Tenemos el placer de compartir con nuestrxs lectorxs el libro De despojos y luchas por la vida, recién publicado por la Cooperativa Editorial de la Red Transnacional Otros Saberes (RETOS) y disponible para descarga aquí:
“Hemos armado este libro en medio de la pandemia del Covid-19, misma que nos atraviesa, nos interpela y nos obliga a pensar o repensar cómo la humanidad se encuentra atrapada entre sistemas de opresión, explotación y violencia consustanciales al capitalismo global neoliberal, la modernidad/colonialidad, el régimen heterosexual cisgenérico occidental, el patriarcado y el racismo. Para abonar un granito de arena a los debates político-teórico-prácticos que cruzan esas intersecciones, el presente libro aborda de manera encarnada e incardinada, cómo los abajos y los enmedios vivimos esas opresiones, explotaciones, violencias y despojos, no solo en los tiempos de Covid-19 sino antes, durante y de cara a lo que viene.
Como las y los miembros de comunidades, colectivas, movimientos y redes alter, anti y por han denunciado, la pandemia del Covid-19 está contribuyendo a reforzar las violencias contra las mujeres, la criminalización y la represión de los pueblos indígenas y afrodescendientes así como de las comunidades disidentes sexo-genéricas, pero paradójicamente, también está nutriendo la emergencia y resurgimiento de resistencias y alternativas que se localizan en la intersección de las luchas antirracistas, anticapitalistas y anticisheteropatriarcales. Es en ese cruce donde el presente libro profundiza y aporta a partir de una polifonía de testimonios, reflexiones y teorías encarnadas indo afro mestizas disidentes y rebeldes.”
Todos nuestros libros para lectura y/o descarga están disponibles aquí.
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Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán a 21 de junio de 2021
A la sociedad civil Al Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional A las organizaciones sociales, colectivos y grupos de trabajo A los organizaciones de defensa de los derechos humanos y asociaciones civiles A todos los medios de comunicación nacionales e internacionales A los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación A quien corresponda
Hoy, la comunidad de Santa María Ostula llevó a cabo la reactivación de la lucha jurídica para defender y proteger el territorio en donde se asienta la encargatura de Xayacalan. Tenemos conciencia de que apelar a la máxima instancia de aplicación de justicia en México es la última puerta que podemos tocar para que las instituciones mexicanas reconozcan en los títulos de propiedad lo que hemos hecho desde hace cientos de años: trabajar la tierra comunalmente.
Nuestro equipo jurídico elaboró junto con la comunidad, un documento de suma relevancia solicitando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga y resuelva el dilatado juicio agrario en el que se dirime el lindero de nuestras tierras comunales con supuestos pequeños propietarios de La Placita.
Esta es una petición que esperamos sea recibida, analizada, revisada y en su caso cotejada con el amplio expediente que un tribunal agrario fue construyendo a través de mentiras, corrupciones y de apoyos a los supuestos pequeños propietarios que disputan las tierras que hemos recuperado desde 2009, por la vía de los hechos.
Esperamos que las y los magistrados lleven a cabo su trabajo sin dejarse influenciar por los
criminales que nos han asesinado y pretenden despojarnos. Basta ver la historia de cada una de esas personas para saber que alguien que pretende destruir el medio ambiente con minas y centros turísticos o a quien está en la cárcel acusado de decenas de crímenes, no pueden ser dueños de estas tierras que le pertenecen a la comunidad de Ostula.
Sabemos que el camino es largo, pero hacemos un llamado a las organizaciones sociales, a las redes de apoyo, a la gente que conoce nuestra comunidad y que sabe el esfuerzo que hemos dado para defenderla, para que siga nuestros pasos, a los medios de comunicación nacionales e internacionales a que documenten y hagan sus materiales periodísticos al respecto. Nuestro mensaje es claro: no vamos a dejar nuestro territorio, vamos a defender las tierras recuperadas, apelamos a las leyes agrarias a defender este territorio al que tenemos derecho. No vamos a permitir que criminales se apropien de las tierras en las que se desarrolla la vida de nuestra comunidad.
Seguiremos fortaleciendo nuestras instituciones comunales, desarrollando proyectos de vida al interior de Ostula, buscando lo mejor para las personas que habitan cada una de las encargaturas, vamos a cuidar los recursos, reforestar el bosque, cuidar el mar, cuidar nuestras costumbres para sembrar la tierra y disfrutar de nuestras fiestas tradicionales, pero también mantendremos firmes nuestra seguridad a través de la Guardia Comunal.
Como dijo, en nahuatl, uno de nuestros comuneros asesinados: nokni amo ximuyolpacho (No se rindan compañerxs).
Nunca más un México sin nosotros Atentamente Comunidad nahua de Santa María Ostula
CONTRA LA REPRESIÓN DE LOS MALOS GOBIERNOS. APOYO A LA ESCUELA NORMAL RURAL MACTUMACTZÁ EN
CHIAPAS Y A LOS PUEBLOS TEPEHUANO Y WIXÁRIKA EN JALISCO.
CNI-CIG Y EZLN.
Mayo del 2021.
A la Escuela Normal Rural Mactumactzá, Chiapas.
A los pueblos tepehuano y wixárika de San Lorenzo de Azqueltán, Jalisco.
A las organizaciones y colectivos de derechos humanos.
A la Sexta Nacional e Internacional.
A los medios de comunicación.
Como pueblos originarios que somos, organizados en el Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno y el EZLN, declaramos lo siguiente:
PRIMERO.- Expresamos nuestro repudio a las acciones represivas del mal gobierno en contra de nuestros hermanos de la Escuela Normal Rural Mactumactzá. Una vez más con lujo de violencia se busca acallar las justas demandas de los normalistas. El 18 de mayo el mal gobierno detuvo a 91 normalistas, incluyendo a 74 mujeres estudiantes. Éstas han denunciado que los cuerpos policiacos represivos las vieron como botín de guerra y las hostigaron sexualmente desnudándolas y manoseándolas. L@s normalistas son acusad@s de querer que los exámenes, que les iban a practicar, sean de manera presencial y no por internet. Con esto las autoridades educativas y gubernamentales de Chiapas muestran, una vez más que no tienen la menor idea de la geografía y la situación política y social en el estado. Con esta acción, los malos gobiernos resumen su plan para la educación del México rural: represión, mentiras y simulación. A nuestr@s herman@s de la Escuela Normal Rural Mactumactzá les manifestamos nuestra solidaridad completa y sin reservas; y llamamos a tod@s nuestr@s compañer@s de la Sexta Nacional e Internacional a solidarizarse con la lucha de los normalistas de Mactumactzá. Exigimos la liberación incondicional de tod@s l@s detenido@s
SEGUNDO.- Como Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno y EZLN saludamos la Campaña Nacional e Internacional por la Justicia y el Territorio en Azquetltán, municipio de Villa Guerrero, en el estado de Jalisco, México. Ahí resisten por la vida las hermanas y hermanos de la comunidad indígena autónoma, wixárika y tepehuana.
La misión de la Iglesia es ser “abogada de la justicia y defensora de los pobres” DA 395 y no puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia” DA385, así afirman los obispos de Americalatina.
Hermanos y hermanas, compañeros y compañeras de todo el mundo, hoy 18 de mayo 2021, doy mi palabra como Sacerdote Indígena, Marcelo Pérez Pérez, coordinador de la Pastoral social de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas.
Así como es de conocimiento público, el 15 de octubre del 2020, los ejidatarios del municipio de Chilón: San Gerónimo y San Sebastián, a las 10 de la mañana en Crucero Temo municipio de Chilón se estaban formando para una manifestación pacífica con el objetivo de exigir la no intervención en la elección de sus autoridades de sus ejidos el Presidente de Chilón Carlos Idelfonso Jiménez Trujillo ahora candidato para la presidencia municipal de Chilón por el partido MORENA.
Como respuesta del Sr. Carlos Idelfonso Jiménez Trujillo fue la represión brutal y criminalización; en esa represión fueron detenidos José Luis Gutiérrez Hernández y Cesar Hernández Feliciano.
En el municipio de Chilón, comunidades tseltales mantienen el rechazo a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional (GN), ubicado en el tramo carretero Bachajón – Chilón, el cual se encuentra a punto de entrar en operaciones en la región norte de Chiapas sin el permiso de las comunidades originarias.
“Como ejidatarios tenemos derecho de reclamar, que se retire la Guardia Nacional”, enfatiza Juana Hernández Morales, habitante de San Sebastián Bachajón, comunidad que se encuentra a escasos dos kilómetros de la nueva instalación policiaco-militar.
Hernández considera una imposición la militarización de sus territoritos con la presencia de la GN. Ella no es la única con esta perspectiva. Integrantes del Gobierno Comunitario de Chilón y del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), así como habitantes de Bachajón, se han manifestado públicamente contra la construcción de las instalaciones.
De acuerdo a la denuncia de las comunidades tseltales, ni la presencia de la GN, ni la construcción del cuartel fueron puestos a discusión en la Asamblea Ejidal. Además, señalan irregularidades en la “donación” del terreno donde está por concluir la construcción del cuartel que pretende albergar al cuerpo de seguridad militarizado.
Obras del cuartel en la etapa inicial de la construcción. Imagen de redes sociales del ayuntamiento de Chilón.
Según testimonio de los pobladores en San Sebastián Bachajón, el terreno de casi dos hectáreas dispuesto para el cuartel fue vendido por el Comisariado Ejidal y el presidente municipal sin consultar la Asamblea Ejidal.
El problema yace que el terreno se encuentra en propiedad ejidal, es decir que no se puede vender, “y es lo que le molestó a la gente”, reclama Hernández.
Según la versión del ayuntamiento, el 25 de agosto del año pasado se firmaron los documentos para la “donación de los terrenos en los que se construirá e instalará la Guardia Nacional”.
Aquel día se reunieron el presidente municipal de Chilón, Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, con el Coronel de Infantería Arturo Trejo Muñoz, comandante del 31/o. Batallón de Infantería, y el Capitán Primero, Juan Manuel Santiago Zetina, comandante de la Guardia Nacional. También estaban presentes funcionarios del ayuntamiento y el Comisariado ejidal de San Sebastián Bachajón, quienes en las instalaciones de la Procuraduría Agraria firmaron la “donación” del predio.
Aunado a esta irregularidad, Juana Hernández denuncia que el Presidente Municipal simula el apoyo a la construcción del cuartel. Entre las acciones que ha llevado el munícipe, según Hernández, es el realizar una asamblea apócrifa, a la que asistieron jóvenes no ejidatarios para aprobar la presencia de la GN en el municipio. También la organización de una movilización para simular el apoyo a la construcción del cuartel, así como de la carretera de las culturas, ambos proyectos que rechazan movimientos como el Modevite y el Gobierno Comunitario de Chilón, iniciativa de organización y elección de autoridades por usos y costumbres tseltales, el cual aún no cuenta con reconocimiento legal.
Grupo de manifestantes a favor de la construcción del cuartel. La movilización se realizó días después de la represión contra quienes protestaron contra la presencia de la Guardia Nacional.
Militarización en Chiapas, imparable
Durante conferencia de prensa, realizada en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en enero del 2021, Jerónimo Jiménez, indígena tseltal enfatizó que esta no es la primera ocasión en que el municipio de Chilón vive las consecuencias de la militarización de sus territorios.
Fue en el año de 1995 cuando se impuso también la instalación de un cuartel militar, cuyo cierre de operaciones ocurrió hasta el año 2007, solo tras la resistencia organizada de las comunidades adyacentes.
Otra de las organizaciones que acompañan el rechazo al cuartel en Chilón, el Centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), también ha manifestado su preocupación sobre el papel de la GN, pese a que se concibió como un cuerpo civil es en la realidad un cuerpo militar.
Elementos de la Guardia Nacional presentes durante los inicios de las obras del cuartel en Chilón.
Es de destacar también que las zonas donde se encuentra el despliegue de la GN coinciden con territorios con fuerte presencia de movimientos y organizaciones sociales quienes se oponen a megaproyectos del gobierno federal como son el denominado tren maya y obras asociadas.
En la comunicación oficial, el ayuntamiento de Chilón hace mención a la operación del nuevo cuartel de la GN no solo en dicho municipio, sino en otros de la región norte del estado como Sitalá, Yajalón y Tumbalá.
La construcción del cuartel de la GN empezó en el mes de septiembre del 2020. Los habitantes del municipio solo se enteraron de la obra mediante publicaciones a cargo del ayuntamiento mediante redes sociales.
Juana Hernández enfatiza que desde que comenzaron las protestas de las comunidades circundantes, al mismo tiempo trabajaron a marcha forzada en las obras durante las 24 horas.
“Fue una imposición, tanto de las autoridades del municipio y del Comisariado Ejidal actual, que nos afecta mucho porque no fue consulta de las mujeres, de los ejidatarios y no se hizo valer nuestro derecho como la máxima autoridad que es la Asamblea”, señala Pascuala Vázquez Aguilar, también integrante y vocera del Gobierno Comunitario del municipio de Chilón.
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REPRESIÓN
El 15 de octubre del 2020 cientos de personas del municipio de Chilón se manifestaron contra la instalación de la GN. La respuesta del gobierno estatal consistió en el despliegue de 300 elementos de distintas corporaciones de seguridad con el objetivo de reprimir la protesta.
En aquel operativo participaron policías de distintos municipios de la región, acompañados de elementos de la GN. Las y los manifestantes tzeltales denuncian que hubo exceso de fuerza y agresiones violentas en su contra, los cuales quedaron registrados en videos compartidos mediante redes sociales.
“En el desalojo fueron dañados vehículos particulares y varias personas heridas; además de la incomunicación y posterior privación de la libertad de los señores José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano, quienes actualmente enfrentan de manera injusta un proceso penal en libertad, por el delito de motín”, contextualiza una nota de prensa del Centro Prodh.
Juana recuerda que en la protesta participaron habitantes de los ejidos de San Jerónimo y San Sebastián Bachajón, debido a la noticia de que se había vendido el terreno ejidal sin su permiso para la construcción del cuartel.
Ella recuerda que, pese a que la manifestación era pacífica, la respuesta violenta se habría organizado previamente, pues desde el 14 de octubre se desplegaron los efectivos policiacos en el crucero de Temó, punto en el cual ocurrieron los hechos violentos.
“Los de la policía municipal llegaron preparados… (llevaron) una camioneta de pura piedra, llevaban palos. Y los ejidatarios no llevaron nada, no fueron preparados, pues como según nada más fueron a una manifestación. Fue muy pesado hasta la fecha ahorita que no le han pagado el daño”, refiere Hernández sobre las personas heridas y sus compañeros quienes aún continúan bajo procedimiento penal.
Aspecto del terreno donde se construye el cuartel de la Guardia Nacional en terrenos ejidales del municipio de Chilón.
Ante los hechos violentos, las preocupaciones de las comunidades de que la GN será utilizada para reprimir manifestaciones se han incrementado. Así lo considera Pascuala Vazquez, vocera del Gobierno Comunitario de Chilón, “pues más adelante no vaya a ser que la GN nos agarre uno por uno ahí con los compañeros o que empiecen con intimidación y más que ahora andan recorriendo todas las comunidades del municipio”, refiere sobre el incremento de la presencia militar en sus territorios.
Sin acceso a la justicia
Tras los hechos de represión y mediante asamblea se nombró una comisión para iniciar el procedimiento legal para exigir la suspensión de la construcción del cuartel en Chilón. Acompañadxs por grupos de derechos humanos, dicho recurso fue admitido el 17 de noviembre del año 2020, dos meses después del inicio de la construcción.
“Dicha estrategia consistió en la presentación de una demanda de amparo que fue admitida por el Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas el pasado 9 de diciembre de 2020, bajo el número de expediente 717/2020”, detalla el Centro Prodh.
Mediante dicho recurso legal, el pueblo tseltal denuncia que este proceso de militarización viola sus derechos a la consulta previa, adecuada, libre e informada, a la autodeterminación, al territorio, al acceso a la información, entre otros derechos garantizados por México y tratados internacionales. También demandan el cese de la acción penal contra las dos personas criminalizadas tras los hechos de octubre de 2020.
“El pueblo tseltal llama al Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Tuxtla Gutiérrez a ordenar la suspensión definitiva para evitar el riesgo de que se consolide un daño irremediable a sus derechos colectivos ante la continuación de la construcción del cuartel”, refirió el Centro Prodh en enero del 2021, tras el anuncio de una nueva audiencia que al final no se realizó.
“La petición que tenemos ahora es, el juez que nos escuche la palabra”, demanda Juana Hernández. Ella denuncia también la dilación en la resolución del amparo, así como el hecho de que funcionarios como el presidente municipal de Chilón y el gobernador del estado nunca se presentaron ante el juez, ni presentaron la documentación del terreno donde se está por finalizar el cuartel de la GN.
“El proyecto del cuartel no debió de haberse concebido sin ser consultado con el pueblo maya tseltal debido a que el mismo tendrá afectaciones directas en su derecho a la libre determinación, a la protección de su territorio el cual constituye parte fundamental de su armonía comunitaria y respeto a su identidad”, argumentó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), quien acompaña la demanda de amparo contra el cuartel.
No obstante, las protestas en las calles han encontrado represión y las audiencias para resolver el amparo se han postergado en repetidas ocasiones. Mientras, el cuartel se encuentra casi finalizado.
Este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas recibió información por parte de la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Aldama, quienes refieren una intensificación en la detonación de armas de fuego provenientes del territorio de Santa Martha (municipio de Chenalhó), dirigidas en contra de poblados de Aldama. Esta situación ha causado un estado de alerta y precariedad en la región, además de que implica un riesgo a la vida e integridad física y psicológica de los habitantes de la región.
Durante el sábado 10 de abril se reportó que los disparos provenientes de Santa Martha, eran prácticamente cada minuto; y que las agresiones se extienden a lo largo de 11 kilómetros que limitan a Aldama con el territorio de Santa Martha, dirigiendo los disparos contra “todas las personas que ven”. El día de hoy se continúan reportando disparos provenientes del territorio de Santa Martha.
Por lo anterior urgimos la intervención del Estado, a fin de evitar que más personas sean asesinadas o lesionadas por la violencia cometida por grupos armados, de corte paramiltiar que operan en la región, así como para asegurar un ambiente de paz necesario para el desarrollo pleno de los habitantes de ambas poblaciones.
Invitamos a la sociedad civil nacional e internacional a firmar la acción urgente y urgir al Estado mexicano intervenga en el presente caso.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
11 de abril de 2021 Acción Urgente No. 02 / actualización 1
Mientras Juan Manuel Santos dicta conferencias de paz en todo el mundo, la comunidad liberadora de la Madre Tierra seguimos soportando la guerra.
La noche del martes 6 de abril, a eso de las 7 y 40 de la noche, una vez más un grupo armado hostigó el puesto de policía ubicado en la casa de La Emperatriz, finca ubicada en el municipio de Caloto, al suroccidente de Colombia, y desde hace seis años territorio en proceso de liberación de la Madre Tierra.
El grupo armado lanzó dos bombas de alto poder explosivo, cuya onda expansiva se sintió en las veredas vecinas. Después sonaron disparos.
La respuesta de la policía fue disparar hacia los cambuches (ranchos de plástico) de la comunidad liberadora, que fueron impactados por las balas, igual como sucedió en el hostigamiento del 25 de marzo. Nadie de la comunidad resultó herido.
La policía fue ubicada allí por el estado colombiano como una tranca contra el proceso de liberación. En otras fincas en liberación, ha ubicado bases militares.
Los actos de guerra del posconflicto en los que la comunidad liberadora de 13 fincas en liberación en el norte del Cauca queda en medio del fuego cruzado se han vuelto el pan de cada día.
Paralelamente, Santos da cursillos de paz, Duque mueve sus fichas en el tablero del norte del Cauca y anuncia una base militar en La Emperatriz. Los industriales de la caña ofrecen proyectos o mano dura.
Su guerra, su paz. Oferta falaz.
No jugamos su tramposa guerra.
¿Paz? La libertad de la Madre Tierra.
Proceso de liberación de la Madre Tierra
Norte del Cauca, Colombia.
En el quinto conversatorio de la serie Diálogos de saberes en tiempos de pandemia, titulado Lucha por la vida y el territorio: Mezcala y los pueblos de la cuenca Chapala-Santiago, de la organización Otros Saberes de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA), fueron abordados los problemas que rodean la vida de las y los habitantes de esta zona geográfica de Jalisco.
Ellas y ellos están sufriendo las afectaciones de un Estado que crea leyes que protegen y amparan a las y los empresarios que deciden instalar sus industrias en sus territorios, que les despojan de sus tierras y enferman sus cuerpos
Samantha Anaya / Zona Docs
«Para Mezcala la tierra es todo»
La historia de Mezcala «se explica con la lucha de su territorio», pues desde hace 500 años sus habitantes trabajan para proteger su territorio, afirmó Rocío Moreno, historiadora y comunera en la comunidad de Mezcala, durante el conversatorio titulado Lucha por la vida y el territorio: Mezcala y los pueblos de la cuenca Chapala-Santiago.
Moreno narró que, desde el proceso de conquista por parte de los europeos al llegar a esta zona, el pueblo coca (en donde se encuentra la comunidad de Mezcala) «fue de los más violentados, porque se esclavizó a gran parte de su población». Por esta misma razón, ahora sólo «se encuentran un par de comunidades, y eso tiene que ver con el exterminio y las violaciones contra su territorio y habitantes».
La comunera expuso, además, que el exterminio de los pueblos originarios generó la pérdida de su lengua, por lo que lo único que les quedó fue refugiarse en su tierra:
“Por eso decíamos que para Mezcala la tierra lo es todo. Nuestros ancestros resistieron a la colonización. Esto nos da orgullo e identidad».
