Fuente: adondevanlosdesaparecidos.org

Por Carlos Martín Beristáin

Al cumplirse 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quien fuera integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) hace un recuento de los hechos, los obstáculos y los pendientes de la investigación, subraya la responsabilidad del Estado y reconoce la lucha sin tregua de las familias para obtener verdad y justicia. Texto especial para A dónde van los desaparecidos

Hay un mapa que nació de esta tragedia. El que recorrimos en los lugares donde todo pasó, en esas calles de Iguala que se convirtieron en una trampa humana para detener, para llevárselos y desaparecer a los normalistas de Ayotzinapa. Cuando llegamos a los lugares donde todo eso sucedió, parecía un milagro que algunos hubieran sobrevivido a los disparos de la cacería de la policía. Hay sitios en los que tomas conciencia no de lo que sucedió, sino de lo vivido. También llegamos al basurero de Cocula, donde la historia que escuchamos no cuadraba con la geografía ni con las declaraciones forzadas con el tormento. Todo aquello se tumbó con investigaciones independientes del GIEI y del Equipo Argentino de Antropología Forense, a contrapelo de instituciones empeñadas en mantener una verdad insostenible.

Durante estos años hemos acompañado y escrito los avances y revelaciones de una investigación plagada de obstáculos durante el primer año, donde investigar lo que pasó era tratar de escudriñar entre versiones, mentiras y medias verdades para avanzar un poco más en la revelación de los hechos. Cómo detrás del caso estaba el tráfico de heroína desde Iguala a EEUU y el estigma contrainsurgente de los normalistas como factor facilitador de una violencia contra los que no importan. Escribir los informes del GIEI, acompañar a los familiares y representantes, no ha sido fácil y ha dolido darse cuenta de tanta crueldad e infamia. También ha llevado esa tarea cuidadosa de medir las palabras y los hallazgos. Frente a quienes trataron de tergiversar tantas veces nuestro trabajo, les dijimos siempre: no ataquen al mensajero, discutan los informes. Siempre trataron de ponernos a favor o en contra de alguien, pero nosotros estamos a favor de la verdad que revelan los hechos.

Diez años, y en medio muchos pasos y promesas de esclarecer la verdad y sus responsables. En los últimos años se avanzó en el esclarecimiento, a pesar de que hubo que reiniciar la investigación casi desde cero porque todo el proceso fue anulado por las torturas a que fueron sometidos muchos detenidos y que pervierten no solo a quien las practica, sino también la verdad de lo sucedido, porque con la tortura ya no sabes qué es verdad y mentira. La PGR hizo mal una buena parte de las consignaciones, en las que les señalamos que había que corregir muchos errores, pero se prefirió negarlo de nuevo. De aquellas acciones, estos lodos.

En el nuevo rumbo con un nuevo gobierno se dieron pasos importantes adelante, nos convocó la invitación a un nuevo aire de esperanza. Se creó una fiscalía especial independiente y una comisión de la verdad con carácter extrajudicial. Acompañamos a las instituciones para quebrar los pactos de silencio, que fue la primera puerta para contar con nuevas informaciones, contrastarlas, también evitar nuevos intentos de manipulación.

Algunos testigos protegidos empezaron a hablar y romper esos pactos con los que se teje tantas veces la impunidad. Un testigo de Huitzuco señaló que al día siguiente de los hechos se oyó un cuchicheo en la comandancia de policía: Aquí ningún cabrón se raja, nadie va a hablar.

El pegamento de los pactos de silencio es no solo la complicidad sino el miedo, a veces por ti, por tu familia. Y no solo afectan a los perpetradores directos y sus cómplices, muchos de los cuales siguen ocultando lo que hicieron. Como me dijo un alto cargo de la PGR en 2016 cuando le cuestioné por las mentiras que ellos habían ayudado a cimentar en la llamada “verdad histórica”: Don Carlos, ellos son implacables.

Otros testigos de los hechos que vieron o supieron partes de la historia se acercaron porque tuvieron confianza, que es la energía que permitió avanzar. Conforme la investigación fue dando pasos adelante, nuevas cosas fueron reveladas. Todo ello lo hemos publicado en seis informes, cuyo contenido no ha podido ser cuestionado, a pesar de que ha habido tanta gente que sigue intentando manipular la historia para no mirarse en el espejo. No solo participaron policías de dos municipios, sino de cinco. La policía estatal, que dijo que se había ido a proteger una cárcel y encerrarse en el cuartel, estuvo en la escena de los hechos. Lo mismo que la policía federal y ministerial. Cada quien cumplió una parte de la acción que llevó finalmente a la desaparición. Por supuesto, responsable de la desaparición es toda la estructura de Guerreros Unidos, en connivencia con fuerzas de seguridad del Estado que atacaron, detuvieron y les entregaron a los muchachos. Las autoridades de Guerrero dijeron que llegaron tarde, pero estuvieron al tanto desde el inicio y algunos de los responsables estaban bajo su mando. El ejército en Iguala dijo que salió cuando supo lo que ocurría, supuestamente cuando casi todo había pasado, aunque la desaparición siguió sucediendo hasta la madrugada, cuando ya todo el mundo estaba allí. El análisis de la telefonía de muchos miembros de policías y militares del 27 batallón es una prueba de que mintieron en reiteradas ocasiones, de eso que Hannah Arendt dice en su libro Verdad y política: “Lo que define a la verdad factual es que su opuesto no es el error, la ilusión ni la opinión (los cuales no tienen relación con la veracidad personal), sino la falsedad deliberada o la mentira”.  Cuando preguntamos a un jefe del narco detenido en la cárcel cómo fue posible la desaparición de 43 estudiantes y el ataque durante cinco horas en medio de la ciudad de Iguala con tantas fuerzas de seguridad y dos batallones del ejército, nos dijo: Nosotros teníamos el poder.

Ayotzinapa es un mapa para entender la crisis humanitaria y de violencia que vive el país. El problema estructural en México pasa por la frontera con EEUU, donde las drogas suben hacia el norte y las armas bajan y financian la guerra en el sur. Pero como señaló la Comisión de la Verdad de Colombia, de la que formé parte, en su informe final —un país que ha sufrido como nadie el impacto del narcotráfico y de la guerra contra el narcotráfico—, el narco no solo es una industria o una serie de grupos armados criminales, para funcionar penetra en la estructura del Estado. Es más, no empieza a funcionar si no tiene unas bases de control político y territorial, y es parte de la propia economía. Ayotzinapa muestra, pues, un problema estructural, que necesita mirarse de frente, en la concepción de esta guerra que se hace para controlar el territorio y, sobre todo, contra la gente. Mirar para otro lado, dejar de hablar o acusar al mensajero esperando que el tiempo resuelva las cosas, o aumentar la militarización, no es ninguna alternativa, sino más de lo mismo, para un país que tiene una fuerte energía colectiva transformadora y gente que la sostiene.

Pero no es este el mapa que nos ha guiado. Hay otro tiempo en este caso, y en el de los miles y miles de familias de personas desaparecidas. Es el tiempo suspendido en el que viven los familiares, el dolor de la ausencia que pesa como el primer día, la lucha por levantarse una y otra vez mientras el tiempo pasa, los otros hijos e hijas y familiares que preguntan, la urgencia que quema por saber, la necesidad de que les miren a los ojos y que tantas veces escuchamos en nuestras reuniones con las familias y el Estado: Pónganse en nuestro lugar, piensen que uno de los desaparecidos es un hijo suyo. Esa empatía ha convocado a la gente en las calles desde hace 10 años. También la rabia de la dignidad de los nadie en sus manifestaciones pacíficas, que reivindicó el escritor y amigo Eduardo Galeano, quien en sus últimos días de su inmensa vida, cuando ya se le escapaba entre las manos, fue a una manifestación por Ayotzinapa en Montevideo. Las demandas de verdad y justicia de las familias son parte del impulso de los procesos democráticos, como nos enseñaron las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, el GAM (Grupo de Apoyo Mutuo) de Guatemala, Pro-Búsqueda en El Salvador, ASFADDES (Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos) y las organizaciones de familiares de desaparecidos de Colombia. También lo son las organizaciones de familiares de todo México. Los familiares han sido considerados tantas veces como parte del enemigo, y son en cambio el diamante de la conciencia colectiva.

La investigación del caso Ayotzinapa avanzó grandes pasos, la comisión de la verdad gubernamental reconoció que se trató de un crimen de Estado, pero cuando llegó la judicialización encontró de nuevo obstáculos que dijeron: hasta aquí. Ninguna razón asiste a estos obstáculos, ninguna aguanta un debate serio. Diez años, y también oportunidades perdidas y acciones descarriladas. Siempre planteamos que no hay que tenerle miedo a la verdad. Hoy estamos en un aniversario que es un día de dolor para las familias, el peso de la ausencia de los que no están y a la vez el tiempo de la movilización, de estar de nuevo juntos, en un asombro maravillado que nos hace mejores, de este sentimiento compartido y la esperanza de algo mejor. Un nuevo punto de partida. La nueva presidenta electa de México dijo a los familiares, en su primera reunión, que el caso no estaba cerrado: hablemos de metodología. La metodología es un buen punto de partida, porque de eso ha ido esta investigación. No hay atajos para la búsqueda del destino y paradero de los normalistas sin tener en cuenta la verdad. El gobierno de México está haciendo un gran esfuerzo por encontrar restos óseos que puedan corresponder a los estudiantes, pero esa búsqueda no puede separarse de la verdad que proporcionen testigos protegidos, que pueda comprobarse, y de la investigación con toda la documentación existente y a la que aún se necesita tener acceso como reclaman los padres y madres.

Hay momentos reveladores que no son los de los perpetradores y sus secuaces. Son el otro mapa, el que hemos vivido con los papás y mamás de Ayotzinapa, que han acompañado los representantes legales de organizaciones de derechos humanos  y funcionarios comprometidos con la verdad. Del desafío que nos plantearon en la primera reunión, en el salón de la escuela de Ayotzinapa, en las sillas que tenían que estar ocupadas por sus hijos desaparecidos, cada una con su nombre: Ustedes son los únicos en que confiamos, dígannos la verdad, y por favor no se vendan. Ese es un tatuaje invisible en nuestra piel, con él seguimos siempre en la vida. Y creo que no es solo nuestro, es el de tanta gente en México que se ha movilizado o ha mantenido esa distancia de versiones oficiales, a veces en silencio, esa insumisión de los de abajo. Los familiares de Ayotzinapa son parte de ese pueblo condolido, que busca la verdad y requiere justicia.

El mapa de Ayotzinapa son esos lugares emocionales que hemos recorrido con ellos y ellas, gracias a ellas y ellos, y algunos de los que compartimos también con otras víctimas, familiares de los otros normalistas y personas asesinadas, con el equipo de fútbol de Los Avispones, heridos y sobrevivientes. Nos han dolido y nos han conmocionado, y han puesto la luz en el camino cuando todas las puertas estaban cerradas, son los lugares que nos han unido en medio de las dificultades e insultos, y los intentos de quebrar el proceso colectivo de los familiares —un viejo recurso en la historia de México—. Los familiares nos han convocado una y otra vez, y han sido en toda esta lucha la fuente de sentido. Hay una suspensión de la conciencia que hace el horror posible, como ha escrito el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, pero este aniversario es un momento para juntar esos pedazos que nos duelen y para sentir el compromiso ético que moviliza a las familias y la sociedad.  México se juega aquí muchas cosas, y de la acción que en esto tomemos todos y todas dependerá su destino. Los familiares mantienen una conciencia clara y una reivindicación con todo su sentido, y no van a dejar de movilizarse y de tener razón en sus demandas de diálogo y documentación. La historia de las transiciones y cambios políticos en el mundo muestra que la desaparición forzada es un delito permanente y un dolor insoportable, pero también una fuerza persistente que impide el olvido. Mi segunda mamá, Fabiola Lalinde, cuyo hijo Luis Fernando fue desaparecido por el ejército en Colombia, y que fue detenida y acusada de narcoterrorista para tratar de desprestigiarla, llamó a su lucha por la verdad y por su hijo Operación Cirirí. El cirirí es un pequeño pájaro chillón, que sigue al gavilán que se lleva sus polluelos hasta que lo obliga a soltarlos. Traer a sus hijos hasta hoy es el trabajo de la memoria y la lucha por los desaparecidos, les damos las gracias por la confianza y porque así, quienes trataron de ser silenciados, nos hablan del camino para su búsqueda y de lo que hoy México sigue necesitando. Los familiares de Ayotzinapa son parte de esa Operación Cirirí de la persistencia de la dignidad. De nuestra parte, este es el mensaje para los familiares: estamos con ustedes.

Texto especial para A dónde van los desaparecidos

*Foto de portada: El médico y psicólogo vasco Carlos Martín Beristain, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, en la presentación del sexto informe en julio de 2023. (Emiliano Molina/ObturadorMX)

http://www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las dinámicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito del autor y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).

Carlos M. Beristain

Es médico y psicólogo vasco con amplia experiencia en atención psicosocial de víctimas en el mundo y como asesor de varias comisiones de la verdad en diversos países. Coordinó el informe Recuperación de la Memoria Histórica – REMHI, de Guatemala, forma parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el Caso Ayotzinapa y actualmente es Comisionado de la Paz en Colombia.

FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES CAMPESINOS SOCIALISTAS DE MÉXICO (FECSM)

ESCUELA NORMAL RURAL “RAÚL ISIDRO BURGOS” DE AYOTZINAPA GUERRERO

A LA OPINIÓN PUBLICA, A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y ESTUDIANTILES.

Sean siempre capaces de sentir en lo más hondo, cualquier injusticia cometida contra cualquiera, en cualquier parte de mundo”

Los que suscriben el H. Comité Ejecutivo Ricardo Flores Magón, así como la base estudiantil de la siempre combativa Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa Guerrero condenamos la agresión armada de la policía el día 7 de marzo de 2024, que dejó un saldo de un compañero asesinado y tres detenidos de manera arbitraria y sometidos a malos tratos.

Desde hace décadas hemos sufrido la persecución, la criminalización, el asesinato y desaparición de 43 compañeros. Once hermanos han sido asesinados sin que a la fecha hayan tenido justicia. Todos los crímenes contra nuestros hermanos normalistas a la fecha están en la impunidad.

Cuando creíamos que el terrorismo de estado había pasado, el gobierno vuelve arremeter contra la Normal de Ayotzinapa, escalando la confrontación contra nuestro movimiento y asesinando a nuestro compañero Yanqui Kothan Gómez Peralta.

Nos acusan de violencia en nuestras protestas, nosotros nos preguntamos ¿no es violencia que la policía nos asesine? ¿no es violencia que nos desparezca? ¿No es violencia que por lo menos tres de los 43 estudiantes hayan sido identificados sus restos en condiciones de calcinamiento? Fueron asesinados con la mayor de las sañas, con total desprecio por la vida humana. A eso ¿cómo se le puede llamar si no violencia?

El siete de marzo por la noche, es decir, un día después de nuestra protesta en palacio nacional tres compañeros salieron a bordo de una camioneta Nissan de la Normal rumbo a Chilpancingo para traer a tres compañeras a nuestra escuela. Al llegar a la entrada de aquella ciudad pararon el vehículo para comprar, al momento se acercaron policías estatales en motocicletas. Con prepotencia y apuntándoles, los obligaban a descender. El compañero Yanqui Kothan que conducía el vehículo intentó arrancar para regresar a la Normal pero las balas se lo impidieron privándolo de la vida. En ese instante fue detenido el compañero que iba de copiloto y minutos después el que iba en los asientos traseros de la cabina junto con otro estudiante que acudió a la zona para ayudar.

Para evadir su responsabilidad, los policías sembraron armas y drogas en la camioneta y dijeron que los estudiantes dispararon primero.

No aseguraron la escena del crimen, movieron indicios del lugar, tales como la camioneta en que la iban nuestros compañeros, se negaron a entregar a tiempo los videos de las cámaras del C4, el arma encontrada no le hicieron las pruebas para verificar si fue disparada, no encontraron en la escena del crimen ningún casquillo que fuese disparado por tal arma.

Mientras los secretarios de seguridad pública y de gobierno declaraban haciendo suya la versión preliminar de la policía estatal y referían que pusieron a disposición al compañero detenido, estos se encontraban privados de su libertad siendo maltratados por la Policía Estatal. Diez horas después de su detención el compañero fue puesto a disposición de las autoridades competentes.

Al momento las pruebas no dejan lugar a dudas que los policías estatales dispararon contra los compañeros produciendo la muerte de Kothan, que alteraron los hechos, la escena del crimen y sembraron pruebas para ensuciar la investigación y evadir su responsabilidad. Los funcionarios de primer nivel hicieron suyas estas falencias para encubrir a los responsables y continuar criminalizando a la Normal Rural de Ayotzinapa. Tal como los gobiernos anteriores, el actual, culpa a las víctimas y encubre a sus policías.

• Los estudiantes de Ayotzinapa seguiremos en lucha por verdad y justicia para nuestros camaradas caídos y desaparecidos, por la educación pública y por un mundo mejor. Ningún gobierno logrará silenciar nuestra voz crítica. Ayotzinapa, morirá el día que muera el sol.
• POR LO ANTERIOR EXIGIMOS:
• Esclarecimiento de los hechos del 07 de marzo en el antiguo libramiento a Tixtla.
• Acceso a los videos del C4 de la zona donde ocurrieron los hechos.
• Castigo a los autores materiales e intelectuales de este crimen.
• Destitución del secretario de seguridad pública del estado.
• Destitución del actual coordinador de la policía estatal.
• Alto al hostigamiento y represión estudiantil por parte de la policía estatal y guardia nacional.
• Cese a la incriminación de las víctimas de este ataque.
• Aparición con vida de nuestros 43 compañeros desaparecidos.

H. Comité Ejecutivo Ricardo Flores Magón

¡Por la liberación de la juventud y la clase explotada, venceremos!

¡07 de marzo no se olvida, es de lucha combativa!

¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!

¡ll motivos, 43 razones para seguir luchando!

Marzo combativo

Fuente: Avispa Midia

Por Angel Huerta

FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES SOCIALISTAS DE MÉXICO

(FECSM)

ESCUELA NORMAL RURAL “RAÚL ISIDRO BURGOS”

DE AYOTZINAPA

A LA OPINIÓN PÚBLICA, A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, ESTUDIANTILES, MAGISTERIALES Y AL PUEBLO EN GENERAL

“PARA EL ESTADO SER ESTUDIANTE ES UN PECADO, SER NORMALISTA ES UN DELITO, PERO SER DE AYOTZINAPA MERECE LA MUERTE”

A lo largo de la historia de nuestra escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero se han tenido una gran cantidad de represiones y hostigamientos, mismos que han atentado de manera directa y física contra la integridad de la comunidad sstudiantil, en estas se han visto involucrados distintas órdenes de gobierno, pero principalmente los cuerpos y elementos de la policia estatal, tales como aquel 12 de diciembre de 2011, así mismo la noche del 26 y madrugas del 27 de septiembre de 2014, aunado a esto, el dia 07 de marzo de este año en curso no fue la excepción, pues acribillaron de manera cruel a uno de nuestros compañeros.

Ante los hechos suscitados el dia 07 de marzo de 2024 sobre la carretera federal Chilpancingo-Tixtla, a la altura del hotel Petatlán, elementos de la policia estatal agredieron a compañeros estudiantes de nuestra escuela Normal, haciendo uso de sus armas de fuego, ocasionando que uno de nuestros compañeros falleciera por este ataque. Comotal, resposabilizamos de manera directa al gobiernoestatal por el ataque armado, así mismo por la fabricación de delitos y la siembra de armas en la unidad vehicular en donde se trasladaban los compaeros, mismos hechos que intentaron hacer en aquel ya lejano 12 de diciembre de 2011, conel mismo discurso de que nuestros compañeros agredieron a los policias y que estos respondieron a dicha agresión, puesto que los policias montaron el crimen manipulando la escena, limpiando el vehículo donde se trasladaban estos compañeros.

Responsabilizamos de manera directa a los tres niveles de gobierno, de la criminalización en contra de la normal de Ayotzinapa, la política de oídos sordos, la represión y la muerte, por lo que exigimos que los perpetradores materiales e intelectuales paguen y se haga justicia, ya que este hecho no tiene que quedar como un acto más de impunidad en este estado.

Repudoamso su política de simulación, su política de falta de democracia, ya que horas antes habían tratado de detener a otros dos compaleros, a los cualesagredieron verbalmente y los amenazaron, además, el gobierno federal había amenazado con abror carpetas de investigación por los hechos de la jornada de lucha en la cd. de México, esa es la manera en que el gobierno atiende las problemáticas del pueblo, para el gobierno es más peligroso un estudiante que los mismos delincuentes que se pasean por todos lados.

Pretende el gobierno callar nuestra voz, pretende que abandonemos la búsqueda de nuestros hermanos desaparecidos, sin embargo, le decimos que Ayotzinapa nose callará jamás, hoy gritaremos más fuerte que nunca que son unos malditos asesinos.

Exigimos esclrecimiento del caso del compañero asesinado Yanqui Khotan Gómez Peralta, así como la liberación inmediata de nuestro compañero detenido.

¡POR LA LIBERACIÓN DE LA JUVENTUD Y LA CLASE EXPLOTADA!

¡VENCEREMOS!

¡7 DE MARZO NO SE OLVIDA, ES DE LUCHA COMBATIVA!

¡NI PERDÓN NI OLVIDO, CASTIGO A LOS ASESINOS!

MARZO COMBATIVO

Movilización mitin en la Secretaría de Relaciones Exteriores de parte del Comité de Madres y Padres de los 43.

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En el evento madres y padres anunciaron que no levantarían el plantón en el Zócalo a pesar de que las autoridades les “solicitaron” que para el primero de Marzo tendrían que quitarse para dar paso al evento de inauguración de la campaña de Claudia Sheinbaum

Durante su participación el Defensor de los Derechos Humanos Vidulfo Rosales declaro:

“De los gobiernos priistas por lo menos salía una comisión a recibirte, hoy en día este presidente y este gobierno, por que creen que tienen los consensos políticos, por que sienten que tienen el triunfo electoral en las manos, por que saben que van a ganar, se dan el lujo de tener la prepotencia de mirar con desprecio a las víctimas. Tienen la prepotencia y esa insensibilidad para no recoger el clamor de justicia de las víctimas en uno de las violaciones más graves a los derechos a manos de la historia reciente de nuestro país”

“Están seguros de su triunfo electoral, y mientras eso suceda, qué les importa los 43, qué les importa el caso Ayotzinapa. Hoy están preocupados por que mañana tendrán su gran concentración en el Zócalo, de manera fastuosa están gastando millones de pesos en esa megaestructura que colocaron ahí, pantallas que cuestan miles de pesos, para abrir una campaña de un gobierno que se precia que la columna vertebral de su política es la austeridad. Ellos le apuestan a eso, están preocupando por ese evento que van a tener el día de mañana, mientras tratan de invisibilizar a nuestro movimiento que se encuentra en el zócalo. Por eso les decimos compañeras y compañeros: No nos vamos a levantar, el plantón ahí va a continuar mañana. No nos vamos a mover hasta que haya respuesta. Estamos solicitando que haya una fecha para audiencia.”

Luego de no ser recibidos por ningún funcionario otra vez, Madres y Padres de Padres Y Madres De Ayotzinapa y estudiantes normalistas concluyeron el mitin cantando el himno “Venceremos”. Al finalizar los comités de lucha estudiantiles realizaron pintas y colocaron artefactos explosivos en la entrada de la Secretaria de Relaciones Exteriores. La demanda fundamental ante la SRE es la extradición de Tomás Zerón quien ha sido protegido por la entidad sionista “Israel”.

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Washington DC, 9 de noviembre de 2023.- Frente a la ausencia de autoridades de alto nivel responsables en el esclarecimiento de los hechos del caso de desaparición de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, padres y madres de las y los estudiantes presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la actualización de los últimos eventos del caso y presentaron solicitudes puntuales, esto durante la audiencia convocada por la CIDH como parte del seguimiento de la medida cautelar 409-14.

Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascensio Bautista, y Mario González padre de César Manuel González Hernández, acompañados por representantes de Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C., el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), enfatizaron que a más de 9 años de los hechos aún no han alcanzado verdad ni justicia, ni se conoce el paradero de los estudiantes; por el contrario, se mantiene la obstaculización por parte del Ejército para entregar información relevante para el esclarecimiento de lo ocurrido, no hay claridad en las líneas de investigación y han recibido evasivas de las autoridades. Lo anterior se vio reflejado en la falta de comparecencia en la audiencia de autoridades relevantes en el asunto, como el actual Subsecretario de Derechos Humanos y Presidente de la COVAJ y el actual titular de la Fiscalía Especial para el caso.

“Veo que el Estado no toma en serio el caso Ayotzinapa. El nuevo Fiscal, el nuevo Subsecretario no están presentes. Como padres y madres no nos rendiremos, por el amor de nuestros hijos nos mantenemos de pie”, expresó Cristina Bautista.

Mario González añadió: “Ahora vemos toda la descalificación hacia nosotros, la falta de respeto de no venir los principales [autoridades] para poder hablar con ellos. Un ejemplo de ello es la salida del GIEI, que buscaron tener acceso a una serie de documentos de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia, que podrían contribuir a saber qué pasó con nuestros hijos. Esos documentos tienen muchísima información, son reportes militares, son transcripciones de llamadas entre perpetradores, son pistas. Y no entendemos por qué el Ejército no quiere entregar esa información”.

Junto con sus representantes, los padres presentaron cuatro peticiones puntuales ante las y los comisionados de la CIDH:

1. Dado que se ha informado que el Presidente de la República supervisará directamente las investigaciones, se solicitó que continúe haciendo uso de todos los mecanismos extraordinarios de supervisión de la medida cautelar sobre el caso, incluyendo el acompañamiento a las familias a cada una de las reuniones que se convoquen desde Presidencia.

2. Se concrete un mecanismo técnico de revisión adicional de los archivos castrenses por parte de la CIDH, requiriendo al Estado que informe por escrito si acepta esta propuesta.

3. Que en cuanto se elija a la próxima Comisionada o Comisionado Relator para México se lleve a cabo una visita al país y en particular a la Normal Rural de Ayotzinapa, para que pueda conocer de primera mano el estatus del caso y encontrarse con las familias.

4. Que la CIDH continúe la supervisión de las medidas cautelares en el caso, sin dejar de estar alerta de posibles acciones legales que se puedan iniciar en contra de las víctimas, representantes y funcionarios públicos que han trabajado por esclarecer el caso en los últimos años.

Frente a estas peticiones, la representación del Estado mexicano se limitó a leer una comunicación enviada por el fiscal del caso, Rosendo Gómez Piedra, en donde se dedicó a denostar el trabajo del anterior titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA), así como de la propia CIDH, y no de presentar las líneas actuales de la investigación. La comunicación, además, contuvo afirmaciones preocupantes como la minimización de los efectos perniciosos de la tortura frente a los procesos penales, que derivaron en la libertad de posibles responsables.

Los padres y madres y organizaciones acompañantes lamentaron esta respuesta ya que se da un mensaje de irrespeto a las familias y de una clara intención de eludir la supervisión internacional sobre este caso, como en otros de desaparición en México.

Asimismo, sobre el desmantelamiento de varios mecanismos establecidos para esclarecer los hechos y responsables en el caso —lo que incluye la salida de GIEI del país por falta de condiciones, la posible criminalización del ex fiscal especializado y la incertidumbre sobre el futuro de la COVAJ—, se señalaron dos razones por esos retrocesos institucionales que efectivamente han devuelto el caso al 2018: la politización de las investigación y el empoderamiento del Ejército.

Las y los comisionados señalaron la ausencia de autoridades claves, lo cual limitó la posibilidad de hacer preguntas concretas sobre dónde está hoy el caso Ayotzinapa, en las responsabilidad de preparación, no sólo de líneas de investigación, sino de acciones dirigidas para completar esas líneas, cómo se ha llevado a cabo las investigaciones de los altos mandos, el proceso de órdenes de aprehensión, el otorgamiento de medidas sustitutivas a la prisión preventiva de figuras importantes, entre otros temas.

“Los familiares de personas desaparecidas también son víctimas y llevan 9 años. Y 9 años de sufrimiento y de espera. Yo tengo que decir con mucha franqueza: una justicia que tarda no es justicia. Es una verdad que se demora, por más que hay explicaciones y valoro que den explicaciones, pero me atrevo a decir que si le preguntan a los solicitantes ‘¿qué están esperando?’, es ‘dónde están sus hijos'”, dijo la comisionada Julissa Mantilla. Al tiempo que la Comisionada Esmeralda Troitiño lamentó estar por concluir su mandato sobre México sin que el caso haya sido esclarecido.

Ante los señalamientos de los padres y madres, las organizaciones acompañantes, y ante los cuestionamientos de la Comisión Interamericana, el Estado se comprometió a dar posteriormente respuestas puntuales; mientras que las y los comisionados se comprometieron a dar seguimiento, como lo han hecho durante estos 9 años, desde que sucedieron los hechos.

Contacto:

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México, 31 de julio del 2023

Mensaje final del GIEI
Hoy es todavía

El GIEI llegó a México en marzo de 2015, como un nuevo mecanismo de asistencia técnica internacional y coadyuvancia en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa, mediante una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Después de un período inicial de catorce meses, en el que mostró la inconsistencia de la investigación llevada a cabo entonces por la PGR y conocida como la Verdad Histórica, regresó en 2020 invitada por el nuevo gobierno mexicano y los padres, quienes pidieron que regresara el mecanismo y por medio de un acuerdo internacional con la CIDH. Este 31 de julio termina ese segundo mandato.

En estos años, el GIEI ha contribuido a reorientar la investigación en diferentes fases, a través del hallazgo de pruebas, la realización de peritajes y el contraste de diversas fuentes de información. Destacan el caso del basurero de Cocula, el análisis de evidencia fotográfica sobre la manipulación de la escena del río San Juan, la evaluación médica-psicológica de la documentación que mostraba el uso generalizado de la tortura o la alteración de escenas del crimen o de peritajes sin la necesaria independencia. Basándose en ello, la incongruencia de la llamada Verdad Histórica mantenida por el gobierno anterior fue señalada incluso por el Tribunal de Tamaulipas donde se juzgaban los hechos.

Sin embargo, las reacciones a la verdad no fueron muchas veces positivas. En el primer período de trabajo en 2016, el GIEI fue acusado por algunos sectores de pretender socavar a las instituciones, entre ellas las Fuerzas Armadas, por mostrar pruebas que cuestionaban la versión oficial o pedir estar presentes en las declaraciones de miembros del ejército que estuvieron en Iguala en la noche de los hechos. Incluso el GIEI fue objeto de una fuerte campaña de difamación y violencia en diversos medios de comunicación, mostrando que cuando las verdades eran incómodas se buscaba disparar y callar al mensajero. El GIEI tuvo que salir del país, pero dejó en su informe las recomendaciones para el seguimiento del caso.

Con el nuevo gobierno en el 2019, se creó una nueva fiscalía especial para el caso, Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), una Comisión de la Verdad para el caso (COVAJ) y el GIEI volvió para colaborar en la investigación.

El punto de partida de la nueva averiguación surgió de la existencia de más hechos que los que llevaban a esclarecer los del 26 y 27 de septiembre de 2014. Por esa razón se fortalecieron investigaciones sobre los responsables de la tortura, se descubrieron falsificaciones y fraudes documentales en los que se había basado la investigación. Esto implicó rehacer la consecución de prueba independiente, logrando obtener elementos nuevos que fueron provistos por acercamiento, búsqueda de diversas fuentes, incluyendo nuevos testigos, lo que permitió proporcionar, de manera integral a la unidad especial UEILCA y a la COVAJ, aportes, valoraciones y hallazgos, tanto los incluidos en los informes I y II, así como nuevos elementos en los siguientes informes publicados hasta ahora. Se generaron nuevas pruebas a través del análisis de telefonía, de las comunicaciones de agentes del Estado y de miembros de la delincuencia organizada, evidenciando que actuaron de forma coordinada como parte de una red criminal durante la noche de los hechos y en los días posteriores, así como que declararon muchas cuestiones que resultaron falsas.

La actuación del GIEI contribuyó también al fortalecimiento de las acusaciones, tratando de integrar estándares internaciones en la investigación, la documentación de los hechos y el señalamiento de responsabilidades. Igualmente se colaboró para encontrar e identificar los restos de dos jóvenes normalistas desaparecidos, lo que mostró una nueva narrativa de los hechos. El conocimiento del caso acumulado en los años de experiencia y trabajo del GIEI.

EL GIEI ha contribuido a la investigación especialmente cuando ha habido un operador que tiene voluntad política. Tras la petición del GIEI respaldada por los familiares para acceder a informaciones hasta entonces negadas, el presidente de México ordenó abrir los archivos y proporcionar acceso a pruebas documentales del ejército (SEDENA), la Marina (SEMAR) y los servicios de inteligencia (CISEN), lo que ayudó a tener nuevos hallazgos relevantes sobre la actuación de agentes del Estado y a recabar informaciones existentes sobre el posible destino de los jóvenes. Dichas acciones se hicieron de forma conjunta entre el GIEI y la COVAJ. Todo esto, 7 años después de los hechos. Sin embargo, la documentación entregada, a día de hoy, es parcial y corrobora la existencia de otras informaciones sobre el momento de los hechos y fechas posteriores, en donde hay datos sobre detención y traslado de normalistas, por lo que hemos insistido en que debe ser puesta a disposición de la investigación y la búsqueda de los jóvenes. Sin embargo, el GIEI se ha encontrado con la respuesta negativa de las instituciones, a pesar de las pruebas existentes. Es sobre esas pruebas que se necesita avanzar.

La investigación no ha estado exenta de problemas. El caso y los propios fiscales de la Unidad especial se vieron presionados en algunos momentos, ya fuera para no judicializar a determinadas personas o no realizar acciones inmediatas contra otras, lo que llevó a un traumatismo dentro de la propia Unidad. A pesar de ello, la investigación ha llevado a la detención del ex procurador General de la República, dos generales y 20 miembros del ejército y más de cien detenidos miembros del crimen organizado y fuerzas de seguridad o funcionarios del Estado entre otros. Sin embargo, una parte importante del conjunto de las acusaciones son por delincuencia organizada y no por la desaparición forzada y el ataque a los normalistas. Además, la investigación fiscal debe llevar no solo a detenciones, sino a nuevas informaciones para esclarecer el caso y las búsquedas.

El GIEI considera muy relevante el reconocimiento por parte del gobierno de México de que el caso Ayotzinapa se trata de un crimen de Estado, como fue señalado en presencia del Presidente y de las más altas autoridades del Estado, así como el apoyo para lograr el ingreso a los archivos de las instituciones, así como la decisión y presencia del Subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas en la búsqueda y en la realización de todas estas gestiones.

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

A Andrés Manuel López Obrador
A los estudiantes de Ayotzinapa
A los padres y madres y los estudiantes de Ayotzinapa
Al pueblo de México

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) condena enérgicamente la represión que la Guardia Nacional y la policía del Estado de Guerrero ejercieron en contra de nuestros compañeros estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa el día viernes 4 de febrero, de la que resultaron presos 5 compañeros (ya en libertad) y algunos más heridos. Esta represión se dio por segundo viernes consecutivo, después de que los estudiantes de Ayotzinapa se manifestaban pacíficamente en la caseta de la carretera de Palo Blanco, Guerrero, para exigir la presentación con vida de nuestros compañeros, sus compañeros de clases y lucha, desaparecidos desde hace ya más de 7 años. Los videos de la represión documentan claramente la criminalización de la protesta social de la que son nuevamente víctimas nuestros compañeros: durante la protesta en la caseta, decenas de elementos de la Guardia Nacional encapsularon a los estudiantes, amenazándolos con avanzar en su contra con toletes, escudos y gases por delante.

¿Cuándo veremos al Estado actuar de forma tan decidida para dar con el paradero de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos? ¿Cuándo veremos a la Guardia Nacional avanzar para capturar a los criminales que perpetraron su desaparición y el asesinato de algunos de ellos? ¿Cuándo veremos que Enrique Peña Nieto, Jesús Murillo Karam o Tomás Zerón pisen las cárceles y le rindan cuentas a los padres y madres de nuestros compañeros desaparecidos y asesinados? ¿Cuándo veremos justicia para Julio César Mondragón y para los demás compañeros asesinados y heridos? ¿Cuándo veremos el fin de la criminalización de la protesta social y de la exigencia de verdad y justicia? Las acciones de nuestros compañeros de Ayotzinapa, desde la protesta pacifica en las casetas de carretera hasta cualquier otra que sea necesaria para romper el cerco de la policía cuando la represión amenaza, no pueden juzgarse sin tener en cuenta estas preguntas, cuyas respuestas no parecen llegar nunca. Las acciones de nuestros compañeros corresponden a un escenario en el que todavía impera la impunidad de la que gozan los verdaderos criminales, y en el que se impone la falta de verdad y justicia en el caso. La continuidad de este escenario es lo que debe indignarnos, y nunca las acciones de nuestros compañeros que exigen su fin; la represión en su contra es lo que debe señalarse, y nunca lo que ellos hacen para responder a su amenaza.

Lamentamos que ese escenario continúe después de mas de 7 años, tiempo que incluye a su presidencia. Y nos llena de rabia que ahora se les reprima también. Por ello, le demandamos que haga lo necesario para que Evelyn Salgado, gobernadora del Estado de Guerrero, detenga inmediatamente la represión que ella ha iniciado contra los estudiantes de Ayotzinapa desde que asumió el cargo. Para que Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, intervenga de inmediato para que se detenga la represión hacia nuestros compañeros. Todavía más: para que Alejandro Encinas, como responsable de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, cumpla ya con el compromiso que usted como presidente le hizo a los padres y las madres de los estudiantes de Ayotzinapa y al propio pueblo de México para alcanzar definitivamente la verdad y la justicia.

El tiempo pasa y la noche de Iguala no parece terminar. Por el contrario, la injusticia se extiende. No es tiempo de “dar detalles de los avances”; es tiempo de acabar ya con la impunidad y dar paso a la verdad y a la justicia. En la medida en la que ello no ocurra, nuestros compañeros estudiantes de Ayotzinapa, los padres y madres que luchan por sus hijos normalistas desaparecidos y asesinados, tienen todo el derecho de protestar. Y advertimos: corren el peligro de ser víctimas de nuevas injusticias. Y de todo ello seguirá siendo responsabilidad del Estado.

El FPDT reitera su compromiso con la lucha por verdad y justicia para nuestros compañeros de Ayotzinapa, los padres y madres de los estudiantes desaparecidos y asesinados. Para nuestros compañeros y compañeras normalistas, todo nuestro respaldo y solidaridad. Y reiteramos que mantendremos el machete en alto hasta no ver que cese la represión en su contra y que los verdaderos criminales estén en la cárcel. ¡Hasta no ver a nuestros compañeros desaparecidos vivos y de regreso!

¡Alto a la represión a los estudiantes de Ayotzinapa!
¡Verdad y justicia para Ayotzinapa!
¡Vivos de los llevaron, vivos los queremos!
¡Zapata vive, la lucha sigue!

FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA

Por Vanessa Garcìa Navarro