Coincidentemente con el cierre de la Semana Internacional del Detenido – Desaparecido, se sucede en la ciudad de Iguala, en el Estado de Guerrero, la desaparición de 8 personas miembros de organizaciones sociales integradas en el Frente de Unidad Popular y vinculadas al PRD, después de haber realizado una actividad política que reclamaba al Presidente Municipal José Luis Abarca Velázquez, la atención a sus demandas.

Parecería increíble que en una entidad donde el Gobernador se jacta del Programa Guerrero Seguro, la violencia ha llegado a niveles extraordinarios, que se sigan violando los derechos humanos de miles de personas, que cientos de ciudadanos comunes e inocentes sigan cayendo víctimas de delitos de lesa humanidad,  que la criminalización de la protesta social afecte la integridad de luchadores sociales y defensores de derechos humanos, mientras la mal llamada delincuencia organizada, las organizaciones radicales del narco y paramilitares, mantienen el control político y económico de la entidad con la aquiescencia y colusión de las autoridades.

Ahora Gregorio Dante Cervantes, Ángel Román, Efraín Amates Luna, Nicolás Mendoza, Rafael Banderas, Jimmy Castrejón, Arturo Hernández Cardona y Héctor Arroyo, se suman a la larga lista de las desapariciones forzadas en la entidad. Nos preocupa que mientras arriba, en el aparato político del poder gubernamental y los partidos políticos se hacen aspavientos de recursos, declaraciones políticas y ofrecimientos mediáticos, abajo, 8 familias viven en la incertidumbre, el dolor, la desesperanza y todavía les piden confianza en autoridades y procedimientos legales que durante años ha quedado demostrada su inutilidad por la falta de responsabilidad, compromiso, indolencia y corrupción de las mismas autoridades que en lugar de justicia les piden tiempo, paciencia y resignación.

Por ello reiteramos que es el gobierno de Angel Aguirre Rivero el que debe responder con oportunidad a la demanda de presentación con vida de éstos ciudadanos desaparecidos, como máximo representante de Estado mexicano en la entidad. Urge la investigación, el tiempo es vital en éstos casos para recuperar a las víctimas con vida, deben seguirse todas las pistas, abrirse todas las líneas de investigación necesarias, designarse agentes probados y responsables, darle todas las facilidades a los familiares y a sus organizaciones para la coadyuvancia y entregrar resultados ya, a los 8 compañeros con vida, hacerles justicia y reparar daños a ellos y a sus familiares. Este es el reto que debe asumir el gobierno de Ángel Aguirre Rivero.

Es significativo que este lamentable suceso resulte de un conflicto entre miembros de un mismo partido, el gobierno municipal y las organizaciones sociales. Esto nos confirma que la lucha por el poder enturbia y corrompe y que el pueblo sigue estando a expensas de que sus demandas pasen primero por las cuotas de poder. También nos llama la atención que algunos maniqueamente quieran desviar la responsabilidad de éstos hechos al Gobierno Federal para proteger la imagen de su gobernador perredista. Esto no debe desviar la investigación de estos 8 casos.

La vida e integridad de los 8 compañeros vale igual, No debe privilegiarse ni destacarse a nadie, por más importante que pueda ser para la clase política y debe darse un trato igualitario a todos los familiares. Por mucho que la Secretaría de Gobierno, la PGJE, la SSP o la Policía Ministerial declaren, hagan promesas, presenten hallazgos materiales o hagan conjeturas o presunciones mediáticas, lo que importa es la vida y la presentación de las víctimas.

Es hora de que la sociedad, el pueblo de Guerrero, tome iniciativas para enfrentar estos delitos de lesa humanidad, obligar a las autoridades a que presenten resultados positivos que garanticen derechos humanos, que el movimiento social se comprometa con ésta causa y deje de considerarlos temas secundarios por no ser negociables para la obtención de beneficios y que abajo, se superen los miedos, la confianza en los de arriba y vayamos tomando la defensa de nuestros derechos, de nuestra vida e integridad de manera organizada, desde abajo y a la izquierda.

¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!

¡PRESENTACION INMEDIATA CON VIDA DE GREGORIO DANTE CERVANTES, ÁNGEL ROMÁN, EFRAÍN AMATES LUNA, NICOLÁS MENDOZA, RAFAEL BANDERAS, JIMMY CASTREJÓN, ARTURO HERNÁNDEZ CARDONA Y HÉCTOR ARROYO!

¡POR LA VIDA, LA LBERTAD, LA JUSTICIA Y LOS DERECHOS CIUDADANOS!

COMITÉ DE FAMILIARES Y AMIGOS DE SECUESTRADOS, DESAPARECIDOS Y ASESINADOS EN GUERRERO.

TALLER DE DESARROLLO COMUNITARIO A.C.

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero a 02 de junio del 2013.

Los integrantes del Taller de Desarrollo Comunitario así como el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero  externamos nuestra preocupación porque hoy se cumplen seis años desde que el compañero Jorge Gabriel Cerón Silva fue desaparecido en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero y no hay una investigación seria que nos permita ubicar su paradero; seguimos sosteniendo que es una desaparición forzada porque la aquiesencia del estado es probada con la presencia de personal de la entonces denominada SIEDO que brindaba protección a un testigo protegido, a quien nuestro compañero estaba entregando un proyecto arquitectónico cuando ambos fueron detenidos – desaparecidos. A pesar de que el gobierno guerrerense se niegue a aceptar esta aquiesencia, los Protocolos, Tratados Internacionales e incluso la Ley Estatal de Desaparición Forzada en Guerrero, nos da el respaldo jurídico y la certeza de nuestro dicho.

Recordamos que la desaparición de Jorge Gabriel ha sido el detonante para nuestras acciones y el origen del Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, un grupo de familiares y amigos, indignados ante éstos actos que nos cambian la vida; nos confrontan con el Estado, no por decisión propia, sino por las fallidas políticas públicas y los malos funcionarios que no tienen capacidad de solución, encubren y prefieren desprestigiarnos que atender nuestras demandas de verdad y justicia. La respuesta intimidatoria y hasta represiva del Gobierno Estatal a nuestras exigencias, ha desestabilizado permanentemente a nuestra organización, por lo que algunas familias se han alejado por miedo, ante la falta de medidas de protección, hostigamiento laboral y falsas promesas de solución.

Hace seis años, la falta de solidaridad y compromiso con nuestra lucha por parte de organismos de derechos humanos en Guerrero, nos obligó a  retomar la problemática y dejar a un lado el trabajo comunitario que habíamos realizado por varios años, ya que es un problema que implica denunciar a los perpetradores y su relación con el estado. Hoy, el panorama no es distinto, nos encontramos en un juego de cifras que han llamado la atención mundial por su crudeza (Informes de Human Right) y la forma tan absurda en que ha contestado el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Gobernación, a ésta sin razón; en lugar de invertir en búsquedas, invierten en campañas de legitimidad, denostación o cacerías de brujas como la de Elba Esther Gordillo.

Nosotros creemos en nuestra gente y su inocencia, su valor como seres humanos y exigimos se respeten sus nombres y los de sus familias, en ésta lucha nos hemos desgastado, hemos sufrido amenazas y persecución,  nos ha coartado el Ayuntamiento de Chilpancingo, que ahora encabeza Mario Moreno Arcos, la libertad de reunión, expresión y manifestación garantizada en la Constitución al quitarnos el módulo informativo que teníamos en la Plaza Cívica “Primer Congreso de Anáhuac”, actualmente con la intensión de distraer la recomendación que ha emitido desde hace más de un año la CNDH, intentan devolvernos el mobiliario y material que teníamos en ese módulo, sin reparar el daño moral que han causado a los integrantes tanto del Taller como del Comité; no han entendido que no somos comerciantes, que requerimos fondos para reproducir y distribuir material informativo y formar expedientes, trasladarnos a orientar y compartir la información y seguir dando apoyo a las familias víctimas de la violencia, no conocen los términos de respeto a los derechos humanos, las autoridades del Ayuntamiento han sido respaldadas incondicionalmente por la Coddehum, a nuestras espaldas, han firmado una acta apócrifa tomando acuerdos de recepcionar el material y mobiliario, sin priorizar lo más importante: la reinstalación de  nuestro módulo y la disculpa pública  a los familiares víctimas de éste atropello y la reparación del daño.

En esta lucha, lo que más lamentamos es que no hemos podido lograr, que se les haga justicia a nuestros asesinados, ni encontrado a los desaparecidos y secuestrados; nuestra intervención en casos de secuestro expres y virtual, nos llevan a afirmar que éstos delitos van en aumento y siguen sin denunciarse por miedo a la colusión entre la delincuencia organizada y las autoridades, el anonimato en la denuncia no ha dado los resultados que las mismas esperaban pues los mismos grupos policiacos las inhiben.

Hoy se abren nuevas condiciones de lucha, la falta de un Centro de Atención a Víctimas de Violencia no ha permitido que brindemos el tan necesario acompañamiento legal, psicoemocional y de salud que requieren las más de 38 familias con las que nos reunimos y otras que se nos siguen sumando, la falta de firmeza del gobierno de Ángel Aguirre Rivero, en sus promesas, nos indica que no hay interés de resolver ni de aplicar la justicia y conocer la verdad de éstos crímenes de lesa humanidad. Prefirió denostarnos y calificarnos como lucradores sociales que aceptar que su sistema completo ha fallado en garantizar los derechos humanos, le ha apostado a la división de las organizaciones y a su desprestigio, pero no estamos solos y quienes conocen nuestro trabajo dan fe de ello, tanto a nivel local, estatal como nacional e internacional. Las cifras no mienten y desde el 01 de abril del 2006 a la fecha  hay   2,222    asesinados,  456   desaparecidos y   123  secuestrados, de los que han sido publicados por los medios, porque también se conoce que no hay denuncia por miedo ante la colusión de las autoridades con los delincuentes, por lo que hay un subregistro.

La entrada en vigor de la Ley General de Víctimas nos hace pensar que su eje rector no es precisamente la justicia y la verdad sino la reparación del daño, por lo que alertamos a quienes han sido víctimas de la violencia social, a vigilar el manejo del registro nacional de víctimas, la integración del Sistema Nacional y Estatal de Víctimas, así como de la Comisión Ejecutiva y el Fondo de Apoyo que estará a su cargo, sabemos que el reglamento de operación de la misma y las reformas que se han propuesto no están concluidos, pero también que a más tardar en junio de éste año, estará operando en su totalidad incluso en los estados y municipios, por lo que los invitamos a mantenernos unidos y alerta, porque no estamos dispuestos a ponerle precio a nuestras víctimas, no nos conformaremos con una beca, útiles escolares, el acceso a la educación que de por sí debe ser laica y gratuita y mucho menos con el ingreso a las instituciones de salud de las que siempre ha habido quejas por las erráticas políticas de salud y por la escasez de medicamento; no queremos que se convierta en bolsa de trabajo para  los familiares y allegados a éste ni ningún otro gobierno; no estamos dispuestos a firmar conciliaciones que permitan eximir a las autoridades de su responsabilidad, con el pretexto de que serán sometidos a tratamientos de deshabituación o que el Juez en la sentencia exigirá garantías de no ofender, cursos y tratamientos para evitar su reincidencia. Sabemos que en México, las autoridades no son castigadas y la impunidad es una constante. También sabemos que la prueba piloto que fue PROVICTIMA, ha sido utilizada para hacer desistir a las familias de las denuncias, por eso seguimos afirmando que las autoridades no son nuestros aliados, sino sujetos a supervisión y deben ser castigados cuando encubren, se coluden o son los actores principales de estos delitos.

A pesar de que hemos sido las únicas organizaciones (TADECO y el Comité) que hemos dedicado nuestro esfuerzo a ésta lucha en Guerrero, (no para la fotografía en movilizaciones nacionales) también sabemos que habrá oportunistas que tratarán de legitimarse con ayuda del gobierno para recibir recursos extraordinarios por algo que no han hecho, utilizando a las esposas, familiares de los desaparecidos para abrir la puerta de funcionarios de gobierno y negociar otros temas, avocándose al recurso y no a la búsqueda de la verdad.

El día de hoy anunciamos el inicio de la Séptima Jornada por la Vida, la Libertad, la Justicia y los Derechos Ciudadanos en Guerrero, mediante la que seguiremos denunciando las atrocidades que desafortunadamente siguen ocurriendo; ese es nuestro compromiso: que no se olviden, que se recupere la memoria histórica de las y los nuestros, que nos hacen falta a todos.

Hoy, por Gabe, por Jorge Gabriel Cerón Silva, recordamos a todas y todos los guerrerenses y mexicanos víctimas; exigimos que todos los derechos de asistencia, protección, atención, reparación integral, restitución de los derechos violados, no repetición, así como las medidas de: ayuda, inmediatas y humanitarias, de educación; medidas económicas y de desarrollo; no sustituyan ni opaquen el derecho a la verdad y la justicia que hemos reclamado, ya que se contemplan en forma muy somera en la Ley General de Víctimas; que por el contrario, sean el medio para llegar a recuperar a nuestros desaparecidos y secuestrados y hacer justicia a ellos y los asesinados; en ésta tarea y en este ambiente perverso y adverso, seguiremos nuestra lucha, por Jorge Gabriel y por todas y todos, porque los queremos vivos, porque así se los llevaron.

COMITÉ DE FAMILIARES Y AMIGOS DE SECUESTRADOS, DESAPARECIDOS Y ASESINADOS EN GUERRERO

TALLER DE DESARROLLO COMUNITARIO A.C.

Chilpancingo, Guerrero a 14 de marzo de 2013