El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) realizó un seguimiento sobre la violencia en Colombia en 2021, año en el que ocurrieron 92 masacres, que acabaron con la vida de 326 personas.

Durante el 1 de enero al 24 de diciembre del año pasado, Indepaz registró 168 líderes y lideresas asesinados en 25 departamentos colombianos. A su vez, también ocurrieron los homicidios de 48 firmantes del Acuerdo de Paz.

El informe Cifras de la violencia en las regiones 2021 destaca que han sido asesinados 1283 líderes y lideresas desde la firma del acuerdo de paz ocurrido en La Habana, Cuba, en el año 2016, cuando Indepaz comenzó el registro de los hechos violentos.

¿Paz?

Entre los 168 asesinatos cometidos durante 2021 contra líderes y lideresas sociales, el informe elaborado por Indepaz destaca algunos casos de quienes fueron víctimas de la violencia.

El departamento del Cauca fue el que registró el mayor número de casos y entre ellos está el de la lideresa Sandra Liliana Peña, quien era gobernadora del resguardo indígena La Laguna-Siberia SAT Tama kiwe, ubicado en el municipio de Caldono, Cauca.

Líderes campesinos, como Wilson López, quien hace 16 años había sido desplazado tras recibir amenazas de grupos paramilitares, fue asesinado en su tierra de la vereda El Congal en Samaná. Desde 2020 López había impulsado procesos de agricultura familiar, huertas caseras y unidad comunitaria para las y los habitantes de la zona.

La violencia también se dirigió contra los participantes del Paro Nacional, principalmente jóvenes como Sebastián Jacanamijoy, quien era miembro del pueblo indígena Inga y estudiante de la Universidad del Valle. Jacanamijoy realizaba labores en la defensa de los derechos de las comunidades indígenas, además de desempeñar tareas como guardián y sanador de la medicina ancestral de su territorio en el departamento de Putumayo.

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Indepaz registró 79 personas asesinadas en el marco del Paro Nacional, 44 de los cuales han sido con presunta autoría de elementos de la fuerza pública. También contabilizó 4687 agresiones por parte de los funcionarios de seguridad y 1661 casos de violencia física contra las y los participantes del Paro Nacional.

Violencia contra organizaciones

Resalta también que en 2021 fueron asesinadas 26 lideresas, entre ellas mujeres que luchaban por los derechos de las víctimas del conflicto armado y en la defensa del territorio.

Entre ellas está Beatriz Cano, comunicadora social y quien se desempeñaba como locutora de la emisora comunitaria Radio Payumat de Santander de Quilichao. Ella también realizaba procesos de formación popular para miembros de la comunidad indígena Nasa.

Cabe destacar que en 91 casos los homicidios ocurrieron contra personas que desempeñaban labores en organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, ambientalistas y comunales.

Entre ellos, destacan defensores ambientales como Gonzálo Cardona Molina, quien era coordinador de la Reserva ProAves Loros Andinos; líderes afro como Edinson Valenzuela Cuama, quien trabajaba en el Consejo Comunitario de Buenaventura en el Valle del Cauca y jóvenes como Higinio Bailarín, de tan solo 23 años, perteneciente a la guardia indígena de la comunidad Embera Eyabida, en el departamento de Antioquia.

Por último, el informe también contabiliza 162 conflictos socioambientales en 2021, en los cuales están involucradas multinacionales, así como proyectos nacionales, como el caso de las empresas eólicas que afectan las comunidades Wayuú de la media y alta Guajira.

Para el informe, Indepaz utilizó fuentes institucionales como los de la Fiscalía General, el Sistema Nacional de Derechos Humanos; Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición; así como fuentes comunitarias y de organizaciones nacionales y regionales.

El lunes, 8 de noviembre, se cometieron dos graves atentados en el departamento de Cauca, en Colombia, con un modus operandis similar, contra líderes indígenas de la región, lo cual ha alertado a las autoridades tradicionales.

El primer atentado aconteció durante la tarde, fue en contra del exgobernador indígena Cauca, Ovidio Hurtado. Cuando el indígena se encontraba en la vereda Santa Helena, municipio de Caldono, en Cauca, dos sujetos armados intentaron interceptar el auto en donde viajaba acompañado de su familia y personal a cargo de su seguridad.

El personal de seguridad, al percatarse de que ambos sujetos tenían en su poder armas, optaron por acelerar el auto en un intento de sobrepasarlos. Acto seguido, los sujetos dispararon al auto en movimiento en varias ocasiones. Afortunadamente, ni el exgobernador, los miembros de su familia, ni su guardia resultaron heridos.

El segundo siniestro sucedió por la noche y tuvo como objetivo a Edison Zetty, coordinador Kiwe Thegnas de la Guardia del Resguardo de Las Delicias, Cauca.  El indígena habría sido amedrentado esa misma tarde por miembros de grupos delictivos de la región.

No obstante, no fue hasta la noche, mientras Zetty y sus guardias se movilizaban en un auto hacia su hogar, cuando en medio de la zona rural del municipio de Buenos Aires fueron abordados por hombres armados que les dispararon repetidamente. Nuevamente, la reacción de los guardias salvó la vida del indígena y el personal, únicamente dejando como consecuencia danos al automóvil.

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) lanzó un comunicado rechazando y criminalizando los actos violentos a los que se enfrentan los defensores del territorio y puntualizando que el atentado contra Zetty cobra relevancia considerando que en menos de tres días la asamblea del Plan de Vida Sa’th Fxinxi Kiwe se reunirá en Las Delicias.

“En el 2018 se registraron 26 homicidios, en el 2019 fueron 108, en el 2020 se contaron 106, y en lo que llevamos de este 2021, son 81 los comuneros y líderes asesinados en el Cauca. Es una situación complicada, rechazamos la ola de violencia en nuestros territorios y exigimos al Gobierno Nacional que nos dé las garantías”, expresó Mauricio Capaz, consejero mayor del CRIC, de la zona norte.

Tras el estallido del Paro Nacional en Colombia, iniciado en abril de 2021, el tratamiento de las protestas por parte del gobierno, a través  de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, “es similar a la estrategia militar que utiliza el Estado para combatir a actores armados ilegales, es decir, se utilizan discursos y técnicas con el objetivo de enfrentar a un enemigo interno”, denunciaron 41 comisionados y comisionadas de 14 países quienes conformaron La Misión de Observación Internacional por Garantías a la Protesta Social y Contra la Impunidad en Colombia (Misión SOS Colombia).

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Apegados en artículo 37 de la Constitución Política de Colombia, sobre el derecho a la protesta, una amplia participación ciudadana inició un Paro Nacional el pasado mes de abril. Justo en medio de la pandemia de la Covid-19 se dislocaron diversas acciones, que continúan hasta hoy, sobre todo, por un contexto de crisis socioeconómica estructural con altas tasas de desempleo, aumento de la pobreza y de la pobreza extrema y la falta de respuesta del Gobierno sobre la crisis sanitaria.

“Desde el 28 de abril, los ejercicios de resistencia se han desarrollado de manera continua en zonas urbanas, periurbanas y rurales del país. Las movilizaciones han sido descentralizadas y han desarrollado tanto repertorios tradicionales como marchas, bloqueos o cortes de ruta, toma de entidades o instalaciones, recuperaciones de suelos, huelgas de hambre y resistencia civil, como nuevas manifestaciones creativas”, documentó en su Informe la Misión SOS Colombia, presentado el pasado 7 de octubre.

Los observadores internacionales han resaltado que el trato que ha dado el gobierno de Iván Duque, mandatario de este país, ha sido desde la doctrina militar, destacando el “actuar de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares como institución, es decir, no como situaciones ocasionales y particulares sino, por el contrario, como una política definida antes, durante y posterior a las movilizaciones y protestas”, a ellos se sumaron, “paramilitares y personas civiles armadas”, que actuaron con el cobijo del Estado.

Los 41 integrantes de esta misión se reunieron con defensoras y defensores de derechos humanos, medios de comunicación alternativos, con la comunidad LGBTIQA+, juventudes, estudiantes, artistas, entre otros. Documentaron que la violencia sistemática del Estado colombiano ha recurrido al “homicidio selectivo de las víctimas, quienes regularmente eran personas jóvenes que estaban participando activamente en las marchas”, así mismo, “la desaparición forzada fue una práctica sistemática” contra los activistas.

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Los cuerpos policiacos y militares también recurrieron a la “tortura sexual contra las mujeres y la población LGTBIQA+; esta situación obedece a un patrón misógeno y patriarcal que se empleó para causar terror en las personas manifestantes”, sostienen los observadores.

Al uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, se suma “la utilización de armamento, municiones no permitidas, así como la manipulación de municiones para causar un daño e impacto mayor sobre la salud y la vida”, destaca este informe.

De acuerdo con la información obtenida por la misión, Colombia ocupa el segundo lugar en América Latina, con mayor número de efectivos de fuerzas militares que asciende a 295 mil miembros de las fuerzas armadas, sólo superado por Brasil. Además, 195 mil efectivos de la Policía Nacional militarizada que depende del Ministerio de Defensa.

Colombia, que ha recibido entrenamiento y armamento de los Estado Unidos con el paquete de ayuda militar denominado “Plan Colombia”, dedica el 3,4% del PIB a gasto militar que absorbe el 16% del presupuesto nacional. “Tras Estados Unidos, es el segundo país del continente americano que dedica un mayor porcentaje del PIB a gasto militar”, arremeten los observadores de derechos humanos.

Por ello, la misión exigió a los Estados Unidos, y a cualquier país que brinda armamento militar o material antidisturbios, “ la suspensión de ventas comerciales o donaciones de tal armamento”. También a la Unión Europea, “se le exige la suspensión de venta de armamento militar y material antidisturbios en virtud del criterio 2 del Código de conducta de la UE en materia de exportación de armas”.

Mientras tanto, a los Estados y organismos financieros internacionales, entre otras exigencias de la misión, destaca que se abstengan a “autorizar inversiones destinadas a la fuerza pública en Colombia que ha sido cuestionada gravemente en su estatus de institucionalidad democrática”.

El saldo

Las y los integrantes de la misión recibieron más de 70 informes de organizaciones locales y regionales y recabaron al menos 180 denuncias directas de personas víctimas en el marco del Paro Nacional.

De acuerdo con registros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se presentaron más de 400 asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia entre enero de 2016 y diciembre de 2020, aproximadamente 120 asesinatos en 2020 y, al menos, 116 asesinatos en lo que va de 2021.

Mientras que el Informe Anual de Global Witness de 2020, destacó que Colombia, por segundo año consecutivo, es el país con mayor número de asesinatos contra personas defensoras del medio ambiente en el 2020.

Las reivindicaciones

Las reivindicaciones de los manifestantes sigue siendo, entre otras, renta básica, intervención y financiación estatal al sistema de salud, derogatoria de algunos de los decretos presidenciales expedidos durante la emergencia sanitaria, la defensa de la producción nacional agropecuaria, industrial y artesanal, matrícula cero en la educación superior, acciones diferenciadas para garantizar la vigencia de los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales.

Resaltan también reivindicaciones como la implementación del Acuerdo de Paz y el rechazo a las masacres y asesinatos de líderes y lideresas indígenas, sociales, del campesinado, ex combatientes y defensoras y defensores de derechos humanos.

La misión también lanzó una serie de exigencias inmediatas al gobierno colombiano, como el cese de los actos de señalamiento, persecución, amenazas, criminalización y ataques contra manifestantes, líderes/as de las protestas.

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También que las y los comunicadores sociales, las y los defensores de Derechos Humanos, organismos de la sociedad civil, brigadas de salud puedan gozar de una protección adecuada que les permita el ejercicio de sus funciones.

Exigen, además, que se derogue el Decreto 575 de 2021 de asistencia militar, a través del cual, el Gobierno Nacional impartió medidas represivas para el restablecimiento del orden público.

Nueva jornada

El Comité Nacional de Paro prepara una nueva jornada de movilización ciudadana en todo el país para el próximo miércoles 20 de octubre.