– La policia estatal y municipal de Yucatán e Izamal reprimen a comunidad indígena de Sitilpech
– Violentan a mujeres y adultos mayores quienes cuidan y defienden el territorio
– Reapertura de mega granja porcícola amenaza la vida en Sitilpech y pone en riesgo a sus habitantes
Desde el 2021, habitantes de la comunidad maya Sitilpech, en el municipio de Izamal, Yucatán, iniciaron un proceso organizativo y de defensa legal para exigirle al Estado el respeto y garantía de sus derechos constitucionalmente reconocidos, ante los daños que la empresa porcicola Productos Pecuarios para Consumo (aparcera de Kekén) estaba ocasionando en su territorio con la instalación y operación de una mega granja de alrededor de 50 mil cerdos. Daños que vulneran sus derechos al medio ambiente, la salud, el territorio, la participación en la toma de decisiones, el consentimiento, la libre determinación y autonomía del pueblo.
Después de un par de años de trabajo colectivo y defensa legal, la comunidad de Sitilpech logró frenar la operación de la mega granja que contaminó su agua y aire. Un juez de distrito en Yucatán otorgó medidas cautelares a los habitantes, mismas que condujeron a la suspensión de operaciones de la granja. Nueve meses después de esta resolución, el poder del empresariado porcícola en Yucatán logró que un Tribunal Colegiado bajo propuesta del Magistrado Jorge Enrique Eden Wynter desechara el caso judicial de la comunidad de forma arbitraria, permitiendo así el reinicio de operaciones de la mega granja.
En esta apertura, a inicios de febrero de este año, habitantes de Sitilpech levantaron bloqueos en el pueblo y protestas para impedir el ingreso de camiones cargados de cerdos y alimentos procesados a la mega granja, y a la par, seguir exigiendo el respeto a su derecho a la libre determinación y autonomía del cual goza como pueblo originario.
Después de 10 dias de plantón, este sábado 18 de febrero a las tres de la mañana, 70 uniformados antimotines de la policia estatal y municipal de Izamal, entraron a Sitilpech para asegurar la entrada de un camión de la empresa Kekén y desmantelar el campamento de las y los habitantes. La policia portaba escudos y toletes que fueron utilizados para reprimir la protesta pacífica golpeando a los miembros de la comunidad, incluyendo a mujeres y personas adultas mayores, y en frente de niños y niñas de este pueblo maya. Además arrebataron sus celulares para incomunicarlos, robaron diversos bienes y dañaron motocicletas y vehiculos. Personas agredidas señalaron que minutos antes de que la policia llegara, el pueblo extrañamente se quedó sin señal de servicio telefónico ni de Internet.
La historia de Sitilpech evidencia la diligencia y complicidad que tiene el estado de Yucatán en velar por los intereses del empresariado porcícola y las agroindustrias, que crecen a costa del despojo de las tierras comunitarias, violaciones a la libre determinación y autonomía de los pueblos, contaminación del agua y los cenotes, e incluso la vida de las personas. La gestión del gobernador Mauricio Villa Dosal y sus discursos de sustentabilidad están vacíos de acciones que promuevan el reconocimiento de los pueblos como sujetos de derecho legítimos en los territorios en Yucatán y el mantenimiento de los sistemas ambientales del estado.
Lo que pide el pueblo es claro: Fuera Kekén. No queremos los casi 50 mil cerdos que cría, No quieren la pestilencia que causa su mierda. No quieren que les salgan manchas ni enfermarse por la contaminación. Sí quieren cenar al aire libre y tomar el fresco. Sí quieren volver a tomar agua de pozo. Sí quieren que se respete su autonomía como pueblo maya.
—-HONDURAS: En dos meses siete defensores comunitarios han sido asesinados en Honduras. Educaoaxaca
—-SIRIA Y TURQUIA: Sismo, guerra y capitalismo. 40 mil descesos y ciudades y pueblos en ruinas es parte de las afectaciones por devastador sismo. Los pueblos kurdos rebeldes fuera del discurso oficial de apoyo internacional. Una oportunidad más´para decir No a la Guerra. Kurdistan America Latina, Pie de pagina y AFN espanol.
Noticias de por aca
—-OAXACA: Marinos fuertemente armados reprimen a ejidatarios que se oponen a obras del Corredor Interoceánico. IstmoPress
—-CHIAPAS: Denuncian incremento del crimen organizado y violencia en comunidades indígenas en Chiapas tras el 12 aniversario luctuoso de Jtatik Samuel Ruiz. Boca de Polen.
—-CDMX: Denuncian hackeo de pagina de radio zapote en Facebook. CML
—-PODCAST INVITADO: Somos; cuerpo, territorio y tecnología. Episodio 1. Apoyo mutuo en acción. CodigoSur
Música:
El río me enseñó – casiopeo
Señor Magón. Las tres piedras/ Cuento de Ricardo Flores Magón.
En portada: Productor de maíz. Foto: Eduardo Miranda
El presidente de la República de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 13 de febrero, un nuevo decreto que establece nuevas acciones en materia de glifosato y maíz genéticamente modificado. En diciembre de 2020, el presidente publicó un primer decreto, que queda abrogado, en el cual decidió eliminar gradualmente el maíz transgénico y el herbicida glifosato para el 2025.
La nueva publicación fue la respuesta al ultimátum que Estados Unidos dio a México al solicitar los fundamentos científicos frente a la prohibición del maíz genéticamente modificado y el glifosato, consideró Malin Jönsson, coordinadora de la Fundación Semillas de Vida, en entrevista para Avispa Midia.
La publicación fue difundida un día antes de la fecha solicitada por el nuevo jefe de comercio agrícola de Estados Unidos, Doug McKalip, y el Subsecretario de Comercio y Asuntos Agrícolas Exteriores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USTR), Alexis Taylor, para que el gobierno mexicado presentara explicaciones sobre su decisión de prohibición.
En el reciente decreto se mantiene la prohibición de sembrar maíz genéticamente modificado, así como su utilización en la alimentación humana en el sector de la masa y la tortilla.
Lo anterior, “no representa afectación alguna al comercio ni a las importaciones, entre otras razones”, sostuvo la Secretaria de Economia en un comunicado a la prensa.
El nuevo decreto quita el plazo para prohibir el maíz transgénico en la alimentación animal e industrial de alimento humano. En el comunicado, la Secretaría de Economia explica que “en cuanto al uso de maíz genéticamente modificado para el forraje y la industria, se elimina la fecha límite para prohibir su uso, quedando sujeto a que exista suficiencia en el abasto. Se instalarán mesas de trabajo con el sector privado nacional e internacional para lograr una transición ordenada”.
Además, se recorre la fecha para dejar de importar glifosato y sustituirlo por alternativas agroecológicas, de enero a marzo de 2024.
En el comunicado de prensa, la Secretaría de Economía sostuvo que “Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) realizará investigaciones científicas en torno a los posibles impactos en la salud de las personas del maíz genéticamente modificado. Tales estudios se realizarán con agencias sanitarias de otros países”. Con eso, “México reitera su compromiso de cumplir el T-MEC, según el cual las decisiones fitosanitarias deben estar basadas en evidencia científica”.
T-MEC
El gobierno de EEUU amenaza México con recurrir a medidas formales apegadas al Acuerdo Comercial de América del Norte (T-MEC), antes TLCAN. Para las organizaciones que integran la campaña “Sin Maíz no Hay País”, la polémica muestra que los tratados de libre comercio ponen en riesgo la soberanía de los países cuando alguna de las partes está en situación de desventaja.
Sin embargo, como argumenta Jönsson, en el T-MEC existen artículos que protegen la soberanía de los países, es decir, México puede prohibir el uso productos de tecnología moderna u organismos genéticamente modificados (OGM).
Obrador y Biden reunidos en EEUU. El gobierno de Estados Unidos se declaró “decepcionado” ante el decreto de este lunes 13 de febrero.
“No hay una obligación del T-MEC para admitirlas (las denuncias de EEUU). Podemos ocupar esos argumentos que tenemos, hay muchísimos estudios que están mostrando el daño que provocan a la biodiversidad, a la salud, a la vida”, agregó Jönsson y dijo que, incluso, se puede poner fecha de cierre de frontera para la importación.
Queda Corto
Existen varios estudios sobre harinas de maíz contaminadas con transgénicos y glifosato. “Se están mezclando los dos”, dijo Jönsson.
Incluso, investigaciones de la Universidad Autónoma de México (UNAM) y la Asociación de Consumidores Orgánicos mostraron hallazgos de glifosato y transgénicos en las tortillas. Y de estar usando maíz amarillo para este alimento, habrían fallado los controles por parte del gobierno.
“¿Cómo vamos a eliminar el consumo de harinas contaminadas que tenemos actualmente?, ¿cómo lo vamos a implementar realmente el decreto?, ¿cómo vamos a asegurar que no lo estamos consumiendo?, ¿qué se ha hecho para garantizar que no estamos consumiéndolo directamente?”, cuestionó Malin Jönsson. Como hay varios problemas, “queda un poco corto el decreto”, porque no los resuelve.
La investigadora de Semillas de Vida recordó que el maíz es modificado genéticamente para resistir al herbicida, “van de la mano”. Es así como la aplicación del glifosato acaba con otras plantas. “Controla, pero mata todas las otras vidas, mata la biodiversidad”.
Los considerandos del nuevo decreto presidencial reconocen las investigaciones científicas que alertan sobre los efectos nocivos del herbicida en la salud de los seres humanos, el medio ambiente y la diversidad biológica. Además, reconoce como probable carcinogénico, como lo establece la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer.
La Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), dependiente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), publicó un amplio expediente al respecto. Pero, a decir de las organizaciones mexicanas, ni el gobierno estadounidense ni las empresas consideran válidos estos estudios. “Nos quieren llevar a un callejón sin salida”.
Es una situación sumamente compleja, insistió Jönsson, también por los intereses de grandes capitales de las transnacionales que controlan el comercio del glifosato y la producción de los maíces transgénicos como la empresa Bayer- Monsanto, Syngenta, entre otras.
“Realidades incompatibles”
México es centro de origen y diversificación constante del maíz. Es el resguardo genético vivo más grande en el mundo de los maíces. Los pueblos originarios llevan unos diez mil años guardando, seleccionando y mejorando las semillas, destacó la investigadora.
Existe el registro de 59 razas nativas, pero existen millones de variedades de maíces como esencia de la cultura alimentaria de México, que lo domesticó desde hace más de 7 mil años. En cambio, en Estados Unidos el maíz es una mercancía y un insumo para forraje, para elaborar productos ultraprocesados y para generar agrocombustibles.
“Son dos realidades distintas e incompatibles”, coincidió la investigadora. “Pero venimos de un modelo económico neoliberal donde no se ha apoyado nada la población campesina, se ha dejado que entre el maíz transgénico”, dijo.
Las organizaciones hacen hincapié en la autosuficiencia de México en la producción del maíz que consume. “Por ello es indispensable establecer políticas públicas congruentes y transversales con su respectivo presupuesto, que garanticen que en un plazo perentorio habrá autosuficiencia permanente de maíz no transgénico para la cadena alimenticia en su conjunto”, dijo.
Reacción
El martes 14 de febrero, el secretario de Agricultura estadounidense destacó que están revisando cuidadosamente los detalles del nuevo decreto “y tenemos la intención de trabajar con la USTR para asegurar que nuestro compromiso basado en la ciencia y las reglas se mantenga firme”.
Fernando Bejarano, de la Red de Acción sobre Plaguicidas, considera que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán realizar las acciones conducentes a efecto de llevar a cabo la sustitución gradual del glifosato hasta llegar a su prohibición en marzo de 2024.
Destacó el artículo octavo del decreto 2023 que habla del protocolo de investigación conjunta que integrará la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y las instancias equivalentes de otros países en un estudio sobre el consumo del maíz genéticamente modificado y los posibles daños a la salud.
Las organizaciones que integran la campaña nacional convocaron a las personas a unirse a los propósitos, para que se establezcan leyes y reglamentos que incluyan sanciones.
En la actualidad se importan alrededor 17 millones de toneladas de maíz transgénico a México, debido al Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos y Canadá.
En portada: Santos Hipólito Rivas concede una entrevista durante una protesta a 19 años del asesinato del defensor del ambiente, Carlos Escaleras Mejía, quien se opuso a la instalación de una fábrica extractora de aceite de palma que contaminaría los afluentes de la región.
El pasado domingo (12) fue asesinado Santos Hipólito Rivas, miembro fundador de la Empresa Asociativa Campesina de Producción Gregorio Chávez de la comunidad de Panamá, en el departamento de Colón, costa atlántica de Honduras.
Rivas destacó por su labor en la reivindicación de los derechos de familias campesinas, quienes demandan la devolución de sus tierras para fines de Reforma Agraria. Esto, en un contexto de acaparamiento territorial en la región del Aguán, el valle mas productivo de Honduras. La situación empeoró a partir de 1992 tras la aprobación de la Ley de Modernización Agrícola, alineada al Banco Mundial, cuyos efectos beneficiaron a terratenientes agroindustriales.
“Desde que el Banco Mundial concedió esos préstamos a los terratenientes nosotros hemos vivido en la pobreza. Los países que están comprando aceite (de palma) y biodiesel están comprando sangre y muerte de los que han caído por defender sus tierras”, sostuvo Rivas en entrevista con Avispa Midia durante una protesta en la ciudad de Trujillo a finales de 2016.
Tras el reciente asesinato, la Plataforma Agraria del Aguán y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) señalaron que, pese a que Rivas era parte del Mecanismo de Protección de Honduras desde 2019, “el Estado ha sido incapaz de proteger a los y las defensoras de la tierra y el agua”.
Dichas organizaciones denuncian que días previos a su asesinato, Santos Hipólito Rivas expresó durante una reunión que tenía amenazas y que había acudido al Mecanismo de Protección para interponer la denuncia. A pesar de ello, el dirigente campesino fue asesinado, junto a su hijo de 15 años, Javier Rivas, mientras conducía una motocicleta en la comunidad de Ilanga, Trujillo.
Con estas agresiones, suman siete defensores asesinados en Honduras a inicios de este año. Fueron asesinados Alí Domínguez y Jairo Bonilla, defensores del agua y del río Guapinol; el defensor garífuna Ricardo Arnaúl Montero, de la comunidad de Triunfo de la Cruz; el presidente de la Cooperativa Agropecuaria Los Laureles, Omar Cruz Tomé y su suegro, Andy Martínez, ocurrido la noche del miércoles 18 de enero. Horas antes del mismo día, se registró un tiroteo en la Cooperativa Remolino, la cual fue invadida en diciembre por un grupo armado irregular que tomó posesión de forma violenta de más de la mitad de las tierras adjudicadas a la cooperativa, informaron la Plataforma Agraria y COPA.
Destaca que los homicidios han sido cometidos tras la ampliación temporal y territorial de un estado de excepción en la región, lo que se traduce en un desarme general, y donde solo son los elementos de seguridad quienes pueden ir armados.
Recuperaciones
La Empresa Asociativa Campesina de Producción Gregorio Chávez aglutina 25 familias, cuyos integrantes mantienen un proceso de recuperación de 1,200 hectáreas de tierras que la empresa DINANT, propiedad de la familia Facussé, mantiene cultivadas con palma aceitera.
La custodia de las tierras emprendida por los campesinos se mantiene en un vaivén, entre las acciones de recuperación empleadas por las familias y los operativos para desalojarlos realizados por la corporación DINANT.
En 2012, después del asesinato de Gregorio Chávez a manos de guardias privados de DINANT, las familias comenzaron las recuperaciones en las tierras de la finca Panamá. Como respuesta, la empresa coordinó un desalojo efectuado con apoyo de militares hondureños, durante el cual Santos recordaba que habían sido utilizadas 300 bombas lacrimógenas contra los campesinos.
18 octubre 2016. Tocoa, Colón. Campesinxs del Valle del Aguán realizan protesta por el 19° aniversario del asesinato del activista ambiental Carlos Escalera por órdenes del terrateniente Miguel Facussé. El mismo día de la movilización fueron asesinados el presidente del Movimiento Unificado Campesino del Aguán junto con un acompañante.
De acuerdo a un reportaje de ContraCorriente, los intentos de recuperación emprendidos por los campesinos se repitieron entre 2014 y 2017, así como la respuesta violenta, no solo por parte de la empresa y sus aliados militares, sino también de parte de criminales.
“Ya no hay palabras para describir la barbarie que ocurre de manera permanente en El Aguán”, es la frase con que el Bufete de Derechos Humanos “Estudios para la Dignidad” condena el doble homicidio más reciente.
Para la organización, que acompaña el proceso legal para la reivindicación del derecho a la tierra de los campesinos del Aguán, “su muerte, junto a la de su hijo, mantiene el mismo patrón de los últimos 10 asesinatos en la zona y que reiteramos se ordenan desde empresas agroindustriales como DINANT, que en este gobierno también mantiene el privilegio de su impunidad”.
En un pronunciamiento público, el Bufete demanda detener la violencia en El Aguán contra los líderes campesinos frente a la persecución y violación de derechos humanos que cometen los agroindustriales, “las bandas de matones que están a sus órdenes y por las fuerzas de seguridad, policiales y militares, que están en la zona para protección de estas élites de poder, nunca, nunca para garantizar la vida de los y las campesinas”.
Por su parte, la Plataforma Agraria del Aguán y COPA aseveran que Rivas denunció en distintos espacios que era víctima de amenazas, persecución y vigilancia por miembros del grupo armado liderado por un personaje conocido como ´Piturro´ quien opera a lo interno de la finca Paso Aguan, desde hace varios años, situación que es de conocimiento de las autoridades de la región.
Las organizaciones sostienen que, ante esa situación, el 25 de junio del 2019, la comunidad de Panamá presentó una denuncia ante el Fiscal General de República, Óscar Chinchilla, contra dicho grupo armado, cuya formación paramilitar busca sembrar el terror entre la población y los integrantes de la Empresa campesina Gregorio Chávez.
No obstante, tras esta denuncia, en julio de 2021 fue asesinado Juan Moncada, miembro de la Empresa, pese a que también tenía medidas de protección del Mecanismo de Protección.
“Nos preocupa que criminales involucrados en asesinatos entre los años 2010 y 2013 han regresado a la zona y se han integrado al grupo armado que lidera alias ‘Piturro’”, denunciaron la Plataforma Agraria y COPA ante los recientes homicidios.
Acuerdo incumplido
El Bufete Estudios para la Dignidad resalta que, aunado al desinterés de las autoridades para intervenir en la violencia estructural en El Aguán, el crimen contra los campesinos de Panamá se enmarca en una campaña mediática de desprestigio emprendida por los agroindustriales contra las recuperaciones de tierra, pues “insisten en su pretensión de hacer creer que la lucha por la tierra en esta zona está en manos de ‘delincuentes, revoltosos y usurpadores’”.
Xiomara Castro, presidenta de Honduras
La organización de derechos humanos recordó que, en febrero del 2022, el gobierno de Xiomara Castro firmó un convenio con el movimiento campesino de El Aguán, “un acuerdo que generó desde la Plataforma Agraria una propuesta de solución para la violencia en la zona, misma que pareciera que duerme el sueño de los justos en su escritorio”.
Las acciones violentas continúan, pese a que el gobierno se comprometió a establecer mecanismos de diálogo que impulsarían la protección y la defensa de los derechos humanos a través de una comisión tripartita lo cual, denuncian, no ha sucedido.
Pasado un año, el equipo legal reclama que, pese al acuerdo, también está pendiente la instalación de una instancia encargada de la investigación de las muertes y violaciones de derechos humanos ocurridas en El Aguán.
“Es momento de acciones concretas, reales y duraderas para El Aguán. Le exigimos justicia integral para los miles de familias campesinas en El Aguán y justicia particular para las víctimas de los más de 200 asesinatos de campesinos de la última década”, enfatiza el Bufete en pronunciamiento por el asesinato de Rivas y su hijo.
27 años de los Acuerdos de San Andrés, luchas por la vida y la paz desde los pueblos
Saludamos las iniciativas por la vida, y la defensa del territorio, horizontes de esperanza, y espíritu vigente de los acuerdos.
Desde el Centro de Derecho Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) sostenemos que a 27 años de su firma, Los Acuerdos de San Andrés Sakach’en de los Pobres son un instrumento de lucha, que contiene la memoria y el espíritu de los pueblos que dialogan para pactar caminos de Justicia y Paz; al mismo tiempo les trasciende la inspiración de los movimientos y organizaciones de abajo que empujan con su digna lucha los derechos colectivos de los pueblos originarios, alternativas de vida ante un sistema capitalista y patriarcal.
Actualmente diversas experiencias antagónicas al Estado mexicano construyen una vida digna, desde la autonomía y llevan a cabo una Declaración por la Vida[1], en defensa de la Madre Tierra, sus territorios, en un contexto adverso de remilitarización, desarrollo de megaproyectos e infraestructura y amenazas por parte del Estado mexicano, la delincuencia organizada y empresas transnacionales que ambicionan los bienes comunes donde habitan los pueblos a quienes les son negados y arrebatados sus derechos, como a una consulta libre, informada y con pertinencia cultural que les tome en cuenta respecto a los impactos a su tierra, territorio y proyectos de vida.
Frente a esto, la respuesta son procesos de rearticulación desde los pueblos y comunidades; ejemplo es la convocatoria lanzada por el Congreso Nacional Indígena (CNI) para la asamblea nacional “frente a la creciente violencia del narcoestado y la imposición de megaproyectos” a realizarse el 4 y 5 de marzo en Tehuacán, Puebla; además del encuentro internacional El Sur Resiste 2023, compuesta por una Caravana de documentación y denuncia que arranca el 25 de abril, recorriendo la Costa de Chiapas, el Istmo de Tehuantepec, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, y cerrando con un encuentro en el Cideci / Caracol Jacinto Canek, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
Es el espíritu de estas luchas e iniciativas que mantienen vigentes Los Acuerdos de San Andrés Sakamch’en de los Pobres, como eje articulador de reivindicaciones de derechos que nacen desde la dignidad y las luchas de los pueblos originarios. Son horizontes de esperanza e impulso de acciones hacia una ofensiva desde abajo por la vida, la paz y vida digna.
[1] EZLN. Primera parte: Una Declaración… por la Vida. Disponible en: https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2021/01/01/primera-parte-una-declaracion-por-la-vida/
A un mes de la desaparición del Abogado Ricardo Lagunes y el defensor comunitario Antonio Díaz, nos sumamos a las exigencias de presentación con vida
Exigimos al Estado mexicano una investigación eficaz y acciones profundas para la búsqueda y localización de las personas defensoras del territorio.
Desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, exigimos al estado mexicano investigación y acciones eficaces para la búsqueda y localización del abogado Ricardo Lagunes y el profesor Antonio Díaz, personas defensoras de los derechos humanos, quienes desde el pasado 15 de enero desaparecieron mientras regresaban de una asamblea comunitaria en el municipio de Aquila, en el estado de Michoacán. Responsabilizamos a las autoridades tanto estatales y federales de la crisis de derechos humanos generada a partir del contexto criminal y de violencia generalizada.
La investigación debe de abordar las posibles rutas para dar con sus paraderos; urge se tome en cuenta las condiciones de la región, donde se presenta un control territorial, político y social por parte de la Minera Ternium y demás grupos de poder que ha dejado profundas divisiones en las comunidades vinculadas a su estrategia de despojo.
Las condiciones actuales en donde más de 100 000 personas han desaparecido en medio de una violencia generalizada provocada por la triada Delincuencia Organizada, Empresas y Políticos, orilla a que nuestro ejercicio de la defensa de la vida se profundice, lo que aumenta también las agresiones en nuestra contra, un fenómeno constante y sistemático, basado en amenazas, desapariciones, asesinatos, intimidación y campañas de desprestigio para intentar silenciar las voces de justicia.
Las desapariciones relacionadas con personas defensoras es un panorama critico en el país, mismo; organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas han manifestado la urgencia de que el Estado mexicano actúe con altos estándares internacionales relacionado a las circunstancia, así como la implementación urgente de las acciones establecidas por el Comité contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas.
A pesar de la denuncia de los hechos y exigencia de la aparición con vida desde diversas acciones en los ámbitos nacional e internacional, las autoridades estatales y federales están siendo omisas, evidencian su incapacidad de atender una demanda clara sobre un territorio especifico, lo que nos mueve a impulsar alianzas y fortalecer la organización para hacer frente a la violencia, despojo y división comunitaria que nos imponen desde arriba.
En portada: Manifestación de la comunidad maya de Sitilpech contra la operación de una megagranja de cerdos. Foto: Katia Rejón / Memorias de Nómada
Habitantes de la comunidad de Sitilpech, Yucatán, se congregaron la mañana de este viernes (10) para protestar pacíficamente ante la reanudación de operaciones de la megagranja de cerdos Kancabchén II, propiedad de la empresa Kekén, la cual está ubicada a menos de un kilómetro de la población maya.
Durante entrevista con este medio, Rosario, habitante de Sitilpech, aseguró que, pese a que se realizaron estudios que evidenciaron la contaminación en las fuentes de agua producto de las operaciones industriales de la mega granja porcícola, incluso reconocidos por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), desde el pasado sábado (4) y tras nueve meses de permanecer inactiva, las y los pobladores han sido testigos de la reanudación de operaciones de la empresa.
Esto ocurre después de que el magistrado Wynter García, del Tribunal Colegiado de Circuito en materia Penal y Administrativo, desechara una demanda de amparo promovida por el colectivo La Esperanza de Sitilpech, con lo cual dio luz verde a la reanudación de operaciones de la empresa porcícola.
“El juez Wynter García negó que el pueblo tiene derechos. Él abogó por la granja y que la granja tiene la razón, sin haber consultado al pueblo, sin haber dado asamblea. Él pisoteo nuestros derechos, porque él como magistrado debió ver qué era mejor para el pueblo y no es contaminar el agua. Ninguna autoridad nos ha apoyado, ninguna, ya se cansó el pueblo”, compartió Laura durante entrevista telefónica.
Al grito de “¡Fuera granja!”, un aproximado de 180 mujeres y hombres de todas las edades se movilizaron para impedir el acceso de camiones de la empresa Kekén, los cuales transportan cerdos para suministrar a las instalaciones de la megagranja ubicada en el municipio yucateco de Izamal.
La respuesta gubernamental consistió en el envío de elementos policiacos, municipales y estatales, quienes intimidaron a los manifestantes. Los elementos de seguridad, acusan los presentes, acudieron para “escoltar” a los camiones de cerdo.
“Realmente no quieren colaborar con el pueblo”, expreso indignada Martha, habitante de Sitilpech. “Estamos luchando contra gente que tiene mucho dinero. Vinieron seis patrullas, no a cuidar al pueblo, sino a cuidar a los cerdos. Agarraron otra ruta y entraron con los camiones, nos engañaron”, resalta indignada ante la actitud de los elementos de seguridad y las mentiras que utilizaron para poder ingresar a los cerdos a la fábrica.
Amparo, desechado
La demanda de amparo desechada por el juez García fue presentada para revocar los permisos de operación de la mega granja Kancabchén II. De acuerdo al colectivo Kanan Derechos Humanos, organización que acompaña la estrategia jurídica de las y los habitantes de Sitilpech, dicha megagranja cría más de 40 mil cerdos y se encuentra actualmente en un proceso de ampliación de sus instalaciones, con lo cual también se prevé un incremento en la contaminación y abuso del agua por parte de dicha industria.
Foto: Kanan Derechos Humanos
El recurso jurídico estaba dirigido contra diversas autoridades de los tres niveles de gobierno contra la operación inconstitucional de la empresa porcícola, quien nunca consultó a la población indígena sobre su anuencia al proyecto.
Apenas el jueves 2 de febrero, habitantes de Sitilpech difundieron una réplica pública dirigida al medio “Diario de Yucatán” debido a que, acusan, se tergiversó la noticia sobre la demanda desechada, “para señalar que la empresa ganó el juicio de referencia y, con ello, poner en duda el proceso de defensa del colectivo La Esperanza de Sitilpech”.
Las y los habitantes de Sitilpech señalan que, pese a que el amparo fue desechado, eso no significa que el tribunal le haya dado la razón a la empresa, “simplemente nunca se analizaron las exigencias por meros formalismos.Los formalismos impidieron el derecho de acceso a la justicia del pueblo de Sitilpech que en los últimos meses había vivido en paz debido al cierre de la empresa por más de 9 meses”, sostienen en el documento.
“Dentro (de la fábrica) está el representante de la granja, se presentó como notario público, y él, junto con el capataz nos quieren intimidar”, acusa otra manifestante quien aseguró que, por acuerdo del pueblo, el bloqueo a la megagranja será permanente.
Hasta el cierre de esta edición, las y los manifestantes se encontraban en el lugar, bloqueando los accesos de los camiones que transportan a los animales a las instalaciones de procesamiento industrial. Al mismo tiempo, denuncian que los hostigamientos contra su manifestación pacífica son constantes.
En portada: A un mes de la masacre de Juliaca, región de Puno, movilizaciones exigen justicia por el asesinato de 19 manifestantes. Foto: Juan Zapata / Wayka
El régimen cívico-militar de Dina Boluarte encargó a la Policía y el Ejército el “control del orden interno” en las regiones del Perú donde fueron asesinadas decenas de víctimas en dos meses bajo dictadura. La tensión entre militares y manifestantes es alarmante en la frontera de la región Puno y Bolivia.
El jueves (9), a un mes de la masacre de Juliaca (región Puno), en la que fueron victimadas 19 personas, se registraron 23 heridos, tres con impactos de bala -uno es un menor de 11 años-, en un nuevo intento de tomar el aeropuerto de la ciudad, tras una concentración masiva en memoria de los mártires.
En Apurímac, una persona fue victimada y al menos 80 fueron detenidas irregularmente, denunció la Asociación Pro Derechos Humanos. Mientras que en el Centro de Lima se desplegaron más de 10 mil policías, en una delirante exhibición de fuerzas de un Gobierno de facto policializado.
La Policía Nacional del Perú desplegó este jueves cerca de 10.000 agentes en el centro histórico de Lima, donde el principal sindicato de trabajadores del país convocó a una nueva movilización para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el adelanto de elecciones para 2023
El estado de emergencia advierte a la movilización popular la disposición a la violencia estatal en las zonas más vulneradas por la represión. En Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa, Tacna, Moquegua y Madre de Dios, departamentos del sur andino y amazónico, la militarización se extenderá por dos meses, hasta la primera semana de abril. Para Puno se especifica que las acciones “se encuentran a cargo de las Fuerzas Armadas” y se decretó inmovilización social obligatoria entre las 8 pm y las 4 am, hasta el 16 de febrero.
La ampliación del mando de las fuerzas estatales en el Altiplano tiene el objetivo de liberar las vías bloqueadas. El principal paso fronterizo peruano-boliviano, en el distrito binacional de Desaguadero, se encuentra bloqueado por cientos de camiones. En estos momentos hay fricciones entre militares y protestantes indígenas en diversos puntos de la zona.
El despliegue del Ejército genera desconfianza en la población quechua y aimara, que alerta a la comunidad internacional la posibilidad de otras matanzas y violaciones a los derechos humanos.
En este contexto, el historiador y excanciller Héctor Béjar recordó que para las Fuerzas Armadas “esta gente no merece vivir, están de más, son nuestra carga, esa actitud permanece hoy”. Desde el racismo de las instituciones militares, “los aimaras siguen siendo vistos como raza inferior, bárbara. (…) Ahora que se han movido las comunidades de una manera sorprendente, están asombrados y buscan explicaciones tontas, como que son terroristas, los bolivianos los están financiando (…)”.
En la zona fronteriza, los tramos de carreteras despejados en las madrugadas por los uniformados son nuevamente interceptados. “Dejaremos que los chicos (los soldados) hagan ejercicio, al rato volveremos a bloquear, a ver quién se cansa, ellos o toda la nación aimara”, señaló una autoridad comunitaria a Diario Sin Frontera de Puno.
Según la Defensoría del Pueblo, hasta la fecha el estallido en el Perú deja 48 civiles (incluyendo a la última víctima en Apurímac) asesinados por la represión y un policía fallecido, además de 11 muertes por accidentes y hechos vinculados a las manifestaciones.
La lucha se extiende al norte
Con un paro nacional, este jueves (9) la población movilizada respondió a los 60 días de represalias y criminalización por parte del Estado. Las organizaciones campesinas, estudiantiles y obreras encabezaron las protestas masivas de las últimas semanas, reafirmando las demandas de elecciones presidenciales este año, la instalación de una Asamblea Contituyente, la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso.
La movilización popular se fortalecerá en los próximos días, cuando la Macro Región Norte encabece un paro entre el 17 y 20 de febrero. Al igual que en el sur, los departamentos de Cajamarca, Tumbes, Piura, La Libertad, Lambayeque, Áncash, Amazonas y San Martín se sumarán a las medidas de fuerza.
La propuesta de adelantar las elecciones antes de 2024, incluyendo un referéndum sobre el cambio de Constitución, los dos principales reclamos de las protestas, fue rechazada por tercera vez en el Congreso el jueves 2 de febrero. A menos de 24 horas del cierre de la presente legislatura, a cumplirse este viernes (10), el Parlamento discutía la posibilidad de volver a pasar el proyecto por votación.
La responsabilidad del Congreso en la crisis se refleja en un 7% de aprobación ciudadana. El 76% desaprueba a Boluarte, de acuerdo a la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). En Lima, reacia antes de las movilizaciones, ahora el 57% está a favor de la Asamblea Constituyente.
Por su parte, el régimen acelera el financiamiento de la represión. Esta semana el Ministerio de Defensa recibió una partida de 233 millones de soles para afrontar el conflicto en Lima. La alianza compuesta por la ultraderecha, militares y poderes económicos mantiene sus falsas acusaciones contra la protesta social, aumenta las detenciones de dirigentes y se estrena en la persecución de “apología al terrorismo” en redes sociales. Para este peligroso fin, el Ministerio del Interior habilitó canales de recepción de denuncias ciudadanas.
En la provincia de San Román (Puno), la Policía agredió a periodistas locales y de medios internacionales. Los ataques a la prensa se multiplican en todo el país.
La escalada de la violencia del conflicto es visible en la sociedad peruana en forma de agresiones contra manifestantes por parte de seguidores de la ultraderecha y civiles armados, organizados y financiados por intermedio de las fuerzas del orden. En Cusco, retuvieron y torturaron a un joven; en Junín fueron captadas bandas de civiles disparando armas de fuego a huelguistas; en Lima, un grupo neofascista violentó un acto cultural por las víctimas y vándalos azuzados por policías atacaron a protestantes cerca del aeropuerto de la capital. El régimen dictatorial del Ejecutivo de Boluarte y el primer ministro, Alberto Otárola, el Congreso y las instituciones armadas, entramado por la oligarquía empresarial, solo se sostiene por la represión y la intimidación, con imágenes como las de los batallones policiales en Lima que resuenan a los gobiernos totalitarios más violentos del pasado y el presente. Frente al terror, las movilizaciones diarias en todo el país enuncian y reafirman que el miedo se perdió.
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Cover image: The Batwa indigenous people are currently facing multiple challenges. The cultural crisis, the lack of recognition of their territorial rights and the reappropriation of their lands by multinationals make the communities that live by and for the forest even more fragile.
With its rivers, forests, savannas and freshwater swamps, the Congo Basin – the second largest rainforest in the world after the Amazon – is a patchwork of treasures. It is home to approximately 10,000 species of tropical plants, as well as more than 400 species of mammals, 1,000 species of birds, and 700 species of fish, including several endangered species such as forest elephants or mountain gorillas.
Humans have shared the Congo Basin forests with these other species for tens of thousands of years. Today, the forests still provide food, fresh water and shelter to more than 75 million people.
The Congo rainforest, much of which is in the Democratic Republic of Congo, is the second largest rainforest in the world. The Congolese government has recently tendered 16 new oil fields, some of them in the rainforest. Photo by Axel Fassio/CIFOR.
I had the privilege of talking to Blair Byamungu Kabonge, an Indigenous Batwa descendent who was born in the South-Kivu region of the Democratic Republic of the Congo (DRC), where the Congo Basin connects with the Great Lakes region. Growing up in these lands, he has not only been a witness to nature’s beauty, but also its tragic ongoing destruction.
Together with its wildlife, Blair’s region is extremely rich in oil, diamonds, gold, copper, and minerals like cobalt, tin, cassiterite and coltan. This makes it ripe for extraction and exploitation, as these materials are used to produce new technologies such as smartphones and tablets as well as electric vehicles, solar panels and other so-called ‘green’ or ‘clean energy’ technologies.
Decades of violence
The economic interests in the minerals, timber and wildlife located in the region has attracted the interest of foreign countries and transnational companies over the past centuries, which has led to the explosion of violence.
This started with the colonisation of the territory by Belgium from the end of the 19th century. Attracted by its abundant wealth in rubber, ivory and minerals, the belgium crown, together with concessionary companies, undertook the brutal exploitation of its natural resources and population. Between 1880 and 1926, half of the inhabitants were killed, to the point that some historians refer to this period as a “forgotten holocaust”.
After the official independence of the country in 1960, the economic interests didn’t vanish, and more countries started to get involved in natural resources extraction, such as the United States, Canada, South Africa, the European Union or China, principally.
Locals and NGOs working in the region have long been calling out the direct link between the exploitation of natural resources and continuing armed conflicts in DRC.
Today, the Kivu region is still highly insecure, with multiple armed guerrilla groups, and a heavy presence of the Armed Forces of the Democratic Republic of the Congo (FARDC) which are guilty of violently exploiting civilians to extract valuable minerals to sell on to transnational companies.
A Democratic Republic of Congo Army soldier at an outpost on Chanzu hill in eastern North Kivu region, Nov. 5, 2013.
“The wars we have are linked to the quest for control and domination over ecosystems,” Blair tells me. “But the rich countries chose to cover their ears. They do not seek to establish peace in eastern Congo; they know what they have to gain in this story. If the production of coltan stops in the Congo, what are you going to use to make your phones?”
The race for natural resources has been responsible for significant environmental damages, with devastating destruction of humid primary forests. According to Global Forest Watch, the total area of humid primary forests in South-Kivu decreased by 6.6% between 2002 and 2021.
The hypocrisy of international conservation plans
In light of the ever-worsening climate crisis – and despite the fact that local communities had been trying to give the alert for far longer – combating deforestation has begun to be seen by international institutions as a crucial step in limiting the impacts of climate change, as the world’s forests absorb roughly one-third of carbon emissions annually.
During COP26 in 2021, leaders from more than 100 countries pledged to halt deforestation by 2030.
A group of 11 countries, along with the Bezos Earth Fund, agreed to contribute $1.5bn toward restoration efforts in the Congo Basin region. At the latest COP conference that took place in November 2022, a Forest and Climate Leaders’ Partnership (FCLP) was launched to unite actions by governments, businesses and community leaders to implement the commitment made at the COP26.
However, this seems unrealistic given that there was a similar plan adopted in 2014, which sought to halve global deforestation by 2020 and end it by 2030… with absolutely no results so far.
Like many others, Blair does not really believe in international mechanisms that promote environmental protection. “After each international conference, agreements are signed, but if we get to COP27, it’s because it’s useless,” he says. “The initiators of these policies take people for idiots.”
The hypocrisy of these international declarations is hard to ignore, knowing that the countries that promote them are often the ones who benefit the most from (and contribute the most to) nature’s destruction.
“The same nations that run the COPs are the ones that own the industries that are destroying the planet,” agrees Blair. “So, are we going to start taking action, or are we going to stay distracted and carry on as if nothing is happening?”
I ask Blair what he thinks the answer should be. “What we need is for countries like France, the United States and Russia to reduce their production,” he says. “If we want to conserve the planet, we have to reduce! But which of these countries is taking real action? None!”
He continues: “Everybody says that the DRC is a poor country. And if you come here, it’s true, you’re going to find poor people. But these countries which you think are poor are still rich in forests – and that’s because the people have preserved them. We accept to live in misery, but we preserve nature. You refuse to live in misery, but you destroy the Earth!”
Conservation failures
During his lifetime, Blair has witnessed the failure of multiple conservation plans, one of which is directly linked to his homeland. His village is located at the edge of the Kahuzi Biega National Park (KBNP), a protected area of 6,000 square km situated near Lake Kivu and the Rwandan border. Established in 1970, it became a UNESCO World Heritage Site in 1980, and has been largely funded by the US and German governments. But far from providing protection, it seems like that designation has actually created the conditions for the acceleration of the sale and exploitation of animals and soils in the area.
A burned Batwa home in Kahuzi Biega National Park. Between July 2019 and December 2021, joint contingents of park rangers and army soldiers violently expelled the Batwa from their ancestral home in the park, according to a report by Minority Rights Group International. Photo by Robert Flummerfelt.
“My village is located in the middle altitude of the Kahuzi-Biega National Park. As a child, I saw elephants. The park was one of the parks that attracted a lot of attention from tourists. Before the area officially became a national park, even if we made our livelihoods from hunting, there was everything. But when the white man came here and decided to create the park, that’s when the destruction started. The elephants are gone. Who organised the illegal sale of ivory? Who came to exploit the soils? The local communities or the people of the park, in collusion with the so-called “donors” who finance the park?” Blair challenges.
Blair left his region some years ago and now works in the North-Kivu region, near the city of Goma.
Here, he observes a similar case in the Virunga National Park. “Today, this park is the home of armed groups. And it’s called world heritage, it’s registered with UNESCO – and that makes me laugh. If it’s a world heritage, then what is the international community doing to knock the rebels out of the park? These armed groups threaten ecosystems and communities, they trade in species, they trade in minerals. But when the minerals come out of the park, they become “pure” in the eyes of white people, where in fact, they are made of blood.”
Sadly, this terrible situation is not specific to DRC: there are several other cases of conservation plans (designed by the UNESCO or other institutions and organisations) leading to a significant increase of violence and destruction throughout the world, such as in Central America.
Nature keepers
Blair is not just a witness, he has dedicated his life to defending the forests and Indigenous and local communities’ right to self-determination and self-organisation in their own land, because he knows that their destinies are closely related.
From speaking to Blair, it is clear that the land which Indigenous communities live on, and the natural resources which they depend on, are inextricably linked to their identity, culture and livelihoods, as well as their physical and spiritual well-being.
“For Congolese forest communities, the forest is everything,” Blair explains. “An inhabitant of a forest community can spend a year without buying anything, he does everything thanks to the forest: if he wants meat, he finds meat there; if he needs plants to heal himself, he finds them in the forest, if he wants to build, he doesn’t need nails since he finds ropes in the forest. The forest is life. The traditions of the people here conserve the forest.”
Yet now, the communities are faced with the risk of losing the forests on which their ways of life depend. Blair continues: “they know that if they end up being displaced, they have no place in the outside world, their way of life is absolutely different. They think: our life is here. To move us is almost to take us to the guillotine. We are not going to adapt to the way of life in the cities.”
Community forestry to protect the land
Throughout the world, Indigenous peoples often lack formal recognition of their lands, territories and natural resources. This puts them in a vulnerable situation and in a permanent state of war against companies and governments that seek to take control over their territories in order to exploit their natural resources.
Since 2017, Blair has been working as a community facilitator with the National Alliance for Support and Promotion of Indigenous and Community Heritage Areas and Territories in the DRC (ANAPAC-DRC). One of his main missions has been to support Indigenous communities to manoeuvre the slow bureaucracy and long legal processes necessary to assert their rights on their lands and forests.
In DRC, the soils and subsoils of protected forests belong to the State. However, according to Article 22 of the 2002 Congolese Forest Code, local communities can request a proprietary title on their forest, even if they are located in protected areas, if they can prove that they have a historical relationship with this territory.
When the communities receive their titles – which are collective and permanent, meaning that they won’t need to be renewed by future generations – they also obtain the right to manage their land in autonomy: they gain access to the right for self-determination and self-organisation in their territory.
Kahuzi Biega National Park, a UNESCO World Heritage Site, is famous for its gorilla reserves. The status was achieved at the cost of expelling the nomadic pygmy communities that had been living in this part of the Kalehe territory of South Kivu for generations. Democratic Republic of Congo, November 2020.
With his organisation, Blaire has helped the Bambuti Indigenous community win land titles in the forest territory of Kisimbosa Chamsaka in the province of Nord-Kivu in 2019, becoming the first community forest in the region.
“It helps solve a lot of land issues. Without this, outsiders can easily come from Kinshasa and impose concessions. This brings a certain security”, explains Blair, even if he knows that there is no absolute guarantee that the communities won’t suffer from industry and economic pressure, and that the violence is not going to disappear with land titles.
However, he is sure that all of this is not just about property rights: the entire process also promotes collective organisation and solidarity between communities, which can be decisive when facing any type of threat.
“After obtaining their titles, communities are able to build projects such as schools at their local level, and then also open them up to other communities. One of our most important goals is connection: sometimes communities have a lot in common without realising it. Meeting each other allows them to learn from each other and to join forces for the protection of ecosystems,” he clarifies.
Building international awareness and solidarity
At the end of our conversation, I asked Blair about the responsibility of other people in the world with this same reality, and more precisely, what the people that will read his story can do to support local communities in Congo in their struggle for life.
One of the main things Blair says is building consciousness, especially among people that live in the Global North and asking: what are the impacts of living in rich countries on other peoples, and especially Indigenous peoples all over the planet?
Then, it is crucial to start holding the companies that are benefiting from the land’s destruction accountable for what they are doing: Which industries, and which products are made with blood? What can be done to stop them?
We must also build solidarity, and support those who are fighting everyday to protect not only their own lives but the planet we are all living on. Because, as Blair urges: “the biodiversity we have here in Congo is not just for ourselves, it is for everyone.”
Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas
A las y los Defensores de los Derechos Humanos
A los Medios libres y Alternativos
A los Medios de comunicación nacional e internacional
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
Hermanas y hermanos:
A 30 años de testimonio de lucha no violenta y de trabajar por la paz y la justicia para nuestro pueblo, para México y el Mundo, el mal gobierno de México a través de su sistema de justicia corrupta y podrida SE BURLAN DEL CASO DEL ASESINATO DE NUESTRO COMPAÑERO Y HERMANO SIMÓN PEDRO PÉREZ LÓPEZ citándonos a una audiencia en la ciudad de Pichucalco que nuevamente fue cancelada; al mismo tiempo, AUTORIDADES COMUNITARIAS PERTENECIENTES AL AYUNTAMIENTO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO EN CHENALHÓ, GOLPEAN Y HUMILLAN A COMPAÑERAS de la comunidad Bach’en, integrantes de nuestra Organización Las Abejas de Acteal que se habían reunido para evitar ser desmantelados sus servicios de luz eléctrica por parte del agente rural municipal y su gente.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, junto con sus aliados del PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, PRIISTAS Y LOS RICOS Y PODEROSOS SE HAN UNIDO PARA DESTRUIR NUESTRA RESISTENCIA CIVIL Y PACÍFICA, nuestra lucha por la justicia verdadera por el asesinato cobarde de nuestro compañero y hermano Simón Pedro; EL GOBIERNO DE LA LLAMADA “CUARTA TRANSFORMACIÓN”, HA HECHO SUYA LA ESTRATEGIA CONTRAINSURGENTE DE DESGASTEY DE LA POLÍTICA DEL OLVIDO, aquella que diseñó el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León para encubrir su crimen de Estado cometido en la Masacre de Acteal y de otros crímenes cometidos contra otros pueblos de México.
EL CASO DE SIMÓN PEDRO
La estrategia contrainsurgente y de desgaste hacia nuestra lucha y caminar se evidenció cuando el juez del Juzgado de Control de Pichucalco, Chiapas nos había citado el 7 de febrero para la audiencia de DESAHOGO DE PRUEBAS en el caso del asesinato de nuestro hermano Simón Pedro. Pero, vergozosamente el juez nos dio la noticia que no habían trasladado al autor material del asesinato de nuestro hermano Simón Pedro al juzgado de Pichucalco, Chiapas.
Ante esta burla y humillación de parte del sistema judicial de Chiapas, nos preguntamos, ¿ACASO LOS ASESINOS SON LOS QUE DECIDEN SI ASISTIR O NO A UNA AUDIENCIA? ¿DE QUIÉN ES ESA RESPONSABILIDAD?
NO SE TRATA SÓLO DE UN ERROR, NO SE TRATA SÓLO DE UN PEQUEÑO INCONVENIENTE. ESTE TIPO DE SITUACIONES TIENEN DE TRASFONDO DESGASTARNOS. SABEN QUE NUESTROS RECURSOS ECONÓMICOS SON LIMITADOS Y NO NOS PODEMOS DAR EL LUJO DE ASISTIR A MILES DE AUDIENCIAS FALLIDAS, APUESTAN A DESGASTARNOS PSICOLÓGICA Y EMOCIONALMENTE. APUESTAN A QUE LAS PERSONAS Y ORGANIZACIONES QUE NOS ACOMPAÑAN PIERDAN LA CONFIANZA Y YA NO ASISTAN A ESTAS AUDIENCIAS, APUESTAN A QUE NOS QUEDEMOS SOLAS Y SOLOS, AL DESGASTE DE NUESTRO TEJIDO SOCIAL. ¿POR QUÉ? ¿POR CUÁNTO TIEMPO MÁS?
La suspención de la audiencia del caso de nuestro hermano Simón Pedro, no está aislado con los hechos de agresión y violencia que sufrieron en este mismo día a nuestros compañeros de la comunidad Bach’en.
El Caso de desmantelamientos de sercivio de agua y luz eléctrica de Las Abejas de Bach’en.
Mientras nos encontrábamos en frente del juzgado de Control de Pichucalco, Chiapas, fueron insultados, agredidos y golpeados mujeres y hombres de la comunidad Bach’en miembros de Las Abejas de Acteal, por la gente partidista de dicha comunidad.
Los Sres. Antonio Jiménez Arias agente rural municipal, Cristóbal Pérez Pérez presidente de Comité de Educación, Miguel Hernández Vázquez patronato de luz eléctrica, junto con 60 hombres aproximadamente, el día 7 de febrero alrededor de las 11 y media de la mañana, llegaron al poste de luz de donde tiene tomado el suministro de energía nuestro compañero Miguel Pérez Pérez con el objetivo de cortarle dicho servicio al igual que nuestro compañero José Vázquez Pérez.
Su molestia fue que el pasado 4 de febrero nuestros compañeros en mención junto con el resto de las familias también miembros de Las Abejas de Acteal, decidieron reconectar dichos servicios después de 6 meses de haberles sido desmantelados los servicios por estas mismas autoridades comunitarias, por el hecho de que nuestro compañero Miguel Pérez Pérez no aceptó un cargo de comité de educación ya que existe un acta de acuerdo elaborada en el año de 2014 que regula formas y tiempos en cuanto a cargos y para mantener la armonía en dicha comunidad. Por esta razón nuestro compañero Miguel se amparó con dicho documento, sin embargo las autoridades y la asamblea argumentaron que ese documento ya no tenía validez; ya que en una asamblea celebrada en el año de 2020 decidieron modificar las cláusulas del citado acta de acuerdo, cambiando totalmente el sentido y contenido con el del 2014, además a nuestros compañeros de Las Abejas ya no fueron tomados en cuenta su palabra como en el año de 2014.
Entonces cuando nuestras compañeras y compañeros de la Organización Las Abejas se enteraron de que las autoridades de Bach’en y su gente venían a cortarles los servicios de luz eléctrica a nuestro compañero Miguel y José, se organizaron rápidamente para evitar ser cortados dichos servicios. Las mujeres y hombres rodearon el poste de luz, y en ese momento se acerca en modo agresivo el sr. Antonio Jiménez Arias agente rural municipal, mientras una compañera de Las Abejas le pidió a este autoridad que no cortaran los cables de luz y que mejor se platicara de manera respetuosa a lo que el agente mencionado respondió “la gente ya no se puede calmar, además tú eres mujer, no tienes derecho a hablar aquí”. Un señor de nombre José Méndez de la comunidad Ch’ixilton quien fue contratado por el patronato de luz eléctrica de Bach’en para cortar el servició de luz eléctrica de nuestros compañeros Miguel y José, fue quien empezó la agresión quitándole a fuerzas el celular de nuestro compañero Miguel, pero con el apoyo de las compañeras pudo recuperar dicho dispositivo de comunicación. Enseguida, el hijo del agente de nombre Ismael Jiménez Pérez, golpeó a una compañera de 37 años de edad. Y otra compañera cuando estaba resistiendo y evitando que subieran al poste fue empujada y golpeada cayéndose al suelo y un hombre de nombre Pedro Gutiérrez Pérez se le fue encima, rompiéndole el sueter, aunque otra compañera intentó levantarla, pero otro hombre se le acercó y le dobló el dedo pulgar de la mano izquierda. A nuestro compañero Miguel Pérez Pérez lo estuvieron jaloneando en varias ocasiones pero no soltaba el poste de donde estaba agarrado, quedó con moretones de su brazo derecho. Fueron varias mujeres golpeadas, insultadas y humilladas.
El suministro de energía eléctrica de nuestro compañero Miguel a pesar de la agresión que sufrieron, sí pudieron defenderlo. Pero no fue así el del compañero José, le cortaron la luz eléctrica y se llevaron su cable de bajante.
¿Por qué estamos siendo agredidos, burlados y despreciados por las autoridades judiciales en el caso de nuestro hermanos Simón Pedro?
Señor Andrés Manuel López Obrador:
¿Por qué su gobierno, su gobernador en Chiapas, sus jueces, su sistema judicial, su sistema penitenciario en Chiapas, su presidente municipal de Chenalhó y sus agentes rurales municipales, nos agreden, nos desprecian y nos humillan?
¿Por qué permite tanta mentira y desprecio en el caso de nuestro compañero y hermano Simón Pedro? Por que somos “indígenas”, porque somos pobres? Dónde quedó su palabra en tiempos de su campaña de que son “primero los pobres”?
¿Es una represalia de su gobierno contra nuestra lucha y organización que no acepta soluciones amistosas y que no negocia la justicia y su dignidad?
Queremos dejar claro que aunque nos agredan, aunque nos maten, aunque nos masacren; No tenemos miedo, sobreviviremos, retoñaremos y resucitaremos siempre.
Aunque el mal gobierno nos ponga obstáculos, seguiremos adelante, hasta que se haga justicia por el asesinato cobarde de nuestro compañero y hermano Simón Pedro; no permitiremos que quede en impunidad, lucharemos con todas nuestras fuerzas como lo venimos haciendo con el caso de la Masacre de Acteal. No dejaremos solo a la familia del compañero Simón Pedro, estaremos apoyándoles siempre. ESTAREMOS AQUÍ EL 3 DE MARZO, AUNQUE NOS HAYAN DEJADO PLANTADOS; ESTA VEZ EL MAL GOBIERNO NO PODRÁ ENGAÑARNOS CON SU SISTEMA DE JUSTICIA CORRUPTO.
Así mismo los cortes de luz eléctrica hacia nuestros compañeros y compañeras, le exigimos rotundamente al presidente municipal de Chenalhó que hable con su gente de la comunidad Bach’en, para que inmediatamente restablezcan el servicio de luz eléctrica de nuestro compañero José Vázquez Pérez.
Y LA AGRESIÓN HACIA LAS COMPAÑERAS DE AYER, AHORA SE ENCUENTRAN MAL Y CON DOLOR EN TODO SU CUERPO, PORQUE FUE HORRIBLE LO QUE HICIERON LOS PARTIDISTAS CONTRA ELLAS, lo que hicieron el agente rural municipal junto con el patronato de luz y su gente, fue muy grave, por lo que este hecho humillante no permitiremos que quede impune.
Hermanas y hermanos, quienes conocen nuestra lucha, quienes saben el motivo de por qué el mal gobierno federal, estatal y local nos quieren ver destruidos; les pedimos difundan esta nuestra palabra, ayúdenos a denunciar estas dos arbitrariedas vergonzosas hacia nuestra Organización; tanto del caso de nuestro hermano Simón Pedro, como la agresión de ayer hacias nuestras compañeras de Bach’en.
Les pedimos estén pendientes, no nos dejen solas y solos, porque lo que nos están haciendo los malos gobernantes y los partidistas en las comunidades no es un juego, porque así empezó en el año de 1997, haciendo parecer que son conflictos intercomunitarios, cuando en realidad es parte de una estrategia de guerra para destruir nuestra lucha y nuestro pueblo organizado.
Ante todo lo anterior, EXIGIMOS:
¡Al gobierno de López Obrador no permita más dilación en el caso de Simón Pedro!
¡Justicia verdadera para Simón Pedro!
¡Castigo a todo los responsables tanto material como intelectuales en el caso DE Simón Pedro!
¡No más cortes de luz eléctrica ni agua en la comunidad Bach’en¡
¡Respeto a las mujeres Abejas de la comunidad Bach’en!
¡Garantía a la integridad física y psicológica de nuestras compañeras y compañeros de la comunidad Bach’en!
¡Alto a las represalias hacia nuestra Organización Las Abejas de Acteal!
Desde Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza.
Atentamente.
La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.
