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El Congreso Nacional Indígena informó que hoy, 28 de abril de 2023, a las 10:38 am, un fuerte contingente de elementos de la Guardia Nacional, policía estatal y Secretaría de la Marina desalojaron el plantón “Tierra y Libertad”, donde campesinos mixes afectados por las obras del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec han resistido dichas obras durante 60 días.

Según el reporte del CNI, el ataque se dio por dos lugares. Seis compañeras y compañeros mixes fuereon detenidos: Maria Magdalena Martinez Isabel, Fernando Hernandez Gomez, Adela Severo Teodoro, Esperanza Martinez Isabel, Elizabeth Martinez Isabel y Eliodoro Martinez Isabel. Hasta ahora, se desconoce su paradero. Una de ellas, Adela Severo, fue golpeada, y el campamento fue destruido y las pertenencias, robadas.

Ante la situación, los integrantes de la Caravana El Sur Resiste decidieron bloquear la carretera transístmica a Coatzacoalcos a la altura de Oteapan, Veracruz.

Más sobre el contexto del bloqueo ‘Tierra y libertad’ del pueblo mixe Mogoñe Viejo: https://piedepagina.mx/campesinos-mixes-detienen-destruccion-de-arboles-rios-y-casas-por-modernizacion-del-tren-transistmico/

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(Texto enviado a quienes integran la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados)

El jueves 16 de noviembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la Ley de Seguridad Interior por amplia mayoría. Al mismo tiempo la bancada de MORENA anunció que iniciará la semana próxima la discusión de una iniciativa de reforma constitucional para establecer el marco legal que permita la conformación de una Guardia Nacional bajo el mando de las Fuerzas Armadas (FFAA) con tareas de seguridad pública e investigación de delitos.

Como se ha sostenido por diferentes organizaciones y especialistas durante los últimos doce años y como lo confirmó la SCJN, el uso de cuerpos militares usados en tareas de seguridad pública no es adecuado, pues no están ni creados, ni entrenados para ella. Las FFAA están preparadas para la guerra y, por tanto, para eliminar objetivos y no para hacer tareas de prevención, disuasión o investigación criminal, por lo que tienden a mostrar un alto índice de letalidad.

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Sierra-costa de Michoacán, 7 de febrero de 2017

A los pueblos de México y el mundo,
Al Congreso Nacional Indígena
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A los medios libres,
A los medios de comunicación nacionales e internacionales,

La Comunidad Indígena de Santa María Ostula se manifiesta enérgicamente en contra de la detención ilegal de 5 elementos de las policías comunitarias de San Pedro Naranjestil y Tizupan –ambos pertenecientes a la comunidad indígena de Pómaro– a manos de elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) para ser entregados directamente a un grupo de criminales, el cual ha sido denunciado insistentemente con anterioridad.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 3:00 de la mañana del día 5 de febrero, hora en la cual algunas camionetas de la SEMAR llegaron al filtro de seguridad que la policía comunitaria mantenía en el punto conocido como Tizupan. A partir de los testimonios recopilados, es posible certificar que los marinos no detuvieron al azar a los comunitarios sino que éstos estaban plenamente identificados y eran el objetivo de esta acción.

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La Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C., el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, hemos recibido información directamente de integrantes de la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula, municipio de Aquila, estado de Michoacán, de que alrededor de las 3.30 am del día domingo 5 de febrero de 2017, cinco integrantes de la policía comunitaria de San Pedro Naranjestil, de nombres: Abigail Farías Fernández, Crispin Francisco de Aquino, Saul Fabian Meraz Martinez, Eleno Valencia Zambrano y Francisco Carreon Valencia, fueron privados de la libertad por miembros de la Secretaría de Marina Armada de México, en la carretera federal 200 a la altura del crucero de Tizupan, Aquila; quienes posteriormente, los entregaron al crimen organizado.

Ante tales hechos, la Asamblea de comuneros de Santa María Ostula decidió iniciar un bloqueo en la carretera federal 200 pues actualmente siguen privados de la libertad y su vida corre un grave riesgo. Además se denuncia que hay una amenaza al respecto y presión para intercambiar a los compañeros secuestrados por armas de los grupos de policías comunitarios, municipales y autodefensas.

Recordamos que el 15 de noviembre del 2016, se alertó a las autoridades federales y estatales correspondientes de la situación de violencia generalizada hacia el Pueblo Nahua de la región, debido a una constante condición de vulnerabilidad y amenaza que mantiene en riesgo la vida e integridad personal de los habitantes.

Frente a señalamientos de esta naturaleza, de los que se advierte la probable comisión de una desaparición forzada con participación de las fuerzas armadas, hacemos un llamado enérgico al Estado mexicano para que garantice la seguridad, integridad personal y la vida de las cinco personas que se encuentran actualmente privadas de la libertad por el crimen organizado, los cuales fueron entregados por la Marina Armada de México; haciendo uso de los medios más efectivos a su alcance para localizarlos.

¡Firma en línea!

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México. Pozol. 5 de febrero. En horas de la madrugada de hoy fueron secuestrados 5 integrantes de la policía comunitaria de San Pedro Naranjestil, Michoacán. Comuneros de Santa María Ostula informaron que dichas personas fueron levantadas en la carretera federal 200 a la altura del crucero de Tizupan, Aquila, por miembros de la Secretaría de Marina, quienes posteriormente, los entregaron al crimen organizado.

A cambio de la libertad de los 5 miembros de la policía comunitaria, los secuestradores piden la cantidad de 21 armas, así como que se abandone el filtro que los comunitarios mantienen en el punto referido sobre la carretera costera, de lo contrario amenazaron con ejecutar a los comunitarios.

Por su parte, la comunidad de Santa María Ostula decidió en asamblea realizar el bloqueo de la carretera federal 200 con apoyo de otras comunidades de la región Costa-Sierra de Michoacán como medio para llamar la atención de las autoridades correspondientes y exigir la liberación sus compañeros.

Cabe recordar que la región de Santa María Ostula mantiene una lucha por sus territorios ancestrales que recuperó de manos del crimen organizado y de pequeños propietarios coludidos con cárteles de la droga y a pesar, también, de la complicidad que con los grupos delictivos y supuestos “propietarios” han mantenido los cuerpos de “seguridad” del Estado mexicano. Suman ya más de 30 comuneros asesinados y otros tantos desaparecidos por paramilitares, narcos y el ejército mexicano, el precio que la comunidad de Santa María Ostula ha pagado por la defensa de su territorio. Vale recordar que uno de los casos más recientes fue 2015 cuando el ejército mexicano asesinó a un niño de apenas 12 años mientras atacaba con armas de alto poder a comuneros indefensos.

Información: Solidaridad con Ostula
Foto: Desde las nubes

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Colectivo Radio Zapatista, JäG

El Ejido ch’ol de Tila, en la Zona Norte de Chiapas, denunció la entrada de camionetas militares de la Marina. Sus autoridades, encargadas de coordinar los trabajos para el cuidado del poblado, emitieron la alerta; no esperaban la incursión de soldados. Su denuncia muestra la palabra enérgica frente a la tensión en que se encuentra el pueblo organizado, ya que a partir de haber expulsado al Ayuntamiento Municipal y declarado su autonomía y autogobierno ejidal, no han cesado las amenazas de operativos militares, paramilitares y policíacos.

El clima de hostilidades hacia la construcción autonómica del autogobierno ejidal se ha vuelto cotidiano durante estos ocho meses, como lo tienen registrado las autoridades ejidales. Esto ha mantenido al pueblo en tensión y alerta: de manera continua reciben los rumores de la entrada de la policía al pueblo, que ya lo ha intentando de manera fallida ante la movilización del pueblo, en una madrugada hace un par de meses. También les ha llegado la información de que el ejército prepara el operativo cercando el pueblo y aislando a sus comunidades. Y de la misma manera están advertidos de cómo los funcionarios del ayuntamiento están organizando grupos en diferentes comunidades para atacar al ejido, su oficio paramilitar.

En otras palabras, les amenazan con aplicar de manera directa la violencia gubernamental de la guerra en la que mantienen los territorios, y que en esta región tiene una larga historia de crueldad humana e impunidad, cuyo símbolo es la “Paz y Justicia” gubernamental, paramilitar. De este modo buscan desgastar al pueblo y su determinación de ejercer su autonomía ejidal, para imponer la presencia del Ayuntamiento Municipal. Sin embargo, el pueblo permanece firme en su determinación de defender su territorio y autoridad, su legítimo y legal autogobierno ejidal, fundado en su derecho a ejercer la autonomía ejidal.

La última amenaza fue recibida unos días previos a la presencia de la Marina. El medio que han utilizado los operadores y aliados gubernamentales dentro del poblado para difundir las amenazas, engaños, difamaciones contra el Ejido y el cuerpo de autoridades es el WhatsApp. Éste es el contenido de la amenaza que circularon:

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• Tras mediación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, gobierno reconoce su responsabilidad
• Notable ausencia del Ejército Mexicano en acto público de reconocimiento
• Después de 15 años de atropellos e impunidad, justicia llega “parcial, mutilada, incompleta”

Ver también:

• Palabras de José López Cruz, padre de las víctimas Ricardo López Hernández y José Leonardo López Hernández
• Palabras de Pedro Faro, director del Frayba

Ayer, 28 de enero de 2016, el Estado mexicano realizó un acto público de reconocimiento de responsabilidad por los hechos ocurridos el 17 de septiembre de 2000 en la comunidad El Aguaje, municipio de San Cristóbal de Las Casas, donde la explosión de una granada de fusil antipersonal de propiedad del Ejército Mexicano mató al niño Ángel Díaz Cruz e hirió de gravedad a Ricardo López Hernández y José Leonardo López Hernández, en el contexto de las acciones de contrainsurgencia contra las comunidades zapatistas y el EZLN.

El acto es parte de los acuerdos firmados tras la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, entre otras cosas, obligan al Estado a reconocer públicamente su responsabilidad en el caso. Es la culminación de un largo proceso de 15 años, en el que las víctimas y sus familiares se enfrentaron a la impunidad y el atropello por parte del Ministerio Público Militar.

En el evento, José López Cruz, padre de los niños lesionados, relató los abusos sufridos por víctimas y familiares en su larga búsqueda por justicia. Asímismo, Pedro Faro Navarro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, quien relató los detalles del caso, aseguró que “La justicia en México llega tarde, parcial, mutilada, incompleta, un tanto maltrechas como es de por sí el actuar del Estado mexicano” y llamó atención a la ausencia en el evento del “personaje principal de esta historia, el perpetrador por antonomasia en Chiapas: El Ejército mexicano”.

Presentes en el evento estuvieron las víctimas Ricardo y José Leonardo López Hernández, su padre José López Cruz, Cristina Reina Cruz López (madre del niño fallecido Ángel Díaz Cruz) y Pedro Faro del Frayba. Por el gobierno de Chiapas, Manuel Velasco Coello, gobernador del estado, y Juan Carlos Gómez Aranda, secretario de gobierno. Por el gobierno Federal, Roberto Campa Cifrián (Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación) y Erasmo Lara Cabrera (Director General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores). Del Ejército Mexicano y la SEDENA… ni las luces.

A continuación, los audios del evento:

Juan Carlos Gómez Aranda – Secretario General de Gobierno de Chiapas:
(Descarga aquí)  

Pedro Faro Navarro – Director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba):
(Descarga aquí)  

Traducción tostil:
(Descarga aquí)  

José López Cruz – Padre de Ricardo López Hernández y José Leonardo López Hernández:
(Descarga aquí)  

Traducción tostil:
(Descarga aquí)  

Roberto Campa Cifrián – Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación:
(Descarga aquí)  

Traducción tostil:
(Descarga aquí)  

Manuel Velasco Coello – Gobernador de Chiapas:
(Descarga aquí)  

Traducción tostil:
(Descarga aquí)  

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Fuente: http://www.frayba.org.mx/archivo/boletines/160128_aguaje.pdf

Escucha aquí: (Descarga aquí)  

Lee sobre Acto público de reconocimiento de responsabilidad del Estado y escucha todos los audios.

Caso El Aguaje
(Angel Díaz Cruz+, Ricardo López Hernández y José Leonardo López Hernández)

Muerte
Anciana y triste muerte
Adulta y silenciosa muerte
Joven y llorosa muerte
Niña y estúpida muerte.

Buenos días a todas y todos, con el permiso de la señora Cristina Reyna Cruz López, del Señor José López Cruz y sus respectivas familias, tomo la palabra.

Hoy estamos aquí ante este recinto de la Facultad de Derecho, para escuchar el perdón público del Gobierno mexicano, ante las violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de los niños Ángel Díaz Cruz, Ricardo López Hernández, José Leonardo López Hernández, así como a todos sus familiares, debido a los hechos del 17 de septiembre del año 2000, en la comunidad El Aguaje del ejido La Albarrada, municipio de San Cristóbal de Las Casas, estado de Chiapas, a causa de la explosión de una granada de fusil antipersonal[1] propiedad del Ejército mexicano. De la explosión resultó muerto el niño Ángel Díaz, con heridas graves Ricardo y José Leonardo. Hechos sucedidos en el contexto de la acción de contrainsurgencia que implementa el Estado mexicano en contra de los pueblos y comunidades del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), así también en contra de los pueblos y comunidades que resisten las políticas de despojo territorial y exterminio.

También estamos aquí para recordar que el Estado mexicano ha mantenido en la impunidad por 15 años y 5 meses el Caso del Aguaje, lastimosamente no es el único donde están involucradas las Fuerzas Armadas de México; lastimosamente no es el único donde la impunidad marca el ritmo de vida de quienes exigen al Estado que cumpla con sus obligaciones de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos como es su deber internacional. Pues la muerte de Ángel Díaz, es de plena responsabilidad del Ejército mexicano, así como los daños a la integridad física y psicológica que de manera permanente quedaron marcados en los cuerpos de Ricardo y José Leonardo y las de sus familias, truncando sus proyectos de vida.

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Escucha aquí:(Descarga aquí)  

Lee sobre Acto público de reconocimiento de responsabilidad del Estado y escucha todos los audios.

A 28 de enero de 2016.

Buenas tardes a todos los presentes,

Mi nombre es José López Cruz y en representación de mi familia, mis hijos y especialmente de la señora Cristina Reyna Cruz López madre del niño Ángel Díaz Cruz fallecido, voy a expresar las siguientes palabras.

Ha pasado más 15 años en el que mis hijos resultaron gravemente lesionados y que desgraciadamente el niño Ángel Díaz Cruz falleció a consecuencia de la explosión de una granada de fusil antipersonal propiedad del ejército mexicano.

Esos pobres niños lo único que hacían era buscar hongos para comer, pero debido a la negligencia del personal del ejército al no advertir los riesgos que pudiera acontecer en el lugar de campo de prácticas de tiro, a casi 500 metros de nuestra comunidad, resultó esta gran tragedia.

Además mi familia y los habitantes de mi comunidad El Aguaje, estábamos ya obligados a convivir, con todo tipo de ruidos provocado por los explosivos, los morteros, las ametralladoras lo cual provocaba mucho miedo. Sin embargo, el lugar era utilizado por la comunidad para la recolección de hongos, caminos de paso, pastoreo y recolección de leña.

Las mujeres ya no podían realizar sus actividades cotidianas por el campo, debido a que continuamente sufrían el acoso del personal militar.

A partir de las graves lesiones de nuestros hijos, comenzó nuestro sufrimiento, al verlos graves, a la presión de que uno de ellos le iban amputar una pierna; a la falta de atención de las autoridades porque no recibimos a atención necesaria y fuimos nosotros como familias que cargamos con toda la responsabilidad del seguimiento de recuperación de nuestros hijos.

Además por la falta de acceso al seguimiento de las investigaciones, debido a que estas se llevó a cabo desde la jurisdicción militar, quienes nunca nos permitieron saber el seguimiento del proceso penal militar, además de que el Juzgado Militar se encuentra en la Ciudad de México, Distrito Federal y no tenemos los recursos para ir hasta allá.

Las autoridad nunca se dieron cuenta de que éramos personas civiles y que nuestro caso debió ser atendido por la jurisdicción civil y no la militar, pues dejaron llevarse por el tipo de armamento que explotó, y nunca velar por nuestros derechos humanos.

Los días fueron largos, han sido largos, pues durante estos más de 15 años, hemos buscado la justicia. Hasta hoy no sabemos quienes son los verdaderos responsables de causar esa tragedia ni mucho menos cuales fueron sus castigos.

Los efectos psicológicos en nuestros hijos, en nuestras familias se mantienen, debido a la falta de justicia y la atención. Y ante el temor de que dentro de sus cuerpos exista todavía esquirlas.

Esperamos que estos acuerdos que hoy firmamos, sean cumplidos a la cavalidad.

Agradecemos infinitamente al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé por su acompañamiento, porque sin ellos nunca hubiéramos podido lograr esta nuestra lucha.

Señores y señoras, durante todos estos años, hemos vivido la incertidumbre de que algún otro niño le pase lo mismo, es por eso que exigimos que estos hechos nunca vuelvan a repetirse.

Muchas gracias.

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A los medios de comunicación
A los pueblos del mundo

El día 15 de octubre de 2015, en la cabecera municipal de Aquila, Michoacán nos reunimos en representación de la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula, la Comisión para la Defensa de los Bienes Comunales, las autoridades civiles y agrarias, los encargados del órden de las 23 encargaturas, así como los comandantes de la policía comunitaria de Ostula y de los municipios de Aquila, Coahuayana, Chinicuila y Coalcoman y por otra parte representantes del gobierno mexicano, como son la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Especial para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, la Policía Federal, la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la delegación de Gobernación de Michoacán, el Gobierno del Estado de Michoacán y la presidencia municipal de Aquila.

El objetivo fue revisar el cumplimiento de los acuerdos a los que arribamos en la ciudad de México el pasado 23 de julio de 2015 y previamente el 12 de junio de 2015 en la cual señalamos nuestras exigencias urgentes e irrenunciables, que siguen siendo las mismas y que reiteramos.

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