A LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS A LAS COMUNIDADES Y PUEBLOS ORIGINARIOS AL PUEBLO DE MÉXICO Y DE MICHOACÁN A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN AL ESTADO MEXICANO
Comunidades indígenas y afromexicanas de Michoacán a 2 de julio de 2025.
Entre los años de 1974 y 1976, durante la denominada “guerra sucia”, en un contexto de autoritarismo, cerrazón y represión hacia los movimientos sociales y los opositores políticos, cinco integrantes de la familia Guzmán Cruz: José de Jesús Guzmán Jiménez; y sus hijos Amafer, Solón Adenauer, Armando y Venustiano Guzmán Cruz, fueron detenidos, torturados y desaparecidos por el Ejército Mexicano y la entonces Dirección Federal de Seguridad, por luchar por un mundo más justo, democrático e igualitario, todos originarios de la comunidad p´urhépecha de Tarejero en el Municipio de Zacapu.
Fueron apresados y trasladados a la XXI Zona Militar en Morelia y posteriormente al Campo Militar No.1 en la CDMX, lugar donde fueron interrogados y desaparecidos, constituyendo un crimen de lesa humanidad y el primer referente histórico de las desapariciones forzadas en Michoacán. Durante 51 años, los sobrevivientes de la familia Guzmán, han luchado incansablemente en contra de la desmemoria, la impunidad y la injusticia.
Desde hace más de 50 años, sus familiares han venido denunciando y documentando estas desapariciones forzadas en el Comité Nacional Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos; ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; en la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado; ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada o Involuntaria ONU, y por último, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, toda una vida de búsqueda tenaz de la justicia.
No olvidamos y no perdonamos, hoy esta lucha se ha convertido en intergeneracional y suprafamiliar, organizaciones sociales, comunidades originarias y organismos no gubernamentales de derechos humanos como el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), el Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México (COFADDEM) “Alzando Voces”, Consejos de Gobierno Comunal y Autoridades Indígenas, nos unimos y convocamos a seguir exigiendo memoria, verdad y justicia, así como medidas de no repetición.
Por lo que invitamos al público en general al Acto Político-Cultural los Desaparecidos del Pueblo P’urhépecha a efectuarse el miércoles 16 de julio a las 11 horas en el auditorio del Centro Cultural Clavijero en Morelia (Calle El Nigromante No. 79, Col. Centro) donde realizaremos actividades culturales y políticas, para llevar a cabo un llamado atento, enérgico y urgente a la CIDH, para que no retrase más el dictamen de fondo de la familia Guzmán, toda vez que el caso fue admitido desde el 12 de julio de 2013, posteriormente, el 7 de julio de 2017 se llevaron a cabo las audiencias públicas y actualmente el caso se encuentra en espera del dictamen de fondo. No los olvidamos, seguiremos luchando hasta el final.
TERUNHASKUA K’ OIA, ECHERI KA JURAMUKUKUA IAMENTU IRETECHANI JUSTICIA, TERRITORIO Y AUTONOMÍA PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN #CSIM
El 2023 fue uno de los años más violentos para las infancias y adolescencias en el estado. Se estiman más de 100 mil niñas, niños y adolescentes afectados por las disputas entre grupos criminales.
Desplazamiento, reclutamiento forzado, desapariciones y homicidios ponen en riesgo su vida e integridad y vulneran sus derechos humanos.
Desde el 2021, Chiapas ha sido el centro de una pugna cruenta por parte de grupos criminales que se disputan este territorio clave para el tráfico de armas, drogas y trata de personas. En esta disputa, las y los pobladores de municipios en la Sierra Mariscal han visto sus comunidades asediadas por una ola de violencia sin igual en la región. Cobro de piso, ataques armados, quema de vehículos, sitio de poblados, cortes de agua y luz. Así como amenazas, extorsiones, reclutamiento forzado, desaparición de quienes se niegan a colaborar, asesinatos violentos y desplazamiento forzado como resultado de la violencia.
En este contexto, la vida cotidiana se ha trastocado con situaciones como bloqueos que impiden salir o llegar a otras comunidades, cierre de negocios, suspensión de clases, pérdida de cultivos que no han podido cosecharse, escasez de alimentos, encarecimiento de víveres, entre otros.
El 2023 fue uno de los años más violentos para las infancias y adolescencias en el estado. Sin embargo, no existen datos oficiales que permitan entender la magnitud de la violencia a la que se enfrenta la población. A lo largo de todo el año, en diferentes municipios de Chiapas, se dieron situaciones que afectaron la vida de miles de niñas, niños y adolescentes en el estado.
En el mes de mayo, comunidades como Lajerío y Candelaria en Frontera Comalapa tuvieron que desplazarse debido a la violencia de grupos criminales. Desde entonces, diferentes comunidades a lo largo de la región Sierra Mariscal se han sumado a los territorios asfixiados por la lucha entre grupos que se disputan el control de la frontera.
Para el mes de agosto, Motozintla y Chicomuselo fueron también víctimas de bloqueos, comunidades sitiadas y con ello, escasez y encarecimiento de alimentos. En septiembre, profesores de la zona escolar 025 publicaron un comunicado en el que declaraban la suspensión de clases en dicha región debido a que no existían las condiciones para garantizar la seguridad. Dicha sección abarca los municipios de Amatenango de la Frontera, Bejucal, Bella Vista, Chicomuselo, El Porvenir, Frontera Comalapa, La Grandeza, Honduras de la Sierra, Las Margaritas, Mazapa, Motozintla y Siltepec. Si consideramos el total de población de 3 a 17 años en dichos municipios y estimamos, al menos un 70% de asistencia a la escuela de acuerdo a datos oficiales, estaríamos hablando de 108,560 niñas, niños y adolescentes afectados por la suspensión de clases debido a la violencia en el periodo de septiembre-diciembre 2023[1].
Por otro lado, la violencia también se manifestó en territorios fronterizos en la región Selva. Desde hace casi un año, comunidades de Ocosingo, denuncian el aumento de grupos criminales que realizan actividades como tala clandestina, tráfico de armas y trata de personas[2]. En las comunidades de Lacanjá Chansayab, Nueva Palestina, Santo Domingo y San Javier, estimamos que 9,098 niñas, niños y adolescentes están siendo afectados por la violencia imperante en dichos territorios.
Durante el mes de noviembre, pobladores del municipio de Maravilla Tenejapa sufrieron situaciones de quema de casas, detonaciones de armas de fuego y desplazamiento forzado debido a su temor por la violencia[3]. En dicho episodio, 13 comunidades con una población estimada de 2,883 niñas, niños y adolescentes fueron afectadas.
El 2023 cerró para muchas comunidades en un contexto de guerra. Comunidades en los municipios de Bella Vista y La Grandeza denunciaron el sitio de sus poblados por grupos criminales, quienes realizaron también cortes de agua y luz para presionarlos a unirse a sus filas. El año nuevo entró en la Sierra Mariscal con enfrentamientos, siendo particularmente violentos en el municipio de Amatenango de la Frontera.
En lo que va de enero de 2024, la situación no ha mejorado. A las disputas entre grupos criminales, se suman agresiones del ejército contra pobladores bajo la acusación de que abren el paso al crimen organizado. De este modo, poblados en los municipios de El Porvenir, Siltepec y Socoltenango se han visto amenazados por parte de los soldados y atacados con gases lacrimógenos. En dicho contexto, las familias han ido abandonando sus casas. No se tienen cifras exactas de la magnitud de la población afectada. Algunas personas han migrado a Estados Unidos o a estados de la Península y otras más buscan refugio con familiares en Tzimol y Comitán. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas estima que son 2,300 personas desplazadas por la narcoviolencia desde el 15 de enero en los municipios de Chicomuselo, Socoltenango y la Concordia.[4] Protección Civil señala 1,884 personas atendidas en albergues de Tzimol, Socoltenango, Comitán y La Trinitaria.[5]
Testimonio en audio de un poblador del ejido de Nueva América, Chicomuselo: (Descarga aquí)
La mañana de este martes 16 de enero, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional ingresaron con violencia a varias comunidades del municipio de Chicomuselo, resultando en el desplazamiento forzado de cientos de familias, según denunció en un comunicado la Sociedad Civil de Chicomuselo (ver abajo).
Desde hace dos años, estas comunidades se encuentran en el fuego cruzado de una guerra feroz entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que se disputan la región fronteriza con Guatemala. Miles de personas han huído, perdiendo todas sus pertenencias, ante la violencia y el reclutamiento forzado por parte del crimen organizado.
Ante eso, las fuerzas armadas han sido omisas, permitiendo enfrentamientos como el ocurrido el 4 de enero, que duró más de siete horas y en el que murieron unas 20 personas. En la región hay bloqueos permanentes de la delincuencia organizada, secuestros, cobros de piso y de paso, asesinatos y reclutamiento forzado sistemático, ante la inacción de las fuerzas armadas, que sin embargo violentan a la población.
En ese contexto, quienes permanecen en la región se han organizado para resguardar sus comunidades, impidiendo el paso tanto al crimen organizado como a las fuerzas armadas, cuya complicidad es evidente.
Ante la llegada del Ejército y la Guardia Nacional, los pobladores pidieron que se retiraran e intentaron dialogar, explicando las razones. La respuesta fue la violencia, con gases lacrimógenos, piedras, golpes y, según un testigo, la detención de por lo menos dos personas, cuyo paradero se desconoce. Al entrar en las comunidades, los militares destruyeron las pertenencias de los pobladores.
Las familias huyeron como pudieron, dejando todo atrás, llevando a los enfermos en carretillas, caminando por las montañas hacia la presa La Angostura. Sin embargo, allá los lancheros también huyeron, por lo que la gente quedó atrapada a la orilla de la presa sin tener a dónde ir.
A continuación, el comunicado de la Sociedad Civil del Pueblo de Chicomuselo, y más abajo, el comunicado del Movimiento en Defensa de la Vida y del Territorio (MODEVITE).
Chicomuselo, Chiapas a 16 de Enero 2024.
COMUNICADO URGENTE
NUESTROS PUEBLOS NO SON CAMPO DE BATALLA
¡ALTO A LA VIOLENCIA!
Hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional para que volteen su mirada a nuestros pueblos sufrientes, no solo por la violencia del crimen organizado, ahora por el ataque de las fuerza armadas, quienes se están violentando a la sociedad civil que ha decidido resguardar sus pueblos por la creciente violencia y enfrentamientos entre cárteles.
Hoy, 16 de enero de 2024, cientos de familias, mujeres, hombres, jóvenes, niñas, niños y ancianos de diversas comunidades ubicadas en la franja de la presa: Nueva América, Corona del Rosal, Benito Juárez del municipio de Chicomuselo, Chejel y Puerto Rico del municipio de Socoltenango y Nuevo Resplandor del municipio de la Concordia, Chiapas, se encuentran huyendo por el ingreso de las fuerzas armadas: Ejército y Guardia Nacional, quienes se están violentando a la sociedad civil que resguarda la vida de sus comunidades tras un enfrentamiento que se dio el día de ayer, 15 de enero, entre cárteles, alrededor de las 9:00 pm. por esta región. Las fuerzas armadas acusan a la sociedad civil de ser parte de un grupo criminal e irrumpieron en el ejido de Nueva América, quitando las cercas con las que se habían asegurado para evitar el ingreso de los cárteles. Tiraron gases lacrimógenos y amenazaron a la población, señalando que a algunos los tenían ubicados.
La gente de estos ejidos, que evitaban el paso al Ejército y a la Guardia Nacional, pidieron el diálogo con las fuerzas armadas para explicarles por qué habían cercado, pero éstos se negaron a dialogar y los violentaron. La población se pregunta por qué no resguardan los lugares donde se encuentran los grupos criminales y liberan las carreteras que mantienen bloqueadas desde hace más de dos años, pero sí entran a las comunidades donde la gente está organizada para cuidar sus ejidos.
Actualmente se reportan ejidos con migración forzada a causa del miedo y del terror de la violencia que se está viviendo: Rizo de Oro, Guadalupe Maravillas, Perlas del Grijalva, Resplandor, Retiro y San Isidro del municipio de la Concordia. Puerto Rico y Chejel del municipio de Socoltenengo. Julio Sabines, Benito Juárez, Nueva América, Corona del Rosal, Pablo L. Sidar, Raizal, Madero, Nueva Morelia, Limonar, La Lucha, La Unión, San Francisco, La Pinta, San Ignacio, Sabinalito, Las Flores, San Antonio Ocotal, 20 de Noviembre, Piedra Labrada, Lázaro Cárdenas, y la cabecera municipal de Chicomuselo.
La población se cuestiona por qué las fuerzas armadas permitieron el desalojo de varias comunidades por parte de los grupos criminales y mantienen secuestrado al pueblo y a ellos nos les dicen nada. Por qué violentan a las comunidades en resistencia. Se ha perdido la confianza en los elementos del Ejército y de la Guardia Nacional del 101 batallón de infantería ubicado en el municipio de Chicomuselo, porque hasta ahora solo actúan contra la población que resguarda sus comunidades y pide diálogo y no contra los que desalojan, asesinan y secuestran a los pueblos, como en el caso de la cabecera municipal de Chicomumselo, Comalapa, Siltpec y Amatenango, donde hay retenes permanentes con cassetas de los grupos criminales que revisan celulares, mochilas, cobrando el derecho del paso y de piso, controlan los precios y los tiempos de las cosechas de los campesinos.
SOCIEDAD CIVIL DEL PUEBLO DE CHICOMUSELO, CHIAPAS.
Ocosingo Chiapas a 16 de enero de 2024
COMUNICADO URGENTE
Justicia y Seguridad para Chicomuselo
Con una enorme indignación, como coordinación del MODEVITE queremos manifestarnos ante el comunicado urgente de Chicomuselo enviado el día de hoy en el que se narra el ataque de las fuerzas armadas, quienes violentaron a la población en el ejido Nueva América, con gases lacrimógenos y amenazas, lo cual ha ocasionado miedo, desconfianza y la huida de familias enteras.
Es inconcebible que los elementos de seguridad del 101 batallón de infantería actúe violentamente contra la población que meses atrás ha denunciado abiertamente la presencia de células delictivas y que hasta el momento no se ha resuelto el problema de raíz.
Basta de criminalizar a la sociedad civil organizada
Basta de la omisión al grito de dolor del pueblo de Chicomuselo
Basta de la ineptitud e ineficacia de las autoridades correspondientes para
resolver esta situación que es ya más que urgente
Exigimos solución inmediata a esta violencia suscitada por parte de las fuerzas
armadas.
Exigimos seguridad y diálogo con las comunidades organizadas.
Por un Chicomuselo en paz y libre de violencia
Coordinación General
MOVIMIENTO EN DEFENSA DE LA VIDA Y EL TERRITORIO
El GIEI llegó a México en marzo de 2015, como un nuevo mecanismo de asistencia técnica internacional y coadyuvancia en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa, mediante una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Después de un período inicial de catorce meses, en el que mostró la inconsistencia de la investigación llevada a cabo entonces por la PGR y conocida como la Verdad Histórica, regresó en 2020 invitada por el nuevo gobierno mexicano y los padres, quienes pidieron que regresara el mecanismo y por medio de un acuerdo internacional con la CIDH. Este 31 de julio termina ese segundo mandato.
En estos años, el GIEI ha contribuido a reorientar la investigación en diferentes fases, a través del hallazgo de pruebas, la realización de peritajes y el contraste de diversas fuentes de información. Destacan el caso del basurero de Cocula, el análisis de evidencia fotográfica sobre la manipulación de la escena del río San Juan, la evaluación médica-psicológica de la documentación que mostraba el uso generalizado de la tortura o la alteración de escenas del crimen o de peritajes sin la necesaria independencia. Basándose en ello, la incongruencia de la llamada Verdad Histórica mantenida por el gobierno anterior fue señalada incluso por el Tribunal de Tamaulipas donde se juzgaban los hechos.
Sin embargo, las reacciones a la verdad no fueron muchas veces positivas. En el primer período de trabajo en 2016, el GIEI fue acusado por algunos sectores de pretender socavar a las instituciones, entre ellas las Fuerzas Armadas, por mostrar pruebas que cuestionaban la versión oficial o pedir estar presentes en las declaraciones de miembros del ejército que estuvieron en Iguala en la noche de los hechos. Incluso el GIEI fue objeto de una fuerte campaña de difamación y violencia en diversos medios de comunicación, mostrando que cuando las verdades eran incómodas se buscaba disparar y callar al mensajero. El GIEI tuvo que salir del país, pero dejó en su informe las recomendaciones para el seguimiento del caso.
Con el nuevo gobierno en el 2019, se creó una nueva fiscalía especial para el caso, Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), una Comisión de la Verdad para el caso (COVAJ) y el GIEI volvió para colaborar en la investigación.
El punto de partida de la nueva averiguación surgió de la existencia de más hechos que los que llevaban a esclarecer los del 26 y 27 de septiembre de 2014. Por esa razón se fortalecieron investigaciones sobre los responsables de la tortura, se descubrieron falsificaciones y fraudes documentales en los que se había basado la investigación. Esto implicó rehacer la consecución de prueba independiente, logrando obtener elementos nuevos que fueron provistos por acercamiento, búsqueda de diversas fuentes, incluyendo nuevos testigos, lo que permitió proporcionar, de manera integral a la unidad especial UEILCA y a la COVAJ, aportes, valoraciones y hallazgos, tanto los incluidos en los informes I y II, así como nuevos elementos en los siguientes informes publicados hasta ahora. Se generaron nuevas pruebas a través del análisis de telefonía, de las comunicaciones de agentes del Estado y de miembros de la delincuencia organizada, evidenciando que actuaron de forma coordinada como parte de una red criminal durante la noche de los hechos y en los días posteriores, así como que declararon muchas cuestiones que resultaron falsas.
La actuación del GIEI contribuyó también al fortalecimiento de las acusaciones, tratando de integrar estándares internaciones en la investigación, la documentación de los hechos y el señalamiento de responsabilidades. Igualmente se colaboró para encontrar e identificar los restos de dos jóvenes normalistas desaparecidos, lo que mostró una nueva narrativa de los hechos. El conocimiento del caso acumulado en los años de experiencia y trabajo del GIEI.
EL GIEI ha contribuido a la investigación especialmente cuando ha habido un operador que tiene voluntad política. Tras la petición del GIEI respaldada por los familiares para acceder a informaciones hasta entonces negadas, el presidente de México ordenó abrir los archivos y proporcionar acceso a pruebas documentales del ejército (SEDENA), la Marina (SEMAR) y los servicios de inteligencia (CISEN), lo que ayudó a tener nuevos hallazgos relevantes sobre la actuación de agentes del Estado y a recabar informaciones existentes sobre el posible destino de los jóvenes. Dichas acciones se hicieron de forma conjunta entre el GIEI y la COVAJ. Todo esto, 7 años después de los hechos. Sin embargo, la documentación entregada, a día de hoy, es parcial y corrobora la existencia de otras informaciones sobre el momento de los hechos y fechas posteriores, en donde hay datos sobre detención y traslado de normalistas, por lo que hemos insistido en que debe ser puesta a disposición de la investigación y la búsqueda de los jóvenes. Sin embargo, el GIEI se ha encontrado con la respuesta negativa de las instituciones, a pesar de las pruebas existentes. Es sobre esas pruebas que se necesita avanzar.
La investigación no ha estado exenta de problemas. El caso y los propios fiscales de la Unidad especial se vieron presionados en algunos momentos, ya fuera para no judicializar a determinadas personas o no realizar acciones inmediatas contra otras, lo que llevó a un traumatismo dentro de la propia Unidad. A pesar de ello, la investigación ha llevado a la detención del ex procurador General de la República, dos generales y 20 miembros del ejército y más de cien detenidos miembros del crimen organizado y fuerzas de seguridad o funcionarios del Estado entre otros. Sin embargo, una parte importante del conjunto de las acusaciones son por delincuencia organizada y no por la desaparición forzada y el ataque a los normalistas. Además, la investigación fiscal debe llevar no solo a detenciones, sino a nuevas informaciones para esclarecer el caso y las búsquedas.
El GIEI considera muy relevante el reconocimiento por parte del gobierno de México de que el caso Ayotzinapa se trata de un crimen de Estado, como fue señalado en presencia del Presidente y de las más altas autoridades del Estado, así como el apoyo para lograr el ingreso a los archivos de las instituciones, así como la decisión y presencia del Subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas en la búsqueda y en la realización de todas estas gestiones.
23 organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales documentan diversas violaciones a derechos humanos en torno al megaproyecto.
La mayoría de agresiones ocurren en contra de personas integrantes de pueblos y comunidades indígenas; las intervenciones violentas provienen en gran medida de la Marina y la Guardia Nacional.
Este día, 27 de julio, concluyó la Misión Civil de Observación que inició el 25 de julio en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, con el objetivo de documentar las violaciones a los derechos humanos y las agresiones contra personas y comunidades defensoras en el contexto del megaproyecto denominado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).
En la Misión de Observación participaron 23 organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales y 8 representantes de prensa de medios nacionales e internacionales. En el recorrido de tres días visitaron a personas y comunidades afectadas de la zona norte en el campamento “Tierra y Libertad” de Mogoñé Viejo, Oaxaca, por el Polo de Desarrollo en Santa María Mixtequilla, a las y los comuneros agredidos en Santa Cruz Tagolaba y en Puente Madera.
Las personas y organizaciones participantes en la Misión concluyeron que en la ejecución del CIIT están ocurriendo violaciones a los derechos humanos de las personas habitantes de estas zonas y a quienes defienden los derechos colectivos de las comunidades indígenas; específicamente sus derechos: i) a la información, ya que las comunidades reclaman que no han tenido acceso a toda la información relevante relativa a la construcción del megaproyecto y a las afectaciones de éste en sus territorios; ii) a la participación, la libre determinación, al territorio, a un medio ambiente sano y a la identidad cultural. Esto, debido a que no se llevó a cabo una consulta previa, libre e informada de acuerdo con lo que establecen los estándares nacionales e internacionales; y iii) a la vida, la integridad, la libertad personal y la libertad de expresión, entre otras, debido a las agresiones físicas, hostigamientos y criminalización que están viviendo, sobre todo quienes están liderando la lucha por la naturaleza, la tierra y el territorio.
En la conferencia de prensa que se realizó este jueves 27 de julio, en Juchitán, Oaxaca, las organizaciones nacionales e internacionales expresaron su preocupación frente a los eventos de agresión registrados en el marco de la construcción del megaproyecto del Corredor Interoceánico. Indican que ha habido un aumento en las agresiones en este año y está en riesgo la integridad de las personas defensoras que resisten ante este megaproyecto. Durante la Misión, las personas participantes fueron testigos de incidentes de seguridad como la presencia constante y vigilante de las fuerzas armadas.
Las y los integrantes de la Misión insistieron en que no se ha realizado la consulta orientada a obtener el consentimiento por parte de las comunidades ayuuk afectadas por el CIIT. En contraposición, se han registrado intervenciones violentas por parte de la Marina y de la Guardia Nacional, como los desalojos violentos, detención arbitraria y criminalización en contra de personas defensoras en Mogoñe Viejo, estación Sarabia y Palomares; así como las amenazas y tentativas de despojo de casas de pobladores en Boca del Monte, San Juan Guichicovi.
CDMX, 26 de julio de 2023. Un día después de la presentación del sexto y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), que se retira del caso debido a la negativa por parte del ejército de entregar documentos fundamentales para la investigación, los familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa marcharon en la Ciudad de México para exigir la entrega de dichos documentos, que son claves para dar con el paradero de los jóvenes. Bajo una fuerte lluvia, los familiares marcharon del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez.
El mensaje de los familiares ante el reporte del GIEI y su retirada de la investigación: que la sociedad civil y las organizaciones sociales no cesen de exigir al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que ordene a las fuerzas armadas a entregar los documentos identificados por el GIEI y que continúen las investigaciones de manera seria e imparcial.
Aunque las investigaciones del GIEI se vieron seriamente obstaculizadas por la opacidad de las fuerzas armadas, imposibilitando la identificación del paradero de los normalistas, su último informe sí trajo un avance importantísimo en el caso: la conclusión definitiva de la complicidad y participación de la Secretaría de la Defensa (Sedena), la Secretaría de la Marina (Semar) y todas las fuerzas policiales en la desaparición forzada de los normalistas junto con el grupo criminal Guerreros Unidos, y la complicidad de diversas instancias de los tres niveles de gobierno en tergiversar, manipular y ocultar los hechos.
La pista fundamental para conocer el paradero de los normalistas son los informes generados por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI), dependiente de la Secretaría de la Defensa. Sin embargo, muchos fueron los esfuerzos por parte de la Sedena para evitar que dichos informes se conocieran. Primero, negando la existencia misma del CRFI en 2014, afirmando que sólo se creó en 2015, lo cual ha sido desmentido por las evidencias descubiertas por el GIEI. Después, negando que se realizaran interceptaciones de comunicadciones; después, afirmando qeu el CRFI dependía del Cisen, y no de la Sedena. Y finalmente negándose a entregar documentos del CRFI que son clave para la investigación.
El informe del GIEI es demoledor en términos de la responsabilidad de las Fuerzas Armadas no sólo en la desaparición de los normalistas, sino en la ocultación de evidencias y obstrucción a la verdad y justicia. En un contexto en que el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha entregado un poder al ejército nunca visto en el México posrevolucionario, las revelaciones del GIEI en el caso Ayotzinapa son una señal de alarma que ningún ciudadano debe tomarse a la ligera. De manera que la convocatoria de los familiares de los normalistas a que las organizaciones sociales y la sociedad civil en general se movilicen para exigir transparencia a las fuerzas armadas es no sólo una exigencia de verdad y justicia en ese caso particular, sino una necesidad colectiva en un país cada vez más autoritario y violento.
Imágenes de la marcha:
Palabras de los familiares en el Hemiciclo a Juárez:
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Informe Ayotzinapa VI.
Hallazgos y avances, obstáculos y pendientes.
México, Julio de 2023.
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Informe Ayotzinapa VI.
Hallazgos y avances, obstáculos y pendientes.
México, Julio de 2023.
CDMX, 25 de julio de 2023. El Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) presentó su sexto y último informe sobre el caso Ayotzinapa, tras anunciar que se retira de las investigaciones debido a la opacidad del Estado y la negación de diversas instituciones de proporcionar información relevante.
El informe es contundente en términos de la responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de la Marina (Semar), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen, hoy Centro Nacional de Inteligencia), además de la policía municipal, estatal, federal, ministerial y de tránsito y otros órganos del Estado, en la desaparición forzada y asesinato de los normalistas y en la manipulación de evidencias y ocultamiento de información.
El GIEI, que depende de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dedicó más de la mitad del informe a analizar la participacion del ejército, con un mapeo detallado de sus movimientos el 26 y 27 de septiembre de 2014. Asimismo, el informe detalla la complicidad y participación de todos los niveles del Estado: “El informe muestra los distintos niveles de implicación y responsabilidad de los distintos niveles del Estado en el ataque de los 43”, en palabras de Carlos Beristáin, que presentó el informe junto con Ángela Buitrago.
Lo que no se ha podido aclarar, sin embargo, es quizás lo que más importa (sin duda alguna lo que más importa a los familiares): el paradero de los normalistas desaparecidos. El ocultamiento y manipulación de información por parte del Estado ha logrado impedir que se conozca lo que les sucedió a los normalistas. Lo único que se ha logrado saber es que los jóvenes fueron separados en dos grupos: uno que pasó por las instalaciones de la policía en Iguala y otro conducido rumbo a Huitzuco o Chilpancingo.
Mientras tanto, el presidente López Obrador se autocongratuló por los avances en la investigación: “Yo creo que en ningún país del mundo, un gobierno, lleva a cabo una investigación y sobre todo una decisión de castigar a los responsables”, a pesar de las denuncias de ocultamiento y manipulación deliberada de la información por parte de las fuerzas armadas y otras instancias de gobierno y la decisión del GIEI de no continuar las investigaciones debido a la opacidad del Estado.
El informe del GIEI demuestra no sólo los esfuerzos castrenses por mantener oculta la verdad del caso, sino el funcionamiento estructural del Estado mexicano, entre otras cosas, con la utilización sistemática de la tortura. Esto representa también, dijo Carlos Beristáin, una oportunidad para cambiar de rumbo, cosa que a todas luces no está sucediendo.
Compartimos a continuación algunos trechos de la sesión de preguntas y respuestas durante la presentación del informe:
El Congreso Nacional Indígena informó que hoy, 28 de abril de 2023, a las 10:38 am, un fuerte contingente de elementos de la Guardia Nacional, policía estatal y Secretaría de la Marina desalojaron el plantón “Tierra y Libertad”, donde campesinos mixes afectados por las obras del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec han resistido dichas obras durante 60 días.
Según el reporte del CNI, el ataque se dio por dos lugares. Seis compañeras y compañeros mixes fuereon detenidos: Maria Magdalena Martinez Isabel, Fernando Hernandez Gomez, Adela Severo Teodoro, Esperanza Martinez Isabel, Elizabeth Martinez Isabel y Eliodoro Martinez Isabel. Hasta ahora, se desconoce su paradero. Una de ellas, Adela Severo, fue golpeada, y el campamento fue destruido y las pertenencias, robadas.
Ante la situación, los integrantes de la Caravana El Sur Resiste decidieron bloquear la carretera transístmica a Coatzacoalcos a la altura de Oteapan, Veracruz.
(Texto enviado a quienes integran la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados)
El jueves 16 de noviembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la Ley de Seguridad Interior por amplia mayoría. Al mismo tiempo la bancada de MORENA anunció que iniciará la semana próxima la discusión de una iniciativa de reforma constitucional para establecer el marco legal que permita la conformación de una Guardia Nacional bajo el mando de las Fuerzas Armadas (FFAA) con tareas de seguridad pública e investigación de delitos.
Como se ha sostenido por diferentes organizaciones y especialistas durante los últimos doce años y como lo confirmó la SCJN, el uso de cuerpos militares usados en tareas de seguridad pública no es adecuado, pues no están ni creados, ni entrenados para ella. Las FFAA están preparadas para la guerra y, por tanto, para eliminar objetivos y no para hacer tareas de prevención, disuasión o investigación criminal, por lo que tienden a mostrar un alto índice de letalidad.
A los pueblos de México y el mundo,
Al Congreso Nacional Indígena
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A los medios libres,
A los medios de comunicación nacionales e internacionales,
La Comunidad Indígena de Santa María Ostula se manifiesta enérgicamente en contra de la detención ilegal de 5 elementos de las policías comunitarias de San Pedro Naranjestil y Tizupan –ambos pertenecientes a la comunidad indígena de Pómaro– a manos de elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) para ser entregados directamente a un grupo de criminales, el cual ha sido denunciado insistentemente con anterioridad.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 3:00 de la mañana del día 5 de febrero, hora en la cual algunas camionetas de la SEMAR llegaron al filtro de seguridad que la policía comunitaria mantenía en el punto conocido como Tizupan. A partir de los testimonios recopilados, es posible certificar que los marinos no detuvieron al azar a los comunitarios sino que éstos estaban plenamente identificados y eran el objetivo de esta acción.
