A las Bases de Apoyo del EZLN
Al EZLN
Al CNI-CIG
A las Redes de Resistencia y Rebeldía de México y el mundo

Compañer@s: NO ESTÁN SOL@S!

Desde Alemania condenamos enérgicamente los ataques de grupos paramilitares de la ORCAO (Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo), el día 22 de agosto de 2020 – cuando sacaron y quemaron las instalaciones del Centro de Comercio Nuevo Amanecer del Arcoiris, crucero Cuxuljá en el Municipio Autónomo Rebelde Zapatista, Lucio Cabañas (municipio oficial de Ocosingo, Chiapas).

Condenamos también enérgicamente los ataques permanentes de grupos paramilitares de Santa Martha de Chenalhó – contra las comunidades en los municipios de Aldama y Chalchihuitán, en los Altos de Chiapas.

Toda nuestra solidaridad con nuestr@s Compañer@s Zapatistas
y con todos los Pueblos de México que están construyendo su Autonomía!

No están sol@s!

YA BASTA!
Alto a la Guerra contra los Pueblos Zapatistas y los Pueblos originarios de México!

Abrazos fuertes – cruzando los mares:

Red Ya Basta Netz Alemania.

25 de agosto de 2020.

Ve también: 

Pronunciamiento Red Europa Zapatista sobre agresiones de la ORCAO

Red Ya Basta Netz Alemania condena ataques paramilitares en Chiapas

Bailarinxs repudian agresiones al EZLN

Los colectivos Kafé Kapel de Bretaña, MutVitz13 de Marsella, CaféZ de Lieja y las colectivas Mujerxs de la Sexta en la Otra Europa y Mujeres Adherentes a la Sexta de Jovel en Chiapas urgieron el alto al fuego y el desarme de los grupos paramilitares que continúan con las agresiones hacia las comunidades de Aldama – Chiapas.

Ante la omisión del Estado mexicano, se han intensificado las agresiones por armas de fuego en este municipio. Este mes se incrementaron las agresiones poniendo en alto riesgo a sus pobladores.

El 17 de julio, la niña María Luciana Lunes Pérez resultó herida de bala, mientras trabajaba su telar de cintura, en su casa, en la comunidad de Koko’ en Aldama, Chiapas, México, según los informes del centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.

A pesar de las solicitudes realizadas desde este Centro de Derechos Humanos, junto con los reportes de los 115 representantes de las comunidades de Aldama, ante las autoridades estatales “la repuesta es la indiferencia cargada de racismo y discriminación de los gobiernos federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y estatal por el gobernador de Chiapas Rutilio Escandón Cadenas.”

El Centro de Derechos Humanos indica que son “al menos 26 ataques con armas de alto calibre, realizados por grupos civiles armados de corte paramilitar que operan en esa región y que son procedentes de comunidades de Santa Martha, municipio de Chenalhó”.

Insistimos que con la contingencia nacional por el COVID- 19, aumenta el riesgo en el que se encuentran en su mayoría mujeres, niñas, niños y personas mayores en situación de alta vulnerabilidad, quienes se refugian en las montañas ante los reiterados ataques.”

En su artículo y acción urgente, el Frayba explica:

“Este fin de semana se intensificaron las agresiones, ante la omisión del Estado mexicano, por investigar, detener, sancionar, desarticular y desarmar a los responsables de la violencia en esta región.”

Por lo anterior, solicitan a la sociedad civil nacional e internacional firmar esta acción en la que piden urgentemente que el Estado: “Accione las medidas de seguridad y precautorias para evitar hechos que sean de difícil reparación, como el derecho a la vida, seguridad e integridad personal y el escalamiento del desplazamiento forzado. Investigue de manera pronta y adecuada, así como sancionar, desarmar y desarticular a los grupos armados de corte paramilitar de Chenalhó, responsables directos de los ataques armados que han provocado desplazamientos forzados en la región Altos de Chiapas.”

Para leer nota completa y firmar acción urgente:

https://frayba.org.mx/agresiones-armadas-en-aldama/

Foto de portada: Luis Enrique Aguilar

Casas abandonadas y otras semihabitadas, unas más vestidas como trincheras, porque las balas con armas de alto calibre llegan no sólo a los patios sino también a las paredes e incluso han cruzado el umbral de las puertas. Ahí quedaron ya casi sin paredes ni techo algunas y en la soledad sus enseres, en medio de las montañas de Los Altos de Chiapas que guardan la tranquilidad para otras épocas.

(Continuar leyendo…)

6 May, 2020  en Acciones Urgentes por Incidencia

• Urgimos la implementación de un Plan de Emergencia Alimentaria hacia pueblos originarios.

   

• Urgente la presencia del Comité Internacional de la Cruz Roja, para atender a los desplazamientos internos en Chiapas.

   

• Es apremiante que el Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno de Personas en el Estado de Chiapas, atienda la situación de manera integral, de acuerdos a los Principios Rectores y a las Directrices de la ONU relacionadas al COVID-19.

   

El Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México A.C. (FISANIM), “el Fideo” y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba), han recibido información directa por parte de habitantes tsotsiles del municipio de Aldama, Chalchihuitán y de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas de Acteal) de Chenalhó, Chiapas, México, respecto al riesgo de una emergencia alimentaria que de prolongarse puede derivar en una hambruna y con ello la vida de las familias que viven el desplazamiento forzado ocasionada por la violencia generalizada cometida por grupos civiles armados de corte paramilitar en la región y por la falta de atención básica e integral de los gobiernos federal y estatal.

En la documentación realizada por FISANIM y Frayba constatamos la situación de marginación y pobreza en la que viven las desplazadas y desplazados, aunado a la falta de medidas sanitarias en el marco de la pandemia del COVID-19, la región Altos está marcada como una de las zonas marginalizadas en el estado de Chiapas.

3304 personas se encuentran en situación de desplazamiento forzado, las cuales pertenecen a Las Abejas de Acteal, Chenalhó, Chalchihuitán y Aldama. Estas personas se encuentran en condiciones de hacinamiento: en casas prestadas, rentadas y en situaciones críticas que cuando se activa la violencia armada se resguardan en las montañas. Varias de las familias tienen sus casas quemadas, destruidas y/o baleadas, sin acceso a sus trabajaderos para el cultivo de sus tierras y sin poder sembrar y cosechar su maíz, frijol, frutas y verduras. Hasta el día de hoy, no tienen la posibilidad de salir a algún lugar para trabajar, no pueden cosechar su café, siendo una de las fuentes de ingreso económico para completar el sustento durante el año. En los tres casos prevalece la omisión del Estado mexicano y la falta de cumplimiento de los principios rectores de los desplazamientos internos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En las actuales situaciones de desplazamiento forzado existe un grave riesgo para la vida y salud de las personas desplazadas debido a la falta constante de alimentos, atención médica y al daño emocional por el miedo permanente y desesperación a ser agredidos, las niñas/os, mujeres y las ancianas/os son las víctimas con mayor vulnerabilidad. Es importante señalar que el interés superior de la niñez, es protegido y salvaguardado por en el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que menciona lo siguiente: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá́ con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas, tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá́ guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”. El Estado mexicano no ha garantizado la seguridad personal, alimentaria y la salud psicológica.

Las autoridades de procuración de justicia no han realizado las diligencias para desarticular a los grupos civiles armados de corte paramilitar que actúan con toda complacencia de los gobiernos en el municipio de Chenalhó. El gobierno de Rutilio Escandón Cadenas solamente ha hecho acciones para administrar el conflicto, constituyéndose en un gobierno omiso y cómplice del entorno de violencia criminal.

Ante la falta de seguridad para regresar a sus casas y trabajaderos, por el riesgo constante para la vida, se prevé una situación de emergencia a la salud y desnutrición entre las mujeres y niñas/os, que son los más vulnerables en el contexto del COVID-19.

La ONU ha manifestado su preocupación por la situación de los pueblos indígenas en el marco de la pandemia. El Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, José Francisco Cali Tzay, expresó su preocupación por el devastador impacto que la pandemia del COVID-19 está teniendo en los pueblos indígenas, más allá de la amenaza para la salud. ¹

La soberanía alimentaria ha sido descrita como un derecho, y más específicamente como “el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo”. ² Ha sido ampliamente reconocida en contextos nacionales y cada vez más forma parte de los debates en el escenario mundial, incluido en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ³ El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha indicado que los Estados partes en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer “deberían garantizar la efectividad del derecho a la alimentación y la nutrición de las mujeres rurales en el marco de la soberanía alimentaria y velar por que tengan autoridad para gestionar y controlar sus recursos naturales”. ⁴

Ante esta situación grave, exigimos a los gobiernos federal y estatal una actuación con debida diligencia para implementar urgentemente las siguientes medidas cautelares:

1. La alimentación es un derecho constitucional reiteradamente violado en la población indígena y gravemente en la desplazada. Este incumplimiento produce daños graves a la salud de toda la población y en especial a la infancia, es urgente la implementación de un plan de emergencia alimentaria.

2. La actuación eficiente del Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno de Personas en el Estado de Chiapas, en el marco de la Ley Para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas.

3. La intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja para la contribución en la ayuda humanitaria en los territorios donde el desplazamiento forzado se ha prolongado.

4. Atender de manera puntual y efectiva las Directrices Esenciales Para Incorporar la Perspectiva de los Derechos Humanos en la atención a la pandemia COVID-19 el cual recoge lo expresado por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Procedimientos Especiales, Órganos de Tratado y otros mecanismos y redes de la ONU respecto a los elementos de derechos humanos que se deben tomar en cuenta en la atención a la crisis por la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias.5

5. Se desactive la violencia en estos territorios provocado por grupos civiles armados de corte paramilitar que deviene de décadas de impunidad, siendo que hoy en día estamos en los escenarios previos de lo que fue la Masacre de Acteal.

A la sociedad civil nacional e internacional le solicitamos se solidaricen con acciones para combatir la emergencia alimentaria y la desnutrición en este territorio específico que sufre violencia sistemática en el marco del desplazamiento forzado, aportando con su donación al Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México. Al banco Scotiabank. Cuenta: 00107853564 Clave interbancaria: 044180001078535644.

Solicitamos también a todos quienes nos indignamos por esta situación impulsar los llamamientos a:

2. Lic. Andrés Manuel López Obrador. Presidente Constitucional de México
   Residencia Oficial de los Pinos. Casa Miguel Alemán. Col. San Miguel Chapultepec,
   C.P. 11850 Ciudad de México.
   Fax: (+52) 55 5093 4901
   Correo: amlo@presidencia.gob.mex
   Twitter: @lopezobrador_

2. Lic. Olga Sánchez Cordero. Secretaria de Gobernación de México
   Bucareli 99, 1er. piso. Col. Juárez. Delegación Cuauhtémoc
   C.P. 06600 Ciudad de México.
   Fax: (+52) 55 5093 34 14;
   Correo: secretario@segob.gob.mx
   Twitter: @M_OlgaSCordero

4. Lic. Rosario Piedra Ibarra. Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
   Edificio “Héctor Fix Zamudio”, Blvd. Adolfo López Mateos 1922, 6°piso. Col. Tlacopac San Ángel.
   Delegación Álvaro Obregón. C.P. 01040; Ciudad de México.
   Fax: (+52) 0155 36 68 07 67
   Correo: correo@cndh.org.mx /Twitter: @CNDH

2.  Lic. Rutilio Escandón Cadenas. Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas
   Palacio de Gobierno del Estado de Chiapas, 1er Piso Av. Central y Primera Oriente,
   Colonia Centro, C.P. 29009. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
   Fax: +52 961 61 88088 – + 52 961 6188056; Extensión 21120. 21122;
   Correo: secparticular@chiapas.gob.mx
   Twitter: @JuntoscnRutilio

2. Lic. Ismael Brito Mazariegos. Secretario General de Gobierno en Chiapas
   Palacio De Gobierno, 2o. Piso, Centro C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
   Conmutador: (961) 61 8 74 60 Ext. 20003
   Correo: secretariaparticular.sgg@gmail.com

2. Lic. Luis Manuel García Moreno. Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno del estado de Chiapas.
   Carr. Emiliano Zapata Km. 1.9 , Terán C.P. 29050 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
   Teléfono: (961) 61 551 78, 615 47 12
   Correo: luismanuelgarciam@gmail.com

2. Lic. Juan José Zepeda Bermúdez. Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
   Avenida 1 Sur Oriente S/N, Edificio Plaza, 3er y 4to piso, Barrio San Roque C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
   Conmutador: (961) 602 89 80; 961-60289-81 Ext. 206; Lada sin costo 01800-55-282-42
   Fax: (961) 60 2 57 84
   Correo: presidencia@cedh-chiapas.org
   Teléfono: 01 (967) 67 465 94 Fax: 01 (967) 67 465 94

3.  Alertamos posible hambruna a indígenas tsotsiles en desplazamiento forzado

   Lee la petición

2. Forum for Food Sovereignty, Declaration of Nyéléni (2007), available

3 UN Human Rights Council, Revised Draft United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas, UN Doc. A/HRC/ WG.15/5/2 (2018).

4CEDAW, General Recommendation No. 34, supra note 30, at para. 64. See also Jean Ziegler, Report of the Special Rapporteur on the Right to Food on Food Security and Food Sovereignty, UN Doc. E/ CN.4/2004/10 (2004) [hereinafter “Ziegler 2004”]; UN Human Rights Council, Debates on the Declaration on the Rights of Peasants, UN Doc. A/HRC/21/39 (2012); Magdalena Sepúlveda Carmona, Final Draft of the Guiding Principles on Extreme Poverty and Human Rights, UN Doc. A/HRC/21/39 (2012), at para. 75

5 Directrices Esenciales Para Incorporar la Perspectiva de los Derechos Humanos en la atención a la pandemia COVID-19

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

A 26 de mayo de 2020.

3. Acción urgente No. 8

    

    

    

Buenos días, Durante la cuarentena por la pandemia Covid 19, los Pueblos Originarios son población vulnerable, en mayor riesgo las comunidades en desplazamiento forzado bajo ataques armados. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, registramos agresiones a Pom, en Chalchihuitán, en la región Altos de Chiapas, en México.

Compartimos nuestra palabra urgiendo al Estado mexicano cumplir con las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger a 10 comunidades del Pueblo Maya Tsotsil. Adjunta y en la página www.frayba.org.mx

Agradecemos su valioso trabajo periodístico.

Azalia H. Rguez. Cel. 9671356978

Agresiones armadas, desplazamiento forzado, discriminación y COVID 19 Comunidades del Pueblo Maya Tsotsil de Chalchihuitán en mayor riesgo de crisis humanitaria.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) registró disparos de armas de fuego en contra de la comunidad de Pom, en Chalchihuitán, Chiapas, México, perpetrados por un grupo civil armado de corte paramilitar procedente de Chenalhó, en contexto de riesgo por emergencia sanitaria ante la pandemia de Covid 19.

Testimonios indicaron que el pasado 1 de mayo de 2020, aproximadamente a las 08:00 horas, hubo actos de violencia armada que aumentaron el miedo y la crisis humanitaria en comunidades que pertenecen al Pueblo Maya Tsotsil:

[…] un grupo armado de corte paramilitar vestidos de negro dispararon, esto sucedió en el tramo Chacojtón en la comunidad de Pom del municipio de Chalchihuitán, esto ha traído mucho miedo entre las y los desplazados, no podemos ir a nuestra milpa a traer nuestras verduras para comer, las mujeres y los niños sufren mucho, no pueden ir por leña y los hombres no podemos salir a trabajar.

[…] Es difícil encontrar como alimentarnos en esta situación; las autoridades nos dicen que no salgamos de la casa por la enfermedad del COVID, pero no hay maíz, ni frijol, tenemos que ir a buscar nuestra verdura a la parcela, tampoco podemos comprar en la comunidad porque los hombres no pueden salir a trabajar a la milpa ni a vender la cosecha de café, hay miedo por la enfermedad y porque nos vaya a herir una bala de los grupos paramilitares.

Esta situación de vulnerabilidad pone en alto riesgo de contagio de COVID 19 a las 273 familias, un total de 1236 personas desplazadas forzadamente, debido a que se encuentran en pobreza extrema, sin alimentación adecuada, ni agua potable, en carencia de servicios de salud accesibles y de calidad. De especial preocupación son las niñas, niños y adolescentes, así como los adultos mayores y mujeres, en las comunidades desplazadas de K’analumtik, Pom, Ch ́enmut, Bololch’ojon, Bejelton, Tulantik, Cruzton, Ts’omolton y Cruz Kakanab del municipio de Chalchihuitán y Majompepentik municipio de Chenalhó. A pesar de que las comunidades del Pueblo Maya Tsotsil en deslazamiento forzado, de Chalchihuitán y Chenalhó,

anteriormente mencionadas, cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (MC 882-17)1 y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 87/20182, las autoridades del Estado mexicano no han cumplido de manera eficiente yhttps://frayba.org.mx/wp-content/uploads/2020/05/200506_boletínSan Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

06 de mayo 2020

Boletín No. 10_10_chalchihuitan.pdf eficaz con implementar las acciones necesarias para protegerlas.

Cabe señalar que históricamente las comunidades de Pueblos Originarios son uno de los sectores más vulnerables a consecuencia de la desigualdad caracterizada por la discriminación, exclusión y pobreza, que conlleva a una violación estructural y sistemática de derechos humanos.

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) el municipio de Chalchihuitán ocupa uno de los primeros lugares de pobreza extrema (79.8%), la cual se agudizó desde los hechos de violencia perpetrados por un grupo civil armado de corte paramilitar procedente de Chenalhó, que provocó el desplazamiento forzado de 5023 personas, desde octubre de 2017.

La Organización de Las Naciones Unidas indicó que: “Los pueblos indígenas, en particular las mujeres y las niñas indígenas, suelen verse afectados de manera desproporcionada por las epidemias y otras crisis. Los pueblos indígenas tienen casi tres veces más probabilidades de vivir en la extrema pobreza que los no indígenas… son también custodios de una gran riqueza de conocimientos y prácticas tradicionales, lenguas y culturas, que incluyen respuestas a las crisis probadas en el tiempo”3. Se les debe incluir de manera participativa, culturalmente apropiada y respetuosa de sus derechos, en las respuestas a la pandemia y sus impactos.

Por lo anterior el Frayba solicita de manera urgente al Estado mexicano:

Garantice los derechos humanos a Pueblos Originarios en desplazamiento forzado, en doble riesgo por ataques armados y por la pandemia de Covid 19: a su integridad y seguridad personal; acceso al agua, al saneamiento y a instalaciones de higiene personal; a la alimentación; a la vivienda adecuada; a la información en su lengua para prevenir y tratar la enfermedad; a la atención médica oportuna y sin discriminación; al consentimiento libre, previo e informado; a la libre determinación; a la participación de las mujeres y especialmente los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Cumpla las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger a las comunidades del Pueblo Maya Tsotsil en desplazamiento forzado de Chalchihuitán.

1 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Medida Cautelar No. 882-17. Comunidades indígenas tsotsiles de Chalchihuitán y Chenalhó respecto de México. 24 de febrero de 2018. 2 Comisión Nacional de Derechos Humanos. Recomendación No. 87/2018. Sobre el caso de personas víctimas de desplazamiento forzado interno en diversas comunidades de los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó. 28 de diciembre de 2018. 3 Organización de Las Naciones Unidas. Los pueblos indígenas y la pandemia de Covid 19.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

06 de mayo 2020

Boletín No. 10

Comunicación Social

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Medios-Frayba mailing list

Medios-Frayba@lists.mayfirst.org

https://lists.mayfirst.org/mailman/listinfo/medios-frayba

_Omisiones de autoridades de gobierno incrementan el riesgo a población vulnerable en contexto de COVID 19.

El Juzgado Tercero de Distrito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, otorgó el 28 de marzo del presente año, el amparo 340/2020 para proteger la vida, integridad y seguridad de comunidades del Pueblo Maya Tsotsil, en desplazamiento forzado, del municipio de Aldama, Chiapas, México.

El 27 de marzo de 2020, representantes de las comunidades del Pueblo Maya Tsotsil, en desplazamiento forzado, de Aldama, interpusieron solicitud de amparo y protección de la justicia federal para la: “suspensión definitiva de la violencia de grupos civiles armados de corte paramilitar quienes actúan con la aquiescencia y tolerancia de funcionarios del Estado”. Sin embargo hasta la fecha las autoridades responsables1 continúan la omisión en el cumplimiento de la resolución.

Por lo anterior, la violencia en la franja limítrofe con Chenalhó se intensificó en un contexto de alto riesgo para población vulnerable en medio de la emergencia sanitaria por COVID 19, las autoridades señaladas han sido omisas en el cumplimiento de la suspensión de plano otorgada por un Juez Federal, por lo que se promovió un incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión consistente en que: “se […]brinde la protección y seguridad que requieren los quejosos […] medidas necesarias que garanticen la vida, seguridad e integridad personal de la población del municipio de Aldama, quienes se encuentran sufriendo situaciones de violencia generalizada y de violaciones a los derechos humanos, derivado del conflicto armado a fin de garantizar la paz pública.”

Desde el pasado 24 de marzo, al día de hoy, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) registró al menos 47 actos de agresión armada. Durante la última semana los ataques aumentaron y se realizaron de manera sistemática. Reportes de la Comisión Permanente de Comuneros y Desplazados de Aldama informan que los grupos armados de corte paramilitar procedentes de Chenalhó, utilizan las trincheras de Tok’oy, Pajaltoj, Oxch’om, Slumka, Tojtik, de la comunidad de Saclum, que se encuentran en territorio del municipio de Chenalhó para realizar disparos dirigidos hacia las casas de Xuxch’en, San Pedro kotsilnab, Koko’ y Tabak, en Aldama. El día de ayer, la Comisión Permanente de Comuneros y Desplazados de Aldama reportó nuevos ataques armados, que iniciaron durante la madrugada, hacia las comunidades de Ye’ton, Koko’, Tabak, Chivit, Xuxch’en y San Pedro kotsilnab. De acuerdo a testimonios hombres armados vestidos de negro están realizando disparos desde las trincheras de Tok’oy y de Pajaltoj, así como de Vale’tik, pertenecientes a Santa Marta, Chenalhó.

La entrada a la fase 3 de la emergencia sanitaria en México, pone en evidencia que las comunidades de Pueblos Originarios son altamente vulnerables, ya que su vida se encuentra en constante riesgo, ya sea por un ataque de armas de fuego o por contraer COVID 19 y no contar con garantías de atención médica adecuada.

Las Directrices Esenciales de las Naciones Unidas para Incorporar la Perspectiva de Derechos humanos en la Atención a la Pandemia por COVID 19, establecen la necesidad de proteger a la población más vulnerable como son las comunidades en desplazamiento forzado: “Los Estados deben aplicar medidas adicionales con el fin de abordar la repercusión desproporcionada que el COVID 19 puede tener sobre las minorías, a causa de las zonas remotas donde viven, en las que hay un acceso limitado a bienes y servicios esenciales”2.

Desde el inicio de las agresiones armadas en marzo de 2018, el Frayba realizó intervenciones a 30 autoridades de dos periodos de los gobiernos en los ámbitos federal y estatal, sin embargo se mantiene la impunidad en graves violaciones a derechos humanos como son: La Privación Arbitraria de la Vida, el Desplazamiento Forzado y la Privación Arbitraria de la Libertad al defensor comunitario Cristóbal Sántiz Jiménez3.

Por lo anterior urgimos a las autoridades responsables de los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de Rutilio Escandón Cadenas que cumplan con el mandato judicial del Tercer Juzgado de Distrito que otorgó el amparo 340/2020 para proteger la vida, integridad y seguridad de las comunidades del Pueblo Maya Tsotsil, en desplazamiento forzado, de Aldama. Entre las exigencias se encuentran:

Garantías de seguridad para proteger la vida de la población del Pueblo Maya Tsotsil del municipio de Aldama, en riesgo por hechos de agresiones armada que se intensificaron desde el 24 de marzo de 2020.

Cumplimiento de las Recomendación número 71/2019, emitida el 23 de septiembre de 2019, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos4.

Investigación de las agresiones armadas, desde marzo del 2018, perpetradas por grupos civiles armados de corte paramilitar procedentes de Santa Martha, municipio de Chenalhó, que provocaron el desplazamiento forzado de las comunidades del Pueblo Maya Tsotsil de Aldama.

Atención humanitaria, vivienda, salud, alimentación adecuada y digna para las personas víctimas de desplazamiento forzado del Pueblo Maya Tsotsil de Aldama, Chiapas, en mayor vulnerabilidad durante la pandemia por COVID 19.

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San Cristóbal de La Casas, Chiapas, México

28 de abril de 2020

https://frayba.org.mx/otorgan-amparo-a-comunidades-del-pueblo-maya-tsotsil-en-desplazamiento-forzado/?preview=true&_thumbnail_id=9199

Foto: Carlos Hogaz

K’ucha’al, kucha’al, k’ucha’al-un Tot, k’ucha’al-un Me’! Porqué, porqué, porqué Tot, porqué Me’! Reclama una anciana a sus deidades ancestrales, mientras solloza y ve los pies de su hijo que no volverá a caminar las tierras que le vieron nacer. Luego proclama “Ta jk’anot kutik li’ ta jnatike” que traducido literalmente al castellano sería: “Te queremos aquí en esta casa nuestra”.

En estos tiempos, en estos días y momentos que dicen que hay que estar en casa para resguardarse. En estos días en que los medianos y pequeños líderes orquestan el mensaje de “Quédate en casa” y establecer sana distancia entre las personas. Entendemos y comprendemos que es compromiso tanto del gobierno, la sociedad y organizaciones civiles de velar por los derechos humanos en esta contingencia.

Como Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, ocupados en seguir acompañando a los Pueblos Originarios en su caminar y búsqueda de de Justicia Digna, lanzamos la compaña: “LES QUEREMOS EN CASA” que estará vigente por lo menos un mes, del 15 de abril al 15 de mayo de 2020, con distintas acciones hasta que las mujeres, de todas las edades, hombres y personas de otras identidades de género, vuelvan a sus casas. Que puedan estar tranquilas protegiendo su vida que está en grave peligro. Como nos han reportado a diario las autoridades del municipio de Aldama, los disparos de armas de fuego por parte de habitantes de las comunidades del municipio de Chenalhó que colindan con los parajes de Aldama, no han cesado.

Al parecer, las personas que nacen y habitan las comunidades del municipio de Aldama que colindan con la localidad Santa Marta y otras que pertenecen al municipio de Chenalhó, Chiapas, pareciera que nacen definidas o predestinadas a vivir constantemente en el miedo y la zozobra tanto por parte del Estado como del contexto de violencia que padecen desde los años 70’s. La esperanza que tienen de que algún día el conflicto agrario que existe entre los municipios de Chenalhó y Aldama tenga fin, se pierde en el horizonte de sus miradas. Las autoridades agrarias de antaño no asumieron y menos ahora, su responsabilidad de que hicieron mal su trabajo por hacer los trazos de colindancia entre un municipio y otro en el escritorio.

El conflicto agrario perpetrado por el Estado mexicano hace casi medio siglo rebasó el ámbito jurídico. Las acciones del Estado como la colocación de elementos de seguridad que luego salieron huyendo de la zona por los constantes disparos hasta ”El Banderazo de la Paz”, efectuado los días 22 y 23 de junio de 2019, por parte de los tres niveles de gobierno no han surtido efecto. Este “acto político” pondría fin al conflicto agrario que dio inicio a principios de la década de 1970 entre los dos municipios. Con “El Banderazo de la Paz” comenzaría un proceso de pacificación y reconciliación entre los habitantes de estos dos municipios que en historia, lengua, cultura y tradiciones religiosas se hermanaron por décadas pero que esos lazos y sentimientos de hermandad, al parecer se han roto.

La esperanza de la gente de las comunidades de Aldama yace en las manos de algunas personas ancianas responsables de cuidar la vida. Pero, mientras dicen sus plegarias, delante de sus ojos se apaga el fuego de las velas arrebatadas por alguna munición proveniente de comunidades de Chenalhó. El corazón tiembla, ya no sólo de las balas que cotidianamente les disparan, ahora, ese temor es alimentado por la contingencia. Cuidar la salud en casa, no ha sido ni será posible, pues tienen que salir huyendo de sus casas para resguardarse en otros lugares que no cumplen las condiciones de cuidado máximo ante la contingencia de COVID-19.

LES QUEREMOS EN CASA solicita tu mirada para que con tus ojos y con tu corazón abracemos a mujeres ancianas, mujeres jóvenes y niñas; que podamos acompañar a hombres ancianos, hombres jóvenes y niños a que puedan estar en su casa y a unirnos en su reclamo. Que podamos decir junto con ellas y ellos “Te queremos aquí en esta casa nuestra”.

Juan López Intzín,

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.

Jobel, a 15 de abril del 2020.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
A 4 de marzo de 2020.

Acción urgente No. 1

Alto riesgo a la vida e integridad de familias tsotsiles

• Agresiones armadas a comunidades del municipio de Aldama, Chiapas

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba), ha recibido información directa por parte de habitantes tsotsiles del municipio de Aldama, Chiapas,
México, respecto al riesgo a la vida, integridad y seguridad personal de las familias que viven en las comunidades de Chuch´te, Koko, Tabak, San Pedro Cotsilman, Yetón, Xivit Tselejpoptic, Xuxton y la cabecera municipal de Aldama, quienes se encuentran en alto
riesgo debido al aumento de las agresiones con armas de fuego provenientes de grupos civiles armados de corte paramilitar de las comunidades de Santa Martha, Chenalhó.

Estos ataques no han parado en todo el 2019 y lo que va del 2020, ante la complicidad de los gobiernos federal y estatal.

Los actuales reportes marcan un aumento crítico siendo el 1 de marzo de 2020,
aproximadamente a las 11:30 horas, cuando los habitantes informaron que se estaban efectuando disparos de armas de fuego realizados desde las comunidades de Kantetik y Chuch´te’ perteneciente a Santa Martha, municipio de Chenalhó. Los disparos eran con dirección a la comunidad de Tselejpotoptic, lo que ha provocado terror a la población, ya
que los disparos se intensificaron hacia otras comunidades y hasta el día de hoy se han mantenido.

El 3 de marzo de 2020, nos informaron que desde las 2:00 horas de la madrugada, la comunidad de Xuxchen, Coco y Tabak del municipio de Aldama estában siendo atacadas fuertemente por los grupos armados de corte paramilitar provenientes de Saclum, Santa
Martha, municipio de Chenalhó: “en esta hora de la madrugada están posicionados en los parapetos para atacar a las comunidades ya nuestra gente está huyendo de nueva cuenta a las montañas porque los disparos ya son muchísimos, es muy preocupante”.

El mismo 3 de marzo de 2020, aproximadamente las 14:10 horas, el grupo civil armado de corte paramilitar comenzó nuevamente con las agresiones con disparos de armas de fuego
en contra de las comunidades de Chuch´te, Koko, Tabak, San Pedro Cotsilman, Yetón, Xivit Tselejpobtic, Xuxton y la cabecera municipal de Aldama: “son fuertes detonaciones de armas de alto calibre que se dirigen a nuestras comunidades y tenemos mucho miedo
porque los disparos le puede llegar a cualquiera de nuestros familiares”.

Ante esta situación crítica exigimos a los gobiernos federal y estatal debida diligencia y actuación para implementar las medidas cautelares urgentes a fin de evitar daños de difícil reparación. Responsabilizamos a los funcionarios que no actúan en la investigación eficaz a
los grupos armados de corte paramilitar, para juzgar y sancionar a los responsables de las acciones criminales.

• • Grupos civiles armados provocan terror en comunidades tseltales en Chilón y Sitalá

El Centro de Derechos Indígenas A.C. (CEDIAC) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. (Frayba) nos pronunciamos ante la violencia que se incrementa en los municipios de Chilón y Sitalá, en la región Norte de Chiapas, México. Grupos civiles armados provocan terror en la población y desplazan de manera forzada a comunidades de pueblos tseltales con la complicidad, tolerancia, aquiescencia y omisión de las autoridades gubernamentales en la entidad. Urgimos al Estado mexicano a implementar medidas que garanticen la vida, seguridad e integridad de mujeres, niñas, niños y hombres en riesgo que sobreviven en condiciones de vulnerabilidad sin ayuda humanitaria.

A poco más de 1 año y 6 meses del desplazamiento forzado de 125 personas de la comunidad tseltal de Carmen San José, en Chilón, el mismo grupo civil armado procedente de Pechton Icotsilh’ desplazó a 65 personas de la comunidad San Antonio Patbaxil y mantiene en sitio a tres comunidades más: Juan Sabines Verapaz, Tzubute’el Santa Rosa, en el municipio de Chilón y Santa Cruz en el municipio de Sitalá. (1)

La violencia en la región escaló desde el 03 de junio de 2018, cuando un grupo civil armado privó arbitrariamente de la vida al joven Marín Luis Gómez Guzmán, en la comunidad de Carmen San José. El 04 de junio, los agresores regresaron a la comunidad y dispararon al aire causando terror en la población. Posteriormente hostigaron, amenazaron, intimidaron y extorsionaron a quienes habitan en el lugar. Además realizaron robos y secuestros, controlando el territorio mediante el terror (2). Desplazaron forzadamente a 25 familias desde el mes de junio de 2018.

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