Fuente: Avispa Midia

por Yazvelin Alinares Nardo 

Después de que el 6 de mayo de 2024 Israel ordenara la evacuación de los palestinos que vivían en la ciudad de Rafah, anteriormente llamada “zona segura”, se presentaron diversas manifestaciones alrededor del mundo. 

En la Ciudad de México se dio cita a una manifestación pacífica frente a la embajada de Israel, donde alrededor de 200 personas se concentraron para pedir justicia por la libertad de las y los palestinos, llamando a las autoridades a cortar toda relación con Israel con la intención de visibilizar el desacuerdo ante el genocidio palestino y la exigencia mundial para que se consiga un cese al fuego inmediato y permanente. 

A la embajada acudieron diversos manifestantes con veladoras blancas, mantas con consignas y banderas de Palestina. Después de clamar justicia y libertad para las niñas y niños palestinos, se guardaron 21.5 minutos de silencio como símbolo de luto por los 215 días que han transcurrido desde el inicio del genocidio en Gaza. 

Pasadas dos horas de protesta, la movilización continuó su camino por Paseo de la Reforma con el fin de crear un convoy seguro para el regreso de todas y todos los manifestantes, y para hacer más visible el rechazo a la guerra de Israel contra el pueblo palestino. 

Esto ocurre tras el asesinato de más de 35,000 víctimas y el actual acorralamiento en la zona de Rafah tras la evacuación de la última área que resguardaba al menos a 80,000 personas, las cuales ya habían sido desplazadas anteriormente. 

Durante la caminata, algunas vallas que se encontraban cercando la embajada de Israel en México fueron desplegadas y arrastradas durante el trayecto como símbolo de la lucha por derribar los muros fronterizos y el peso que los miles de palestinos han cargado durante estos meses para sobrevivir. 

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: Sobrevivientes del conflicto armado interno se reúnen frente a la Corte Suprema, antes de una audiencia en el juicio por genocidio Ixil, en Ciudad de Guatemala, marzo de 2024. Foto: Cristina Chiquin} 

En Guatemala se realizan las audiencias en el juicio por genocidio contra Manuel Benedicto Lucas García, ex jefe del Estado Mayor y quien se desempeñara como general del Ejército del país centroamericano entre los años de 1978 y 1982.

Es durante ese periodo que organizaciones sociales e indígenas señalan fueron cometidos crímenes de lesa humanidad contra la población campesina e indígena, en el marco del conflicto armado interno que se desarrolló entre 1960 a 1996.

Acorde al informe Guatemala Nunca más, coordinado por la iglesia católica en 1998, sólo en los municipios de Santa María Nebaj, San Gaspar Chajul y San Juan Cotzal, ubicados en el departamento de El Quiché y donde radican comunidades mayas ixiles, el número de víctimas por la contrainsurgencia militar es de 12,400 personas.

De acuerdo a la Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA, por sus siglas en inglés) solo en la época del gobierno militar de Romeo Lucas García, entre 1978 y 1982, la política de genocidio saldó con más de 1,700 víctimas de genocidio, desaparición forzada y crímenes de lesa humanidad por las operaciones militares desplegadas en la región maya ixil.

Por estas acusaciones, además de Lucas García, de 91 años, también se juzgará a Manuel Antonio Callejas y Callejas, quien se desempeñara como jefe de inteligencia militar y a quien se le juzgará en otro proceso debido a que argumentó demencia. Los dos acusados ya fueron condenados en el año 2018, acusados por violación, tortura y desaparición forzada de la activista política Emma Molina Theissen, así como por la desaparición forzada de su hermano, acontecida en 1981.

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A pesar de que se anunció el inicio de las audiencias desde enero de este año, fue hasta el mes de abril que comenzaron las presentaciones de las pruebas y testimonios. Tras el anuncio de la separación de los juicios, la Asociación por la Justicia y la Reconciliación (AJR), organización que representa a las víctimas, declaró que, hasta el momento, han muerto 40 ancianos y mujeres “sin ver la justicia y frente a un Estado que sigue negando nuestra memoria del genocidio”.

El juicio

El juicio por genocidio contra la población Ixil es realizado por el Tribunal de Mayor Riesgo y prevé la participación de 125 testigos, entre ellos 30 mujeres víctimas de violencia sexual. Además, se contempla la presentación de 160 peritajes presentados por 80 peritos de los cuales 14 son expertos internacionales.

Mediante conferencia de prensa, al anunciar el inicio de las audiencias programadas para marzo, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala señaló que entre las pruebas se presentarán, además de los testimonios de víctimas, documentos militares, algunos de ellos desclasificados por parte del Departamento de Estado de los EEUU con los cuales respaldan las acusaciones contra Lucas García.

Cabe destacar que, si bien desde el año 2000 la AJR presentó la denuncia penal, fue hasta los años 2018 y 2019 que el caso fue judicializado con el proceso penal contra tres miembros de la cúpula militar, durante el gobierno militar de Romeo Lucas García, entre 1978 a 1982. Así, fue hasta el año 2020 cuando el poder judicial guatemalteco aceptó las acusaciones contra Manuel Benedicto Lucas García, Manuel Antonio Callejas y Callejas y César Octavio Noguera Argueta, este último fallecido el 21 de noviembre de ese año.

Genocidio, nunca más

Acorde a la AJR, cuando Lucas García dirigía el Ejército en los años 1981 y 1982 – durante el gobierno de su hermano, el presidente Romeo Lucas García – fue el responsable de ordenar más de 30 masacres, así como de la destrucción de 23 aldeas en la región maya ixil.

Por su parte, la defensa del general retirado ha negado los cargos y, acorde a medios internacionales, han solicitado al tribunal la sentencia absolutoria con libertad inmediata.

El actual juicio se suma a los previos procesos penales que han investigado los crímenes de lesa humanidad acontecidos durante el conflicto armado interno en Guatemala. Acorde a Jo-Marie Burt, investigadora de la Oficina em Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), los tribunales guatemaltecos han determinado en dos ocasiones que el Ejército de ese país cometió una política estatal de genocidio durante el gobierno sucesor de Lucas García, encabezado por el general fallecido Efraín Ríos Montt.

Montt fue delcarado culpable por genocidio y crímenes de lesa humanidad contra la población maya ixil, en el norte de Guatemala, en el año 2013, aunque posteriormente la Corte de Constitucionalidad anuló la condena de 80 años de prisión. 

A su vez, en el año 2018 un tribunal determinó por unanimidad que el Ejército guatemalteco cometió genocidio contra comunidades maya ixil. Sin embargo, José Mauricio Rodríguez Sánchez, jefe de inteligencia militar y miembro del Estado Mayor del Ejército de Guatemala, quien fuera juzgado en ese proceso fue absuelto de todos los cargos.

Las audiencias en el juicio deben ser finalizadas en el mes de junio, por lo que desde su inicio, en marzo, organizaciones como la AJR han realizado un llamado de solidaridad, nacional e internacional para respaldar a las víctimas y sobrevivientes y así garantizar un proceso justo que evite la impunidad.

Fuente: CTXT.es

Por Gideon Levy

Todo israelí decente debe hacerse las siguientes preguntas: ¿está su país cometiendo crímenes de guerra en Gaza? Si es así, ¿cómo deberían detenerse?, ¿cómo debe castigarse a los culpables?, ¿quién puede castigarlos?, ¿es razonable que no se persigan los delitos y se exculpe a los criminales?

Por supuesto, se puede responder negativamente a la primera pregunta –Israel no está cometiendo ningún crimen de guerra en Gaza–, con lo que el resto de las preguntas resultan superfluas.

Sin embargo, cabe preguntarse cómo se puede responder negativamente a dicha pregunta ante los hechos y la situación en Gaza: unas 35.000 personas muertas y otras 10.000 desaparecidas, alrededor de dos tercios de ellas civiles inocentes, según las Fuerzas de Defensa de Israel; entre los muertos hay aproximadamente 13.000 niños, casi 400 personas que pertenecían al personal sanitario y más de 200 periodistas; el 70 % de las viviendas han sido destruidas o dañadas; el 30 % de los niños sufre desnutrición severa; dos personas de cada 10.000 mueren cada día de hambre y enfermedades. (Todas las cifras proceden de Naciones Unidas y organizaciones internacionales).

¿Es posible que estas espantosas cifras se hayan originado sin que se hayan cometido crímenes de guerra? Hay guerras cuya causa es justa y cuyos medios son criminales; la justicia de la guerra no justifica sus crímenes. No es posible que la matanza y la destrucción, el hambre y los desplazamientos a esta escala hayan ocurrido sin cometer crímenes de guerra. Hay individuos responsables de estos y deben ser llevados ante la justicia.

La hasbará israelí, o diplomacia pública, no intenta negar la realidad de Gaza. Se limita a alegar antisemitismo: ¿por qué se meten con nosotros?, ¿qué pasa con Sudán y Yemen? La lógica no se sostiene: un conductor al que paran por exceso de velocidad no se libra argumentando que no es el único. Los crímenes y los criminales permanecen. Israel nunca procesará a nadie por estos delitos. Nunca lo ha hecho, ni por sus guerras ni por su ocupación. Un buen día enjuiciará a un soldado por robar la tarjeta de crédito de un palestino.

Sin embargo, el sentido humano de la justicia desea ver a los criminales ante los tribunales y evitar que cometan crímenes en el futuro. Según esta lógica, solo podemos esperar que el Tribunal Penal Internacional de La Haya haga su trabajo.

Todos los patriotas israelíes y todos los que se preocupan por el bien del Estado deberían desearlo. Solo así cambiará la norma moral de Israel, según la cual se le permite todo. No es fácil desear la detención de los jefes de tu Estado y de tu ejército, y aún más difícil es admitirlo públicamente, ¿pero hay alguna otra forma de detenerlos?

La matanza y la destrucción en Gaza han sobrepasado a Israel. Es la peor catástrofe a la que se ha enfrentado el Estado. Alguien ha llevado al país hasta allí –y no, no ha sido el antisemitismo, sino sus líderes y oficiales del ejército–. Si no hubiera sido por ellos, después del 7 de octubre no habría pasado tan rápidamente de ser un país querido que inspiraba compasión a convertirse en un Estado paria.

Alguien debe ser juzgado por todo esto. Del mismo modo que muchos israelíes desean que Benjamin Netanyahu sea castigado por la corrupción de la que se le acusa, también deberían desear que él y los artífices subordinados a él sean castigados por crímenes mucho más graves, los crímenes de Gaza.

No se puede permitir que queden impunes. Tampoco es posible culpar únicamente a Hamás, aunque haya participado en los crímenes. Somos nosotros los que matamos, llevamos la hambruna, desplazamos y destruimos a una escala tan masiva. Alguien debe responder ante la justicia por ello. Netanyahu es el máximo responsable, por supuesto. La imagen de su encarcelamiento en La Haya junto con el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor de las FDI es el material de las pesadillas de todo israelí. Y, no obstante, probablemente esté justificado.

Sin embargo, es muy poco probable que ocurra. La presión que Israel y Estados Unidos están ejerciendo sobre el tribunal es enorme (y equivocada). Pero la táctica del miedo puede ser importante. Si los funcionarios realmente se abstienen de viajar al extranjero en los próximos años, si realmente viven con miedo por lo que pueda venir, podemos estar seguros de que en la próxima guerra se lo pensarán dos veces antes de enviar a los militares a campañas de muerte y destrucción de proporciones tan demenciales. Al menos podemos hallar un poco de consuelo en eso.

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Este artículo se publicó el 5 de mayo en Haaretz.

Traducción de Paloma Farré.

Fuente: www.craigmurray.org.uk
Traducción: Radio Zapatista

Los gobiernos no pueden tomar grandes decisiones con extrema rapidez excepto en las circunstancias más extremas. En todos los Estados existen mecanismos que consideran las decisiones políticas, las sopesan, involucran a los distintos departamentos del Estado cuyas actividades se ven afectadas por esa decisión y llegan a una conclusión, aunque no necesariamente buena.

La decisión de suspender la financiación de la ayuda a la UNRWA no fue tomada por numerosos Estados occidentales en un solo día.

En el Reino Unido, varios ministerios gubernamentales diferentes tuvieron que coordinarse. Incluso dentro de un solo ministerio, el FCDO, las opiniones tendrían que coordinarse mediante comunicaciones escritas y reuniones interdepartamentales entre los departamentos que se ocupan de Oriente Medio, las Naciones Unidas, los Estados Unidos, Europa y luego, por supuesto, entre los departamentos diplomáticos. y alas de desarrollo del ministerio.

Ese proceso incluiría buscar las opiniones de los embajadores británicos en Tel Aviv, Doha, El Cairo, Riad, Estambul y Washington y ante las Naciones Unidas en Ginebra y Nueva York.

No es necesariamente un proceso largo, pero no es un día de trabajo, ni tendría por qué serlo. No hubo ningún impacto práctico en hacer el anuncio de recortar la financiación de la UNRWA un día antes o un día después.

Consideremos que el proceso paralelo tuvo que completarse en Estados Unidos, Canadá, Alemania, Australia y todas las demás potencias occidentales que contribuyeron a la hambruna en Gaza al recortar la ayuda a la UNRWA.

Todos estos países tuvieron que seguir sus procedimientos, y sólo mediante una coordinación previa –con semanas de antelación– entre estos Estados anunciaron todos el mismo día la destrucción del sistema de soporte vital para los palestinos, entonces absolutamente necesitado.

Y luego considere que ahora sabemos con certeza que los israelíes no habían presentado prueba alguna de la complicidad de la UNRWA en la resistencia de Hamas, en la que supuestamente se basaron estas decisiones en todos esos Estados.

No tengo ninguna duda de que la élite política occidental, herramientas pagadas de la maquinaria sionista, es cómplice del genocidio de los palestinos y de la limpieza étnica de Gaza a un nivel mucho más profundo de lo que el pueblo ha comprendido hasta ahora. La negativa de Starmer y Sunak a contemplar la posibilidad de poner fin a la venta de armas y al apoyo militar a Israel no se debe a inercia ni a preocupación por la industria armamentística. Es que apoyan activamente la destrucción de los palestinos.

La decisión coordinada de las naciones occidentales de acelerar la hambruna deteniendo la financiación de la UNRWA se anunció dentro de una hora, tras el fallo de la CIJ de que los habitantes de Gaza estaban en riesgo inmediato de genocidio, y expulsó de los titulares de los medios el fallo adverso contra Israel.

Esto envió la señal más clara en respuesta de que el derecho o las instituciones internacionales no impedirían que las potencias occidentales cometieran genocidio.

Las potencias occidentales no dan un comino por los 16.000 niños palestinos masacrados. Ninguna evidencia de fosas comunes en los hospitales los moverá. Sabían que se estaba produciendo un genocidio y continuaron armándolo e instigándolo activamente.

Este genocidio es el objetivo deseado de Occidente. Ninguna otra explicación es remotamente plausible.

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Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) ha emitido una advertencia a Israel, anunciando su intención de iniciar acciones legales contra políticos y líderes militares israelíes si periodistas son atacados en medio de los enfrentamientos en la Franja de Gaza.

En un comunicado, la FIP expresó su creciente consternación por el aumento de fallecimientos entre periodistas desde el 7 de octubre, representando actualmente alrededor del 10% de los periodistas en el enclave.

Reporteros sin Fronteras ha comunicado que, de los 63 periodistas asesinados en todo el mundo en 2023, 56 fueron ejecutados en Palestina.

En una carta dirigida a Benjamín Netanyahu, ministro de Israel, la presidenta de la FIP, Dominique Pradalié, y el secretario general de la organización, Anthony Bellanger, recordaron que el derecho internacional exige la protección de civiles, incluyendo a periodistas. Solicitaron a Israel comprometerse y publicar políticas y procedimientos específicos para garantizar el cumplimiento de este requisito por parte del ejército israelí.

La FIP advirtió que, en caso de que Israel no cumpla con estas demandas, no dudará en llevar a cabo acciones legales ante tribunales internacionales contra políticos y comandantes de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). La federación instó a sus 187 afiliados a hacer lo mismo en jurisdicciones nacionales donde sea posible.

“La tasa de mortalidad entre los periodistas ha sido tal (aproximadamente tres veces mayor que la de los trabajadores de la salud, por ejemplo), que es imposible creer que sea una cuestión de azar”, destacó esta organización, enfatizando que Israel cuenta con tecnología altamente sofisticada que usa inteligencia artificial, como “El Evangelio”, o también conocida como “Habsora” o “The Gospel”, una herramienta que elige sus objetivos militares para atacar.

De acuerdo con el periodista israelí Yuval Abraham, las fuerzas armadas de este país vienen usando este tipo de tecnología desde 2019 y, además, le reveló en una entrevista el ex jefe del Estado Mayor de las FDI, Aviv Kohavi, que antes “producíamos 50 objetivos en Gaza al año. Ahora esta máquina produce 100 objetivos en un solo día, de los cuales el 50% son atacados”.

“Si estos informes son exactos, ¿presumiblemente se están tomando decisiones individuo por individuo con respecto a los trabajadores de los medios de comunicación, sus familias y sus hogares?”, cuestionó la FIP.

La FIP no solo ha emitido una advertencia, sino que ha confirmado su compromiso de llevar a Israel ante los tribunales internacionales si persisten los ataques a periodistas en Gaza. En la carta, la presidenta y el secretario general de esta organización subrayando que los periodistas de Gaza son respaldados por los 600 mil miembros de la FIP, en más de 140 países.

Fuente: Avispa Midiahttps://avispa.org/corte-internacional-urge-a-israel-evitar-genocidio-en-gaza/

Por Sare Frabes

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió un fallo preliminar respecto al caso de genocidio presentado por Sudáfrica contra Israel, determinando que este país debe tomar mayores esfuerzos para evitar más muertes y daños en Gaza. Aunque no ordenó un alto al fuego, la CIJ exigió a Israel presentar un informe detallado de las medidas tomadas durante los 30 días siguientes.

La demanda, presentada por Sudáfrica el 29 de diciembre de 2023, acusa a Israel de perpetrar genocidio hacia la población de Palestina, apegándose a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. La cifra de fallecidos en Gaza hasta este 25 de enero asciende a 25 mil 700, según el Ministerio de Salud de Palestina.

Fue por ello que la CIJ ordenó a Israel “prevenir” actos considerados genocidas, así mismo exigió “evitar” la destrucción de pruebas y garantizar el acceso de ayuda humanitaria en Gaza. El fallo no determina si Israel ha cometido genocidio, siendo que este proceso podría llevar años hasta determinar una resolución. No obstante, la población de Gaza fue catalogada en grave riesgo de daño irreparable.

Las reacciones no se dejaron esperar ante el fallo. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que Israel continuará defendiéndose y seguirá la guerra hasta la “victoria absoluta”.

Por otra parte, el canciller palestino, Al-Maliki, consideró el fallo como un favor a la humanidad y la ley internacional. Sudáfrica celebró las medidas cautelares como una “victoria decisiva”.

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Esta denuncia está respaldada por al menos sesenta Estados, entre ellos los 57 miembros de la Organización de Cooperación Islámica (OCI), como Pakistán, Malasia, Turquía, Jordania y las Maldivas. También se han sumado Namibia, Colombia, Bolivia y Brasil.

El 11 de enero, Sudáfrica presentó argumentos a favor del fin de las hostilidades en Gaza, tratando de demostrar que se está produciendo un genocidio. El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, espera que Israel cumpla con las disposiciones de la CIJ.

Mientras tanto, Irán exigió que las autoridades israelíes enfrenten cargos por la guerra en Gaza. La Unión Europea espera una implementación plena, inmediata y eficaz de las órdenes de la CIJ a Israel sobre Gaza.

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Cerca de 50 abogados sudafricanos, liderados por el jurista Wikus Van Rensburg, están preparando una demanda legal contra los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido, acusándolos de complicidad en los crímenes de guerra ejecutados por Israel hacia Palestina. La iniciativa busca procesar a los coautores de los delitos mediante tribunales civiles y cuenta con la colaboración de abogados estadounidenses y británicos.

En declaraciones a la agencia Anadolu, Van Rensburg argumenta que Estados Unidos debe rendir cuentas por las infracciones cometidas en la región, destacando la importancia de este proceso. Compara la situación con lo ocurrido en Irak, señalando que, a pesar de los crímenes cometidos, Washington no fue responsabilizado debido a la falta de atención adecuada sobre el tema. Afirmó que, actualmente, Estados Unidos está gastando recursos para permitir que Israel continúe sus ataques en Gaza, instando a poner fin a esta situación.

La acción legal surge tras las audiencias por genocidio en la Franja de Gaza presentadas por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Van Rensburg ve este caso como un ejemplo para su demanda y espera que, si la CIJ falla a favor de Sudáfrica, Estados Unidos pueda enfrentar sanciones incluso si no acepta el veredicto. Destaca que el fallo fortalecerá el caso contra la administración de Joe Biden, actual presidente de los Estados Unidos (EEUU).

El grupo de abogados ha escrito cartas abiertas a los líderes de EEUU y Reino Unido, recordándoles su responsabilidad en estos crímenes de guerra. Van Rensburg subraya que Sudáfrica ha presentado argumentos sólidos en La Haya y expresa confianza en llevar a cabo el proceso legal en el extranjero trabajando en conjunto.

Esta iniciativa refleja la creciente preocupación internacional por la rendición de cuentas en conflictos armados y destaca la búsqueda de justicia para las víctimas de crímenes de guerra en Palestina.

Alemania defiende a Israel

Mientras tanto Alemania ha resaltado su apoyo a Israel, rechazando la acusación de “genocidio” que viene realizando en la Franja de Gaza. El portavoz del Gobierno alemán, Steffen Hebestreit, anunció la intención de intervenir como tercera parte en el proceso, generando divisiones en la comunidad internacional.

Esta declaración de apoyo a Israel fue recibida con entusiasmo por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien expresó su agradecimiento al canciller alemán, Olaf Scholz. No obstante, la presidencia de Namibia condenó la posición de Alemania, recordando el genocidio cometido por colonizadores alemanes en Namibia a principios del siglo XX.

Namibia expresó su consternación y cuestionó la autoridad moral de Alemania al recordarle que este Estado fue responsable del genocidio de los pueblos Herero y Nama en Namibia, ocurrido entre 1904 y 1908, donde los colonizadores alemanes asesinaron de entre 34 mil y 110 mil personas de estos pueblos nativos.

Berlín acabó reconociendo en 2021 lo ocurrido como un genocidio, pidió disculpas y ofreció una indemnización de 1,100 millones de euros a los descendientes.

La Presidencia de Namibia considera que Alemania, al respaldar a Israel, carece de autoridad moral para declarar su compromiso con la Convención de Naciones Unidas contra el Genocidio. Hace referencia a las muertes violentas de más 23 mil palestinos en bombardeos israelíes y acusa a Alemania de respaldar un “holocausto y genocidio” en Gaza.