megaproyectos
A pesar de concluida la consulta en Unión Hidalgo, EDF no puede iniciar parque eólico
Por Renata Bessi y Aldo Santiago
Después de cuatro años del inicio de la Consulta Indígena en la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, en el Istmo de Tehuantepec, para la construcción del parque eólico de la francesa EDF (Electricité de France), el sábado (29) se concluyó, bajo protestas de comuneros de la comunidad, la etapa deliberativa de la consulta. Alrededor de 1,400 personas comparecieron, de una población de 15 mil, siendo que 800 personas votaron a favor del proyecto.
“Hay varias denuncias, en medios locales, de trabajadores del municipio que fueron obligados a ir a la consulta, bajo la consigna de que si no iban se les descontaba el día o les retrasaban el pago de la quincena”, dijo Andrea Manzo, quien hace parte de la Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo, a Avispa Midia.
El interés del presidente municipal, Juan Jesús Martínez Rasgado, cuya toma de protesta fue en enero de 2022, en llevar a cabo el proyecto eólico estuvo claro desde su campaña electoral. “Entre sus promesas de campaña estaba exigirle a EDF que cumpliera con ciertas obras públicas. Fue parte de su eslogan y hay prisa por cumplir ese eslogan”, detalla Manzo.
Además, durante todo el proceso de consulta, personas dentro de la comunidad estuvieron impulsando el proyecto lo que ha provocado una división en su tejido social, ya que se estigmatizó y se persiguió los defensores del territorio que están en contra del proyecto. “Son los que se reconocen como pequeños propietarios y quienes tienen contratos con la empresa”, uno de los sectores que han promovido el parque en la comunidad. “Quienes siempre hemos estado en contra, pues estamos constantemente siendo señalados y, en la asamblea, claro, se extrapolan esos ambientes de violencia y de señalamientos”, señaló Manzo.
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A pesar de casi concluido el proceso de consulta, existe un amparo interpuesto por comuneros de Juchitán, en conjunto con el equipo jurídico del Congreso Nacional Indígena (CNI), el cual impide que la empresa inicie la construcción del parque eólico. “El amparo que interpusimos es un amparo agrario en el cual reclamamos la posible privación de tierras por la construcción y operación del parque eólico en tierras que pertenecen a la comunidad agraria comunal de Juchitán”, explica para Avispa Midia, el abogado Carlos González, quien trabaja en el caso.
En una resolución emitida el 6 de septiembre del 2021, el Tribunal Colegiado de Oaxaca ordenó la suspensión de todos los proyectos en dicho territorio. “La suspensión es para que las cosas se mantengan en el estado en el cual se encuentran, evitando que se prive a la comunidad de sus bienes agrarios, de sus tierras, bosques y aguas”, hasta que haya una decisión definitiva sobre el amparo.
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El abogado aclara que la consulta llevada a cabo viola instrumentos internacionales del derecho indígena, ya que “no fue una consulta realizada de acuerdo a los estándares internacionales”; sin embargo, en términos de la resolución emitida por el Tribunal Colegiado, “en el sentido estricto, una consulta no genera la privación de tierras”.
Lo que estaría incurriendo en una ilegalidad, infringiendo el recurso que se ganó, “es la acción que se puede derivar de la consulta”, es decir, el inicio de la construcción del parque. “Si derivado de la consulta empiezan a construir el parque, entonces sí se estaría violentando la suspensión”, explica González. “Lo cierto, lo efectivo es que no se puede construir, no se puede colocar un solo ladrillo en terrenos comunales en Juchitán [considerando que Unión Hidalgo es un anexo del municipio de Juchitán]”, sostiene.
De todos modos, el abogado sostiene que los comuneros de Juchitán, con la asesoría jurídica, están analizando posibles medidas para impugnar la consulta.
Para el caso de que se viole la suspensión del Tribunal Colegiado, la sanción sería aplicada, de acuerdo con el abogado, a las autoridades federales y municipales que dieron los permisos para la construcción y operación del parque. La ley de amparo prevé la “separación del cargo ante un juez penal”.
Lo que sigue
Con la asamblea realizada el sábado (29) la autoridad municipal dio por finalizada la etapa deliberativa de la consulta. Ahora seguiría la etapa de ejecución y seguimientos de acuerdos.
Durante la asamblea “se presentaron más de 30 propuestas de obras públicas y quedaron al final un poco más de 20 que se le iban a presentar a la empresa”, dice Manzo, para negociación.
“Es bastante lamentable como se llevó a cabo el proceso, sumamente violento (…), es bien revelador cómo han explotado la violencia en la comunidad entre los compañeros y las compañeras y, sobre todo, como se han posicionado los presidentes municipales en turno por beneficiarse de la entrada de estos megaproyectos”, analiza la integrante de la Asamblea de Comuneros.
Es cada vez más evidente también, “que los procesos de consulta no buscan el consentimiento de una comunidad (…), es solo un mecanismo más para que las empresas entren [en el territorio]; no hay nada que consultar, más bien es como un papeleo que se hace con todas las arbitrariedades legales”, sostiene Manzo.
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Antecedentes
Desde 2017, cuando se tuvo información de los trámites administrativos para la ejecución del megaproyecto eólico a cargo de EDF, la comunidad de Unión Hidalgo ha interpuesto diferentes recursos legales contra la construcción y operación del parque.
Entre las distintas sentencias a estas demandas, cabe destacar que en mayo de 2018, el Juzgado de Distrito 1º del Estado de Oaxaca con sede en San Bartolo Coyotepec dictaminó la suspensión definitiva del proceso de consulta indígena. Esto ocurrió un mes después que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) otorgó medidas cautelares a favor de la comunidad solicitando suspender temporalmente el proceso de consulta indígena.
Sin embargo, la Secretaría de Energía reactivó el proceso de consulta indígena el 30 de noviembre de 2018, y realizó una asamblea el 23 de marzo de 2019. “La Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca ha documentado diversas situaciones dentro de estas dos asambleas que incluyen un ambiente tenso y que impiden el desarrollo de una consulta libre”, denunció la Organización Mundial contra la Tortura en 2019, quien documentó como, paralelo al proceso de consulta, aumentaron los incidentes de seguridad contra los integrantes del Comité de Resistencia, así como participantes de la Asamblea de Comuneros.
El proceso de consulta había sido paralizado por los riesgos presentados por la pandemia de Covid-19.
Energía para la industria
El parque eólico ocuparía más de 4,500 hectáreas de terreno en tierras comunales. En comunicado, el colectivo Stop EDF Mexique contextualiza que la electricidad producida por EDF mediante sus tres parques eólicos que ya operan en el Istmo Tehuantepec no benefician a la población local, pues se suministra a multinacionales como la gigantesca cadena de supermercados Walmart.
“Una multinacional que viene a expoliar los recursos de las comunidades y a desmantelar sus formas tradicionales de vida y de organización política -asamblearias, no capitalistas, y que siempre han sabido cuidar su entorno-, mientras se atreve a explicarles que es por su bien, para ‘salvar el planeta’ y que es necesario participar en el ‘esfuerzo colectivo’ contra el cambio climático, aunque estas comunidades sean las que menos han contribuido a ello. El cinismo de un sistema en su peor momento”, denuncia la organización.
En la comunidad de Unión de Hidalgo ya está en operación un parque eólico de la española Demex. Además del parque de EDF, está previsto un tercer parque de la empresa Gamesa.
Comunidad autónoma Wixárika-Tepehuana denuncia nuevos ataques
Por Sare Frabes
La comunidad autónoma San Lorenzo de Azqueltán, conformada por los pueblos Wixárika y Tepehuana, en el municipio de Villa Guerrero, Jalisco, denunció que los ataques a la comunidad continúan. Un policía de nombre Adán Bañuelos Herrera, junto con otros elementos de la policía municipal, sin motivo alguno, sustrajeron a golpes a dos miembros de la comunidad. A uno de ellos lo sacaron de su casa a golpes y amenazas.
Los dos miembros de la comunidad fueron llevados ilegalmente y fueron torturados incluso con descargas eléctricas, reclamándoles el haber movido alambres de los “invasores agrarios en diversas movilizaciones comunitarias o el acompañar al comisariado autónomo”, sostiene la comunidad en un comunicado, “fueron torturados por defender la tierra y no es la primera vez que atentan en nuestra contra”.
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De acuerdo con el comunicado, han sido afectados en su salud y presentan secuelas de la tortura. “Persiste la pretensión de los caciques de apoderarse de nuestro territorio ancestral, (…) policías municipales se han prestado para reprimir a nuestra comunidad cometiendo delitos graves como es la detención ilegal y tortura de comuneros, para amedrentar, aterrorizar y tratar así de detener la defensa de la tierra y la organización comunitaria”, afirman.
Histórico de agresiones
Los ataques a la comunidad autónoma han intensificado en los últimos años. El 11 de julio de 2020 hubo la detención ilegal y tortura de un comunero, de donde se derivó la carpeta de investigación 158/2020 y la causa penal 63/2020. “Grave violación a los derechos humanos que permanece en completa impunidad”, sostienen en el comunicado.
El día 5 de julio de 2020, atrás agredir a un comunero le dijo que “contaban con luz verde para matar a uno de Los Valles y uno o dos tepehuanos que andaban luchando por la tierra”.
El 22 de marzo de ese mismo año, apedrearon a dos comuneros de avanzada edad en la localidad de Izolta, como represalia por la organización comunitaria.
El día 30 de mayo de 2019 el mismo policía Adán Bañuelos Herrera agredió y amenazó de muerte a un comunero.
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Lucha por la tierra
Las agresiones y violencias son resultado del no reconocimiento por parte del Estado mexicano de las tierras de la comunidad autónoma Wixárika-Tepehuana, lo que ha favorecido la especulación y el despojo territorial.
Las comunidades históricamente han habitado esta región y han vivido autónomamente de acuerdo con sus usos y costumbres. Su territorio fue reconocido en el año 1733 por el gobierno colonial y hasta hoy posee el título virreinal emitido en esta época.
“Estos documentos coloniales siguen teniendo valor legal en México. De hecho la propia ley establece que para que tenga su reconocimiento y titulación de los bienes comunales, el título virreinal constituye una prueba plena de su identidad indígena y de su territorio que está delimitado por este mismo título”, explica Cristian Chávez, integrante del equipo jurídico de la comunidad.
El embate de los indígenas lleva décadas. La comunidad empezó el procedimiento de la titulación agraria cuando todavía estaba en curso la reforma agraria en el país, iniciada con la Revolución Mexicana y finalizada en 1992, en el marco de las reformas neoliberales.
Chávez explica que antes de 1992 el reconocimiento de los bienes comunales era realizado, en un proceso burocrático, por instancias del poder ejecutivo y había dos tipos de figuras: la confirmación y titulación de bienes comunales y la otra era la restitución de bienes comunales. Y de ambas salía una resolución presidencial reconociendo una comunidad indígena y su territorio.
En el caso de la comunidad se intentó el trámite de restitución de bienes comunales, porque personas externas a la comunidad ya habían invadido el territorio. Básicamente casi todo el municipio de Villa Guerrero estaría dentro de los terrenos de Azqueltán, incluso la cabecera municipal, que es un núcleo urbano, también forma parte de este territorio ancestral. Son 94 mil hectáreas las que tiene reconocido el titulo virreinal.
Antes de 1992, la Comisión Agraria Mixta y el Cuerpo Consultivo Agrario eran las instancias del estado mexicano para la titulación de los bienes comunales. Hicieron estudios topográficos, agrarios, dentro de la superficie de las 94 mil hectáreas.
De acuerdo con Chávez, se localizaron posesiones de pequeñas propiedades bien consolidadas en el territorio. “Varios de estos pequeños propietarios interpusieron un amparo contra la titulación de los bienes comunales de Azqueltán. Entonces la Comisión Agraria Mixta sacó una determinación señalando que al existir el amparo debía continuarse por la vía de dotación de ejidos en la superficie donde no hubiera conflicto”, explica.
En este proceso el territorio se redujo a 38 mil hectáreas. Son estas 38 mil hectáreas que la comunidad tiene actualmente en posesión, son las que están en el juicio agrario del tribunal unitario agrario distrito 16, en la ciudad de Guadalajara, ya que después de 1992 las tierras pasaron a ser reconocidas y tituladas mediante un juicio en un tribunal agrario. “Dentro de esta superficie de 38 mil hectáreas es donde se da el jaloneo y los intentos de despojo y de privatización”, explica Chávez.
Chávez sostiene que el intento de despojo del territorio Wixárika – Tepehuana de San Lorenzo de Azqueltán es un intento de “robo descarado”, ya que convenios internacionales y jurisprudencias en tribunales mexicanos otorgan pleno valor probatorio a las comunidades que están en un juicio de reconocimiento y titulación de bienes comunales. “Si la comunidad, su gobierno tradicional determina que un terreno lo tiene en posesión determinado comunero esto es equivalente a una constancia de posesión de una comunidad formalmente constituida”.
En el comunicado, la comunidad autónoma sostiene que sus tierras no están a venta. “A nuestros padres y abuelos han ido despojando poco a poco y de repente los gobiernos dan escrituras a algunas invasiones, y les hace creer que así de fácil es arrebatar a el territorio con impunidad y violencia. Por eso los gobiernos se hacen cómplices de ladrones de terrenos, que cínicamente se dicen dueños de grandes superficies de nuestras tierras”.
