Por Ñaní Pinto | Avispa Midia

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) denunció que el principal implicado en el asesinato de Berta Cáceres, David Castillo, busca beneficiarse con la Ley de Amnistía para cerrar caso en su contra por corrupción en el fraude del río Gualcarque.

Castillo es acusado de corrupción en el licenciamiento del proyecto Agua Zarca, sobre el río Gualcarque, por los delitos de fraude y uso de documentos falsos.

Castillo, ex gerente de la empresa Desarrollos Energéticos (Desa), y responsable del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, al que Cáceres se oponía, ya había sido declarado culpable, en junio del año pasado, como coautor en el asesinato de la defensora de los derechos humanos hondureña, en 2016.

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Resistencia Popular a la guerra de invasión de Putin. Informes desde ambos bandos y las acciones de grupos libertarios. Radio Kurruf y Todo Por hacer.

COSTA RICA: Entrevista con la Familia de Jerry Rivera guardian defensor del agua y de los rios a dos años de su asesinato. Isla/Noticias de abajo.

UCRANIA: Invadida por Putin en una guerra contra el Pueblo. Entrevista a Jesús Valdez de La Marx Mexico.

PALESTINA: La victima que los medios de arriba no quieren ver ante la infamia de Israel. Las cifras de Febrero.

GUATEMALA:El Estor: indignación por presencia de militares en el sexto aniversario de la sentencia del Caso de Sepur Zarco.

El 26 de Febrero de 2016 se resolvió a favor de 11 abuelas maya Q’eqchi’ y condenó a los militares responsables por delitos de lesa humanidad, violación y esclavitud.Prensa Comunitaria

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO

RUMBO AL #8M: Hace 5 años que Nazaria Irais amiga, hija, madre, hermana mujer fue la víctima 73 de tortura y feminicidio en el estado de puebla. No perdonamos y no olvidamos justicia para Nazaria. Audio de Ariadna Marlen hermana y mejor amiga de la víctima

MEXICO: Continua la lucha contra Bonafont en Puebla. Anuncian caravana por el Agua y la vida. Noticias de abajo

REPRESIÓN: Condenan a 10 años a de prisión a Kenia Hernández, defensora indígena amuzga de derechos humanos, de la tierra y de los derechos de los pueblos indígenas. Front Line Defenders.

MORELOS: Visita de la ONU a planton de Asurco. Juan Perez

CDMX: Desalojan, detienen y reprimen a feministas que acuerpan a victimas de violencia en una okupa de departamentos del INVI. Juan Perez

EXTRACTIVISMO: Tren Maya, el megaproyecto mexicano que arrasa con los derechos humanos. El Salto Diario

Música:

-Libre incendiaria – Makila 69
-Solo tengo – La nopalera
-Llueve sangre en la ciudad – Coyo Licatzin

Por Renata Bessi | Avispa Midia
^{Portada: Aldo Santiago}

La comunidad maya Chortí de Azacualpa, en el departamento de Copán, noroeste de Honduras, está asentada sobre un cerro que compone una enorme franja de oro, explotada por la empresa Minerales de Occidente S.A de C.V. (Minosa), filial de la minera canadiense Aura Minerals.

Minosa inició sus actividades de explotación en la parte baja del cerro donde está Azacualpa. “Al pie del cerro, todos los días hacen explotación de dinamita. Suena increíble”, cuenta para Avispa Midia Yesica Rodríguez, integrante de la comunidad.

Las excavaciones a cielo abierto van avanzando día a día hacia la cima del cerro, destruyendo todo lo que encuentran. En estos momentos el objetivo de la minera es el cementerio tradicional de la comunidad, donde se encuentran alrededor de 338 millones de onzas de oro, según informe del Centro de Estudios para la Democracia.

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Por Ñaní Pïnto | Avispa Midia

El gobierno de la presidenta hondureña Xiomara Castro declaró, lunes (28), todo el territorio de Honduras libre de minería a cielo abierto.

Se cancelan la aprobación de permisos de explotación extractivista y se “procederá a la revisión, suspensión y cancelación de las licencias ambientales, permisos y concesiones”, expresó en un comunicado el gobierno a través de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas.

Se cancelan los permisos, según el comunicado, “por ser lesivos en contra el Estado de Honduras, atentan contra los recursos naturales, la salud pública y limitan el acceso al agua como derecho humano”,

El gobierno dispuso, además, que las áreas naturales de alto valor ecológico serán intervenidas de “forma inmediata”, para asegurar “su conservación y beneficios comunes para el pueblo”.

La Ley General de Minería de 2013 señala que las áreas protegidas son zonas de exclusión de derechos mineros; sin embargo, hay 42 concesiones aprobadas y solicitadas en esos espacios.

En Honduras hay al menos 217 concesiones aprobadas para explotación minera, que abarcan un área de 131.515 hectáreas, según el Foro Social de la Deuda Externa.

En Centroamérica, El Salvador fue el primer país en prohibir la minería metálica en 2018, mientras que Costa Rica ya había prohibido la minería a cielo abierto en 2010.

Por Ñani | Avispa Midia

Departamento de Nariño, Colombia, 22 de febrero, el miedo inundó las calles. Los negocios comenzaron a cerrar y la dinámica del comercio fue reduciéndose durante el día. Todo giró en torno a un comunicado del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que inicialmente circuló en grupos de WhatsApp y Facebook, y que anunciaba que el día 23 comenzaría un “Paro Armado” a las 6 de la mañana.

El comunicado del ELN estaba dirigido a Iván Duque Márquez, actual presidente de este país, en el cual se establecía que la población solo podría movilizarse “por razones humanitarias relacionadas con actividades funerarias o emergencias hospitalarias”.

Daniela Rodríguez*, de esta comunidad, cuenta que, a pesar de que en el comunicado de esta organización armada decía que comenzaba a las 6 de la mañana del día 23 y que terminaba el día 26 a la misma hora, toda la gente comenzó a refugiarse en sus hogares un día antes. “Porque hemos sido municipios que hemos vivido muy de cerca la guerra. Esta situación nos trae recuerdos muy desagradables”.

Daniela comenta para Avispa Midia que desde el día 22 comenzaron a parecer banderas y panfletos del ELN en las principales vías de comunicación. “Ya para el día 23, en la mañana, se registraron los primeros casos de quemas de vehículos. En la noche se dio el primer hostigamiento armado en uno de los municipios de nuestra región por más de 25 minutos”.

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Por Sare Frabes | Avispa Midia

El gobierno de los Estados Unidos, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la organización conservacionista The Nature Conservancy (TNC) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) firmaron una carta de intenciones para “fomentar la conservación y el desarrollo económico de la región sur sureste” mexicano.

El objetivo es “apoyar los esfuerzos” de los estados del sureste mexicano en proyectos y acciones de “desarrollo sustentable” y, para eso, se prevé una inversión inicial de 30 millones de dólares. La carta tiene la intención de adoptar líneas de coordinación para implementar políticas, planes y estrategias conjuntas y “lograr un sureste sostenible”.

El anuncio fue hecho el jueves (24) durante el Tercer Encuentro de Gobernadores del Sur Sureste de México, en Quintana Roo, donde participaron gobernadores, secretarios de economía y medio ambiente de Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Campeche, Veracruz, Chiapas y Oaxaca.

En una conferencia de prensa, el embajador de los Estados Unidos, Kenneth Lee Salazar dijo que existe un interés “grandísimo” en la región por la oportunidad única que se tiene en la selva maya y el sureste de México.

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Por Ñaní Pinto | Avispa Midia

Corporaciones financieras de los Estados Unidos son las principales financiadoras de la expansión de la explotación minera en territorios indígenas en la Amazonia brasileña.

El estudio Complicidad en la Destrucción, realizado por la Articulación de los Pueblos Indígenas del Brasil (Apib) y la Amazon Watch, en conjunto con el proyecto Amazônia Minada, revela que, juntas las gestoras Capital Group, BlackRock y Vanguard invirtieron 14.8 billones de dólares en empresas mineras con intereses en tierras indígenas en la Amazonia brasileña y con histórico de violaciones a los derechos humanos.

En noviembre de 2021, Amazônia Minada identificó en el sistema de la Agencia Nacional de Minería (ANM) 2,478 solicitudes para actividades mineras en 261 tierras indígenas. Estos procesos están en nombre de 570 empresas mineras, asociaciones de empresas mineras y grupos internacionales que requieren explotar un área de 10 millones de hectáreas, lo que equivale al tamaña de Inglaterra. Casi la mitad de los pedidos (1,085) son para buscar depósitos de oro.

Las principales empresas que han solicitado realizar actividades mineras en tierras indígenas son: Vale, Anglo American, Belo Sun, Potássio do Brasil, Mineração Taboca – Mamoré Mineração e Metalurgia (ambas del Grupo Minsur), Glencore, AngloGold Ashanti y Rio Tinto.

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Por Jeny Pascacio

Personas en movilidad humana que buscan regularizarse bajo las leyes migratorias de México se enfrentaron el martes (22) contra elementos de la Guardia Nacional en las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM) en Tapachula, Chiapas, frontera entre México y Guatemala.

Desde hace varias semanas, las protestas contra las autoridades migratorias han puesto los ojos del mundo, de nueva cuenta, en la frontera sur de México. De manera pacífica, incluso costurándose los labios, son las formas en que pidieron solución a sus trámites.

Pero este martes la desesperación los invadió. Encontraron sus documentos tirados como basura a las afueras de las oficinas de regulación migratoria, situación que desató inconformidad, luego empujones, rompieron el cerco de seguridad y, después, comenzó la trifulca.

Elementos de la Guardia Nacional con equipos antimotines intentaron intimidar a la turba enardecida de personas de origen haitiano y africano. Lanzaron piedras a los uniformados, mientras éstos respondieron con gas lacrimógeno.

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Por Jeny Pascacio

Por Jeny Pascacio

A pesar de ser considerado uno de los principales países de origen, tránsito y destino de miles de personas en movilidad humana, México carece de mecanismos y estrategias encaminadas a prevenir, investigar, sancionar y reparar las desapariciones, ejecuciones y masacres de personas migrantes.

De acuerdo al informe de la Fundación para la Justicia, realizado para el Comité de las Naciones Unidos contra la Desaparición Forzada (CED), a pesar de las recomendaciones de organismos internacionales, no existe un conteo de personas en movilidad humana desaparecidas en México.

El CED tiene registro de 95 mil personas desaparecidas o no localizadas y más de 52 mil personas fallecidas pendientes de identificación, pero se desconoce el número real de personas migrantes que se encuentran dentro de estas cifras.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) tiene registro de 1,421 casos, mientras organizaciones que documentan desapariciones y apoyan a familias en la búsqueda, como Movimiento Migrante Mesoamericano, considera que se trata de una cifra superior a los 80 mil migrantes desaparecidos a la fecha.

La Fundación para la Justicia señala la falta de mecanismos que incentiven la presentación de denuncias o reportes de desaparición de personas migrantes; pues en muchos casos no reportan la desaparición de sus acompañantes de viaje o familiares, por temor a ser deportadas o porque desconocen los mecanismos para hacerlo.

“Las personas migrantes en situación irregular caen en el anonimato y se vuelven ‘invisibles’ para las autoridades, lo cual fomenta la existencia de un subregistro importante de desapariciones, ejecuciones y otras violaciones graves a sus derechos humanos”, sostiene la Fundación para la Justicia en un informe.

A cuatro años de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas no existen mecanismos para la búsqueda de personas migrantes.

“Recientemente se publicó el Protocolo Homologado de Búsqueda, que contempla la conformación de un Grupo de Trabajo interinstitucional Especializado en la Búsqueda de Personas Migrantes Extranjeras, pero no tenemos conocimiento de que éste se haya conformado o puesto en marcha”, dice el estudio de la Fundación.

De acuerdo a la Unidad de Política Migratoria, en 2021 se registraron 705 delitos cometidos contra personas en movilidad humana, entre ellos 200 menores de edad.

La incidencia presentada está en el tráfico ilícito de migrantes, robo y secuestro con un registro de 39 casos. Las personas que más denunciaron fueron originarios de Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador.

Para Rubén Figueroa del Movimiento Migrante Mesoamericano, la desaparición es una situación de emergencia y uno de los temas menos visibles dentro de la migración. Mientras los comités de búsqueda documentan hasta 10 casos por día en las comunidades de los países del triángulo del norte.

“No hay una cifra exacta por lo mismo, porque no hay un mecanismo eficaz” ni institucional. “Tenemos una crisis forense en el país, es una realidad”.

Durante los dos años de la pandemia por el COVID-19, la búsqueda se complicó “porque las autoridades dejaron de hacer lo poco que hacían”, sostiene Figueroa.

El Movimiento Migrante Mesoamericano coordina la caravana de madres en busca de sus hijos migrantes que, por razones del confinamiento, llevó sus actividades de manera virtual ante la incertidumbre de las familias que tienen la necesidad de continuar con la búsqueda de sus hijas e hijos, debido a la omisión de las autoridades mexicanas sobre sus demandas.