Testimonio en audio de un poblador del ejido de Nueva América, Chicomuselo:
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La mañana de este martes 16 de enero, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional ingresaron con violencia a varias comunidades del municipio de Chicomuselo, resultando en el desplazamiento forzado de cientos de familias, según denunció en un comunicado la Sociedad Civil de Chicomuselo (ver abajo).

Desde hace dos años, estas comunidades se encuentran en el fuego cruzado de una guerra feroz entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que se disputan la región fronteriza con Guatemala. Miles de personas han huído, perdiendo todas sus pertenencias, ante la violencia y el reclutamiento forzado por parte del crimen organizado.

Ante eso, las fuerzas armadas han sido omisas, permitiendo enfrentamientos como el ocurrido el 4 de enero, que duró más de siete horas y en el que murieron unas 20 personas. En la región hay bloqueos permanentes de la delincuencia organizada, secuestros, cobros de piso y de paso, asesinatos y reclutamiento forzado sistemático, ante la inacción de las fuerzas armadas, que sin embargo violentan a la población.

En ese contexto, quienes permanecen en la región se han organizado para resguardar sus comunidades, impidiendo el paso tanto al crimen organizado como a las fuerzas armadas, cuya complicidad es evidente.

Ante la llegada del Ejército y la Guardia Nacional, los pobladores pidieron que se retiraran e intentaron dialogar, explicando las razones. La respuesta fue la violencia, con gases lacrimógenos, piedras, golpes y, según un testigo, la detención de por lo menos dos personas, cuyo paradero se desconoce. Al entrar en las comunidades, los militares destruyeron las pertenencias de los pobladores.

Las familias huyeron como pudieron, dejando todo atrás, llevando a los enfermos en carretillas, caminando por las montañas hacia la presa La Angostura. Sin embargo, allá los lancheros también huyeron, por lo que la gente quedó atrapada a la orilla de la presa sin tener a dónde ir.

A continuación, el comunicado de la Sociedad Civil del Pueblo de Chicomuselo, y más abajo, el comunicado del Movimiento en Defensa de la Vida y del Territorio (MODEVITE).

Chicomuselo, Chiapas a 16 de Enero 2024.

COMUNICADO URGENTE
NUESTROS PUEBLOS NO SON CAMPO DE BATALLA
¡ALTO A LA VIOLENCIA!

Hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional para que volteen su mirada a nuestros pueblos sufrientes, no solo por la violencia del crimen organizado, ahora por el ataque de las fuerza armadas, quienes se están violentando a la sociedad civil que ha decidido resguardar sus pueblos por la creciente violencia y enfrentamientos entre cárteles.

Hoy, 16 de enero de 2024, cientos de familias, mujeres, hombres, jóvenes, niñas, niños y ancianos de diversas comunidades ubicadas en la franja de la presa: Nueva América, Corona del Rosal, Benito Juárez del municipio de Chicomuselo, Chejel y Puerto Rico del municipio de Socoltenango y Nuevo Resplandor del municipio de la Concordia, Chiapas, se encuentran huyendo por el ingreso de las fuerzas armadas: Ejército y Guardia Nacional, quienes se están violentando a la sociedad civil que resguarda la vida de sus comunidades tras un enfrentamiento que se dio el día de ayer, 15 de enero, entre cárteles, alrededor de las 9:00 pm. por esta región. Las fuerzas armadas acusan a la sociedad civil de ser parte de un grupo criminal e irrumpieron en el ejido de Nueva América, quitando las cercas con las que se habían asegurado para evitar el ingreso de los cárteles. Tiraron gases lacrimógenos y amenazaron a la población, señalando que a algunos los tenían ubicados.

La gente de estos ejidos, que evitaban el paso al Ejército y a la Guardia Nacional, pidieron el diálogo con las fuerzas armadas para explicarles por qué habían cercado, pero éstos se negaron a dialogar y los violentaron. La población se pregunta por qué no resguardan los lugares donde se encuentran los grupos criminales y liberan las carreteras que mantienen bloqueadas desde hace más de dos años, pero sí entran a las comunidades donde la gente está organizada para cuidar sus ejidos.

Actualmente se reportan ejidos con migración forzada a causa del miedo y del terror de la violencia que se está viviendo: Rizo de Oro, Guadalupe Maravillas, Perlas del Grijalva, Resplandor, Retiro y San Isidro del municipio de la Concordia. Puerto Rico y Chejel del municipio de Socoltenengo. Julio Sabines, Benito Juárez, Nueva América, Corona del Rosal, Pablo L. Sidar, Raizal, Madero, Nueva Morelia, Limonar, La Lucha, La Unión, San Francisco, La Pinta, San Ignacio, Sabinalito, Las Flores, San Antonio Ocotal, 20 de Noviembre, Piedra Labrada, Lázaro Cárdenas, y la cabecera municipal de Chicomuselo.

La población se cuestiona por qué las fuerzas armadas permitieron el desalojo de varias comunidades por parte de los grupos criminales y mantienen secuestrado al pueblo y a ellos nos les dicen nada. Por qué violentan a las comunidades en resistencia. Se ha perdido la confianza en los elementos del Ejército y de la Guardia Nacional del 101 batallón de infantería ubicado en el municipio de Chicomuselo, porque hasta ahora solo actúan contra la población que resguarda sus comunidades y pide diálogo y no contra los que desalojan, asesinan y secuestran a los pueblos, como en el caso de la cabecera municipal de Chicomumselo, Comalapa, Siltpec y Amatenango, donde hay retenes permanentes con cassetas de los grupos criminales que revisan celulares, mochilas, cobrando el derecho del paso y de piso, controlan los precios y los tiempos de las cosechas de los campesinos.

SOCIEDAD CIVIL DEL PUEBLO DE CHICOMUSELO, CHIAPAS.

Ocosingo Chiapas a 16 de enero de 2024

COMUNICADO URGENTE
Justicia y Seguridad para Chicomuselo

Con una enorme indignación, como coordinación del MODEVITE queremos manifestarnos ante el comunicado urgente de Chicomuselo enviado el día de hoy en el que se narra el ataque de las fuerzas armadas, quienes violentaron a la población en el ejido Nueva América, con gases lacrimógenos y amenazas, lo cual ha ocasionado miedo, desconfianza y la huida de familias enteras.

Es inconcebible que los elementos de seguridad del 101 batallón de infantería actúe violentamente contra la población que meses atrás ha denunciado abiertamente la presencia de células delictivas y que hasta el momento no se ha resuelto el problema de raíz.

Basta de criminalizar a la sociedad civil organizada

Basta de la omisión al grito de dolor del pueblo de Chicomuselo

Basta de la ineptitud e ineficacia de las autoridades correspondientes para
resolver esta situación que es ya más que urgente

Exigimos solución inmediata a esta violencia suscitada por parte de las fuerzas
armadas.

Exigimos seguridad y diálogo con las comunidades organizadas.

Por un Chicomuselo en paz y libre de violencia

Coordinación General
MOVIMIENTO EN DEFENSA DE LA VIDA Y EL TERRITORIO

• 23 organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales documentan diversas violaciones a derechos humanos en torno al megaproyecto.
• La mayoría de agresiones ocurren en contra de personas integrantes de pueblos y comunidades indígenas; las intervenciones violentas provienen en gran medida de la Marina y la Guardia Nacional.

Este día, 27 de julio, concluyó la Misión Civil de Observación que inició el 25 de julio en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, con el objetivo de documentar las violaciones a los derechos humanos y las agresiones contra personas y comunidades defensoras en el contexto del megaproyecto denominado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

En la Misión de Observación participaron 23 organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales y 8 representantes de prensa de medios nacionales e internacionales. En el recorrido de tres días visitaron a personas y comunidades afectadas de la zona norte en el campamento “Tierra y Libertad” de Mogoñé Viejo, Oaxaca, por el Polo de Desarrollo en Santa María Mixtequilla, a las y los comuneros agredidos en Santa Cruz Tagolaba y en Puente Madera.

Las personas y organizaciones participantes en la Misión concluyeron que en la ejecución del CIIT están ocurriendo violaciones a los derechos humanos de las personas habitantes de estas zonas y a quienes defienden los derechos colectivos de las comunidades indígenas; específicamente sus derechos: i) a la información, ya que las comunidades reclaman que no han tenido acceso a toda la información relevante relativa a la construcción del megaproyecto y a las afectaciones de éste en sus territorios; ii) a la participación, la libre determinación, al territorio, a un medio ambiente sano y a la identidad cultural. Esto, debido a que no se llevó a cabo una consulta previa, libre e informada de acuerdo con lo que establecen los estándares nacionales e internacionales; y iii) a la vida, la integridad, la libertad personal y la libertad de expresión, entre otras, debido a las agresiones físicas, hostigamientos y criminalización que están viviendo, sobre todo quienes están liderando la lucha por la naturaleza, la tierra y el territorio.

En la conferencia de prensa que se realizó este jueves 27 de julio, en Juchitán, Oaxaca, las organizaciones nacionales e internacionales expresaron su preocupación frente a los eventos de agresión registrados en el marco de la construcción del megaproyecto del Corredor Interoceánico. Indican que ha habido un aumento en las agresiones en este año y está en riesgo la integridad de las personas defensoras que resisten ante este megaproyecto. Durante la Misión, las personas participantes fueron testigos de incidentes de seguridad como la presencia constante y vigilante de las fuerzas armadas.

Las y los integrantes de la Misión insistieron en que no se ha realizado la consulta orientada a obtener el consentimiento por parte de las comunidades ayuuk afectadas por el CIIT. En contraposición, se han registrado intervenciones violentas por parte de la Marina y de la Guardia Nacional, como los desalojos violentos, detención arbitraria y criminalización en contra de personas defensoras en Mogoñe Viejo, estación Sarabia y Palomares; así como las amenazas y tentativas de despojo de casas de pobladores en Boca del Monte, San Juan Guichicovi.

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Slumil K’ajxemk’op, 5 de septiembre de 2021

Desde hace meses, la situación de las personas migrantes que llegan desde la ruta centroamericana hasta Tapachula (Chiapas) se ha hecho insostenible. Hay muchas personas migrantes, en su mayoría de origen haitiano, quienes se encuentran atrapadas esperando los trámites oportunos ante el Instituto Nacional Migratorio (INM) en Tapachula, México.

Desde el 19 de marzo de 2021, las negociaciones entre EEUU y México provocaron el despliegue de operativos de contención migratoria en la frontera sur, operadas por el INM en coordinación con la Guardia Nacional y el ejército que llevaron a la detención de personas migrantes (muchas de ellas mujeres con menores) en condiciones de hacinamiento, falta de protocolos y medidas de bioseguridad ante el COVID-19, espacios insalubres, falta de alimentación adecuada, nula atención médica y de espacios diferenciados por género en la Estación Migratoria Siglo XXI (Tapachula). Tampoco se cumplen los convenios sobre protección internacional de personas víctimas de desplazamiento forzado y devoluciones “en caliente” (sin atención de las diversas formas de regularización migratorias).

Esta situación no es nueva sino que responde a la militarización de las fronteras y la externalización de los sistemas de asilo provocada por el acuerdo de EEUU firmado en junio de 2019, tras amenazar al gobierno mexicano con incrementar un 5% los aranceles si no conseguían disminuir el paso de personas migrantes en situación administrativa irregular desde México a EEUU.

El pasado 28 de agosto, una caravana con aproximadamente mil personas, principalmente provenientes de Haití, pero también de Venezuela, Centroamérica, y Guinea Ecuatorial, decidieron emprender una caravana como un intento de seguir su camino migrante hacia el Norte y superar la situación de violación de derechos humanos y la falta de atención por parte de las autoridades migratorias en la frontera sur, debido a la incapacidad de atender la expedición de tarjetas de residencia y obligando a las personas migrantes a permanecer en Chiapas durante meses. En los siguientes días, nuevas caravanas se han organizado con los mismos objetivos de atravesar el territorio mexicano y ejercer su derecho fundamental a migrar.

Estas caravanas migrantes están sufriendo la violencia desproporcionada por parte de las fuerzas de seguridad del estado mexicano, tal y como ha documentado Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano:

• El día 31 de agosto la primera caravana fue sorprendida en Mapastepec (Chiapas) mientras descansaba por un equipo de antimotines de la Guardia Nacional y funcionarios del INM. Las mujeres con niñxs fueron encapsuladas y los hombres detenidos con gran violencia, sin que existiera asistencia médica a las personas heridas. Del mismo modo, la segunda caravana fue interceptada y detenida, produciéndose persecuciones incluso dentro de casas y locales de la iglesia donde algunas pudieron refugiarse.
• El día 2 de septiembre, otra caravana sufrió una nueva represión violenta a su paso por Escuintla (Chiapas), donde también fueron heridas las periodistas que documentan y acompañan la caravana.

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POR LA VIDA Y CONTRA EL DINERO.
EL CNI-CIG y el EZLN LLAMAN A LA SOLIDARIDAD CON EL FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL AGUA DE MORELOS, PUEBLA Y TLAXCALA.

Noviembre del 2020.

Al Pueblo de México
A los Pueblos del mundo
A la Sexta Nacional e Internacional
A los Medios de Comunicación

El Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno y el EZLN, denunciamos el cobarde desalojo de los compañeros del campamento en resistencia en San Pedro Apatlaco, Morelos, perpetrado por la Guardia Nacional durante la madrugada del día 23 de noviembre, para reanudar ilegalmente la construcción del ducto que lleva agua del río Cuautla a la termoeléctrica de Huexca.

Con que cinismo el gobierno neoliberal que dice mandar en este país, obedece a sus patrones que son el gran capital, con que cinismo las fuerzas armadas, bajo las órdenes del capataz, violentan a los pueblos, para entregar el agua del río Cuautla, robada a los pueblos campesinos de Ayala, a las empresas que se benefician con el Proyecto Integral Morelos, como Elecnor y Enagasa, a las que concesionó el gasoducto; Bonatti y Abengoa constructoras del gasoducto y de la termoeléctrica en Huexca; y las que se beneficiarán del consumo de gas, como Saint Gobain, Nissan, Burlington, Continental y Gas Natural del Noreste.

Con el PIM, las fuerzas armadas y el gobierno neoliberal, con sobrevuelos militares avanzan en la represión y la imposición de la infraestructura energética, sostenida de la destrucción y despojo del territorio de los pueblos originarios, para hacer posible, sobre la sangre de nuestra gente, como el compañero Samir Flores Soberanes, la explotación de la naturaleza, para que ellos, los patrones del capital trasnacional, destruyan los cerros con sus concesiones mineras y se queden con el agua los corredores industriales de Cuautla, Yecapixtla, Cuernavaca y toda la región, en los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Con que cinismo e impunidad el capataz, que se dice mandar desde el gobierno federal, ordena pisotear el supuesto estado de derecho, violando 8 suspensiones judiciales sobre la obra del acueducto, que pretende robar el agua para que sea contaminada en la termoeléctrica de Huexca. Y dos suspensiones más en contra del gasoducto en las faldas del volcán sagrado Popocatepetl, y la contaminación del río Cuautla, como parte del Proyecto Integral Morelos.

Por lo anterior y ante la creciente tensión, violación del estado de derecho, hacemos responsable al mal gobierno federal y al mal gobierno del estado de Morelos, de cualquier represión o atentado contra los compañeros y compañeras que luchan y resisten a este megaproyecto de muerte. Particularmente llamamos a la solidaridad con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Atentamente
Noviembre de 2020
Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos
Nunca Más un México sin Nosotros
Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno
Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
México, Noviembre del 2020.

La Guardia Nacional fue aprobada en la Cámara de Diputados so pretexto de un plan de seguridad pública. Desde hace 20 años a este asunto de interés nacional que tiene sus inicios en el Ejército, se le ha “transformado” con tres actos presidenciales:

1) Momento fundacional, 1999: Ernesto Zedillo (PRI) crea la Policía Federal Preventiva (PFP) con 8 mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y 2 mil de la Secretaría de la Marina (SEMAR); 2) Transición, 2006: Felipe Calderón (PAN) decreta la implementación de la Policía Federal con 38 mil 285 integrantes; 3) “Tercera transformación”: Por decreto de Andrés Manuel López Obrador se construye La Guardia Nacional que reclutará a más de 50 mil elementos que se sumarán a los 37 mil 293 elementos de la Policía Federal y a un número no revelado de integrantes de la SEDENA y la SEMAR.

LOS INICIOS DEL APARATO GUBERNAMENTAL

En 1999, durante la “primera agonía del régimen priista”, se desarrolla un movimiento estudiantil conformado en el Consejo General de Huelga de la UNAM, a la par inicia operaciones la Policía Federal Preventiva (PFP).

El Gobierno Federal decide frenar este movimiento con la intervención de la PFP el primero y seis de febrero del año 2000: irrumpe en los diferentes planteles en paro de labores por exigir una educación gratuita. Las tropas vestidas de gris detienen a mil universitarios y los acusan de Terrorismo, delito configurado tras 9 meses de huelga.

Este decreto firmado por Ernesto Zedillo Ponce de León, y su Secretario de Gobernación, Francisco Labastida deja a la PFP en manos de Diódoro Carrasco Altamirano, como Secretario de Gobernación, que a su vez la cede plenamente operativa a Vicente Fox.

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