Por Avispa

Texto: Roderico Y. Díaz y Emily Rhyne

Portada: La abogada Lucia Xiloj abraza a una de las mujeres achí sobreviviente de violencia sexual. Guatemala enero, 2022. Fotografía: Roderico Y. Díaz.

En un caso histórico para la justicia en Guatemala, un tribunal especial condenó a cinco ex paramilitares a 30 años de cárcel por deberes contra la humanidad en su modalidad de violencia sexual cometidos durante el conflicto armado interno en Guatemala (1960-1996). Los culpables de estos crímenes son Francisco Cuxum Alvarado, Damián Cuxum Alvarado, Benvenuto Ruiz Aquino, Bernardo Ruiz Aquino y Gabriel Cuxum Alvarado.

En 2018, un grupo de 36 mujeres indígenas Maya Achí, todas sobrevivientes de violencia sexual, iniciaron el proceso judicial, casi 40 años después de sufrir estos vejámenes por parte de miembros de las patrullas de autodefensa civil (ex PAC), grupo paramilitar organizado por el ejército de Guatemala durante el conflicto armado interno.

El tribunal estuvo compuesto por tres jueces, Yassmin Barrios, Patricia Bustamante y Gervi Sical, destacados por su trabajo en casos anteriores de derechos humanos de alto impacto.

Las 36 mujeres maya achí fueron representadas por un equipo de tres abogadas indígenas de la Asociación Bufete Jurídico y Popular de Rabinal, entre ellas la abogada Lucía Xiloj, reconocida internacionalmente por su trabajo en casos de derechos humanos enfocados en violencia contra las mujeres.

La abogadaLucía Xiloj, en sus conclusiones finales ante el tribunal, argumentó que “la violencia sexual es un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad. Es una práctica que se comete durante los conflictos armados […] Estos hechos han permanecido en la impunidad, al ser una estrategia contra las mujeres y sus comunidades.”.

El juez Sical leyó el veredicto histórico a la pequeña multitud de abogados, testigos, periodistas y observadores de derechos humanos reunidos dentro de la sala del tribunal, mientras en las afueras del edificio del tribunal, otro grupo de mujeres sobrevivientes, escuchaban la transmisión del proceso en un altavoz y teléfonos celulares, debido a las restricciones de salud pública.

El veredicto contiene un análisis importante que puede servir como precedente para litigios futuros relacionados a casos de violencia sexual durante la guerra en Guatemala. “Los soldados atacan a las mujeres […] con la intención de romper el tejido social, de romper emocionalmente al adversario. […] Violencia sexual contra las mujeres achí fue utilizada como parte de la estrategia militar que las consideraba enemigas internas [del Estado] […] A través de la violencia sexual buscaban destruir al pueblo maya achí a través de los cuerpos de las mujeres achí. [… ] Fueron utilizados como ‘botín de guerra’ y como instrumento de tortura”. […]

Continúa el veredicto: “Al escuchar las declaraciones de las sobrevivientes, este tribunal determinó que las mujeres achí sufrieron violencia sexual individual, colectiva y sistemática y esclavitud doméstica. […] Reconocemos la valentía y el respeto que merecen las mujeres Achí por su valentía y perseverancia al sacar adelante este caso, rompiendo el silencio sobre los hechos a los que fueron sometidas, y que crímenes de esta naturaleza nunca más se repitan.”

Afuera del juzgado, cientos de simpatizantes celebraron el veredicto y las sobrevivientes se dirigieron a la multitud. “Estamos contentas con esta sentencia y doy gracias a Dios y a nuestra sagrada tierra. […] Estamos aquí porque es nuestro derecho y es una obligación del Estado [guatemalteco]. Nos deben esto porque no solo por violarnos, también mataron a nuestros familiares”.

Testimonios dolorosos y actos atroces de violencia

Los dolorosos testimonios de las mujeres describieron abortos espontáneos y embarazos forzados, daño emocional severo y estigmatización como resultado del abuso.

Relataron cómo las Fuerzas Armadas de Guatemala y las PAC llevaron a cabo asesinatos y desapariciones forzadas de familiares mientras quemaban todas sus pertenencias, incluidas sus viviendas y cultivos alimentarios, durante las masacres. También describieron la destrucción del tejido social y los valores de apoyo mutuo en las comunidades indígenas.

Pedrina López tenía solo 12 años cuando el 29 de agosto de 1982, luego de que sus padres fueran capturados, los paramilitares Benvenuto y Bernardo Ruiz Aquino, hermanos, se turnaron para violarla frente a sus hermanos menores. En su testimonio describió los hechos atroces:

“Mataron a mi padre y a mi madre. Luego regresaron a la casa y me violaron. No tengo vergüenza de contar lo que me pasó porque Benvenuto golpeó a mi hermanito contra la pared, hicieron lo que quisieron conmigo. Querían dinero, encontré 50 centavos en el cajón y se los di. Es duro vivir sin padres, pasamos hambre. Y queremos justicia, lo que hicieron, la violación, son mayores, yo no sabía, yo era una niña. Ellos vivían abajo de nuestra casa, los conocíamos, siempre los encontrábamos en el mercado. Me dejaron sangrando durante un mes por lo que me hicieron, y lo hicieron frente a mis hermanos. El dolor de mi corazón no se va, siempre lo recordamos.”

Margarita Alvarado Enríquez estaba lavando ropa cuando los paramilitares la agarraron y procedieron a amordazarla y golpearla en todo el cuerpo. Amenazándola con armas de fuego, la obligaron a desnudarse y posteriormente procedieron a violarla en grupo a pesar de que estaba embarazada de tres meses, lo que resultó en un aborto espontáneo.

“Me pusieron la pistola en el pecho, me amordazaron la boca, me violaron, me patearon, me abofetearon. Yo tenía 20 años cuando me violaron, me violaron dos veces”.

Su hermana, Marcela Alvarado Enríquez, estaba con ella en ese momento y también sufrió un aborto espontáneo como resultado de los brutales ataques.

En su testimonio describe “a mi esposo lo mataron los paramilitares cuando estaba trabajando. Nos obligaron a salir de nuestras casas y tuvimos que vivir en la selva. […] Llegaron a la casa preguntando por mi esposo, pero ya lo habían matado. […] Estaba asustada y temblando, me dijeron ‘ahora vas a pagar’. Grité y me taparon la boca. ‘Quita tu corte [un tipo de falda usada por mujeres indígenas en Guatemala] te vamos a violar.’ […] Me violaron dos veces. Yo tenía unos dos o tres meses [embarazada]. Me duele la espalda. Nos llevaron [y nos obligaron] a hacer tortillas en la base militar de Xococ”.

Deportado de Estados Unidos para enfrentar la justicia

En un comunicado, la U.S Inmigration and Customs Enforcement (ICE), en enero 2020, indicó que Francisco Cuxum Alvarado se había refugiado en los Estados Unidos por varios años, y que fue localizado en Waltham, Massachusetts, y deportado hacia Guatemala para responder a los señalamientos de violencia sexual en contra de las mujeres maya achí.

Parte del comunicado de ICE señala: “Según documentos judiciales, desde principios de la década de 1980, las fuerzas armadas guatemaltecas, asistidas por milicias civiles conocidas como Patrullas de Defensa Civil (PAC), perpetraron una serie de masacres contra el pueblo indígena maya achí de Río Negro, en y alrededor del municipio de Rabinal, en Guatemala. Más de 400 maya achí fueron asesinados en estas masacres y cientos más fueron sacados a la fuerza de sus hogares. En 1998, Cuxum Alvarado fue nombrado sospechoso en la masacre del 13 de marzo de 1982 de 177 personas, incluidos 107 niños en Cerro Pacoxom.”

El largo camino hacia la justicia

En 2011, el grupo de mujeres maya achí rompió el silencio denunciando lo sucedido durante la guerra de más de 30 años antes.

Unos años más tarde, en 2016, Guatemala vio un veredicto innovador que condenó a dos militares a más de 100 años de prisión cada uno por la esclavitud sexual de 15 mujeres maya q’eqchi’ de la comunidad de Sepur Zarco. Éste fue el primer caso en confrontar las secuelas de la violencia sexual generalizada cometida durante el brutal conflicto armado interno de Guatemala.

En mayo de 2018, seis presuntos integrantes de las PAC fueron capturados y acusados ​​de crímenes de lesa humanidad por violencia sexual contra 36 mujeres maya achí. Este es solo el segundo caso de alto impacto que aborda el tema de la violencia sexual y la esclavitud durante el conflicto armado.

En 2019, a pesar de las pruebas contundentes presentadas por la fiscalía, la jueza Claudette Domínguez desestimó los cargos contra tres de los acusados ​​y dejó en libertad provisional a los tres restantes.

En un comunicado de 2019, el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), quien actuó como querellante en el caso en ese momento, aseguró que “la impunidad que [la jueza Claudette Domínguez Guerrero] otorga a militares acusados ​​de graves violaciones a los derechos humanos durante la conflicto armado interno” confirma “su parcialidad en estos casos”.

El Centro indicó que “la jueza se escudó alegando secreto militar para evitar revisar documentos militares presentados por el Ministerio Público”. Además, expresó su solidaridad con las mujeres maya achí de quienes dijeron que “valientemente” rompieron su silencio para buscar justicia e instaron al pueblo de Guatemala, a la comunidad internacional ya las autoridades competentes a “denunciar estos actos de impunidad”.

Las víctimas interpusieron recurso de apelación argumentando que en la audiencia de apertura de juicio, el juez Domínguez, además de dictar clausuras y sobreseimientos provisionales, “omitió o no se pronunció” respecto de los hechos de violencia sexual, “desvirtuando los hechos” y “omitiendo del caso el 80% de las víctimas exigiendo justicia para sus familiares que sufrieron violencia sexual”.

Luego de varios meses de espera para que una corte de apelaciones resolviera el estado del caso de violencia sexual Maya Achí, el 9 de septiembre de 2019 se resolvió que la jueza Claudette Domínguez no podía seguir presidiendo el “Caso Mujer Achi” por interés indirecto, ordenando que el caso fuera trasladado a otro tribunal.

La resolución de 2019 fue el momento crucial que permitió que el caso de las sobrevivientes siguiera adelante. El caso fue reabierto en enero de 2020 por el juez Gálvez, quien determinó que había pruebas suficientes para detener a 5 de los imputados, fijando la fecha del juicio público para enero de 2022 y que llevó a la condena de 30 años de prisión a los cinco acusados.

En sus alegatos finales, la abogada Lucía Xiloj recordó al tribunal que “la violencia sexual es un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad”, y que tales crímenes no prescriben. Un elemento importante para el caso porque existen aún varios ex paramilitares prófugos por estos mismos señalamientos.

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

A la Red contra la Represión y por la Solidaridad

A las Organizaciones de Derechos Humanos

A los medios de comunicación

30 de enero de 2022

Hermanos y hermanas, como pueblos nahuas de la Montaña Baja de Guerrero pertenecientes al CIPOG-EZ y al CNI-CIG, estamos atravesando por momentos difíciles, pues por un lado el grupo narco-paramilitar “Los Ardillos” ha desatado una nueva escalada de violencia, con desapariciones e incursiones, como las de esta mañana en las comunidades de Tula, Xicotlán y Zacapexco, en las que por alrededor de 2 horas, abrieron fuego en contra de sus habitantes, sin que autoridad alguna interviniera, hasta pasadas las 2 horas, a pesar de haber una Base de operaciones Mixtas en la comunidad de Tula, no respondieron inmediatamente a las agresiones, tal como lo dicen la parte gubernamental en un  comunicado.

También dejamos claro que en el comunicado del gobierno no aclaran que son “Los Ardillos” quienes nos atacaron, lo cual nos deja mucho que pensar, vemos que les temen, que no los nombran, que los protegen; ya lo hemos dicho en otros momentos, dentro de las presidencias municipales, fiscalía, policías municipales, se pasa información y se protege a este grupo narco-paramilitar. Dicen también que intervinieron para “evitar que los pobladores continúen agrediéndose entre sí”, lo cual resulta absurdo, no nos agredimos entre nosotros, nos vinieron a atacar “Los Ardillos”.  Nuevamente llamamos a las autoridades a hacer su trabajo, a cuidar la vida de las comunidades y a desmantelar al grupo delincuencial “Los Ardillos”.

Les pedimos a nuestros hermanos y hermanas solidarias, a los medios de comunicación, a las organizaciones de derechos humanos y demás compañeros y compañeras, que estén atentos a lo que pueda suceder, pues aunque ya hay presencia de la Guardia Nacional y otras autoridades, éstas no permanecen en el lugar para protegernos y no dudamos que “Los Ardillos” vuelvan a atacarnos. Como CIPOG-EZ, mantendremos las denuncias y la defensa de la vida, por lo que sabemos que nuestras vidas corren peligro, frente a lo que responsabilizamos a los tres niveles de gobierno por lo que pueda suceder, pues saben lo que pasa en Guerrero, las denuncias se han hecho en todas las instancias gubernamentales, sin una respuesta clara que termine con la violencia en nuestras comunidades, ni en el estado.

CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO-EMILIANO ZAPATA

A :
Lic. Andrés Manuel López Obrador. Presidente Constitucional de México
Lic. Adan Augusto López Hernández. Secretario de Gobernación de México
Lic. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez. Subsecretaría de Derechos Humanos,
Población y Migración
Lic. Rosario Piedra Ibarra. Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Lic. Rutilio Escandón Cadenas. Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas
Lic. Victoria Cecilia Flores Pérez. Secretaria General de Gobierno en Chiapas
Lic. Juan José Zepeda Bermúdez. Presidente de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos.
Via :
Raymond de Las Casas de Saint-Martin, Consul honorario de México en Toulouse
Juan Manuel Gómez Robledo, Embajador México en Francia

Toulouse, suroeste de
Francia

14 de enero de 2022

Señores y Señoras,

Como Red de resistencia y rebelión del suroeste de Francia, y de apoyo a la lucha por la vida de nuestros compas zapatistas, adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, denunciamos las violencias ejercidas contras los pueblos indígenas deChiapas con impunidad total, a pesar de varias denuncias documentadas dirigidas a los 3 niveles de gobierno mexicanos.

Nos solidarizamos particularmente con la comunidades de Moises y Gandhi y de Nuevo San Gregorio, dependientes del Consejo de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad, del Caracol10 Floreciendo la Semilla Rebelde.

Desde el verano 2020, la ORCAO, grupo de paramilitares ha llevado a cabo acciones al amparo de las autoridades del municipio de Ocosingo donde gobierna el mal llamado Partido Verde (apéndice del PRI y que le hace el juego sucio a Morena), en donde su principal líder es funcionario del municipio. Actúan cobijado por el gobernador Rutilio Escandón  Cadenas a cambio de los votos que le dio el Partido Verde para llegar a la gobernatura de Chiapas.

Entre las acciones que han llevado a cabo y se han denunciado públicamente, sin embargo han quedado en total impunidad: el saqueo, robo y quema de la tienda el Arco Iris el 22 de agosto de 2020, ubicada en el crucero Cushuljá, municipio de Ocosingo.

El día 8 de noviembre de 2020 la Junta de Buen Gobierno de Patria Nueva denunció “el secuestro y tortura de un compañero Base de Apoyo Zapatista de la comunidad de San Isidro, anexo de Moisés y Gandhi, por parte de la organización paramilitar llamada ORCAO.”

El día 11 de septiembre de 2021 el grupo paramilitar secuestró a dos integrantes de la Junta de Buen Gobierno a José Antonio Sánchez Juárez y Sebastián Núñez Pérez, manteniéndolos en calidad de desaparecidos hasta el día 19 de septiembre.

El 21 de noviembre, una vez más los paramilitares de la ORCAO atacaron con armas de fuego a la comunidad de Moisés y Gandhi, e incendiaron la escuela secundaria autónoma.

En la misma zona, y desde noviembre de 2019, el poblado de Nuevo San Gregorio sufre la invasión de sus tierras por « el grupo de los 40 », cuyos líderes han sido identificados y denunciados públicamente varias veces.

Hoy en día, de sus 155 hectáreas , sólo le queda 7 hectáreas al pueblo ; sus habitantes resultan reducidos al estado de campesinos sin tierra. A pesar de la denuncia de esos actos por parte de la Junta de Buen Gobierno, via el CDH Fray Bartolomé de las Casas, el 2 de diciembre de 2021, el mismo grupo invasor entró los 6 y 7 de diciembre a arar el potrero colectivo de la comunidad, dejando 22 ganados con hambre y errando por la tierra arada.

A cada invasión, l@s habitantes de Nuevo San Gregorio se sienten « secuestrad@s » y ya no pueden desplazarse, ni trabajar ni siquiera salir de su casa, sometid@s a la guardia de los agresores apostados en varios lugares estratégicos. Para colmo de la impunidad que reina en Chiapas, existen testimonios e imágenes de los vínculos amistosos que entretienen los invasores con la policía municipal de Huixtán.

¿Así que se puede hacerlo todo en Chiapas bajo la mirada de la policía o del ejército ? ¿Robar tierras ? ¿Secuestrar a la gente ? ¿Desplazarla? ¿El concepto de respeto a los derechos humanos será menos importante que la lógica capitalista de la 4T ?

Los invasores de tierras pusieron un precio a las tierras que robaron : 100 000 pesos por hectárea, o sea más de 4300 euros, un precio exorbitante en la región. ¿ Quién comprará estas tierras robadas ? ¿ El Éstado o una multinacional de la electricidad que por fin podrá construir la presa de agua proyectada hace unos años, cuando la cañada esté librada de l@s zapatistas, guardianes de las tierras y protectores de la vida ?

Esta serie de actos de violencia incluido la detención de ilegal y arbitraria de autoridades autónomas han sido denunciado por las Juntas de Buen Gobierno. Por lo que urgimos al Estado mexicano quien tiene conocimiento pleno de los hechos desde marzo de 2020, a que ponga en marcha acciones tendientes para terminar con las violencias que muchas veces son sostenidas por autoridades comunitarias, municipales y estatales, bajo el respeto total de la tierra y el territorio que pertenece al EZLN en el marco de los Acuerdos de San Andrés, la Ley de Concordia y Pacificación, el Convenio 169 de la OIT, las Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y de los Estados Americanos.

El 10 de enero, en esta misma zona del Caracol 10, la comunidad autónoma de 16 de Febrero fue atacada por un grupo armado, ¡resultó que una mujer y sus 3 hijos fueron desaparecidos por 24 horas ! También denunciamos estas desapariciones forzadas.

También denunciamos la inacción de los 3 niveles de gobierno ante el clima de guerra y el desplazamiento de miles de personas durante el año 2021 en la región de Aldama a causa de ataques seguidos de grupos paramilitares (y últimamente, 49 ataques con arma de fuego los 7,8,9, y 10 de enero de 2022, un muerto, un zapatista herido mientras iba a trabajar a su milpa con su familia), o ante el asesinato de de Simon Pedro Pérez ex-presidente de la organización pacifista de Las Abejas, que sigue en la espera de una verdadera justicia en respuesta a la masacre de Acteal en 1997.

Como lo escribió el Subcomandante Galeano en septiembre de 2021, Chiapas está « al borde de la guerra civil », una situación creada por el mismo Estado Mexicano :

Desde 1994, su estrategia contra-insurreccional a favorecido la emergencia de grupos paramilitares que actúan en total impunidad. Ha fomentado el desmantelamiento de los ejidos y la división de las comunidades cuyos usos y costumbres eran la gestión colectiva tanto de la vida como de las tierras.

Promueve y alienta los grandes proyectos capitalistas como las minas o el Tren Maya que sólo pueden concretizarse desplazando comunidades enteras o obligándolas a romper con sus usos y costumbres.

Crea programas de « ayuda » como « sembrando vida » que, ellos también favorecen tanto la destrucción del modo de vivir de los pueblos indígenas y la de las tierras estimulando la monocultura productivista, como la invasión por la fuerza de las tierras por grupos violentos (ayuda otorgada a condición de poseer más de 2,5 hectáreas).

Denunciamos la violencia hecha a los pueblos indígenas y su impunidad. Y urgimos a que los responsables institucionales actúen como en un Estado de derechos, en el respeto de la vida y de los derechos de los pueblos. Ya es tiempo que los 3 niveles de gobierno actúen para que pare la violencia cada vez mayor en Chiapas.

Nosotr@s seguiremos apoyando la organización, la autonomía y la resistencia de las comunidades zapatistas por todos los medios posibles, porque l@s zapatistas luchan por la vida, por la protección de la tierra, y por ende por la de la humanidad.

Coordinación del suroeste de Francias de los colectivos de apoyo a l@s zapatistas
Colectivo intercerros de las dos orillas del río Aveyron, Tarn- Tarn et Garonne
Colectivo Elaff, Tarn
Colectivo Zapatería, Toulouse
Colectivo Sebag, Aveyron
Cazsa, Aveyron
Colectivo Chiapas Ariège
Cofirmantes :
Asociación Americasol, Red Escargot, Tarn
Asociación Mut Vitz31, Red Escargot, Haute Garonne
Asociación Chiapas Sol, Red Escargot, Aveyron
Asociación Café Kapel, Red Escargot, Finisterre
Foro Cívico Europeo
Movimiento de las Cooperativas Europeas Longo Maï
Coordinación del suroeste de Francias de los colectivos de apoyo a l@s zapatistas
Longo Maï, Alpes de Haute Provence
Le jaguar phocéen, Bouches du Rhône
Asociación Mut Vitz13, Bouches du Rhône
CH03, Bouches du Rhône
Asociación Café Z, Bélgica
Asociación Casa Nicaragua, Bélgica
Zapatisten Lagunak, País Vasco
Mujeres y disidencia de la Sexta en la otra Europa et en Abya Yala, Red de Resistencia y
de rebelión.

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Communique from the Popular Indigenous Council of Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), denouncing the disappearance of two of their members at the hands of the police, and announcing a highway blockade to protest insecurity in their communities

To the Zapatista Army of National Liberation

To the National Indigenous Congress

To the Indigenous Governing Council

To the National and International Sixth

To the Networks of Resistance and Rebellion

To the Network Against Repression and for Solidarity

To the Human Rights Organizations

January 27, 2022

Brothers and sisters. In the afternoon of January 25 at approximately 5:40pm, our compañeros Pablo Hilario Morales of the community of Tula, and Samuel Hernández Sánchez of the community of Zapapexco—both part of the CIPOG-EZ and CNI-CIG—were detained by municipal police of Atlixtac. We continue not knowing of their whereabouts.

As an organization, we are seeking information regarding their location. The authorities say they do not know anything, including in Atlixtac, where they even denied information to the National Human Rights Commission. We fear for the lives of our brothers, but the authorities seem to not care about life. It is more than evident that the government of Guerrero is afraid of confronting the criminal groups who move at will, kidnapping, assassinating, torturing, and shooting the population throughout the state. Acapulco, Chilapa, different parts of the Sierra, the Tlapa mountain region, Chilpancingo, are all scenes of extortion and assassination. The inaction of the authorities shows clearly that they are colluding with criminal and narco-paramilitary groups. We have denounced this to exhaustion, but the municipal, state, and federal authorities turn a deaf ear and look at us with contempt, as if we are only seeking charity, social programs, or crumbs to shut us up.

It is not only municipal authorities and municipal presidents. The National Guard, SEDENA, state and local police who are supposedly in charge of security, they also cover their eyes ignoring those who carry out crimes against the communities. At the same time, they continue claiming that they are engaged in actions to provide security. They do not understand that the criminals, the narco-paramilitary groups, must be sought out from within their own structures, inside the municipal police, prosecutor’s office, and municipal governments. With one hand they collect their salary from the taxes of the people, and with the other they collect pay from organized crime groups for their complicity and silence.

What good is a dialogue offered by the AMLO Administration, Evelyn Salgado Pineda, and the other levels of government, if when it comes to confronting organized crime, they don’t do it? We affirm that they are only acting as if they are truly listening to the people. We say to them, if they cannot provide security, they should resign. If they do not dare to confront organized crime groups, then they should get out of here. For the authorities, the lives of our people are just numbers, votes, political commodities. They only administer death, and resort to lies to avoid exposing their ineptitude.

The power vacuum that exists in Guerrero is visible. It is not possible that the government is afraid of confronting organized crime and narco-paramilitary groups. Just yesterday around 5:00pm, in the Valley of Ocotito, in the municipality of Chilpancingo, men armed with military grade weaponry and armored cars fired rounds for more than an hour against community police. No authority was there was confront these criminal groups. Not the army, ministerial police, nor the National Guard have acted to carry out arrests or stop the violence that plagues the state. This demonstrates that the criminal groups have the capacity to attack and move around as they please. It proves that they control the police who share with them inside information so that they can circulate and terrorize the population, assassinating those who decide to defend life.

For this, we demand the alive appearance of our brothers Pablo Hilario Morales and Samuel Hernández Sánchez.

• We demand that the municipal police of Atlixtac, of Chilapa, and of José Joaquín de Herrera, be purged. It is well known that they are in collusion with the criminal narco-paramilitary group, “Los Ardillos.”
• We demand the investigation and purge of municipal presidents. They are the ones who coordinate and dispute the resources of the people. They are also the ones who are allowing that the criminal groups operate with complete freedom.
• We demand that SEDENA and the National Guard began to actually do their job of stopping organized crime, “Los Ardillos,” and those who allow these groups to kill and terrorize the population.

We hold responsible the municipal president and municipal police of Atlixtac for the disappearance of our brothers. We also hold responsible the three levels of government because they know what is happening in Guerrero. Denunciations have been made to all government agencies. There has not been a clear response on how to end the violence in our communities, and in the state of Guerrero as a whole. As the CIPOG-EZ, we will maintain a blockade on the highway which runs from Tlapa to Chilapa, and we will carry out more actions until the return of our brothers Pablo Hilario and Samuel Hernández, until the governments assume their responsibility to the people. We call on the different organizations, networks, collectives, and human rights organizations, to share, denounce, and be attentive to the situation.

Sincerely,

Popular Indigenous Council of Guerrero-Emiliano Zapata

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.

22 de enero de 2022

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas

A las y los Defensores de los Derechos Humanos

A los Medios Libres y Alternativos

A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Queremos decirles a todas las mujeres y hombres quienes trabajan por la paz y la justicia; quienes defienden los derechos humanos; quienes defienden la Madre Tierra de los saqueos y destrucciones; quienes construyen sus propias autonomías; quienes sin esperar nada a cambio, luchan por la Vida; hoy, a todas esas personas les saludamos fraternalmente y reconocemos su digna decisión de seguir de pie en contra de un sistema de muerte.

Nos encontramos de nuevo aquí en Acteal, para reafirmar nuestra decisión incansable de exigencia de justicia verdadera a la masacre de nuestros 45 hermanos y hermanas y más los 4 bebés no nacidos, masacrados por paramilitares priistas de Chenalhó un 22 de diciembre de 1997, por órdenes de Ernesto Zedillo Ponce de León, en el marco del Plan de Campaña Chiapas 94.

A 22 días del inicio del año 2022, mediante este comunicado público, denunciamos que, parece que, al cambiarse el año, se subieron de nivel: la injusticia, la impunidad, las violaciones graves a los derechos humanos y la muerte impuesta por los ricos y poderosos en contra de los humildes, de los pobres y de quienes defienden los derechos humanos y la Vida.

Tan sólo podemos citar algunos casos de cómo el sistema de justicia podrido y sus jueces corruptos y policías torturadores en Chiapas, violan en plena luz del día, los derechos fundamentales de: la vida, la integridad física, psicológica y la libertad del joven Yonny Ronay Chacón González (Yonny Ronay), detenido injustamente y por medio de fabricación de delitos y tortura realizada por elementos de la policía especializada adscrita a la Fiscalía General del Estado de Chiapas, el 13 de marzo del año 2019, y, actualmente se encuentra privado ilegalmente de su libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No. 08 de la Cuidad de Villaflores, Chiapas[1].

Como miembros de la organización pacífica y No Violenta de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, condenamos enérgicamente la detención ilegal y arbitraria y la sentencia injusta de Yonny Ronay por el juez Olger Pineda Villegas que lo sentenció a 31 años y seis meses. Según, el día de ayer 21 de enero, se iba a realizar una audiencia de juicio oral para Jonny, argumentando la Fiscalía que el Ministerio Público a cargo “está contagiado con Covid-19”, pero nosotros pensamos que eso es mentira, ya les conocemos sus mañas para dilatar la justicia.

Ante la actuación negativa de parte de la Fiscalía, exijamos y presionemos la liberación inmediata de Yonny Ronay y se investiguen y castiguen a los policías, a los jueces y/o funcionarios públicos quienes estuvieron involucrados en la detención injusta y tortura cometida en contra del joven Yonny Ronay.

Los jueces, las fiscalías, los ministerios públicos y demás funcionarios públicos, manejan las situaciones a su antojo, como si fueran dueños de los derechos humanos de cada persona. Esto evidencia que la situación de derechos humanos en Chiapas, está prácticamente en crisis.

El gobierno de México en turno, solito se muestra que cómo viola e incumple deberes y obligaciones, por ejemplo: la situación de violencia entre los pueblos de Aldama y Santa Martha, Chenalhó, Chiapas, sigue cobrando vidas, a pesar de las “medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mediante la Resolución 15/2018 del 24 de febrero de 2018 (MC-882-17) y Resolución 35/2021 del 23 de abril de 2021 (MC-284-18) con la finalidad de parar la violencia hacia la población[2].”

La pérdida de vida del base de apoyo zapatista Lorenzo Gómez Ruíz, del municipio de Aldama, es un asesinato. Para nosotros los miembros de Las Abejas lo que pasa en Aldama, no tiene otra explicación más que, consecuencia de la impunidad de la Masacre de Acteal abonada por el Estado mexicano, al no desarmar a los paramilitares autores materiales de dicho crimen. Esa es la razón de que cualquier grupo armado o retoño de los paramilitares, pueden hacer lo que les da la gana y los gobiernos anteriores y el actual, son cómplices.

Este 19 de enero del presente año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), notificó la sentencia del Caso Digna Ochoa y familiares Vs. México, en donde encontró al Estado mexicano, responsable de graves errores en la investigación del asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido, recordamos que Digna fue asesinada durante el gobierno del panista Vicente Fox Quesada, el 19 de octubre de 2001. Las Abejas de Acteal, nos unimos a la exigencia de justicia y que el Estado mexicano reabra el caso para que investigue y castigue a los responsables de este crimen. Desde Acteal, abrazamos a los familiares de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa.

Hermanas y hermanos, aunque el gobierno en turno y sus ministerios públicos, jueces y fiscalías corruptos torturen y encarcelen personas inocentes, es cuando tenemos que estar más organizados y tener bien abiertos los ojos y pensamientos de nuestra conciencia.

Los hombres y mujeres de Las Abejas de Acteal, de por sí ya sabemos lo que nos toca hacer y acá vamos a estar organizándonos y trabajando en la construcción de la paz verdadera y la justicia, porque esa es la misión que elegimos desde que nació nuestra organización.

Y queremos terminar con nuestra palabra y compartirles que estaremos presentes en la celebración de los 11 años de la Pascua de Jtotik Samuel, a realizarse este 25 de enero en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. La memoria y pascua Jtotik Samuel, nos recuerda lo que es nuestra misión, porque él fue quien nos mostró el camino de la defensa de nuestros derechos humanos como sujetos de derecho y de nuestra propia historia; él nos enseñó a entender que Jesucristo vino al mundo para que los humildes y los desposeidos sean libres y vivan en Paz.

Desde Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza, compartimos al mundo, la luz y la esperanza que anidan en nuestros corazones.

¡Libertad inmediata para Yonny Ronay!

¡Justicia para Simón Pedro!

¡Informe de Fondo Ya, de la CIDH en el Caso Acteal!

Atentamente

La Voz de la Organización sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Por la Mesa Directiva:

Manuel Pérez Jiménez

Presidente

Antonio Ramírez Pérez

Secretario

Victor Manuel López Gómez

Tesorero

Mariano Sánchez Díaz

Sub Secretario

[1] https://frayba.org.mx/persiste-tortura-en-chiapas-para-fabricar-culpables/

[2] https://frayba.org.mx/hieren-en-ataque-armado-a-indigena-tsotsil-habitante-de-aldama/

EL ACTUAL GOBIERNO DE GUERRERO SIMULA DIÁLOGO CON EL CIPOG-EZ, MIENTRAS LOS GRUPOS NARCO-PARAMILITARES Y QUIENES LOS PROTEGEN, SIGUEN IMPUNES.

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

A la Red Nacional contra la Represión

A los medios de comunicación

A las Organizaciones de Derechos Humanos

22 de enero de 2022

Bien lo sabemos, que los malos gobiernos administran el país para los capitalistas y que están al servicio del dinero, de quienes con sangre y muerte generan sus ganancias, tal como los grupos narco-paramilitares. Como pueblos indígenas, siempre le daremos paso a la palabra, como ahora lo hicimos con quienes dicen gobernar al estado de Guerrero, hoy pertenecientes a eso que llaman la Cuarta Transformación, pero una y otra vez los malos gobiernos se empeñan en dejarnos claro que nos desprecian, que no les interesamos, que nuestras vidas para ellos y ellas no valen.

Luego de la última reunión entre el CIPOG-EZ, la CNDH y representantes de los 3 niveles de gobierno el pasado 19 de enero, el gobierno federal estatal y municipal, la GN, la SEDENA, la fiscalía y demás instituciones, siguen enviando a personas sin capacidad de tomar decisiones, de resolver la situación, de proponer posibilidades, de ser sensibles a nuestra situación; por supuesto, sus enviados tampoco sienten vergüenza de que nuestra lucha como pueblos, sea debido a su incapacidad de resolver al menos la situación de violencia que azota al estado de Guerrero; ni hablar de la pobreza, salud, educación. Está claro que no les interesa resolver nada, porque es justo de eso de lo que viven, de la muerte, de la pobreza, del hambre, de las necesidades del pueblo; la estrategia de los malos gobiernos es permitir que todo esté desordenado, para luego hacer como que lo resuelven, simular que escuchan al pueblo, de tal forma que la población vuelva a mirar a un mal gobierno como necesario.

Nombramos a Francisco Rodríguez Cisneros, Secretario de Gobierno del estado de Guerrero, Coronel Héctor Hernández de la Guardia Nacional, Edgar Leyva Cervantes, Director General de Asuntos Religiosos, Yuridia Melchor Sánchez, Procuradora de la Defensa de los Derechos de la Mujer, Carlos Alberto Villalpando Millán, subsecretario de Gobierno  de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos y más funcionarios, Directores Generales, Procuradores, Subdirectores y Subdirectoras, Jefas y Jefes, que reducen el problema de abandono y violencia en nuestras comunidades a la instalación de módulos de seguridad para la atención a los ciudadanos, a continuar con los recorridos de la GN y la SEDENA y a atender las denuncias; claro que no podía faltar la celebración de una siguiente reunión. Vemos claramente que no entienden la magnitud del problema, que minimizan la violencia que vivimos, que no ven ni escuchan, porque eso implicaría trabajar, investigar, llegar al fondo del problema, deslindar responsabilidades entre los mismos funcionarios y funcionarias que protegen a los grupos delincuenciales o que incluso son parte de éstos y así hasta encontrar la verdad y la justicia.

Nosotros y nosotras como pueblos dignos, pertenecientes al Concejo indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata, bien sabemos que todos estos funcionarios son los mismos que en el pasado, con las siglas del PRI o PRD, y hoy con las de MORENA, simularon mesas de trabajo y se tomaron la foto con los niños hambrientos, con las mujeres pobres, con los comunitarios que llevamos en nuestros ojos las ausencias de nuestros hermanos y hermanas; ausencias de esas que para ustedes son sólo cifras para que en las campañas políticas próximas, puedan decir “no fueron tantos muertos como en el gobierno pasado” o bien que “ahora hubo más muertes por provocaciones de grupos opositores que quieren desestabilizar a la 4T”.

Por eso dejamos claro que no permitiremos más simulación. Si sus tiempos se miden con los calendarios del poder, con los calendarios electorales, los nuestros por las vidas de nuestros pueblos y les decimos que no vamos a quedarnos sentados en mesas de trabajo mientras quienes nos asesinan siguen libres y amenazando a nuestros hermanos y hermanas en la Montaña Baja de Guerrero. Tampoco dejaremos de denunciar que estos grupos delincuenciales que asesinan, han estado protegidos por las policías municipales, estatales, por la fiscalía, por el PRD y otras instituciones; no dejaremos de nombrar que a un lado de la Guardia Nacional hay campamentos de “Los Ardillos” y que la GN hace como que no los ve y con esa acción permite que nuestras comunidades vivan en un estado de miedo y terror permanente. Tampoco dejaremos de recordarles a ustedes, gente de la Cuarta Transformación, gobernadora del estado de Guerrero Evelyn Salgado Pineda, que al no resolver la situación de inseguridad, de  muerte y violencia en nuestras comunidades, se vuelven cómplices también de los grupos narco-paramilitares como “Los Ardillos”.

¡DEJEN DE SIMULAR Y DE JUGAR CON LAS VIDAS DE LOS PUEBLOS!

ATENTAMENTE:

CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO – EMILIANO ZAPATA

H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN PEDRO APÓSTOL, OCOTLAN, OAX.
2O20-2O22 Tel. y fax. (951) 52 3 20 71

Crónicas de traiciones

En el 2018, mientras la mayoría de actores políticos de Oaxaca; activistas, líderes sociales, caciques, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG,s, frentes, colectivos y un largo etc., se preparaban, como parte del “poderoso” ejercito electoral que llevó a la presidencia a AMLO y que
le dio la mayoría en la cámaras de representantee al nuevo ‘partido”, MORENA, aIguno,as nos preparábamos para continuar con la defensa de nuestro territorio ante un nuevo escenario incierto y con muchas dificultades, como lo predecíamos.

La REMA fue uno de los pocos referentes anti mineros, posiblemente el único, que daba la señal de alarma, AMLO continuaría con el depredador modelo extractivo minero, y no solo eso, AMLO decía que; se logrará mayor inversión de las empresas mineras canadienses.

Fue complicado una reorganizaci6n en el valle de Ocotlán, cuando autoridades municipales y agrarias así como los operadores po!íticos del valle se mezclaban con los ‘referentes’ anti mineros” de la región y parecían ser un mismo equipo.

Así escuchábamos, por ejemplo, al anterior secretario fallido de la SEMARNAT decir, en una reunión cuasí clandestina en la ciudad de Oaxaca, el 12 de diciembre del 2019 que se podria cancelar el
proyecto minero de la empresa Cuzcatlán en San José del Progreso, claro lo decía suavecito y escondido en el domicilio de una las ONG,s aliadas de la 4T.
Durante estos 3 años se intentó por todas las vías denunciar toda la serie de atrocidades que ha cometido en el valle la criminal empresa minera Cuzcatlán- Fortuna Silver Mines y buscar la atención de quienes son los encargados, ahora de este nuevo gobierno, para que se investigue y sancione a esta criminal empresa, pero, solo se han recibido promesas y más promesas, palabrería y mentiras y más mentiras disfrazadas de verdades.

El 6 de octubre del año pasado, fuimos recibidos por la propia y actual secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores, ahí se comprometió a una serie de compromisos que, como decimos, sólo se cumplen a medias y de forma superficial, nada que se haga algo que realmente se meta a revisar tas afectaciones de la minera.

Incluso, unos dias después de la reunión con la señora Albores, aquí en San Pedro Apóstol, el Dr. Daniel Quezada Daniel, titular de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia y titular de la unidad de transparencia de la SEMARNAT, enviado por la propia secretaria para dar “seguimiento” a los acuerdos, pedía un reconocimiento a la SEMARNAT y a la 4T por haber cumplido, decia él, con todos los compromisos adquiridos y haber negado la MIA, en ese momento, de Cuzcatlán, un cinismo descarado de estos funcionarios.
Así, nos enteramos por vía de los medios de comunicación el 20 de diciembre pasado que la SEMARNAT, esa secretaría que pedía reconocimiento por cumplir con su “trabajo de protección al ambiente de
nuestro valle” y que incluso nos llamaba “compañeros” en las reuniones, acababa de otorgar el permiso de ampliación por 12 altos más a la criminal empresa Cuzcatlán-Fortuna Silver Mines.
Cómo se puede cambiar una decisión con Ias mentiras que se escriben en un papel? Cómo se puede cambiar una decisión después de, supuestamente, revisar por parte de expertos científicos de la
SEMARNAT una decisión así?
No nos sorprende la traición de este gobierno, todos nos han traicionado, pero si nos molesta, nos encabrona.
Hemos aprendido la lección, no se puede creer en los mentirosos, no se puede creer, en los neoliberales, no se puede creer en los pro-mineros.
Ante esta tremenda decisión de la SEMARNAT, del señor Presidente Andrés Manuel López Obrador, que tal parece que la adulación que le hiciera el presidente municipal de San José del Progreso en una cartita y después los abrazos y apapachos que le dio en su última visita a Oaxaca, claro, con el apoyo de lobby minero, pudieron más que sus convicciones, claro, las convicciones que dice tener.
Tenemos claro cuál es camino a seguir y tenemos claro, ahora más que nunca, que no podemos confiar en este gobierno mentiroso y traidor.
Los pueblos que hoy firmamos ese comunicado y los que están, al igual que nosotros, en camino de hacerlo, con la decisión firme de defender nuestra tierra, continuaremos aquí en nuestro territorio dispuestos a seguir esta lucha como siempre y desde tiempos inmemoriales, defendiéndola.

Nuestra postura y nuestras declaratoria de NO A LA MINERÍA, no serán de papel o de saliva, son decisiones que haremos respetar desde nuestra ley y costumbre, con nuestra fuerza pero tambien con todo el derecho que nos da ser pueblos originarios.
Les decimos a la minera Cuzcatlán-Fortuna Silver Mines, a su ahora aliado, y seguro como nos decía a nosotros, compañero, SEMARNAT, a la 4T y al propio AMLO:

AQUÍ NO PASARÁN.

La decisión ya está tomada y nuestros pueblos ya decidieron.
No queremos minería, ni queremos empresas mineras asesinas en nuestros pueblos.

Fuera mineras de la muerte de nuestro valle.
La tierra no se vende, la tierra ae ama y se defiende.

Municipio San Pedro Apóstol, Ocotlán ,

Municipio San Pedro Mártir, Ocotlán,

Ejído de San PédroApóstol, Ocotlán

Articulación por la vida, contra la minería del valle de Ocotlán

Valle de Ocotlán, de enero del 2022.

Documento para bajar:

Escaneo0072

Los y las representantes y miembros de pueblos originarios, organizaciones y colectivos provenientes de distintos puntos de esta geografía llamada México, nos reunimos el 15 y 16 de enero de 2022 en el Altepelmelcalli en el Encuentro Nacional de Luchas contra Gasoductos y Proyectos de Muerte, con el objetivo de dialogar, compartir nuestras luchas y discutir propuestas de organización y articulación para enfrentar esta guerra ilegal e ilegítima contra los pueblos originarios afectados por los megaproyectos que sangran nuestros territorios, la madre naturaleza y a la humanidad entera.

Compartimos nuestras luchas en mesas de trabajo en donde realizamos un análisis conjunto enfocado en tres ejes: la guerra contra los pueblos, la ley de los Pueblos frente al Acuerdo Presidencial del 22 de noviembre 2021, así como propuestas de Acción.

CONSIDERAMOS:

Que la instalación de gasoductos en diversas geografías de nuestro país desde el territorio yaqui, pasando por Juanacatlán y Lagos de Moreno, Jalisco, Hidalgo, la Sierra Norte y centro de Puebla, Morelos, Tlaxcala y en el Istmo de Tehuantepec, así como en otros países como en el sur de Italia, se está llevando a cabo mediante la imposición, el uso de la fuerza pública, la criminalización, el despojo e incluso el asesinato de compañeros defensores como lo es el caso de nuestro hermano Samir Flores Soberanes. Que estos gasoductos no son para beneficio de los pueblos y la humanidad, sino para los grandes capitalistas que tienen la intención de incrementar la industrialización en nuestros territorios afectando la vida de miles de mujeres y hombres que se dedican al campo y otras actividades diversas, queriendo estos capitalistas convertirnos en esclavos de la industria en nuestras propias tierras, viendo cómo se deteriora nuestra salud y se incrementan sus ganancias a costa de la contaminación que generan.

Que existe una guerra que tiene 529 años cimentada sobre el despojo. Una guerra que destruye el territorio y la vida y que también atenta contra los pueblos originarios, contra nuestros saberes, nuestra cultura, nuestras comunidades, así como contra los y las defensoras del territorio. Es una guerra racista, clasista, colonialista y patriarcal a la que nos enfrentamos en lo local y en lo global, que nos ve a nuestros pueblos y territorios como recursos a extraer. Se realiza a través de la militarización de nuestros territorios por el ejército o el narco, lo que es una evidencia más de esta cuarta guerra contra los pueblos originarios. Esta guerra pretende un exterminio de la diversidad cultural y biológica, que resulta en cambios climáticos y amenaza al mundo entero.

Que el Decreto Presidencial del 22 de noviembre de 2021 representa una nueva embestida contra quienes defienden la vida porque, a pesar de que los megaproyectos se han impuesto sin el consentimiento de nuestros pueblos y a través de la fuerza, hoy el despojo y la imposición se legalizan, intentando anular la posibilidad de la acción organizativa y de la acción legal en contra de quienes defendemos la vida y nuestros territorios, a través de declarar los megaproyectos de interés público, seguridad nacional y autorizarlos en un plazo no mayor de 5 días, al margen de toda protección ambiental y del derecho de autodeterminación de nuestros pueblos. Hoy su discurso de legalidad vuelve a ser la colonización y muerte, pues hace tan solo cien años, era legal matar yaquis y hoy es legal matar nuestra madre tierra y nuestros derechos como pueblos originarios, los primeros pobladores de estas tierras que han llamado México.

Que frente a esta nueva embestida se hace necesario entonces fortalecer la ley de los pueblos, a través de la autonomía y del control del territorio, lo que sólo es posible a través del fortalecimiento del tejido social y de la organización comunitaria. Como pueblos originarios, al existir desde antes de la constitución del Estado Mexicano tenemos derecho a que sean respetados nuestros sistemas normativos propios y para ello debemos continuar luchando a través de diferentes herramientas, que incluyen la organización comunitaria, las acciones directas, la defensa jurídica y la creación de proyectos de vida y formas de energía sustentables. Que debemos trabajar para construir la justicia de los pueblos, basada en la autodeterminación, que contenga la palabra de las mujeres, de la juventud y de la niñez, y que responda a los tiempos de los pueblos y no a los del gobierno.

Compartimos este análisis en asamblea y decidimos llevar a nuestros pueblos, colectivos, organizaciones barriales, vecinales los siguientes

ACUERDOS Y PROPUESTAS
PRIMERO: Realizar una Caravana de los Pueblos por la Vida y Contra los Megaproyectos del 22 de marzo al 22 de abril. Esta caravana será de relevos, recorriendo distintos puntos de lucha y atendiendo al calendario de las resistencias de la defensa de la vida. La Caravana iniciará el 22 de marzo en el Altepelmelcalli, Casa de los Pueblos, Juan C. Bonilla, en el primer aniversario de la toma de Bonafont y día Mundial del Agua.

La Caravana llegará a la Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes en la Ciudad de México, los días 8 y 9 de abril y a Santiago Mexquititlán, territorio Otomí, el día 10 de abril, aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata.

La Caravana cerrará el día 22 de abril, día de la Jornada Global contra el Corredor Interoceánico y los Megaproyectos de Muerte “EL ISTMO ES NUESTRO”, en el Istmo de Tehuantepec, y Día de la Tierra . Convocaremos a acciones dislocadas que se sumen al cierre de la Caravana a través de las distintas geografías.

La Caravana también llegará al territorio del Consejo Regional Totonaco y al del Movimiento Agrario Indígena Zapatista en Tehuacán, Puebla, en una fecha por definir.

La Red Futuros Indígenas acuerparán las estrategias de comunicación de la Caravana. La Campaña Luces de las Resistencias donará material didáctico para la campaña.

Más puntos de ruta se definirán próximamente, en colectivo.

SEGUNDO: Nos sumamos al calendario de las resistencias

20-25 de febrero – MAIZ invita acompañar la acción de búsqueda del compañero Sergio Rivera en la Sierra Negra de Puebla.

29 y 30 de enero – Encuentro Nacional de Comunicación en Defensa del Territorio y la Vida, en Tehuacán, Puebla.

16 de Febrero – En el Marco de 26 Aniversario del incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, se realizará un Foro en la Casa de los Pueblos y Comunidades “Samir Flores Soberanes”, Comunidad Indígena Otomí, CDMX, además de acciones dislocadas en cada región, comunidad y organización.

20 de febrero – Tercer Aniversario del Asesinato de nuestro hermano Samir Flores Soberanes, con acciones articuladas en nuestras comunidades y territorios.

TERCERO: Realizar un Encuentro de Juventudes e Infancias en defensa de la vida y el territorio

Onergia cooperativa se suma al Encuentro para capacitación en alternativas energéticas La Red Futuros Indígenas se suma a este Encuentro

Encuentro Nacional de Luchas contra Gasoductos y Proyectos de Muerte: Pueblos Unidos-CNI-CIG, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala-CNI-CIG, Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, Foro Nacional de las Resistencias y Alternativas de los Pueblos, Heroico Pueblo de Loma de Bácum, Movimiento Agrario Indígena Zapatista-CNI-CIG, Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio Puebla e Hidalgo, Futuros Indígenas, Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, Red Luces de la Resistencia, Un Salto de Vida, Lucha contra el Gasoducto en Lagos de Moreno-CNI-CIG, Asamblea de los Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio-CNI-CIG, Consejo Regional Totonaco, Comunidad Indígena Otomí Residente en la Ciudad de México-Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”, CNI-CIG