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra; y al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

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NOVIEMBRE 30, 2020 ~ COLECTIVALAZARZAMORA

Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A los pueblos de Guerrero
A los pueblos de México
A las mujeres que luchan
A la sexta nacional e internacional
A las redes de apoyo al CNI-CIG

Las campesinas y campesinos pobres de la Costa Grande de Guerrero que conformamos la Organización Campesina de la Sierra del Sur (O.C.S.S.), coordinadamente con el Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ). Nos sumamos al llamado del EZLN y el CNI-CIG para abrazar la lucha de nuestros pueblos hermanos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Hoy 30 de Noviembre del 2020 con los bloqueos carreteros, que realizaremos en tres regiones del estado de Guerrero. Porque como pueblos campesinos tenemos memoria y no olvidamos como AMLO no sólo traicionó su propia palabra, sino que traicionó a todos los pueblos con tal de concretar el llamado Proyecto Integral Morelos.

Y vemos como no le importa pasar por encima de nada, ni nadie para lograr los objetivos de su gobierno, que no son los objetivos de los pueblos. Favoreciendo a las elites empresariales nacionales y extranjeras. A costa de la vida de las y los campesinos.

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Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A los pueblos de Guerrero
A los pueblos de México
A las mujeres que luchan
A la sexta nacional e internacional
A las redes de apoyo al CNI-CIG

Desde la llegada de los españoles a nuestras tierras y el inicio de la guerra de exterminio contra los pueblos indígenas, nos despojaron y fue con violencia que tuvimos que dejar los valles y refugiarnos en las montañas que hoy nos resguardan y se volvieron nuestro hogar. Las montañas nos cobijaron, nos han alimentado, nosotros aprendimos a cultivarlas, cuidarlas, a hablar con ellas, y a aprender de ellas. Ahora como hace cien años, como hace doscientos años llegan nuevos gobiernos junto con sus jefes los empresarios, los más ricos de este país y del mundo, para decirnos que también tenemos que dejar nuestras montañas, que van a construir autopistas, minería, industria, corredores transístmicos, termoeléctricas.

Dicen que ahora si viene el progreso y que por eso deben sacrificarnos a nosotros, a nosotras, como indígenas que no valemos, que no importa, que no hay derecho para nosotros, como decían los españoles; no tenemos alma. Así ahora la autonombrada 4T dice que estorbamos, que es necesario nuestro sacrificio para su progreso, pero esta historia ya la conocemos, así paso hace 528 años, así se repite ahora.

Como antes y como ahora resistimos y vamos a seguir resistiendo, vamos a luchar contra el despojo, contra la violencia y contra los malos gobiernos vengan de donde vengan. Pretenden pasar por encima de nosotros, de nosotras, de nuestros antepasados, de nuestra cultura, nuestra historia, nuestra dignidad y nuestra vida. López Obrador habla mucho de que todo debe ser legal, pero su gobierno violenta las leyes constitucionales, violenta los derechos humanos y esta violentando a los pueblos indígenas.

A nuestros hermanos y hermanas Otomís en el Estado de México les impusieron la autopista Toluca-Naucalpan el pasado mes de Octubre, violando los amparos que estaban vigentes, en los cuales el juez ordeno la suspensión definitiva de la obra. Pero con golpeadores, compra de conciencias, trabajos forzados durante la pandemia, y por la negociación política entre del PRI y MORENA no les importo el bienestar de los pueblos y se impuso la voluntad empresarial.

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• A partir de los testimonios recogidos durante la 3a MCO a la comunidad advertimos que se vive un clima de inseguridad generalizada en San Lorenzo de Azqueltán.
• Estas circunstancias violentan los derechos de la comunidad, lo que propicia que se perpetúe la violencia en la comunidad, poniendo en riesgo a quienes defienden el territorio ancestral.
• En reunión con autoridades del gobierno de Jalisco se abordaron las situaciones documentadas, lo que permitió construir acuerdos para realizar los seguimientos pertinentes.

La comunidad Tepecana Wixárika de San Lorenzo de Azqueltán celebra en el mes de noviembre, 7 años de autonomía. El camino no ha sido fácil. En la defensa del territorio y el reconocimiento de sus derechos como pueblo indígena, los pobladores enfrentan problemas estructurales como la ausencia de un enfoque intercultural en la educación, o la falta de garantía al derecho al agua, lo que se refleja en la carencia de servicios de drenaje, así como en la contaminación del río Bolaños, ello tiene graves efectos como lo son la falta de acceso a agua potable y la dificultad para tener una alimentación sana, suficiente y culturalmente adecuada.

Ante este contexto, desde 2018, organizaciones de la sociedad civil hemos realizado Misiones Civiles de Observación (MCO) de Derechos Humanos para documentar las condiciones de violencia ejercida contra la comunidad de San Lorenzo de Azqueltán por su lucha para recuperar su territorio ancestral. A 3 años de la primera MCO, vemos con preocupación cómo continúa la situación de impunidad ante graves violaciones de derechos humanos, lo que incrementa el fuerte clima de inseguridad para sus integrantes.

A partir de los testimonios recogidos durante la visita a la comunidad el 21 y 22 de noviembre, advertimos que se vive un clima de inseguridad generalizada en la zona, lo que ha llevado a que miembros de la comunidad sean víctimas de distintos delitos como detenciones arbitrarias, lesiones, amenazas, intento de homicidio y graves violaciones a derechos humanos como desplazamiento forzado, detenciones arbitrarias, tortura y desaparición forzada.

Estas circunstancias violentan los derechos de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral del daño, lo que propicia que se perpetúe la violencia en la comunidad, poniendo en riesgo a quienes defienden el territorio ancestral.

Posterior a la visita, el día lunes 23 de noviembre, autoridades comunitarias y las organizaciones participantes en la MCO nos reunimos con autoridades del gobierno de Jalisco —SGG (a través del Secretario General de Gobierno, el Subsecretario de Derechos Humanos y la Directora de la Dirección General de Asuntos Agrarios), la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, y CEAV estatal—, además se contó con la presencia de la CEDHJ.  En dicha reunión, se abordaron las situaciones documentadas, lo que permitió construir acuerdos para realizar los seguimientos pertinentes.

Resulta relevante que las autoridades estatales hayan asumido el compromiso de crear un mecanismo de seguimiento a las carpetas de investigación, a través de una coordinación interinstitucional entre la Secretaría General de Gobierno, la Fiscalía de Derechos Humanos y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.  Consideramos que dar cumplimiento a este punto es de vital importancia, ya que sin acceso a la justicia no habrá resolución de fondo del conflicto.

Para más información:

Eber Huitzil – Comunicación de la Secretaría Ejecutiva de la Red TDT
55 1796 6731, comunicacion@redtdt.org.mx,
redtdt.org.mx

Por Sandra Suaste

La Comunidad Indígena Otomí que mantiene tomado el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) desalojó el primer piso del inmueble y realizó la quema de algunos expedientes: “es archivo muerto que no atienden”, expresaron.

El motivo, es el descontento por la cita que tuvieron horas antes.  El titular del INPI, Adelfo Regino, no se presentó a la cuarta mesa de diálogo convocada por la Comunidad Indígena Otomí. Tampoco acudió Alfonso Suarez del Real, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México.

La comunidad manifestó su molestia y decepción, pues esperaban una respuesta al mensaje emitido el 18 de noviembre en conferencia de prensa, en donde hicieron mención de algunos puntos que componen su contrapropuesta entre las que destacan: Atención prioritaria al freno de los megaproyectos en Santiago Mexquititlán; sesionar dos veces por semana y una comisión especial que atienda a la comunidad.

Los otomíes lamentaron que las autoridades hayan roto el diálogo y no conozcan el mensaje que les hicieron llegar. Es una muestra del racismo que viven por parte de las autoridades: “Hoy no llegaron. Hay discriminación y prepotencia. No te escucho, no te veo. Esa es la 4T. Nos mandaron suplentes que no tenían capacidad”.

“Yo ya estoy encabronado de que siempre nos vean la cara. Ya estuvo suave. Fue la decisión de la comunidad que íbamos a quemar todo”, mencionó un integrante, tras recibir al secretario particular de Adelfo Regino, Guillermo May Correa, quien dijo no conocer la propuesta y solicitó que le otorgaran una copia. Horas después se cerró la avenida México- Coyoacán y se quemaron papeles y muebles.  A la par se mantuvo cerrado Eje 8.

El subsecretario de Gobierno, Félix Arturo Medina Padilla, acudió en representación del gobierno de la Ciudad de México. Se acordó una reunión que se llevará a cabo a las 9 de la mañana del miércoles 25 de noviembre en el edificio tomado.

Las Guardianas y Guardianes del Río Metlapanapa denunciamos la injusticia que el gobierno de López Obrador y la 4T ejerce contra los campesinos del plantón Zapatista de Apatlaco y contra los pueblos originarios de Morelos, Puebla y Tlaxcala

En el año 2001, el Proyecto Integral Morelos se hacía llamar Transportadora de Gas Zapata, desde ese entonces a la fecha han pasado 19 años y 5 sexenios con gobiernos de diferentes colores y nombres (#PRI, #PAN, #MORENA), todos ellos, subordinados bajo el mismo patrón: el gran capital neoliberal. Con el nombre de las empresas españolas #Elecnor, #Anagas, #Abengoa y las distintas industrias que se le han sumado en el camino; #GasNaturaldelNoreste, #Continental, #SaintGobain, #Burlington, #Nissan y la minera canadiense #ÁlamosGold, el presente gobierno de la #4T sigue obedeciendo fielmente a sus patrones capitalistas.

A lo largo de estos 19 años, a los pueblos nahuas que nos hemos opuesto a este proyecto neoliberal de muerte y que nos hemos organizado para defender la vida y la tierra nos han reprimido, encarcelado, perseguido y asesinado. El 10 de febrero de 2019, en Cuautla, Morelos, el actual tirano, sentenció: “Escuchen, radicales de izquierda, que para mí no son más que conservadores”. 10 días después, el 20 de febrero, el compañero Samir Flores fue asesinado y el 23 y 24 de febrero se impuso, en los pueblos donde está trazado el gasoducto, una encuesta amañada.

La madrugada del día de hoy, 23 de noviembre de 2020, al punto de las 2:30 de la mañana, la Guardia Nacional, con al rededor de 300 elementos, más de 50 patrullas y maquinaría pesada, desalojó el plantón #Zapatista de #Apatlaco, #Morelos. A pesar de existir diversas asambleas de ejidatarios en la región donde se rechazó rotundamente la construcción del acueducto y el apoyo firme al plantón Zapatista y a pesar de existir más de 19 amparos vigentes, 9 con suspenciones del agua, 1 con suspención del gasoducto y 1 con suspención para que no contaminen el Río Cuautla con los desechos de la termoeléctrica, el presidente de la república, fiel a sus ídolos juaristas y maderistas, traicionó, una vez más, a los pueblos originarios. Y es que queda claro que para el mal gobierno, los pueblos solo somos objetos, excedentes, “inconvenientes” en el mundo capitalista de recursos naturales limitados. Un ejemplo de ello, son los hermanos de los pueblos originarios de Tabasco de Nacajuca, Jalpa y Centla, donde el tirano tomó la decisión de inundar “a los más pobres”.

Las Guardianas y Guardianes del Río Metlapanapa denunciamos los actos represivos y de despojo que el mal Gobierno ejerce contra los compañeros del plantón zapatista de Apatlaco y a los pueblos originarios de los Estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, nos sumamos a las acciones coordinadas por la defensa de la tierra y el agua y exigimos:

¡Justicia para Samir Flores!
¡Alto a la represión al Plantón de Apatlaco!
¡Alto a la represión de los pueblos nahuas de Morelos, Puebla y Tlaxcala!
¡Detención de las obras del acueducto Cuautla!
¡Cancelación del Proyecto Integral Morelos!

Autonomía, paz y justicia
A T E N T A M E N T E
GUARDIANAS Y GUARDIANES DEL RÍO METLAPANAPA

El grupo paramilitar OPDIC y Policías Estatales responsables de 6 ejecuciones extrajudiciales, 2 desapariciones forzadas y 36 familias en desplazamiento forzado.

El 25 de septiembre de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobó el Informe de Admisibilidad No. 264/20 con relación a la Petición 1594-10 Pedro Núñez Pérez y Otros (Masacre de Viejo Velasco),¹ ocurrida en el marco de una estrategia violenta de despojo territorial emprendida por el Estado mexicano contra comunidades indígenas tseltales y choles, asentadas en la Selva Lacandona, en Chiapas, México.

El 22 de noviembre de 2006, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A. C. (Frayba) solicitó a la CIDH medidas cautelares para garantizar la vida e integridad de los señores Mariano Pérez Guzmán, Antonio Peñate López, Miguel Moreno Montejo y Pedro Núñez Pérez. Estas personas fueron desaparecidas de manera forzada el día 13 de noviembre de 2006, por el grupo paramilitar Organización Para la Defensa de Derechos Indígenas y Campesinos (OPDIC),² acompañado de Policías Estatales y otros servidores públicos cuando se desalojó a las familias que vivían en la comunidad Viejo Velasco, municipio de Ocosingo. Frente a la ineficacia de la Fiscalía del estado de Chiapas para efectuar la investigación y poder dar con el paradero de las personas desaparecidas, los familiares y una Comisión Civil de Observación asumió la búsqueda. El 6 de julio del 2007 encontraron restos óseos en la ruta que va de la comunidad Paraíso hacía Viejo Velasco. Con el apoyo del Equipo Argentino de Antropología Forense se logró la identificación de los restos de Miguel Moreno Montejo y Pedro Núñez Pérez.

Además de la desaparición forzada de cuatro personas, ese día también fueron ejecutadas María Núñez González (quien se encontraba embarazada), Filemón Benítez Pérez, Antonio Mayor Benítez Pérez y Vicente Pérez Díaz. En este mismo hecho, fueron privadas de forma arbitraria de su libertad Petrona Núñez González y Diego Arcos Meneses y torturadas por parte del grupo paramilitar OPDIC. A consecuencia de la afectación psicológica que vivió, Petrona Núñez González falleció en el 2010.

Actualmente, 36 personas de la comunidad Viejo Velasco se encuentran en desplazamiento forzado sin ninguna garantía para su retorno y cuatro integrantes del Comité de Defensa de las Libertades Indígenas Xinich cuentan con órdenes de aprehensión acusados injustamente de cometer la Masacre.

El 5 de octubre de 2010, la CIDH cerró la medida cautelar y la petición de demanda al Estado mexicano dio trámite. En dicha demanda se señala su responsabilidad internacional por las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, torturas, privación arbitraria de la libertad y órdenes de aprehensión irregulares a consecuencia de la Masacre de Viejo Velasco.

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Por Ñani Pinto

Cerca de 300 elementos de la Guardia Nacional (GN) desalojaron el plantón que desde hace cuatro años mantenían los ejidos de Ayala, Morelos, para evitar el despojo del agua por las obras de infraestructura del Plan Integral Morelos (PIM).

El plantón fue removido alrededor de las 2:15am para dar paso a las máquinas y trabajadores para reiniciar los trabajos del acueducto del PIM.  Aunado al desalojo, también colocaron paredes de lámina para bloquear el libre tránsito y el derecho a la manifestación de los integrantes de la oposición al megaproyecto.

Al cierre de esta edición, ejidatarixs del oriente de Morelos bloquean la carretera de Cuautla a Anenecuilco, en un contexto de fuerte despliegue policíaco con sobrevuelo de helicópteros incluido.

Traición

Un comunicado firmado por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala, enfatiza que “Hoy se culmina la traición de López Obrador al pueblo campesino de Morelos y pueblos originarios que son afectados por el Proyecto Integral Morelos”.

En la denuncia del Frente también se subraya que el presidente ha mentido al señalar que todos los recursos de amparo han sido resueltos, con lo cual pretende legitimar las acciones de represión contra los ejidatarios de Morelos.

“Hay vigentes al día de hoy 19 amparos, 9 con suspensiones del agua, 1 con suspensión del gasoducto y 1 con suspensión para que no contaminen el Río Cuautla con las aguas de purga de la termoeléctrica. Y hoy el presidente de la República ordena realizar el robo del agua de los ejidos de Ayala, cuna del zapatismo y agrarismo mexicano”, denuncia el comunicado del Frente.

La representación de 17 de los ejidos y comunidades de Morelos que llevan procesos legales en defensa de sus derechos a la tierra, agua, medio ambiente y seguridad también han solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que requiera al Estado mexicano la aplicación de medidas cautelares bajo el expediente MC-1056-20.

Bajo dicho proceso, lxs campesinxs exigen al gobierno Mexicano el respeto a la integridad física de quienes se oponen al PIM, el derecho de libre manifestación, así como la suspensión del PIM como resultado de los amparos “que evitan la afectación de los derechos patrimoniales de pueblos originarios y ejidos, y por la oposición y violación histórica a los derechos humanos generada por este proyecto, así como revise la imparcialidad y profesionalismo de los jueces y autoridades vinculadas al proyecto”, explica el comunicado ante el desalojo.

Lxs ejidatarixs detallaron que el desalojo para dar paso a la termoeléctrica no es en beneficio para el pueblo de México, pues el país ya tiene una capacidad de generación eléctrica 40% mayor a la que necesita, en cambio la medida de reactivar el proyecto del PIM es en beneficio de empresas trasnacionales.

“Hoy como Madero hace 109 años, López Obrador, traiciona al campesino y la promesa de cambio de su gobierno, para favorecer a las empresas transnacionales Saint Gobain, Nissan, Burlington, Continental, Elecnor, Enagas, Gas Natural del Noreste, las empresas mineras canadienses como Alamos Gold, entre otras”, enfatiza el comunicado del Frente.

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala denunció que el gobierno federal aprovecha la contingencia generada por el virus COVID-19 para imponer el megaproyecto del PIM “de manera multitudinaria con el ingreso de cientos de elementos de la GN que forzan a confluir a igual número de campesinos que defienden sus derechos agrarios”.

A continuación, puedes consultar el comunicado completo

Estimadas compañeras y compañeros de la comunidad Wixárika y Tepehuana/Tepecana de San Lorenzo de Azqueltán(CNI-CIG) en Jalisco, México.

Los colectivos, organizaciones e individ@s que firmamos esta carta, celebramos y nos solidarizamos con la digna lucha de su pueblo en el Séptimo Aniversario de la consolidación de la comunidad Autónoma de San Lorenzo de Azqueltán los próximos 21 y 22 de noviembre. Mantenemos nuestra mirada en cada uno de sus proyectos autónomos y con fuerza les animamos para que, en la defensa de su territorio y su forma de vida, prosigan organizándose.

Debido a la situación actual de la pandemia, entendemos que el riesgo es demasiado alto para que podamos asistir a su próxima celebración. Esperamos poder acudir a la inauguración de su Clínica Autónoma cuando la situación mejore. Acompañaremos sus rezos en solidaridad desde nuestra geografías mientras celebran su aniversario con su ceremonia tradicional.

Aprovechamos esta ocasión para denunciar toda la represión que ha sufrido la comunidad recientemente. Sabemos que durante su resistencia en defensa de la madre tierra y en la construcción de su autonomía, han sufrido secuestros, ataques armados y amenazas de muerte, todo ello con el objetivo de intimidar a lxs miembros de su comunidad para que cedan las tierras que han cultivado durante siglos. Estas tierras sagradas le pertenecen a su comunidad, cuentan con un título de propiedad desde 1733. Repudiamos las acciones de los ricos y del mal gobierno que impide el reconocimiento de este título y que se dedica a despojar la tierra de la comunidad.

Los siguientes ataques son muestra de las represalias y discriminaciones que atentan contra los esfuerzos de la comunidad para proteger su territorio y hacer valer sus derechos como comunidad indígena autónoma, incluida la elección de autoridades comunales y la recuperación de tierras invadidas. Por el contrario, las diferentes instancias de gobiernos buscan la represión y el desplazamiento. La maquinaria del gobierno municipal, con el supuesto fin de abrir una carretera cerca del sitio sagrado de Los Pilares, ha ido invadiendo y destruyendo cercas en las parcelas agrícolas de varios comuneros.

• Hace un año, el 3 de noviembre de 2019, antes de la prevista celebración del sexto aniversario de la comunidad autónoma, el presidente del consejo de seguridad Noé Aguilar Rojas, y otros dos comuneros fueron brutalmente golpeados, lo que obligó a postergar la celebración. Cuando los heridos llegaron al hospital, fueron discriminados y se les negó la atención médica.
• El 10 de enero de 2020, Jesús Manuel Aguilar Hernández, defensor de la tierra y miembro del Congreso Nacional Indígena, recibió un disparo con un arma calibre 38 por parte de Flavio Flores alias “La Polla” un ganadero local conocido como cabecilla de los acaparadores de tierras.
• El 22 de marzo, Camerino Márquez Aguilar y Genaro González Bañuelos, dos hombres ancianos de la comunidad, fueron atacados una vez más por personas al servicio de Flavio Flores (“La Polla”) y por empleados del gobierno municipal de Villa Guerrero, Jalisco: Teódulo Pérez Martínez junto con Abram Pérez Bañuelos, Jairo Pérez Bañuelos y Aldo Herrera González.

A pesar de que estas personas han sido denunciadas en diversas ocasiones, en lugar de ser detenidos, han contado con el apoyo del gobierno municipal de Villa Guerrero, que no ha tomado acciones para sancionarlas, sino que ha fomentado la violencia y el enfrentamiento. Esta postura del gobierno a todos los niveles es consistente dentro de un estado capitalista racista y neoliberal que ha intentado a través de diversos medios despojar a los pueblos originarios. Entre otras estrategias de despojo, el gobierno intenta romper la propiedad comunal y crear la propiedad privada individual para que las tierras de los pueblos originarios puedan venderse y ponerse a disposición para proyectos extractivos capitalistas que saquean los recursos naturales y dejan la tierra destruida y empobrecida.

Las comunidades indígenas autónomas como la Comunidad Autónoma Indígena de San Lorenzo Azqueltán están en la primera línea de la resistencia, son un ejemplo para tod@s nosotr@s.

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