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Campaña total por la liberación de Fidencio Aldama Pérez

Al Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno
A las comunidades que defienden el agua, el territorio y la vida
A las Redes de Resistencia y Rebeldía o como se llamen
A la Sexta nacional e internacional
A la Red Contra la Represión y por la Solidaridad

Compañerxs
Nos dirigimos a quienes luchan contra el Sistema para destruirlo, no para entrar en negociaciones con sus representantes ni para pedir audiencia con algún funcionario. Sabemos que la boca de los gobiernos está llena de mentira y que de los de arriba sólo podemos esperar desprecio, engaño y traición. Nada tenemos que pedirle a quienes nos han arrebatado todo, porque contra ellos es nuestra lucha.

Nos dirigimos ustedes porque sabemos que en sus oídos nuestra palabra será escuchada; que en sus compañías encontraremos el apoyo que sólo pueden dar los que luchan; sabemos que ustedes podrán llevar a otras geografías las causas por las que lucha el digno pueblo y Nación yaqui: por el agua, por la tierra, contra los megaproyectos, por la vida y por la libertad de Fidencio Aldama Pérez.

En abril de 2016, el pueblo yaqui de Loma de Bácum interpuso un amparo contra la construcción de un gasoducto que atravesaría por 90 kilómetros de la región, en su tramo Guaymas-Oro. A partir de entonces las menazas contra los habitantes se han intensificado y el problema sigue sin solución.
El proyecto pretendía construir 835 kilómetros de gasoducto por los estados de Sonora y Sinaloa, para llevar gas natural desde Arizona a los estados del oeste del país, sin embargo, el segundo de los tramos se detuvo por la negativa de los pobladores a que su territorio se viera afectado por una obra que ningún beneficio les traería y sí afectaría sus modos de vida con una falsa “consulta” y vulnerando los principios establecidos por el Convenio 169 de la OIT, siete de los 8 pueblos que integran la Nación yaqui en la zona habían dado “su consentimiento”; pese a ello, y tras haber demostrado que no se había tomado en consideración la opinión de todos los pobladores, ni se les había informado con veracidad, claridad y suficiencia sobre las características de esas obras, a pesar del consentimiento de siete de las ocho tribus que conforman la tribu yaqui en la zona, las obras se detuvieron.
La construcción, estaba a cargo de la empresa Infraestructura Energética Nova (IEnova), había empezado en 2013, pero se suspendió en 2016 luego de que los habitantes de Loma de Bácum consiguieron el fallo a su favor, por parte del Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Ciudad Obregón. Y empezó una escalada de amenazas contra los pobladores, para que se desistieran de la defensa de su territorio.

 

Entre calumnias, amenazas y muertes comenzó entonces una campaña de calumnias contra los opositores al gasoducto y de dádivas repartidas entre “líderes” de los que habían “aceptado” que se instalara el gasoducto.
Entre abril y octubre de 2016 se dieron varios hechos de violencia contra la comunidad: dispararon contra la madre de otra compañera y asesinaron a uno de sus primos; las amenazas continuaron; ni la empresa ni el gobierno se iban a detener ante nada con tal de eliminar el último obstáculo para construir su gasoducto.

 

Y llegó octubre del 2016 el día 21, personas armadas, acarreadas desde otros pueblos, ingresaron a Loma Bácum, y llevaron adelante una agresión contra la asamblea, se pretendía hacer pasar ésta como un “enfrentamiento entre comunidades” que están a favor o en contra del gasoducto, a “favor o en contra del progreso”; en entrevistas, algunos de los acarreados dieron a conocer sus motivos: los gobiernos estatal y federal los amenazaron de suspender todos los programas sociales.
Además, la tribu yaqui tiene usos y costumbres ancestrales para resolver sus diferencias. Por Ley, y en derecho consagrados por la Constitución DESDE 1917, los yaquis tienen un gobierno nombrado por la comunidad, ellos definen a sus autoridades tradicionales, nombran a sus guardianes y establecen las sanciones para los infractores de las reglas comunitarias; todas y cada una de sus grandes decisiones se adoptan después de largos procesos de consulta interna y, sólo cuando todas la comunidades están conformes, se toman los acuerdos; es decir, el gasoducto no avanzaría aún si fuera sólo una de las comunidades la que mantuviera su rechazo.
La agresión contra Loma de Bácum trajo como consecuencia la muerte de una persona, víctima de una bala de calibre 22.
Seis días después, el 27 de octubre, la policía estatal secuestró a Fidencio Aldama Pérez, guardia tradicional de Loma de Bácum, acusado sin testigos que lo señalaran, sin acreditar su participación en el hecho y sin que el arma que portaba LEGALMENTE, una calibre 45, pudiera haber disparado un proyectil de calibre 22.

El juicio contra el compañero Fidencio Aldama Pérez ha estado plagado de irregularidades; nadie lo señala como autor del crimen, ni siquiera hay testigos que indiquen que disparó su arma; no hay una prueba pericial que señale que existe una trayectoria posible entre el lugar en que se encontraba el guardia tradicional y el muerto. ¿Pruebas?: ninguna.
Según la ley es la autoridad la que debe demostrar la culpabilidad del procesado y no el acusado probar su inocencia; pero las leyes chuecas, las autoridades veniales, los jueces corruptos y gobiernos al servicio de los de arriba son los que mantienen tras las rejas a nuestro compañero.

No se trata de impartir justicia; más de una vez lo han insinuado, en corto, si Loma de Bácum desiste de su amparo, el secuestrado, que ya ha sido reconocido por el gobierno federal como un preso político, es decir, un rehén del Estado. sería liberado. Pero, hay un problema con esa “generosa propuesta” la comunidad de Loma de Bácum, una y otra vez ha dicho no al gasoducto; en su cara se lo han expresado a la gobernadora y al AMLO: Los derechos no se negocian. La tierra se defiende.

Las agresiones contra la comunidad de Lomas de Bácum no cesaron, se trata de vencer la resistencia de la comunidad mediante el miedo. El 14 de diciembre, un comando armado secuestró a dos opositores al gasoducto.
**–**

Compañerxs: sabemos que no será por una resolución legal que Fidencio recupere su libertad; porque no es preso en cumplimiento de alguna ley ni por haber cometido delito. Fidencio permanece secuestrado, ilegal e ilegítimamente; por lo que no será ningún abogado quien logre “demostrar” su inocencia. El Estado sabe que Fidencio no es culpable.

Llamamos a quienes luchan por la vida a nombrar a Fidencio en cada acto, en cada documento, en cada acción que se realice en defensa de la tierra, del agua, de la vida, contra el mal gobierno y sus megaproyectos que sólo representan muerte para nuestros pueblos.

Llamamos a una campaña TOTAL hasta lograr su liberación. A que en toda resistencia y rebeldía, el nombre de Fidencio se escuche y resuene, será la lucha de abajo y a la izquierda la que lo logre libre.
Desde las sagradas tierras yaquis y otras geografías solidarias exigimos: ¡¡Libertad para el guardián tradicional de Loma de Bácum. Fidencio Aldama Pérez!!
21 de octubre de 2020

Carmen García de Aldama y Grupo de trabajo por la libertad de Fidencio Aldama Pérez

 

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FrayBa

Chilón: Juan Hernández Morales ya fue localizado

 

  • Urgimos respetar el derecho a la protesta y a la libertad de expresión de quienes defienden el territorio.

 

 

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas informa que Juan Hernández Morales, quien estaba en condición de desaparecido desde el día 15 de octubre de 2020, ya fue localizado. El día de hoy, 20 de octubre de 2020, sus familiares nos reportaron que se encuentra bien y en un lugar seguro.

 

De acuerdo a testimonios, Juan Hernández Morales, de 33 años de edad, originario de la Ranchería Centro San Gabriel, municipio de Chilón, Chiapas, México, se había reportado como desaparecido desde el día 15 de octubre de 2020. En el contexto de un operativo violento en contra de una manifestación pacífica de ejidatarios de San Jerónimo Bachajón, en apoyo al ejido San Sebastián Bachajón, en el punto conocido como crucero Temo’, ubicado a 21 kilómetros de la carretera Ocosingo – Palenque. La población había convocado a un acto de protesta por la instalación de un cuartel militar en su territorio.

 

 

El Frayba reitera que la criminalización en contra del Pueblo Maya Tseltal de San Jerónimo y San Sebastian, en Chilón, pone en riesgo la vida, la libertad, la seguridad y la integridad de la población. Por lo anterior urgimos al Estado mexicano respete los estándares internacionales como el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que estipula: «el derecho a la libertad de expresión no es un derecho más sino, en todo caso, uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática.»1

20 de octubre de 2020

Nota informativa.

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Avispa Midia

Palestino preso por Israel está al borde de la muerte tras 86 días de huelga de hambre

Tras 86 días de huelga de hambre abierta, el palestino Maher Al Akhras, de 49 años de edad, se encuentra internado en el Hospital Kaplan de Israel y, muestra un estado grave de salud. Sus familiares y activistas por la liberación de presos políticos palestinos temen por su vida.

Akhras fue detenido el 27 de julio en el distrito de Yenín (norte de Cisjordania) por el denominado Servicio de Seguridad Interior (Shin Bet), el cual opera en los territorios ocupados. Shin Bet acusa al preso Akhras de pertenecer a la Yihad Islámica, aunque las autoridades israelitas no han presentado las pruebas correspondientes.

De acuerdo con la abogada del preso, Ahlan Haddad, su “estado de salud se ha deteriorado gravemente a consecuencia del prolongado ayuno”.

Por su parte, las autoridades israelíes le han ofrecido liberarlo, asevera la abogada Haddad, solo “si pone fin a la protesta y acepta seguir internado hasta el 26 de noviembre”, cuando vence el primer periodo de detención administrativa, que es automáticamente renovable.

Esta propuesta ofrecida por Jackie Goodall, directora de la Alianza Irlanda-Israel de Listowel, es porque Akhras representa una “amenaza significativa para la seguridad de Israel”, pero solo hasta el 25 de noviembre, después de lo cual ya no es una amenaza.

Más de 850 mil palestinos han pisado las prisiones de Israel durante más de medio siglo de ocupación en Gaza, Cisjordania y Jerusalén del Este. Esto representa un 40% de los hombres adultos; casi una quinta parte de la población de Palestina.

La detención administrativa que aplica Israel permite recluir a un sospechoso por largos períodos, aun sin las pruebas correspondientes. Esta medida puede ser renovada cada seis meses. Tras el caso de Akhras, actualmente hay por lo menos 350 palestinos recluidos por una detención administrativa, incluso, dos menores de edad. La mayoría de los presos son acusados por Shin Bet de pertenecer a la Yihad Islámica, ha denunciado la ONG Alerta de B’Tselem. Hoy, esta ONG ha alertado que Akhra está “a punto de morir”.

“Su visión y audición se están deteriorando rápidamente y se queja de fuertes dolores en el pecho. Según el consenso médico internacional sobre las huelgas de hambre, Al Akhras puede morir cualquier día”, alertaron hoy ONG´s locales defensoras de los derechos humanos, quienes pidieron su liberación.

Por otra parte, el asesor de medios de la Autoridad Palestina para Asuntos de los Prisioneros, Hassan Abd Rabbo, anunció que realizan esfuerzos en todos los niveles posibles, desde el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Comisionado de Derechos Humanos, la Organización Mundial de la Salud, así como otros organismos internacionales y parlamentarios del mundo, para exigir la liberación inmediata de Maher Al-Akhras.

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Ejidatarios (as) del Ejido San Jerónimo y San Sebastián Bachajón

Liberación inmediata de César Hernández Feliciano y de José Luis Gutiérrez Hernández

A LA OPINIÓN PÚBLICA

A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES E INTERNACIONALES

A LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

A LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS NACIONAL E INTERNACIONAL

Los Ejidatarios del Ejido San Jerónimo y San Sebastián Bachajón, Municipio de Chilón, Chiapas, somos pueblos Tzeltales, unidos para defender nuestros Derechos Colectivos ante las imposiciones del Estado en implementar proyectos que atentan en contra de nuestros territorios y nuestros modos de vivir con lo que nos rodea. En esta virtud, nos dirigimos a todos y todas para manifestar lo siguiente:

Primero: Que el 15 de octubre de 2020 tuvo lugar una movilización pacifica para manifestar nuestra inconformidad por la imposición de la instalación del cuartel de la Guardia Nacional en la comunidad Juculton, Municipio de Chilón, Chiapas, perteneciente al Ejido San Sebastián.

Segundo: Que durante esta manifestación que tuvo lugar en el Crucero Temó donde estuvieron los compañeros del Ejido San Jerónimo, y en el Crucero Sitalá donde estuvieron los compañeros del Ejido San Sebastián, donde los primeros fueron violentados sus derechos colectivo y humanos al ser reprimidos brutalmente por la policía municipal, estatal y Guardia Nacional, encausada por los 3 niveles de gobierno. Como resultado fue la detención de dos compañeros identificados con los nombres de: César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández, quienes con lujo de violencia fueron privados de su libertad y torturados por parte de la policía municipal, trasladándolos a los separos de la comandancia de la policía municipal de Ocosingo, Chiapas, sin embargo; ante la detención, se violaron los derechos correspondientes que impiden la defensa. Así también, la Fiscalía de Justicia Indígena no permitió el acceso a la Carpeta de Investigación a su defensa, aproximadamente a las 10 de la noche del día de ayer, fueron trasladados al Juzgado de Control de Ocosingo, sin notificarle a sus defensores; el día de hoy debía llevarse su audiencia de control, sin embargo, fueron trasladados forzadamente, hasta esta hora se desconoce su paradero, nuevamente no se les ha notificado a la familia o la defensa.

Ante lo anteriormente expuesto, DENUNCIAMOS:

Los abusos de poder del alcalde Municipal al accionar la fuerza pública en contra de los ejidatarios de San Jerónimo y San Sebastián Bachajón.

La intromisión del alcalde en los asuntos ejidales, así como la provocación de división al interior de los ejidos para satisfacer sus intereses políticos y económicos.

La estructura municipal que opera en contra de la población que no esta a favor de las imposiciones del presidente.

A los comisariados ejidales impuestos por el alcalde que violentan a la máxima autoridad ejidal, ejerciendo artimañas para saciar sus intereses.

De esta manera EXIGIMOS:

La liberación inmediata de: César Hernández Feliciano y de José Luis Gutiérrez Hernández.

Presentar con vida a Juan Hernández Morales, desaparecido desde el 15 de octubre de 2020 por causa de la implementación violenta de la fuerza pública.

Retirada inmediata de la Guardia Nacional del Municipio de Chilón.

Justicia para los encarcelados y lesionados.

Castigo para los responsables de accionar actos violentos en contra de los ejidatarios, la estructura del ayuntamiento municipal: presidente y delegado municipal, director, comandante y elementos de la policía municipal.

Respeto a los derechos colectivos como pueblos originarios conforme a los establecidos en nuestra Carta Magna y de los Convenios Internacionales.

Porque defender lo nuestro es un Derecho:

Ejidatarios (as) del Ejido San Jerónimo y San Sebastián Bachajón,

Municipio de Chilón Chiapas; a 17 de octubre de 2020.

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Prensa Comunitaria

Bolivia: delegación Feminista Plurinacional: “Queremos elecciones sin sangre”

Por Delegación Feminista Plurinacional

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Mujeres bolivianas. Fotografía Natacha Pisarenko

Se multiplican las denuncias ante intentos de desestabilizar las elecciones de mañana en el Estado Plurinacional de Bolivia, donde las urnas son custodiadas por quienes masacraron al pueblo. Son horas decisivas para la región y al respecto se pronunciaron feministas del Abya Yala.

Por Redacción Marcha |

Las integrantes de la Delegación Feminista Plurinacional y de Feministas de Abya Ayala realizaron en el mediodía del viernes una conferencia de prensa, a pocas horas de las elecciones presidenciales en el Estado Plurinacional de Bolivia, en un clima de tensión, desestabilización y amenazas frente al inminente triunfo del binomio Luis Arce- David Choquehuanca del MAS- IPSP.

Al igual que el pasado 8 de Marzo, cuando feministas sin fronteras hicieron del abrazo un acto político, esta vez fue también la solidaridad la que se hizo presente ante la violación de los Derechos Humanos, el odio y el racismo que impusieron el gobierno de facto y grupos conservadores bajo el mando de Jeanine Añez y Arturo Murillo; autoproclamado hace 11 meses.

La Delegación Feminista Plurinacional (Bolivia- Argentina) trabajó estos meses para, en medio de un clima de amenazas, relevar denuncias ciudadanas sobre graves violaciones a los derechos humanos, calificados como crímenes de lesa humanidad -que son imprescriptibles-, en una Bolivia con presas y presos políticos, asesinatos y persecuciones que impuso el gobierno inconstitucional.

En esta oportunidad, nuevamente alzaron la voz, para visibilizar el contexto electoral que amenaza el proceso de restitución de la democracia, con un gobierno de facto que pretende perpetuarse sin el voto, aliado a grupos oligárquicos, en alianza con paramilitares y fundamentalistas religiosos que operan con total impunidad.

Leer también: https://www.marcha.org.ar/bolivia-hacer-del-abrazo-un-hecho-politico-de-solidaridad-contra-el-golpe-de-estado/

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Mujeres mineras de Bolivia. Fotografía Natacha Pisarenko.

Contexto electoral

Durante la conferencia de prensa, las feministas del Abya Yala destacaron que “en los últimos meses, han recrudecido las violencias racistas y patriarcales del gobierno de facto” y que en medio del proceso electoral, que ya había sido pospuesto, denunciaron que “el gobierno no brinda garantías para la realización de elecciones libres sin derramamiento de sangre”.

El Golpe de Estado en Bolivia y el gobierno de facto que encabeza Añez, “son resultado del golpe cívico eclesiástico militar en Bolivia que atentan contra los procesos de reconocimiento identitario de los pueblos de Bolivia”, explicó otra de las voces de denuncia, “mientras se promueve el odio y el racismo como política de Estado y se producen violaciones selectivas a los Derechos Humanos en territorios indígenas, migrantes y empobrecidos”. Las persecuciones a la prensa por el peligro de difusión de los graves hechos llevó al asesinato de Sebastián Moro, a la prisión por causas políticas de Facundo Molares -encarcelado en graves condiciones de salud y sin asistencia médica- y al exilio de muchas y muchos periodistas y comunicadores populares y alternativos.

Adriana Guzmán, desde Bolivia, al tiempo que resalto el valor de la solidaridad feminista y destacó la necesidad de elaborar un nuevo informe- denuncia internacional sobre la situación, siendo necesario explicar el contexto en que se realizan las elecciones. Anulación de 50.000 residentes que no podrán votar en el exterior, los cambios en el sistema electoral para recoger los votos, la militarización de todos los recintos electorales, la censura a veedores electorales internacionales, junto a la negación de credenciales y medidas de seguridad.

El principal veedor será la Organización de Estados Americanos (OEA), con” la misma delegación que en 2019, irresponsable que ha hablado de irregularidades”. Adriana Guzmán destacó que “de igual forma están las amenazas permanentes del ministro de gobierno, Arturo Murillo, que ha denunciado en conferencia de prensa la compra de armamento y el destino que es la defensa de la democracia y evitar que por cualquier razón el Movimiento al Socialismo vuelva al gobierno”.

Adriana también denunció la manipulación informativa de las empresas mediáticas que difunden ideas sobre quiénes somos indígenas. “Queremos denunciar que se ha generado un clima de estigmatización y manipulación informativa”… “quienes somos originarias, indígenas, estaríamos organizando una resistencia armada, trayendo guerrilleros, todo este discurso que ya ocurrió en 2019 con el único objetivo es que la gente termine en la puerta de su casa con un palo tratando de defenderse de quien sabe quién”, afirmó.

Elecciones contra la incertidumbre y la impunidad

Penélope es una de las hermanas de Sebastián Moro, periodista argentino asesinado hace 11 meses en Bolivia, mientras se cometía el Golpe de Estado que le robó al pueblo su soberanía. Tomó la palabra durante la conferencia de prensa y exigió la protección para las y los periodistas que están cubriendo las elecciones: “No queremos ningún Sebastián Moro ni… Facundo Molares más”, dijo. Y recordó la importancia del voto de ciudadanas y ciudadanos bolivianos en el exterior, quienes representan el 2% del padrón.

Leer también: https://www.marcha.org.ar/mendoza-una-sucursal-de-la-alianza-anez-mesa/

Jimena Fore es boliviana, de Potosí, y denunció la actitud temeraria que significa que los recintos de votación vayan a estar militarizados, y advirtió sobre que no habrá trasmisión de actas en tiempo real. “Esto nos llama la atención para que podamos estar informadas”, agregó.

Por su parte, Daniela Hinojosa, desde Venezuela, expresó su solidaridad, “porque este método de sometimiento no es contra Bolivia sino contra todos los pueblos” y que esta represión “se vence con la fuerza de la solidaridad con el pueblo boliviano que está viviendo lo que nadie quisiera”.

Diana Vargas, feminista comunitaria, dijo: “queremos unas elecciones sin sangre, porque los muertos siempre serán de nuestro lado”, y pidió “reciprocidad con el pueblo de Bolivia y romper el cerco mediático”. Al respecto, de la misma forma que hace 11 meses, continúan las denuncias de ataques y limitaciones a los trabajos de prensa y derecho a la libertad de expresión.

Es por esto que, también desde los espacios feministas se organizan coberturas comunitarias/ colaborativas para cubrir los comicios de mañana. En Bolivia y otros territorios donde se vota. “Estamos haciendo un abrazo para cubrir las elecciones y estar como observadores para que no haya irregularidades en la elección”, dijo Claudia de Juliacanacas.

Son horas decisivas en el Estado Plurinacional y en la región.

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FrayBa

Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública vulneran derechos del Pueblo Maya Tseltal de Chilón, Chiapas

 

  • Represión y criminalización a población que defiende su territorio.
  • José Luis Gutiérrez Hernández y Cesar Hernández Feliciano con lesiones y en privación arbitraria de su libertad.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó que alrededor de 300 elementos de la Policía Estatal, Municipal, Sectorial y de la Guardia Nacional reprimieron una movilización pacífica en el punto conocido como crucero de Temó, en el municipio de Chilón, Chiapas, México. Dos personas fueron privadas arbitrariamente de su libertad y varias resultaron heridas, el día de hoy, entre las 10:30 y las 11:00 horas, durante un violento operativo de desalojo en contra de habitantes de San Jerónimo y San Sebastian Bachajón, quienes se oponen a la militarización de su territorio.

En un video publicado por el periodista Mario Nájera se observa el uso excesivo e injustificado de la fuerza así como Tratos Crueles, Inhumanos y/o Degradantes en la detención ilegal de José Luis Gutiérrez Hernández, (José Luis) de 46 años de edad, originario de la comunidad Bahuits Guadalupe y de César Hernández Feliciano, (César) de 30 años de edad, originario de la comunidad San Martin Cruztón, del municipio de Chilón, acusados de ataques a la vías de comunicación1. Ambos de identidad Maya Tseltal, fueron detenidos en el crucero Temó Ocosingo-Palenque2. Los policías municipales directamente responsables son: Guillermo López Díaz, Samuel Jiménez Deara y Carlos Alberto Bertono Gutiérrez.

De acuerdo a los testimonios de José Luis y César, quienes se encuentran en la Comandancia Municipal de Ocosingo y presentan lesiones:

La policía empezó a tirarnos piedras y golpearnos con palos, nosotros solo traíamos pancartas y mantas…. Los policías me decían que me iba a llevar al Amate, que me iban a quemar al igual que mi camioneta, a pura mentada de madre me traían.” Testimonio de José Luis Gutiérrez Hernández.

Estaba al lado de la carretera, la Policía empezó a lanzar tolete, palos y piedras a la gente, me agarran a un lado de la carretera que va a Palenque, cuatro policías, me dan un garrotazo en el abdomen y patadas en las piernas, me esposan manos atrás, me dan un golpe con el puño cerrado en la boca, me arrastran hacia una patrulla municipal de Chilón. Ahí me avientan a la góndola boca abajo, intentaba voltearme y con el puño cerrado me sometían. Estuve ahí 10 minutos, luego me pasan a otra patrulla, ahí ya en cabina junto con José Luis Gutiérrez nos traen a Ocosingo y nos decían que nos iban a dar una paliza, me iban a llevar al Amate, que me comunique con los lideres para levantar el bloqueo.” Testimonio de César Hernández Feliciano.

El cerco policiaco militar implementado desde esta madrugada, en el crucero Temó, incluyó dejar incomunicada a la población, sin señal telefónica ni de internet. Además, desde días antes, por redes sociales, se difundieron mensajes que difamaron y criminalizaron a las personas convocantes. Hechos que ponen en riesgo la vida, seguridad e integridad de defensoras y defensores comunitarios.

Representantes de comunidades habían convocado a una movilización pacífica en oposición a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en el Ejido de San Sebastian Bachajón, en Chilón. Exigen respeto a sus derechos como Pueblos Originarios, de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, los Acuerdos de San Andrés, el Artículo 129 Constitucional y el Artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Los Pueblos Indígenas3.

Este Centro de Derechos Humanos hacemos un llamado al Estado mexicano para:

  • Liberar inmediatamente a José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano.
  • Garantizar la vida, libertad, seguridad e integridad de hombres y mujeres del Pueblo Maya Tseltal que ejercen su derecho a la libre manifestación.
  • Investigar las violaciones a derechos humanos, así como los delitos cometidos en contra de la población del Pueblo Maya Tseltal de Chilón.
  • Respetar sus derechos a la defensa de su territorio y su libre determinación como Pueblos Originarios.

Solicitamos a la solidaridad nacional e internacional firmen la acción urgente que encontrarán en la página www.frayba.org.mx y/o hagan llamamientos al Estado mexicano:

Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública vulneran derechos del Pueblo Maya Tseltal de Chilón, en Chiapas.

LEE LA PETICIÓN

 
 

23 firmas

2 Información del Registro Nacional de Detenciones. 15 de octubre de 2020.

San Cristóbal de La Casas, Chiapas, México

15 de octubre de 2020

Acción Urgente No. 15

 Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública vulneran derechos del Pueblo Maya Tseltal de Chilón, en Chiapas.

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Solidaridad con el pueblo Otomí residente en la #CDMX

Solidaridad con el pueblo Otomí residente en la #CDMX Puedes apoyar con: Víveres no perecederos Leche para bebé Pañales Agua potable Enlatados Azucar Café Artículos de higiene personal Toallas sanitarias #ResistenciaOtomí #diadelaresistencia #dignidaddelospueblos #EZLN #CNI

Compañeras y compañeros Otomies residentes en Ciudad de México tomaron el pasado 12 de Octubre las instalaciones del INPI en esta ciudad demandando una vienda digna, denunciando también el despojo y en contra de los megaproyectos.
#ResistenciaOtomí
#diadelaresistencia #dignidaddelospueblos #EZLN #CNI #CIG

 

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Habitantes de Chilón, Chiapas se oponen a la instalación de la Guardia Nacional en su territorio

 SAN SEBASTIÁN BACHAJÓN, MUNICIPIO DE CHILÓN, CHIAPAS, MÉXICO, A 15 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.

A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DEL MUNDO,

MEXICO Y CHIAPAS.

A LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN

LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CHILÓN, CHIAPAS, REPUDIAMOS ROTUNDAMENTE LA INSTALACIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL EN NUESTRO MUNICIPIO, TODA VEZ QUE VIVIMOS EN PAZ Y TRANQUILIDAD, Y NO TENEMOS LA NECESIDAD DE QUE HAYA PRESENCIA MILITAR EN NUESTRO TERRITORIO. YA QUE EN EL AÑO 1994 CUANDO SE DIO EL MOVIMIENTO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL, EZLN, EL GOBIERNO FEDERAL EN TURNO INSTALÓ BASES MILITARES EN DIFERENTES COMUNIDADES PERTENECIENTES A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE CHIAPAS DANDO COMO RESULTADO UN ALTO INDICE DE ASESINATOS, MUJERES VIOLADAS, EMBARAZADAS Y ABANDONADAS, SEPARACIÓN DE MATRIMONIOS, NIÑOS ABANDONADOS, INCREMENTO DEL ALCOHOLISMO, DROGADICCIÓN Y PROSTITUCIÓN, ASI COMO PROPAGACIÓN DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA E INSEGURIDAD. POR LO QUE NO PERMITIREMOS LA INSTALACIÓN DE GUARDIA NACIONAL Y SOLICITAMOS LA INMEDIATA DESTITUCION DEL ING. CARLOS ILDEFONSO JIMENEZ TRUJILLO, PRESIDENTE MUNCIPAL DE CHILÓN CHIAPAS, Y DEL C. JUAN JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, COMISARIADO EJIDAL DEL EJIDO SAN SEBASTIAN BACHAJÓN, MUNICIPIO DE CHILÓN, POR HABER FIRMADO CONVENIO PARA INSTALAR UNA BASE DE LA GUARDIA NACIONAL A 2 KM DEL CITADO EJIDO SIN CONSULTAR A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.

EXIGIMOS AL GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL, Y MUNICIPAL QUE SE INSTALEN MEDIDAS EFICACES PARA DAR MARCHA ATRÁS A LA INSTALACIÓN DE ESTA BASE MILITAR EN EL MUNICIPIO DE CHILÓN, CHIAPAS; ASI COMO EL RESPETO A LOS DERECHOS Y CULTURA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE CHIAPAS Y DE MÉXICO, DE CONFORMIDAD CON:

  • ARTÍUCLO 2°- PÁRRAFO 2° B), ARTÍCULO 13° DEL C169 CONVENIO DE LA O.I.T. SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES 1989.

  • LOS ACUERDOS DE SAN ANDRES

  • ART.129 CONSTITUCIONAL.

  • ARTÍCULO 7°- PARRAFOS 1 Y 3 DE LA CONSTITUCION POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

  • ARTÍCULO 19°- DE LA DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. NUMERAL XXIII Y DEMÁS RELATIVOS DE LA DECLARACION AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

SOLICITAMOS A LA POBLACIÓN SU COMPRENSIÓN Y APOYO SOLIDARIO POR LAS ACCIONES QUE ESTAMOS EMPRENDIENDO, Y RESPONSABILIZAMOS AL GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, DE CUALQUIER ACTO DE REPRESIÓN QUE PUDIERAN EJECUTAR EN NUESTRA CONTRA, AL TIEMPO QUE HACEMOS UN LLAMADO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES INDEPENDIENTES, ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS EN CHIAPAS Y MÉXICO, A QUE JUNTOS CONFORMEMOS UN FRENTE ÚNICO PARA PONER UN ALTO A LA CONTINUIDAD DE LA POLITICA NEOLIBERAL.

ALTO A LA MILITARIZACIÓN EN CHIAPAS Y MÉXICO”, “RESPETO A LOS ACUERDOS DE SAN ANDRÉS”, “RESPETO A LA AUTONOMÍA Y CULTURA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS”, “ALTO A LOS MEGAPROYECTOS”, “RESPETO A LA MADRE TIERRA”

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Radio Kurruf

[Escucha y Descarga] Fillke Mapu Ñi Nütxam «Colonialismo y Resistencia en Wallmapu y la Patagonia»

Compartimos una edición especial de Fillke Mapu Ñi Nütxam «Colonialismo y Resistencia en Wallmapu y la Patagonia», quinta entrega colaborativa de la Red de Medios Radiales del Wallmapu y la Patagonia.

Dedicado a Tito Armando Javier Lienlaf Villegas, Pangui Ayen Lienlaf Salazar, Nawel Kurruf Lienlaf Salazar y Kim Rayun Lienlaf Salazar, fallecidos la madrugada del pasado jueves 1 octubre en el incendio de su vivienda en Los Molinos, costa de Valdivia.

En esta oportunidad, 12 de octubre 2020, nos entrega su mensaje:

(Descarga aquí)  

@RadioWilliche Mül’ütu Melipulli Puerto Montt / https://muluturadio.wordpress.com/
Radio Lafken Mawida en Bonifacio costa de Valdivia 107.3 FM / https://www.lafkenmawida.org/
@Radio Werken Kvrvf 98.3 FM en el lago Budi comuna de Saavedra
Radio Aukinlaf en Los Molinos costa de Valdivia http://latina.red:8000/aukinlaf.mp3
Radio Pellin Folil en Malalwe comuna de Lanco / https://radio.latina.red/pellinfolil.mp3 / https://www.elpuelche.cl/
Radio Latue en Aysen y Puerto Cisnes / https://patagonialibre.org/
Radio Ko / http://radio.latina.red/aguita
@RadioKvrruf / https://radiokurruf.org/

 

radio
RZ

Comunidad indígena de Unión Hidalgo demanda en París al gigante EDF por violaciones a sus derechos humanos

●EDF sería responsable por contribuir a violaciones al consentimiento libre,previo e informado así como por ataques a defensoras y defensores dederechos humanos en la implementación de su proyecto eólico Gunaa Sicarú

●La demanda solicita la suspensión del proyecto hasta que EDF cumpla suobligación de respetar los derechos humanos. La comunidad tuvo que acudira instancias extranjeras ante la falta de respuesta de la empresa y el gobiernomexicano.

Ciudad de México/Berlín, 13 de octubre de 2020.Miembros de la comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo, Oaxaca, presentaron el día de hoy en París una demanda civil en contra del gigante energético Electricité de France (EDF) por violación a sus derechos humanos.Se trata de la primera acción legal de su tipo iniciada por una comunidad indígena de las Américas​, y es acompañada por la organización mexicana Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. ProDESC, y el European Center for Constitutional and Human Rights, ECCHR.EDF sería responsable por​ contribuir a violaciones serias a los derechos de lacomunidad, al fallar en la identificación de riesgos y la implementación de medidas de protección en el desarrollo de su proyecto eólico Gunaa Sicarú.

La empresa firmó contratos y acuerdos, desarrolló procesos paralelos deinformación y comunicación, y contribuyó a la ruptura del tejido social en Unión Hidalgo, afectando el carácter previo, libre e informado de la consulta desarrollada por autoridades mexicanas respecto a tal proyecto.Estas omisiones de EDF llevaron a una escalada de violencia en contra de defensoras y defensores de derechos humanos de la comunidad, quienes son estigmatizados, amenazados y atacados por grupos cercanos a la empresa. UniónHidalgo buscó justicia en México.A partir de un amparo presentado por personas defensoras, en octubre de 2018 un Juzgado Federal en México falló históricamente en favor de la comunidad y ordenó a las autoridades Mexicanas el desarrollo de una consulta que cumpliera los más altos estándares internacionales.Sin embargo, la actuación de la empresa y la de sus socios comerciales locales no cambió.Asimismo, desde 2017 miembros de la comunidad buscaron un diálogo con la empresa, sin éxito. Inclusive, en 2018 presentaron una queja ante el Punto Nacional de Contacto de la OCDE en Francia, sin obtener resultados positivos. Es por ello que la comunidad tuvo que acudir hasta la Corte de París demandando el respeto a sus derechos. La demanda presentada solicita la suspensión del proyecto hasta que EDF cumpla su obligación de respetar derechos humanos, establecida desde 2017 en la Ley francesa del deber de vigilancia, y con ello evitar que se sigan cometiendo mayores violaciones en contra de la comunidad.

“Este es un llamado claro para que EDF termine sus abusos, cambie su mal comportamiento y deje de buscar imponer a toda costa su proyecto. El que un parque eólico se desarrolle violando los derechos humanos no es justo ni en Méxiconi en Francia ni en ninguna parte del mundo”, dijo Rosalva Martínez, defensora dederechos humanos de Unión Hidalgo.La demanda es apoyada públicamente por diversas organizaciones francesas, europeas e internacionales, tales como CCFD-Terre Solidaire, Sherpa, Les Amis de la Terre France, el ​Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, SOMO, OECD Watch y Fair, Global and Green Alliance (FGG).“Las autoridades mexicanas han fallado en garantizar el derecho al consentimiento de la comunidad. Pero EDF también es responsable y tiene incluso una mayor responsabilidad en contextos de violaciones sistemáticas como México. Hasta ahora, nadie le había exigido rendición de cuentas por sus actuaciones; la demanda presentada constituye una gran oportunidad para ello. Es tiempo de que EDF cumpla.”, señalaron​Alejandra Ancheita y Miriam Saage-Maaß de ProDESC y elECCHR.Diversos organismos de derechos humanos en México y a nivel internacional se han pronunciado en torno a la situación de riesgo de las y los defensores de UniónHidalgo, por su labor de defensa relacionada con el proyecto de EDF, requiriendo acciones inmediatas de las autoridades y la empresa. ProDESC acompaña desde 2011 el proceso de defensa de la comunidad deUnión Hidalgo.​El ECCHR ha colaborado desde 2018 en el proceso de litigio transnacional.