Este próximo 21 de junio, se realizará una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano, por la desaparición forzada del base de apoyo zapatista Antonio González, desaparecido por el grupo paramilitar Paz y Justicia el 18 de enero de 1999 en Sabanilla, Chiapas, en el marco de la política contrainsurgente implementada por el Estado mexicano tras el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Ante la próxima audiencia, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) construyó este sitio especial sobre el caso de Antonio González:
A los pueblos de México y el mundo,
A las personas, colectividades y pueblos que defienden la Vida
A quienes sienten la urgencia de actuar ante un sureste mexicano en llamas.
Éste día, en éste momento, México está al límite, a ese límite que parece siempre lejano hasta que una bala que llega de arriba detona la rabia del México de abajo. El compañero zapatista Jorge López Santíz está en el filo entre la vida y la muerte por un ataque paramilitar de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), la misma que ha estado atacando y hostigando a las comunidades zapatistas. Chiapas está al filo de la guerra civil con paramilitares y sicarios de los diversos cárteles que se disputan la plaza y grupos de autodefensas, con la complicidad activa o pasiva de los gobiernos de Rutilio Escandón Cadenas y Andrés Manuel López Obrador.
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que ha mantenido la paz y ha desarrollado su proyecto autonómico en sus territorios y que ha tratado de evitar el choque violento con paramilitares y otras fuerzas del Estado mexicano, es hostigado, agredido y provocado constantemente. Desde el final del siglo XX, y hasta ahora, el EZLN ha optado por la lucha política por caminos civiles y pacíficos, a pesar de que sus comunidades son atacadas a balazos, sus cultivos incendiados y su ganado envenenado. A pesar de que en lugar de invertir su trabajo en la guerra, lo han hecho en levantar hospitales, escuelas y gobiernos autónomos que han beneficiado a zapatistas y no-zapatistas, los gobiernos desde Carlos Salinas hasta López Obrador han tratado de aislarlos, deslegitimarlos y exterminarlos. Hoy, a unos meses de que la lucha del EZLN cumpla 40 años, el ataque paramilitar de la ORCAO ha hecho que la vida de un hombre penda de un hilo, del mismo que pende la erupción del México que abajo no aguanta más la presión sobre su dignidad ni la guerra contra sus comunidades y territorios.
El ataque de la ORCAO no es un conflicto entre comunidades, como lo caracterizaría Carlos Salinas y como seguramente pretenderá hacerlo López Obrador. El ataque es responsabilidad directa del Gobierno de Chiapas y del Gobierno Federal. El primero por solapar el crecimiento de grupos criminales que han hecho que Chiapas pasara de una relativa tranquilidad a ser un foco rojo de violencia. El segundo por guardar silencio y pasividad ante la evidente situación del sureste. ¿Por qué ataca la ORCAO a las comunidades zapatistas? Porque pueden. ¿Por qué lo permite el gobierno de Rutilio Escandón? Porque en el Chiapas de arriba, gobernar significa bañarse con sangre indígena ¿Por qué guarda silencio López Obrador? Porque el gobernador de Chiapas es cuñado de su muy querido secretario de gobernación, Adán Augusto López, porque como sus antecesores, no soporta que un grupo rebelde sea el referente de esperanza y dignidad, porque necesita justificar una acción militar para “limpiar” el sureste y por fin poder imponer sus megaproyectos.
Asimismo, entendemos este ataque como el resultado de las políticas sociales del gobierno actual por dividir y corromper destruyendo el tejido social de las comunidades y pueblos en nuestro país y, en particular, en Chiapas. Vemos con preocupación que programas cómo “Sembrado Vida”-, que se caracteriza por tener prácticamente el mismo presupuesto que la Secretaría de Agricultura Federal- y otros similares, propician la confrontación entre comunidades históricamente despojadas de sus tierras y sus derechos, ya que son utilizados como mecanismos de control político y moneda de cambio para que organizaciones como la ORCAO accedan a supuestos beneficios que estos programas brindan, a costa del robo de las tierras recuperadas autónomas zapatistas. Para nosotr@s es claro que no se trata de conflictos entre pueblos; se trata de una acción de contrainsurgencia que busca destruirles, destruir al EZLN y a todas las comunidades y pueblos que siguen luchando por una vida con dignidad.
Quienes firmamos esta carta lo hacemos para convocarnos y convocar a quienes creen que la dignidad y la palabra deben levantarse para detener la masacre que se presiente; para convocar a quienes comulgan con el gobierno actual a que abran su corazón a las injusticias que inundan el presente de este país, más allá de sus afinidades o simpatías políticas; para que podamos encontrarnos en la necesidad de actuar con el propósito común de detener esta atrocidad.
Firmamos ésta carta porque vemos la urgencia para que se ponga un alto a la violencia paramilitar en Chiapas, porque el no hacerlo significa dejar que México se sumerja aún más en ésta guerra interminable que lo está despedazando.
Exigimos justicia para Jorge López Santíz.
Exigimos la disolución absoluta de la ORCAO.
Exigimos que se investigue a profundidad al gobierno de Rutilio Escandón.
Exigimos que el silencio de López Obrador deje de ser cómplice de la violencia en Chiapas.
Recogiendo las exigencias presentadas por el Congreso Nacional Indígena demandamos:
1. Que se garantice la salud del compañero Jorge y que se le brinde toda la atención necesaria y por el tiempo que se requiera.
2. Que se detenga el ataque armado contra la comunidad Moisés Gandhi y sea respetado su territorio autónomo.
3. Que sean castigados los autores materiales e intelectuales de estos ataques paramilitares.
4. Que sean desmantelados los grupos armados mediante los cuales se mantiene activa y creciente la guerra contra las comunidades zapatistas.
También, exigimos la libertad inmediata de Manuel Gómez, base de apoyo del EZLN, de cuyo injusto encarcelamiento no nos olvidamos.
Con el CNI, advertimos que la guerra que han declarado a los pueblos originarios, guardianes de la Madre Tierra, nos obliga a actuar organizadamente para detener la violencia que crece y para restablecer nuestra conexión y cuidado de La Vida.
Nos llamamos a manifestarnos en las calles, embajadas y consulados, centros de estudio y lugares de trabajo, en las redes sociales; en todas partes que nos sea posible e imprescindible, en contra de la violencia militar, paramilitar y del crimen organizado y en defensa de la Vida. Nos llamamos y les llamamos a unir esfuerzos para tejer una jornada de acciones dislocadas del 27 de mayo al 10 de junio con una acción coordinada nacional e internacional el día 8 de junio.
Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas.
Si tocan a un@, nos tocan a tod@s
FIRMANTES INDIVIDUALES
Noam Chomsky
María de Jesús Patricio Martínez
Carlos González García
Enzo Traverso, (escritor y profesor de la universidad de Cornell)
Michael Hardt
Yvon Le Bot
Michael Löwy, Sociólogo, Paris
Bertha Navarro
Juan Villoro
Alfonso Cuarón
Gael García Bernal
Diego Luna
Jorge Volpi
Julieta Egurrola
Joaquín Cosío (Continuar leyendo…)
Repudiamos el último ataque perpetrado por la organización paramilitar ORCAO en contra de la comunidad Autónoma Zapatista de Moisés y Gandhi, Municipio Autónomo Lucio Cabañas, Caracol 10. Exigimos alto a la guerra prolongada de desgaste en Chiapas y a la impunidad y complicidad de todos los niveles de gobierno involucrados.
Al Estado y al Gobierno Mexicano
A la sociedad civil local, nacional e internacional
A los organismos defensores de derechos humanos
A la prensa local, nacional e internacional
A los movimientos, luchas dignas y rebeldes
Planeta Tierra, 25 de mayo de 2023
Los y las abajo firmantes nos pronunciamos desde diferentes lugares de América Latina, el Caribe, EE.UU, Europa y allende los mares, ante la terrible información que nos ha llegado sobre el ataque armado perpetrado por el grupo paramilitar de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO) hacia las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) la noche del 22 de mayo del presente año (2023). Para quienes no estén informados les compartimos lo que redes de defensoras de derechos humanos enraizadas en Chiapas nos comparten. Se trató de:
…un ataque armado de horas y desde donde se dispararon cientos de balas. Resultando herido de gravedad nuestro compañero BAEZLN [Base de Apoyo] del EZLN Gilberto López Sántiz.
[El ataque fue perpetrado por] la organización criminal de la ORCAO. Grupo armado que no ha cesado en violentar, amedrentar, hostigar, secuestrar, torturar, robar, destruir y pretender despojar de las tierras recuperadas a los pueblos del EZLN.
Como Red de Resistencias y Rebeldías AJMAQ junto con otras organizaciones, colectivxs e individuxs hemos realizado Caravanas y visitas de observación desde octubre del 2020 para documentar, comunicar, difundir y denunciar las acciones criminales de dicho grupo paramilitar. Recogiendo puntualmente los testimonios de hombres, ancianos, mujeres, jóvenxs y niñxs desde el 2019. Estas agresiones empezaron con cercos y loteos en los trabajaderos de las tierras recuperadas, así como daños y destrucción de los sembradíos colectivos.
A inicios del 2020 se sumaron a las agresiones los robos de cultivos, destrucción de alambrados y postes, presencia de gente armada y con radios portátiles en la comunidad y montando guardias, amenazas verbales y escritas, intimidaciones y agresiones físicas a compas BAEZLN, quema y fumigación de sembradíos, robo de las tiendas de las comunidades autónomas, quema de colmenas, destrozos en la Escuela Secundaria Autónoma y detonaciones de armas de fuego.
Desde agosto del 2020 se hizo pública la quema y destrucción del Comedor de las compañeras zapatistas y la Tienda Regional el Arcoiris por parte de la ORCAO en el crucero Cuxuljá. Mismo lugar que hoy está en control de este grupo paramilitar. Seguido de ataques y disparos de armas de fuego de distintos calibres al interior de las comunidades autónomas, poniendo en riesgo a hombres, mujeres, niños, niñas, abuelas y abuelos que tienen que buscar refugio de las balas, o tirarse en el lodo en plena madrugada ya que se han dado ataques durante noches y días enteros (Red de Resistencias y Rebeldías AJMAQ, tomado de https://radiozapatista.org/?p=45174).
La guerra contrainsurgente como respuesta a las demandas del movimiento zapatista acompaña la historia de los últimos 30 años de vida de Chiapas y México. La guerra no empezó ahí, venía desde un pasado lejano como apunta la Primera Declaración de la Selva Lacandona pero, en 1994, se vuelve contrainsurgente con el Plan Chiapas así como con una estrategia para combatir lo que los think tanks del Imperio norteamericano llamaron Zapatista Social Netwar (la guerra de redes sociales zapatista). Desde entonces hasta la fecha existe una amplia documentación (periodística, académica y de organismos de derechos humanos) de cómo ha operado eso que hoy nombramos “guerra prolongada de desgaste” emergente en medio de unos acuerdos de paz traicionados y una reforma constitucional de 2001 que solo reconoce una autonomía con derechos acotados en el ámbito comunitario.
Las formas de combatir y exterminar al zapatismo han sido permanentes, múltiples y diversas. En esa historia destacan las formas de cooptación económica a las organizaciones campesinas e indígenas de Chiapas. Ella se ha dado independientemente del color de partido o gobierno en el poder. Esas estrategias se han sostenido vía la administración clientelar de los programas sociales gubernamentales, la compra de votos, la compra de líderes antes independientes y autónomos. Hasta llegar a tener -luego de 30 años de esas acciones y de más que acá no mencionamos-, organizaciones campesinas e indígenas que se han merecido el título de “paramilitares”. Tal es el caso de la ORCAO, agresora sistemática de las bases de apoyo zapatistas. Lo que sucedió este 22 de mayo de 2023 es, por desgracia, resultado de una estrategia mayor, permanente y constante. Sus resultados son parte ya de una memoria colectiva de agravio en las comunidades zapatistas y nos muestra un rostro de la(s) guerra(s) vigente(s) en Chiapas. Ella(s) tiene(n) responsables concretos en el Estado mexicano y sus diferentes niveles de gobierno.
Ante lo anterior nos pronunciamos colectivamente y con contundencia de la siguiente manera:
1.- Los y las abajo firmantes estamos desde diferentes geografías siguiendo de cerca los acontecimientos, difundiendo la situación a través de nuestros medios libres y nuestros espacios híbridos de academia-otra, activismos y movimientos.
2.- Reiteramos que desde nuestras geografías estamos atentas a la grave situación de salud del compañero base de apoyo zapatista: Gilberto López Sántiz. Abonamos nuestra energía para su pronta recuperación.
3.- Reiteramos por este medio nuestra solidaridad con el EZLN y nuestro repudio total a lo acontecido y exigimos al Estado mexicano y a todos los niveles de gobierno, la intervención inmediata para poner fin y cesar las mil formas de violencia que se ejercen contra las comunidades zapatistas y las comunidades en resistencia que caminan la autonomía de facto y que vimos desplegarse en la Caravana El Sur Resiste organizada recientemente por el Congreso Nacional Indígena.
¡Exigimos alto a la guerra en Chiapas! ¡Alto total a la impunidad y complicidad de todos los niveles de gobierno involucrados! ¡Lxs zapatistas no están solxs! ¡Lxs miembros del Congreso Nacional Indígena y de la Caravana El Sur Resiste, no están solxs!
Gilberto López Santiz, base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, continua hospitalizado en estado grave. El pasado 22 de mayo, Gilberto recibió un impacto de bala en el pecho durante un ataque armado contra la comunidad autónoma Moisés y Gandhi por parte del brazo paramilitar de la Organización Regional de Cafeicultores de Ocosingo (ORCAO).
Ve el Pronunciamiento de la Red Ajmaq con más detalles sobre la agresión y la forma de operar de la ORCAO contra los pueblos
En las últimas dos décadas, y más aun en los últimos años, la ORCAO ha hostigado, agredido y violentado a las comunidades zapatistas con completa impunidad, a pesar de las muchas denuncias por parte de las juntas de buen gobierno, de organizaciones de derechos humanos y colectivos y organizaciones diversas de México y muchas partes del mundo.
Esta más reciente agresión ha provocado la indignación de muchos individuos y organizaciones alrededor del mundo, así como denuncias y expresiones de solidaridad. El día de hoy, 26 de mayo, se realizó en la Ciudad de México una manifestación exigiendo el fin de la guerra contra las bases de apoyo zapatistas (video abajo).
Como se ha denunciado repetidas veces, estas agresiones representan la continuidad de la estrategia de contrainsurgencia implementada por el Estado contra los zapatistas desde la década de 1990, ahora bajo la dirección de Morena. Dicha estrategia se complica aun más con la violencia generalizada derivada de la multiplicación de los grupos armados y cárteles de la delincuencia organizada que se disputan el territorio chiapaneco, resultando en desplazamientos forzados, asesinatos, secuestros, destrucción de propiedad, intimidaciones y todo tipo de violaciones de derechos humanos, ante la inacción cómplice del Estado.
En conferencia de prensa, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) leyó hoy un boletín en el que hace un recorrido histórico tanto de la construcción de alternativas por parte del EZLN como de las estrategias de contrainsurgencia por parte del Estado, dentro de las que se enmarca este más reciente ataque armado (ve La opacidad e inacción del Estado mexicano es una amenaza inminente a la paz en Chiapas). Para el Frayba, “la impunidad activa generada desde el Estado” es responsable por la alarmante multiplicación de la violencia en Chiapas (un estado que, como dicen los zapatistas, está al borde de una guerra civil), que podría llevarnos a una situación irreversible.
Escucha los audios de la conferencia de prensa:
Desde el Colectivo Radio Zapatista, nos sumamos a las voces de repudio de la violencia impune contra las comunidades zapatistas y hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional para frenar dicha violencia.
CDMX: Manifestaciones en solidaridad con los Zapatistas agredidos y presos en Chiapas por paramilitares ligados al mal gobierno.
Viernes 26 de mayo, 9am frente a Palacio Nacional y a las 7pm en Gobernación
Este viernes 26 de mayo salgamos a las calles ante los recientes ataques armados de la ORCAO en contra de comunidades Base de Apoyo del #EZLN en donde resultó herido de gravedad Jorge López Sántiz y por la libertad de Manuel Gómez Vázquez, base de apoyo injustamente preso en el penal de Ocosingo, Chiapas
Ante este panorama de guerra, movilizarnos es urgente.
“Estamos en medio de un contexto de continuidad de la violencia generalizada, de guerras que lastiman a la humanidad. En Chiapas esto se refleja en una hondonada de interacciones notables entre delincuencia organizada, grupos armados y evidentes vínculos con los gobiernos y empresas. Sus impactos reproducen violaciones sistemáticas a los derechos humanos, en un contexto donde el Estado mexicano ha desviado su deberen el sentido de ser un buen gobierno; por el contrario, es omiso, permisivo y aquiescente frente a la actualviolenciageneralizadayalosmúltiplesestratosde impunidad que históricamente se suman, agudizandofenómenos como: desplazamiento forzado, las privacionesarbitrariasdelalibertadquedesembocanennuevas formas de uso del sistema judicial para generar tortura; agresiones a personas defensoras y periodistasen la continuidad de la represión social, violaciones al derecho a la tierra-territorio que trastocan los procesosautonómicos y configuran escenarios de nuevas formas de contrainsurgencia.”
Este 9 de mayo de 2023, en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, se presentó el Informe Frayba 2023, de suma importancia en este momento en el que la violencia se reproduce en el estado de Chiapas como nunca antes. El informe examina las diferentes dimensiones de la problemática en el estado: la remilitarización y la contrainsurgencia; las problemáticas relativas a la tierra y el territorio; el desplazamiento poblacional; la violencia contra defensores de derechos humanos y periodistas; la tortura y la fabricación de culpables; y la violencia armada.
En la presentación, participaron Estela Barco, de Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas (DESMI); Jorge Santiago, del Consejo Directivo del Frayba; Dora Robledo, directora del Frayba; Padre Miguel Ángel Montoya; y Carlos Ogaz, del Frayba.
Compartimos a seguir los audios de las presentaciones:
Les invitamos a nuestra magna presentación del Informe Frayba “Chiapas un desastre. Entre la violencia criminal y la complicidad del Estado”.
Reflexionemos juntas sobre la violencia actual en Chiapas, la continuidad de la contrainsurgencia, desplazamiento forzado y despojo a la tierra y el territorio.
Martes 9 de mayo.
18 horas.
Oficinas Frayba. Brasil 14, Barrio de Mexicanos, SCLC, Chiapas.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 24 de marzo de 2023 Boletín No. 08
La verdad pendiente por los crímenes cometidos en el marco de la contrainsurgencia en Chiapas
Exigimos al Gobierno Federal que reconozca abierta y formalmente la estrategia de terror utilizada.
La negación de la verdad perpetúa una herida psicosocial en los pueblos y comunidades.
En el marco del Día Internacional del Derecho a la Verdad, desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) recordamos a las miles de víctimas de la contrainsurgencia en Chiapas y recalcamos el pendiente histórico del gobierno mexicano de reconocer abiertamente sus impactos y responsables de su implementación.
Tras el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, el Gobierno Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), impulsaron una estrategia de terror contra los pueblos que buscó combatir a la insurgencia y sociedad civil simpatizante. Esta política de Estado llevó a la comisión de diversos crímenes de guerra y lesa humanidad entre los que destacan los desplazamientos forzados, desapariciones, quemas de casas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, entre otras atrocidades.
Existen bastas pruebas que demuestran que diferentes instancias Federales, Estatales y Municipales se coordinaron para conformar, armar, adiestrar y proteger a grupos paramilitares encargados de los crímenes que el Ejército no podía realizar directamente, entre los que se encuentra la lacerante herida de la Masacre de Acteal cometida en 1997, en la que 45 personas, y 4 aún no nacidos, fueron asesinadas por un grupo paramilitar vinculado a la presidencia municipal de Chenalhó. No se trató de un hecho aislado, sino el culmen de las agresiones paramilitares contra la población maya tsotsil de los Altos de Chiapas.
Nuestro caminar está marcado por las víctimas que dejó el grupo paramilitar Paz y Justicia que operaba al norte de Chiapas, en especial por las 37 personas desaparecidas y 85 asesinadas de este periodo. Entre ellos no olvidamos a Antonio González Méndez miembro de las bases civiles del EZLN, luchador social que se esforzó por construir una economía digna como responsable de la tienda cooperativa “Arroyo Frío”, y cuya visibilidad en la construcción de ese proyecto civil autonómico lo llevó a ser un blanco de la guerra de terror.
Hasta ahora, pese a la alternancia política dentro de la actual administración Federal y Estatal, la verdad y la justicia siguen siendo un pendiente. Ningún gobierno ha reconocido formalmente la existencia de esta política de Estado, incluso se mantienen narrativas racistas que intentan exonerar a gobiernos pasados y estigmatizan a los pueblos como responsables de la violencia gestada desde altas cúpulas.
A paso lento, organizaciones de víctimas como el Colembij y familiares de Antonio González Méndez en la zona Norte de Chiapas; o Las Abejas de Acteal en la zona Altos, se aferran a la memoria, reclaman verdad, justicia y búsqueda de sus desaparecidos. En este camino, un logro importante es el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) quien tuvo por demostrado que en Chiapas se desarrolló una política contrainsurgente, que llevó a la formación de grupos paramilitares que llevaron a cabo desapariciones y asesinatos.
Con motivo de las disculpas públicas por la desaparición de Antonio González Méndez, en enero del 2021, el titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, reconoció que ésta se suscitó en el marco de una política contrainsurgente. Meses más tarde la Secretaría de Relaciones Exteriores, dentro del mismo caso, negó nuevamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la existencia de este contexto.
Desde el Frayba exigimos al Estado mexicano el reconocimiento oficial de la política contrainsurgente probada ante la CIDH. De lo contrario el gobierno en turno será un continuador de sus antecesores en la negación de la verdad y justicia, condición que prolonga los impactos psicosociales para las miles de víctimas.
Las exigencias para un reconocimiento formal no sujeto a posterior revisión ni negación implican: a) El reconocimiento por parte del Estado mexicano, mediante decreto, de la existencia de esta política; b) reconocer formalmente su responsabilidad dentro de los procesos en trámite ante la CIDH y Corte IDH; y c) la conformación de una comisión independiente para la verdad, constituida bajo los parámetros establecidos en conjunto con las víctimas y sociedad civil.
Negar la verdad no la desaparece. Mientras gobiernos en turno gastaron recursos, tiempo y trabajo para ocultar el paramilitarismo, estos actores, sus aprendizajes y armas permanecieron en los territorios. Al día de hoy en regiones como los Altos y Norte de Chiapas aparecen grupos armados que catalogamos como sucesores del paramilitarismo, es decir descendientes sanguíneos o políticos que heredaron las tácticas de terror; así mismo la impunidad histórica se convirtió en un mensaje de permisividad que ha llevado a que nuevos grupos identifiquen a las armas como un recurso ideal tolerado para dominar política, económica y territorialmente.
La verdad es necesaria para redignificar a las víctimas y sentar las bases para reconocer la responsabilidad estatal en medio de una espiral de violencia armada en Chiapas que se mantiene hasta la actualidad y que es necesario desmantelar.
Denunciamos el desplazamiento forzado a las Comunidades Zapatistas Poblado La Resistencia y Poblado Emiliano Zapata.
Desde Slumil K´Ajkemk´Op, lxs abajo firmantes denunciamos enérgicamente el ataque armado y el desplazamiento forzado en contra de habitantes de la comunidades Emiliano Zapata y La Resistencia, ambas pertenecientes a la Junta de Buen Gobierno “Nuevo Amanecer en Resistencia por la Vida y la Humanidad”, Caracol 10 “Floreciendo la Semilla Rebelde”, ubicada en el municipio oficial de Ocosingo, Chiapas, en territorio del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, EZLN.
Los autores de estos delitos consumados y violatorios a los derecho humanos son los miembros de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, ORCAO, quienes liderados por Tomás Santiz Gómez, José Pérez, Antonio Juárez, Marcos López Gómez y Juan Gómez, realizaron disparos a corta distancia en contra de 54 Personas pertenecientes a 11 familias y provocaron el desplazamiento forzado de 83 personas, todas pertenecientes a las Bases de Apoyo Zapatistas, BAEZLN, quienes pacificas, se vieron obligadas a buscar refugio en el monte, abandonando todas sus pertenencias.
Los delitos fueron documentados por organizaciones independientes de derechos humanos en México.
Esta no es la primera agresión armada en contra de las BAEZLN por parte de la ORCAO, quien a pesar de ser una organización de corte paramilitar y violentar los derechos humanos de los habitantes, goza de la protección de los gobiernos local, regional y federal.
¡Esto ocurre en un gobierno que se autonombra democrático y que ha firmado los acuerdos internacionales de respeto a los derechos humanos!
Desde nuestros respectivos territorios en toda la Europa Insumisa nos unimos a las demandas puntuales y apremiantes de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), las cuales son:
Cese de los ataques armados contra la población de los pueblos Emiliano Zapata y La Resistencia y demás comunidades de la región Moisés Gandhi.
investigaciones correspondientes, serias y profundas, a fin de sancionar los delitos señalados y las violaciones a derechos humanos.
Generar las condiciones de seguridad para el pronto retorno de las 83 personas BAEZLN a sus comunidades.
Reparación del daño al patrimonio de las familias desplazadas.
Garantizar medidas de no repetición a fin de salvaguardar la vida e integridad de quienes ejercen su derecho a la libre determinación y autonomía en el marco de los acuerdos de San Andrés, el convenio 169 de la OIT y las Declaraciones sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU y OEA.
Investigar la portación de armas de fuego de integrantes de la ORCAO y se sancione a los culpables de las agresiones referidas en los informes.
Las agresiones contra comunidades zapatistas en Chiapas por parte de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao) han permanecido impunes a lo largo de los años en los sucesivos gobiernos estatales. Se conocen los nombres de quienes han participado y, sin embargo, las redes oficiales de complicidad y acceso a recursos de la Orcao les han permitido continuar con acciones violentas contra diversas comunidades pertenecientes a las juntas de buen gobierno del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Esta situación está en ascenso justo en la etapa actual de la llamada Cuarta Transformación, con un gobernador del ahora partido oficial, Morena. El 19 de septiembre de 2021 el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del EZLN emitió un fuerte comunicado denominado “Chiapas al borde de la guerra civil”. En él se refirió a la Orcao como organización paramilitar al servicio del gobierno de Chiapas. Y denunció el secuestro por esta organización ocho días antes, de dos de sus integrantes, autoridades autónomas de la junta de buen gobierno Patria Nueva Chiapas. Reconoció la labor de organismos de derechos humanos y la Iglesia católica progresista. Todo ello cuando la delegación zapatista se encontraba en la Ciudad de México para partir hacia la Europa insumisa. Fueron liberados en la fecha del comunicado. En el mismo, enumeró además las acciones desestabilizadoras de Rutilio Escandón, entre ellas agresiones a normalistas, violación de acuerdos con el magisterio democrático, alianza con grupos de narcotráfico cuyas bandas agreden sistemáticamente a las comunidades de Aldama y Santa Martha. Lo muy relevante de este posicionamiento, cuyo encabezado lo anunciaba, fue la contundente declaración: “Tomaremos las medidas pertinentes para que se aplique la justicia a los criminales de la Orcao y funcionarios que los apadrinan. Es todo, para otra ocasión ya no habrá comunicado, o sea no habrá palabras, sino hechos”.
Reconocemos y valoramos que el EZLN, pese a las múltiples provocaciones recibidas a lo largo de los años, ha mantenido un respeto irrestricto al cese al fuego que se acordó y consigna la Ley para el diálogo, la reconciliación y la paz digna en Chiapas, que data de 1995. Ahora nos preguntamos si hay una clara intencionalidad política del gobierno chiapaneco por llevar al límite las agresiones al zapatismo y colocarlo ante la decisión de responder a los ataques armados que lejos de cesar, se incrementan. También sería importante establecer si Rutilio Escandón actúa por su cuenta o está avalado desde la Federación, y de paso recordamos que aún existe la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), cuyo silencio es abiertamente ominoso, por decir lo menos.
Apenas la semana pasada, la Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq documentó el 2 de mayo el ataque y desplazamiento forzado de habitantes de las comunidades Emiliano Zapata y La Resistencia, ambas pertenecientes a la junta de buen gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia por la Vida y la Humanidad, en la demarcación del municipio oficial de Ocosingo. Nuevamente la Orcao, en acción contra las bases de apoyo zapatistas, liderados, lo señalaron, por Tomás Santiz Gómez, José Pérez, Antonio Juárez, Marcos López Gómez y Juan Gómez, dispararon en contra de los habitantes de las comunidades mencionadas, provocando el desplazamiento forzado de 54 personas (11 familias), entre los que se encuentran menores de edad y personas adultas. Tres días después, la misma organización, atacó pasada la medianoche la comunidad San Felipe, y dispararon en la comunidad autónoma La Resistencia. Media hora más tarde “un grupo de agresores quemó la escuela autónoma zapatista y el garaje de un integrante de las BAEZLN; derivado de estos hechos 29 personas (cuatro familias) fueron desplazadas”. En total fueron desplazadas por la fuerza 83 personas bases de apoyo, 54 de Emiliano Zapata y 29 de La Resistencia. Ojalá no se recupere el artificio de “conflictos intracomunitarios”, al que recurrieron los gobiernos chiapanecos en el pasado. No sabemos hasta dónde puede llegar la captura del Estado por los poderes fácticos.
La situación nacional no goza de mejor salud. En varias regiones los pueblos originarios están siendo atacados por fuerzas que buscan ocupar sus territorios promoviendo el desplazamiento forzoso, mientras el Estado es omiso en garantizar sus derechos colectivos. Veamos a los rarámuris, a los pueblos de la región cholulteca en defensa del agua, peor aún, en ocasiones no obstante que ya han ganado juicios se obstaculiza su cumplimiento. Es el caso de la Marcha por la Dignidad y la Conciencia Wixárika que se dirige a la Ciudad de México para exigir al Presidente de la República la restitución de sus tierras.
Es urgente una respuesta hoy desde el gobierno federal para que en efecto se marque la distancia con el pasado, en Chiapas y en todo México.
