La semana pasada la revista científica Scientific Reports, del grupo Nature, lanzó un estudio donde documenta que entre los años 2013 y 2021 la deforestación aumentó en 129% en territorios indígenas, a la par, se aceleró la minería ilegal en estas mismas zonas. Esto fue causa de la emisión de 96 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2), del cual se responsabiliza en un 59% al gobierno del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por un equivalente a 57 millones de toneladas de CO2.
El CO2 es uno de los principales gases emitidos hacia la atmosfera responsable por el llamado efecto invernadero, que a su vez es uno de los responsables del aumento de la temperatura en el planeta.
Solo en los tres primeros años de gobierno de Bolsonaro se registró un aumento del 195% en la deforestación con un avance del 30% hacia tierras indígenas establecidas en la selva, alcanzando áreas anteriormente conservadas. El año 2020 es considerado como el de mayor tasa de deforestación de la década, alcanzando más de 10 kilómetros cuadrados deforestados, para dar paso a la minería y la agricultura industrial.
Esta destrucción de la selva fue superada en 2021, con un aumento del 20% de salva talada, alcanzando los 13 mil kilómetros cuadrados, según constató el equipo que trabajó en esta investigación, el cual esta conformado por científicos de diez instituciones y universidades ubicadas en Brasil, Estados Unidos, Holanda y Reino Unido, además de investigadores del IPAM (Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia).
Por ello, el equipo de científicos sostiene que urge al actual gobierno de este país sudamericano, presidido por Luiz Inacio Lula da Silva, frenar la deforestación en los territorios indígenas, ya que son considerados territorios determinantes ante la crisis climática. Así mismo se recomienda garantizar los derechos de estos pueblos sobre sus tierras.
Según el informe, los territorios indígenas en Brasil albergan alrededor de 700 mil indígenas y más de la mitad de ellos se encuentra en la Amazonia brasileña. Estos territorios concentran más de un millón de kilómetros cuadrados de selva tropical que contribuyen a la regulación del clima, además de albergar una gran biodiversidad y diversidad sociocultural.
“Durante el gobierno de Bolsonaro, con el debilitamiento de las instituciones ambientales y los intentos inconstitucionales de explotar económicamente estos territorios, la deforestación ha aumentado significativamente. Los resultados de nuestro trabajo, por lo tanto, son una importante contribución al nuevo gobierno en la reconstrucción del sistema de gestión ambiental del país”, valora Celso Henrique Leite Silva Junior, investigador del IPAM.
En portada: Protesta antiminera en El Salvador. Organizaciones rechazan la criminalización de líderes comunitarios por su destacada lucha contra la industria extractiva en el norte del país centroamericano.
Los últimos días de marzo marcaron el sexto aniversario de la prohibición de la minería metálica en El Salvador. Pese a la celebración, organizaciones sociales y ambientales exigen mantener la proscripción de la industria extractiva ante acciones del gobierno de Nayib Bukele que muestran señales para su reactivación.
La Mesa Frente a la Minería Metálica es una de las organizaciones que denunciaron que la actual administración pretende reactivar la minería de oro y plata, lo cual pone en riesgo al río Lempa, el principal afluente del país, en cuya cuenca se ubican los principales proyectos mineros.
Mediante pronunciamiento, la Mesa exigió al presidente y a la Asamblea Legislativa a “descartar cualquier intención de reforma, derogación o implementación de leyes paralelas que la contradigan”, en referencia a la reglamentación que convirtió a El Salvador, en 2017, en el primer país del mundo en prohibir la extracción minera en su territorio. En aquel momento, la nación centroamericana argumentó que la minería es inviable debido a condiciones como su estrechez territorial, alta densidad poblacional y grave crisis hídrica.
En conferencia de prensa, los ambientalistas señalaron que se encuentran en alerta debido a las amenazas de reactivación de la minería, debido a que el actual gobierno está recibiendo presiones de las empresas internacionales para darle apertura nuevamente a dicha industria, pese a que “las condiciones ambientales que hacían inviable la minería, ahora son aún más graves que cuando se aprobó la ley”.
Golpe a organización antiminera
Más de 50 organizaciones se adhirieron a la exigencia de mantener la prohibición de la industria extractiva. Una de las firmantes es la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES), cuyo director ejecutivo, Antonio Pacheco, se encuentra detenido desde enero de este año, junto a otros cuatro activistas antimineros, tras alertar sobre el posible retorno de la minería al país centroamericano.
Por ello, las organizaciones demandaron “el cese de la persecución contra líderes comunitarios y que el aparato judicial no sea utilizado para criminalizar a defensores ambientales, sobre todo cuando a ellos el país les debe el estar a salvo de los graves daños de la minería metálica”.
Los activistas detenidos forman parte de la comunidad de Santa Marta en el departamento de Cabañas, cuya región, al norte del país, se encuentra en la mira de empresas mineras para extraer oro y plata.
Fue en el periodo de 2000 al año 2017, cuando empresas canadienses y australianas mantuvieron acciones para implementar la minería, en oposición a las comunidades de la región.
Con la detención de los líderes comunitarios, a principios del 2023, las comunidades acusan irregularidades en el proceso judicial. Señalan que fueron acusados, sin pruebas, de un crimen supuestamente cometido en el marco del conflicto armado hace 30 años, ignorando procesos jurídicos establecidos y violando la Ley de Reconciliación Nacional. Resalta que los detenidos tienen una larga historia de lucha antiminera en Cabañas, por lo que las organizaciones denuncian que la motivación real del gobierno es debilitar la resistencia minera en la zona.
Amenaza latente
De acuerdo a los ambientalistas, existen más de 50 proyectos mineros que amenazan con contaminar el río Lempa, el cual abastece de agua a más de 3 millones de salvadoreños.
Debido a esta cantidad de proyectos y las iniciativas del presidente Bukele, quien promueve la inversión en infraestructura como el Tren y el Aeropuerto del Pacífico, así como la ciudad Bitcoin, las organizaciones señalan diversas acciones gubernamentales que indican el regreso de la minería.
Por ejemplo, indican que, en mayo de 2021, El Salvador se hizo miembro del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible, una red de 77 países que promueve la minería metálica en el mundo.
Para octubre del mismo año, la Asamblea Legislativa aprobó una nueva ley, creando la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas con el mandato de fomentar la minería en el país. Además, el presupuesto del país para este año incluye $4.5 millones de dólares para “revisar y actualizar” la ley que prohíbe la minería metálica.
Pendientes
En conferencia de prensa, miembros de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica pidieron al Estado retomar el estudio de un proyecto de ley para sustituir al actual reglamento para garantizar la prohibición de la minería metálica en el país centroamericano.
Ariela González, integrante de la Mesa, sostuvo que, a seis años de la creación de la Ley de Prohibición Contra la Minería Metálica, muy poco se ha avanzado en reducir los daños al ecosistema que dejaron las empresas mineras. Por ello, la ambientalista pidió al Estado salvadoreño cumplir con obligaciones pendientes, como ejecutar los cierres técnicos de minas en abandono y procesos de remediación ambiental además de que se prohíba la minería artesanal.
“Que se tome en cuenta la propuesta para un nuevo reglamento de la Ley de Prohibición Contra la Minería Metálica propuesta en noviembre de 2022 por la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica de El Salvador para evitar la contaminación del agua y que esta siga ocurriendo, así como contrarrestar la posibilidad de que surjan más drenajes ácidos en minas”, dijo González.
Los ambientalistas también pidieron a los diputados de la Asamblea Legislativa aprobar una reforma a la Constitución de la República para prohibir la minería metálica en todas sus modalidades y que se implemente la Ley General de Recursos Hídricos para suscribir convenios internacionales para detener la contaminación del río Lempa.
El pasado 4 de marzo, más de 400 líderes de comunidades de Chalatenango, Cuscatlán, Cabañas, La Libertad, La Paz y otros departamentos convergieron en el Encuentro Nacional frente las Nuevas Amenazas de la Minería Metálicaen El Salvador para protestar contra la represión en Cabañas y para seguir posicionándose en contra de la minería metálica en todo el país.
En portada: Un campesino nos guía hacia la región de manglares en el pacífico centroamericano donde se realizan las obras para erigir un aeropuerto. Foto: Juliana Bittencourt
Don Elmer, campesino de 63 años, se siente feliz. “Yo me alegro cuando llegan a cantarme”, comparte el agricultor sobre el trinar de los pájaros al interior del bosque, en la zona de influencia del manglar de El Tamarindo, un Área Natural Protegida (ANP) en la costa pacífico de El Salvador.
“Si hacen el aeropuerto, todas estas aves, ¿para dónde van a agarrar?”, lamenta Don Elmer, quien hace parte de las 57 familias en la comunidad de Flor de Mangle, municipio de Conchagua, que están siendo desplazadas para la implementación del megaproyecto del Aeropuerto Internacional del Pacífico.
Según denuncias de las y los habitantes consultados por el equipo de este reportaje, desde el 8 de febrero del 2023, personal que se presentó como parte de la empresa guatemalteca Rodio Swissboring, contratada por parte de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), inició labores en las comunidades de Condadillo y Flor de Mangle, con el argumento de realizar un estudio de suelo en la zona y avanzar en la construcción la nueva terminal aérea.
Maquinaria invade y destruye tierras dedicadas a la agricultura para preparar la construcción del Aeropuerto Internacional del Pacífico.
Los testimonios refieren que los trabajadores ingresaron con maquinaria y equipo en las parcelas agrícolas y de vivienda, “sin la autorización por parte de los propietarios u orden judicial para ello”, enfatizan mediante denuncia pública. Las y los pobladores señalan que efectivos de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil se movilizan para brindar seguridad a la maquinaria pesada de la empresa.
Los trabajadores perforaron y excavaron los suelos, formando zanjas con dimensiones de hasta 40 metros de ancho, 60 metros de largo y con una profundidad mayor a nueve metros. “En el caso de una de las parcelas la zanja llega a abarcar casi la totalidad del área, esta misma parcela se encuentra a menos de un kilómetro del manglar del estero El Tamarindo”, refiere la denuncia.
Los campesinos señalan que, al finalizar las labores en las parcelas invadidas, los trabajadores se retiraron, dejando inutilizable el área para la agricultura y creando condiciones de riesgo, tanto para personas como para el pastoreo de ganado de las familias campesinas.
En marzo, el medio salvadoreño MalaYerba evidenció el inicio de las obras del nuevo aeropuerto, pese a que aún no se contaba con el permiso ambiental requerido por la normatividad vigente. En reportaje, destacan la conducta del director de la CEPA quien, el 8 de febrero y mediante televisión nacional, mintió al asegurar que ya se contaban con los permisos, aún cuando el medio constató que la resolución de licencia solo fue disponibilizada por las autoridades ambientales hasta el 22 de marzo.
Foto: Juliana BittencourtFoto: Juliana BittencourtFoto: Aldo Santiago
“No solo Flor de Mangle va a ser afectada. Aquí tenemos a Condadillo, tenemos al Llano Los Patos, se va una parte de El Carrizal y también de El Embarcadero”, sentencia Don Elmer con amargura mientras enlista las poblaciones amenazadas, no solo por la infraestructura aeroportuaria, sino por lo que desencadenará el desarrollo de esta zona económica especial que contempla complejos turísticos, industriales y comerciales.
Polo de desarrollo
El equipo de este reportaje recorrió el territorio de Condadillo, municipio de La Unión, en el departamento del mismo nombre, región en la mira del gobierno salvadoreño para transformar al oriente del país en un “polo de desarrollo”.
Para consolidarlo, además de la nueva terminal aérea, existen otros planes en andamiento: sobresalen la denominada Ciudad Bitcoin, el Tren del Pacífico y la modernización de puertos en la franja costera pacífico, desde Acajutla hasta La Unión; megaproyectos de infraestructura que hacen parte del Plan Cuscatlán, propuesta de gobierno presentada por Nayib Bukele durante las elecciones presidenciales de 2019, pero que se remontan a gobiernos anteriores.
“Es una Zona Económica Especial (ZEE), es la privatización de los territorios. El gobierno anterior ya había lanzado el proyecto de ley, el 19 de julio del año 2018, para su establecimiento”, señala el profesor en agroecología, José Ángel Flores, integrante de la Asociación Intercomunal de Intipucá, perteneciente a la Red de Comunidades Vida Digna, estructura que articula a comunidades del oriente de El Salvador amenazadas por megaproyectos,
En aquel momento, se difundió un acuerdo entre el gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) con China, el cual pretendía intervenir 2,800 kilómetros cuadrados para el desarrollo de la ZEE, entre el puerto La Libertad, en el cauce del río Lempa, hasta el puerto de La Unión, en el geoestratégico Golfo de Fonseca.
Previamente, desde 2014, el gobierno progresista del FMLN contemplaba la construcción del Aeropuerto Internacional El Jagüey, proyecto renombrado y puesto en marcha actualmente por Bukele en los mismos territorios del pacífico centroamericano.
Sin defensa
Mientras transitamos por el bosque, nos percatamos de un patrón de señalización; pintura naranja cubre los troncos de los árboles. Santos Cruz, campesino de la región, comenta que son las huellas de un censo peculiar en el cual, durante días, trabajadores de CEPA y del Ministerio de Obra Pública midieron y evaluaron el sitio para la construcción del aeropuerto.
Habitantes de la región han denunciado irregularidades desde el anuncio de la construcción de la terminal aérea. Foto: Juliana Bittencourt
Desde los primeros meses de 2022, habitantes de Condadillo percibieron una mayor actividad de parte de trabajadores del Estado, quienes además de tomar medidas de los terrenos, fotografiaban las viviendas y parcelas de las y los campesinos. A ellos se fue sumando la presencia de contingentes militares y policías, que se normalizaron a partir del mes de marzo, cuando se declaró el régimen de excepción en todo el país, justificado por el alza de homicidios y el incremento de la violencia adjudicada a las pandillas.
La situación de las y los habitantes se agrava dado que diversas comunidades no poseen escrituras. Tampoco cuentan con la regularización en la tenencia de la tierra. Flores destaca que ello “genera que puedan ser despojadas en cualquier momento”, resalta el profesor, quien nos acompaña en el recorrido por las comunidades afectadas, mientras subraya que se ha violentado el derecho a contar con información oportuna y la falta de consulta a las poblaciones.
Leyes a modo
Mientras visitamos el bosque de manglar en la zona de influencia del proyecto del aeropuerto, Flores contextualiza sobre el proceder del poder legislativo e instituciones medioambientales, y enfatiza su subordinación al presidente Bukele, lo cual le ha facilitado la imposición de sus megaproyectos.
Para ejemplificarlo menciona la aprobación, el 24 de noviembre del 2021, de la Ley de Dominio Eminente de Inmuebles para Obras Municipales e Institucionales. En dicha normativa se establece el mecanismo para la expropiación de propiedades por “causa de utilidad pública o de interés social”, ley aprobada solo tres días después del anuncio, por parte del propio Bukele, de la construcción del megaemprendimiento que abarca la llamada Ciudad Bitcoin.
Acorde al profesor, la ley omite la etapa de conciliación, es decir, no existe un espacio de diálogo, “mientras arranca el proceso, el Estado salvadoreño puede ir construyendo e instalando los megaproyectos hasta que salga una resolución. La población queda despojada y no tiene ningún tipo de entidad estatal a la cual puede acudir”, sostiene Flores.
Él afirma que las leyes aprobadas tienen como objetivo la facilitación para establecer megaproyectos de inversión. De esta manera, la Asamblea Legislativa también aprobó la Ley para la construcción, administración, operación y mantenimiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico y la Ley de régimen especial para la simplificación de trámites y actos administrativos relativos al Tren del Pacífico. Ambas normativas han recibido críticas debido a que permiten que tanto el tren como el aeropuerto no se rijan por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, quedando totalmente fuera de controles de transparencia.
Por su parte, don Elmer expresa preocupación ante la incertidumbre sobre sus terrenos en Flor de Mangle. Reclama sobre las constantes visitas de funcionarios, quienes presionan a los campesinos en el marco de un proceso de expropiación. Tanto habitantes de esta comunidad, como de Condadillo, han denunciado públicamente presiones de CEPA para vender sus terrenos a precios que ellos consideran injustos, lo que ha llevado a rechazar la firma del avalúo; aunque el campesino asevera que algunas familias han terminado cediendo por miedo.
Ante el aumento en las amenazas, en octubre del 2022, los campesinos rechazaron públicamente las negociaciones con la CEPA. Representantes de las dos comunidades señalaron que la institución valoró sus terrenos por un monto de 8,000 dólares por manzana (0.70 hectáreas), cuando ellos consideran que el valor real es mayor.
Santos Cruz, agricultor con terrenos en la zona, acusó que funcionarios de CEPA les han visitado para dar un ultimátum a los propietarios. “Si usted no firma, es posible que se quede sin nada”, refirió el campesino sobre el trato de los trabajadores del Estado. “Nosotros los agricultores, la gente pobre del país, estamos sufriendo cuántas cosas por megaproyectos que trae el gobierno. ¿Por qué no lleva ese aeropuerto a otro lado? El país no necesita dos aeropuertos”, reclamó el campesino al sostener que con la implementación del proyecto decenas de familias quedarían sin fuentes de trabajo.
Aeropuerto “verde”
Según el Plan Cuscatlán, eje rector del gobierno de Bukele, la construcción del Aeropuerto del Pacífico representa la consolidación de la primera terminal aérea “verde” de Centroamérica. Para ello, asegura que su implementación se basará en los estándares de certificación Liderazgo en Energía y Diseño Medioambiental (LEED, por sus siglas en inglés) del Consejo de la Construcción Ecológica de Estados Unidos, “protegiendo el área de influencia y estableciendo nuevas legislaciones para el desarrollo ecoturístico en la región”.
El Aeropuerto Internacional del Pacífico, con una inversión aproximada de 300 millones de dólares, pretende abarcar una superficie de casi 20 mil metros cuadrados. Pese a que CEPA aún no define si será administrado por el Estado o por un ente público-privado, los estudios de factibilidad corrieron a cargo de UDP CONSORCIO PEYCO–ALBEN 4000, propiedad de Grupo SEG, de capital español.
Acorde a las proyecciones de CEPA, el aeropuerto traerá “polos de desarrollo (económicos)” para la zona oriental y generará empleos para los habitantes. Federico Anliker, presidente de la Comisión, asegura que la nueva terminal aérea se convertirá en una “aerotrópolis”, una ciudad de industrias, hostelería, centros resort y maquilas tecnológicas.
Contrario a las promesas de desarrollo sustentable, el estudio de impacto ambiental remarca que la construcción de la terminal aérea representa una amenaza para más de 44 especies de aves que habitan en el manglar El Tamarindo.
Manglares en la costa pacífico de El Salvador. Fotos: Aldo Santiago
“El impacto incluye la destrucción de sitios de anidación, obstaculización del flujo de aves migratorias y la muerte de especies y ejemplares de aves que están en peligro o amenaza de extinción, como la Lora de Nuca Amarilla, Catalnica, Chocoyo y Siete Colores”, refiere sobre el peligro que se cierne contra la fauna, donde otras especies, como mamíferos y reptiles que habitan el manglar y su zona de influencia, también serán afectadas.
De acuerdo a datos del MARN, El Salvador cuenta con 13 ecosistemas de manglar a lo largo de la costa pacífico, cuya superficie se ha reducido en un 60% durante las últimas seis décadas. La construcción del Aeropuerto del Pacífico representaría un avance en la disminución de los manglares de la región, afectando a las poblaciones que viven de la pesca y extracción de otras especies marinas para su subsistencia.
A pesar de las afectaciones, el medio de investigación GatoEncerrado develó, mediante reportaje difundido a finales del 2022, que el titular del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Fernando López Larreynaga, promovió directrices menos restrictivas para facilitar la construcción del Aeropuerto del Pacifico, a pesar de que, desde septiembre de 2021, técnicos de la institución calificaron el proyecto como “inviable ambientalmente” por afectar una ANP y alterar los manglares de la zona de La Unión.
Maquinaria invade y destruye tierras dedicadas a la agricultura para preparar la construcción del Aeropuerto Internacional del Pacífico.
Según justificó el ministro Larreynaga, la implementación de nuevas directrices obedeció a que al menos 53 proyectos de inversión no habían sido ejecutados en los siete municipios de la franja costera debido a que las reglamentaciones ambientales obstaculizaban las obras. Por ello, la institución flexibilizó las normativas con el objetivo de habilitar los territorios de la costa, catalogados anteriormente como de “máxima protección”, para albergar la construcción de megaemprendimientos de infraestructura.
Integración para el despojo
Pese a la narrativa difundida por el presidente Bukele, para el profesor Flores, las noticias de estos megaproyectos no tienen absolutamente nada de novedosos.
“Es algo que viene desde la época de la Alianza para el Progreso”, refiere sobre la larga historia de integración, impulsada por EEUU, con la región Centroamericana desde la segunda mitad del siglo pasado mediante acuerdos que fueron promovidos por ese país “para garantizar la política económica de Norteamérica”.
El agroecólogo enfatiza el componente logístico mediante el cual está justificada la existencia del Aeropuerto del Pacífico, así como el tren y otros megaproyectos que buscan consolidar infraestructura clave, mediante el uso de recursos públicos, para el funcionamiento e interés de los grandes capitales trasnacionales.
Fuentes de agua de la comunidad de Condadillo están amenazadas por las obras para la nueva terminal aérea.
“Se amarra a toda una lógica más regional. En este caso viene desde el Tren Maya en México, luego su extensión en Guatemala (en referencia al proyecto del Tren Bicentenario que conectará la frontera con Chiapas, México hacia Puerto Barrios, en la costa atlántica) y luego continúa con el Tren del Pacífico en El Salvador (…) toda esta lógica es la extracción de los recursos naturales de los pocos ecosistemas naturales que quedan en Latinoamérica para la transformación de mercancías”.
Flores remarca la injerencia histórica de los EEUU en El Salvador, quien ha implementado diversas estrategias para la profundización del neoliberalismo. Desde la creación de la zona de libre comercio concretada con el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, así como los mas recientes programas de cooperación como FOMILENIO II, el cual concretó infraestructura carretera vital para el posterior desarrollo del litoral pacífico.
“Han funcionado para configurar al país como un pequeño corredor logístico donde el objetivo sea el ensamblaje, el almacenamiento, la distribución y la comercialización de mercancías, a un costo sumamente barato, sin la prudencia de evitar la depredación del medio ambiente”, sostiene el profesor.
Noticias de abajo 9 de marzo de 2023 #Noticiero #Radio #Podcast #MediosLibres
–MUNDO: Reporte del 8 de marzo Día de la lucha por la liberación de las mujeres por Krista.
–GLOBAL: Convocan a Jornada global contra el saqueo del agua y en defensa de la vida
–WALLMAPU CHILE: Protestas de comuneros mapuche tras el robo de cosecha y destrucción del trabajo en tierras recuperadas. Llaman a la resistencia.
Presos Políticos Mapuche se solidarizan frente a escalada represiva del gobierno. Por Radio Kurruf
–CULTURA POPULAR: El brinco del Chinelo en Huitzizilapan Estado de México como forma de resistencia. Vocesmesoamericanas
–MÉXICO: Congreso Nacional Indígena refuerza su resistencia y organización ante la creciente violencia del narcoestado para la imposición de megaproyectos en territorios indígenas. Noticias de abajo
–OAXACA: Continúan los ataques de militares y grupos de choque en el istmo contra comunidades que estan enfrentando las afectaciones del corredor interoceánico. Más de 10 días de plantón en ejidos de Matías Romero en continuo acoso. Fuente de Ucizoni.
–MUJER MÉXICO: ¡No queremos ser legitimadas en piedra, sino con justicia! Hablan mujeres mazatecas sobre el intento del gobierno de imponer la estatua en la Glorieta de las mujeres que luchan. Plantón por la Libertad de los presos de Eloxochitlan
–CHIAPAS: Demandan la Libertad para Manuel Gómez Vázquez, Base de Apoyo Zapatista quien lleva 2 años y 3 meses Privado Arbitrariamente de su Libertad es originario del Municipio Autónomo Rebelde Zapatista, Ricardo Flores Magón en el municipio oficial de Ocosingo, Chiapas. Fuente: Frayba
–SONORA Mensaje a la Asamblea del CNI del preso político indígena de la Tribu Yaqui, Fidencio Aldama.
Los presos políticos Mapuche de las cárceles de Lebu, Angol y Temuco han manifestado a través de comunicados su solidaridad y preocupación frente a hechos que representan una escalada represiva en contra de las comunidades en resistencia por parte del actual gobierno.
También hacen mención a los tres presos políticos Mapuche de la cárcel de Angol Pedro Palacios Cañuta, Simón Huenchullan Millanao y Jorge Palacios Cañuta, quienes se encuentran en huelga de hambre desde el 27 de febrero por el cumplimiento de traslado a CET (Centro de Estudio y Trabajo) de Victoria. Desde Lebu dicen encontrarse alerta por esta situación y no descartan movilizaciones.
A su vez hacen un llamado a fortalecerse frente a lo que es una clara persecución a las comunidades en resistencia y al movimiento mapuche autonomista, por parte del actual gobierno socialdemócrata y en concomitancia con sectores de ultraderecha e históricamente antimapuche. Profundizando las políticas represivas y asegurando las inversiones capitalistas extractivas en Wallmapu (El gran territorio Mapuche).
DECLARACIÓN PÚBLICA PRESOS POLITICOS MAPUCHE DE LA CÁRCEL DE LEBU
A nuestro Pueblo Nación Mapuche, a los Lov y comunidades en resistencia, a las distintas redes de apoyo en las ciudades, al pueblo chileno, los presos políticos mapuche de la cárcel de Lebu venimos a decir lo siguiente:
Como presos políticos mapuche vemos con indignación como un gobierno que se jacta de ser distinto y progresista, profundiza la política represiva hacia nuestro pueblo.
Hoy los presos políticos mapuche de la cárcel de Angol exigen con una huelga de hambre que se cumpla el acuerdo firmado entre el entonces director regional de Gendarmería en La Araucanía y la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos para que se respete lo dictado por el Convenio 169 de la OIT. Cómo presos políticos mapuche de la cárcel de Lebu venimos a solidarizar con los 3 hermanos que están en huelga de hambre en Angol y exigimos que de una vez se respete el Convenio 169.
Frente a esta situación como PPM lavkenche nos declaramos en estado de alerta y no descartamos una posible movilización en respaldo a las demandas antes descritas. De igual forma enviamos un saludo fraterno y todo nuestro respaldo a los peñi/lamuen de Pilmaiken y Temucuicui tras la últimos hechos de robo y represión por parte de la policía militar que copa todo el Wallmapu.
Primero robaron nuestro territorio y ahora saquean nuestra alimentación dejando en claro con estos hechos que el gobierno de Boric no tiene interés real en intentar resolver el conflicto territorial sino más bien se empecina en agudidar las políticas coloniales y represivas en contra del movimiento mapuche autonomista creando condiciones para que las empresas extractivistas continúen saqueando nuestro territorio.
Por último hacemos un llamado a todas las comunidades que están en la lucha diaria contra el estado a fortalecer el weichan y preparase para defender lo recuperado dado que todo indica que el gobierno de Boric ha dado su respaldo político total a los usurpadores y sus perros guardianes, policías y militares, que acechan nuestro territorio.
Abajo el latifundio!
Fuera las forestales, milicos y yanakonas de Wallmapu!
Fuera hidroeléctricas noruegas de Pilmaiken!
Respeto del Convenio 169 y libertad a todos los PPM.
Territorio y autonomía.
Presos políticos mapuche de la cárcel de Lebu:
José Llanquileo
Alexis Manríquez Maril
Matías Leviqueo
Esteban Carrera
Cesar Millanao
Eliseo Raiman
Esteban Huichacura
Manuel Huichacura
Carlos Huichacura
Francisco Medina Huichacura
Robinson Parra Sáez
Yerko Maril Mariñan
Héctor Parra Sáez
Guillermo Camus
Bernardo Camus
5 de marzo de 2023.
COMUNICADO PÚBLICO PRISIONEROS POLÍTICOS MAPUCHE CÁRCEL DE ANGOL
Desde la prisión política, rechazamos los graves hechos de violencia y despojo que continua el gobierno de Gabriel Boric Font en contra de los lof en resistencia de Malleco.
Kiñe: repudiamos enérgicamente la represión realizada por parte de carabineros de Pailahueque en contra de la comunidad Temucuicui y el proceso de recuperación territorial que lleva adelante desde hace muchos años y que legítimamente pertenecen al territorio de wallmapu.
Epu: respaldamos la acción de resistencia de pu weichafe de Temucuicui, wechekeche, domoche weichafe, pichikeche, ka pu fütakeche que realizan y defienden el proceso productivo de siembras para mantener la autonomía alimentaria, que con dignidad y valentía se enfrentan a las fuerzas represivas del Estado que protege los intereses del empresariado y latifundio.
Küla: desde la supuesta democracia que existe en Chile, jamás hemos visto que el estado ataque el proceso productivo o el robo de cereales a las comunidades, sin embargo, hoy es de público conocimiento que carabineros robe e incaute trigo y avena que con mucho sacrificio fueron sembrados por peñi y lamgen del lof de temucuicui y que actualmente se ven afectados directamente, en pocas palabras, se está robando y secuestrando el pan a nuestro pu peñi, pu lamgen, pu pichikeche.
Meli: hacemos responsables al gobierno y a los políticos de ultraderecha que manipulan, estigmatizan y ensucian nuestra justa lucha, quienes día a día a través de los medios de comunicación a sus servicios se dedican a hablar en contra de nuestro pueblo Mapuche. Pero le dejamos en claro una cosa: jamás doblegaran nuestra lucha…a fuego y sangre derramada se apropiaron de nuestro territorio, si es necesario, recuperaremos nuestro wallmapu de la misma forma.
Estamos consientes de los peñis que se encuentran hospitalizados y con diagnóstico de carácter grave, así también de más pu peñi, pu lamgen con lesiones de perdigones, todo ocasionado por la violencia de carabineros al efectuar la supuesta frustración de hurto de trigo y avena.
De igual manera saludamos a los tres peñis que se mantienen en huelga de hambre, exigiendo su salida al C.E.T de Victoria.
A estar atentos y a respaldar la lucha de la comunidad Temucuicui como a los diferentes lof en resistencia así como tambien a nuestros peñis huelguistas.
¡¡¡Newen pu peñi pu lamgen!!! ¡¡¡Wewain!!
Prisioneros Políticos Mapuche, Matías Ancalaf Prado – Moroni Ancalaf Prado, Lof Choin Lafkenche, Collipulli.
Mediante la presente declaración venimos a exponer lo siguiente.
1. Frente a los últimos acontecimientos sucedidos en la comunidad de Temucuicui autónoma, donde fue saqueado el alimento y heridos por la represión de las policías. Con estos hechos queda de manifiesto que el gobierno de Boric no tiene interés real en resolver el conflicto territorial de pueblo nación mapuche, sino que más bien busca empecinarse en agudizar y agotar cada una de las políticas capitalistas- represivas. Para defender los grandes consorcios económico depredadores del territorio como son los grandes latifundista. Que buscan la protección del Estado escudándose en ser ellos los únicos productores y sostenedores de la demanda alimentaria de la población de este país. En consecuencia que dentro de las comunidades hoy día y pese a la adversidad monetaria el mapuche si ha logrado auto sustentar y abastecer comercios, ferias alimentarias y de ganado, molinos locales con diversos productos; como trigo y avena, hortaliza en la histórica feria pinto de Temuco, que con sus productos abastece a más de una región por solo nombrar algunas actividades.
2. Sin embargo, el Estado se esmera en desprestigiar e ir en contra del movimiento mapuche autonomista. creando condiciones para que las empresas extractivitas continúen saqueando nuestro territorio. Es por ello que responsabilizamos directamente al gobierno de Boric y su política represiva capitalista que va en directo beneficio de los grandes saqueadores de nuestro territorio como lo han sido a lo largo de la historia los latifundistas.
3. Responsabilizamos a las policías y militares que actúan como verdaderos sicarios de gran poder capital, por cada una de las violaciones sistemáticas genocidas e inhumana hacia las comunidades operando como verdaderos sicarios y en total impunidad. Frente a cada asesinato de nuestros weichafe, por cada peñi herido, por esos peñi que han perdido la vista o por esa lamien o papay que ha sido ultrajada con las armas de los carabineros. Por esos niños que dejan con sus lagrimas marcada su infancia de injusticia.
Por último respaldamos y solidarizamos con la comunidad de Temuicui y el lonko Victor Queipul.
Pero también hacemos un llamado a todas las comunidades que están en la resistencia diaria contra el Estado a fortalecer la lucha y defensa del territorio ya recuperado.
Territorio y autonomía.
Fey muten!!!
-Fuerza a los peñi que hacen del weichan una herramienta digna de resistencia y futuro.
-Libertad a todos los presos políticos mapuches secuestrados en las distintas cárceles.
En portada: A un mes de la masacre de Juliaca, región de Puno, movilizaciones exigen justicia por el asesinato de 19 manifestantes. Foto: Juan Zapata / Wayka
El régimen cívico-militar de Dina Boluarte encargó a la Policía y el Ejército el “control del orden interno” en las regiones del Perú donde fueron asesinadas decenas de víctimas en dos meses bajo dictadura. La tensión entre militares y manifestantes es alarmante en la frontera de la región Puno y Bolivia.
El jueves (9), a un mes de la masacre de Juliaca (región Puno), en la que fueron victimadas 19 personas, se registraron 23 heridos, tres con impactos de bala -uno es un menor de 11 años-, en un nuevo intento de tomar el aeropuerto de la ciudad, tras una concentración masiva en memoria de los mártires.
En Apurímac, una persona fue victimada y al menos 80 fueron detenidas irregularmente, denunció la Asociación Pro Derechos Humanos. Mientras que en el Centro de Lima se desplegaron más de 10 mil policías, en una delirante exhibición de fuerzas de un Gobierno de facto policializado.
La Policía Nacional del Perú desplegó este jueves cerca de 10.000 agentes en el centro histórico de Lima, donde el principal sindicato de trabajadores del país convocó a una nueva movilización para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el adelanto de elecciones para 2023
El estado de emergencia advierte a la movilización popular la disposición a la violencia estatal en las zonas más vulneradas por la represión. En Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa, Tacna, Moquegua y Madre de Dios, departamentos del sur andino y amazónico, la militarización se extenderá por dos meses, hasta la primera semana de abril. Para Puno se especifica que las acciones “se encuentran a cargo de las Fuerzas Armadas” y se decretó inmovilización social obligatoria entre las 8 pm y las 4 am, hasta el 16 de febrero.
La ampliación del mando de las fuerzas estatales en el Altiplano tiene el objetivo de liberar las vías bloqueadas. El principal paso fronterizo peruano-boliviano, en el distrito binacional de Desaguadero, se encuentra bloqueado por cientos de camiones. En estos momentos hay fricciones entre militares y protestantes indígenas en diversos puntos de la zona.
El despliegue del Ejército genera desconfianza en la población quechua y aimara, que alerta a la comunidad internacional la posibilidad de otras matanzas y violaciones a los derechos humanos.
En este contexto, el historiador y excanciller Héctor Béjar recordó que para las Fuerzas Armadas “esta gente no merece vivir, están de más, son nuestra carga, esa actitud permanece hoy”. Desde el racismo de las instituciones militares, “los aimaras siguen siendo vistos como raza inferior, bárbara. (…) Ahora que se han movido las comunidades de una manera sorprendente, están asombrados y buscan explicaciones tontas, como que son terroristas, los bolivianos los están financiando (…)”.
En la zona fronteriza, los tramos de carreteras despejados en las madrugadas por los uniformados son nuevamente interceptados. “Dejaremos que los chicos (los soldados) hagan ejercicio, al rato volveremos a bloquear, a ver quién se cansa, ellos o toda la nación aimara”, señaló una autoridad comunitaria a Diario Sin Frontera de Puno.
Según la Defensoría del Pueblo, hasta la fecha el estallido en el Perú deja 48 civiles (incluyendo a la última víctima en Apurímac) asesinados por la represión y un policía fallecido, además de 11 muertes por accidentes y hechos vinculados a las manifestaciones.
La lucha se extiende al norte
Con un paro nacional, este jueves (9) la población movilizada respondió a los 60 días de represalias y criminalización por parte del Estado. Las organizaciones campesinas, estudiantiles y obreras encabezaron las protestas masivas de las últimas semanas, reafirmando las demandas de elecciones presidenciales este año, la instalación de una Asamblea Contituyente, la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso.
La movilización popular se fortalecerá en los próximos días, cuando la Macro Región Norte encabece un paro entre el 17 y 20 de febrero. Al igual que en el sur, los departamentos de Cajamarca, Tumbes, Piura, La Libertad, Lambayeque, Áncash, Amazonas y San Martín se sumarán a las medidas de fuerza.
La propuesta de adelantar las elecciones antes de 2024, incluyendo un referéndum sobre el cambio de Constitución, los dos principales reclamos de las protestas, fue rechazada por tercera vez en el Congreso el jueves 2 de febrero. A menos de 24 horas del cierre de la presente legislatura, a cumplirse este viernes (10), el Parlamento discutía la posibilidad de volver a pasar el proyecto por votación.
La responsabilidad del Congreso en la crisis se refleja en un 7% de aprobación ciudadana. El 76% desaprueba a Boluarte, de acuerdo a la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). En Lima, reacia antes de las movilizaciones, ahora el 57% está a favor de la Asamblea Constituyente.
Por su parte, el régimen acelera el financiamiento de la represión. Esta semana el Ministerio de Defensa recibió una partida de 233 millones de soles para afrontar el conflicto en Lima. La alianza compuesta por la ultraderecha, militares y poderes económicos mantiene sus falsas acusaciones contra la protesta social, aumenta las detenciones de dirigentes y se estrena en la persecución de “apología al terrorismo” en redes sociales. Para este peligroso fin, el Ministerio del Interior habilitó canales de recepción de denuncias ciudadanas.
En la provincia de San Román (Puno), la Policía agredió a periodistas locales y de medios internacionales. Los ataques a la prensa se multiplican en todo el país.
La escalada de la violencia del conflicto es visible en la sociedad peruana en forma de agresiones contra manifestantes por parte de seguidores de la ultraderecha y civiles armados, organizados y financiados por intermedio de las fuerzas del orden. En Cusco, retuvieron y torturaron a un joven; en Junín fueron captadas bandas de civiles disparando armas de fuego a huelguistas; en Lima, un grupo neofascista violentó un acto cultural por las víctimas y vándalos azuzados por policías atacaron a protestantes cerca del aeropuerto de la capital. El régimen dictatorial del Ejecutivo de Boluarte y el primer ministro, Alberto Otárola, el Congreso y las instituciones armadas, entramado por la oligarquía empresarial, solo se sostiene por la represión y la intimidación, con imágenes como las de los batallones policiales en Lima que resuenan a los gobiernos totalitarios más violentos del pasado y el presente. Frente al terror, las movilizaciones diarias en todo el país enuncian y reafirman que el miedo se perdió.
En portada: Autoridades ambientales han puesto en marcha una operación en la selva amazónica para expulsar a miles de mineros ilegales de oro a los que se acusa de provocar una crisis humanitaria entre el pueblo yanomami.
La minería para extraer oro en el norte de la Amazonía brasileña está destruyendo la tierra del pueblo Yanomami. Así lo han expresado integrantes de dicho pueblo indígena, quienes resaltan las consecuencias fatales contra sus comunidades: violencia y daños a la salud, así como contaminación de ríos y muerte de fauna.
Ante la gravedad de la situación, Davi Kopenawa Yanomami, chamán y líder del pueblo Yanomami, apunta como principal responsable al ex presidente Jair Bolsonaro, quien huyó a los EEUU al finalizar su mandato el 31 de diciembre del 2022.
“Quien mató a mis parientes, a mis hermanos, a mi familia, fue el [ex] presidente Jair Bolsonaro. En los cuatro años que apoyó a los mineros trajo enfermedades, coronavirus, paludismo, gripe, disentería, verminosis y otras enfermedades. Fue él quien mató. Mató y se fue”, sostuvo Kopenawa durante una entrevista para Amazônia Real.
Minería en el río Uraricoera, territorio indígena yanomami
De acuerdo a la organización Cultural Survival, debido al avance de la minería ilegal en sus tierras, familias Yanomami se han visto forzadas a desplazarse miles de kilómetros de sus territorios para resguardar su vida.
Debido a esto, Davi Kopenawa es uno de los representantes Yanomami que actualmente se encuentran recorriendo los EEUU para denunciar la situación de emergencia de su pueblo. Ante funcionarios de instituciones como la ONU, Kopenawa exige la detención de Bolsonaro.
Genocidio
En el año 1992, el gobierno federal demarcó el territorio Yanomami al certificar una extensión de 9.4 millones de hectáreas entre los estados de Amazonas y Roraima, cerca de la frontera con Venezuela, el territorio indígena más grande de Brasil. Esto sucedió años después de una larga campaña internacional donde Kopenawa se involucró para defender su territorio y expulsar a los cerca de 40, 000 mineros que invadieron las tierras Yanomami.
No obstante, a pesar del reconocimiento oficial del territorio indígena, un año después un grupo de mineros entró a la comunidad de Haximú y asesinó a 16 indígenas yanomamis, entre ellos a un bebé, por lo cual cinco personas fueron juzgadas por genocidio.
Sobrevivientes de la masacre de 1993
En los tiempos recientes, como registra Amazônia Real, durante el gobierno de extrema derecha de Jair Bolsonaro, las acciones a nivel federal y estatal promovieron la extracción de oro y estaño en tierras indígenas Yanomami. Así, se calcula que entre 20,000 y 30,000 mineros han invadido el territorio, que cuenta con una población de 30,400 indígenas y 386 comunidades.
Sumado a la minería también ingresó el crimen organizado por medio de actividades como el lavado de dinero procedente de la venta de oro extraído de los territorios Yanomami. Ante esta situación Kopenawa, quien funge como presidente de la Asociación Yanomami Hutukara, califica la minería depredadora en su tierra de “oro de sangre Yanomami”.
Para Darío Kopenawa, vicepresidente de la Asociación, ésta es una situación de emergencia que vienen denunciando desde 2019, cuando comenzó el incremento de muertes entre los indígenas. “Hutukara lleva casi cuatro años haciendo campaña por Fora Garimpo, Fora Covid (Fuera minería ilegal, Fuera Covid). Llamamos la atención del Estado brasileño y, principalmente, de la sociedad brasileña, llamamos la atención del mundo entero. El gobierno pasado [de Bolsonaro] ni siquiera nos atendió en Brasilia. Así que esta es una situación que se está produciendo y que venimos advirtiendo desde hace mucho tiempo”.
Crisis sanitaria
Acorde a Darío, el gobierno de Bolsonaro lideró una estrategia para debilitar la salud del pueblo Yanomami. Desmanteló la red pública de salud en la región, al mismo tiempo que permitía el ingreso de personas no indígenas quienes contagiaron con enfermedades a la población indígena.
Apenas el pasado 23 de enero, el Ministerio Público Federal también apuntó como responsable por esta situación al gobierno. “La grave situación sanitaria y de seguridad alimentaria que sufren los pueblos Yanomami es consecuencia de la omisión del Estado brasileño a la hora de garantizar la protección de sus tierras”.
Ante la inacción del Estado, distintas organizaciones han emprendido campañas para recoger alimentos que son enviados a las comunidades más afectadas por la desnutrición extrema y las condiciones de violencia.
Además, la vulnerabilidad de algunas poblaciones Yanomami aumenta al considerar que permanecen sin contacto, es decir, no mantienen relaciones con foráneos, ni siquiera con otras comunidades Yanomami. “Los pueblos indígenas no contactados son los más vulnerables del planeta y los invasores podrían aniquilarlos”, alerta Cultural Survival en un llamado de emergencia.
Desde este lunes (6), autoridades ambientales han puesto en marcha una operación en la selva amazónica para expulsar a miles de mineros ilegales de oro a los que se acusa de provocar una crisis humanitaria entre el pueblo yanomami.
“El avance de la minería, alentado por el último gobierno, resultó en una crisis humanitaria en la tierra indígena”, dice un comunicado del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ibama). “La policía federal investiga el crimen de genocidio contra los yanomami”, sostiene el documento difundido en el contexto del operativo.
En portada: Entrada de miembros de la comunidad garífuna al centro comunitario Truinfo de la Cruz antes del acto cultural y ceremonia espiritual para recibir a la Corte y Comisión Interamericanas de Derechos Humanos en 2015.
El pasado sábado (28) fue asesinado Ricardo Arnaúl Montero, joven integrante del Comité de Defensa de Tierra de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, en la costa atlántica de Honduras.
Arnaúl formaba parte del equipo de resguardo y seguridad del sector del Rio Gama, en las inmediaciones del territorio recuperado “Secundino Torres”, cuya propiedad comunal garífuna esta amenazada por la sobreposición de un área de conservación denominada Parque Nacional Punta Izopo.
Ya en el año 2015, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó la razón a la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz y responsabilizó al Estado de Honduras por violar el derecho ancestral y colectivo al territorio de sus habitantes.
En la conclusión de dicha sentencia, la CIDH constató que no se respetó el derecho a la consulta de la comunidad afroindígena “en ninguna de las fases de planificación o ejecución de los proyectos turísticos ‘Marbella’ y ‘Playa Escondida’, [tampoco en] la adopción del Decreto que estableció el área protegido Punta Izopo y la aprobación del Plan de Manejo” del parque nacional.
Entrada de miembros de la comunidad garífuna al centro comunitario Truinfo de la Cruz antes del acto cultural y ceremonia espiritual para recibir a la Corte y Comisión Interamericanas de Derechos Humanos en 2015.
Con ello, la CIDH confirmó la titularidad de la comunidad de Triunfo de la Cruz, quien además cuenta con un título de propiedad otorgado por el Estado hondureño en 1993 y evidenció la amenaza que representan los proyectos turísticos y de conservación que se sobreponen a las tierras garífunas.
Amenazas
Mediante comunicado, la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) enfatizó que han denunciado reiteradamente, “con nombre y apellidos, las amenazas a muerte en contra de los miembros del comité de tierra y la comisión de cumplimiento de la sentencia de la comunidad; hasta la fecha no hemos visto reacción de la policía ni de las demás autoridades del país”.
Además, la organización informa que, el 3 de febrero del año 2022, presentaron a las autoridades policiales y al Mecanismo de Protección, las cinco zonas de mayor riesgo y de mayores amenazas contra los defensores del territorio de la comunidad, dentro de las cuales se incluye el sector del Rio Gama donde recientemente fue asesinado Arnaúl.
Ofraneh también contextualiza que, en el mes de octubre del 2022, presentaron a la comunidad de Triunfo de la Cruz ante Natalie Roque, actual ministra de los Derechos Humanos. Denunciaron las amenazas a muerte en contra de varios líderes de dicha comunidad.
“En esta visita, la comunidad solicitó a la ministra no solo investigar estas amenazas, sino que además que (…) acelere el cumplimiento de la Sentencia [de la Corte IDH] a favor de la comunidad”, detalla el documento difundido tras el asesinato del joven defensor garífuna.
En este contexto, la comunidad de Triunfo de la Cruz denunció el permanente hostigamiento y amenazas de Playa Escondida, “un complejo turístico usurpador que se ha apoderado del territorio y ha prohibido el paso al cementerio ancestral de esta comunidad”. Cabe resaltar que la ubicación del proyecto turístico ‘Playa Escondida’ forma parte de uno de los lotes de tierra que la Corte IDH ha ordenado sea devuelto y restituido a la comunidad de Triunfo de la Cruz.
La Ofraneh señala que, hasta la más reciente agresión contra la comunidad garífuna, no se ha investigado las denuncias de amenazas de muerte contra líderes de la comunidad. “No tenemos información sobre el paradero de los desaparecidos desde el 18 de julio del 2020 y tampoco tenemos indicios sobre el cumplimiento de la sentencia a favor de la comunidad”.
Ante la respuesta oficial, que señalan se limita a publicar indignación en redes sociales, “sin llevar a cabo los mandatos establecidos para liberar, titular y sacar nuestros territorios y mucho menos tocar las estructuras que mantienen en terror y zozobra nuestras comunidades”, la Ofraneh aseveró que no normalizará la violencia, muertes y desapariciones contra las comunidades garífunas.
Garífunas protestan por la violencia impune contra sus comunidades.
Por ello, la organización garífuna exigió una investigación exhaustiva “de este vil y cobarde asesinato y de los demás asesinatos ocurridos en nuestras comunidades que no solo han traído dolor y luto, sino que se han constituido en el principal disuasivo para entregar nuestro territorio a la mafia del capital que domina el país mismo que en muchas de las oportunidades se disfrazan de ´empresarios y de funcionarios´”.
Cabe recordar que en octubre del año pasado se registraron amenazas de muerte contra el fiscal del Comité de Defensa de Tierra de Triunfo de la Cruz, Alfredo López Álvarez, quien fue intimidado para abandonar la comunidad y la lucha por la restitución de sus tierras ancestrales.
Recientemente, organizaciones de derechos humanos, de Honduras y Centroamérica, condenaron el asesinato del joven defensor garífuna. Aunado a ello, este lunes (30) la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) solicitó al gobierno hondureño que efectue una investigación exhaustiva por el asesinato del defensor. Por su parte, Alice Shackelford, la representante de la ONU en Honduras, lamentó la violencia contra los defensores de derechos humanos. “Me solidarizo con su familia así como con Ofraneh. ¡Es necesaria la protección de personas defensoras de DDHH y justicia en este tipo de casos! ¡No más muertes!”, señaló la funcionaria.
Estados Unidos explicitó su interés en el litio, los hidrocarburos y el agua de América Latina. La generala Laura Richardson reconoció la intervención de su país para incidir en el manejo de los “recursos naturales”. Equinor y Shell en el Mar Argentino, la israelí Mekorot para el manejo del agua, Barrick en San Juan y Syngenta en la Casa Rosada. Más extractivismo, la democracia desnaturalizada y un modelo que consolida la dependencia.
La titular del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, reconoció públicamente el interés de su país en el litio y el agua de América Latina. “Tiene mucho que ver con la seguridad nacional (de Estados Unidos) y tenemos que empezar nuestro juego”, advirtió. Una ratificación de la incidencia y decisión que tiene la potencia del norte sobre los “recursos naturales” y políticas de la región. La declaración, que décadas atrás hubiera escandalizado a países que se declaran independientes y soberanos, circuló de forma crítica entre asambleas socioambientales y activistas, pero pasó desapercibida por la clase dirigente de Argentina.
No es casual esa inacción. No hay grieta entre peronismo y la Unión Cívica Radical-Propuesta Republicana (UCR-PRO) referido al extractivismo, donde sobresalen actividades impulsadas por potencias (Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Rusia y Francia, entre otras) y sus corporaciones mineras, petroleras y transgénicas.
El litio, ubicado en las salinas, es el nuevo “espejo de color” de multinacionales y los gobiernos locales – Foto: Subcoop
En las últimas décadas, todos los gobiernos de Argentina actuaron en total alineamiento con los deseos y necesidades de esas potencias y empresas. Y no hay muestras de que vaya a cambiar con el próxima presidente/a. Al contrario, esos gobernantes (tanto nacionales como provinciales) replican esas lógicas coloniales en los territorios donde hay agua, minerales, hidrocarburos, bosques, naturaleza.
Textuales militares del Comando Sur
El Comando Sur de Estados Unidos es uno de diez espacios militares del Departamento de Defensa de ese país distribuidos alrededor del mundo. El Comando Sur tiene “jurisdicción” e influencia directa sobre todos los países del América Latina (a excepción de México, que figura bajo el Comando Norte).
La autoridad militar Laura Richardson fue explícita:
-“¿Por qué es importante esta región? Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras, tienes el triángulo de litio, que hoy en día es necesario para la tecnología. El 60 por ciento del litio del mundo está en el triángulo de litio: Argentina, Bolivia, Chile”.
-Señaló la existencia de “las reservas de petróleo más grandes” y la importancia del Amazonas como “pulmones del mundo”.
-Precisó también que los países bajo el monitoreo del Comando Sur tienen “el 31 por ciento del agua dulce del mundo”.
-“Estados Unidos tiene mucho por hacer (…) Tiene mucho que ver con la seguridad nacional y tenemos que empezar nuestro juego”.
Gobiernos alineados
El alineamiento del gobierno de Mauricio Macri con Estados Unidos fue total. Basta recordar el primer encuentro con Donald Trump y las reuniones con empresas extractivas: desde las petroleras Halliburton, Exxon Mobil y Chevron hasta las del agronegocio Monsanto y Cargill.
El kirchnerismo también cuenta con variados antecedentes de solidas alianzas con corporaciones extractivas. Los encuentros de Cristina Fernández de Kirchner con Monsanto, Barrick Gold y Chevron son solo botones de muestra.
Respecto al Comando Sur y Richardson, la Vicepresidenta recibió a la militar estadounidense en su despacho del Congreso Nacional el 26 de abril de 2022. Lo difundió la propia Cristina Fernández desde su cuenta de Twitter. “Hoy recibimos a la generala de cuatro estrellas Laura Richardson, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, primera mujer en ocupar ese cargo en la historia. Nos acompañó el embajador de ese país en Argentina, Marc Stanley”, resumió la Vicepresidenta. E incluso difundió una foto, sonrientes, del encuentro.
La Embajada de Estados Unidos hizo lo propio, en la misma red social: “La general Laura Richardson, primera mujer jefa del Comando Sur de Estados Unidos, se reunió con la vicepresidenta @CFKArgentina, y conversaron sobre el importante rol de las mujeres en el mantenimiento de la paz y la seguridad en la región”.
En la misma semana de los dichos de Richardson, el peronismo gobernante dio claras señales de alineamiento con Estados Unidos. El presidente Alberto Fernández recibió al Asesor Especial del Presidente Joe Biden “para las Américas”. La Embajada de Estados Unidos difundió el encuentro: “Christopher Dodd se reunió con el presidente Alberto Fernández para conversar sobre el fortalecimiento de la cooperación bilateral y regional”. En otro twitt amplió la misión del enviado estadounidense en Argentina: “El Asesor Especial Dodd habló en la Celac con nuestros socios latinoamericanos y caribeños sobre la promoción de la democracia, los Derechos Humanos y el estado de derecho en la región, y sobre cómo podemos ayudar a alimentar y dar energía al mundo”.
En la cumbre de Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) realizada en Buenos Aires el presidente Fernández volvió mostró coincidencia con los planteos de Estados Unidos: “El mundo está necesitando hoy energía y alimentos y América Latina y el Caribe puede ser proveedora de ambas cosas”. Mencionó el gas y el litio y redobló la apuesta: “Debemos unir esfuerzos para lograr esa integración energética”.
Por su parte, el ministro de Economía, Sergio Massa, también se reunió con el embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, y con Christopher Dodd. Massa afirmó: “Estados Unidos es un gran socio comercial de la Argentina y es clave que sigamos incentivando sus inversiones en sectores estratégicos como la minería de litio, hidrocarburos, economía del conocimiento, agroindustria y energías renovables”.
En todos los discursos sobresale el nuevo “espejo de color”: el litio, presente en los salares de Catamarca, Jujuy y Salta y publicitados engañosamente como parte de una “transición energética” mediante los autos eléctricos. Desde hace más de una décadas que los pueblos indígenas y asambleas socioambientales denuncian la contaminación y el saqueo que implica la minería de litio.
De colonialismo y gerentes
Que otro país explicite sus intereses (y sus intervenciones) en Argentina y la región no ameritó replicas de clase política local. Es un espejo de cómo actúan funcionarios, científicos, economistas y periodistas (entre otros): decidir y opinar sobre territorios donde no habitan ni (muchas veces) conocen, ignorando las decisiones y modos de vida de quienes sí viven en las tierras pretendidos por el extractivismo.
“Es insólito que hablen sobre los ‘recursos’ de lugares que no habitan, es la lógica que subyace a gobernantes, ministros y empresarios. Para las comunidades el extractivismo, el despojo y el desarraigo tiene múltiples caras. Imperialismo y colonialismo interno se alternan. Muchos de los territorios que anhelan los imperios ya fueron certificados como zonas de sacrificio por los gobiernos nacionales y provinciales”, resumió el periodista e investigador del grupo de Ecología Política del Sur, Leonardo Rossi.
En tiempos de sequía y crisis climática, se naturaliza que el ministro del Interior, Wado de Pedro, reciba en Casa Rosada a una empresa israelí (Mekorot) que intenta administrar el agua de cinco provincias (Río Negro, Catamarca, Mendoza, San Juan y La Rioja), se aplaude que el gerente general de Syngenta sea Jefe de Asesores del Presidente, se silencia el accionar contaminante de Barrick Gold en San Juan y se celebra que el Poder Judicial habilite la exploración petrolera en el Mar de Argentina, en beneficio de las empresas YPF, Equinor (de Noruega) y Shell (de Países Bajos).
En un año de elección presidencial, el abuelo diaguita Marcos Pastrana lo resume con precisión quirúrgica: “La democracia está desnaturalizada en su esencia. Hay una crisis muy grande de representatividad. Los representantes supuestamente del pueblo son solo representantes corporativos de partidos políticos y de multinacionales. No son gobernantes ni son ni funcionarios: son gerentes ejecutores de las multinacionales y de los terratenientes”.
En portada: Tras permanecer recluidos más de un día en condiciones denigrantes, el domingo fueron liberados los manifestantes detenidos en la Universidad de San Marcos. Crédito: Fotos de lucha
La dictadura cívico-militar de Dina Boluarte escaló la criminalización contra las poblaciones quechuas y aimaras en el Perú.
La mañana del sábado 21, la Policía irrumpió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para detener a más de 200 manifestantes que llegaron a Lima desde diversos puntos del país, principalmente del sur andino, la zona más golpeada por la represión estatal, para participar en las movilizaciones masivas en la capital.
La redada en la que participaron unos 400 policías antimontines se realizó sin garantías legales, no hubo presencia de fiscales ni abogados. Los escuadrones derribaron con un tanque una puerta y parte de un muro del campus universitario, donde estudiantes albergaban, de acuerdo al estatuto universitario y contra la voluntad del rectorado, a comitivas de las regiones más activas en la lucha contra el régimen militarizado impuesto por la ultraderecha. Dispararon sus armas de fuego y bombas lacrimógenas, aunque no hubo enfrentamientos.
En un intento de tomar un segundo centro de estudios, la tarde del sábado (21), portatropas del Ejército rodearon la Universidad Nacional de Ingeniería, que aloja a las delegaciones hospedadas por autorización del rectorado. Los agentes se retiraron ante la respuesta del rector en defensa de la autonomía universitaria y las garantías de los huéspedes, pero se teme que en los próximos días la Dirección contra el terrorismo de la Policía Nacional del Perú (Dircote)ingrese al recinto, bajo la justificación de la lucha antiterrorista escenificada por el Gobierno de facto para infundir miedo a la población movilizada.
En un listado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, se registraron 208 personas que fueron retenidas durante más de 24 horas en la Dircote y la Dirección Nacional de Investigación Criminal. Entre ellas hubo dos periodistas de la región Puno.
En un comunicado, la Universidad San Marcos indicó que solo solicitó a la Policía la liberación de las puertas tomadas”, por lo que calificó el allanamiento como abuso de autoridad.
Manifestantes detenidos permanecieron hacinados y sufrieron abuso físico y psicológico. Crédito: Fotos de lucha
El domingo 22 fueron liberados todos los manifestantes, a excepción de una persona con requisitoria, tras permanecer recluidos más de un día en condiciones denigrantes, de hacinamiento, como se ve en una fotografía difundida por organismos de derechos humanos. Entre las detenidas estuvo una niña que acompañaba a su madre. Tanto a mujeres y hombres les obligaron a desnudarse y les revisaron sus partes íntimas, relató una manifestante proveniente de Arequipa.
La cacería terrorista es racializada
Hay un trasfondo de racialización en los métodos de criminalización de la protesta cuando no se manifiesta en Lima, lo que reafirman las recientes masacres en las localidades de mayorías indígenas, o cuando se trata de personas de otras provincias, perseguidas durante su viaje, estigmatizadas como violentistas desde antes de ejercer su derecho a la protesta, casi prohibidas de ingresar a la ciudad. Ninguna de las 60 víctimas en menos de dos meses de Boluarte en el poder, 45 asesinadas por balas de militares y policías, se registró en la capital.
Varias de las detenidas denunciaron agresiones físicas y psicológicas, negación de asistencia médica a personas con enfermedades, insultos racistas y calificativos de terroristas por parte de uniformados. No les devolvieron sus documentos de identidad, les quitaron sus celulares, dinero e incautaron la alimentación reunida para su estadía.
“Nos han lanzado bombas lacrimógenas, como a terroristas nos trataron, nos apuntaron con sus armas, nos han arrastrado, enmarrocado en el suelo”, contó una mujer puneña. “Nos han golpeado, maltratado, no somos delincuentes, nos han tenido en calabozos, nos acusan de daños materiales que nunca hemos hecho a la universidad”, denunció una víctima de la redada masiva que llegó desde Huancavelica.
Toma de la Universidad de San Marcos, Lima.
Según el Ministerio del Interior, entre las personas detenidas en San Marcos había tres que tienen “vínculos con el terrorismo” y se encontraron “volantes subversivos que vienen de la época de la violencia”. Se pretende judicializar a los intervenidos acusándoles de daños y robos a bienes de la universidad.
El régimen multiplica su estrategia de estigmatización, acusando a los protestantes de ser financiados por la minería ilegal y el narcotráfico, cuando la organización es comunitaria y autogestionada; se les invisibiliza atribuyendo manipulaciones detrás de una movilización espontánea y sin adhesiones políticas partidarias; se les minimiza desconociendo el respaldo de sus reclamos, a pesar de las marchas multitudinarias, los conflictos cotidianos, con decenas de vías bloqueadas y un sospechoso incendio en el Centro de Lima que dio la vuelta al mundo; a pesar de los máximos niveles de desaprobación de Dina Boluarte y el Congreso.
Para lo cual cuenta con el apoyo de los medios masivos, de propiedad de la oligarquía que capturó el Poder Ejecutivo y al servicio de la cacería del fantasma de la subversión. La concentración mediática y la peligrosa hegemonía de un discurso político en el periodismo peruano han sido advertidas por la prensa internacional.
Tras permanecer recluidos más de un día en condiciones denigrantes, el domingo fueron liberados los manifestantes detenidos en la Universidad de San Marcos. Crédito: Fotos de lucha
El objetivo de sus informaciones es deslegitimar y satanizar ante la opinión pública las demandas de las protestas, centradas en el adelanto de elecciones para este año, la instalación de una Asamblea Constituyente y el cierre del Congreso. Entre los manifestantes de los Andes se defiende ampliamente la reposición en la presidencia de Pedro Castillo, contra el que la prensa local orquestó la mayor campaña de desinformación presenciada desde la dictadura fujimorista.
En esa línea, en el imaginario de la prensa local, la Universidad San Marcos es un fábrica de adoctrinamiento; sus estudiantes, como los manifestantes provincianos, son terroristas formados o en potencia.
La participación de la Dircote en las operaciones contra la protesta social es una forma de intimidación que conlleva la posibilidad de procesos por terrorismo directo o indirecto, delitos configurados en el Plan de Lucha Multisectorial Contra el Terrorismo 2019-2023 para acciones que son derechos constitucionales y de libertad de expresión. Es el terror con el que la alianza entre los poderes Ejecutivo-Legislativo, las fuerzas militares-policiales y los poderes económicos pretenden disuadir, especialmente, las movilizaciones de los pueblos indígenas. Por la criminalización o la masacre.
