“Fue una embestida por parte del Instituto Nacional de Migración [INM] y la Guardiana Nacional, gritaban: ¡violencia, violencia!”, relató Luis García Villagrán, defensor de los derechos humanos y acompañante del viacrucis migrante que el pasado viernes (1) salió de Tapachula, Chiapas.

El 18 de marzo cerraron las oficinas de regulación migratoria del INM después de un disturbio y destrozos provocados por las mismos migrantes que hace meses esperan una respuesta a sus trámites en Tapachula, frontera sur de México, una ciudad que no conocen, sin empleo ni acceso a derechos básicos. Además enfrentan discriminación desde las redes sociales, hasta en las aceras de las calles.

El tenor obligó a los extranjeros a organizarse para salir en grupo hacia a la frontera norte de México, previo a la Semana Santa. Antes de partir, junto a defensores de derechos humanos, hicieron pública la solicitud de diálogo con las autoridades migratorias; y directamente al Comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez. Pero no hubo retroalimentación.

En esta petición buscaban que se respetara la minuta que representantes federales signaron en diciembre de 2021 y que los compromete a respetar los derechos humanos de personas con necesidades de protección internacional.

Salida

Con alrededor de 700 amparos interpuestos ante un juez federal, acompañados por organizaciones de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos, como Luis García Villagrán, el viernes 1 de abril el ‘viacrucis migrante’ se puso en marcha.

Las personas originarias de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Honduras caminaron 18 kilómetros, precedidos por una cruz blanca de madera y la bandera de Venezuela. En el camino ya habían logrado pasar un muro de las fuerzas federales en el paso a desnivel conocido como Viva México.

Pero en el cruce del poblado Álvaro Obregón, la Guardia Nacional con equipo antimotines se desplegó otra vez, para frenar el objetivo del éxodo.

Con la misma cruz de madera y al grito repetido de ¡libertad!, el éxodo se abrió paso entre la valla de escudos, cuerpos humanos, macanas y gases que hirieron al menos a 30 personas, entre ellos varios menores de edad.

En la persecución, muchos dejaron tirados objetos personales y mochilas completas. Al menos 90 personas fueron detenidas y trasladadas a estaciones migratorias en Oaxaca, mientras otras corrieron entre la maleza para esconderse de los uniformados, “hay personas desaparecidas y familias separadas”, aseguró Luis García Villagrán.

El operativo fue coordinado personalmente por la delegada del INM en Chiapas, Paola López Rodas, agregó Villagrán. “Una mujer de Venezuela de tres meses de embarazo estuvo con complicaciones; mucha gente dañada en este intento de detención y criminalización”.

Las más de 20 organizaciones que integran el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos, en el Sureste Mexicano, evidenciaron que el operativo migratorio se realizó con violencia, con el uso de gases lacrimógenos, la detención de personas y el hostigamiento e intento de detención de defensores de derechos humanos.

Durante el despliegue militar, el grupo del viacrucis corrió y se resguardó en la parroquia de Álvaro Obregón, donde recibieron atención médica por parte de Protección Civil. Durante dos días se refugiaron en ese espacio.

Feligreses y habitantes de la comunidad les proporcionaron alimentación. Por otro lado, medios locales publicaron declaraciones del obispo de Tapachula, Jaime Calderón Calderón, en las que desacredita el viacrucis y a los defensores acompañantes de la causa.

“El obispo crispa más la atención y el odio que hay en contra de la población migrante. Nosotros estamos solicitando diálogo desde antes de salir”, añadió Villagrán cuando recordó las violencias que enfrentan en “la ciudad cárcel”, como llaman los migrantes a Tapachula.

Estos repetidos actos de violencia por parte de las fuerzas federales se ejercieron, según el defensor, a pesar de las medidas cautelares que les otorgó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos antes de iniciar la travesía.

Ciudad cárcel

Las personas en contexto de movilidad humana acamparon por varios meses en el Parque Bicentenario de Tapachula. En un tubo de agua se aseaban todos y la niñez dormía en el piso. “Son condiciones infrahumanas”, explicó Villagrán.

Después de varias semanas de protestas contra la administración del INM, el 11 de marzo, cerca de 800 personas lograron hacerse visibles en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a Tapachula.

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Para callar sus voces les entregaron visas humanitarias en Ciudad Hidalgo, razón que motivó a más personas a exigir también la regulación migratoria para poder salir de Chiapas. Pero sin la presencia de López Obrador, no hubo respuesta y la desesperación desencadenó nuevas protestas y reclamos entre migrantes.

El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano alertó, entonces, sobre la falta de transparencia en las promesas de regularizar a la población migrantes. “Estos conflictos son resultado de las acciones de las autoridades”, y sumó que, de esta manera, se promueve un trato diferenciado entre nacionalidades que generan tensión entre los grupos.

De raíz

Alrededor de las 15h de este domingo (3), el Instituto Nacional de Migración emitió un comunicado de prensa, que difundió en redes sociales, para llamar al éxodo de migrantes a no autolesionarse, “ni a convertirse en rehenes de intereses de terceros”.

Migración señaló a los defensores de promover acciones que dañan la integridad física y psicológica de los extranjeros, en referencia a la protesta en la que de nueva cuenta se costuraron los labios y a la huelga de hambre que iniciaron en la comunidad Álvaro Obregón, donde fueron reprimidos por las fuerzas federales.

La situación colocó rápidamente a Chiapas a la vista del mundo y la respuesta del INM tampoco demoró. Dos horas más tarde, de la publicación de su comunicado, llegó a un acuerdo con el grupo de migrantes.

Al menos 600 personas en contexto de movilidad aceptaron y comenzaron ser trasladadas en autobuses de la comunidad Álvaro Obregón a Tabasco y Oaxaca, para que puedan avanzar sus trámites de regularización migratoria.

En la documentación del Centro de Dignificación Humana, se detectó la presencia de infiltrados dentro del grupo de migrantes, así como en medios de comunicación, que contribuyen a un contexto de tensión.

“El Estado mexicano no tiene ninguna intención de hacer las cosas conforme a la ley sino todo lo contrario y ha gastado mucho dinero en estas actividades; por ello es responsable de lo que pueda ocurrirnos”, dijo VIllagrán.

Para el defensor, estas violencias que se ejercen son normalizadas por las mismas autoridades, que envía un mensaje erróneo a la sociedad, sin importar que se trate de un grupo vulnerable.

Los defensores de los derechos humanos coincidieron que, además de medidas inmediatas, se necesita mayor capacidad de atención del INM con base en el respeto de los derechos humanos y con conocimiento de leyes y acuerdos internacionales.

En el último comunicado del Colectivo Observación hizo un enérgico llamado para que las autoridades mexicanas detengan la violencia y los operativos. Asimismo, demandaron a la Secretaría de Gobernación, el INM y GN respeto y garantía de la integridad física y emocional de todas las personas que se desplazan.

Al mismo tiempo, las organizaciones pidieron al INM y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) dar debida respuesta a los procedimientos migratorios.

Este domingo (27), la empresa canadiense Minerales de Occidente S.A. de C.V. (Minosa), subsidiaria de la minera Aura Minerals, empezó a dinamitar el cerro llamado El Cementerio donde estaba el camposanto de la comunidad maya Chortí de Azacualpa, departamento Copán, en Honduras. Las explosiones continúan el día de hoy (28), denuncia el Bufete Estudios para Dignidad, que asesora jurídicamente a la comunidad en su lucha contra la minera.

“Adiós cementerio de Azacualpa, teníamos una esperanza en el gobierno de Xiomara Castro de Zelaya, pero hoy se desvanece como el polvo en el aire. Nos invade un mar de tristeza, en un país donde pesa más el dinero que la vida del pueblo que resiste”, publicó en sus redes sociales Azacualpa Resiste.

En los últimos meses la minera Minosa no detuvo sus trabajos en el cerro, a pesar de existir resoluciones judiciales que obligan a parar sus operaciones. La minera destruyó el camposanto de la comunidad y su entorno porque posee planes de explorar oro y plata en el cerro. Otros cerros en la región fueron destruidos por la empresa en su proceso de explotación. Tres comunidades ya fueron desplazadas.

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La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de la Justicia ordenó, en noviembre de 2020, que la empresa parara las exhumaciones. Sin embargo, Minosa continuó con la destrucción. En febrero de 2022, la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán detuvo de forma provisional las exhumaciones. De nuevo, la empresa no hizo caso a la decisión judicial.

De acuerdo con denuncia de Bufete, el día 26 de marzo, en la madrugada, con apoyo de la policía nacional de la zona, subió maquinaria a la superficie del cerro del cementerio para continuar con las acciones de destrucción de este, realizando perforaciones para dinamitarlo.

En esta ocasión, en la zona del cementerio, se encontraba un grupo de trabajadores de la empresa y otras personas, contratadas y pagadas por la empresa Minosa para detener violentamente y agredir a las personas que se oponen a la destrucción del cerro El Cementerio.

Hoy las amenazas continúan. Un equipo del Bufete Estudios para Dignidad, del Comité de Afectados por Minosa y del Movimiento Amplio de Honduras buscó llegar al cerro en su labor de defensoría de derechos humanos, pero fueron alertados que serían atacados por personas vinculadas a Minosa. Un funcionario de la empresa amenazó directamente a uno de los abogados del Bufete, Víctor Fernández: “Víctor, no eres bienvenido”.

En un comunicado, las organizaciones sostienen que la destrucción del cerro “lo permitió un nuevo gobierno sin claridad, sin fuerza y con la cobardía de anunciar grandes decisiones y recular a la primera reacción de los mineros opresores”, refriéndose al hecho de que la presidenta de la República que recién asumió su cargo, Xiomara Castro de Zelaya, hizo la promesa de acabar con la minería a cielo abierto en Honduras.

Recientemente misiones de la Secretaría de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) visitaron el cementerio y confirmaron las violaciones a derechos, el hostigamiento y discriminación contra quienes defienden derechos y denuncian a la empresa minera.

En un comunicado, la Secretaría de Derechos Humanos reconoció que la “conflictividad social regresó a la zona al continuar con la destrucción del cementerio de la localidad por parte de la minera, generando hostigamiento y discriminación en contra de las y los defensores de derechos humanos que protegen la tierra y sus bienes naturales”.

En sus redes sociales el Alto Comisionado expresó que “lamenta la conflictividad social generada el día de hoy [27] con la entrada de maquinaria pesada en el cerro del cementerio de Azacualpa, a pesar de existir resoluciones judiciales que ordenan detener exhumaciones en el cementerio, procurando su integridad”.

La Oficina hace un llamado a acatar las sentencias de la Sala de lo Constitucional y de la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán que ordenaron el cese de exhumaciones e insta a las autoridades a garantizar la seguridad y protección de las personas.

“Las 43 familias estamos enojadas, encabronadas, porque desafortunadamente nos vieron la cara durante tres años”, reclamó Mario González, padre de César Manuel González Hernández, uno de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.

La reacción de los familiares de los normalistas desaparecidos se dio tras la publicación del Tercer Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), mediante el cual se confirma la participación del Ejército mexicano en la desaparición de los estudiantes, así como la actuación de las autoridades para falsear los hechos de la “verdad histórica”.

Así fue como el gobierno de Peña Nieto divulgó la versión oficial en la cual argumentaba que los estudiantes fueron detenidos por policías de Iguala y entregados a miembros del crimen organizado, quienes los asesinaron e incineraron en un basurero en Cocula.

Esta narrativa fue puesta en duda desde 2015, después de las investigaciones realizadas por el GIEI, quienes participaron para coadyuvar en el caso tras denuncias de irregularidades de la versión oficial.

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La publicación mas reciente de los expertos del GIEI expone un video donde se demuestra que elementos de la Secretaría de Marina (Semar) intervinieron y manipularon el basurero de Cocula para la construcción de la “verdad histórica”.

Además, el GIEI también resalta que el Ejército diseño una estrategia de contrainsurgencia mediante la cual infiltró la normal de Ayotzinapa para espiar las actividades de los estudiantes. Incluso, el Ejército mantuvo la vigilancia de los normalistas en tiempo real durante los momentos en que fueron atacados por policías y criminales entre la noche del 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero.

Tras las revelaciones, las madres y padres de los estudiantes desaparecidos demandaron investigar al Ejército mexicano, así como llamar a declarar al expresidente Enrique Peña Nieto para resolver su participación en el caso.

Promesas incumplidas

En conferencia de prensa realizada este martes (29), madres y padres de los estudiantes desaparecidos también demandaron una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador con quien, aseguran, no han tenido comunicación desde septiembre de 2021.

María Elena Guerrero, madre del normalista Giovanni Galíndez, aseveró que nunca creyeron posible que después de tres años de que asumiera el cargo el gobierno de la autodenominada “Cuarta Transformación”, no exista aún información sobre dónde se encuentran los estudiantes.

Por su parte, Cristina Bautista, madre del estudiante desaparecido Benjamín Ascencio, enfatizó que con la información del GIEI se debe proceder con la investigación del Ejército “porque ahí es donde hay obstáculos y no podemos alcanzar la verdad”.

Emiliano Navarrete, padre del normalista José Ángel Navarrete González, reclamó que en México los pobres no tienen justicia y prueba de ello es la manera en cómo se ha realizado la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes, pues desde el gobierno pasado existían motivos suficientes para sospechar del involucramiento del Ejército mexicano en el crimen.

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Navarrete también criticó la actuación de la administración federal actual, pues aseguró que las instituciones no le hacen caso al presidente, pues permanecen los obstáculos para acceder a información y continuar con las investigaciones.

“(El presidente) Debe dejar un poco las mañaneras y enfocarse un poco en los compromisos que ha tenido con el pueblo. Sí da coraje de ver que esas instituciones del gobierno federal siguen guardando información. Si nos ocultaron esto, ¿qué más pueden ocultar? El que miente una vez miente dos veces o tres veces. Y el gobierno solamente utiliza el poder para sí mismo, y no dar justicia al pueblo”, reclamó Navarrete.

Para Mario González, acciones como la creación de la Comisión para la Verdad y la Justicia para el Caso Ayotzinapa, muestran que las instituciones mexicanas han jugado con ellos durante tres años.

González señaló que, a escasos dos días de la toma del poder de AMLO en 2018, las autoridades federales firmaron un decreto en el que se comprometían a entregar toda la información sobre el caso y que los hicieron ir al 27 Batallón “a sabiendas de que no íbamos a encontrar nada”.

“¿Cómo no estar enojado, si a tres años sale una información que debía haber sido entregada en su momento? ¿Cómo no estar enojado si no sabemos nada de nuestros hijos?”, recriminó González.

¿Justicia?

En la conferencia de prensa también participó Vidulfo Rosales, representante legal de los familiares de los normalistas desaparecidos quien aseguró que con la publicación del informe del GIEI queda claro que la manipulación del basurero en Cocula revela que fue una acción para ensuciar el proceso de investigación y ocultar la verdad.

De acuerdo al abogado, este montaje complicó la exploración de otras líneas de investigación en por lo menos cinco años. Así mismo, negó que exista un cambio entre la anterior y la actual administración federal pues a mas de tres años de la creación de la Comisión para la Verdad y la Justicia, los secretarios de la Marina y de la Defensa Nacional se han negado a colaborar con las investigaciones.

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“Una cosa es que se le entregue al GIEI y otra que ya se hagan diligencias concretas para fincar responsabilidad”, reclamó Rosales pues a pesar de la publicación del informe de expertos, esta información no se ha vertido de manera concreta a la investigación, pues el Ministerio Público está teniendo dificultades para darle cauce jurídico a lo difundido por el GIEI.

Cabe destacar que, de acuerdo con el GIEI, el Ejército también realizó actuaciones e investigaciones que no ha compartido para esclarecer los hechos. El grupo de expertos alertó que aún existe información relevante en poder de los militares y de las fuerzas de seguridad  que “ha sido omitida tanto en los documentos entregados al GIEI como a la fiscalía especializada, así como en las declaraciones de los funcionarios militares, entre ellas: información sobre los hechos del Palacio de Justicia en Iguala de una patrulla militar; omisión del reporte de la caseta tres de la carretera, donde se tenían desplegados militares, y la entrada en barandillas de normalistas esa noche”.

El pasado viernes (25) un comunicado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) incendió las redes sociales.

En el documento, titulado ¿Dónde estaban los pseudoambientalistas cuando hace años empezó la verdadera devastación del sureste de México?, la dependencia reclama que el actual gobierno federal “trabaja en la remediación del desastre socioambiental”, permitido y promovido por administraciones pasadas en dicha región del país.

Uno de los temas que menciona el comunicado de Semarnat por contribuir a la devastación del sureste mexicano es la siembra de cultivos exóticos como la palma de aceite, los cuales demandan grandes cantidades de agua, así como la utilización de agroquímicos que generan severas afectaciones ambientales.

Una semana antes, Avispa Midia publicó la investigación El dilema de La Encrucijada: el lavado verde de la palma aceitera, donde revelamos la existencia de más de 7 mil hectáreas de palma aceitera cultivadas dentro de la Reserva de la Biosfera La Encrucijada, un Área Natural Protegida (ANP) en Chiapas.

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Días después, el comunicado de Semarnat corroboró esta información al referir que existen 8,000 hectáreas de palma aceitera dentro de La Encrucijada, una ANP con extensión de 144 mil hectáreas, la cual alberga los ecosistemas de humedales más importantes del Pacífico Americano.

Lo que no menciona el comunicado de Semarnat, al pretender justificar que la expansión de la palma aceitera es un problema del pasado, es que la agroindustria recibe el apoyo de la actual administración federal por distintas instituciones. Mediante acciones u omisiones, permiten la expansión de los monocultivos.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como las Secretarías de Bienestar y la de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), bajo la administración de la autodenominada “Cuarta Transformación”, continúan el trabajo de gobiernos pasados al apoyar el avance de la palma aceitera en el sureste mexicano.

Tal es el caso de la poca o nula fiscalización de la Profepa ante las reiteradas denuncias de contaminación por parte de las plantas procesadoras de aceite de palma ubicadas en Chiapas.

En ese estado, como reitera el comunicado de Semarnat, existen más de 49 mil hectáreas sembradas con ese monocultivo. Chiapas también posee la mayor infraestructura para su procesamiento, lo que en regiones como Benemérito de las Américas, en la frontera con Guatemala, está causando severos problemas de salud.

Apenas el pasado febrero, más de 4 mil personas se movilizaron para denunciar la contaminación que les provoca malestares como nauseas, mareos y dolores de cabeza; sequía, así como afectaciones en las tierras y muerte de ganado.

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La protesta de febrero sucedió tras años de denuncias ignoradas por las autoridades ambientales. Incluso, previamente los habitantes de Benemérito de las Américas enviaron documentos y cartas, tanto a la Profepa como al presidente Andrés Manuel López Obrador, sin obtener respuesta alguna.

Como documentó Avispa Midia, la expansión de la palma aceitera en la costa de Chiapas obtiene un nuevo impulso con el programa de gobierno Sembrando Vida. Así lo aseguró Juan Carlos Castro, director de La Encrucijada quien alertó que productores palmeros se “colaron” como beneficiarios del programa que pretende atender la degradación ambiental del país.

La organización Earthworm Foundation, quien trabaja con palmeros para alcanzar la “sustentabilidad” del monocultivo, también señaló que dentro de Sembrando Vida existen productores que están combinando sus cultivos de palma aceitera con cacao.

Esto lo confirmó la empresa Nestlé, quien mediante el documento Abastecimiento responsable de aceite de palma de 2020 aseguró que trabajó con el programa de subsidios del gobierno federal con productores dentro de La Encrucijada, quienes suministran a cuatro procesadoras de la región.

Cabe destacar que la multinacional Nestlé es la principal compradora del aceite de palma proveniente de La Encrucijada, lo cual implica numerosas infracciones al manejo del ANP.

Por su parte, la expansión de la palma en México también cuenta con el apoyo de la Sader. Su titular, Víctor Villalobos Arámbula ha mostrado su respaldo a la industria palmera, tanto con productores nacionales como con alianzas con compañías trasnacionales.

“La Sader es un aliado de los productores de palma de aceite, por lo que juntos revertiremos las opiniones infundadas y negativas de su cultivo con argumentos basados en la ciencia y la investigación, lo que redundará en ampliar la producción de aceite”, expresó Villalobos en una reunión de 2019 con representantes de gremios palmeros.

Entre los presentes en aquella reunión se encontraba Jorge Terrones López, Director General del Grupo Oleosur y presidente del Consejo Mexicano para el Desarrollo de la Palma de Aceite. Resalta la cercanía de representantes de Olesur con Sader, debido a que su subsidiaria, Plantaciones del Soconusco, cuenta con plantaciones dentro de la Reserva de La Encrucijada, sin contar con autorización de la Semarnat.

Más recientemente, en 2021, la Sader y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap) se han sumado a las metas de PepsiCo a través de su programa “Agrovita”.

En mayo de 2021, Villalobos Arámbula participó en el lanzamiento del programa Agrovita, una iniciativa de PepsiCo Alimentos México, quien anunció una inversión de 20 millones de pesos para la expansión de palma de aceite en Chiapas y Tabasco, lo que se traduce en un renovado impulso para la expansión de las plantaciones de este monocultivo, principalmente en zonas que cuenten con las condiciones climáticas, como la región costa, selva y zona norte de Chiapas.

A nivel global, los países se encuentran en situaciones económicas complejas, exacerbadas por la guerra entre Rusia y Ucrania, principales exportadores de commodities, que impulsarán graves consecuencias alimentarias sobre todo en los lugares con mayor nivel de pobreza.

Quienes pagan los platos rotos son los consumidores, señaló Jorge López Arévalo, economista y académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas.

El conflicto bélico impacta en el precio de materias primas con afectaciones y presiones inflacionarias que a su vez tienen efectos de desabasto en las cadenas de suministros, un problema que se arrastra desde antes de la pandemia del covid-19, dijo López Arévalo.

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En el caso específico de los hidrocarburos, antes de la contingencia sanitaria —a finales de 2018— se tuvo la máxima producción mundial de petróleo que después bajó ligeramente. En 2020, con la pandemia, disminuyó por la falta de demanda; y volvió a subir, pero no recuperó su producción.

Combustibles fósiles, al alza

Luca Ferrari, investigador del Instituto de Geociencia de la Universidad Autónoma de México (UNAM), explicó que se debe a una tendencia global porque cada vez es más difícil obtener petróleo y gas.

Y en el contexto de la guerra, “la demanda de petróleo no había alcanzado todavía el nivel de antes de la pandemia”. En primera instancia, por la explotación de los pozos pequeños, lejanos, profundos, o en aguas costa afuera o profundas, que incrementan los costos, “particularmente en las últimas décadas”.

En la pandemia, el precio del petróleo bajó por la demanda y las compañías dejaron de invertir en la exploración y producción; pero cuando repunta la demanda después de la pandemia, “no hay suficiente petróleo y gas, y los precios empiezan a subir otra vez”, explicó Ferrari.

Luego llega la invasión rusa y se agudiza la tendencia: por un lado, por el riesgo de que se interrumpan los flujos de gas y petróleo por las penas que aplicó Estados Unidos y, en parte Europa, al prohibir la importación de petróleo y gas de Rusia, uno de los tres principales productores de petróleo y gas del mundo.

Rusia tiene el 10 por ciento de la producción mundial, además de ser el mayor proveedor de gas de Europa, suministrando alrededor del 43 por ciento total.

“Entonces al imponer esas sanciones donde no se quiere utilizar el petróleo ruso, hay una escasez adicional en el mercado petrolero mundial y eso ha hecho que el petróleo suba a 120 dólares el barril”, dijo Ferrari.

En el 2020, con la pandemia, el barril se mantuvo entre 30 y 40 dólares, pero el año pasado (2021) subió y hasta el 25 de marzo se encontraba en 115 dólares el barril,

“Son cosas que afectan profundamente porque el petróleo no es solamente la gasolina, diesel o combustibles, es también un insumo para toda la petroquímica. El gas en particular es un insumo para los fertilizantes”, explicó el investigador Luca Ferrari.

En general si suben los precios de la gasolina, también todos los productos, incluso los minerales. Con las consecuencias en la inflación, los expertos coincidieron que será evidente e inevitable una nueva recesión económica por efecto de los aumentos en los precios del petróleo y el gas.

Al límite

El investigador Luca Ferrari explicó que las afectaciones para países en América Latina y Europa son distintas y similares, al mismo tiempo.

Europa depende críticamente de la importación —entre el 75 y 80 por ciento— de petróleo y gas del extranjero, una buena parte de Rusia. En el caso de América Latina depende de otros países.

Aunque Brasil y Venezuela son países petroleros, la situación es bastante crítica en su economía —principalmente en Venezuela— , añadió Luca Ferrari, “otros países de América Latina que son importadores de hidrocarburos, como en Europa, van a estar muy afectados, porque suben los precios de manera importante”.

El aumento de los costos del fertilizante que proceden del gas natural elevará el precio de la comida. En general, es una situación global, agregó Luca Ferrari, aunque, destacó que se debe considerar que América Latina tiene el mayor porcentaje de población que vive en pobreza, que están “al límite”.

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“Entonces cualquier incremento de los precios de los alimentos, sobre todo, impactará más a los países que tienen los mayores índices de pobreza”; y el decrecimiento por el encarecimiento de las energías y demás, “en general, eso va a provocar conflictos sobre todos los territorios”, agregó el investigador.

El economista, López Arévalo dijo que urge una solución pacífica a la controversia, “en lugar de dar armas a los ucranianos para que la guerra civil de alguna manera se prolongue y para que la industria armamentística o el complejo industrial-militar tenga enormes utilidades”, pues, dijo que esa industria busca recuperarse de un año malo, en referencia al 2020.

Impactos en México

López Arévalo destacó que el comercio de México y Rusia es más importante que el que tiene con Ucrania. En el 2021, los lazos económicos con Rusia representaron 2,680 millones de dólares, mientras con Ucrania fue de apenas 232 millones.

Por ello, tras el alza en los precios del crudo a raíz del ataque de Rusia en Ucrania, y por la importación de gasolina y diésel de Estados Unidos, México aplicó una medida para evitar alzas en el crudo, pero López Arévalo, consideró que no podrá hacerlo por mucho tiempo.
A un mes de la guerra, el litro de gasolina Magna sigue con un descuento a su cuota del impuesto IEPS ( Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios) de 100%.

Para Luca Ferrari, aunque existen medidas paliativas a corto plazo, la situación requiere pensar a largo plazo. Por ejemplo, analizó que México debe orientar el gasto público hacia cosas más útiles para la población, “independientemente de la guerra, estábamos ya en una situación de energía cara”, que traerá como consecuencia una disminución del turismo internacional y de los intercambios comerciales.

Ferrari, explicó que es equivocado apostar en megaproyectos, en lugar de proyectos rentables, manejados de una manera descentralizada, con cooperativas y comunidades. “La solución no está en seguir con estos grandes proyectos controlados por el Estado”.

El investigador de la UNAM, ejemplificó como megaproyectos el aeropuerto en Texcoco, al igual que en Santa Lucía y el Tren Maya, porque en este contexto, incluso el tráfico aéreo disminuirá y, en consecuencia, el turismo. “Igual el Corredor Transístmico, que está basado otra vez en una idea de aumento de los intercambios internacionales, de bienes, etcétera”.

Luca Ferrari está convencido de que la solución está en una desglobalización, “que ya está ocurriendo, pero tendríamos que pensar en ser más independiente como país, incluso desarrollar economías regionales, producir y consumir localmente”, porque implica menor uso de energía, contaminación e impacto ambiental.

Hambre

En este tenor, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP, por sus siglas en inglés), reconoció que los conflictos son uno de los principales impulsores del hambre y la inseguridad alimentaria en el mundo.

En un comunicado de prensa informó que en actualidad son 283 millones personas “empujadas hacia el hambre” y 45 millones “tocando a la puerta de la hambruna”. “La cuenca del Mar Negro es una de las áreas más importantes del mundo para la producción agrícola y de cereales, y es probable que el impacto del conflicto en la seguridad alimentaria se sienta más allá de la frontera de Ucrania, especialmente en los más pobres entre los pobres”.

Por su lado, la  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), se dijo profundamente preocupada por la situación de la seguridad alimentaria; también precisó que los costos base de los fertilizantes a nivel global aumentarán hasta 13 por ciento, “afectaría a los costos de producción en la temporada 2022/23″.

La semana pasada ministros de Agricultura de las Américas, de 34 países, pidieron coordinación y unidad regional ante el impacto de la guerra sobre la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria.

A su participación, el Director General del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Manuel Otero, expresó preocupación ante el peligro el abastecimiento de insumos, los riesgos en los canales al comercio y aunado a los efectos de La Niña.

Los representantes de Guatemala propusieron reducir el uso de fertilizantes para tener una menor dependencia, “es tiempo de que el mundo reconozca el rol de los agricultores en la estabilidad mundial”, dijo el ministro José Ángel López en la citada reunión convocada por Brasil.

El pasado 24 de marzo, a un mes exacto del inicio del conflicto bélico, Amnistía Internacional consideró que la magnitud y el impacto de esta guerra en Europa no tiene precedentes desde la Segunda Guerra Mundial.

Integrantes de Kanan ts’ono’ot (Guardianes de los Cenotes) y representantes de la infancia de Homún, acompañados de las organizaciones Indignación y Greenpeace, entregaron más de 181 mil firmas digitales para exigir un alto a las afectaciones de las mega granjas de cerdos y en defensa de los cenotes y la selva maya.

Dicha acción ocurrió este jueves (24) en el Juzgado Segundo de Distrito de Mérida, Yucatán, previo a que el juez, Rogelio Leal Mota, resuelva si retira la suspensión que mantiene paralizadas las operaciones de la mega granja porcícola propiedad de la empresa Producción Alimentaria y Porcícola (PAPO), aparcera de Grupo Porcícola Mexicano (Kekén).

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Durante la entrega se realizó una conferencia de prensa donde Doroteo Hau Kuk, miembro de Kanan Ts’ono’ot, detalló que las firmas son el reflejo de la lucha y resistencia que el pueblo ha realizado durante seis años en contra de los gobiernos estatales, federales y los empresarios en su intento de expandir las granjas porcícolas en la región.

“Nosotros luchamos y defendemos el agua, a ellos no les interesa defender nuestro pueblo y el agua. Son autoridades pasajeras que destruyen y se van, pero nosotros no”, manifestó Hau Kuk.

Por su parte, Viridiana Lázaro Lembrino, integrante de Greenpeace México, contextualizó sobre las implicaciones ambientales de la operación de la mega granja de cerdos en Homún, pues se encuentra en una zona prioritaria para la conservación de la biodiversidad en México

Específicamente se ubica dentro de dos Áreas Naturales Protegidas (ANP): la Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de Cenotes y el Parque Estatal Lagunas de Yalahau, las cuales también son consideradas sitios Ramsar, una categoría que señala la prioridad para la conservación de los humedales y del agua, reconocida a nivel internacional.

Las y los habitantes de Homún que entregaron las firmas aseveraron que éstas son un respaldo para hacerle saber al Juez que “existe mucho interés de la ciudadanía para que esa granja no permanezca abierta. Ya no puede seguir favoreciendo los intereses políticos y empresariales por encima de los derechos de la niñez, del pueblo maya y del medio ambiente”.

Suspensión, en vilo

Mediante comunicado, las organizaciones resaltaron su preocupación porque el pasado 3 de marzo, el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Distrito desestimó las quejas presentadas por la niñas y niños mayas de Homún

contra las violaciones a la suspensión definitiva de actividades de la mega granja.

“Ahora, le tocará al juez Leal Mota decidir si se mantiene o no la suspensión con base en un documento emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), en el que se asegura que la planta de tratamiento de aguas residuales del recinto está lista para funcionar”, reclama el documento.

Acorde a Lázaro Lembrino el juez debe mantener la suspensión de las actividades porcícolas en Homún debido a su magnitud, que implica la cría de 49 mil cerdos. “Ninguno de los tratamientos de agua más sofisticados podrían mitigar los impactos de contaminación de esta granja”, señaló la integrante de Greenpeace.

La organización calcula que serían alrededor de 441 mil litros al día, unas 3 mil tinas repletas de agua, mezcladas con heces de cerdos las cuales serían vertidas al suelo, provocando una grave contaminación del acuífero maya. “No solo traerá daños al medio ambiente, flora, fauna, suelo; sino a la salud por la cantidad de bacterias, compuestos peligrosos y cancerígenos”, sostuvo Lázaro Lembrino.

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Lembrino, especialista en agricultura y cambio climático recalcó que se debe mantener la suspensión de las actividades de la mega granja tomando en consideración el principio precautorio pues en zonas como la señalada se pueden originar nuevos virus.

“Exhortamos al juez a que mantenga la suspensión y que favorezca y garantice los derechos humanos a un medio ambiente sano, a la salud al agua del pueblo maya de Homún y de todos lo mexicanos”, recalcó.

Infancia en defensa del ambiente

Una vez más, la niñez de Homún participó en la defensa de su territorio. Esta vez, acompañaron la entrega de las firmas con dibujos y cartas en las que exigieron respeto a su derecho a vivir en un medio ambiente sano y por el cuidado de los cenotes.

“No podemos permitir que los jueces le den la espalda a la lucha de niñas y niños mayas de Homún (…) Le exigimos al Juez Segundo de Distrito que mantenga la suspensión definitiva contra la mega granja de la empresa PAPO, aparcera de Grupo Porcícola Mexicano (Kekén)”, sostuvieron integrantes de Kanan Ts’ono’ot durante el acto de entrega de firmas digitales.

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A su vez, destacaron que existe documentación y reportes científicos que comprueban la contaminación ocasionada por la industria porcícola, no sólo en Yucatán, sino en Estados Unidos y diversos países de América Latina.

“Así lo ha documentado el informe de Greenpeace “La Carne que está consumiendo al planeta” y el amicus de expertos en salud pública y ambiental en el que se muestran datos alarmantes sobre el impacto de las operaciones de las mega granjas de cerdos en el medio ambiente y en la salud humana”.

Finalmente, recalcaron que la suspensión definitiva no solo fue otorgada por la planta de tratamiento de aguas residuales:  también se impuso esa medida cautelar a la empresa para proteger los derechos de la infancia de Homún a que se conserve un medio ambiente libre de contaminación, saludable e idóneo para llevar una vida digna; por la aplicación del principio precautorio ante el peligro de daño grave e irreversible de afectación al sistema hidrológico de la reserva Geohidrológica Anillo de los Cenotes; y porque en el proceso de obtención de permisos para construir la granja no se respetó el derecho a la consulta y participación de acuerdo a cómo está establecido por el Convenio 169 de la Organización Internacional  del Trabajo (OIT).

Doroteo Hau Kuk reafirmó que la comunidad de Homún no dejará su lucha y resistencia pacífica hasta donde tengan que llegar. “El agua es para todos, es para el mundo”, aseveró.