^{Cosecha de maíz colectivo en la comunidad de San Pedro Tlanixco, Edo. de México. Foto por Santiago Navarro F.}

El secretario de Agricultura de los Estados Unidos, Tom Vilsack, comunicó el martes (27) a los medios de comunicación de este país que podría recurrir al pacto comercial T-MEC (Tratado México-Estados Unidos-Canadá) para inhibir la decisión de México, prevista por un decreto presidencial de finales de 2020, de eliminar gradualmente el maíz transgénico y el herbicida glifosato para el 2024.

La presión de los Estados Unidos no es de hoy, sin embargo, como se acerca la fecha de la prohibición, Vilsack sostuvo que 2023 será el año para aclarar el tema entre los países.

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Sostuvo que continuará hablando con funcionarios en México sobre la inminente prohibición. “Necesitamos presionar sobre el tema y este año [2023] tomaremos las medidas necesarias y apropiadas para plantear este problema en uno o dos puntos a medida que nos acercamos a 2024″, dijo el funcionario.

Estados Unidos es el mayor productor de maíz del mundo. De acuerdo con datos de la campaña Sin Maíz no Hay País, EUA posee un volumen de producción de 384,777,890 toneladas por año. En el mundo la producción es de 1,060,247,727.

México es uno de sus principales compradores del maíz producido en EUA. Este maíz es “sobre todo maíz forrajero, es para alimentos de animales, genéticamente modificado, con su carga de glifosato”, sostiene Mercedes López Martínez, de la Campaña Sin Maíz no hay País.

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Presión

La presión es ejercida más allá de los funcionarios del gobierno norteamericano. Viene también de las grandes empresas, principalmente alemanas y norteamericanas, del mercado de semilla y del agrotóxico.

Las empresas Monsanto (EUA) fusionada con Bayer (Alemania), la Syngenta (Suiza) fusionada con la ChemChina, la Dupont (EEUU) fusionada con la Dow Chemical (EUA), y la Basf (Alemania) son las principales. Ellas se han fusionado, generando “oligopolios entrelazados que operan en todo lo largo de las cadenas de suministro agroalimentarias”, expresó Martínez.

Solamente contra la Bayer-Monsanto existen más de 125 mil demandas en el mundo por causar cáncer por el uso de glifosato.

En México, desde 2013, se ha llevado a cabo un juicio contra estas empresas que busca frenar la siembra del maíz transgénico. “Hicimos una demanda colectiva civil de acción difusa contra la siembra de maíces genéticamente modificados ante el poder judicial”, explicó Martínez, una de las representantes de la comunidad demandante contra el maíz genéticamente modificado.

Han existido diversas impugnaciones contra el cultivo de transgénico, sin embargo, el juicio principal, que demanda que se deniegue permanentemente los permisos de siembra de organismos genéticamente modificados de maíz en México, continúa.

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Otra interpretación del T-MEC

La presión viene también de organizaciones vinculadas a la industria de semillas genéticamente modificadas. Un ejemplo es la declaración en el Senado de los EUA de la presidenta de la Organización de Innovación Biotecnológica, Michelle McMurray-Heath.

México debe “rescindir inmediatamente su decreto que prohíbe la importación de maíz biotecnológico y comenzar a crear un marco de edición genética que se ajuste a las normas internacionales y a los compromisos de los acuerdos comerciales”, dijo.

A pesar de la presión ejercida bajo el argumento de que los acuerdos internacionales respaldan la venta del maíz transgénicos de EUA en México, la investigadora Karen Hansen-Kuhn, del Institute for Agriculture & Trade Policy, sostiene que el decreto presidencial de México tiene “viabilidad legal en el marco del T-MEC”, el primer tratado de libre comercio de Estados Unidos que incluye disposiciones sobre biotecnología agrícola.

De acuerdo con un artículo del mismo instituto, firmado por Sharon Anglin Treat, no cabe duda de que los proponentes del acuerdo esperaban ampliar el uso de la biotecnología en la agricultura, en parte atando las manos de los reguladores gubernamentales mediante disciplinas comerciales. Sin embargo, “el texto final del tratado no restringe las opciones de la política nacional de la manera que la agroindustria y sus aliados desearían”.

Las investigadoras rescatan algunos de los artículos del tratado para justificar su argumentación. Primero, el artículo 24.3.1 del capítulo de medio ambiente reconoce el “derecho soberano de cada Parte a establecer sus propios niveles de protección ambiental”.

Segundo, el capítulo 24.15 sobre comercio y biodiversidad establece que cada parte “promoverá y fomentará la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, de conformidad con su ordenamiento jurídico o político” y reconoce “la importancia de respetar, preservar y mantener el conocimiento y las prácticas de los pueblos indígenas y las comunidades locales”.

El artículo hace mención a una carta conjunta del presidente del Comité de Finanzas del Senado, Ron Wyden, y del miembro de mayor rango, Mike Crapo, en la cual piden que Estados Unidos “‘tome medidas de aplicación si es necesario’ en el marco del T-MEC porque, según afirman, ‘México no ha considerado ni aprobado adecuadamente las solicitudes de productos biotecnológicos innovadores de Estados Unidos’”, para la comercialización de su maíz en México.

Sin embargo, la sección de biotecnologia agrícola de T-MEC “preserva el derecho de México de decir ‘no’ a los transgénicos”, sostiene Hansen-Kuhn.

Eso porque, sostiene Anglin Treat en su trabajo, mientras que el párrafo introductorio del artículo 3.14 de dicha sección afirma, “las Partes confirman la importancia de alentar la innovación agrícola y facilitar el comercio de productos de la biotecnología agrícola”, esta declaración exhortatoria va seguida inmediatamente por la afirmación inequívoca y sin ambigüedades: “Esta Sección no obliga a una Parte a emitir una autorización de un producto de la biotecnología agrícola para que esté en el mercado.”

Presión por la no interferencia 

La presión de los Estados Unidos y de los diversos actores vinculados a la industria de semillas genéticamente modificadas y del glifosato ha generado reacciones por parte de organizaciones norteamericanas.

Por lo menos 80 organizaciones de agricultores, trabajadores, consumidores, de salud pública, agricultura sostenible de investigación y defensa de los sistemas alimentarios estadounidenses han expresado preocupación con respecto a la interferencia continua de multinacionales de plaguicidas que buscan socavar las decisiones de México.

“Nos oponemos firmemente a cualquier interferencia de funcionarios del gobierno de los EUA o de los intereses del agronegocio en el derecho de un Estado soberano a promulgar medidas políticas para proteger la salud y el bienestar de su pueblo”, manifestaron en un comunicado.

Científicos de todo el mundo han denunciado que la crisis climática llegó a su punto crítico y que alcanzará un punto de no retorno en las próximas décadas si las emisiones de gases de efecto invernadero no fueren reducidas drásticamente.

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También ha sido denunciado por científicos, organizaciones y pueblos que las soluciones a la crisis que están siendo negociadas en las conferencias del clima de las Naciones Unidas, las llamadas COPs (Conference of Parties en inglés, donde cada parte es un Estado), son falsas soluciones y que acaban beneficiando especialmente a las corporaciones responsables por el cambio climático.

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Las negociaciones se han llevado a cabo desde 1992, con la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, y hasta la fecha “no han generado ni solo un impacto en la [reducción] de las emisiones, por lo tanto, continúa el incremento de la temperatura”, explica Martin Vilela, de la organización Corporate Accountability.

La mayoría de las soluciones propuestas para combatir la crisis se basan en lo que llaman ‘neutralidad de carbono’. Es un concepto que “permite continuar extrayendo combustibles fósiles, degradando ecosistemas, expandiendo la frontera agrícola, destruyendo bosques, bajo la promesa que en el futuro se aplicarán medidas que van a absorber y compensar estas emisiones”, explica Vilela.

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Esta lógica predominó en las propuestas de solución a la crisis climática, a las cuales adhirió la mayoría de los países en el mundo, porque hubo una “captura corporativa de las estructuras de gobernanza climática” por parte de las empresas contaminantes, especialmente la industria de petróleo. “Las corporaciones han desarrollado cantidades de mecanismos para poder controlar las negociones internacionales del cambio climático”, agrega Vilela.

Entre las falsas soluciones que han sido denunciadas por pueblos y organizaciones en todo el mundo están el avance de las energías renovables a escala de megaproyectos, el gas como energía de transición y los mercados de carbono.

Sin embargo, hay una cuarta falsa solución que, según la investigadora Silvia Ribeiro, del Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, conocido como Grupo ETC), se tiene poca información sobre cómo se está desarrollando en América Latina, la llamada geoingeniería climática.

La cantidad de bosques y tierra necesaria para compensar las emisiones que se están generando y serán generadas en todo el mundo no es suficiente para alcanzar la neutralidad de carbono, entonces surgió la propuesta de un tipo de tecnología que busca separar el carbono emitido de la atmosfera. “Como la naturaleza no alcanza para cubrir todas las propuestas de ‘cero emisiones netas’ y Soluciones Basadas en la Naturaleza, van por arreglos tecnológicos de alto riesgo, como geoingeniería”, explica Ribeiro.

La investigadora aclara que la industria de la geoingeniería todavía se está desarrollando, pero son proyectos experimentales que ya están en toda América Latina, siendo los principales inversionistas las petroleras, automotoras, empresas tecnológicas y otros grandes contaminadores.

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Ribeiro alerta que la presencia y los impactos de estos proyectos en los territorios no son tan evidentes como, por ejemplo, los casos de explotación minera, por eso es necesario aprender a identificarlos.

Además de ser una falsa solución a la crisis climática, ya están causando impactos en pueblos y comunidades. “Lo que va a pasar y lo que ya está pasando con estas tecnologías es que van a impactar las mismas comunidades que ya están siendo impactadas” por proyectos de gran envergadura.

Manipulación de la naturaleza

La geoingeniería, como define Ribeiro, es la manipulación intencional y tecnológica a gran escala de los ecosistemas, sea en la tierra, en el mar y el aire, para tratar de contrarrestar algunos de los síntomas del cambio climático. Todas ellas son todavía “tecnologías desconocidas, de alto riesgo, porque plantean intervenir en los ecosistemas”.

Como ejemplo de estas tecnologías se puede citar proyectos de alcalinización del océano, en marcha en la República Dominicana; el cultivo industrial de algas para capturar carbono, en Chile; la ingeniería solar, en países como Argentina y Jamaica, que consiste en “rebotar los rayos del sol”. Para eso se crea artificialmente nubes con sulfuros, conocidas como volcánicas, que pretenden tapar la luz del sol, ya que son muy densas por haber sulfuros, como cuando hay las explosiones volcánicas. “Esto podría tener impactos sumamente desiguales, ya que puede bajar la temperatura donde se aplica esta técnica, pero crear impactos en otras regiones”, explica la investigadora.

Otra de las propuestas es la captura y uso del carbono, en marcha en Chile y Colombia. “La idea de estos proyectos es utilizar el carbono capturado en algún producto, como por ejemplo en la coca-cola – esto no es un chiste –, [es decir], sacar de la atmosfera el dióxido de carbono y meterlo en botella de coca-cola”. Pero el uso más común sería para la producción de combustibles sintéticos como el ‘hidrógeno verde’.

Hay en Chile un proyecto de captura de aire, que son grandes ventiladores que filtran el aire, utilizando sustancias químicas, y separan el carbono para utilizarlo.

Un último ejemplo, que se desarrolla principalmente en Brasil, es la bioenergía con la captura y almacenamiento de carbono. La teoría, explica la investigadora, es que se planta muchos árboles, los árboles absorben carbono y son quemados para generar bioenergía. Lo que sale de este proceso – los gases – se vuelve a enterrar.

Sin embargo, “cuando se retira las plantaciones, se emite más carbono, además del transporte, fertilizante y los agrotóxicos utilizados, todo eso genera nuevas emisiones”.

Más petróleo

La tecnología más difundida en América Latina es la captura y almacenamiento de carbono, tecnología que tuvo su origen en la industria del petróleo. Está presente en Argentina, Colombia, Trinidad Tobado y, principalmente, México y Brasil (región del PréSal, área de reservas de hidrocarburos que se ubican a más 7 mil metros abajo de la capa salina en la costa de Brasil), países con importante explotación petrolera.

Con la tecnología, explica Ribeiro, el carbono es captado de diferentes formas y es inyectado por gasoducto en pozos paralelos y conectados a los pozos de petróleo, que ya han sido explotados por mucho tiempo, de tal manera que, con la presión, se empuja hacia arriba las reservas profundas de petróleo que no podían ser extraídas. Con eso se extrae más petróleo y el carbono se queda atrapado en el subsuelo.

La investigadora apunta que más de 85% de las plantas de captura y almacenamiento de carbono en el mundo están hechas para recuperar más petróleo, para acceder a reservas que hasta ahora no han podido ser accedidas. “En realidad es una excusa para seguir emitiendo carbono”.

Ribeiro explica que esta es la tecnología más antigua, pero no era utilizada por no ser rentable. ¿Y por qué están utilizando ahora? “Solo porque hay subsidios gubernamentales (…). Además, venden los créditos de carbono que dicen que se almacena dentro de estas instalaciones”.

En todas las formas de geoingeniería se plantea manejar los síntomas, nunca las causas de la crisis climática y, por lo tanto, el cambio climático va a continuar, analiza Ribeiro. “Esto crea un mercado cautivo para los que promueven la geoingeniería y desvía la atención y recursos de las soluciones reales”.

Nuevos mercados

Con el desarrollo de las nuevas tecnologías sus inversionistas buscan nuevos mercados. “Solo les interesa si hay dinero. Y el dinero se prevé a través de los nuevos mercados de carbono que están siendo discutidos en Naciones Unidas, específicamente con el Acuerdo de Paris”, puntualiza la investigadora.

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Para todo eso el Banco Mundial, el Banco Interamericano, Comisión Andina de Fomento están construyendo nuevos marcos de préstamos, y los están intermediando las grandes ONGs conservacionistas, como WWF y Conservación Internacional. Además, ha surgido una serie de nuevas empresas que son las certificadoras y las verificadoras, que “van a ganar mucho con esto”, remarca la investigadora.

Información para la defensa

El tema de la geoingeniería climática es relativamente nuevo, sin embargo, los expertos que han acompañado y estudiado el tema coinciden en que es necesario que los pueblos, las organizaciones, la gente en general, reconozcan estos proyectos en el territorio, de manera que se pueda construir resistencia a ellos.

“Parece algo muy abstracto y muy técnico, pero está manifestándose en las distintas regiones, lo que queremos es informar de la forma mas adecuada posible para que las organizaciones, los activistas puedan defender sus territorios”, dijo Verónica Villa, del Grupo ETC.

De acuerdo con Ribeiro, existe solamente un lugar en el mundo donde están prohibidas las tecnologías de captura de carbono, es el condado de Nueva Orleans, Estados Unidos. “Esto porque las comunidades de descendencia africana no lo permitieron”.

“Es muy importante aprender a identificar estos proyectos y lo que conllevan para que nos vayamos organizando y podamos hacer presión a los gobiernos, pero sobre todo promover alternativas reales desde las comunidades”, conluye Ribeiro.

El tema fue debatido en el encuentro Geoingeniería Climática en América Latina, organizado por el Grupo ETC y Corporate Accountability.

En México, el Senado de la República pospuso, el miércoles (21), la votación que amplia el plazo de permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta marzo de 2028.

En 2019, el Congreso de la Unión había decidido otorgar a las Fuerzas Armadas la legitimidad para actuar en los pueblos, carreteras, municipios y Estados hasta marzo de 2024.

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Los senadores regresaron a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos el dictamen de reforma al artículo 5º transitorio del decreto constitucional, ya aprobado por la Cámara de Diputados el pasado martes (13).

La maniobra fue realizada bajo el aval del Movimiento de Regeneración Nacional

(Morena) que buscará reunir los votos que aún le faltan para completar la mayoría calificada necesaria, por tratarse de una reforma constitucional.

Las comisiones tienen un plazo de diez días hábiles para aprobar el nuevo dictamen y enviarlo a la mesa directiva.

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Este plazo debería “servir para discutir cómo mejorar la seguridad sin profundizar la militarización carente de controles y no para presionar a lxs senadorxs que votarían en contra”, sostuvo el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH), en sus redes sociales.

Mujeres de la región Zoque, Norte-Palenque, Selva, Costa y Altos de Chiapas – de los pueblos Zoque, Ch’ol, Tseltal, Tsotsil, y mestizas de México y Argentina – se reunieron durante el último fin de semana e hicieron público, por medio de un comunicado, que los procesos de militarización de sus territorios y el reordenamiento territorial, en consecuencia de los megaproyectos, han afectado principalmente a las mujeres, al aumentar los feminicidios, muertes, hambre y desapariciones de niñas y jóvenas.

“Coincidimos que en todos nuestros territorios está el crimen organizado gobernando, vemos el aumento de la venta y circulación de armas, drogadicción, prostitución y alcoholismo. En complicidad con un proceso de militarización que permite el despojo y control de nuestros territorios”, sostienen.

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Las mujeres de la zona Norte-Palenque denunciaron que la construcción del llamado Tren Maya ha incrementado el desmonte y destrucción de cerros, la contaminación del agua, el despojo y desplazamiento de comunidades. “Se hace presente la mercantilización de la cultura maya favoreciendo la iniciativa privada empresarial. Está incrementando la prostitución y es visible la migración. Han aparecido grupos de motonetos vinculados al crimen organizado que están ejecutando asesinatos, estando la Guardia Nacional simulando su función y generando miedo y terror con su presencia en la vida cotidiana de la población”, afirmaron en el comunicado.

A las mujeres de la zona Costa amenaza la construcción del gasoducto que viene del proyecto interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, y que pasará por toda la Costa pacífico hasta Guatemala. Además, de la construcción de una mega-autopista que conecta la región con el Tren Maya y Tren Interoceánico, proyectos mineros y venta de tierras a la especulación empresarial para proyectos hoteleros.

Las mujeres de la zona Zoque están siendo amenazadas por los megaproyectos relacionados con minería, hidroeléctricas, proyectos de geotermia e hidrocarburos. “Estamos convencidas del vínculo de intereses corporativos, de la Comisión Federal de Electricidad e instituciones del mal gobierno junto con el crimen organizado para la ejecución de proyectos”. Un ejemplo es el poblado el Platanar como “territorio de sacrificio” donde provocaron un derrame de hidrocarburos que afecta al Río Grijalva, provocando el desplazamiento forzado y que 5 mil habitantes no tengan agua potable.

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En la zona Altos Tsotsil las mujeres relataron un incremento de cantinas, circulación de alcohol, drogas, armas y constantes desplazamientos en vehículos de grupos armados. En el Valle de Jobel, por ejemplo, se viven despojos a través de la invasión de tierras provocado por grupos armados, desde la complicidad de funcionarios de gobierno y empresarios hoteleros, quienes acaparan el agua a través de la destrucción de humedales de montaña y ciénegas.

Sin embargo, frente a esta situación, “estamos contentas por ver mujeres jóvenas participando en esta Asamblea. Es un momento de oportunidad de caminar y abrir un rumbo diferente desde y para las jóvenas y niñas. Nos comprometemos a ir fortaleciendo sus procesos de dignificación para y por la vida de manera colectiva y organizada”.

Participaron del encuentro las organizaciones Defensoras de Nasakobajk, Tsijilba Bij, Red de Mujeres de la Costa en Rebeldía, Antsetik Tz’unun, mujeres organizadas de Acteal, mujeres del Colectivo Jomenäs, Mujeres Productoras, mujeres del Colectivo Kallpolli y mujeres a título individual.