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Avispa Midia

En Argentina, investigación confirma vínculos entre agua, agroquímicos y cáncer

Fuente: Avispa Midia

Por Darío Aranda

Una investigación de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario (UNR) confirmó que las personas jóvenes de los pueblos fumigados con agrotóxicos tienen 2,5 veces más probabilidad de padecer y morir de cáncer que las personas que viven lejos de los agroquímicos. Los datos se obtuvieron en una investigación inédita en su tipo, que llevó siete años y está basada en estudios epidemiológicos de ocho localidades de Santa Fe (involucró a 27,000 personas). “Con tres décadas de este modelo agroindustrial, ya nadie puede negar que la evidencia científica confirma que el agronegocio daña la salud, genera enfermedad y muerte”, afirmó Damián Verzeñassi, del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas y uno de los autores de la investigación.

Las Madres de Ituzaingó (Córdoba), el colectivo Paren de Fumigar (Santa Fe), la Coordinadora Basta es Basta (Entre Ríos), el Encuentro de Pueblos Fumigados (Buenos Aires) y la Red de Salud Popular Ramón Carrillo (Chaco), son sólo algunas de las organizaciones y espacios de articulación que desde hace más de dos décadas denuncian el impacto en la salud del modelo de agro transgénico.

El trabajo científico “Incidencia y mortalidad por cáncer en localidades rurales argentinas rodeadas de tierras agrícolas tratadas con pesticidas”, publicado en la revista internacional Clinical Epidemiology and Global Health (Epidemiología Clínica y Salud Global), confirmó lo que esas organizaciones (y otros científicos y activistas) gritan desde hace muchos años: existe una relación directa entre el modelo transgénico, las fumigaciones con agrotóxicos y el cáncer.

La investigación fue realizado por el Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR. Consistió en estudios epidemiológicos en las localidades de Acebal, Arteaga, Chabás, Luis Palacios, San Genaro, Sastre, Timbúes y Villa Eloísa. Todas tienen la característica de ser pueblos dedicados al agronegocio, con predominio de cultivos transgénicos y uso de agroquímicos. “Vivir en pueblos fumigados aumenta el riesgo de padecer y morir por cáncer”, alertan los investigadores Damián Verzeñassi, Alejandro Vallini, Facundo Fernández, Lisandro Ferrazini, Marianela Lasagna, Anahí Sosa y Guillermo Hough.

Y precisan: “El estudio evidencia que en la población joven (entre 15 a 44 años) la probabilidad de morir por cáncer es 2.48 (mujeres) y 2.77 (hombres) veces mayor en estas localidades en comparación con el resto del país”. Y alertan que el porcentaje de fallecimientos por cáncer (tomando la referencia internacional de cien fallecimiento por cada 100,000 habitantes) en estas ocho localidades fue del 30 por ciento, mientras que a nivel nacional la cifra es mucho menor (19.8 por ciento).

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“Se demostró que la incidencia de cáncer en la población de las ocho localidades fue significativamente mayor en comparación a la población general. Y, en particular para la población femenina, se determinó que tiene un 66 por ciento de mayor probabilidad de sufrir algún tipo de cáncer en comparación con la población femenina general del país”, remarcaron.

Damián Verzeñassi apunta a las causas de las estadísticas obtenidas: “El actual modelo agroindustrial no ha hecho más que incrementar los daños en la salud de los territorios y, por tanto, de las personas que vivimos en esos territorios. Nuestro trabajo es un aporte más a una gran cantidad de clara evidencia científica que se vienen haciendo desde hace ya muchos años y que da pruebas concretas de las consecuencias de los pesticidas”.

En la investigación del equipo rosarino se precisó que, en promedio, el 27 por ciento de los pesticidas utilizados en los países de altos ingresos (como Estados Unidos) están en la categoría “altamente peligrosos”, mientras que el porcentaje aumenta a 45 en los países de ingresos bajos y medios (como Argentina). “En nuestro país las cantidades por hectárea son muy superiores a las utilizadas en Europa o Estados Unidos”, señala la publicación, que cita decenas de trabajos científicos que dan cuenta de la presencia de agrotóxicos en ríos, napas de agua, suelos urbanos, alimentos e incluso en agua de lluvia.

El equipo de investigación apunta también a los responsables de que esto suceda. “La principal responsabilidad es del Estado que habilita este modelo. También hablamos de los funcionarios, de distintos signos políticos, que sostienen y defienden este modelo de una manera cuasi fundamentalista, sin aceptar una discusión en serio”, afirma Verzeñassi. También precisa el rol cómplice del Poder Judicial y del los poderes legislativos, tanto nacional como provinciales. Y señala a los grandes productores, muchos representados en la Mesa de Enlace: “Son partícipes de este proceso que es ecocida y mata a nuestras poblaciones”.

“Y claro que no tenemos que olvidar a las empresas que producen y venden estas sustancias tóxicas, son de las mayores responsables. Saben de los daños que producen y siguen con sus negocios sin importarles el sufrimiento de las poblaciones”, denuncia. Entre las empresas que comercializan glifosato en Argentina figuran Bayer-Monsanto, Syngenta, Red Surcos, Atanor, Asociación de Cooperativas Argentinas, Nufram, Agrofina, Nidera, DuPont, YPF y Dow.

La investigación del Instituto de Salud Socioambiental, en su conclusión, remarca la necesidad de reducir el uso de agrotóxicos y, sobre todo, hace un llamado a aplicar el “principio precautorio”, vigente en la legislación argentina, que implica el tomar medidas de protección cuando está en riesgo la salud y ambiente. “Luego de tres décadas de este modelo, de innumerables pruebas tanto en los territorios como en los laboratorios, es urgente aplicar el principio precautorio ante esta forma de producir que atenta contra la vida de las poblaciones”, exige Verzeñassi.

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En 2020 la organización Naturaleza de Derechos publicó el informe “Antología Toxicológica del Glifosato +1000”, de 270 páginas, recopilado por Eduardo Martín Rossi. Allí detallaban 1,100 trabajos científicos que confirman los efectos en la salud y el ambiente del herbicida glifosato. Figuran más de 200 investigaciones de académicos argentinos (del Conicet y de universidades públicas). En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, ámbito especializado de la Organización Mundial de la Salud), vinculó el glifosato al cáncer, y confirmó que produce daño genético en humanos.

En contraposición, no existen investigaciones independientes (donde no intervengan empresas y científicos con conflictos de intereses) que dé cuenta de la inocuidad de los agrotóxicos utilizados en los campos. De hecho, tanto en Argentina como en Estados Unidos, las agencias estatales aprueban esos químicos en base a estudios de las mismas empresas que los venden.

Una experiencia única y censurada

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario contaba con una experiencia única: los “campamentos sanitarios”, de la materia Práctica Final del último año de la carrera (impulsada por el Instituto de Salud Socioambiental). Todos los estudiantes y docentes se instalaban durante una semana en un pueblo (siempre en acuerdo con las autoridades locales) y, con una detallada encuesta, trazaban un perfil socio-sanitario del lugar. Se realizaron 40 campamentos en el periodo 2010-2019 (entre ellos los ocho de la publicación científica) y reunieron evidencias claras del incremento de enfermedades vinculadas al modelo agropecuario. Pero las actuales autoridades de la Facultad (encabezada por el decano Jorge Molina) eliminaron esa experiencia única de estudio e investigación.

Agrotóxicos y su impactos en la salud

El médico e investigador Damián Verzeñassi explica que los estudios epidemiológicos no pueden precisar qué agroquímico causa determinada enfermedad en cada paciente, pero sí remarca que las poblaciones son expuestas a cócteles de agrotóxicos que individualmente está probado que estimular el desarrollo de problemas endocrinos y distintos tipos de cánceres.

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Destaca que el glifosato es teratogénico (produce malformaciones) y está asociado al desarrollo de linfoma no hodking; la atrazina está vinculado al cáncer de mama y alteraciones en tiroides; el clorpirifós es neurotóxico, desregula la tiroides y aumenta la incidencia de tumores de mama.

En tanto el glufosinato de amonio (que se intenta utilizar en el nuevo trigo transgénico) es disruptor endocrino y teratogénico. Mientras que el 2-4D es teratogénico, aumenta el riesgo de aborto y es clasificado por IARC-OMS cómo posiblemente cancerígeno en humanos y asociado a linfoma no hodking. “Existen además trabajos científicos que demostraron que si se combinan los pesticidas, algo que ocurre en la práctica habitual, la capacidad de daño es aún mayor que individualmente”, afirma Verzeñassi.

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Camino al Andar

¡Samir no murió, el Estado lo mató!

Publicado en Camino al Andar

19 de febrero de 2023

Por Oralba Castillo Nájera

                                                        “Si alguien roba, tendrá necesidad,
                                                        pero los traidores van al paredón”
                                                        Emiliano Zapata.

La madrugada del 20 de febrero de 2019, sicarios le dispararon a la cabeza y la mejilla. Tiraron a matar. No sabemos quién lo mató, si quién lo señaló, tal como lo dijo Marichuy. *

En el amanecer, dolientes compañeros de organizaciones de Guerrero, CDMX, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y más se unieron al duelo. El tañer de las campanas acompañó las consignas ¡Samir vive, la lucha sigue!! Una veladora en el patio de su casa, ilumina el sitio donde cayó. Su compañera y suegros acomodaron toldos para recibir a los muchos consternados por el asesinato.

–¡Estamos encabronados! – dice Tere Castellanos. ¡Mataron a un guerrero! Los dolientes lloran y murmuran; traición del “capataz” *. Nubes sucias, deslavadas pintan el cielo de Zapata. ¡Aquí estamos, no nos van a acabar!, ¡con su muerte nos quieren decir que nos callemos, pero eso no lo vamos hacer! ¡Si algo nos enseñó nuestro compañero es a seguir luchando, aunque quieran que tengamos miedo! Afirma llorando Samantha. Desde Radio

Amilzinko se escuchaba un llamado a la organización autónoma y la lucha por el territorio, en la voz de Samir. ¡Nos quitaron al mejor, ahora viene lo peor! Un hombre mayor cerquita del cajón ruega ¡Mándanos una señal, dinos por dónde buscamos! El Popocatépetl vomitó rabia y cenizas.

Marichuy vocera del Concejo Nacional Indígena CNI, el Congreso Indígena de Gobierno CIG y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional EZLN, la maestra Osbelia Quiroz, del Platón de Tepoztlán, madres de los 43, Ignacio del Valle de Atenco ondean banderas, mantas y estandartes que señalan que: ¡Fue el Estado!

En mayo de 2014 López Obrador, cuando era candidato de Morena. en casa de Emiliano Zapata se enteró del Plan Integral Morelos PIM. Indignado en Yecapixtla sostuvo: “Yo aquí quiero expresarles que nosotros vamos a defender con todo lo que podamos a los pueblos. No queremos ese gasoducto, no queremos esa termoeléctrica, y no queremos tampoco las minas que van a destruir el territorio y van a contaminar las aguas. Vamos a apoyarles en todo lo que podamos, pueden contar con nosotros. México no es territorio de conquista, no es para que vengan los extranjeros aquí a apropiarse de todo, ¿Qué les pasa a éstos? Es como si fueran a Jerusalén y construyeran basureros tóxicos o una planta nuclear en el muro de las lamentaciones.”

Fue un alivio, espera de futuro. Votaron por AMLO, su gallo, su esperanza. Como balde de agua fría cayó escuchar en la Mañanera, a López Obrador, ya presidente, afirmar que apoyaba al Plan Integral Morelos PIM. Alegando “que se estaba perdiendo mucho dinero del pueblo. ¡Que el desarrollo y la modernidad. . .!

¿Progreso para quién? Preguntan quienes saben que eso que denominan desarrollo, progreso, modernidad contamina sus aguas, seca sus campos, enferma a sus animales y a ellos mismos. Destrozan redes comunitarias, usos, costumbre, y culturas ancestrales, condenado el presente y el futuro de sus familias.

Pero en mayo de 2019 el presidente regresó a Morelos. En Cuautla, se trepó en un templete rodeado de guaruras, alejado de la “chusma”. Los compañeros armaron un templete para mirar de frente al capataz, Samir se le puso de tú a tú. El sol caía a raudales. En tierras de Emiliano el presidente traicionó su palabra.” La termoeléctrica va, se está perdiendo 40 millones del pueblo, tenemos que echarla andar, Morelos tendrá luz más barata” — prometió.

–¡No, No! De qué nos va a servir abaratar la luz, si ya no tendremos casa, ni tierras, ni vida. Saben de qué hablan, cuando se hicieron pruebas de la termo, el ruido fue mortal pues rebasa los desniveles permitidos. Los niños desesperados se tapaban los oídos, las viejas ensordecieron, hablaban a gritos para poderse escuchar, los animales se asustaron, las gallinas no pusieron huevos, las vacas no dieron leche. El infierno. Aun así, el presidente favorece a empresarios españoles, italianos y alemanes, que se llevan casi la totalidad de las ganancias, a los que se les rebajan pagos de luz, agua y lo que sea menester a los conquistadores de hoy.

Los compañeros pusieron en la bocina, a todo volumen la grabación con sus promesas traicionadas, ¡Traidor!, ¡traidor! decían entre murmullos. Enfurecido el presidente amenazó con hacer una consulta. -¡No, no! Sabemos que son amañadas, compran, prometen, desunen, hacen fraude. ¡No, no!

“Aunque griten, aunque haya gritos y sombrerazos, va a ser el pueblo el que decida, y la consulta va. La termoeléctrica no agotará ni contaminará el agua. Escuchen, radicales de izquierda que para mí no son más que conservadores… si no se utiliza la termoeléctrica de la Comisión Nacional de Electricidad, una empresa de la nación, en vez de tener luz para alumbrar todo Morelos, tendíamos que seguirle comprando la luz a las empresas extranjeras, así de claro, entonces a la hora de votar nada más piensen eso.” Samir estaba vigilado por hombres que no se le separaron.

Esa noche la asamblea hervía de gente enojada — había prometido que no y ahora… se discutía la organización para evitar que se pusieran casillas, informar, denunciar la farsa. Al día siguiente en comisión Samir y el maestro Jorge asistieron la reunión que convocó el subdelegado de Morelos, Hugo Erik Flores Cervantes, a empujones entraron al recinto cerrado, donde se realizaba una reunión “dizque” pública. El subdelegado prometió las perlas de la virgen, terrenos, dinero, trabajos, escuelas, salud y vivienda. Samir le dio una lección de historia recordando a los invasores españoles que despojaron, y mataron.

“Entonces hoy, conociendo mi historia, nuevamente me lleva a esos escenarios, a esas páginas de la historia, Vienen otra vez los españoles, la familia real de España nuevamente, a querer hacerse ricos con este megaproyecto. Porque las empresas por lo regular siempre piensan en su capital, en su dinero. Después están las comunidades. No sé si éste sea un proyecto donde estén pensando en nosotros, sí estén pensando en sus hijos, en mis nietos, en la educación “A la salida ofrece una entrevista a los medios. Los hombres siniestros no se le separan. Regresa a su comunidad. Al día siguiente es abatido a balazos.”

¡Zapata y Samir viven! ¡La lucha sigue!! ¡A Samir no le enterramos, lo
sembramos para que se multiplique!

* Marichuy declaró en el aniversario cien del asesinato de Zapata, en Chinameca “No sabemos quién lo mató, sabemos quién lo señaló”.

* El sub Moisés ´sostuvo qué con López Obrador había un nuevo capataz.

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Avispa Midia

Bloqueo contra granja de cerdos en Sitilpech es legítimo; juez ordena alto a violencia contra manifestantes

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

En portada: Manifestación de habitantes de Sitilpech por la contaminación de su territorio debido a la operación de una mega granja de cerdos.

La madrugada del pasado sábado (18), elementos de la policía estatal y municipal, de Yucatán e Izamal, respectivamente, ejecutaron un operativo contra el campamento erigido por habitantes de la comunidad maya de Siltepech en rechazo la reanudación de una mega granja de cerdos que contamina el aire, agua y tierra de la región.

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Registros en video muestran a los elementos de seguridad violentando a mujeres y adultos mayores que participan en la iniciativa pacífica de Siltepech para cuidar y defender su territorio ante la cría industrial de hasta 50 mil cerdos.

En el operativo también participaron policías antimotines, quienes reprimieron, asediaron, agredieron físicamente y finalmente desalojaron con violencia el bloqueo de la organización La Esperanza de Sitilpech. Testimonios de las y los manifestantes aseveran que los policías robaron sillas, mesas y celulares para evitar la documentación del hecho, violando con ello los protocolos de uso de violencia.

Por su parte, la tarde de este domingo (19), la organización Kanan difundió que las y los habitantes de Sitilpech interpusieron un amparo indirecto ante la represión policiaca, argumentando la violación a sus derechos a la libre manifestación y la defensa de sus derechos humanos.

Alertaron que, con las acciones del Estado, existe el riesgo “de desaparición forzada o detenciones arbitrarias que supone este tipo de intervenciones. Actos que, por demás, violentan los derechos reconocidos en la Constitución, Convención Americana Sobre Derechos Humanos y en el Acuerdo de Escazú”.

En el comunicado, la organización de derechos humanos informa que un juez federal concedió la medida cautelar, reconociendo con ello la legitimidad de la protesta pacífica de las y los habitantes de Sitilpech. Además, la resolución ordena al Estado a cesar los malos tratos (asedios, agresiones y violencias), así como cualquier acto de incomunicación contra las y los manifestantes.

“Exijamos a las autoridades a acatar la resolución judicial y cesar la criminalización, represión y vio en contra de la comunidad maya de Sitilpech y quienes integran el colectivo La Esperanza de Sitilpech”, asevera el documento.

Tribunales y represión

En comunicado, difundido el sábado (18), la organización Kanan Derechos Humanos, quien acompaña legalmente a las y los manifestantes, enfatiza que la reapertura de la mega granja porcícola amenaza la vida en la comunidad maya.

Fue en 2021 cuando habitantes de Sitilpech iniciaron un proceso organizativo y de defensa legal para exigir el respeto a su libre determinación. Desde entonces también han denunciado la vulneración de sus derechos a un medio ambiente sano y a la salud ante los daños por la operación de la empresa porcícola Productos Pecuarios para Consumo (aparcera de Kekén).

Tras años de trabajo colectivo, un juez de distrito en Yucatán otorgó medidas cautelares a los habitantes, mismas que condujeron a la suspensión de operaciones de la granja. No obstante, “nueve meses después, el poder del empresariado porcícola en Yucatán logró que un Tribunal Colegiado, bajo propuesta del Magistrado Jorge Enrique Eden Wynter García, desechara el caso judicial de la comunidad de forma arbitraria, permitiendo así el reinicio de operaciones de la mega granja”, denuncia la organización Kanan.

En la primera semana de febrero de 2023, con la venia del Tribunal, la empresa Kekén reanudó el envío de camiones para suministrar de cerdos al complejo industrial. Sin embargo, desde el pasado 10 de febrero, cientos de mujeres y hombres de Sitilpech se congregaron para levantar un campamento pacífico con la intención de bloquear el paso de los transportes hacia el interior de la mega granja.

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Como respuesta a la protesta pacífica, la empresa Kekén emprendió una campaña de criminalización y estigmatización contra el pueblo de Sitilpech y la organizacion Kanan Derechos Humanos. Así lo denuncian una docena de organizaciones sociales, quienes mediante pronunciamiento conjunto acusan a medios de comunicación locales de participar en la denostación de las manifestaciones, contexto que precedió la represión del pasado sábado (18).

“Responsabilizamos a la empresa Kekén y a Mauricio Vila Dosal, gobernador del estado de Yucatán, por la integridad de los defensores del agua y el territorio de Sitilpech y expresamos nuestro repudio a los medios de comunicación que participan en esta campaña y a la policía estatal y municipal de Izamal por su violencia contra personas defensoras, que abonan a la larga lista de casos de estigmatización, criminalización y represión de movimientos sociales en Yucatán”, se posicionan las organizaciones de derechos humanos.

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2a. Asamblea Nacional por el agua y la vida “Tod@s por Ricardo y Antonio”

Acuerdos de la 2ª Asamblea Nacional por el Agua y la Vida “Tod@s por Ricardo y Antonio”

COMUNICADO

• 525 personas y 125 colectivos, organizaciones, redes, pueblos y comunidades indígenas, provenientes de 18 entidades de México y de 6 países del mundo se dieron cita para discutir y organizarse en defensa del Agua y la Vida.

• Durante dos días se dialogó sobre la importancia de impulsar acciones coordinadas y enfrentar en conjunto el despojo del agua y la crisis hídrica que provocan empresas  nacionales y multinacionales.

 

A los Medios de Comunicación que hoy nos acompañan, queremos agradecer su asistencia
A las distintas representaciones de pueblos y comunidades indígenas, integrantes del CNI-CIG y organizaciones, colectivos y redes que también están presentes
A quienes siguen la transmisión a través de las redes sociales

Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”. Quienes participamos y suscribimos los acuerdos alcanzados en la Segunda Asamblea Nacional por el Agua y la Vida

DECLARAMOS:

Primero. El día de hoy, 20 de febrero, se cumplen cuatros años del cobarde asesinato de nuestro hermano “Samir Flores Soberanes”. Su lucha contra el Proyecto Integral Morelos (PIM) y su oposición abierta a la Termoeléctrica de Huexca generaron que el narcoestado ordenara su ejecución. Cuatro años después, no solamente condenamos, la dilatación de la justicia y la impunidad, demandamos verdad y justicia para Samir. Hoy refrendamos que las semillas que sembró en el andar de su lucha, florecen en esta Segunda Asamblea Nacional por el Agua y la Vida.

Segundo. Los pueblos, barrios, tribus, naciones, comunidades, organizaciones, colectiv@s, hombres y mujeres que luchan y resisten contra el Sistema Capitalista y Patriarcal y por la defensa del Agua y la Vida, vivimos una guerra de exterminio que impone saqueo, despojo, desplazamiento forzado, persecución, encarcelamiento, desaparición forzada y asesinatos en contra de nuestros pueblos y comunidades indígenas; a 530 años seguimos enfrentando gobiernos y empresas que simulan transformación: esa guerra de conquista no es nuestra.

Tercero. En asamblea plenaria y tres mesas de trabajo, el 18 y 19 de febrero, en Barrio Quinto, Santiago Mexquititlán, Amealco Querétaro, nos reunimos 525 personas, 125 colectivos, organizaciones, redes, medios de comunicación libres, pueblos y comunidades indígenas originarias y residentes, todas y todos provenientes de 18 entidades de México: Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Oaxaca, San Luis Potosí, Tlaxcala, Puebla, Aguascalientes, Morelos, Veracruz, Chiapas, Jalisco, Michoacán, Yucatán, Baja California, Coahuila, Quintana Roo y la Ciudad de México y 6 países del mundo: Colombia, Italia, Canadá, Puerto Rico, Argentina y Chile, en donde todas y todos resolvimos luchar por la vida.

Cuarto. La Segunda Asamblea Nacional por el Agua y la Vida se propuso convocar a las muy diversas luchas, resistencias y rebeldías que caminan a lo largo y ancho del país; pero también, a aquellas luchas que están más allá de nuestras fronteras, el objetivo: analizar,   discutir y organizarnos en la defensa del Agua y la Vida, hacer frente a la crisis hídrica que enfrenta la humanidad, pero, sobre todo, articular las luchas y resistencias desde una perspectiva global. Esto representa para nuestros pueblos un desafío organizativo frente el sistema capitalista y patriarcal.

Quinto. Existen muestras claras de la guerra planetaria que hoy enfrentamos:

A) El saqueo, la extracción, el tráfico, la venta y la explotación del agua.

B) El exterminio de nuestros bosques, ríos, mares, minerales, flora, fauna, riqueza y diversidad tanto cultural como lingüística.

C) La imposición de megaproyectos como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y el Proyecto Integral Morelos y

D) por todos los medios buscan acabar con la autonomía de nosotros los pueblos indígenas.

Estas formas de aniquilar la vida son sostenidas por los poderosos con la violencia en forma de militarización de nuestros territorios, de uso desenfrenado de la contrainsurgencia, así como de la impunidad y el permiso como privilegio que goza el crimen organizado.

Sexto. Los pueblos y comunidades indígenas del CNI-CIG, articulados con otras colectividades, organizaciones y redes e individu@, reunidos en la Segunda Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, acordamos las siguientes acciones coordinadas:

• El día 4 y 5 de marzo se llevará a cabo la Asamblea Nacional del Congreso Nacional Indígena, “frente a la creciente violencia del narco estado y la imposición de megaproyectos y para contestarnos en colectivo ¿Qué sigue?. Acordamos participar con una comisión de los pueblos para presentar los resolutivos y acuerdos de esta Segunda Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, con el objetivo de articular nuestras luchas.

• El 8 y 9 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, se convoca a participar en las distintas movilizaciones con contingentes frente a la militarización del país y ante la grave inseguridad.

• El 22 de marzo, en el marco del Día Mundial del Agua, convocamos a coordinar y llevar a cabo una Acción Global en contra del despojo de Agua y por el derecho a la Vida. La Organización de las Naciones Unidas conmemora y reconoce esta fecha para recordar la importancia del acceso al agua potable como una necesidad básica de la humanidad; en contraste, nuestros pueblos y comunidades enfrentan el despojo, la privatización y el saqueo del agua, particularmente denunciamos las empresas saqueadoras como Nestle, Bonafont, Danone, Cocacola y empresas inmobiliarias turisticas, etc.

• El 10 de abril, en el marco del 104 Aniversario luctuoso del asesinato del General Emiliano Zapata, convocamos a coordinar y participar en una Acción Global contra la Guerra y la Militarización de nuestros pueblos.

• El 10 de junio denunciaremos la represión de la que fue objeto la Red en Defensa del Agua y la Vida (REDAVI) y el Concejo Autónomo de Santiago Mexquititlán en 2022.

• El 17 de noviembre se cumplen 40 años de la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, (EZLN) y el 1º de enero de 2024 son 30 años del levantamiento. Convocamos a preparar y organizar eventos políticos, culturales, movilizaciones y muy diversas actividades como Acciones Globales Coordinadas, dislocadas nacionales y/o internacionales.

• El día 12 y 13 de agosto, para dar continuidad a los trabajos alcanzados en esta Segunda Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, se propone llevar a cabo la Tercera Asamblea Nacional en el Pueblo Originario de Xochimilco. Propuesta que se hará llegar al pueblo correspondiente y esperaremos su decisión.

Finalmente, desde la lucha y resistencia de quienes participamos en la Segunda Asamblea Nacional por el Agua y la Vida…

 

EXIGIMOS

• La presentación con vida de Antonio Díaz Valencia y Ricardo Arturo Lagunes Garza, quienes desaparecieron desde el pasado 15 de enero en Aquila Michoacán.

• La inmediata presentación con vida de nuestros 43 hermanos normalistas de Ayotzinapa. Han transcurrido más de 8 años sin verdad y sin justicia, desde la Cuarta Transformación solo se ofrece impunidad y silencio.

• Alto a la represión policiaca municipal y estatal en contra de la comunidad indígena maya SITILPECH e Izamal en Yucatán, el hostigamiento y represión se acentúa más en las mujeres y adultos mayores, que defienden la vida, la tierra y el agua ante las granjas porcícolas con un plantón que mantiene la comunidad.

• Exigimos justicia para la comunidad autónoma náhuatl de Ostula en Michoacán, por la reciente ejecución extrajudicial de tres integrantes de la Guardia Comunal y castigo a los culpables ligados al crimen organizado.

• Cese a la criminalización y hostigamiento contra la comunidad Binnizá de Puente Madera en Oaxaca y la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) por su lucha contra el Parque Industrial del Corredor Interoceánico que quieren imponer en su reserva comunal El Pitallal que afectaría el agua de por sí escasa en la región.

• Cierre del proceso judicial de los compañeros Miguel López Vega y Alejandro Torres Chocolat, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla, Tlaxcala.

• Cierre de las carpetas de investigación de compañer@s del Concejo Autónomo de Santiago Mexquititlán, Amealco, Qro. y de los procesos judiciales contra tres integrantes de la REDAVI en Qro.

ATENTAMENTE
¡Por la Reconstitución Integral de nuestros Pueblos!
¡Nunca más un México sin Nosotrxs!
¡Zapata Vive, la Lucha Sigue!
¡Samir Vive la Lucha Sigue!
¡Hasta que la dignidad y la justicia se hagan costumbre!
¡El agua no se vende carajo!
¡Porque Vivos los Llevaron, Vivos los Queremos!
¡No al Tren Maya!
¡No al Proyecto Integral Morelos!
¡No al Corredor Interoceánico!
¡Viva el EZLN!
¡Viva el CNI-CIG!

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La Esperanza de Sitilpech | Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible | Kanan Derechos Humanos

Comunidad maya de Sitilpech, Yucatán, violentada y amenazada por defender su territorio

– La policia estatal y municipal de Yucatán e Izamal reprimen a comunidad indígena de Sitilpech

– Violentan a mujeres y adultos mayores quienes cuidan y defienden el territorio

– Reapertura de mega granja porcícola amenaza la vida en Sitilpech y pone en riesgo a sus habitantes

 

Desde el 2021, habitantes de la comunidad maya Sitilpech, en el municipio de Izamal, Yucatán, iniciaron un proceso organizativo y de defensa legal para exigirle al Estado el respeto y garantía de sus derechos constitucionalmente reconocidos, ante los daños que la empresa porcicola Productos Pecuarios para Consumo (aparcera de Kekén) estaba ocasionando en su territorio con la instalación y operación de una mega granja de alrededor de 50 mil cerdos. Daños que vulneran sus derechos al medio ambiente, la salud, el territorio, la participación en la toma de decisiones, el consentimiento,  la libre determinación y autonomía del pueblo.

Después de un par de años de trabajo colectivo y defensa legal, la comunidad de Sitilpech logró frenar la operación de la mega granja que contaminó su agua y aire. Un juez de distrito en Yucatán otorgó medidas cautelares a los habitantes, mismas que condujeron a la suspensión de operaciones de la granja. Nueve meses después de esta resolución, el poder del empresariado porcícola en Yucatán logró que un Tribunal Colegiado bajo propuesta del Magistrado Jorge Enrique Eden Wynter desechara el caso judicial de la comunidad de forma arbitraria, permitiendo así el reinicio de operaciones de la mega granja.

En esta apertura, a inicios de febrero de este año, habitantes de Sitilpech levantaron bloqueos en el pueblo y protestas para impedir el ingreso de camiones cargados de cerdos y alimentos procesados a la mega granja, y a la par, seguir exigiendo el respeto a su derecho a la libre determinación y autonomía del cual goza como pueblo originario.

Después de 10 dias de plantón, este sábado 18 de febrero a las tres de la mañana, 70 uniformados antimotines de la policia estatal y municipal de Izamal, entraron a Sitilpech para asegurar la entrada de un camión de la empresa Kekén y desmantelar el campamento de  las y los habitantes. La policia portaba escudos y toletes que fueron utilizados para reprimir la protesta pacífica golpeando a los miembros de la comunidad, incluyendo a mujeres y personas adultas mayores, y en frente de niños y niñas de este pueblo maya. Además arrebataron sus celulares para incomunicarlos, robaron diversos bienes y dañaron motocicletas y vehiculos. Personas agredidas señalaron que minutos antes de que la policia llegara, el pueblo extrañamente se quedó sin señal de servicio telefónico ni de Internet.

La historia de Sitilpech evidencia la diligencia y complicidad que tiene el estado de Yucatán en velar por los intereses del empresariado porcícola y las agroindustrias, que crecen a costa del despojo de las tierras comunitarias, violaciones a la libre determinación y autonomía de los pueblos, contaminación del agua y los cenotes, e incluso la vida de las personas. La gestión del gobernador Mauricio Villa Dosal y sus discursos de sustentabilidad están vacíos de acciones que promuevan el reconocimiento de los pueblos como sujetos de derecho legítimos en los territorios en Yucatán y el mantenimiento de los sistemas ambientales del estado.

Lo que pide el pueblo es claro: Fuera Kekén. No queremos los casi 50 mil cerdos que cría, No quieren la pestilencia que causa su mierda. No quieren que les salgan manchas ni enfermarse por la contaminación. Sí quieren cenar al aire libre y tomar el fresco. Sí quieren volver a tomar agua de pozo. Sí quieren que se respete su autonomía como pueblo maya.

#AguaSíGranjasNo #FuerzaSitilpech

#SitilpechManda #NoSinConsentimiento #ExigiendoJusticia

#EnYucatánPasa #CapturaCorporativa #EstadoRacista

Yucatán, a 18 de febrero de 2023

Enuncian

La Esperanza de Sitilpech

Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible

Kanan Derechos Humanos

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Noticias de abajo 16 febrero 2023

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Avispa Midia

En nuevo decreto, México cede a presión de EEUU sobre la prohibición de maíz transgénico

Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

En portada: Productor de maíz. Foto: Eduardo Miranda

El presidente de la República de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 13 de febrero, un nuevo decreto que establece nuevas acciones en materia de glifosato y maíz genéticamente modificado. En diciembre de 2020, el presidente publicó un primer decreto, que queda abrogado, en el cual decidió eliminar gradualmente el maíz transgénico y el herbicida glifosato para el 2025.

La nueva publicación fue la respuesta al ultimátum que Estados Unidos dio a México al solicitar los fundamentos científicos frente a la prohibición del maíz genéticamente modificado y el glifosato, consideró Malin Jönsson, coordinadora de la Fundación Semillas de Vida, en entrevista para Avispa Midia.

La publicación fue difundida un día antes de la fecha solicitada por el nuevo jefe de comercio agrícola de Estados Unidos, Doug McKalip, y el Subsecretario de Comercio y Asuntos Agrícolas Exteriores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USTR), Alexis Taylor, para que el gobierno mexicado presentara explicaciones sobre su decisión de prohibición.

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En el reciente decreto se mantiene la prohibición de sembrar maíz genéticamente modificado, así como su utilización en la alimentación humana en el sector de la masa y la tortilla.

Lo anterior, “no representa afectación alguna al comercio ni a las importaciones, entre otras razones”, sostuvo la Secretaria de Economia en un comunicado a la prensa.

El nuevo decreto quita el plazo para prohibir el maíz transgénico en la alimentación animal e industrial de alimento humano. En el comunicado, la Secretaría de Economia explica que “en cuanto al uso de maíz genéticamente modificado para el forraje y la industria, se elimina la fecha límite para prohibir su uso, quedando sujeto a que exista suficiencia en el abasto. Se instalarán mesas de trabajo con el sector privado nacional e internacional para lograr una transición ordenada”.

Además, se recorre la fecha para dejar de importar glifosato y sustituirlo por alternativas agroecológicas, de enero a marzo de 2024.

En el comunicado de prensa, la Secretaría de Economía sostuvo que “Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) realizará investigaciones científicas en torno a los posibles impactos en la salud de las personas del maíz genéticamente modificado. Tales estudios se realizarán con agencias sanitarias de otros países”. Con eso, “México reitera su compromiso de cumplir el T-MEC, según el cual las decisiones fitosanitarias deben estar basadas en evidencia científica”.

T-MEC

El gobierno de EEUU amenaza México con recurrir a medidas formales apegadas al Acuerdo Comercial de América del Norte (T-MEC), antes TLCAN. Para las organizaciones que integran la campaña “Sin Maíz no Hay País”, la polémica muestra que los tratados de libre comercio ponen en riesgo la soberanía de los países cuando alguna de las partes está en situación de desventaja.

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Sin embargo, como argumenta Jönsson, en el T-MEC existen artículos que protegen la soberanía de los países, es decir, México puede prohibir el uso productos de tecnología moderna u organismos genéticamente modificados (OGM).

Obrador y Biden reunidos en EEUU. El gobierno de Estados Unidos se declaró “decepcionado” ante el decreto de este lunes 13 de febrero.

“No hay una obligación del T-MEC para admitirlas (las denuncias de EEUU). Podemos ocupar esos argumentos que tenemos, hay muchísimos estudios que están mostrando el daño que provocan a la biodiversidad, a la salud, a la vida”, agregó Jönsson y dijo que, incluso, se puede poner fecha de cierre de frontera para la importación.

Queda Corto

Existen varios estudios sobre harinas de maíz contaminadas con transgénicos y glifosato. “Se están mezclando los dos”, dijo Jönsson.

Incluso, investigaciones de la Universidad Autónoma de México (UNAM) y la Asociación de Consumidores Orgánicos mostraron hallazgos de glifosato y transgénicos en las tortillas. Y de estar usando maíz amarillo para este alimento, habrían fallado los controles por parte del gobierno.

“¿Cómo vamos a eliminar el consumo de harinas contaminadas que tenemos actualmente?, ¿cómo lo vamos a implementar realmente el decreto?, ¿cómo vamos a asegurar que no lo estamos consumiendo?, ¿qué se ha hecho para garantizar que no estamos consumiéndolo directamente?”, cuestionó Malin Jönsson. Como hay varios problemas, “queda un poco corto el decreto”, porque no los resuelve.

La investigadora de Semillas de Vida recordó que el maíz es modificado genéticamente para resistir al herbicida, “van de la mano”. Es así como la aplicación del glifosato acaba con otras plantas. “Controla, pero mata todas las otras vidas, mata la biodiversidad”.

Los considerandos del nuevo decreto presidencial reconocen las investigaciones científicas que alertan sobre los efectos nocivos del herbicida en la salud de los seres humanos, el medio ambiente y la diversidad biológica. Además, reconoce como probable carcinogénico, como lo establece la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer.

La Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), dependiente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), publicó un amplio expediente al respecto. Pero, a decir de las organizaciones mexicanas, ni el gobierno estadounidense ni las empresas consideran válidos estos estudios. “Nos quieren llevar a un callejón sin salida”.

Es una situación sumamente compleja, insistió Jönsson, también por los intereses de grandes capitales de las transnacionales que controlan el comercio del glifosato y la producción de los maíces transgénicos como la empresa Bayer- Monsanto, Syngenta, entre otras.

“Realidades incompatibles”

México es centro de origen y diversificación constante del maíz. Es el resguardo genético vivo más grande en el mundo de los maíces. Los pueblos originarios llevan unos diez mil años guardando, seleccionando y mejorando las semillas, destacó la investigadora.

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Existe el registro de 59 razas nativas, pero existen millones de variedades de maíces como esencia de la cultura alimentaria de México, que lo domesticó desde hace más de 7 mil años. En cambio, en Estados Unidos el maíz es una mercancía y un insumo para forraje, para elaborar productos ultraprocesados y para generar agrocombustibles.

“Son dos realidades distintas e incompatibles”, coincidió la investigadora. “Pero venimos de un modelo económico neoliberal donde no se ha apoyado nada la población campesina, se ha dejado que entre el maíz transgénico”, dijo.

Las organizaciones hacen hincapié en la autosuficiencia de México en la producción del maíz que consume. “Por ello es indispensable establecer políticas públicas congruentes y transversales con su respectivo presupuesto, que garanticen que en un plazo perentorio habrá autosuficiencia permanente de maíz no transgénico para la cadena alimenticia en su conjunto”, dijo.

Reacción

El martes 14 de febrero, el secretario de Agricultura estadounidense destacó que están revisando cuidadosamente los detalles del nuevo decreto “y tenemos la intención de trabajar con la USTR para asegurar que nuestro compromiso basado en la ciencia y las reglas se mantenga firme”.

Fernando Bejarano, de la Red de Acción sobre Plaguicidas, considera que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán realizar las acciones conducentes a efecto de llevar a cabo la sustitución gradual del glifosato hasta llegar a su prohibición en marzo de 2024.

Destacó el artículo octavo del decreto 2023 que habla del protocolo de investigación conjunta que integrará la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y las instancias equivalentes de otros países en un estudio sobre el consumo del maíz genéticamente modificado y los posibles daños a la salud.

Las organizaciones que integran la campaña nacional convocaron a las personas a unirse a los propósitos, para que se establezcan leyes y reglamentos que incluyan sanciones.

En la actualidad se importan alrededor 17 millones de toneladas de maíz transgénico a México, debido al Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos y Canadá.

radio
Avispa Midia

Honduras | Asesinato de campesino en El Aguán; suman siete defensores violentados en 2023

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

En portada: Santos Hipólito Rivas concede una entrevista durante una protesta a 19 años del asesinato del defensor del ambiente, Carlos Escaleras Mejía, quien se opuso a la instalación de una fábrica extractora de aceite de palma que contaminaría los afluentes de la región.

El pasado domingo (12) fue asesinado Santos Hipólito Rivas, miembro fundador de la Empresa Asociativa Campesina de Producción Gregorio Chávez de la comunidad de Panamá, en el departamento de Colón, costa atlántica de Honduras.

Rivas destacó por su labor en la reivindicación de los derechos de familias campesinas, quienes demandan la devolución de sus tierras para fines de Reforma Agraria. Esto, en un contexto de acaparamiento territorial en la región del Aguán, el valle mas productivo de Honduras. La situación empeoró a partir de 1992 tras la aprobación de la Ley de Modernización Agrícola, alineada al Banco Mundial, cuyos efectos beneficiaron a terratenientes agroindustriales.

“Desde que el Banco Mundial concedió esos préstamos a los terratenientes nosotros hemos vivido en la pobreza. Los países que están comprando aceite (de palma) y biodiesel están comprando sangre y muerte de los que han caído por defender sus tierras”, sostuvo Rivas en entrevista con Avispa Midia durante una protesta en la ciudad de Trujillo a finales de 2016.

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Tras el reciente asesinato, la Plataforma Agraria del Aguán y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) señalaron que, pese a que Rivas era parte del Mecanismo de Protección de Honduras desde 2019, “el Estado ha sido incapaz de proteger a los y las defensoras de la tierra y el agua”.

Dichas organizaciones denuncian que días previos a su asesinato, Santos Hipólito Rivas expresó durante una reunión que tenía amenazas y que había acudido al Mecanismo de Protección para interponer la denuncia. A pesar de ello, el dirigente campesino fue asesinado, junto a su hijo de 15 años, Javier Rivas, mientras conducía una motocicleta en la comunidad de Ilanga, Trujillo.

Con estas agresiones, suman siete defensores asesinados en Honduras a inicios de este año. Fueron asesinados Alí Domínguez y Jairo Bonilla, defensores del agua y del río Guapinol; el defensor garífuna Ricardo Arnaúl Montero, de la comunidad de Triunfo de la Cruz; el presidente de la Cooperativa Agropecuaria Los Laureles, Omar Cruz Tomé y su suegro, Andy Martínez, ocurrido la noche del miércoles 18 de enero. Horas antes del mismo día, se registró un tiroteo en la Cooperativa Remolino, la cual fue invadida en diciembre por un grupo armado irregular que tomó posesión de forma violenta de más de la mitad de las tierras adjudicadas a la cooperativa, informaron la Plataforma Agraria y COPA.

Destaca que los homicidios han sido cometidos tras la ampliación temporal y territorial de un estado de excepción en la región, lo que se traduce en un desarme general, y donde solo son los elementos de seguridad quienes pueden ir armados.

Recuperaciones

La Empresa Asociativa Campesina de Producción Gregorio Chávez aglutina 25 familias, cuyos integrantes mantienen un proceso de recuperación de 1,200 hectáreas de tierras que la empresa DINANT, propiedad de la familia Facussé, mantiene cultivadas con palma aceitera.

La custodia de las tierras emprendida por los campesinos se mantiene en un vaivén, entre las acciones de recuperación empleadas por las familias y los operativos para desalojarlos realizados por la corporación DINANT.

En 2012, después del asesinato de Gregorio Chávez a manos de guardias privados de DINANT, las familias comenzaron las recuperaciones en las tierras de la finca Panamá. Como respuesta, la empresa coordinó un desalojo efectuado con apoyo de militares hondureños, durante el cual Santos recordaba que habían sido utilizadas 300 bombas lacrimógenas contra los campesinos.

18 octubre 2016. Tocoa, Colón. Campesinxs del Valle del Aguán realizan protesta por el 19° aniversario del asesinato del activista ambiental Carlos Escalera por órdenes del terrateniente Miguel Facussé. El mismo día de la movilización fueron asesinados el presidente del Movimiento Unificado Campesino del Aguán junto con un acompañante.

De acuerdo a un reportaje de ContraCorriente, los intentos de recuperación emprendidos por los campesinos se repitieron entre 2014 y 2017, así como la respuesta violenta, no solo por parte de la empresa y sus aliados militares, sino también de parte de criminales.

“Ya no hay palabras para describir la barbarie que ocurre de manera permanente en El Aguán”, es la frase con que el Bufete de Derechos Humanos “Estudios para la Dignidad” condena el doble homicidio más reciente.

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Para la organización, que acompaña el proceso legal para la reivindicación del derecho a la tierra de los campesinos del Aguán, “su muerte, junto a la de su hijo, mantiene el mismo patrón de los últimos 10 asesinatos en la zona y que reiteramos se ordenan desde empresas agroindustriales como DINANT, que en este gobierno también mantiene el privilegio de su impunidad”.

En un pronunciamiento público, el Bufete demanda detener la violencia en El Aguán contra los líderes campesinos frente a la persecución y violación de derechos humanos que cometen los agroindustriales, “las bandas de matones que están a sus órdenes y por las fuerzas de seguridad, policiales y militares, que están en la zona para protección de estas élites de poder, nunca, nunca para garantizar la vida de los y las campesinas”.

Por su parte, la Plataforma Agraria del Aguán y COPA aseveran que Rivas denunció en distintos espacios que era víctima de amenazas, persecución y vigilancia por miembros del grupo armado liderado por un personaje conocido como ´Piturro´ quien opera a lo interno de la finca Paso Aguan, desde hace varios años, situación que es de conocimiento de las autoridades de la región.

Las organizaciones sostienen que, ante esa situación, el 25 de junio del 2019, la comunidad de Panamá presentó una denuncia ante el Fiscal General de República, Óscar Chinchilla, contra dicho grupo armado, cuya formación paramilitar busca sembrar el terror entre la población y los integrantes de la Empresa campesina Gregorio Chávez.

No obstante, tras esta denuncia, en julio de 2021 fue asesinado Juan Moncada, miembro de la Empresa, pese a que también tenía medidas de protección del Mecanismo de Protección.

“Nos preocupa que criminales involucrados en asesinatos entre los años 2010 y 2013 han regresado a la zona y se han integrado al grupo armado que lidera alias ‘Piturro’”, denunciaron la Plataforma Agraria y COPA ante los recientes homicidios.

Acuerdo incumplido

El Bufete Estudios para la Dignidad resalta que, aunado al desinterés de las autoridades para intervenir en la violencia estructural en El Aguán, el crimen contra los campesinos de Panamá se enmarca en una campaña mediática de desprestigio emprendida por los agroindustriales contra las recuperaciones de tierra, pues “insisten en su pretensión de hacer creer que la lucha por la tierra en esta zona está en manos de ‘delincuentes, revoltosos y usurpadores’”.

Xiomara Castro, presidenta de Honduras

La organización de derechos humanos recordó que, en febrero del 2022, el gobierno de Xiomara Castro firmó un convenio con el movimiento campesino de El Aguán, “un acuerdo que generó desde la Plataforma Agraria una propuesta de solución para la violencia en la zona, misma que pareciera que duerme el sueño de los justos en su escritorio”.

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Las acciones violentas continúan, pese a que el gobierno se comprometió a establecer mecanismos de diálogo que impulsarían la protección y la defensa de los derechos humanos a través de una comisión tripartita lo cual, denuncian, no ha sucedido.

Pasado un año, el equipo legal reclama que, pese al acuerdo, también está pendiente la instalación de una instancia encargada de la investigación de las muertes y violaciones de derechos humanos ocurridas en El Aguán.

“Es momento de acciones concretas, reales y duraderas para El Aguán. Le exigimos justicia integral para los miles de familias campesinas en El Aguán y justicia particular para las víctimas de los más de 200 asesinatos de campesinos de la última década”, enfatiza el Bufete en pronunciamiento por el asesinato de Rivas y su hijo.

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

A un mes de la desaparición de los defensores Ricardo y Antonio, nos sumamos a las exigencias de presentación con vida

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

15 de febrero del 2023

Boletín No. 02

A un mes de la desaparición del Abogado Ricardo Lagunes y el defensor comunitario Antonio Díaz, nos sumamos a las exigencias de presentación con vida

  • Exigimos al Estado mexicano una investigación eficaz y acciones profundas para la búsqueda y localización de las personas defensoras del territorio.

Desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, exigimos al estado mexicano investigación y acciones eficaces para la búsqueda y localización del abogado Ricardo Lagunes y el profesor Antonio Díaz, personas defensoras de los derechos humanos, quienes desde el pasado 15 de enero desaparecieron mientras regresaban de una asamblea comunitaria en el municipio de Aquila, en el estado de Michoacán. Responsabilizamos a las autoridades tanto estatales y federales de la crisis de derechos humanos generada a partir del contexto criminal y de violencia generalizada.

La investigación debe de abordar las posibles rutas para dar con sus paraderos; urge se tome en cuenta las condiciones de la región, donde se presenta un control territorial, político y social por parte de la Minera Ternium y demás grupos de poder que ha dejado profundas divisiones en las comunidades vinculadas a su estrategia de despojo.

Las condiciones actuales en donde más de 100 000 personas han desaparecido en medio de una violencia generalizada provocada por la triada Delincuencia Organizada, Empresas y Políticos, orilla a que nuestro ejercicio de la defensa de la vida se profundice, lo que aumenta también las agresiones en nuestra contra, un fenómeno constante y sistemático, basado en amenazas, desapariciones, asesinatos, intimidación y campañas de desprestigio para intentar silenciar las voces de justicia.

Las desapariciones relacionadas con personas defensoras es un panorama critico en el país, mismo; organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas han manifestado la urgencia de que el Estado mexicano actúe con altos estándares internacionales relacionado a las circunstancia, así como la implementación urgente de las acciones establecidas por el Comité contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas.

A pesar de la denuncia de los hechos y exigencia de la aparición con vida desde diversas acciones en los ámbitos nacional e internacional, las autoridades estatales y federales están siendo omisas, evidencian su incapacidad de atender una demanda clara sobre un territorio especifico, lo que nos mueve a impulsar alianzas y fortalecer la organización para hacer frente a la violencia, despojo y división comunitaria que nos imponen desde arriba.

       
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Avispa Midia

Pueblo maya protesta contra reapertura de megagranja de cerdos

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

En portada: Manifestación de la comunidad maya de Sitilpech contra la operación de una megagranja de cerdos. Foto: Katia Rejón / Memorias de Nómada

Habitantes de la comunidad de Sitilpech, Yucatán, se congregaron la mañana de este viernes (10) para protestar pacíficamente ante la reanudación de operaciones de la megagranja de cerdos Kancabchén II, propiedad de la empresa Kekén, la cual está ubicada a menos de un kilómetro de la población maya.

Durante entrevista con este medio, Rosario, habitante de Sitilpech, aseguró que, pese a que se realizaron estudios que evidenciaron la contaminación en las fuentes de agua producto de las operaciones industriales de la mega granja porcícola, incluso reconocidos por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), desde el pasado sábado (4) y tras nueve meses de permanecer inactiva, las y los pobladores han sido testigos de la reanudación de operaciones de la empresa.

Esto ocurre después de que el magistrado Wynter García, del Tribunal Colegiado de Circuito en materia Penal y Administrativo, desechara una demanda de amparo promovida por el colectivo La Esperanza de Sitilpech, con lo cual dio luz verde a la reanudación de operaciones de la empresa porcícola.

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“El juez Wynter García negó que el pueblo tiene derechos. Él abogó por la granja y que la granja tiene la razón, sin haber consultado al pueblo, sin haber dado asamblea. Él pisoteo nuestros derechos, porque él como magistrado debió ver qué era mejor para el pueblo y no es contaminar el agua. Ninguna autoridad nos ha apoyado, ninguna, ya se cansó el pueblo”, compartió Laura durante entrevista telefónica.

Al grito de “¡Fuera granja!”, un aproximado de 180 mujeres y hombres de todas las edades se movilizaron para impedir el acceso de camiones de la empresa Kekén, los cuales transportan cerdos para suministrar a las instalaciones de la megagranja ubicada en el municipio yucateco de Izamal.

La respuesta gubernamental consistió en el envío de elementos policiacos, municipales y estatales, quienes intimidaron a los manifestantes. Los elementos de seguridad, acusan los presentes, acudieron para “escoltar” a los camiones de cerdo.

“Realmente no quieren colaborar con el pueblo”, expreso indignada Martha, habitante de Sitilpech. “Estamos luchando contra gente que tiene mucho dinero. Vinieron seis patrullas, no a cuidar al pueblo, sino a cuidar a los cerdos. Agarraron otra ruta y entraron con los camiones, nos engañaron”, resalta indignada ante la actitud de los elementos de seguridad y las mentiras que utilizaron para poder ingresar a los cerdos a la fábrica.

Amparo, desechado

La demanda de amparo desechada por el juez García fue presentada para revocar los permisos de operación de la mega granja Kancabchén II. De acuerdo al colectivo Kanan Derechos Humanos, organización que acompaña la estrategia jurídica de las y los habitantes de Sitilpech, dicha megagranja cría más de 40 mil cerdos y se encuentra actualmente en un proceso de ampliación de sus instalaciones, con lo cual también se prevé un incremento en la contaminación y abuso del agua por parte de dicha industria.

Foto: Kanan Derechos Humanos

El recurso jurídico estaba dirigido contra diversas autoridades de los tres niveles de gobierno contra la operación inconstitucional de la empresa porcícola, quien nunca consultó a la población indígena sobre su anuencia al proyecto.

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Apenas el jueves 2 de febrero, habitantes de Sitilpech difundieron una réplica pública dirigida al medio “Diario de Yucatán” debido a que, acusan, se tergiversó la noticia sobre la demanda desechada, “para señalar que la empresa ganó el juicio de referencia y, con ello, poner en duda el proceso de defensa del colectivo La Esperanza de Sitilpech”.

Las y los habitantes de Sitilpech señalan que, pese a que el amparo fue desechado, eso no significa que el tribunal le haya dado la razón a la empresa, “simplemente nunca se analizaron las exigencias por meros formalismos.Los formalismos impidieron el derecho de acceso a la justicia del pueblo de Sitilpech que en los últimos meses había vivido en paz debido al cierre de la empresa por más de 9 meses”, sostienen en el documento.

“Dentro (de la fábrica) está el representante de la granja, se presentó como notario público, y él, junto con el capataz nos quieren intimidar”, acusa otra manifestante quien aseguró que, por acuerdo del pueblo, el bloqueo a la megagranja será permanente.

Hasta el cierre de esta edición, las y los manifestantes se encontraban en el lugar, bloqueando los accesos de los camiones que transportan a los animales a las instalaciones de procesamiento industrial. Al mismo tiempo, denuncian que los hostigamientos contra su manifestación pacífica son constantes.

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