justicia
Chiapas, denuncian contrainsurgencia, desplazamiento y complicidad del Estado
Fuente: Avispa Midia
Por Ñaní Pinto
Foto por Jeny Pascacio
Desplazamiento forzado masivo e intermitente, desapariciones forzadas, despojo de tierras, asesinatos, tortura, espionaje y criminalización de la protesta social, son solo algunas de las graves violaciones a los derechos humanos que se registran en distintas localidades de Chiapas.
Así lo evidencia un informe elaborado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDH Frayba) titulado Chiapas un desastre. Entre la violencia criminal y la complicidad del Estado.
El documento, que abarca un análisis de situaciones registradas entre 2020 y 2022, destaca el incremento de la violencia debido a la existencia de grupos que utilizan las armas para el control social, político, económico y territorial en distintas geografías del Estado al sureste mexicano.
A la operación de grupos criminales y paramilitares, como continuidad de una estrategia contrainsurgente, se suma la impunidad fomentada por actores estatales, la remilitarización de los territorios y un comprobado espionaje realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Chiapas.
En este contexto, la organización de derechos humanos externa su preocupación sobre el papel del Ejército mexicano como principal perpetrador de crímenes de lesa humanidad, así como por integrar actualmente “un suprapoder con la posibilidad de controlar todas las esferas de la vida y dejando abiertas las puertas para el ejercicio de un gobierno neodesarrollista y autoritario”.
Acorde al CDH Frayba, este escenario acontece a la par de la promoción de una política económica gubernamental que impulsa la actual administración, mediante la cual se busca que el Estado mexicano promueva la reconfiguración de los territorios a través de megaproyectos para la explotación de recursos naturales.
Dos desaparecidos, saldo tras ataque armado contra comunidad en la costa oaxaqueña
Fuente: Avispa Midia
En portada: Cristian Chávez González, ingeniero miembro de la comisión de coordinación y seguimiento del Congreso Nacional Indígena es uno de los defensores atacados este viernes en la costa oaxaqueña.
Dos personas desaparecidas es el saldo de un ataque armado registrado la tarde del viernes (12) contra pobladores de San Lucas Atoyaquillo, municipio de Santiago Ixtayutla, en el occidente de la costa oaxaqueña.
De acuerdo a una acción urgente de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), los responsables son personas armadas de Santa Cruz Zenzontepec, quienes atacaron a defensores de la tierra y el territorio mientras realizaban trabajos para un peritaje técnico agrario.
A su vez, el Congreso Nacional Indígena (CNI) señala que el problema deriva de un conflicto de límites entre el municipio de Santa Cruz Zenzontepec y el ejido de San Lucas Atoyaquillo, mismo que hasta la fecha se encuentra irresuelto. Ante ello, los integrantes del ejido de San Lucas Atoyaquillo realizaron trabajos técnicos “en la idea de resolver dicho conflicto, acompañados por el ingeniero y compañero Cristian Chávez González, quien además es miembro de la comisión de coordinación y seguimiento del Congreso Nacional Indígena. Denunciamos que estando realizando dichos trabajos de forma pacífica, dio inicio la violenta agresión antes referida”, denuncia mediante comunicado.
Según el CNI, se reporta la desaparición de dos personas, Erineo Sánchez Ruíz e Isaak Juárez y de igual forma se constata que un policía municipal de Santiago Itayutla resultó herido.
Por su parte, la Red TDT señala que “se documentaron detonaciones de armas de grueso calibre accionadas por un grupo armado de Santa Cruz Zenzontepec que fue acompañado por policías municipales; las personas defensoras de San Lucas lograron resguardarse en el paraje de Corral de Piedra, sin embargo hasta la madrugada de este 13 de mayo los disparos no cesan en el poblado”, citan mediante una acción urgente.
La red denuncia que aún este sábado (13), la situación de violencia en la región mantiene en riesgo la vida e integridad de los habitantes y del defensor Cristian Chávez González, también integrante de la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas A.C (AJAGI) y de la misma red.
“Por información que recibimos, se documentó que en tiempo y forma la policía Estatal de Oaxaca y la Guardia Nacional fueron notificadas sobre los trabajos técnicos que se llevarían a cabo, sin embargo no hubo respuesta y tampoco han intervenido para garantizar la seguridad de los pobladores en la región”, denuncia la Red TDT.
Según la red de organizaciones de derechos humanos existen antecedentes de agresiones armadas en dicha región. Señalan que, desde mayo del 2012 habitantes de la comunidad de San Lucas Atoyaquillo enviaron un oficio dirigido al Presidente de la República denunciando hechos de violencia ocurridos en ese entonces en el que se registraron disparos que pusieron en riesgo la vida e integridad de los pobladores.