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Familias unidas contra la tortura: seguimos en lucha por lograr la justicia, libertad y reparación de daños
Villaflores, Chiapas a 7 de junio de 2022
“Día de la libertad de expresión”
A la Opinión Pública
A Organismos Internacionales de Derechos Humanos
A Organizaciones Civiles y Defensores de los Derechos Humanos
A Organismos Nacionales, Estatal e Independientes de Derechos Humanos
A los Medios de Comunicaciones Local, Estatal, Nacional,
Internacional e Independientes
PRESENTE.
Somos la Organización “Familias Unidas contra la tortura y en defensa de los derechos humanos”. Bajo el reconocimiento mediante la protección y el respeto a nuestro derecho fundamental a la libertad de expresión, la prensa, medios de comunicación y todo aquel que quiera alzar su voz y opinión tendrá espacio en esta sociedad.
En el marco del “día de la libertad de expresión”, como familiares, víctimas y sobrevivientes de tortura, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, y fabrica de culpables expresamos que seguimos en nuestra lucha y esperanza de lograr la justicia, libertad incondicional y la reparación integral de todos los daños que el Estado mexicano nos ha causado.
NO nos cansamos de denunciar públicamente las malas practicas realizada por las Fiscalías del estado de Chiapas, en la que se preserva la fabricación de culpables y criminalización de personas inocentes, pobres, marginados y defensores de derechos humanos, así como de la complicidad por parte del Poder Judicial del Estado, esta relación Fiscalía y Poder Judicial ha generado una desacreditación en el supuesto “Chiapas seguro”, marcado por el Gobernador del Estado Rutilio Escandón Cadenas.
Manifestamos que las investigaciones realizadas por las Fiscalías en los delitos de homicidio calificado, secuestro, motín, perpetradas a personas inocentes, contienen deficiencias de fondo y de forma. Las y los jueces son cómplices de subsanar (corregir) las deficiencias en las investigaciones, vinculando a proceso, llevando a prisión preventiva hasta por 2 años y sentenciando a personas completamente inocentes. Todo lo contrario a lo que marcan legislaciones mexicanas, marcadas por los principios del Sistema Penal Acusatorio.
Estas practicas siguen vigentes hoy en día realizadas por los Fiscales del Ministerio Público en el Estado, una de las Fiscalías que hemos denunciado continuamente ha sido la Fiscalía de Distrito Fraylesca, ubicada en el municipio de Villaflores, Chiapas anteriormente dirigida por el Fiscal Daniel Arellano Camacho, en la que dicho Fiscal los jueces le han permitido sanar sus deficiencias en investigaciones por los delitos de homicidio y se han sentenciado injustamente a personal inocentes, como es el caso de Yonny Ronay Chacón Gonzalez.
Cabe reiterar que en dicha fiscalía de distrito Fraylesca, se fabrican testimonios de personas que no tienen conocimiento de que han usado indebidamente sus identificaciones, inventan declaraciones de personas que perdieron la vida y aparecen como supuestos testigos en delitos señalando a víctimas de inculpación del delito, con la finalidad de que sus testimonios tengan validez y puedan sentenciar de manera injusta. Es importante remarcar las irreglaridades que realiza la Oficina de Registro Civil de Villaflores al expedir actas de defunción sin cumplir los requisitos establecidos para su expedición, como es el caso de Luis Carlos Dominguez Martinez, quien actualmente lleva un proceso penal, basado en irregularidades garrafales en la investigación con testimonios fabricados.
Como hemos mencionado, la criminalización por delitos fabricados esta muy presente en el estado de Chiapas, tal es el caso de José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano defensores comunitarios del municipio de Chilón, quienes fueron procesados en octubre de 2015 por el delito de motín y actualmente enfrentan un proceso penal en libertad.
Ahora 5 personas indígenas tseltales Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez, así como la existencia de ordenes de aprehensión en contra de tres personas más integrantes de la parroquia de San Juan Cancuc, defensores de derechos humanos, de sus tierra y territorio, quienes el día de ayer 6 de junio del 2022, fueron injustamente vinculados a proceso y sometidos a la medida cautelar de prisión preventiva, solicitada por la Fiscalía indígena de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
- Solicitamos la solidaridad Nacional e Internacional de Organismos de Derechos Humanos, Sociedad Civil y familiares víctimas de estas malas practicas para visibilizar la grave situación de injusticia en el Estado de Chiapas y pronunciarse en contra de este sistema de criminalización a intereses del Estado mexicano.
- Exigimos a los Jueces de Control y Tribunales de Enjuiciamiento, la exclusión de pruebas que en su valoración humana y precisa sean violatorios a derechos humanos y hayan sido obtenidos con vicios formales por parte de las Fiscalias, con el objetivo de procesar a nuestros familiares injustamente presos. Así como de su inmediata libertad.
- Demandamos a la Fiscalía General del Estado de Chiapas, al cese absoluto de la reiterada situación de terror judicial, manifestada en investigaciones con fines de criminalizar a personas inocentes y nuestros familiares.
- Reclamamos investigaciones profundas y efectivas a perpetradores de violaciones a derechos humanos inmiscuidos dentro de las instituciones de procuración de justicia, fiscales y jueces, quienes han dañado irremediablemente nuestro núcleo familiar y roto sueños.
Atentamente,
Organización “Familias Unidas contra la Tortura y en Defensa de los Derechos Humanos”
Chilón,
Cintalapa,
Jiquipilas,
La Concordia,
Palenque,
Pichucalco,
Playas de Catazajá,
San Cristóbal de Las Casas,
Teopisca,
Venustiano Carranza.
Villaflores.
La violencia se agrava contra comunidades indígenas del Perú
Fuente: Avispa Midia
Por Javir Bedía Prado
Entre enero y mayo de este año, los asesinatos de líderes e integrantes de comunidades indígenas a manos del crimen organizado en el Perú muestran un alarmante incremento en relación al 2021, cuando el país ocupó el noveno puesto de los más violentos para defensores de territorios, según el registro de Global Witness.
De acuerdo a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y el Ministerio de Justicia, el año pasado se registraron cuatro muertes violentas, mientras la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos indica cinco. En solo cinco meses de 2022, se reportan cinco crímenes y el incendio de un pueblo asháninka por parte de invasores.
Los casos varían por la condición asignada a la víctima: protector de territorios o del ambiente, líder indígena o campesino, en las regiones de la sierra y la costa. Organismos internacionales han emitido alertas por una situación que se agrava en los últimos años.
Desde que empezó la pandemia en 2020, se cuentan entre 14 y 19 asesinatos. La mayoría de ataques, el 70% en promedio, se cometieron contra dirigentes de comunidades nativas de la Amazonía que se enfrentan al cultivo de hoja coca para el narcotráfico, a la tala y minería ilegal, a las invasiones para monocultivos, principalmente de palma aceitera, y para el tráfico de tierras.

Los asesinatos del defensor ambiental Juan Fernández Hanco, el 21 de marzo en la región Madre de Dios, y del líder del pueblo nomatsigenga Ulises Rumiche, el 19 de abril en la región Junín, fueron reportados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al segundo lo victimaron horas después de reunirse con la viceministra de Poblaciones Vulnerables.
A estos se suman, también en marzo, los de la comunera Nusat Benavides y los comuneros Jesús Antaihua y Gemerson Pizango, quienes vivían en pueblos asháninka y yanesha asediados por bandas criminales en la región Huánuco, de acuerdo a la denuncia de Aidesep, organización que agrupa a 2.400 comunidades amazónicas en nueve regiones del Perú. En mayo el presidente Pedro Castillo rechazó reunirse con sus representantes, ante lo que organizaron una vigilia en las calles de Lima el 27 del último mes.
Libre determinación
La titulación de tierras comunitarias es una de sus demandas para organizarse ante la violencia desbordada.
“En los últimos nueve años han sido asesinados 23 líderes de toda la Amazonía. No hay justicia, el gobierno no ha hecho nada. Las amenazas se evidencian en las propias comunidades, en las invasiones de personas foráneas, las autoridades tienen conocimiento, la policía, los fiscales, pero no se evidencian resultados, no se ve la intervención inmediata de estas amenazas. Pedimos que se titulen las comunidades para salvaguardar así los derechos de nuestros pueblos indígenas”, declaró Tabea Casique Coronado, integrante del consejo directivo de Aidesep.
Entre otras medidas, las organizaciones piden que se les garantice la libre determinación y manejo forestal comunitario, a través de una segunda reforma agraria. Asimismo, destinar el 1% del presupuesto nacional a financiar los planes de vida de los pueblos indígenas amazónicos. Estas propuestas transmiten su visión de autogobierno y políticas posibles surgidas del seno de las comunidades y sus tradiciones.
Autodefensa
El clima de violencia se refleja en los 171 casos de amenazas y atentados activos en el Registro de Situaciones de Riesgo para Personas Defensoras de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, en la que se incluyen a comuneros y guardianes de territorios ancestrales. De 31 solicitudes de garantías, 23 fueron admitidas hasta abril de este año.
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Las condiciones de las comunidades originarias y sus defensores son la impunidad para quienes asesinan y mecanismos legales que no les protegen. El abandono se ve en las más de 203 mil hectáreas de bosques perdidos en 2021 en la Amazonía peruana, donde el crimen organizado es parte de una cadena de operaciones regionales y globales que alcanza picos de violencia en los vecinos Colombia (65 víctimas en 2021) y Brasil (20 víctimas en 2021), en el primer y el cuarto lugar, respectivamente, de las naciones más letales para guardianes del ambiente.
En lo que va del primer semestre de 2022, los índices de violencia en el Perú apuntan a aproximarse a los de Brasil, teniendo en cuenta la gran diferencia demográfica entre ambos.

Las comunidades resaltan que la principal medida de seguridad es el fortalecimiento de los comités de autodefensa. “Este gobierno que se llama del pueblo dice que quiere ayudar formalizando cultivos de coca, pero eso traerá más violencia. Ya hay plantaciones de cocaleros en nuestras comunidades, eso atrae al narcotráfico, la tala ilegal, son un peligro para nosotros, están matando a nuestras comunidades. Yo recibo amenazas, un año esperé para que me den garantías, eso no sirve. Necesitamos que el gobierno nos entregue recursos para nuestros comités de autodefensa, necesitamos presupuestos, armamento”, señaló a Avispa Midia el presidente de la Central Asháninka del Río Ene (CARE), Ángel Pedro Valerio.
Paros
El jueves 2 de junio, dirigentes de pueblos indígenas se reunieron con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, tras iniciales negativas de recibirlos.
El mandatario se comprometió a aprobar el fideicomiso indígena de inversiones inmediatas, la revisión de contratos petroleros y la creación de una comisión de la verdad para investigar los crímenes. De momento el gobierno no se pronunció sobre la reunión ni medidas concretas para enfrentar la ola de violencia que sufren las comunidades nativas.
Las organizaciones han anunciado paros y movilizaciones las próximas semanas en las nueve regiones del Perú que comparten territorios amazónicos.