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Avispa Midia

Chiapas: Continúa desplazamiento forzado en los Altos por violencia e inseguridad

Por Sare Frabes

En portada: Misión de observación visitó tres albergues y contabilizó mas de 3 mil desplazados por la violencia del crimen en Pantelhó y Chenalhó. Foto del CDH Frayba

Más de tres mil personas, en su mayoría mujeres, ancian@s y niñ@s se encuentran en situación de desplazamiento forzado tras la continuación de sucesos violentos en el municipio de Pantelhó y los límites de Chenalhó, en la región Altos de Chiapas.

Así lo informaron organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes realizaron una misión de observación el pasado sábado (10). Según registraron, las familias desplazadas se encuentran entre los municipios vecinos de Chenalhó, San Cristóbal de Las Casas y San Juan Cancuc.

De acuerdo a los testimonios recogidos por organismos de la sociedad civil, nacionales e internacionales, las víctimas del desplazamiento enfatizan tener miedo y preocupación por sus vidas y las de sus familiares, pues “el hecho de haberse visto forzadas a salir de sus casas no elimina el riesgo al que se encuentran expuestas, pues temen ser perseguidas y atacadas por sus agresores que siguen presentes y operando en la región”.

En contexto ⇒ Chiapas: Pobladores enfrentan grupos criminales; miles desplazados por violencia

Las organizaciones enfatizan también la falta de actuación del Estado ante la contingencia, pues no ha instalado suficientes albergues ni tampoco ha implementado un mecanismo de atención integral a desplazad@s, puesto que ha sido la sociedad civil, el pueblo creyente y las iglesias, quienes han reaccionado para atender la grave crisis humanitaria.

“Cabe destacar que dentro de las víctimas de desplazamiento se encuentran personas defensoras de derechos humanos como la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal quienes han sufrido amenazas constantes por su labor a favor de la paz y la no violencia”, enfatizan las organizaciones que visitaron la región.

Según la comunicación, preocupa el alto riesgo de inseguridad alimentaria para las familias desplazadas. Tanto porque dependen totalmente de la ayuda externa para su alimentación, como por el abandono de sus cultivos de milpa, frijolar, traspatios y cafetales, los cuales de no atenderse representarían la pérdida de la producción de granos básicos para la alimentación de al menos, un año.

Esta situación agrava aún más la crisis alimentaria imperante desde la pandemia del COVID-19.

“Preocupa el aislamiento en el que se encuentran estos campamentos ya que la falta de señal telefónica aumenta su situación de riesgo frente a una probable agresión”, denuncian las organizaciones defensoras.

Por lo mismo, hacen un llamado urgente para garantizar las necesidades básicas de alimentos, sobre todo: maíz, frijol, arroz, chayotes, papas, sal; así como de productos de higiene: jabón, toallas femeninas, pañales, etc., para sostener a las familias, así como el abastecimiento de leña para la cocción de alimentos en los campamentos de desplazados.

Durante su visita, las organizaciones atestiguaron que las principales enfermedades en los campamentos son casos de diarreas, deshidratación aguda, enfermedades respiratorias y fiebres, lo cual pone en particular riesgo a menores de cinco años.

También identificaron afectaciones a la salud mental de la población, tales como tristeza y ansiedad.

“Las condiciones actuales de hacinamiento y falta de privacidad representan un riesgo para la salud física y mental, para la violencia de género y para la aparición de casos de COVID-19”, sintetiza el documento difundido este jueves (15).

Autoridades locales exigen renuncia de alcaldesa y presidente electo

El mismo sábado (10), mediante reunión entre autoridades locales y representantes de 66 de las 85 comunidades que integran el municipio de Pantelhó, habitantes exigieron la renuncia de la presidenta Dayli Wendy Lorena López Gochez, así como también del presidente electo, su esposo, Raquel Trujillo Morales, por encabezar a los grupos delictivos que operan en la región.

En la reunión, agentes municipales, comisariados ejidales y representantes religiosos desmintieron la versión difundida por Trujillo Morales, quien en entrevista aseguró mantener el respaldo de las 85 comunidades.

“Es totalmente falso que están formando grupos paramilitares y que están encabezados por el padre Marcelo Pérez Pérez, y por personas de la comunidad San José Terceros, ya que no existe tal grupo”, enfatizaron también sobre la criminalización de parte del alcalde electo contra el párroco, quien es conocido entre la población por denunciar las actividades criminales en los Altos de Chiapas.

El comunicado, firmado por las autoridades rurales municipales reunidas en la comunidad San José Tercero, enfatiza su preocupación por “el crimen organizado que ‘SÍ’ está encabezado por Austreberto Herrera Abarca”, a quien señalan como responsable de la violencia, junto a la presidenta actual, el presidente electo y bajo la protección del PRD, sus dirigentes y diputados.

Actividades del crimen organizado orillaron a la creación de autodefensas. Foto- Cuartoscuro

Por último, aclararon que sí es verdad el surgimiento de “Autodefenzas del Pueblo de Pantelhó ante la presencia del crimen organizado y por la ausencia total del gobierno federal y estatal”.

Por su parte, la misión de observación que visitó la región enfatiza que la principal razón que ha impedido la paz dentro de las comunidades es la presencia de grupos criminales que buscan el control del territorio.

“Aunado a ello se encuentra la violencia estructural que se vive en el Estado de Chiapas, que ha llevado a los pueblos a generar procesos organizativos que tienen el objetivo de hacer frente al contexto de injusticia histórica”, señala el documento.

Por lo menos de marzo de 2021 al 05 de julio se han registrado 12 personas asesinadas (entre ellas un niño y la ejecución de Simón Pedro Pérez López), una persona desaparecida y una mujer y un niño herido con arma de fuego. De acuerdo a las organizaciones defensoras de derechos humanos, “estos hechos han sido perpetrados por un grupo criminal de Pantelhó vinculado a funcionarios públicos municipales”.

Cabe señalar que después de nueve días del asesinato de Simón Pedro Pérez López, la Fiscalía General del Estado de Chiapas dio a conocer la tarde de este miércoles (14) la captura de Hugo Rolando “N”, presunto responsable por el asesinato, quien fue trasladado a la capital para determinar su situación jurídica.

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Mientras, aún con la presencia de efectivos policiacos y militares, continúa el desplazamiento forzado de familias enteras, debido al temor de más enfrentamientos violentos.

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FrayBa

Pronunciamiento Conjunto. Sobre la situación de violencia generalizada en Pantelhó y la crisis de desplazamiento forzado interno


 

 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

a 15 de julio de 2021

 

 

Organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil el 10 de julio de 2021 realizamos una misión de observación de derechos humanos en el municipio de Chenalhó, Chiapas, documentamos la situación de violaciones a los derechos humanos derivada de los impactos de la violencia suscitada durante los últimos días en los municipios de Pantelhó y los límites de Chenalhó.

Durante los últimos años, la presencia de grupos criminales que buscan el control del territorio ha impedido el mantenimiento de la paz dentro de las comunidades. Aunado a ello se encuentra la violencia estructural que se vive en el Estado de Chiapas, que ha llevado a los pueblos a generar procesos organizativos que tienen el objetivo de hacer frente al contexto de injusticia histórica.

Por lo menos de marzo de 2021 al 05 de julio se han registrado 12 personas asesinadas (entre ellas un niño y la ejecución de Simón Pedro Pérez López), una persona desaparecida y una mujer y un niño herido con arma de fuego, estos hechos han sido perpetrados por un grupo criminal de Pantelhó vinculado a funcionarios públicos municipales.

La ausencia del Estado y su falta de atención ante el aumento de la violencia hace que los pueblos vean a las autoridades más como partes del problema que de la solución, ello aunado a altos niveles de corrupción e impunidad en el Estado. Cabe destacar que es un hecho que para garantizar la construcción de la paz de manera sostenible es fundamental la voluntad y el compromiso real de todos los actores involucrados.

A partir de las visitas que realizamos en la misión de observación de derechos humanos escuchamos los testimonios de las familias y el sufrimiento por el que están pasando fuera de sus comunidades. Según los datos con los que contamos hasta el momento son aproximadamente 3205 personas desplazadas, en su mayoría mujeres, ancianas, ancianos, niñas y niños, en los municipios de Chenalhó, San Cristóbal de Las Casas y San Juan Cancuc.

Estas víctimas de desplazamiento forzado han enfatizado durante la misión: “Tenemos miedo y estamos preocupados por nuestras vidas y la de nuestros familiares”. Así, el hecho de haberse visto forzadas a salir de sus casas no elimina el riesgo al que se encuentran expuestas, pues temen ser perseguidas y atacadas por sus agresores que siguen presentes y operando en la región.

Se ha podido constatar que, ante la falta de actuación del Estado de instalar albergues y un mecanismo de atención integral a desplazados, la sociedad civil, el pueblo creyente y las iglesias, impulsaron campamentos para atender la grave crisis humanitaria. Preocupa el aislamiento en el que se encuentran estos campamentos ya que la falta de señal telefónica aumenta su situación de riesgo frente a una probable agresión.

Cabe destacar que dentro de las víctimas de desplazamiento se encuentran personas defensoras de derechos humanos como la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal quienes han sufrido amenazas constantes por su labor a favor de la paz y la no violencia.

Es necesario y urgente garantizar las necesidades básicas de alimentos, sobre todo: maíz, frijol, arroz, chayotes, papas, sal; así como de productos de higiene: jabón, toallas femeninas, pañales, etc., para sostener a las familias, así como el abastecimiento de leña para la cocción de alimentos en los campamentos de desplazados.

Identificamos un riesgo alto de inseguridad alimentaria pues las familias desplazadas dependen totalmente de la ayuda externa para su alimentación y se encuentran en un riesgo alto de perder su cosecha si no retornan pronto a sus comunidades. Existe preocupación por el abandono en el que se encuentran los cultivos de milpa, frijolar, traspatios y cafetales. Dichos cultivos están en desarrollo y, si no se atienden, se perderá la producción de granos básicos para la alimentación de al menos, un año. Lo mismo ocurrirá con los animales que no se están alimentando y morirán de hambre, vulnerando de esta manera la sustento de la vida comunitaria y salud de las familias. Esta situación llevará a agravar aún más la crisis alimentaria imperante desde el COVID-19.

Durante la visita, las principales enfermedades identificadas fueron casos de diarreas, deshidratación aguda, enfermedades respiratorias y fiebres. Estos padecimientos pueden complicarse en personas con un estado nutricional inadecuado y en menores de 5 años, poniendo en riesgo su vida por complicaciones como la neumonía y la insuficiencia respiratoria. Se identificaron afectaciones a la salud mental de la población: llanto, tristeza y ansiedad.

Las condiciones de hacinamiento, la infraestructura de saneamiento insuficiente y la escasez de agua representan un riesgo muy alto para el aumento de enfermedades infecciosas y diarreicas que, en niños y niñas menores de 5 años, puede ser mortal si no se asegura su adecuado estado de hidratación.

También documentamos que dos mujeres dieron a luz en la montaña, mientras huían de sus comunidades.  Es urgente asegurar que tanto ellas, como sus bebés, se encuentran fuera de peligro. Las familias han sido separadas y se reportan al menos dos menores desaparecidos en la montaña.

Adicionalmente, las condiciones actuales de hacinamiento y falta de privacidad representan un riesgo para la salud física y mental, para la violencia de género y para la aparición de casos de COVID-19.

Por tal situación, las organizaciones que emitimos este pronunciamiento exigimos a los gobiernos federal y estatal una atención integral ante la emergencia humanitaria de los desplazamientos forzados en acciones con pertinencia cultural; se propicie el retorno pronto y seguro a las comunidades con una acción planificada de reintegración comunitaria y, por último, se atienda a las causas estructurales de la violencia que posibilite el seguir construyendo condiciones para que la Paz y la Justicia sean una realidad en el territorio de Pantelhó, Chenalhó y de los Altos de Chiapas.

Todas estas peticiones se realicen de acuerdo al marco nacional e internacional de protección de derechos humanos conformado, entre otros, por: los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la Organización de Las Naciones Unidas, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Americana sobres los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Ley para la Atención de los Desplazamientos Internos en el Estado de Chiapas, así como las obligaciones internacionales del Estado mexicano.

 

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba)

Médicos del Mundo Suiza

Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria A.C. (CORECO)

Desarrollo Económico y Social De Los Mexicanos Indígenas (DESMI)

Con el acompañamiento internacional del Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) y el Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ)

PDF del Pronunciamiento conjunto aquí!!!

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Avispa Midia

Defensoras ambientales exigen cese del modelo extractivo en Chiapas

Por Aldo Santiago

“Las mujeres nos organizamos, somos el corazón de los movimientos de defensa ambiental en San Cristóbal de Las Casas y a lo largo de muchos territorios”, señalaron defensoras del agua y los humedales desde dicha ciudad en los Altos de Chiapas.

Mediante pronunciamiento, las defensoras expresaron que se reunieron para examinar los efectos económicos, sociales, ambientales y políticos de los proyectos extractivos y desarrollistas que se ejecutan en sus territorios.

Entre sus trabajos, analizaron la problemática y consecuencias de distintos proyectos extractivistas de la ciudad, tales como la extracción de grava y arena que destruyen los cerros y humedales; la tala de árboles; la invasión y el crecimiento inmobiliario en zonas de humedales; la contaminación generada por el exceso de basura; el avance de las empresas refresqueras y cerveceras, como la Coca-Cola FEMSA, así como de tiendas comerciales tales como Oxxo, Walt Mart, Chedraui, Soriana, Bodegas Aurrerá.

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En las sesiones participaron un total de 12 defensoras ambientales de diferentes barrios y colonias de San Cristobal de Las Casas, quienes también debatieron sobre la invasión de áreas naturales para la construcción de fraccionamientos; los programas asistencialistas que generan dependencia, el turismo depredador y la presencia de organizaciones del crimen organizado que, coludidas con ciertas instancias gubernamentales, intensifican todas estas problemáticas.

Según el informe “Defender los Derechos Humanos en México: el sexenio de la impunidad”, México ocupa el cuarto lugar más peligroso en América Latina para las defensoras ambientales, que día con día luchan para defender la tierra, el territorio y la biodiversidad frente a las embestidas del Estado y las empresas.

Cuerpo-Territorio

En el pronunciamiento, las mujeres defensoras ambientales de San Cristóbal de Las Casas enfatizan que “los efectos de estos proyectos impactan en el cuerpo, en la salud física, mental y emocional de mujeres niñas y niños que compartimos estos territorios, además de que generan más violencia y despojo, coartando nuestros derechos humanos fundamentales y afectando directamente la economía de a quienes se nos obliga a sostener este sistema”.

Las defensoras denunciaron también que estos proyectos son promocionados como desarrollo económico e impulsados por los tres niveles de gobierno, lo cual repercute en la generación de pobreza, violencia y sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidado para las mujeres.

“Además, intensifican la violencia machista y los feminicidios, que se han incrementado a pesar de los 5 años de la implementación de la Alerta  de Violencia de Género en San Cristóbal de Las Casas”, denuncian las defensoras.

Otro punto que destacan es la discriminación y criminalización de su “ejercicio político de participación ciudadana, no solo por el gobierno, sino también por los propios compañeros de lucha que minimizan e ignoran nuestras propuestas.

Finalmente, las defensoras ambientales exigen “el cese del modelo de extractivo que destruye todos nuestros bienes naturales y nuestras formas de vida y que nos niega la posibilidad de existir en nuestros propios territorios”.

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CIPOG-EZ

Denuncia de detención a integrante del CIPOG-EZ

Aproximadamente a las 10:00 horas del 13 de julio de 2021, el compañero Samuel Virgenio Germán de la comunidad de Rincon de Chiahutla, perteneciente al CIPOG-EZ, fue detenido por la policía ministerial del estado de Guerrero. Después de varias horas y gracias a la organización en nuestra región, para las 14 horas logramos su liberación.

Denunciamos que el hostigamiento de las autoridades estatales continúa hacia nuestras comunidades. Este tipo de detenciones son una consecuencia de las falsas denuncias hechas por el grupo para-militar «Los Ardillos» y respaldadas por autoridades del estado de Guerrero en contra de las comunidades que conformamos el CIPOG-EZ, aún sabiendo que quien mata, secuestra, tortura y desaparece a nuestras hermanos y hermanas, es el grupo delincuencial de «Los Ardillos».

¡Exigimos la cancelación de las órdenes de aprehensión en nuestra contra!
¡Alto a la guerra paramilitar contras las comunidades Zapatistas del EZLN!
¡Alto a la guerra narco-paramilitar contra las comunidades indígenas del CNI-CIG!
¡Alto a la guerra narco-paramilitar contra las comunidades del CIPOG-EZ!
¡Nunca más un México sin Nosotros!

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Avispa Midia

En México, 56 activistas asesinados en tres años

Por Ñaní Pinto

En portada: Simón Pedro Pérez López (centro) durante ceremonia en Acteal. Fue asesinado el 5 de julio pasado por su labor en defensa de los derechos de las comunidades indígenas. Foto de Luis Enrique Aguilar

Durante la primera mitad de la administración de Andrés Manuel López Obrador se han registrado 56 asesinatos de activistas en México. Entre las víctimas se encuentran defensor@s del medioambiente, el territorio, los derechos de la comunidad LGTBI+ y pueblos indígenas.

En contexto ⇒ México: 14 indígenas defensor@s de derechos asesinados en 2021

De acuerdo a registros de la organización Frontline Defenders, durante el año 2019 el saldo fue de 24 defensor@s de derechos humanos asesinad@s y durante el 2020 se suscitaron otros 20 homicidios.

Estos casos se suman al registro de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), institución que contabiliza 12 activistas asesinados durante los primeros seis meses del año en curso.

No obstante, los homicidios del 2021 podrían ser mayores. Registros de organizaciones no gubernamentales como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y la plataforma de Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional arrojan un saldo de 19 víctimas mortales en lo que va del año.

“Hoy en día México es uno de los países mas letales para la defensa de los derechos humanos”, señaló Sandra Patargo, representante en México de la organización Frontline Defenders, para entrevista a medios nacionales.

Por su parte, la misma organización, así como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos humanos (ONU-DH) señalaron que existen casos que no han sido denunciados ni a las autoridades, ni públicamente debido al riesgo que implica para otr@s defensor@s de los derechos humanos.

Los asesinatos de este 2021 ocurrieron en estados como Michoacán, Chiapas, Guerrero, Sonora, Oaxaca y Colima.

Otros organizaciones como la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) han documentado que las agresiones ocurridas en los años 2019-2020 fueron ejecutadas principalmente por agentes del Estado, empresas y crimen organizados, estos últimos en colusión con las autoridades de diferentes niveles.

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Avispa Midia

Chiapas | Pobladores enfrentan grupos criminales; miles desplazados por violencia

Por Sare Frabes

En portada: Familias del municipio de Pantelhó abandonan sus hogares ante el incremento de la violencia en la región. Foto por CDH Frayba

Desde el pasado miércoles (7) se han suscitado enfrentamientos armados entre grupos de autodefensas comunitarias y células del crimen organizado en la cabecera municipal de Pantelhó, informó la asociación civil Cáritas, perteneciente a la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas.

Así mismo, denunció que las balaceras se han extendido en la región de los Altos de Chiapas hacia comunidades del municipio vecino de Chenalhó, enmarcadas en la espiral de violencia que azota la región desde ya varios años.

En contexto ⇒ En Chiapas, denuncian asesinato de integrante de Las Abejas de Acteal

“Se habla de 26 muertos, 40 heridos, lo cierto es que la Cabecera de Pantelhó ha permanecido incomunicada, y un número indeterminado de desplazados de ambos municipios que podrían llegar hasta más de 2,000”, contextualiza Cáritas sobre el saldo de los enfrentamientos.

De acuerdo al comunicado de la asociación religiosa, las familias desplazadas se han trasladado a distintos puntos de la región, entre ellos la ciudad de San Cristóbal de las Casas, aunque la mayoría se ha refugiado en comunidades de los municipios vecinos y en la parroquia de Chenalhó, donde existen cinco centros de atención a desplazados.

Por su parte, mediante pronunciamiento conjunto, personas, colectivos y organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional exigieron justicia para Simón Pedro Pérez López, expresidente de la Mesa Directiva de la Organización Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal e integrante del Congreso Nacional Indígena, quien fuera asesinado el pasado lunes (5).

En dicho pronunciamiento, las organizaciones denuncian que las incursiones del grupo criminal han sido acompañadas por elementos de la policía municipal y estatal. A su vez, reafirman que la operación del grupo criminal en Pantelhó forma parte de las estructuras del poder municipal y actualmente están vinculados al Partido de la Revolución Democrática (PRD) que gobierna el municipio.

“Por su parte la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) tiene conocimiento de la situación, ya que varios pobladores del municipio de Pantelhó han presentado denuncias por hechos de violencia perpetrados por grupos criminales y su vínculo con las autoridades del municipio. La Fiscalía ha sido omisa y poco diligente para realizar las investigaciones y acercar la justicia a las víctimas de esta violencia”.

Un ejemplo de la complicidad de las autoridades con la estructura criminal es la denuncia de que el pasado 6 de junio, durante la jornada electoral, testimonios denunciaron que los vehículos de la Guardia Nacional fueron conducidos por integrantes del grupo delictivo.

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La Diócesis de San Cristóbal de Las Casas también ha denunciado la reactivación de “las fuerzas que mutaron de paramilitares a crimen organizado aliados al narco gobierno que han invadido nuestro estado para controlar la resistencia de los pueblos organizados que defienden su autonomía”.

Actualmente son al menos 19 comunidades de los municipios de Pantelhó, Simojovel y Chenalhó las cuales se encuentran en un nivel máximo de riesgo ante la operación del grupo criminal.

“Hombres, mujeres, niñas, niños, adolescentes y adultos mayores viven con miedo y terror debido a la amenaza que han recibido por parte de las personas vinculadas al crimen. La vida de quienes denuncian está en riesgo”, señala el pronunciamiento difundido la tarde de este jueves (8).

Familias del municipio de Pantelhó abandonan sus hogares ante el incremento de la violencia en la región. Foto por CDH Frayba

En el mismo documento explican que, debido a la nula actuación de los gobiernos federal y estatal para garantizar y proteger la vida, seguridad e integridad personal de la población, grupos de pobladores se organizaron para la defensa de la población atacada por la estructura criminal.

También enfatizaron la criminalización de dicho grupo, denominado Defensores del Pueblo, pues han sido señalados por la prensa local y nacional como otro grupo delincuencial renombrado como “los Ciriles”.

Según su documentación, el grupo criminal apoyado por la estructura municipal y policiaca “ha crecido en poder basado en los pactos de impunidad institucionales de los gobiernos, aunado a la complicidad y omisión, lo que configura aquiescencia del Estado perpetrando violaciones sistemáticas a los derechos humanos”, denuncia el pronunciamiento.

Cabe resaltar que el día martes (6) se encontraron dos artefactos explosivos de manufactura casera en la comunidad Nuevo Israelita, población donde vivía Simón Pedro Pérez López.

Según testimonios de los pobladores, las casas donde encontraron los explosivos pertenecían al grupo criminal señalado como responsable por el asesinato del defensor e integrante de Las Abejas de Acteal. Acorde a la denuncia del pronunciamiento, hasta la tarde del jueves (8) dichos artefactos no habían sido desactivados, lo cual representa un riesgo para la población local.

En San Cristóbal de las Casas se convoca a una acción para exigir alto al fuego para la tarde de este viernes (9)

Por último, las organizaciones señalan que cuentan con información de actos de intimidación, vigilancia y amenazas del grupo criminal “a personas que no se han quedado calladas ante esta situación, como lo son las y los integrantes de la Organización de La Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal, así como las servidoras y servidores de la Parroquia de Santa Catarina Pantelhó, que abarca comunidades de Pantelhó, Simojovel y Chenalhó, por lo que tememos por su vida, integridad y seguridad personal. Hacemos responsable al Estado mexicano de cualquier agresión hacia ellas y ellos”.

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Avispa Midia

México: 14 indígenas defensor@s de derechos asesinados en 2021

Por Sare Frabes

Al cierre de esta edición, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas informó sobre la presencia del crimen organizado y el inminente riesgo de un ataque armado contra 120 personas desplazadas, integrantes de Las Abejas de Acteal, quienes se encuentran refugiadas en la sede de dicha organización.


En México, durante la primera mitad del 2021, 14 personas indígenas han sido asesinadas como represalia por su participación en procesos para la defensa de sus derechos, tierra y territorios.

De acuerdo a registros de la Iniciativa Global en México por los Derechos de los Pueblos Indígenas, estos crímenes han ocurrido en los estados de Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Sonora.

Mediante pronunciamiento público, las organizaciones que forman parte de la iniciativa recalcaron que las consecuencias de dicha violencia en comunidades indígenas tienen un fuerte impacto colectivo, no solo a las familias de las personas que han sido asesinadas, sino a las comunidades en su conjunto.

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“La defensa de sus derechos depende de su cohesión como pueblos, de sus asambleas e instancias de decisión comunitaria. La forma como la violencia ha irrumpido en sus territorios lastima fuertemente el tejido social y la vida que depende de ello”, enfatiza el pronunciamiento.

También señalaron la inacción de los diferentes niveles del Estado mexicano, lo cual impide la realización de investigaciones sobre los responsables de las agresiones, así como la falta de justicia y la implementación de medidas de no repetición hacia l@s sobrevivientes, las familias y comunidades.

Simón Pedro Pérez López (centro) durante ceremonia en Acteal. Foto de Luis Enrique Aguilar

El caso más reciente es el asesinato del ex presidente de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, Simón Pedro Pérez López, ocurrido el pasado lunes (5) en el municipio de Simojovel.

Chiapas, violencia desbordada

Recientemente, debido a su trabajo como defensor de derechos humanos, Pérez López había participado como enlace para realizar denuncias sobre la operación de grupos vinculados al crimen organizado y al narcotráfico en el municipio de Pantelhó y en los Altos de Chiapas.

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En entrevista para medios locales, Marcelo Pérez Pérez, párroco de Simojovel y director de la Pastoral Social de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, detalló que debido al activismo de Pérez López, los pobladores de Pantelhó le solicitaron su colaboración para realizar un llamado de auxilio a las autoridades estatales con la finalidad de detener el acoso y violencia de los grupos criminales.

Por ello, el 26 de junio se entregó un documento a la la Secretaria General de Gobierno del estado de Chiapas, Victoria Cecilia Flores Pérez, donde se detalla la denuncia de los pobladores de Pantelhó quienes señalan existen vínculos entre las autoridades municipales, tanto actuales como electas recientemente, con los grupos armados que participan en la distribución de drogas, venta de armas y otras actividades ilícitas.

En la carta, se denuncia a los responsables de los grupos armados y su relación con Raquel Trujillo Morales, recién electo para ocupar la presidencia municipal con el respaldo del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Además, el documento señala que durante los últimos tres años dichos grupos criminales son responsables por el asesinato de 11 personas, así como también por el desplazamiento de familias de mas de 10 comunidades del municipio.

Nueve días después, Simón Pedro Pérez López fue asesinado.

“La muerte de Simón Pedro es consecuencia de la injusticia, del narcoayuntamiento, del narcotráfico, del crimen organizado en Pantelhó”, sentenció el párroco Marcelo Pérez durante la ceremonia de velación de su cuerpo.

Imágenes de personas armadas movilizadas en los alrededores de Pantelhó. Fotograma de videos difundidos en redes sociales.

Desde la mañana de este miércoles (7) se han registrado hechos violentos en múltiples puntos de Pantelhó. Reportes en redes sociales mencionan el actuar de grupos con armas de grueso calibre y explosivos quienes tomaron caminos y catearon viviendas en la cabecera municipal y en distintas comunidades del municipio.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) de Chiapas informó sobre ocho efectivos policiacos y militares lesionados en una emboscada la mañana de este jueves (8).

Agresiones sistemáticas

La denuncia de los grupos integrantes de la Iniciativa Global en México por los Derechos de los Pueblos Indígenas contextualiza también casos de asesinatos registrados en otras geografías de México.

Es el caso de Oaxaca, donde el 23 de marzo fue asesinado Jaime Jiménez Ruiz, ex agente municipal de la comunidad Paso de la Reyna y quien fuera parte del Consejo de Pueblos Unidos del Río Verde (COPUDEVER), organización que defiende su territorio desde hace más de una década contra la construcción de la presa hidroeléctrica “Paso de la Reina” y el Proyecto Hidroeléctrico Río Verde.

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Debido a la organización contra dicho proyecto, en solo un periodo de tres meses fueron asesinados cinco defensores indígenas. Fidel Heras Cruz, Presidente del Comisariado Ejidal, así como Raymundo Robles Riaño, suplente del agente municipal, Noé Robles Cruz, y Gerardo Mendoza Reyes son las víctimas en una comunidad de apenas 500 habitantes.

Fidel Heras Cruz era un campesino y ambientalista que se opuso, junto con su pueblo, a la construcción de la presa “Paso de la Reina”.

Por otra parte, en el municipio de Zitácuaro, Michoacán, han ocurrido cinco homicidios. Las personas asesinadas formaban parte de cinco comunidades que han decidido ejercer su derecho a la Autonomía ante la amenaza de la violencia por parte del crimen organizado en la región.

María Eufemia Reyes Esquivel fue asesinada el 4 de diciembre de 2020. El 17 de enero de 2021, Vicente Guzmán Reyes, Ambrosio Guzmán Reyes y José Luis Chávez Mondragón fueron asesinados mientras actuaban como parte de la ronda comunitaria.

Hasta la actualidad, ningún oficial gubernamental acudió al lugar de los hechos para documentar las agresiones.

“Para el gobierno del estado de Michoacán, estas muertes no han sido si quiera registradas, mucho menos investigadas. A ese escenario de ignominia, se suma el asesinato del joven Manuel Carmona Esquivel el 17 de febrero. Todas estas muertes vinculadas a la defensa del territorio que esas comunidades han emprendido en contra del control territorial que el crimen organizado quiere mantener en el territorio”, detalla la Iniciativa.

Por último, también se menciona el caso de desaparición del vocero de la tribu Yaqui, Tomás Rojo Valencia, ocurrido el pasado 27 de mayo, en el sur de Sonora.

“Días más tarde, el 21 de junio, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora notificó en un comunicado público que habían encontrado su cuerpo sin vida. A este terrible hecho se suma el asesinato de Luis Urbano Domínguez el 12 de junio. Indigenous Peoples Rights International tiene información de diversas fuentes de la región, que reportan de más de 20 personas indígenas yaquis desaparecidas. El pueblo Yaqui ha sido uno de los grandes referentes de las luchas de los pueblos indígenas en México por la defensa de sus derechos colectivos como pueblos indígenas y desde hace varios años enfrenta una situación de violencia cada vez más delicada”, denuncian las organizaciones de derechos humanos.

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Congreso Nacional Indígena | Concejo Indígena de Gobierno

Pronunciamiento del CNI – CIG en solidaridad con Mexicali Resiste

Al Colectivo Mexicali Resiste

Al pueblo de Baja California

Al pueblo de México

A la Sexta Nacional e Internacional

A los medios de comunicación

 

Hoy, nos declaramos en alerta ante la amenaza a la libertad de las y los compañer@s del colectivo Mexicali Resiste, en el estado de Baja California, que luego librar varias batallas en contra del robo del agua, que los malos gobiernos en todos sus niveles, decidieron entregar a la empresa trasnacional Constelation Brands, en contra de todo el pueblo del estado de Baja California, enfrentan una nueva amenaza a su libertad.

 

El partido Morena, que domina el congreso estatal, impugnó la resolución en el Número Único de Caso (NUC) 02/2017/42577, del juzgado 4º.  del Sistema Penal en Baja California, en el cual la fiscalía estatal había determinado que no existen los elementos para ejercer acción penal alguna en contra de las y los compañeros, quienes no solo han ejercido sus derechos constitucionales de organización y manifestación, sino defendido el derecho al agua, o sea a la vida, de miles y miles de personas que resultarían afectadas por dicha acción neoliberal.

 

El día de hoy, 8 de julio de 2021, se celebra la audiencia constitucional como parte del amañado proceso en el que se pretende callar las voces de dignidad y esperanza, por lo que advertimos que no permaneceremos inmóviles ante cualquier acción de los malos gobiernos y responderemos en colectivo.

 

Las y los compas de Mexicali Resiste, se opusieron a la corrupción que el mal gobierno federal dice combatir, se opusieron al crimen que es despojar del agua a miles de familias, se opusieron al violento embate neoliberal, que es encabezado por el mal gobierno de la 4T, que pregona mentiras, mientras que con ambición y corrupción entrega el país a los ricos del mundo.

 

Estamos al tanto de la represión que han sufrido nuestr@s compañeros y compañeras, quienes han sido criminalizados por defender lo que es de todos, que al ser un recurso vital como es el agua, no puede ser tratado como una mercancía al servicio del gran capital.

 

Por lo que llamamos a la sociedad de Baja California y del país, a las organizaciones de derechos humanos, a los colectivos en lucha, a las redes de resistencia y rebeldía y a la Sexta Nacional e Internacional, a que estemos atentas y atentos a la integridad de las y los compas del colectivo Mexicali Resiste, que no se han rendido, no han claudicado ni se han vendido, pero también de las acciones que la 23 legislatura de Baja California, el gobierno estatal y el gobierno federal, pretendan tomar para privatizar y robar el agua, que en nombre del dinero y la corrupción, decidieron entregar de manera descarada a los dueños del poder.

 

Le decimos a los gobiernos, que sabemos que su intento de represión no es casual, ni tampoco inocente, por lo que responderemos en consecuencia ante cualquier intento despojo y represión.

Atentamente

A 8 de julio de 2021

Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos

Nunca Mas un México sin Nosotros

Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno

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Acción Urgente: Riesgo inminente a la vida e integridad física y psicológica de La Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal y de la población tsotsil de la región

El día de hoy se recibió información por parte de pobladores del municipio de Pantelhó, en la cual nos informan del alto riesgo a la vida y amenazas que han recibido por parte del crimen organizado del municipio de Pantelhó, Chiapas, incluyendo a integrantes de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Desde el día de ayer se han presentado enfrentamientos armados entre los límites de Pantelhó y Chenalhó, Chiapas suscitados entre un grupo que se organizó para defender al pueblo del crimen organizado. Desde distintos medios de comunicación locales y nacionales se ha tergiversado la información ante los hechos registrados en las últimas horas, criminalizando al grupo defensor de los pueblos, denominado por la prensa “Los Ciriles”, mismo que ha reaccionado para defender y proteger la integridad de las familias. Clic aquí para más información.

Nueva información apunta a que el crimen organizado se encuentra aproximadamente a 2 kilómetros de la sede de Las Abejas de Acteal; en este momento hay 120 personas desplazadas integrantes de esta organización pacifica que se encuentran refugiadas en La Casa de la Memoria y La Esperanza ante el inminente riesgo de un ataque armado. 6 familias, un aproximado de 27 personas de Las Abejas han decidido quedarse en el municipio de Pantelhó.

El Estado mexicano ha hecho caso omiso, tolerando y permitiendo la acción de la delincuencia organizada, lo que ha producido una escalada de violencia poniendo en riesgo la vida y la integridad de las personas quedando impune el grupo criminal.

Exigimos acción inmediata de las autoridades responsables de salvaguardar la seguridad de las comunidades implicadas.

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Acción Urgente: Riesgo inminente a la vida e integridad física y psicológica de La Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal y de la población tsotsil de la región

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San Cristóbal de La Casas, Chiapas, México,
a 8 de julio de 2021.
Acción Urgente No. 8

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PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO: Estado mexicano omiso y permisivo con la violencia hacia los Pueblos Indígenas de Chiapas

Grupos de defensores de pueblo de Pantelhó protegen a sus familias ante agresiones del Crimen Organizado

• Exigimos justicia para Simón Pedro Pérez López

Las personas, colectivos y organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional que nos adherimos al presente pronunciamiento, lamentamos profundamente el asesinato de Simón Pedro Pérez López (Simón Pedro), maya tsotsil, defensor comunitario de derechos humanos, catequista y expresidente de la Mesa Directiva de la Organización Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal (Las Abejas de Acteal), integrantes del Congreso Nacional Indígena. Simón Pedro fue asesinado el 5 de julio del presente año en la cabecera municipal de Simojovel, Chiapas. Este lamentable hecho es resultado de la omisión, permisibilidad y tolerancia de los tres niveles de gobierno con grupos criminales que operan en distintos municipios de Chiapas. Nos unimos a la exigencia de justicia y responsabilizamos al Estado mexicano de la violencia generalizada en diversos municipios del estado como en Simojovel, Chenalhó, Chalchihuitán, Aldama, Venustiano Carranza, Chilón y particularmente en el municipio de Pantelhó.

El asesinato de Simón Pedro tiene como causa el ser defensor comunitario de derechos humanos, su lucha por la paz, denunciando la violencia que existe dentro de las comunidades y su lucha por la justicia. Las y los integrantes de Las Abejas de Acteal han recibido amenazas constantes, han sufrido asedio, intimidaciones y desplazamiento de sus lugares de origen por su lucha no violenta y construcción de la Otra Justicia-Lekil Chapanel. En junio de 2015, fue asesinado Manuel López Pérez, quien tenía un cargo religioso en su comunidad ubicada en el municipio de Pantelhó. La Fiscalía del estado de Chiapas tuvo conocimiento de este hecho, no hubo avances en la investigación y actualmente se encuentra en total impunidad este hecho.

A través de diferentes fuentes, en lo que va de este año, en el municipio de Pantelhó, un grupo criminal asociado a la presidencia municipal perpetro el asesinato de 12 personas, entre ellas un niño; y una persona desaparecida y una mujer y un niño heridos, esto del 12 marzo 2021 a la fecha. Así mismo existe un sin número de personas que han sido desplazadas de manera forzada, ya sea de manera permanente y/o intermitente debido al miedo y el riesgo de perder su vida. A principios de mayo de 2021, el grupo criminal llegó a la comunidad San José Buenavista Tercero, municipio de Pantelhó, asesinaron a una persona del sexo masculino y desplazaron a los habitantes de la comunidad.

Retenes, bloqueos e incursiones del grupo criminal, en compañía de elementos de la policía municipal y estatal es un hecho cotidiano. Del mismo modo, el de 6 de junio, durante la jornada electoral testimonios han referido que los vehículos de la Guardia Nacional fueron conducidos por integrantes de dicho grupo. Sabemos que pobladores de al menos 19 comunidades de los municipios de Pantelhó, Simojovel y Chenalhó se encuentran en un nivel máximo de riesgo. Hombres, mujeres, niñas, niños, adolescentes y adultos mayores viven con miedo y terror debido a la amenaza que han recibido por parte de las personas vinculadas al crimen. La vida de quienes denuncian está en riesgo.

Con la documentación que contamos indican la presencia de un grupo criminal en el municipio de Pantelhó, que actúa en complicidad con el Ayuntamiento, y que forma parte de las estructuras del poder municipal y actualmente están vinculados al Partido de la Revolución Democrática (PRD) que gobierna el municipio.

El Gobierno del estado de Chiapas tiene pleno conocimiento de la situación que impera en este municipio, no obstante, hasta el momento no ha actuado para proteger la vida, integridad y seguridad personal de la población. En diversos municipios existe un vacío de autoridad, impera la violencia, la impunidad y el gobierno reduce la grave situación a conflictos intercomunitarios que sólo denotan un racismo de Estado. De este modo, la actividad delincuencial de los grupos criminales vinculados cada vez más y con claridad a partidos políticos, y funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno ha permitido que el poder de estos grupos sea el que impere y tenga control territorial sobre la población mediante el terror, asesinatos, desaparición, robo, despojo y desplazamientos forzados, portación de armas y explosivos de uso exclusivos del Ejército mexicano.

Por su parte la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) tiene conocimiento de la situación, ya que varios pobladores del municipio de Pantelhó han presentado denuncias por hechos de violencia perpetrados por grupos criminales y su vínculo con las autoridades del municipio. La Fiscalía ha sido omisa y poco diligente para realizar las investigaciones y acercar la justicia a las víctimas de esta violencia.

Además la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, en su labor profética ha denunciado “Volvemos a ver en Chiapas la reactivación de las fuerzas que mutaron de paramilitares a crimen organizado aliados al narco gobierno que han invadido nuestro estado para controlar la resistencia de los pueblos organizados que defienden su autonomía”. (Más información clic aquí.)

Contamos con información de actos de intimidación, vigilancia y amenazas del grupo Criminal a personas que no se han quedado calladas ante esta situación, como lo son las y los integrantes de la Organización de La Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal, así como las servidoras y servidores de la Parroquia de Santa Catarina Pantelhó, que abarca comunidades de Pantelhó, Simojovel y Chenalhó, por lo que tememos por su vida, integridad y seguridad personal. Hacemos responsable al Estado mexicano de cualquier agresión hacia ellas y ellos.

Ante el vacío del estado de derecho, así como la nula actuación de los gobiernos federal y estatal, que incumplen con el mandato constitucional de garantizar y proteger los derechos humanos, (como son la vida, la seguridad e integridad personal de la población), grupos de personas están defendiendo a las niñas, niños, mujeres, y a la población, los cuales se denominan Defensores del Pueblo, ubicado por la prensa como los “Ciriles”, quienes han tomado la decisión de defender la vida, confrontando al grupo criminal, tal como lo sucedido el 7 y 8 de julio en la cabecera municipal de Pantelhó. El grupo criminal desde hace aproximadamente seis años ha crecido en poder basado en los pactos de impunidad institucionales de los gobiernos, aunado a la complicidad y omisión, lo que configura aquiescencia del Estado perpetrando violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Cabe señalar que el día martes 6 de julio se encontraron dos artefactos de manufactura casera pertenecientes al grupo criminal en la comunidad Nuevo Israelita, mismas que hasta el momento no han sido desactivadas.

Las personas, colectivos y organizaciones firmantes hacemos un enérgico llamado y exigencia a los gobiernos de Rutilio Escandón Cadenas y de Andrés Manuel López Obrador para que detengan esta violencia en la zona de los Altos de Chiapas y evitar más asesinatos, desaparecidos, heridos y desplazados forzosamente.

Exigimos al Estado mexicano que garantice la vida, integridad y seguridad personal de la población en el municipio de Pantelhó, Simojovel y Chenalhó; así mismo, instamos al gobierno de México efectué una investigación exhaustiva, pronta y diligente para dar con los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Simón Pedro Pérez López, así mismo la investigación de los vínculos del grupo criminal con el municipio de Pantelhó.

Personas, Colectivos y Organizaciones firmantes

Jorge Santiago
José de Jesús Landín García
Ofelia Medina
Begoña Lecumberri
María Reynosa Hernández
Norma Julia Medina Sandoval
Ma. Juana Urbina Guerrero
Ana Cristina Vazquez Carpizo
Estela Barco
Elisa Gutiérrez Díaz
María de Lourdes Toussaint Loera
María Dolores González Saravia Calderón
Pedro Gutiérrez Jiménez
Jesús Landin García
María Reynosa Hernández
Blanca Isabel Martínez Bustos
Rigoverto Albores Serrano
Bertha Elena Juárez Badillo
Sasuan Montesquiu
Pablo Ramírez Obando
Víctor Hugo López Rodríguez
Ana de Ita
Elena Kahn
Aldo González Rojas
Juan de la Cruz
Susana de la Cruz
Gloria Estela Murúa Valencia
Federico Anaya Gallardo
Víctor Gutiérrez Torres
Alicia Calderón Torres, Catalunya (Estado Español)
Pedro Faro Navarro
Isabel Recuenco
Pere Folch
Juan López
Jorge Hernández
Rosa Rodríguez
Guadalupe Moshan
Israel Mora
Dora Roblero
Carlos Ogaz
Jorge Gómez
Jorge López
Fabiola Zavala
Adrián García
Elena Gómez
Lázaro Sánchez
Ana Esther Ceceña
Arturo Carrasco Gómez
Victórico Gálvez

Local
Centro de Derechos de la Mujer Chiapas, A.C. (CDMCH). Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (DESMI). Desarrollo Tecnológico y Servicios Comunitarios El Puente, S.C. Espacio de Lucha Contra el Olvido y la Represión (ELCOR). Grupo de trabajo No Estamxs Todxs. Memoria Viva. Promedios de Comunicación Comunitaria A.C. Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq. Salud y Desarrollo Comunitario, A.C. (SADEC). Centro solidario Tsomanotik A.C. Los Amorosos del Espacio. Centro de Derechos Indígenas A.C. (CEDIAC). Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, A.C. (CORECO). El Rebozo – Cuidado de la vida y los territorios, A.C. Red por la Paz. Diócesis de San Cristóbal de Las Casas. Comité para la Defensa de la Vida Samuel Ruiz García, Chicomuselo, Chiapas. Oxlajuj Q’anil (Colectivo de acompañantes de procesos de sanación desde la Cosmovisión Maya). Consejo General de la Zona Sur en Defensa de los Humedales. La Red Ambiental del Valle de Jovel, Formación y Capacitación, A.C. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. Sección XXI CNTE-SNTE, Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada A.C., Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C.

Nacional
Iniciativa Global en Apoyo a los Pueblos Indígenas-México, Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC), Universidad de la Tierra, Oaxaca. Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER). Red Nacional de Peritos y Expertos independientes contra la Tortura. Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C. Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca. Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, A.C. (CDDH FJL). Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, O.P. A.C. Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (Serapaz). Comisión de Justicia y Paz de la Familia Dominicana en México. Promotoría de Justicia y Paz de los Frailes Dominicos de México. Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez Oaxaca, S.C. Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam). Jóvenes ante la Emergencia Nacional. Comité 68 Pro Libertades Democráticas. Guerreros Verdes A.C. Grupo de Acción Comunitaria. Centro Universitario Comunal Ityi Ndya Ndoo de San Antonio Huitepec, Oaxaca. Colectivo Contra la Torutra y la Impunidad, A.C. Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha, A.C. Mujeres Para el Diálogo, Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina, Oscar A. Romero Sicsal/México, Comité de Solidaridad Mons. Romero, Casa Tochan (Albergue), Movimiento de Solidaridad Nuestra América, Pastoral Social Iglesia Anglicana de México, Servicio Para una Educación Alernativa AC (EDUCA/Oaxaca), Maderas del Pueblo del Sureste, A.C., Comité Nacional Para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas. ARTICLE 19; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); JASS Asociadas por lo Justo; SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI).
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT). Conformada por 85 organizaciones en 23 estados de la República mexicana
Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos, A.C., (ACADERH) (Pachuca, Hgo.), Agenda LGBT (CDMX), Alianza Sierra Madre A.C. (ASMAC) (Chihuahua, Chih.), ALUNA, Acompañamiento Psicosocial (CDMX), Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (ASILEGAL) (CDMX), Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jalisco), Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (ADDC MIGUEL HIDALGO) (La Misión, Hgo.), Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino”. Fundación de Promoción Social de la Siera Tarahumara (BOWERASA), (Chihuahua, Chih.), Casa del Migrante de Saltillo (CMS) (Saltillo, Coah.), Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (CDD) (CDMX), Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A.C. (CENTRO FRAY JULIAN) (Tlaxcala, Tlax.), Centro de Apoyo al Trabajad@r, A.C. (CAT) (CDMX), Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas A.C. (CECADDHI) (Chihuahua, Chih.), Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCh) (San Cristobal de las Casas, Chis.), Centro de Derechos Humanos «Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A.C. (CDH FRAY VITORIA) (CDMX), Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (CDH DON SERGIO) (Jiutepec, Mor.), Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A.C. (CDH FRAYBA) (San Cristobal de las Casas, Chis), Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A.C. (CDH JUAN GERARDI) (Torreón, Coah.), Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A.C. (CENTRO PRODH) (CDMX), Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan A.C. (TLACHINOLLAN) (Tlapa de Comonfort, Gro.), Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) (Chihuahua, Chih.), Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño (CDH BETY CARIÑO) (Tatahuicapan de Juárez, Ver.), Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C.(CDH DIGNA OCHOA) (Tonalá, Chis.), Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C. (CDH FRAY MATIAS) (Tapachula, Chis), Centro de Derechos Humanos Paso del Norte A.C. (CDH PASO DEL NORTE) (Ciudad Juárez, Chih.), Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo, A.C. (TOALTEPEYOLO) (Orizaba, Ver.), Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (CDH VICTORIA DIEZ) (León, Gto.), Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Atizapan de Zaragoza, Edo. Méx.), Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A.C. (CDI FLOR Y CANTO) (Oaxaca, Oax.), Centro de Derechos Indígenas A.C. (CEDIAC) (Chilón, Chis), Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, A.C. (CAM) (CDMX), Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C.(CEPAD) (Guadalajara, Jal.), Centro de los Derechos del Migrante, INC (CDM) (CDMX), Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL) (Guadalajara, Jal.), Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, A.C. (CDDH FJL) (Saltillo, Coah.), Centro Juvenil Generando Dignidad A.C. (CJGD) (Comalcalco, Tab.), Centro Kalli Luz Marina (CDHM KALLI LUZ MARINA) (Rafael Delgado, Ver.), Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) (CDMX), Centro Mujeres A.C. (CENTRO MUJERES) (La Paz, B.C.S), Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, A.C. (CENTRO MORELOS) (Chilapa de Álvarez, Gro.), Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolome Carrasco Briseño”, A.C. (BARCADH) (Oaxaca, Oax.), Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ, del ITESO (CUJD) (Gudalajara, Jal.), CIC Propuesta Cívica A.C. (CDMX), Ciencia Social Alternativa A.C. (KOOKAY) (Mérida, Yuc.), Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.) Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI) (Acapulco, Gro.-CDMX), Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristobal de las Casas, Chis.) Comision Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C. (CCDHN) (Mexicali, B.C.), Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán (CDHLVT) (Tehuacán, Pue.), Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.), Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A.C. (CRDHMG) (San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.), Comité Cerezo México (CDMX), Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (CCS MONSEÑOR ROMERO) (CDMX), Comité de Defensa de las Libertades Indígenas Xinich (CDLI XINICH) (Palenque, Chis.), Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.), Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A.C. (CDH FRAY PEDRO) (Ocosingo, Chis.), Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A.C. (CDH SIERRA NORTE HUAYA) (Huayacocotla, Ver.), Comité de Derechos Humanos Ajusco (CDH AJUSCO) (CDMX), Comité de Derechos Humanos de Colima, No Gubernamental, A.C. (CDH Colima) (Colima, Col.), Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A.C.(CODEHUCO) (Comalcalco, Tab.), Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A.C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab.), Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo A.C. (CODHOMHAC) (Dolores Hidalgo, Gto.), Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos” (CDMX), Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo., A.C. (COSEMA) (Tulancingo, Hgo.), Consultoría Técnica Comunitaria A.C. (CONTEC) (Chihuahua, Chih.), El Caracol, A.C. (CDMX), Estancia del Migrante González y Martínez A. C.(EMGM) (Tequisquiapan, Qro.), Frente Cívico Sinaloense (FCS) (Culiacán, Sin.), Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) (CDMX), Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (INDIGNACIÓN) (Mérida, Yuc.), Instituto de DDHH Ignacio Ellacuría S.J. (IDH IGNACIO ELLACURÍA) (San Andrés Cholula, Pue.), Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C. (IMDHD) (CDMX), Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC) (Guadalajara, Jalisco), Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (CDMX), La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (Tenosique, Tab.), Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales CIARENA, A.C. (CIARENA) (Oaxaca, Oax.), Promoción y Defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. (PRODDESCAC) (Edo. Mex.), Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. (PRODESC) (CDMX), Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (CDMX), Red Solidaria de Derechos Humanos A.C. (Morelia, Mich.), Respuesta Alternativa A.C. (San Luis Potosí), Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.), Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.), Uno de Siete Migrando A.C. (Chihuahua, Chih.), Voces Mesoamericanas. Acción con Pueblos Migrantes (San Cristobal de Las Casas, Chis.) Red de Resistencia y Rebeldía Jo’.

Internacional
FIDH, en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos. Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos.
Red de Sitios de Memoria Latinoamericana y Caribeña-RESLAC (Museo de las memorias dictadura y DDHH, Paraguay. Memoria Abierta, Argentina. Paz y Esperanza, Perú. Museo Internacional para la Democracia, Argentina. Centro Loyola Ayacucho, Perú. Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos CALDH/Casa de la memoria Guatemala. Fundación 1367, Chile. Casa de la Memoria José Domingo Cañas, Chile. Centro de la Memoria Monseñor Gerardi, Guatemala. Memorial para la Concordia en Guatemala).
Taula per Mèxic. Espacio de Adherentes a la Sexta Barcelona. CGT Catalunya. Lumaltik Herriak. Médicos del Mundo, Suiza-México. BIZILUR. La Reus. Cultural i Solidaria per la Pau. Grupo Chiapas-Tirol-Austria. CNT-AIT Tarragona. Assemblea de Solidaritat amb Mèxic del País Valencia. Solidaridad directa con Chiapas-Suiza, Comisió d´Ajuda al Refugiat. Transnational Institute.

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PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO: Estado mexicano omiso y permisivo con la violencia hacia los Pueblos Indígenas de Chiapas

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