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Concejo Indígena de Gobierno

Concejo Indígena de Gobierno denuncia agresión en Cacahuatepec, Guerrero

Pronunciamiento sobre la agresión en Cacahuatepec, Guerrero


Foto: Agencia EFE

Hermanas y hermanos de la comunidad de Cacahuatepec, Guerrero,
Hermanas y hermanos del Concejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota,
Hermanas y hermanos de México y el mundo.

Desde estas tierras de los pueblos originarios del norte de México, les enviamos nuestro apoyo y solidaridad ante la cobarde agresión por parte de la policía del estado de Guerrero, apoyada por el Ejército Mexicano y la Marina Armada de México; condenamos y repudiamos este ataque de quienes se hacen llamar militares, policías, sicarios o paramilitares, y en el que perdieron la vida 11 personas, entre ellas 5 policías comunitarios de Cacahuatepec pertenecientes a la CRAC-PC; y fueron secuestrados y torturados por el mal gobierno 38 policías comunitarios.

Los militares y los policías, que se quieren hacer gobierno por encima de los pueblos de todo México y que son de nuestros pueblos, dicen que fue un enfrentamiento entre civiles armados y policías comunitarios. Nosotros decimos que el compañero Marco Antonio Suástegui y los pueblos del CECOP defienden su tierra para que no se la adueñen las empresas trasnacionales para hacer la presa Hidroeléctrica la Parota, que defienden su seguridad de los narcoparamilitares del gobierno y que defienden su autonomía porque el mal gobierno es asesino, mentiroso y traidor.

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Tlachinollan

Detienen e incomunican a más de 30 policías comunitarios de La Concepción, Acapulco y ejecutan a tres

Acapulco, Guerrero a 08 de enero de 2018.- Ayer por la madrugada, miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) del poblado de La Concepción, municipio de Acapulco, fueron emboscados por personas desconocidas. Los hechos tuvieron lugar cuando los policías comunitarios pasaban por la Comisaría Municipal de La Concepción como parte de los rondines de seguridad para resguardar un baile que se celebró en el pueblo con motivo de una fiesta local. Esta acción violenta dejó un saldo de dos policías comunitarios asesinados y seis miembros del grupo agresor. Alrededor de las diez de la mañana, el gobierno del estado de Guerrero montó un operativo de más de 100 elementos de fuerzas de seguridad conformado por policías ministeriales y estatales, así como por el ejército para realizar el levantamiento de los cuerpos e iniciar las primeras diligencias. En el marco de este operativo, las fuerzas de seguridad se desplegaron en comunidades circunvecinas con el fin de catear las casas de los miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), sin ninguna orden legal expedida por autoridad competente.

Al momento de que un helicóptero sobrevolaba el lugar de los hechos, un policía del estado accionó su arma, desencadenando un tiroteo que ocasionó la ejecución extrajudicial de tres policías comunitarios. En ese instante se aglomeraron todas las fuerzas policiales con el fin de detener a Marco Antonio Suástegui Muñoz y Vicente Suástegui Muñoz, dirigentes del CECOP, así como a más de 30 policías comunitarios. Alrededor de las 5 de la tarde, elementos de la policía ministerial trasladaron a Marco Antonio Suástegui fuera de la Fiscalía con sede en Acapulco sin que hasta el momento sus familiares tengan conocimiento de su paradero.

Las autoridades del estado han negado cualquier información sobre la situación jurídica de Marco Antonio Suástegui Muñoz. Asimismo, la Fiscalía General del Estado de Guerrero realiza las investigaciones y diligencias en total opacidad manteniendo a los detenidos incomunicados y sin que se garantice un debido proceso.

El gran temor de sus familiares es que puedan ser trasladados a penales de máxima seguridad fuera de la entidad, donde su estado de incomunicación aumentaría el riesgo de que sean víctimas de graves violaciones a derechos humanos, como tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, desaparición forzada o ejecución extrajudicial.

Por estos hechos expresamos nuestra gran preocupación por que las autoridades ministeriales violen de manera flagrante sus derechos a la vida, a la seguridad personal e integridad física, a la personalidad jurídica, al acceso a la justicia y a un juicio justo y los principios del debido proceso. Se han cometido 30 detenciones arbitrarias y la ejecución extrajudicial de tres policías comunitarios; se ha hecho uso letal de la fuerza como único recurso para dirimir un conflicto de alta intensidad; se han realizado cateos sin una orden de autoridad competente por parte de las diferentes corporaciones policiales en los domicilios de los miembros del CECOP; y se ha incomunicado a los detenidos y se les ha negado una defensa adecuada al impedir que sus abogados puedan entrevistarse con ellos.

Por todo lo anterior solicitamos enviar comunicaciones a las siguientes autoridades, de modo que se garantice el debido proceso y se proporcione información tanto a sus familiares como a sus abogados sobre el paradero y la situación jurídica de las personas detenidas. En particular, debido al trabajo de Marco Antonio Suástegui Muñoz como defensor comunitario y a la criminalización y ataques de que ha sido objeto anteriormente, solicitamos hacer énfasis en que se garantice en todo momento su integridad física y psicológica. Además, hacemos un llamado para replicar esta acción urgente y realizar pronunciamientos públicos sobre su situación y la de todas las personas detenidas.

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Radio Zapatista

Contra el despojo, resistir desde la alegría y la hermandad de los Pueblos. El CIG y María de Jesús Patricio en Tehuacán

Texto, audio y fotos: Daliri Oropeza para Radio Zapatista.

 

Valle de Tehuacán, Puebla.- “Nosotros no estorbamos.” Daizy se refiere a las personas indígenas; ella es de la comunidad de Zotitlán, Puebla, defensora de los recursos naturales en la Sierra Negra. Varias mujeres indígenas, vendedoras ambulantes, se acercaron al mitin en el zócalo de Tehuacán, también varios trabajadores, vendedores de algodones, boleros y personas adultas mayores. El costado de la plaza principal está lleno. Hay familias completas que se acercan a escuchar con sus hijos e hijas.

La visita de María de Jesús Patricio a Tehuacán llama la atención desde el principio, pues distintos movimientos sociales en defensa del territorio, los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil realizaron una marcha desde la Casa de Justicia hasta el Zócalo. Exigen en voz alta y sonora un freno a la minera Autlán y a los megaproyectos en la región de la Sierra Negra, y también un alto a la discriminación. Marichuy, vocera del Concejo Indígena de Gobierno, escucha desde la parte delantera de la manifestación. Camina firme y serena, observa y se extraña de lo que mira al caminar.

Las palabras de Concepción Hernández, defensora de derechos humanos de la región, abren el mitin que recibe a la vocera elegida en consenso por el CNI y el EZLN: “Desde el Concejo (Indígena de Gobierno) estamos interesadas en apoyar la lucha de las mujeres indígenas en la ciudad, tanto de las vendedoras ambulantes como de las curanderas que traen sus hierbas medicinales y tampoco las dejan vender. Que han sido contaminados sus campos por las aguas con químicos del lavado de la mezclilla en la maquila”. Conchita, como le conocen de cariño, es clara: las mujeres sostienen la economía popular de la región. Alimentan a bajo costo a quienes no pueden pagar 300 pesos por comer en un restorán. Asegura que las mujeres guardan en ellas la sabiduría ancestral, “que nos han arrebatado”. Recordó que desde que Tehuacán recibió al EZLN en el 2006, los trabajadores de la maquilla son indígenas, aunque no se acepten como tal. Y por eso su lucha contra la esclavitud, además de buscar la articulación de las mujeres a través de la participación en el CNI.

La plaza está cada vez más llena. Una señora adulta mayor pregunta el porqué del mitin. En voz alta, a un costado comienza a denunciar a la presidenta municipal Ernestina Fernández Méndez de no dejar abrir oportunidades de trabajo para las mujeres indígenas, ni para las adultas mayores, que persiguen a las que venden en las plazas y en esta gran queja, se mira a sí misma, y asegura no tener trabajo. Se acerca más al templete improvisado con un camión.

“Ella llevará nuestra voz a los lugares a donde no podemos llegar por falta de dinero”. Daizy se refiere a Marichuy en su encargo de vocera de los pueblos indígenas. “Venimos de la Sierra Negra, de esos lugares más alejados, donde hay lodo, donde a veces no hay ni para comer, pero estamos orgullosos de nuestras raíces, de nuestra lengua, pero sobre todo, muy orgullosos de estar en resistencia, porque estamos defendiendo nuestra tierra en contra de la hidroeléctrica”. El Proyecto Hidroléctrico Coyolapa-Atzala es de Minera Autlán, ese no incluye el territorio concesionado a la minería.

Deshumanización. El padre Tacho insistió en que ese es el principal problema de lo que pasa en México. Recordó que María de Jesús Patricio inició su participación política desde el levantamiento zapatista. Hizo hincapié en que los partidos políticos no entienden la propuesta de las comunidades indígenas de mandar obedeciendo a través de un concejo: “Los partidos surgen después de la Revolución, el movimiento indígena nació 7 mil años antes de Jesucristo”. Entonces no comprenden el porqué de la lucha, ni de la organización, y por eso los tropiezos que ha tenido Marichuy evidencian el racismo con el que está construido el gobierno de México. Recalca diferencias para la mejor comprensión: “Resistencia no quiere decir aguantarnos, que nos sigan jodiendo; resistencia quiere decir que estamos aportando para que este mundo cambie. El proyecto, el pensamiento indígena sigue adelante, humaniza y nos sensibiliza a todos, nos hace sentir hermanos y hermanas. Esa es la alegría que sentimos en este día”, añade en referencia a la visita de la vocera indígena.

“Quiero invitarles a todas, a todos, a quienes nos escuchan a lo lejos, que pasan, que miran, que nos malmiran: nosotros no estorbamos, al contrario, somos parte de este país y vamos a seguir formando parte de este país aunque el gobierno nos quiera eliminar. No nos van a eliminar, los pueblos indígenas vamos a existir”,  Daizy se refiere no sólo a las personas que están en la plaza y que pasan dispersas pero atentas, no sólo a quienes ya se acercaron pero tal vez no entienden del todo el sentido, sino a las personas que tienen esa actitud en todo el país.

María de Jesús Patricio contrapuso a ese despojo una idea, una propuesta: nuestro camino es el de la alegría, la organización, la autonomía y nuestra libre determinación. “El CIG es el llamado para gobernarnos en nuestros territorios. Decidir todos juntos el destino de nuestros pueblos y territorios.”

Escucha los audios:

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Colectivo Altepee | Radio Zapatista

Encuentro del CIG y su vocera Marichuy con pueblos nahuas, popolucas y mestizos del sur de Veracruz

Audios, imágenes y video: Colectivo Altepee; Texto y edición: Radio Zapatista

En la comunidad de Los Mangos, municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, pueblos popolucas, nahuas y mestizos se reunieron con el Concejo Indígena de Gobierno y su vocera Marichuy este pasado viernes 10 de noviembre de 2017.

Aquí, como en otros lugares por donde ha pasado el CIG, los pueblos denunciaron la muerte y el despojo que sufren las comunidades a manos del “sistema capitalista, patriarcal y racista, administrado por el narcoestado, la mafia empresarial y sus súbditos cómplices”.

“Denunciamos la violencia, la inseguridad, los asesinatos, los femicidios, como el caso de una joven nahua embarazada y una niña popoluca asesinada. Denunciamos las desapariciones forzadas, las extorsiones, los abigeatos, los robos, los jóvenes enganchados por el narco y toda la impunidad.” Denunciaron también los megaproyectos como la extracción de hidrocarburos, la minería tóxica y los parques eólicos, así como todas las dependencias de gobierno, sobre todo el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria, “que están a servicio de las empresas para facilitar el despojo territorial”. Igualmente, denunciaron el hostigamiento contra el movimiento de resistencia a las altas tarifas de la luz. Finalmente, denunciaron el machismo, el maltrato a las mujeres, que son “explotadas, desvaloradas, violentadas, asesinadas, discriminads, silenciadas y controladas”, así como la deplorable situación de la salud.

Pero en las palabras de los pueblos quedó también evidente la capacidad organizativa en el sur de Veracruz. Por ejemplo, explicaron que tienen más de 60 actas de asambleas ejidales y comunitarias donde declaran que no permitirán la entrada de empresas y megaproyectos. Hablaron también del movimiento de resistencia a las altas tarifas de la luz, la decisión de no permitir la instalación de medidores digitales, la capacitación de técnicos de alta tensión en muchas comunidades y la compra de sus propios transformadores con las aportaciones económicas de los pueblos. También compartieron la resistencia contra el pago de prediales en el municipio de Hueyapan.

Pero sobre todo compartieron la invitación a todos, en barrios y comunidades, a “vigilarnos y protegernos de manera autónoma, sin el control del Estado”, a unirse a las diferentes resistencias en la región y a organizarse por la autonomía en todas sus formas. Y dieron su mensaje a las y los concejales del CIG:

Le pedimos a nuestros concejales, donde quiera que vayan en el país, que ésta sea la tarea que les encomendamos: No queremos que llamen al voto, que prometan nada, que regalen nada más que su escucha y su palabra; que inviten a los pueblos indígenas y no indígenas, mujeres, hombres y jóvenes, a resistirse, a rebelarse y a iniciar la contrucción de otro mundo”.

“¿Alguien sabe a dónde va un desaparecido? ¿Alguien sabe adónde se llevan a los desaparecidos, dónde se buscan, dónde encuentran?”, preguntó Belén González, madre y voz de su hijo Jacob Vicente Jiménez González, desaparecido el 25 de septiembre de 2015 por elementos de la policía estatal en Coatzacoalcos, y coordinadora del colectivo Madres en Búsqueda. “Nos hemos convertido en policías, en forenses, buscando a nuestros hijos (…) y a pesar de que llevamos todo, de que hacemos las investigaciones, ellos obstaculizan nuestro trabajo, nos criminalizan. (…) Vivimos día a día con terror y seguimos buscando a nuestros hijos”. Y añadió: “Estoy aquí porque vemos en ustedes concejales y en usted Marichuy una esperanza a nuestro dolor y a nuestra hambre y sed de justicia”.

Por su parte, Marichuy habló del origen y el sentido de la propuesta del CIG, explicando, como en otros lugares, que surgió a partir de la constatación de que la situación en todo el país empeora dramáticamente y que ninguna acción dirigida a los de arriba logra cambiar nada. Por eso se conformó el CIG y se decidió participar en este proceso, para utilizarlo como plataforma para denunciar lo que sucede en las comunidades y para invitar a la organización. “Tenemos que pensar más allá del 2018: cómo nos vamos a organizar, y no sólo en México sino en el mundo. Porque el gran capitalismo, que sólo destruye tierras y territorios, no sólo está aquí, sino en todo el mundo, y nosotros los dueños de las tierras les estorbamos.

Escucha los audios aquí:

Palabras de los pueblos nahuas, popolucas y mestizos del sur de Veracruz: (Descarga aquí)  

Belén González, madre de Jacob Vicente Jiménez González, desaparecido en 2015 por elementos de la policía estatal: (Descarga aquí)  

Concejala Maribel: (Descarga aquí)  

Marichuy: (Descarga aquí)  

 

 

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SubVersiones

Se aplica doctrina del shock tras terremoto en Oaxaca

– Renata Bessi y Santiago Navarro F.
(Fuente: SubVersiones)

Naomi Klein, en su libro La doctrina del shock, sostiene que las políticas económicas del Premio Nobel Milton Friedman y de la Escuela de Economía de Chicago, han alcanzado importancia en países con modelos de libre mercado no porque fuesen populares, sino a través de impactos en la psicología social a partir de desastres o contingencias, provocando que, ante la conmoción y confusión, se puedan hacer reformas impopulares.

Ha pasado poco más de un mes desde que sucedió el terremoto más fuerte de los últimos 100 años en México, 8.2 grados en la escala Richter, el 7 de septiembre; el paisaje en el Istmo de Tehuantepec, la región más afectada, aún es de devastación. La ciudad de Juchitán de Zaragoza se asemeja a una ciudad fantasma. Por donde mires hay escombros o edificios dañados. Los cuerpos policiacos y militares aun deambulan por las calles fuertemente armados.

La tierra aun no ha dejado de temblar. Extraños sonidos emanan de las profundidades del mar en las costas de Oaxaca. Es posible sentir temblores de hora en hora. El sistema nacional de servicio sismológico nacional de México calcula ya más de 6 mil réplicas, además de un segundo terremoto de 7.2 grados Richter que sucedió el 19 de septiembre y devastó diversas localidades de la Ciudad de México, donde se han contabilizado —hasta el 4 de octubre— 369 muertes.

Datos oficiales del Gobierno de Oaxaca precisan que el sismo afectó a 120 mil personas en 41 municipios, así como 60 mil 600 viviendas de las cuales 20 mil 664 tuvieron daño total y 39 mil 956 daño parcial. Su infraestructura, redes de agua potable y de drenaje están dañadas. La economía local está golpeada. En las calles la basura se amontona. La preocupación es por una posible crisis sanitaria.

El municipio de Ixtaltepec, una de las regiones más afectadas, se asemeja a una zona de guerra. La maquinaria del gobierno o de las empresas eólicas que dominan la región va demoliendo sin discriminación alguna todo lo declarado como pérdida total, por lo menos 80% de las viviendas. Parte de los vecinos ha rescatado lo que ha podido y ha decidido abandonar la comunidad. La incertidumbre ha tomado por asalto el sueño y la tranquilidad de las personas que resisten para no abandonar su hogar, su comunidad y su historia. «Yo no me voy a ir de aquí, porque este es mi hogar, aquí están mis raíces, aquí es mi pueblo», dice Joaquín Sánchez, de Ixtaltepec.

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Centro de Lengua y Cultura Zoque AC

Mujeres zoques en resistencia contra la ofensiva global neoliberal

MUJERES Y PUEBLOS EN RESISTENCIA CONTRA LA OFENSIVA DEL CAPITALISMO GLOBAL

Las voces de las mujeres zoques son expuestas en su lucha contra los proyectos extractivos en el norte de Chiapas, México.

Éste es el testimonio de Dominga Meza, defensora del territorio zoque de Ixtacomitán, Mayo, 2017:

Éste es el testimonio de Filiberta Domínguez Gómez originaria de Chapultenango. Mayo, 2017:

Éste es el testimonio de Silvia Juárez Juárez, defensora del territorio zoque de Tecpatán, Mayo, 2017:

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COPINH

Justicia para Berta Cáceres: Presentación del Informe del GAIPE

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Medios-Frayba

[Medios-Frayba] Empresas mineras provocan división comunitaria en Chicomuselo

Chicomuselo, Chiapas. 26 de septiembre de 2017.

Boletín Informativo.
A las y los defensores de la Madre Tierra y el territorio
A los pueblos y colectivos organizados en defensa de la vida.
Al Congreso Nacional Indígena (CNI)
A los Centros de Derechos Humanos honestos e independientes nacionales e internacionales.
A los medios de comunicación independientes y alternativos nacionales e internacionales.
A la opinión pública.
CONTINUAN HOSTIGAMIENTO CONTRA EJIDATARIOS POR SU POSICIONAMIENTO CONTRA LA EXPLOTACION MINERA EN EL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, CHIAPAS.
El Comité para la Promoción y Defensa de la Vida “Samuel Ruiz”, manifiesta su preocupación ante la falta de atención por parte del Estado al conflicto interno en el ejido Ricardo Flores Magón en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, derivado del posicionamiento que mantienen un grupo de ejidatarios de ese lugar de no permitir el paso de compañías mineras por esa comunidad, y es que desde la experiencia que vivieron en el año 2007 cuando permitieron el paso de la minera canadiense Blak Fire, fueron afectados con el ruido de los camiones, polvos que dejaban a su paso, deterioro de sus carreteras, además de daños a su salud, entre otros, hasta el día de hoy mantienen firme su decisión de no permitir el paso de compañías mineras.
Esta situación ha derivado que la Asamblea General, representado por su comisariado ejidal hayan acordado la destitución de un grupo de 10 ejidatarios de las Asambleas y no tomarlos en cuenta en los trabajos comunitarios, de igual manera fue destituido del cargo como Agente municipal de la comunidad el C. Rolando Hernández López, por los motivos antes expuestos.
El 14 de mayo del presente año cuando este grupo de ejidatarios participaba en labores de vigilancia para cuidar la entrada de mineros a sus territorios junto a otras personas de otras localidades fueron amenazados de muerte por una persona que responde a nombre de Isidro López Alvarado, vecino del mismo lugar quien portaba un arma de fuego. Hechos que fueron del conocimiento del Ministerio Publico de Chicomuselo por el cual se abrió el Registro de Atención Número 016-030-0605-2017, en el cual este sujeto reconoció los hechos y se comprometió a respetar la integridad de las personas, turnando el archivo como caso concluido por conveniencia de las partes.
Estos hechos nos recuerdan el caso de Mariano Abarca Roblero, asesinado en el año 2009 por oponerse a la explotacion minera en Chicomuselo, que operaba la empresa canadiense Blak Fire, quien fue amenazado de muerte y aunque denunció los hechos ante la Fiscalía del Ministerio Público quince días después fue asesinado, hechos que hasta el momento sigue sin esclarecerse.
Por otro lado manifestamos que la insistencia de compañías mineras por explotar minerales en distintas localidades del municipio de Chicomuelo, sigue provocando división del tejido social, toda vez que estas empresas se aprovechan de la pobreza de los habitantes para ofrecerles apoyos económicos para que acepten el proyecto minero, situación que provoca aumento de la conflictividad entre los que rechazan la actividad minera y de quienes están a favor.
Por información que proporcionan las comunidades tenemos conocimiento que la empresa MINERA BARITA DE CHIAPAS, representado por el Señor Alfonso Alarcón, supuesto propietario de las concesiones mineras en Chicomuselo, es la que se encuentra negociando el paso por el ejido Ricardo Flores Magón y en el ejido Grecia donde pretenden explotar los recursos minerales que hasta la fecha se mantiene suspendida.
Cabe mencionar que actualmente el municipio de Chicomuselo tiene 12 concesiones mineras con vigencia hasta el año 2059, mismas que fueron otorgadas a diversas compañías sin el consentimiento libre, previo e informado de sus habitantes tal y como se establece en instrumentos internacionales como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Por todo lo anterior este Comité de Derechos Humanos solicita al Estado Mexicano
en sus distintos niveles:
  • Cancelación definitiva de las concesiones mineras en el municipio de Chicomuselo, toda vez que es decisión de las comunidades que manifiestan su rechazo a los proyectos mineros.
  • Intervención urgente de la Procuraduría Agraria como órgano de apoyo por parte del estado para de defensa de los derechos de los ejidatarios quienes desde el mes de mayo no han sido atendidos pese al conocimiento de la mencionada dependencia.
  • Proteger y salvaguardar la integridad física de las personas defensoras de la tierra y el territorio en el municipio de Chicomuselo, Chiapas.
Por último queremos invitar a los pueblos, comunidades, ejidos, organizaciones de base, a los hombres y mujeres de este país para articular nuestras luchas en cualquier geografía contra este sistema capitalista y sistema de muerte. La tierra es una herencia de nuestros ancestros, y hay que cuidarla y defenderla. Nuestros pueblos y organizaciones han decidido firmemente defender la vida, el territorio y el medio ambiente, porque está en riesgo el futuro de nuestro país. Por tal motivo los y las invitamos para que participen a la mega peregrinación denominado “Movimiento contra la explotación minera y el despojo de la Tierra”, que estaremos realizando el día 2 de octubre partiendo desde la comunidad Ricardo Flores Magón a las 8:00 de la mañana y culminando en la cabecera municipal de Chicomuselo, Chiapas. 
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Amenazas, hostigamientos y despojo a ejidatarios antimineros
Me llamo Silvestre Hernández Sánchez soy originario del Ejido Flores Magón del Municipio de Chicomuselo, Chiapas; integrado por 72 ejidatarios/as, del cual soy parte.
Soy PROMOTOR del Comité para la Promoción y Defensa de la Vida “Samuel Ruiz”, defensor de los derechos humanos y del medio ambiente.
Desde el 2003 la empresa Caracol empezó con la exploración y explotación de la Barita en la Mina la Revancha II del Barrio San Ramón del Ejido Grecia del municipio de Chicomuselo, Chiapas. en el 2005 transfiere las concesiones a la empresa minera canadiense denominada Black Fire Ltd, esta empresa por ser más grande redoblo horarios de trabajo y aumentaron más sus actividad de saqueo del mineral barita, es decir del diario pasaban de 20 camiones o más cargados de la barita, y en nuestro ejido vivimos muchos a la orilla de la carretera, todo el polvo que emitían al pasar los carros llegaban a nuestras casas y esto nos estaba enfermando los ojos, empezamos a padecer de conjuntivitis, mucha tos y enfermedades gastrointestinales por la contaminación del agua, hablamos en una de las asamblea que ya no se permitiera el paso a los camiones y se levantó un acta de acuerdo de ya no permitir el paso de la empresa, estuvimos de acuerdo y firmamos el acta, se mantuvo este acuerdo por mucho tiempo.
Lamentablemente con la entrada de la nueva autoridades ejidales, el presidente del Comisariado ejidal y su directiva, son pieza claves para obtener la anuencia de la comunidad, les compran su voluntad a las personas. Ya que estas empresas invierten en la compra y división de las comunidades. Reparten despensas y regalos, apoyan fiestas, pagan algunos gastos para mejoras de la comunidad y con esto les permite tener el apoyo de la comunidad. él comisariado ha manipulado a la asamblea para que se acepte este proyecto, y empieza la división del ejido.
El 30 de abril del 2016 un grupo de 12 ejidatarios en la asamblea manifestamos nuestra inconformidad y dijimos que no estábamos de acuerdo con lo que está haciendo el Sr. Cesar López Alvarado actual Presidente del comisariado y su directiva, ya que estos defienden los intereses de la empresa, y por este motivo han intimidado y condicionado a muchos que están inconformes: por ejemplo de quitarles el agua, de no firmarles oficios o documentos cuando lo necesiten. Prácticamente negarles todo servicio que necesite del ejido si no apoyan a este proyecto minero
Como defensor de los derechos humanos y en conjunto con otros compañeros/as nos han amenazado de muerte, nos han intimidado por defender la vida y la madre tierra ante estos proyectos mineros. En las asambleas ejidales hemos demostrado nuestra postura de No a la minería, si a la vida, sabemos bien que estos proyectos únicamente nos traen afectaciones, muerte y nada de desarrollo como la empresa minera lo dice. Me han acusado de que soy el alborotador en la comunidad y que me iban a destituir del ejido
El 30 abril 2017 en la asamblea ejidal al no aceptar firmar acta de acuerdo de paso de la maquinaria y los camiones de la empresa Minera Barita de Chiapas (MIVACHI), nos dijeron que para que asistimos a la reunión si no vamos a firmar los acuerdos que era mejor que ya no asistiéramos a las reuniones porque nada más les estorbamos y que no buscamos el bien del ejido.
Por lo tanto pido a las autoridades correspondientes que me restituyan mis derechos ejidales ya que mi única falta ha sido defender mis derechos, el derechos de todos/as y los derechos de la Madre Tierra ya que he cumplido con las cooperaciones económicas, trabajos y servicios en el ejido.
Se ha solicitado a la Procuraduria Agraria que hagan presencia en el ejido y aclaren cual es la función de cada uno de los representantes de autoridades del ejido y si el defender nuestros derechos nos deben de destituir del ejido.
Para nosotros los campesinos/as, La tierra y territorio son un elemento fundamental para la vida, es el sentido de nuestros pueblos y comunidades. Sin territorio no hay pueblo.
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Frayba

[Medios Frayba] Transmisión en vivo de la conferencia de prensa: NO A LA MINERÍA

Conferencia de prensa:
NO A LA MINERÍA

Fecha y hora: Martes 26 de septiembre de 2017;  11:00 horas

Participa: Comité para la Promoción y Defensa de la Vida “Samuel Ruiz” de Chicomuselo, Chiapas
Modera: Frayba
Lugar: Sala de juntas del Museo de la Ciudad, Av. Central Poniente #288, Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas (La entrada es por el estacionamiento sobre la 2 poniente)

Transmisión en vivo por: https://www.facebook.com/FraybaDerechosHumanos/

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Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua (FPDTA) exige cancelación de órdenes de aprehensión y del Proyecto Integral Morelos

Al Congreso Nacional Indígena
Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional
Al Consejo Indígena de Gobierno

NIEGAN AMPARO CONTRA ORDEN DE APREHENSION A DEFENSORES DEL TERRIOTORIO 

  • Juez de Amparo en Tlaxcala valora indebidamente supuestas pruebas plenas.
  • Con la ratificación de las ordenes de aprehensión se demuestra que no existen condiciones para una consulta libre, previa e informada sobre el Gasoducto Morelos

Después de 3 años, 3 meses que nuestro compañero defensor de derechos humanos JUAN CARLOS FLORES SOLIS, desde la cárcel interpusiera amparo en mayo de 2014 contra una nueva orden de aprehensión que anunciara el 24 de abril de 2014, el Secretario de Gobernación en Puebla, Luis Maldonado Venegas  en el noticiero radiofónico de MVS Radio conducido por Carmen Aristegui, al manifestar que quienes se oponen al Proyecto Integral Morelos tienen más ordenes de aprehensión no solo en el ámbito local, sino en el federal. El pasado 28 de julio de 2017 el Juzgado Primero de Distrito con sede en Tlaxcala negó el amparo a los defensores comunitarios integrantes del Frente de Pueblos ADELA VILLALBA RAMOS, EUSEBIO AGUILAR TORRES, ALEJANDRO TORRES CHOCOLATL y JUAN CARLOS FLORES SOLIS argumentando que el juez de la orden valoró adecuadamente las pruebas contra los defensores de derechos humanos que son considerados en el proceso penal federal 19/2014 como pandilleros.

La orden de aprehensión sucedió con motivo de una denuncia  que el apoderado legal de la CFE, JULIO CHAPA GARZA, hiciera ante el Ministerio Público Federal el 19 de enero de 2014 a las 11 de la noche contra los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua, argumentando que los trabajadores de la CFE, CARLOS AURELIO MUÑOZ ZAMBRANO Y HECTOR ALEJANDRO TORRES SANTOS, le hablaron por teléfono para informarle que estaban privados de su libertad, sin embargo las presuntas víctimas acudieron personalmente a denunciar el hecho casi 4 meses después, el 6 de abril de 2014, día en que fueron detenidos nuestros compañeros: la comisariada ejidal de San Felipe Xonacayucan ENEDINA ROSAS VELEZ, y un día antes que detuvieran al defensor de derechos humanos JUAN CARLOS FLORES SOLIS. Lo que evidencia la coordinación de los tres niveles de gobierno para criminalizar a quienes se oponen al Proyecto Integral Morelos.

Sobre JUAN CARLOS FLORES SOLIS, pesaron 3 procesos penales siendo acusado de 9 delitos en total: la 127/2012 por los delitos de motín, extorsión, daño a obra hidráulica y despojo; 121/2014 por los delitos de robo agravado con violencia de dos teléfonos celulares y obstrucción de obra pública el cual compartió con los comisariados ejidales ENEDINA ROSAS VELEZ y AVELINO VELAZQUEZ TAPIA y; 19/2014 por los delitos de privación ilegal de la libertad con agravante de violencia, contra servidor público y pandillerismo, el cual comparte con los defensores comunitarios ADELA VILLALBA RAMOS, EUSEBIO AGUILAR TORRES, ALEJANDRO TORRES CHOCOLATL, autoridades civiles y ejidales de San Lucas Tulcingo, así como del comisariado de bienes comunales de San Juan Amecac AVELINO VELAZQUEZ TAPIA. De los dos primeros procesos FLORES SOLIS salió absuelto, pero continua la persecución en su contra con el expediente 19/2014, llevando 40 meses sin conseguir la libertad absoluta y los defensores ADELA VILLALBA RAMOS, EUSEBIO AGUILAR TORRES, ALEJANDRO TORRES CHOCOLATL 39 meses de ser perseguidos judicialmente.

En septiembre de 2015 nuestra organización el FPDTA denunció que la orden de aprehensión del expediente 19/2014 fue utilizada como moneda de cambio para que las autoridades agrarias de San Lucas Tulcingo aceptaran el paso del gasoducto a cambio del perdón de sus autoridades, sin embargo al conocer de este perdón los defensores comunitarios lo anexaron a su amparo como prueba de que los trabajadores de la CFE supuestamente retenidos utilizaban la denuncia como medio de extorsión para conseguir sus fines de liberación del derecho de vía del gasoducto, sin que esto fuera tomado en cuenta por el juez de amparo. Del mismo modo nuestros compañeros amparados ADELA VILLALBA RAMOS, EUSEBIO AGUILAR TORRES, ALEJANDRO TORRES CHOCOLATL y JUAN CARLOS FLORES SOLIS, argumentaron ante el juez de amparo radicado en Tlaxcala que la inspección ministerial que sucedió el 20 de enero de 2014 manifiesta que no pudo comprobar que estaban privados de su libertad los CC. CARLOS AURELIO MUÑOZ ZAMBRANO Y HECTOR ALEJANDRO TORRES SANTOS y que el Notario Público de Atlixco que el mismo día levanto un instrumento notarial fedatando que las víctimas habían sido privadas de su libertad desde el 19 de enero al 20 de enero de 2014, no tiene validez porque al notario no le consta por propios sentidos que haya habido tal privación de la libertad, pues solo fue testigo de una Minuta de Trabajo el 20 de enero de 2014 a las 15:30 horas, donde la comunidad dio a conocer a los directivos de la CFE su negativa al paso del Gasoducto. Siendo ambas pruebas confirmadas por el juez de amparo como pruebas plenas que comprueban la privación ilegal de la libertad. Dejando a los quejosos solo el Recurso de Revisión ante el Tribunal Colegiado de Tlaxcala para que revoque la orden de aprehensión que pesa sobre los defensores del agua y la tierra.

Sin embargo el Tribunal Colegiado de Tlaxcala no ha sido la instancia que ha mostrado celeridad e independencia al resolver estos casos, pues en sus manos estuvo un Incidente de Acumulación de los amparos de  ADELA VILLALBA RAMOS, EUSEBIO AGUILAR TORRES, ALEJANDRO TORRES CHOCOLATL y JUAN CARLOS FLORES SOLIS el cual tardo en resolver 18 meses, que fue el principal hecho que mantuvo suspendido la resolución del amparo. En esta ocasión existe un plazo máximo en el artículo 92 de la Ley de Amparo para que se resuelva el Recurso de Revisión en menos de 90 días hábiles, pero de no conceder el amparo a los quejosos los dejara en un estado de indefensión ante la arbitrariedad de las autoridades que persiguen a los defensores de derechos humanos como pandilleros y delincuentes por oponerse a la falta de consulta del Proyecto Integral Morelos.

Después de la sentencia de amparo dictada el 7 de abril de 2017 en el expediente 402/2015 donde se concede a los pueblos de Atlixco el amparo para efecto de ser consultados como pueblos indígenas sobre la construcción y funcionamiento del Gasoducto Morelos, es evidente que no existen las condiciones para dicha consulta, pues ya no se lleva acabo de manera previa a la construcción de la obra, ni tampoco se da en condiciones de libertad pues se sigue persiguiendo a los defensores de derechos humanos que denuncian y se defienden contra las arbitrariedades de este proyecto, así como tampoco es informada, pues hasta la fecha las comunidades en zona de riesgo volcánico no cuentan con información sobre las medidas de seguridad y contingencia que deben seguir en caso de alerta volcánica ya que el paso del gasoducto bloquea las rutas de evacuación del Volcán Popocatépetl.

 

EXIGIMOS LA CANCELACION DE LAS ORDENES DE APREHENSION CONTRA NUESTROS COMPAÑEROS DEFENSORES COMUNITARIOS Y LA CANCELACION DEL PROYECTO INTEGRAL MORELOS

ALTO A LA CRIMINALIZACION A LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua – FPDTA

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