^{En portada: Encuentro continental “Mujeres, territorios y libertad de expresión”, realizado entre los días 25 al 29 de abri 2022, en Guatemala. Participaron periodistas indígenas y urbanos que han compartido su palabra con colegas de diferentes partes de América Latina. Foto: Santiago Navarro F}

El pasado martes (28), un juzgado de Guatemala ordenó investigar a nueve periodistas, así como el financiamiento de medios independientes en Guatemala. Esto se da en un contexto de la primera declaración del periodista José Rubén Zamora Marroquín, quién ha cumplido siete meses en prisión por presuntas investigaciones sobre actos de corrupción.

Zamora Marroquín también es ingeniero industrial y empresario. Es fundador de tres periódicos guatemaltecos: Siglo Veintiuno en 1990, El Periódico en 1996, y Nuestro Diario en 1998. Fue detenido en julio del 2022 por supuesto lavado de dinero.

Normalmente ejerce el periodismo de investigación y publica en el medio El Periódico. “Tengo la convicción de que estoy en prisión y aislado por el éxito de El Periódico publicando 228 investigaciones documentadas de la corrupción de este Gobierno”, señaló el presidente de dicho medio.

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El Ministerio Público de Guatemala afirma que el empresario oculta el origen de 25 mil 600 dólares y también es acusado por conspiración por “obstruir la justicia”. Las autoridades guatemaltecas tienen tres meses para fundamentar estas acusaciones.

No bastando con ello, en la audiencia, el juez décimo penal Jimi Bremer, también ordenó que se investigue por “obstrucción de justicia” a nueve periodistas vinculados a El Periódico.

La voz de los medios independientes

De forma urgente, diversos medios y periodistas independientes lanzaron una misiva, destinada a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para informar de lo acontecido el pasado martes en esta audiencia.

En la carta hacia la CIDH se señala que, “los hechos constituyen una amenaza a la libertad de expresión, transgreden los estándares internacionales en materia de libre emisión del pensamiento”.

Además, en el documento se destaca que estos actos contravienen el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que estipula que “no constituyen delito las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”, refiriéndose al trabajo periodístico realizado por Zamora Marroquín.

En entrevista para Avispa Midia, el periodista Simón Antonio Ramón expresa que en “Guatemala estamos en un contexto de criminalización contra periodistas sin precedentes, desde los años de la paz, a partir de 1996 cuando termina la guerra”.

Esta espiral de violencia que vive el país centroamericano tiene que ver con la participación de diversos medios, periodistas, organizaciones y hasta juristas que se involucraron en las pesquisas de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, entre los años 2007 y 2019. Estas pesquisas destaparon un sinnúmero de crímenes de guerra.

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“Entonces ese proceso ha sido detenido, porque la mayoría de los jueces que atendían este tema y temas de corrupción, se han ido al exilio. El Periódico participó en estas pesquisas”, argumenta Antonio Ramón, periodista quien forma parte del medio Prensa Comunitaria.

El corresponsal de Prensa Comunitaria puntualiza que, a la violencia contra periodistas, se suma la restricción a las fuentes de información y se enfrentan a la violencia física, “sólo en el año pasado (2022), en el monitoreo que realizamos, registramos 161 casos, de ellos 88 casos penales, entre intimidación y restricción”.

En el documento enviado a la CIDH, el cual también subscribe Prensa Comunitaria, se argumenta que, “no existen indicios para ordenar investigar a los periodistas, porque los recortes de prensa que la fiscal presentó en audiencia como sustento a sus peticiones, no pueden constituir prueba, no fueron obtenidos ni incorporados legalmente al proceso, en consecuencia, la fiscal está implantando prueba”.

Por su parte, la Relatoría de la CIDH externó en ocasiones anteriores su intención de visitar de manera oficial el país por el aumento de denuncias de ataques en contra de la prensa en Guatemala.

La mañana de este martes (4), el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador
(AMLO), anunció la instalación de una fábrica de autos eléctricos, propiedad de la empresa norteamericana Tesla, en la ciudad de Monterrey, norte del país.

Esto ocurre pese a que la semana pasada, el ejecutivo federal había declarado su rechazo para dicha fábrica debido a la crisis hídrica que enfrenta el estado de Nuevo Léon, ubicado en una región semidesértica.

“Platicamos ayer con el señor Elon Musk, el director de Tesla, hay ya un entendimiento. Sí van a dedicar la inversión a México y se va a establecer la planta en Monterrey con una serie de compromisos para enfrentar el problema de la escasez de agua”, confirmó Obrador durante su conferencia matutina.

AMLO argumentó el cambio en su opinión debido a la inversión propuesta por la empresa norteamericana, pese a que se abstuvo de dar detalles del monto y el número de empleos que promete su instalación.

En lo que concierne al problema con el suministro del agua, el mandatario refirió que existe el compromiso de Tesla para utilizar agua reciclada para todo el proceso de fabricación de los automóviles eléctricos.

Estimaciones de la industria automotriz indican que para la fabricación de un coche se llegan a utilizar hasta 4,000 litros de agua. Además, el sector en México consume, solamente en las instalaciones de una armadora de autos, hasta 10 mil millones de litros de agua anualmente.

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Cabe resaltar que, durante la primera mitad de 2022, la ciudad de Monterrey, la segunda urbe más grande de México con más de 5 millones de habitantes, padeció una sequía catalogada como “extrema” al mismo tiempo de registrar temperaturas que superaron los 40 grados centígrados.

Sin subsidios

Uno de los puntos que abordó Obrador sobre el acuerdo con Elon Musk, es el que refiere al caso de las baterías y la fabricación de semiconductores. Esto debido a que el gobierno mexicano se abstuvo de comprometerse a otorgar subsidios para el desarrollo de estos campos, tal como lo hace la administración de los EEUU.

“Entonces eso no. Un subsidio así no. No podríamos otorgarlos, esos subsidios. Él lo entendió perfectamente y hablamos de que sin esos subsidios, las ventajas comparativas de México son únicas en el mundo”, detalló AMLO, quien resaltó que el recurso principal de ese país son los trabajadores. “Eso no se encuentra en otros lugares del mundo: la calidad de la fuerza de trabajo, la mano de obra, el profesionalismo de los trabajadores mexicanos”, sostuvo el mandatario.

La fábrica anunciada para el norte de México representa la tercera instalación de Tesla fuera de EEUU, pues se sumará a los complejos industriales que posee en Shanghái y Alemania.

El Congreso de la República de México aprobó el miércoles (22) la creación de la Ley de Protección del Espacio Aéreo mexicano, la cual determina que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) será la responsable de coordinar la vigilancia y control del espacio aéreo de México. La iniciativa fue lanzada en abril de 2022 por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Hasta ahora, dichas tareas habían estado principalmente bajo el control de autoridades civiles de aeronáutica y de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Mientras solo una instancia de Sedena participaba en el esquema previo, ahora las Fuerzas Armadas serán la cabeza y coordinarán todas estas actividades.

“La Sedena coordinará la participación de las autoridades correspondientes para la vigilancia del espacio aéreo”, dice el artículo 3 de la ley. Además, la secretaría tendrá la libertad de emitir disposiciones técnicas y administrativas que considere “necesarias” para el cumplimento de la ley.

La ley también crea el Sistema de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Mexicano. El sistema será integrado por Sedena, que hará la coordinación; por la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana y la Comandancia del Centro Nacional para la Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo; Secretaría de Marina, a través de la Dirección del Centro de Mando y Control de la Armada de México.

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La reforma se aprueba en medio de crecientes críticas a las políticas de militarización de López Obrador, quien ha entregado a las Fuerzas Armadas: el control de la Guardia Nacional, obras como el Tren Maya y aeropuertos, además de la vigilancia de puertos y aduanas.

Contradicción

La Ley de Aviación Civil y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, todavía vigentes, dan facultades en materia aeronáutica a la SICT. Las leyes no fueron reformadas y en la nueva se autoriza a la Sedena a realizar parte de las tareas que la SICT ya lleva a cabo vía sus órganos Agencia Federal de Aviación Civil y Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Senaem).

Ahora, la ley será enviada al Ejecutivo Federal para completar el trámite y su entrada en vigor.

^{En portada: Asamblea en memoria de Abisaí, realizada el pasado martes 21 de febrero. En el evento, individuos, colectivos y organizaciones exigieron justicia por el asesinato del activista y periodista.}

Organizaciones sociales y ambientales exigieron que las autoridades del estado de Hidalgo investiguen la muerte del activista Abisaí Pérez Romero, estudiante de ciencias de la comunicación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), colaborador del Atlas de Justicia Ambiental (EJAtlas) e integrante del programa de servicio social del programa “Identificación y documentación de conflictos socioambientales” de la UACM.

Abisaí desapareció el lunes 13 de febrero, cuando se desplazaba en su bicicleta en el municipio de Tula, Hidalgo. Su cuerpo fue encontrado un día después, el martes 14 de febrero, en un camino vecinal.

En un comunicado, organizaciones como el Grupo Intercolegiado de Investigación en Ecología Política (UACM), la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA),  el Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño A.C e intelectuales como Enrique Leff y Mina Lorena Navarro, exigen “una investigación seria de los hechos, sin descartar con presura ninguna línea de investigación, por parte de las autoridades correspondientes”.

Abisaí “era un defensor del territorio, un defensor de derechos humanos que investigaba la articulación entre diferentes conflictos en la región tolteca”, sostiene para Avispa Midia el profesor e investigador de la UACM, Hernán Correa, quien integra el programa de servicio social “Identificación y documentación de conflictos socioambientales”, del cual Abisai hacia parte.

Abisaí estaba vinculado con la Red de Conciencia Ambiental “Queremos Vivir”, organización radicada en Tula, que ha denunciado los estragos ocasionados en la población del Valle del Mezquital por la construcción del Túnel Emisor Oriente.

Denunció los efectos nocivos que ha producido la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Atotonilco, insertada en lo que se ha llamado uno de los “infiernos ambientales” de México.

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Estuvo vinculado con el Comité de Defensa Ambiental de Atitalaquia, que denuncia la imposición de un relleno sanitario regional en la comunidad de Dendhó. El asesinato de Abisaí es el segundo a involucrar activistas ambientales en la región de Tula.

El 20 de junio del 2022, Jesús Bañuelos Acevedo, conocido como ‘Chuí’, fue asesinado de un disparo en la cabeza. “Es un caso que también está en la impunidad”, recuerda el investigador.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo descartó que el cuerpo de Abisaí presentara huellas de violencia y determinó que la causa de muerte “fue un hematoma subdural secundario a un golpe en el rostro sufrido por una caída desde su propia altura”.

Sin embargo, según las organizaciones, el asesinato de Abisaí podría estar directamente vinculado con su trabajo. “Por esta razón hacemos un enfático llamado a las autoridades judiciales para que investiguen esta muerte teniendo en cuenta su profesión de comunicador social y su actividad como defensor de la vida”.

La organización Artículo 19 se manifestó, por medio de sus redes sociales, al respecto de las investigaciones. “Exigimos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, investigar de manera pronta, imparcial y diligente aplicando el Protocolo Homologado para investigar delitos cometidos contra la libertad de expresión y determinar las causas del asesinato”.

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La Red de Reporteros Sin Fronteras, también por medio de sus redes sociales, pidió a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo que “investigue urgentemente los hechos, sin descartar motivos basados en la labor periodística de Abisaí Pérez Romero”.

De acuerdo con Correa, “su núcleo familiar es que está a cargo de recibir la información de la carpeta de investigación”.

^{Por Darío Aranda}

Una investigación de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario (UNR) confirmó que las personas jóvenes de los pueblos fumigados con agrotóxicos tienen 2,5 veces más probabilidad de padecer y morir de cáncer que las personas que viven lejos de los agroquímicos. Los datos se obtuvieron en una investigación inédita en su tipo, que llevó siete años y está basada en estudios epidemiológicos de ocho localidades de Santa Fe (involucró a 27,000 personas). “Con tres décadas de este modelo agroindustrial, ya nadie puede negar que la evidencia científica confirma que el agronegocio daña la salud, genera enfermedad y muerte”, afirmó Damián Verzeñassi, del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas y uno de los autores de la investigación.

Las Madres de Ituzaingó (Córdoba), el colectivo Paren de Fumigar (Santa Fe), la Coordinadora Basta es Basta (Entre Ríos), el Encuentro de Pueblos Fumigados (Buenos Aires) y la Red de Salud Popular Ramón Carrillo (Chaco), son sólo algunas de las organizaciones y espacios de articulación que desde hace más de dos décadas denuncian el impacto en la salud del modelo de agro transgénico.

El trabajo científico “Incidencia y mortalidad por cáncer en localidades rurales argentinas rodeadas de tierras agrícolas tratadas con pesticidas”, publicado en la revista internacional Clinical Epidemiology and Global Health (Epidemiología Clínica y Salud Global), confirmó lo que esas organizaciones (y otros científicos y activistas) gritan desde hace muchos años: existe una relación directa entre el modelo transgénico, las fumigaciones con agrotóxicos y el cáncer.

La investigación fue realizado por el Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR. Consistió en estudios epidemiológicos en las localidades de Acebal, Arteaga, Chabás, Luis Palacios, San Genaro, Sastre, Timbúes y Villa Eloísa. Todas tienen la característica de ser pueblos dedicados al agronegocio, con predominio de cultivos transgénicos y uso de agroquímicos. “Vivir en pueblos fumigados aumenta el riesgo de padecer y morir por cáncer”, alertan los investigadores Damián Verzeñassi, Alejandro Vallini, Facundo Fernández, Lisandro Ferrazini, Marianela Lasagna, Anahí Sosa y Guillermo Hough.

Y precisan: “El estudio evidencia que en la población joven (entre 15 a 44 años) la probabilidad de morir por cáncer es 2.48 (mujeres) y 2.77 (hombres) veces mayor en estas localidades en comparación con el resto del país”. Y alertan que el porcentaje de fallecimientos por cáncer (tomando la referencia internacional de cien fallecimiento por cada 100,000 habitantes) en estas ocho localidades fue del 30 por ciento, mientras que a nivel nacional la cifra es mucho menor (19.8 por ciento).

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“Se demostró que la incidencia de cáncer en la población de las ocho localidades fue significativamente mayor en comparación a la población general. Y, en particular para la población femenina, se determinó que tiene un 66 por ciento de mayor probabilidad de sufrir algún tipo de cáncer en comparación con la población femenina general del país”, remarcaron.

Damián Verzeñassi apunta a las causas de las estadísticas obtenidas: “El actual modelo agroindustrial no ha hecho más que incrementar los daños en la salud de los territorios y, por tanto, de las personas que vivimos en esos territorios. Nuestro trabajo es un aporte más a una gran cantidad de clara evidencia científica que se vienen haciendo desde hace ya muchos años y que da pruebas concretas de las consecuencias de los pesticidas”.

En la investigación del equipo rosarino se precisó que, en promedio, el 27 por ciento de los pesticidas utilizados en los países de altos ingresos (como Estados Unidos) están en la categoría “altamente peligrosos”, mientras que el porcentaje aumenta a 45 en los países de ingresos bajos y medios (como Argentina). “En nuestro país las cantidades por hectárea son muy superiores a las utilizadas en Europa o Estados Unidos”, señala la publicación, que cita decenas de trabajos científicos que dan cuenta de la presencia de agrotóxicos en ríos, napas de agua, suelos urbanos, alimentos e incluso en agua de lluvia.

El equipo de investigación apunta también a los responsables de que esto suceda. “La principal responsabilidad es del Estado que habilita este modelo. También hablamos de los funcionarios, de distintos signos políticos, que sostienen y defienden este modelo de una manera cuasi fundamentalista, sin aceptar una discusión en serio”, afirma Verzeñassi. También precisa el rol cómplice del Poder Judicial y del los poderes legislativos, tanto nacional como provinciales. Y señala a los grandes productores, muchos representados en la Mesa de Enlace: “Son partícipes de este proceso que es ecocida y mata a nuestras poblaciones”.

“Y claro que no tenemos que olvidar a las empresas que producen y venden estas sustancias tóxicas, son de las mayores responsables. Saben de los daños que producen y siguen con sus negocios sin importarles el sufrimiento de las poblaciones”, denuncia. Entre las empresas que comercializan glifosato en Argentina figuran Bayer-Monsanto, Syngenta, Red Surcos, Atanor, Asociación de Cooperativas Argentinas, Nufram, Agrofina, Nidera, DuPont, YPF y Dow.

La investigación del Instituto de Salud Socioambiental, en su conclusión, remarca la necesidad de reducir el uso de agrotóxicos y, sobre todo, hace un llamado a aplicar el “principio precautorio”, vigente en la legislación argentina, que implica el tomar medidas de protección cuando está en riesgo la salud y ambiente. “Luego de tres décadas de este modelo, de innumerables pruebas tanto en los territorios como en los laboratorios, es urgente aplicar el principio precautorio ante esta forma de producir que atenta contra la vida de las poblaciones”, exige Verzeñassi.

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En 2020 la organización Naturaleza de Derechos publicó el informe “Antología Toxicológica del Glifosato +1000”, de 270 páginas, recopilado por Eduardo Martín Rossi. Allí detallaban 1,100 trabajos científicos que confirman los efectos en la salud y el ambiente del herbicida glifosato. Figuran más de 200 investigaciones de académicos argentinos (del Conicet y de universidades públicas). En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, ámbito especializado de la Organización Mundial de la Salud), vinculó el glifosato al cáncer, y confirmó que produce daño genético en humanos.

En contraposición, no existen investigaciones independientes (donde no intervengan empresas y científicos con conflictos de intereses) que dé cuenta de la inocuidad de los agrotóxicos utilizados en los campos. De hecho, tanto en Argentina como en Estados Unidos, las agencias estatales aprueban esos químicos en base a estudios de las mismas empresas que los venden.

Una experiencia única y censurada

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario contaba con una experiencia única: los “campamentos sanitarios”, de la materia Práctica Final del último año de la carrera (impulsada por el Instituto de Salud Socioambiental). Todos los estudiantes y docentes se instalaban durante una semana en un pueblo (siempre en acuerdo con las autoridades locales) y, con una detallada encuesta, trazaban un perfil socio-sanitario del lugar. Se realizaron 40 campamentos en el periodo 2010-2019 (entre ellos los ocho de la publicación científica) y reunieron evidencias claras del incremento de enfermedades vinculadas al modelo agropecuario. Pero las actuales autoridades de la Facultad (encabezada por el decano Jorge Molina) eliminaron esa experiencia única de estudio e investigación.

Agrotóxicos y su impactos en la salud

El médico e investigador Damián Verzeñassi explica que los estudios epidemiológicos no pueden precisar qué agroquímico causa determinada enfermedad en cada paciente, pero sí remarca que las poblaciones son expuestas a cócteles de agrotóxicos que individualmente está probado que estimular el desarrollo de problemas endocrinos y distintos tipos de cánceres.

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Destaca que el glifosato es teratogénico (produce malformaciones) y está asociado al desarrollo de linfoma no hodking; la atrazina está vinculado al cáncer de mama y alteraciones en tiroides; el clorpirifós es neurotóxico, desregula la tiroides y aumenta la incidencia de tumores de mama.

En tanto el glufosinato de amonio (que se intenta utilizar en el nuevo trigo transgénico) es disruptor endocrino y teratogénico. Mientras que el 2-4D es teratogénico, aumenta el riesgo de aborto y es clasificado por IARC-OMS cómo posiblemente cancerígeno en humanos y asociado a linfoma no hodking. “Existen además trabajos científicos que demostraron que si se combinan los pesticidas, algo que ocurre en la práctica habitual, la capacidad de daño es aún mayor que individualmente”, afirma Verzeñassi.

^{En portada: Manifestación de habitantes de Sitilpech por la contaminación de su territorio debido a la operación de una mega granja de cerdos.}

La madrugada del pasado sábado (18), elementos de la policía estatal y municipal, de Yucatán e Izamal, respectivamente, ejecutaron un operativo contra el campamento erigido por habitantes de la comunidad maya de Siltepech en rechazo la reanudación de una mega granja de cerdos que contamina el aire, agua y tierra de la región.

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Registros en video muestran a los elementos de seguridad violentando a mujeres y adultos mayores que participan en la iniciativa pacífica de Siltepech para cuidar y defender su territorio ante la cría industrial de hasta 50 mil cerdos.

En el operativo también participaron policías antimotines, quienes reprimieron, asediaron, agredieron físicamente y finalmente desalojaron con violencia el bloqueo de la organización La Esperanza de Sitilpech. Testimonios de las y los manifestantes aseveran que los policías robaron sillas, mesas y celulares para evitar la documentación del hecho, violando con ello los protocolos de uso de violencia.

Por su parte, la tarde de este domingo (19), la organización Kanan difundió que las y los habitantes de Sitilpech interpusieron un amparo indirecto ante la represión policiaca, argumentando la violación a sus derechos a la libre manifestación y la defensa de sus derechos humanos.

Alertaron que, con las acciones del Estado, existe el riesgo “de desaparición forzada o detenciones arbitrarias que supone este tipo de intervenciones. Actos que, por demás, violentan los derechos reconocidos en la Constitución, Convención Americana Sobre Derechos Humanos y en el Acuerdo de Escazú”.

En el comunicado, la organización de derechos humanos informa que un juez federal concedió la medida cautelar, reconociendo con ello la legitimidad de la protesta pacífica de las y los habitantes de Sitilpech. Además, la resolución ordena al Estado a cesar los malos tratos (asedios, agresiones y violencias), así como cualquier acto de incomunicación contra las y los manifestantes.

“Exijamos a las autoridades a acatar la resolución judicial y cesar la criminalización, represión y vio en contra de la comunidad maya de Sitilpech y quienes integran el colectivo La Esperanza de Sitilpech”, asevera el documento.

Tribunales y represión

En comunicado, difundido el sábado (18), la organización Kanan Derechos Humanos, quien acompaña legalmente a las y los manifestantes, enfatiza que la reapertura de la mega granja porcícola amenaza la vida en la comunidad maya.

Fue en 2021 cuando habitantes de Sitilpech iniciaron un proceso organizativo y de defensa legal para exigir el respeto a su libre determinación. Desde entonces también han denunciado la vulneración de sus derechos a un medio ambiente sano y a la salud ante los daños por la operación de la empresa porcícola Productos Pecuarios para Consumo (aparcera de Kekén).

Tras años de trabajo colectivo, un juez de distrito en Yucatán otorgó medidas cautelares a los habitantes, mismas que condujeron a la suspensión de operaciones de la granja. No obstante, “nueve meses después, el poder del empresariado porcícola en Yucatán logró que un Tribunal Colegiado, bajo propuesta del Magistrado Jorge Enrique Eden Wynter García, desechara el caso judicial de la comunidad de forma arbitraria, permitiendo así el reinicio de operaciones de la mega granja”, denuncia la organización Kanan.

En la primera semana de febrero de 2023, con la venia del Tribunal, la empresa Kekén reanudó el envío de camiones para suministrar de cerdos al complejo industrial. Sin embargo, desde el pasado 10 de febrero, cientos de mujeres y hombres de Sitilpech se congregaron para levantar un campamento pacífico con la intención de bloquear el paso de los transportes hacia el interior de la mega granja.

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Como respuesta a la protesta pacífica, la empresa Kekén emprendió una campaña de criminalización y estigmatización contra el pueblo de Sitilpech y la organizacion Kanan Derechos Humanos. Así lo denuncian una docena de organizaciones sociales, quienes mediante pronunciamiento conjunto acusan a medios de comunicación locales de participar en la denostación de las manifestaciones, contexto que precedió la represión del pasado sábado (18).

“Responsabilizamos a la empresa Kekén y a Mauricio Vila Dosal, gobernador del estado de Yucatán, por la integridad de los defensores del agua y el territorio de Sitilpech y expresamos nuestro repudio a los medios de comunicación que participan en esta campaña y a la policía estatal y municipal de Izamal por su violencia contra personas defensoras, que abonan a la larga lista de casos de estigmatización, criminalización y represión de movimientos sociales en Yucatán”, se posicionan las organizaciones de derechos humanos.