_{Foto por Antony Guerra}

Las bases de apoyo zapatistas despidieron el año 2020 con ataques constantes de paramilitares que integran la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO). Así también han recibido el año 2021. Desde el pasado 18 de enero se ha reportado el aumento y agudización de estos ataques armados.

De acuerdo con información que ha recibido el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba), “el 18 de enero de 2021, desde las 15h30 hasta las 18h, integrantes de la ORCAO retomaron las agresiones con disparos de armas de fuego contra las casas de la comunidad Moisés Gandhi”, perteneciente a la Junta de Buen Gobierno Patria Nueva, Caracol 10 Floreciendo la semilla rebelde, con sede en el municipio de Ocosingo, Chiapas. Desde el 18 de enero, estas comunidades han contado “alrededor de 170 disparos de calibres grandes y 80 disparos de calibres pequeños”, que han detonado este grupo, según  ha denunciado el Frayba.

La organización sostiene que, desde el mes de abril de 2019, la comunidad de Moisés Gandhi ha sido agredida por parte de integrantes de la ORCAO “resultando en destrucción de bienes y agresiones físicas y verbales. Para marzo de 2019, comenzaron agresiones con armas de fuego con dirección a la comunidad. El 22 de agosto de 2020, saqueo e incendio de la bodega de café ubicada en el Centro de Comercio Nuevo Amanecer del Arcoiris en el crucero de Cuxuljá. El 8 de noviembre de 2020, integrantes de la ORCAO secuestran a Félix López Hernández, Base de Apoyo zapatista de la comunidad de Moisés Gandhi, quien fue liberado después de 4 días”, según un boletín que ha emitido el Frayba.

En Chiapas, organizaciones denuncian violencia sistemática y estructural

A finales de diciembre del año 2020 un conjunto de organizaciones de derechos humanos pertenecientes a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) denunció que estos ataques han sido una “situación de violencia estructural que se permite e, incluso, se fomenta desde los diferentes niveles de gobierno”, sostuvo la red en un comunicado dirigido al gobierno federal de México a finales del 2020.

Las organizaciones conformaron una misión de observación entre los días 7 y 10 de diciembre de 2020 y visitaron las comunidades de Chalchihuitán, Acteal, Aldama, Nuevo San Gregorio, Moisés Gandhi, Chilón y Tonalá. Documentaron diversos testimonios de personas “afectadas por situaciones de desplazamiento forzado, despojo de tierras, detenciones arbitrarias, tortura, hostigamiento, amenazas, criminalización, entre otras agresiones. Por otro lado, también se llevaron a cabo reuniones con autoridades de los tres niveles de gobierno para conocer el seguimiento que están dando a las diferentes problemáticas y casos concretos”, señaló en documento la misión de observación.Por ello, Frayba y la Red TDT hacen un llamado al Estado mexicano para que intervenga de manera inmediata, para que secén las agresiones hacia la comunidad Moisés Gandhi del Municipio Autónomo Lucio Cabañas, “ya que la vida e integridad de las mujeres, niñas, niños y hombres del Pueblo Maya Tseltal se encuentra en riesgo”, según el Boletín del Frayba.

Traducción: Paula Jiménez Argumosa

 A continuación se presenta el segundo artículo de la serie Entre palma, plomo y policías: paramilitarismo el brazo armado del desarrollo, que reflexiona sobre el paramilitarismo, la militarización y el papel que juegan ante los procesos de lucha y resistencia en Honduras, mientras los complejos de capital avanzan. Este es el según texto de una serie de cinco que Avispa Midia publica cada domingo.

Lea aquí la primera parte de este especial

Honduras | Entre palma, plomo y policías: paramilitarismo el brazo armado del desarrollo

Parte II

No toda la violencia colectiva en Honduras se puede explicar a través de las actividades de las organizaciones criminales y las pandillas. Los militares estatales, la policía y otros miembros de su aparato coercitivo, así como los actores armados no estatales, se involucran en la violencia pro-capitalista – un tipo de violencia que es funcional para el capital al crear, reproducir o restaurar las condiciones para la acumulación de capital.

El concepto de violencia pro-capitalista desarrollado por Hristov (2020) nos invita a conceptualizar una nueva forma de violencia – no en términos de los actores que la ejercen sino en términos de sus implicaciones estructurales – en función de su relación a las estructuras de clase.

Una de las razones por las cuales la violencia pro-capitalista es de naturaleza estructural es que interactúa con las estructuras legales, particularmente la legislación económica y de seguridad. Este aspecto es muy pertinente para el caso de Honduras. Como se demostrará en lo que resta de este artículo, el uso sistemático de la violencia contra periodistas, estudiantes, campesinos, indígenas, organizaciones de mujeres y otros sectores de la sociedad civil no puede explicarse como producto de la criminalidad, abuso de poder o coincidencias accidentales entre las actividades de los actores armados y los intereses capitalistas.

La violencia pro-capitalista se utiliza cuando personas y colectivos se manifiestan contra la reestructuración económica neoliberal discutida previamente. La violencia llevada a cabo, no solo por actores estatales sino también no estatales, sirve para hacer cumplir leyes y políticas económicas neoliberales que facilitan la acumulación del capital, frente a la resistencia de la población adversamente afectada. Al mismo tiempo, la legislación en materia de seguridad legitima la violencia dirigida a neutralizar los obstáculos que surgen de los agravios de los movimientos sociales desde abajo y criminalizar a quienes obstaculizan los avances del capital.

La Violencia Paramilitar

La violencia pro-capitalista se presenta en diferentes modalidades: producto del tipo de actor (estatal / no estatal) y si la violencia contraviene la legislación existente. Debido a que académicos y funcionarios del Estado suelen clasificar la violencia según el tipo de actor armado, los casos de violencia pro-capitalista en Honduras y otros países de América Latina terminan categorizados simplemente como violencia criminal relacionada con actividades de pandillas u organizaciones de narcotráfico. Por lo tanto, es crucial reconocer las diferentes modalidades: (1) estatal legal, (2) estatal ilegal, (3) no estatal legal y (4) no estatal ilegal.

La primera modalidad es llevada a cabo por actores estatales dentro de los parámetros de sus deberes legalmente prescritos; por ejemplo, “contener” (es decir, reprimir) las protestas para mantener el orden y la seguridad, o desalojar a los campesinos en relación al cumplimiento de una orden judicial.

La segunda modalidad es lleva a cabo por actores estatales que participan en acciones fuera de su servicio; por ejemplo, ejecuciones extrajudiciales, violaciones y torturas. La tercera es la de actores armados no estatales que realizan operaciones que no contravienen la legislación existente; por ejemplo, personal de seguridad privada que dispara para proteger a su cliente en un ataque.

La cuarta ocurre cuando los actores armados no estatales se involucran en actividades que: (a) están fuera de sus obligaciones habituales (como parte de un trabajo asalariado) pero que no violan directamente ninguna ley, como es el caso del personal de seguridad privada que acompaña a la policía estatal en casos de desalojo, o para participar en registros y detenciones arbitrarias de personas; y / o (b) son contrarios a la ley como asesinatos, amenazas, violaciones, torturas, desplazamientos forzados y secuestros.

En esta modalidad (4b) pueden existir actores que se encuentran empleados formalmente, como guardias de seguridad privada que durante o fuera del horario de su trabajo formal realizan violencia ilegal, o actores que solo trabajan en la realización de actos de violencia ilegal, es decir, sicarios a tiempo completo. Categorizamos dos modalidades de violencia pro-capitalista, las 2 y 4, como violencia paramilitar – esto es, actores estatales que participan en violencia fuera de su servicio legalmente prescrito y actores armados no estatales que participan en violencia más allá de la definición formal de su trabajo (si lo hay) y / o infligen daño a civiles de manera ilegal.

En Honduras, tanto la violencia estatal como paramilitar sustentan estructuras de poder institucionalizadas. Así, actos de violencia como la represión violenta de las protestas estudiantiles o la violencia sexual vivida por mujeres lideresas comunitarias contra la minería, contrastan con la violencia de pandillas que surge de la guerra con pandillas rivales, extorsión y control social no orientado a reproducir relaciones institucionalizadas de acumulación del capital.

Los actores estatales (militares) o no estatales (personal de seguridad privada) utilizan la violencia descrita en todas las modalidades, junto con un grupo armado de civiles reclutados localmente o residentes integrados en las comunidades locales empleando la violencia descrita en la modalidad 4.

Estos reclutas locales o bandas (grupos delictivos organizados localmente a pequeña escala) cuentan con una cultura y unos conocimientos locales y pueden aportar información esencial que ayude a identificar a los agentes clave que representan una amenaza para los intereses capitalistas. Las bandas no solo ejercen violencia, sino que también generan terror psicológico que es particularmente efectivo cuando los grupos o comunidades en resistencia están extremadamente unidos y no se ven afectados por la violencia estatal.

Militarización y criminalización: dos condiciones esenciales para la violencia paramilitar

La violencia paramilitar en Honduras ha sido llevada a cabo por: personal de seguridad privada, militares en activo o ex-militares u otro personal de seguridad del Estado, sicarios (pistoleros contratados), pandilleros, bandas de narcotraficantes y grupos de civiles armados al estilo paramilitar.

Es importante señalar que la proliferación de la violencia paramilitar en el país ha concordado con un resurgimiento de las prácticas de contrainsurgencia, desde la Guerra Fría y justificadas bajo el mantra de la Guerra contra las Drogas. En 2009, Estados Unidos creó la Iniciativa de Seguridad Regional Centroamericana (CARSI), que surgió de la Iniciativa México-Estados Unidos Mérida.

CARSI recibió un presupuesto de $496 millones entre 2008 y 2013; el programa fue diseñado para incluir la participación de contratistas privados de seguridad, la CIA, así como las fuerzas militares de Estados Unidos y Colombia, para combatir las organizaciones criminales y el narcotráfico. En 2011, el Pentágono aumentó su gasto en contrataciones en Honduras a 53,8 millones (Paley, 2014).

El Plan Colombia, así como las organizaciones paramilitares colombianas, han servido como modelo para el diseño de reformas policiales y de militarización en Honduras, que han fortalecido el poder de las fuerzas de seguridad del Estado, aumentado la militarización y facilitado la “cooperación” entre la seguridad pública y privada.

Este fortalecimiento del aparato coercitivo del Estado a través de una mayor militarización y la proliferación de asociaciones de seguridad público-privada ha ido acompañado por una legislación de seguridad orientada a la flexibilización del uso del ‘Estado de emergencia’ y la criminalización de la protesta social y el activismo por el derecho a la tierra y protección del medioambiente.

Un ejemplo de ello son las reformas del artículo 335 del código penal, realizadas en el 2017, que ampliaron la definición de lo que constituye el delito de terrorismo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otras entidades han expresado su preocupación por la ambigüedad de los delitos definidos en la reforma, que permiten interpretaciones muy dispares y sanciones sobre conductas que no corresponden a la gravedad y naturaleza del delito de terrorismo (OEA, 2017), y en consecuencia, perjudican el trabajo de defensores de derechos humanos, periodistas y movimientos sociales.

La criminalización de la disidencia se manifiesta en detenciones arbitrarias durante manifestaciones o acciones de recuperación de tierras, detenciones como parte de procesos judiciales, prolongación de procesos judiciales en los que se restringe enormemente la acción y libertad de movimientos de las víctimas, y estigmatizaciones mediáticas donde los principales medios de comunicación retratan a los movimientos sociales, activistas y quienes los defienden como criminales o terroristas (OCMAL, 2016).

Breves discusiones sobre los grupos paramilitares en el contexto hondureño comenzaron a aflorar en los medios de comunicación en 2009, dos meses después del golpe, en relación a la reclutación de alrededor de 130 ex-miembros de la organización paramilitar más grande de Colombia, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), para trabajar para empresarios y terratenientes hondureños en el Valle del Aguán y para sofocar las protestas nacionales contra el golpe (El Tiempo, 2009; BBC, 2009). Sin embargo, posteriormente, las menciones a los grupos paramilitares disminuyeron a pesar de que continuó la violencia paramilitar.

Por Sare Frabes

_{Foto de archivo de Avispa Media, por Antony Guerra}

“Donde tengo mi parcela me robaron mi elote. Fuimos a sacar evidencia y ahí mismo nos ponían balazos, en la comunidad de San Felipe”, relata una mujer integrante de las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) en la región Moisés Gandhi, municipio oficial de Ocosingo.

Ésta es solo una de las denuncias más recientes sobre agresiones armadas y violencia por parte de miembros de la Organización de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO) contra comunidades pertenecientes al Municipio Autónomo Rebelde Zapatista (MAREZ) de Lucio Cabañas, uno de los municipios que fueron recuperados por el EZLN desde 1994. En estos territorios rebeldes, que anteriormente estaban en manos de hacendados y finqueros, se ejerce el autogobierno a través de consejos autónomos.

En días pasados de este mes de Enero, una caravana de observación y solidaridad integrada por organizaciones, colectivos y personas a título individual, adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, informaron que el día 12, “alrededor de las 8:30 hrs. un grupo de aproximadamente 30 hombres pertenecientes al grupo opositor llegó cerca de las tierras que se encuentran trabajando las BAEZLN, tomando fotos de las y los integrantes de esta Caravana, como una forma de intimidación para obstaculizar su trabajo”, denunciaron en un comunicado.

Esta Caravana realizó un primer trabajo de documentación en Octubre de 2020. Sumado a este esfuerzo, el 7 de Diciembre del 2020 se realizó la primera Misión Civil de Observación, efectuada por parte de organizaciones pertenecientes a la Red “Todos los derechos para todas y todos”, la cual también recabó diversos testimonios que señalan un aumento de los ataques desde 2019. Se señala como principales responsables a miembros de la ORCAO.

En contexto ⇒ Crece solidaridad nacional e internacional con EZLN tras ataque paramilitar

En la más reciente visita, esta Caravana tiene la tarea de acompañar un nuevo comienzo en la labranza de la tierra y la siembra de trigo en este territorio rebelde.

Los participantes de la Caravana reafirman, “recordamos que la postura de la caravana de observación y solidaridad es y ha sido a favor de la paz, por esa razón exigimos el respeto al derecho a la autonomía y libre autodeterminación zapatista, a sus tierras recuperadas que forman parte de su territorio, así como el respeto y garantía a la integridad, seguridad y la vida de las Bases de Apoyo del E.Z.L.N.”

Ataques a la economía comunitaria

Las mujeres en Moisés Gandhi, región conformada por ocho pueblos, también reclaman que los miembros de la ORCAO fraccionaron y colocaron en venta tierras recuperadas tras el levantamiento zapatista en 1994.

“En la comunidad de San Felipe…fraccionaron terrenos, echaron su alambrado. En la comunidad de Progreso bloquearon la tierra recuperada”, señalan las BAEZLN sobre el despojo violento por parte de miembros armados de la ORCAO.

Aunado a ello, las familias también señalaron la extracción de materiales para la construcción y madera. “Mientras nosotros estamos luchando en la organización y nunca hemos sacado dinero de las tierras recuperadas, (miembros de la ORCAO) tumbaron los ocotales, están talando las maderas. Ahí están con sus balazos, con sus guardias, con sus altos calibres. Ya no podemos ir a la milpa, nos tienen vigilados”, denuncian sobre la presencia de grupos armados.

De acuerdo al Informe de la Caravana de Solidaridad realizada en octubre pasado, “a inicios del 2020 se sumaron a las agresiones los robos de cultivos, destrucción de alambrados y postes, presencia de gente armada y con radios portátiles en la comunidad y montando guardias, amenazas verbales y escritas, intimidaciones y agresiones físicas a BAEZLN, quema y fumigación de sembradíos, robo de las tiendas de las comunidades autónomas, quema de colmenas, destrozos en la Escuela Secundaria Autónoma y detonaciones de armas de fuego”, todas agresiones sucedidas en el ejido de Moisés Gandhi.

Leer también ⇒ En Chiapas, organizaciones denuncian violencia sistemática y estructural

Al mismo tiempo, en la comunidad Nuevo San Gregorio, tierra recuperada con 155 hectáreas en el mismo MAREZ, mediante acciones de intimidación, miembros de la ORCAO impiden el paso a las familias zapatistas hacia los espacios donde realizan trabajos colectivos para fortalecer la economía comunitaria.

“Nosotros queremos trabajar temprano y no podemos realizarlo”, detallan las BAEZLN de Nuevo San Gregorio sobre la imposibilidad de trasladarse a las tierras donde siembran trigo.

Desde Noviembre del 2019, estas tierras se mantuvieron cercadas por el grupo armado de la ORCAO como parte de los hostigamientos que también les ha impedido a las familias el retomar sus trabajos en una cooperativa para la cría de peces, así como el acceso a terrenos para la siembra de hortalizas.

Contrainsurgencia, en aumento

Los ataques a la economía autónoma privan a los pueblos de sus condiciones básicas de vida: agua y alimentos. “El año pasado no pudimos cosechar todo, apenas el 50% se cosechó. De Mayo a Noviembre estamos haciendo un gasto de 80 mil pesos solo para compra de maíz y frijol”, relataron con pesar las familias de Nuevo San Gregorio sobre las acciones de contrainsurgencia, situación que se agrava con la pandemia del Covid-19.

Por ello, durante el último año las BAEZLN resienten la falta de alimentos y la imposibilidad de continuar con trabajos como la siembra para autoconsumo, venta de bordados y de mecapales, así como la elaboración de muebles y carpintería.

Denuncian que “alambraron todo, nuestros animales, nuestros trabajaderos, el agua. Sí, estamos sufriendo mucho”, comparten testimonios de la comunidad de Nuevo San Gregorio, al momento en que muestran los terrenos para la siembra que les fueron despojados violentamente por miembros de la ORCAO.

Los testimonios recabados enfatizan las agresiones acontecidas el 22 de Agosto del 2020, cuando miembros armados de la ORCAO quemaron bodegas de café, el comedor “Compañera Lucha”, además de saquear la tienda colectiva Centro de Comercio Nuevo Amanecer del Arcoiris, robar el dinero en efectivo y destrozar el lugar.

De acuerdo al informe de la Caravana de Solidaridad, entre los daños de aquel día y agresiones en otros momentos, en total los daños contra las comunidades BAEZLN asciende a casi un millón y medio de pesos mexicanos.

“La tienda era colectiva y nos apoyamos de eso para las comisiones y hasta ahorita no tenemos nada, nos dejaron sin nada. Todo se llevaron, todo el dinero y al compa que estaba vendiendo lo atacaron, lo encerraron y los tuvieron una noche aguantando frío y hambre”,

DENUNCIARON LAS BAEZLN DE LA REGIÓN MOISÉS GANDHI.

Continuar la lucha

“Nosotros no nos rendimos. Para salir adelante empezamos a organizar nuestros trabajos colectivos. Los compañeros jóvenes empezaron con mecapal, aunque no teníamos experiencia, pero así aprendimos. Los compañeros con la carpintería, aunque con un martillo, un serrucho y un cepillo, así estamos saliendo adelante. Nosotras las compañeras empezamos hacer bordados para poder tener un poquito de dinero porque no tenemos nada. Tenemos hijos, piden sus cosas y no tenemos dinero, por eso estamos empezando con eso”, relataron mujeres de las BAEZLN en la comunidad Nuevo San Gregorio.

Además, dicen las Bases de Apoyo del EZLN afirman que mientras se les despoja de estas tierras, inmediatamente el grupo paramilitar las pone a la venta. “Ellos (ORCAO) ya le han dado precio al terreno, que son 100 mil pesos cada hectárea, pero no les vamos a dar gusto para que lo hagan como quieran. Lo vamos a defender, cueste lo que cueste. Nosotros no somos dueños, somos guardianes de la organización. El que es dueño de esta tierra es la organización. El que es dueño de esta tierra son los que dieron su sangre. No solo de nosotros, es de todos”.

El objetivo de la defensa de este territorio liberado, sostiene los campesinos, “es para vivir, no es para hacer negocio. La tierra es para que nos dé de comer, no para hacer negocios. Los árboles son para que nos dé oxígeno, no para hacer negocio. Queremos que les pongan un alto”, exigieron miembros de las BAEZLN de Nuevo San Gregorio durante el recorrido con la Caravana de Solidaridad realizada durante el año 2020.

Según autoridades de la Junta de Buen Gobierno (JBG) Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad con sede en Patria Nueva, los miembros de la ORCAO “Ya no son hermanos. Hermanos es cuando te entienden, cuando te escuchan, cuando te siente el dolor, el sufrimiento de los niños, de las mujeres embarazadas”, relatan en los videos de la Caravana Solidaria, pues a pesar de que las BAEZLN han solicitado el diálogo, los miembros de la ORCAO continúan las agresiones armadas.

La gente esta triste pero también con rabia y preocupación. “El coraje y la rabia que tienen mis compañeras, lo tengo también. Hemos dicho: si nos tocan a uno, nos tocan a todos, porque ellos (ORCAO) tienen (tierras) solo para vender, pero nosotros lo estamos cuidando, lo queremos proteger. Porque no solo estamos pensando nada mas por nosotros como pueblos zapatistas, estamos mirando más allá. Nosotros estamos defendiendo la madre tierra porque ahí comemos, ahí vivimos y ahí vamos a seguir resistiendo”, enfatiza una mujer integrante de la JBG del Caracol No. 10 Floreciendo la Semilla Rebelde.

Puedes consultar la serie de videos completos con los testimonios de las familias zapatistas puedes hacerlo ⇒ aquí.

Traducción: Paula Jiménez Argumosa

A continuación; se presenta un trabajo que reflexiona sobre el paramilitarismo, la militarización y el papel que juegan ante los procesos de lucha y resistencia en Honduras, mientras los complejos de capital avanzan. Un análisis que será publicado en cinco partes cada domingo.

PARTE I

Violencia Paramilitar en Sectores Económicos Claves en Honduras: El Brazo Violento del ‘Desarrollo’

Honduras ha sido clasificado en repetidas ocasiones entre los diez países con mayores tasas de homicidio del mundo durante la última década, así como el país con una de las tasas de feminicidios más altas del mundo. Académicos, analistas y líderes políticos tradicionalmente han atribuido esta violencia a las pandillas o maras y al crimen organizado, particularmente al narcotráfico (Cantor y Rodríguez, 2015; Moncada, 2013).

No obstante, detrás de los cárteles de la droga y las pandillas se esconde un tipo de violencia diferente. Global Witness ha denominado reiteradamente a Honduras como el país más mortífero per cápita para los defensores de la tierra y el medio ambiente (Orsi y DiLorenzo, 2018; Defensores en Linea, 2016). Es uno de los países con la expresión más aguda de una tendencia global caracterizada por la violencia y represión contra defensores de la tierra y el medio ambiente en el marco de proyectos agroindustriales y de minería e infraestructura en expansión (Hristov, 2020).

“La gente fuera de Honduras cree que Honduras es un país peligroso debido a las pandillas… Que este es el principal problema del país, pero no saben que la imposición de un modelo que nos empobrece y nos despoja de nuestras tierras, y que es violento en sí mismo, es más problemático”, cuantan en entrevista los miembros del Movimiento Independiente Indigena Lenca de la Paz (MILPA).

Claramente, reducir toda la violencia a la actividad criminal no sólo es inexacto sino que también daña profundamente cualquier esfuerzo que busque abordar las causas. Debido a que los discursos dominantes son incapaces de definir cualquier otro tipo de violencia que no sea criminal, el enfoque se ha centrado en tratar los síntomas (en oposición a las causas fundamentales), y el remedio ha consistido en fortalecer la seguridad invirtiendo fondos en el ejército y aparatos de la policía del Estado – los mismos organismos responsables de graves violaciones de derechos humanos.

Entonces, ¿quiénes son los perpetradores de la violencia política en Honduras? Tanto actores estatales como no estatales se involucran en la violencia al servicio del capital. Durante los últimos diez años, el país ha exhibido una proliferación de la violencia paramilitar junto con la violencia dirigida por el Estado.

La violencia paramilitar en este caso ha sido ejercida por una variedad de actores: guardias de seguridad privada, militares en activo, ex-militares u otro personal de seguridad del Estado que participa en acciones que exceden sus obligaciones legales, sicarios (pistoleros a sueldo), pandilleros y grupos armados al estilo paramilitar. Si bien la violencia paramilitar definitivamente tiene lugar en Honduras, a diferencia de países como Colombia y México, los grupos paramilitares todavía se encuentran en las primeras etapas de formación.

En este artículo presentamos dos argumentos principales: (1) La violencia paramilitar ha sido instrumental para la expansión y consolidación de operaciones capitalistas a gran escala en los sectores de la agroindustria, el turismo, la minería y la energía, así como la imposición de reformas neoliberales en la gestión territorial, la educación y los sectores de la salud; todos contra la resistencia de las poblaciones afectadas.

(2) La violencia paramilitar al servicio de corporaciones locales y extranjeras casi siempre ha tenido lugar en un entorno altamente militarizado, caracterizado por la violencia estatal, la represión y la criminalización de los movimientos sociales, donde colaboran actores estatales y no estatales directamente o al menos facilitan las operaciones. De hecho, existe una correlación entre los altos niveles de violencia y de criminalización, y Honduras es uno de los cuatro países de América Latina que ocupan el primer lugar en ambos.

Contexto Económico y Político

La historia de Honduras, como la de muchos de sus vecinos latinoamericanos, se ha caracterizado por profundas desigualdades raciales y de clase, un proceso continuo de despojo de tierras y violencia empleada por quienes tienen poder económico y político contra la mayoría social – trabajadores y pobres -, con el propósito de mantener el control sobre los recursos y la mano de obra, y eliminar o reprimir la disidencia.

En 1960, la implementación y expansión de las protecciones sociales, así como la distribución de tierras a comunidades empobrecidas de las zonas rurales, se vieron como una forma de “evitar el contagio revolucionario” en Honduras, particularmente con la victoria de la revolución cubana en 1959 (FIAN, 2017). Por ejemplo, una ley firmada en 1961 promovió la conquista de la frontera agrícola, como las tierras estatales en el Valle del Aguán, por campesinos y trabajadores sin tierra y se promovió la creación de empresas campesinas cooperativas.

En las décadas de 1970 y 1980, la política exterior del gobierno de Estados Unidos hacia Centroamérica cambió a medida que crecía la preocupación por el aumento de la influencia de la Unión Soviética, en el contexto global de la Guerra Fría y a medida que los conflictos armados amenazaban el estatus quo y el poder de Estados Unidos en Nicaragua, Guatemala y El Salvador.

Durante la década de los 80, Estados Unidos buscó una solución militar a la amenaza de la izquierda de Nicaragua, Guatemala y El Salvador, convirtiendo a Honduras en una base regional de actores armados estatales y no estatales para llevar a cabo tácticas de contrainsurgencia y esfuerzos de desestabilización contra las fuerzas revolucionarias en estos países vecinos (CONADEH, 2002).

Fue en este clima autoritario cuando el enfoque previo de sostenibilidad alimentaria y redistribución de la tierra, que caracterizó las décadas de 1960 y 1970, llegó a su fin. La mitad de la década de 1980 marcó el inicio de las reformas neoliberales en Honduras bajo el gobierno de José Azcona (Loperena, 2017). Como en otras partes de América Latina, el Banco Mundial y el FMI ofrecieron una reestructuración de la deuda condicionada a la implementación de políticas neoliberales agresivas orientadas a la apertura de territorios, recursos y mano de obra, al capital global. La receta del Banco Mundial para Honduras tenía un claro énfasis en un “marco macroeconómico estable” que garantizaría “certeza para la inversión privada” (Banco Mundial, 2001).

Las consecuencias para la mayoría social han sido devastadoras. En la actualidad, Honduras es el segundo país más desigual de América Latina, después de Colombia, y el sexto país más desigual del mundo, según el BM (World Politics Review, 2017), con un coeficiente de Gini de 50,4 (Banco Mundial, 2018). Desde el golpe de Estado de 2009, la pobreza y la desigualdad han ido aumentando. El 20 por ciento más enriquecido vio aumentar sus ingresos en más del 8 por ciento, mientras que el 20 por ciento más empobrecido sufrió una disminución del 7,4 por ciento. Según estadísticas conservadoras del Instituto Nacional de Estadística de Honduras, en 2017 el 64 por ciento de la población de Honduras vivía en la pobreza y el 40 por ciento en la extrema pobreza (Mejía, 2017), pero otros, como dijo en entrevista Bartolo Fuentes, “las cifras son incluso superiores”.

Como ha demostrado la historia los oprimidos no son víctimas pasivas y Honduras no es una excepción. Más de 30 años de despojo, asaltos al tejido asociativo de las comunidades, y erosión de los programas sociales han producido numerosos movimientos sociales desde abajo con una clara agenda antineoliberal que ha presentado un desafío permanente a las élites y sus aliados capitalistas extranjeros al resistir y luchar contra la legislación y las políticas económicas favorables al mercado, que los condenan al hambre y a la muerte. Es aquí donde la violencia ha servido como instrumento indispensable para los grupos económica y políticamente dominantes.