Mi nombre es Fidencio Aldama Pérez. Me uno en solidaridad con mi compañero Miguel Peralta que siendo preso por casi cinco años, tras un engorroso y dilatado proceso, se logró su libertad, al quedar demostrado jurídicamente que no existe una sola prueba para inculparlo. Misma situación por la que desde hace ocho años, aún se encuentran presos sin ninguna sentencia seis compañeros y catorce más perseguidos por supuesta “justicia”. O más bien por la manipulación de ciertas personas las que hacen un abuso de su poder.
El 4 de marzo de 2022, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca revocó su sentencia de libertad tirando una orden de reaprehensión y queriendo imponer una nueva sentencia de medio siglo, es decir cincuenta años.
Ante esta condena y persecución política, me hago solidario a este caso, haciendo un llamado en contra la injusticia que está apareciendo a mi compañero Miguel Peralta. Un caso similar al mío. Porque defendemos nuestro territorio y nuestra autodeterminación, y nuestros usos y costumbres, nos encarcelen injustamente por la intervención del poderío y ligado con ello la participación de corrupción, para intimidarnos para así ellos los aliados de dinero salir y cumplir con su objetivo.
Pero seguimos manteniéndonos en la lucha por la libre autodeterminación sobre todo de nuestros usos y costumbres. Hagamos un llamado de acción por la libertad para exigir el amparo interpuesto ante este proceso, para que realmente trabajan como se deben trabajar.
Compañero Miguel Peralta, ¡ni perseguido, ni condenado!
Por Jeny Pascacio Fotos: Medios libres / El Sur Resiste
La caravana El Sur Resiste 2023, convocada por el Congreso Nacional Indígena (CNI) y organizaciones aliadas, recorrió zonas afectadas por los megaproyectos del Tren Maya y el Corredor Interoceánico en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Campeche, del 25 de abril al 7 de mayo.
La difusión de campañas informativas traducidas en lenguas indígenas, el mapeo de los megaproyectos, análisis de redes sociales, encuentros nacionales para las juventudes y una movilización internacional, fueron los acuerdos a los que llegó la asamblea de la caravana, tras la culminación de las actividades.
El 5, 6 y 7 de mayo, se efectuó el Encuentro Interno y el Internacional en el Centro Indígena de Capacitación Integral (Cideci) en San Cristóbal de Las Casas. De la primera reunión surgieron acuerdos con las comunidades articuladas.
CIDECI-UNITIERRA / CARACOL JACINTO CANEK 7 de mayo 2023.
A la Comandancia General del EZLN:
Al Congreso Nacional Indígena:
Al Concejo Indígena de Gobierno:
A las organizaciones nacionales e internacionales que luchan y resisten:
A los medios de comunicación libres, alternativos, independientes o como se llamen:
A los pueblos de México y el mundo:
Desde el Corazón de la tierra donde nació, creció y se reproduce la digna rabia, los pueblos rebeldes de las geografías del Sur Sureste que caminamos la caravana El Sur Resiste 2023, pueblos binnizá, Ayuuk, Nahua, Nuntajiyi (Nuntajuyi), Maya, Chol, Zoque, Tzeltal, Tojolabal, Tsotsil y mestizos, convocados por diversas organizaciones de esta geografía y por el Congreso Nacional Indígena, recorrimos los territorios afectados por los megaproyectos militares interconectados, Tren mal llamado Maya y el Corredor Interoceánico. Llegamos al territorio zapatista del CIDECI-UNITIERRA / Caracol Jacinto Canek en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde nos reunimos con muchos otros pueblos y organizaciones de los pueblos originarios y las zonas urbanas del sur sureste del país y de otras muchas regiones de nuestra Madre Tierra para compartir los dolores, esperanzas y estrategias de articulación, aprender de las luchas de otras geografías y seguir tejiendo redes solidarias de resistencia y rebeldía planetaria.
Del 25 de abril al 4 de mayo, los integrantes de la Caravana El Sur Resiste viajamos por comunidades y pueblos de ocho Estados de la República Mexicana; partiendo de la comunidad de El Progreso, municipio de Pijijiapan, con una escala en Tonalá, recorrimos la costa de Chiapas y cruzamos el Istmo de Tehuantepec, desde la comunidad Binniza en resistencia de Puente Madera, municipio de San Blas Atempa, pasando por el campamento rebelde “Tierra y Libertad” en el paraje de la comunidad Aayuuk de Mogoñe Viejo, municipio de San Juan Guichicovi ambas comunidades del estado de Oaxaca y llegando a la comunidad nahua de Oteapan en el Sur de Veracruz. De ahí, emprendimos el recorrido rumbo a los territorios mayas de la península de Yucatán, atravesando el Estado de Tabasco por Villahermosa y la comunidad costera de El Bosque devorada por el mar por efecto del calentamiento global, llegando a Candelaria, Campeche, y siguiendo la ruta hasta la comunidad de Zakí, hoy nombrada Valladolid en Yucatán y la comunidad de Noj Kaaj Santa Cruz, hoy Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo, regresando por Xpujil nuevamente en territorio campechano para regresar a Chiapas y encontrarnos con los pueblos zoque, chol, tsotsil, tojolabal y tzeltal, con una parada en Palenque, cruzando la región de los Altos para llegar a nuestro destino final, Jovel, hoy San Cristóbal de las Casas.
Por Sare Frabes En portada: Pueblos ixiles se movilizan para conmemorar una década de la sentencia condenatoria por genocidio contra el dictador Efraín Ríos Montt. Foto: Festivales Solidarios
Pueblos originarios y organizaciones sociales de Guatemala conmemoran este miércoles (10) el décimo aniversario de la sentencia por genocidio dictada contra el general y dictador Efraín Ríos Montt, a quien la jueza Jazmín Barrios condenó a 80 años de prisión por el asesinato de 1,771 mayas ixiles del norte del país centroamericano entre 1982 y 1983.
En la Ciudad de Guatemala, esta mañana se realizó una ceremonia maya con la participación de diferentes organizaciones y sobrevivientes del conflicto armado interno que se desarrolló desde 1960 hasta 1996. “Es conmovedor recordar que se condenó a un general con tanto poder, pese a que la Justicia no está a favor de las víctimas”, declaró a medios internacionales Juan Pérez Cerillo, sobreviviente del genocidio originario de la comunidad ixil de Nebaj.
“Estamos en medio de un contexto de continuidad de la violencia generalizada, de guerras que lastiman a la humanidad. En Chiapas esto se refleja en una hondonada de interacciones notables entre delincuencia organizada, grupos armados y evidentes vínculos con los gobiernos y empresas. Sus impactos reproducen violaciones sistemáticas a los derechos humanos, en un contexto donde el Estado mexicano ha desviado su deberen el sentido de ser un buen gobierno; por el contrario, es omiso, permisivo y aquiescente frente a la actualviolenciageneralizadayalosmúltiplesestratosde impunidad que históricamente se suman, agudizandofenómenos como: desplazamiento forzado, las privacionesarbitrariasdelalibertadquedesembocanennuevas formas de uso del sistema judicial para generar tortura; agresiones a personas defensoras y periodistasen la continuidad de la represión social, violaciones al derecho a la tierra-territorio que trastocan los procesosautonómicos y configuran escenarios de nuevas formas de contrainsurgencia.”
Este 9 de mayo de 2023, en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, se presentó el Informe Frayba 2023, de suma importancia en este momento en el que la violencia se reproduce en el estado de Chiapas como nunca antes. El informe examina las diferentes dimensiones de la problemática en el estado: la remilitarización y la contrainsurgencia; las problemáticas relativas a la tierra y el territorio; el desplazamiento poblacional; la violencia contra defensores de derechos humanos y periodistas; la tortura y la fabricación de culpables; y la violencia armada.
En la presentación, participaron Estela Barco, de Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas (DESMI); Jorge Santiago, del Consejo Directivo del Frayba; Dora Robledo, directora del Frayba; Padre Miguel Ángel Montoya; y Carlos Ogaz, del Frayba.
Compartimos a seguir los audios de las presentaciones:
Agustín López Martínez, juez de Enjuiciamiento del distrito de Ocosingo, Chiapas, dictó sentencia condenatoria por el delito de motín contra César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández, mayas tzeltales del municipio de Chilón, quienes fueron detenidos arbitrariamente durante su participación en una manifestación pacífica donde comunidades de la región exigían detener la construcción de una base de la Guardia Nacional (GN) en el ejido de San Sebastián Bachajón.
Fue durante la protesta del 5 de octubre del 2020, cuando policías estatales reprimieron violentamente la manifestación de los tzeltales, quienes argumentan que la edificación del cuartel nunca fue consultada con la población. La represión dejó un saldo de 11 heridos, así como la detención de César y José, quienes fueron incomunicados por dos días y trasladados al Centro de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) de Ocosingo, donde fueron torturados.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDH Frayba) lamentó la sentencia pues argumenta que, durante las audiencias del juicio oral, “se logró demostrar la falta de elementos sólidos para acreditar el delito de motín por el que la Fiscalía del Estado de Chiapas les ha acusado desde 2020”.
Mediante comunicado, la organización de derechos humanos acusó de otras irregularidades, tales como que los testigos presentados no acreditaron pertenecer al cuerpo de policía estatal ni su participación durante los hechos de la protesta del 15 de octubre de 2020. También sostuvo que los peritos y legislas expertos de la Fiscalía no pudieron comprobar los testimonios de los policías que acusaban a los defensores comunitarios. Además, enfatiza la gravedad de que la Fiscalía ignoró las denuncias de tortura realizadas por policías estatales contra los dos defensores.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh), así como la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), también criticó la sentencia pues señaló que “criminaliza la defensa de la tierra y el territorio en detrimento de los derechos a la autonomía y autodeterminación de los pueblos originarios”. Las organizaciones exigieron a las autoridades de Chiapas un alto en la criminalización de los defensores.
Irregularidades
Tras su detención y tortura, César y José Luis fueron trasladados al CERSS 14, conocido como El Amate, ubicado en el municipio de Cintalapa. Ahí permanecieron recluidos durante 17 días, hasta que un juez les concedió libertad condicional, con la cual fueron obligados, durante dos años, a trasladarse cada ciertos días hasta Ocosingo, a horas de distancia de su residencia, para firmar y mantener el proceso fuera de la cárcel.
Los defensores señalan que, derivado de ello, su tejido familiar ha sido roto; además del daño a su persona y familiares, también implicaba un fuerte gasto económico para desplazarse hasta esa ciudad en el oriente del estado. Ahora, con la sentencia condenatoria, los defensores, integrantes del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), fueron obligados a pagar una multa para evitar su reingreso al reclusorio.
Megaproyectos
Actualmente, organizaciones como el Modevite, que cuenta con una estructura de gobierno comunitario en Chilón, se mantienen firmes contra otros proyectos impulsados por los tres niveles de gobierno que pretenden la instalación de infraestructura como la denominada Carretera de las Culturas, un trazo carretero que conectaría desde el municipio de Pijijiapan, en la costa pacífico, hasta el norte del estado, en la ciudad de Palenque, donde se enlazaría al proyecto del “Tren Maya”.
En este caso, habitantes del municipio de San Juan Cancuc, quienes se han movilizado durante años para detener la construcción de la carretera, también han sido objeto de criminalización, como lo demuestra la actual detención de cinco tzeltales, acusados sin pruebas, del homicidio de un policía municipal.
Ante esta situación, organizaciones sociales han mostrado su preocupación por la proliferación de cuarteles de la GN, un cuerpo de seguridad militarizado, que ha proyectado más de una veintena de bases operativas en Chiapas.
“No se justificaba la presencia de una institución de corte militarizado en la zona porque los índices criminales son muy bajos. Y además, no se comunicó debidamente a la población y no se consultó de manera previa”, explica César Contreras del Centro Prodh, organización que promovió una demanda de amparo contra la construcción del cuartel en Chilón.
Para enero del 2021, el recurso obtuvo la suspensión definitiva con el argumento de que detener la construcción evitaría el riesgo de que se consolidara un daño irremediable a los derechos colectivos de las comunidades tzeltales. Según ejidatarios de Chilón, el amparo, aún pendiente de resolución definitiva, consiguió detener la inauguración del cuartel de la GN, el cual ya se encuentra finalizado pero sin operación.
Por su parte, el equipo legal del Frayba, quien acompaña la defensa de César y José Luis, explicó que recurrirán la sentencia y volverán a presentar denuncias por tortura contra los tzeltales.
En portada: Familias de Condadillo y Flor de Mangle denuncian la devastación de sus parcelas debido a las obras para la construcción de la nueva terminal aérea.
Desde el pasado 8 de febrero, las comunidades de Condadillo y Flor de Mangle, en el pacífico salvadoreño, han sufrido la invasión de sus parcelas por parte de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y la empresa guatemalteca Rodio Swissboring, quienes con el argumento de realizar estudios de suelo para la construcción del Aeropuerto del Pacífico han causado estragos en los medios de subsistencia de los campesinos y el medioambiente.
Mediante conferencia de prensa realizada el pasado viernes (28), las y los campesinos acusaron que el órgano gubernamental y la empresa iniciaron las excavaciones en las parcelas agrícolas, sin contar con los permisos requeridos, con profundidades de hasta 13 metros, afectando con ello sus medios de subsistencia. Además, señalaron la tala de árboles, desviación del cause natural de las fuentes de agua, compactación del suelo y contaminación sonora, afectando con ello a la fauna del bosque adyacente al manglar El Tamarindo, un área natural protegida.
Destrucción del bosque de Condadillo. Foto: MILPA
“El Aeropuerto del Pacífico estará abarcando más de 530 manzanas de terreno, donde más del 50% por ciento será impermeabilizado; afectando la capacidad de captación hídrica de la cuenca hidrográfica Sirama ubicada en la Franja Costera Marina de Usulután, San Miguel y La Unión, territorio que también forma parte del Corredor Seco Centroamericano”, sostiene Ángel Flores, integrante del Movimiento Indígena para la Integración de Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA).
En entrevista, Flores denuncia la afectación por las mega excavaciones en el bosque de la comunidad de Condadillo y en las proximidades del principal río de la comunidad. Protegido por sus habitantes, dicha área posee manantiales, riachuelos y alberga árboles de gran tamaño como las Ceibas que sirven de santuario a una diversidad de fauna propia del territorio, así como aves migratorias que visitan el estero de El Tamarindo.
Bosque de Condadillo. Fotos: MILPA
Entre las violaciones cometidas contra los derechos de las comunidades, Flores enumera el derecho al agua; la falta de consulta libre, previa e informada así como el irrespeto a tratados internacionales como el Convenio Ramsar, el cual enlista el ecosistema de manglares de la región dentro de las áreas prioritarias para su conservación a nivel global.
Inseguridad alimentaria
Además de la devastación ambiental, los campesinos acusan que las obras han aumentado la inseguridad alimentaria y el hambre en la región. Flores explica que, desde octubre del 2022, funcionarios de CEPA comenzaron hostigamientos contra la población, quienes en aquel momento habían definido su rechazo a vender sus tierras para el megaproyecto.
“Hubo un proceso de intimidación donde las personas se les amenazó con que iban a ser denunciados en la Fiscalía y les iban a quitar las tierras”, detalla Flores. Mediante la estrategia, consiguieron la firma de decenas de campesinos, quienes ante el temor de ser despojados aceptaron las condiciones del gobierno salvadoreño para recibir una indemnización.
A pesar de que el plazo para el pago por sus tierras se planeó a más tardar el mes de abril del 2023, las y los campesinos acusan que el Estado no cumplió con su promesa. Esta situación se suma a las amenazas que los pobladores han vivido desde 2021, cuando ante el anuncio de la construcción de la nueva terminal aérea, funcionarios de CEPA les prohibieron realizar trabajos agrícolas. Las y los campesinos acusaron pérdidas que ascienden a más de 540 mil dólares, debido a que desde hace dos años ya no producen cultivos como sandía, granos básicos, chile y tomate que destinan tanto para el autoconsumo como para proveer a los mercados de La Unión y San Miguel.
Familias de Condadillo e integrantes de MILPA durante conferencia de prensa realizada el 28 de marzo del 2023.
“Son más de 225 familias campesinas afectadas directamente; además de los trabajadores agrícolas que se empleaban en la producción y cosecha agrícola en ambas comunidades”, sostiene Flores, quien prevé que la situación se agravará debido a los estragos de las parcelas por parte de las obras, además de que los campesinos no cuentan con recursos monetarios para retomar su producción.
Édgar Hernández, uno de los agricultores de la zona, afirmó que las familias se están quedando sin los granos básicos que habían guardado desde el año pasado y, al no cultivar, no tendrán más alimentos. “No nos vemos en la seguridad de sembrar acá, las constructoras ya andan haciendo sus trabajos en la zona, pedimos que nos den un sitio para poder sembrar”, reclamó.
Inversiones
Los pobladores señalan que funcionarios del Estado no han compartido ninguna información sobre las obras, ni de las empresas responsables de las mismas. Fue derivado de las interacciones con algunos trabajadores, que los campesinos se enteraron del involucramiento de la empresa guatemalteca.
Según Flores, Rodio Swissboring es una empresa que ha mantenido una relación estrecha con el gobierno de El Salvador, sin importar si el partido en el poder era de derecha o de izquierda. “En el gobierno actual, de Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele, se le está adjudicando diferentes megaobras. En el departamento de San Miguel se está concluyendo un bypass (paso a desnivel), que abarca prácticamente toda la ciudad”.
El problema, señala el integrante de MILPA, es que, durante el proceso de esta megaobra, Rodio Swissboring intervino sin contar con los permisos necesarios y violentando a los habitantes. “Ya están concluyendo (las obras) y las familias que fueron afectadas ahí, que han sido desplazadas, ya llevan ya dos años y no han recibido ningún pago (…) eso deja un mal antecedente, por lo cual se cree que en Condadillo y Flor de Mangle pretende hacer lo mismo”, acusa Flores, quien enfatiza que es la misma empresa que estará a cargo de la construcción del Tren el Pacífico, megaobra que conectará con otras redes de trenes entre Guatemala y México.
Otro punto es la sospecha de que exista financiamiento de China en las obras de la nueva terminal aérea. Según testimonios de las y los campesinos, señalan la presencia de personas de origen asiático durante las excavaciones. “Se han hecho presentes acá… (China) también está financiando algunas obras públicas del gobierno, como el caso del polideportivo de la Universidad de San Salvador. Aquí ha habido financiamiento, pero no se tiene nada oficial, el gobierno ha sido muy hermético y todo se basa a partir de lo que la población ha ido percibiendo”, sostiene Flores.
Los habitantes de la región señalan que la organización contra las obras se ha dificultado por la aprobación por parte de la Asamblea salvadoreña, durante más de un año, de un estado de excepción que restringe derechos constitucionales. “Eso también ha servido para inmovilizar aquí a los habitantes (…) Eso ha generado cierto temor también a ser capturado, porque en nuestro país se ha capturado personas sin tener ningún tipo de vinculación con estructura terrorista o de pandillas”, acusa Flores.
e dicta sentencia condenatoria en el proceso penal en contra de José Luis y César por defender su territorio de la militarización
El 03 de mayo de 2023 el Juez Agustín López Martínez, Juez de Enjuiciamiento de le Región Tres del Distrito Judicial de Ocosingo, dictó sentencia que condena a 2 años de prisión a los defensores del territorio tseltal del municipio de Chilón.
El Poder Judicial del Estado de Chiapas se suma a la criminalización a defensores comunitarios de derechos humanos.
El 15 de octubre de 2020 durante las acciones de manifestación pacífica ante la construcción del cuartel de la Guardia Nacional en el territorio comunitario de San Sebastián Bachajón, César Hernández Feliciano (César) y José Luis Gutiérrez Hernández (José Luis) mayas tseltales del pueblo de Chilón y defensores de derechos humanos, fueron reprimidos por policías estatales, así como torturados e incomunicados; 11 personas más resultaron heridas.
El pasado 24 de abril de 2023 inició el juicio oral de José Luis y César, defensores del territorio, durante el desarrollo de las distintas audiencias se logró demostrar la falta de elementos sólidos para acreditar el delito de motín por el que la Fiscalía del Estado de Chiapas les ha acusado desde 2020; los testigos presentados no acreditaron pertenecer al cuerpo de Policía Estatal ni su participación durante los hechos de la protesta del día 15 de octubre de 2020 cuando los Ejidos de San Sebastián Bachajón y San Jerónimo Bachajón se opusieron a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en su territorio indígena sin que hayan sido consultados previamente. De igual manera, la Fiscalía no demostró la calidad de peritos y legistas expertos en su materia dentro de la investigación que sostenían el dicho de los elementos que acusaban a los defensores comunitarios.
Las organizaciones firmantes nos solidarizamos y lamentamos la decisión del juez Agustín López Martínez, Juez de Enjuiciamiento de le Región Tres, del Distrito Judicial de Ocosingo, de haber dictado una sentencia condenatoria de 2 años que criminaliza la defensa de la tierra y el territorio en detrimento de los derechos a la autonomía y autodeterminación de los pueblos originarios. Hacemos un llamado al Gobierno del estado de Chiapas a detener la criminalización y judicialización de las personas defensoras de derechos humanos y de la vida.
Por este medio le damos nuestra palabra para decirle que: en la ejecución del megaproyecto Corredor Interoceanico del Istmo de Tehuantepec, desde marzo de 2019 y hasta esta fecha se han venido violando de manera constante los derechos de los pueblos indígenas. Ejemplo de ello fue la gran cantidad de irregularidades que caracterizaron a las consultas indígenas, siendo por ello meras simulaciónes. Hemos venido denunciando que el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se ha venido imponiendo a través del engaño y la violencia. Se ha criminalizado a los pueblos que se oponen al proyecto; la represion judicial es un claro ejemplo de lo que aquí señalamos, por lo que al menos 47 autoridades locales y defensores comunitarios de los ejidos Mixes de Paso Real, Estación Sarabia, Mogoñe Estación y más recientemente a hombres y mujeres mixes de Mogoñe Viejo, así como de otras comunidades istmeñas han sufrido y sufren persecución judicial.
Señor presidente Andrés Manuel López Obrador no se puede justificar la agresion policiaco militar, no se pueden defender los violentos desalojos ocurridos el 21 de marzo y 28 de abril en contra de ejidatarios y ejidatarias mixes de Mogoñe Viejo, Guichicovi Oaxaca. Señor Presidente, la lucha de los pueblos no debe ser descalificada ya que es falso que sea un reclamo económico de una familia, y que existan líderes nylon. La lucha del pueblo de Mogoñe Viejo ha sido y es encabezada por la autoridad comunitaria que atiende el mandato de la asamblea. Por ello desmentimos sus declaraciones, y más que justificar la represión le solicitamos que usted atienda la demanda y reclamos de los pueblos. No es reprimiendo y dividiendo a los pueblos como se construirán un presente y un futuro justo para nuestras comunidades, las cuales son las dueñas históricas de las tierras del Istmo de Tehuantepec. No lo olvide usted.
Atentamente.
Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo UCIZONI y Campamento Tierra y Libertad.
Este 2 de mayo, en Ciudad de México, fue recibida la Asesora de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la Dra. Elizabeth Sherwood-Randall, para continuar con la iniciativa migratoria acordada en enero pasado por los mandatarios de ambos países, Andrés López Obrador y Joe Biden. Tras esta reunión, Estados Unidos y México anunciaron un conjunto de medidas para atender los flujos migratorios y el crimen organizado en la región, así como nuevos proyectos estratégicos.
Desde la Casa Blanca se anuncia que lo que se pretende, en primer lugar, es incrementar las “acciones conjuntas para contrarrestar a los contrabandistas y traficantes de personas que explotan a los migrantes”.
Estas medidas se complementan con la campaña de 60 días que Estados Unidos lanzó recientemente entre Colombia y Panamá para contrarrestar el tráfico de personas en el Darién y el flujo de drogas. “Hemos realizado más de 10 mil arrestos de situaciones de contrabando desde abril del año pasado (2022) e incautado más de 47 millones de dólares en bienes y productos financieros ilícitos de los contrabandistas”, sostuvo el secretario de Seguridad Nacional de EEUU, Alejandro Mayorkas, en relación a esta campaña.
En segundo lugar, ambos países se comprometieron a intensificar sus esfuerzos en América Central para abordar las causas profundas de la migración y ampliar las rutas migratorias laborales.
Estos acuerdos se dan justo a unos días de que finalice el Título 42, por disposición de una orden judicial de la unión americana. Este título de salud pública de Estados Unidos –decreto sanitario para evitar la propagación de la pandemia de COVID 19– fue implementado durante el gobierno de Donald Trump. Bajo esta ley EEUU expulsó, hacia territorio mexicano, a un aproximado de 2.5 millones de personas.
La nueva ley con la que se atenderá el flujo migratorio hacia EEUU será el Título 8. “Prevé consecuencias severas para la migración irregular, que incluyen la prohibición de reingreso por al menos cinco años y el posible procesamiento penal ante intentos reiterados de cruzar en forma ilegal. El restablecimiento de la tramitación de migrantes conforme a las facultades del Título 8 operará de manera rápida e inmediata”, sostiene el secretario Mayorkas.
Esta ley, que ya se ha usado con gobiernos anteriores, mantendrá los procesos de permisos humanitarios para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, pero establece que quienes no cumplan con el debido procedimiento burocrático para el acceso legal, serán deportados inmediatamente. Así mismo, si el acceso a EEUU se califica como ilegal, se implementará una expulsión acelerada, además, “las personas expulsadas no podrán ingresar en Estados Unidos por cinco años y podrían ser procesadas penalmente por cada intento posterior que realicen para cruzar la frontera en forma ilegal”, arguye el secretario.
Militarización de la frontera con México
Tras el fin del Título 42, el gobierno de Biden ha ordenado que el Departamento de Defensa movilice a 1,500 militares hacia la frontera con México para atender el flujo migratorio y la contención del flujo de drogas. De acuerdo con el secretario de Prensa del Pentágono, el General de Brigada de las Fuerzas Aéreas Pat Ryder, ya hay 2,500 miembros de la Guardia Nacional ayudando en estos casos.
Según el general, los militares realizarán actividades de apoyo por un periodo de 90 días vía terrestre, hasta que sean reemplazados por otras fuerzas armadas que, posiblemente, sean militares de reserva.
“En preparación del regreso a la aplicación del Título 8 de inmigración, el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional están implementando medidas radicales con nuestros socios regionales para reducir la migración irregular, garantizar un procesamiento seguro, ordenado y eficiente, y expulsar rápidamente a las personas sin una base legal para permanecer en los Estados Unidos”, declaró el Departamento de Seguridad Nacional el pasado martes (2), justo cuando se realizaba la reunión en Ciudad de México.
Migrantes
Ciudadanos de origen mexicano fueron los principales expulsados bajo el Título 42, contabilizando más de 1.5 millones de personas.
Por otra parte, en las diversas reuniones entre ambos gobiernos no se ha tratado el tema de casi 11 millones de mexicanos que residen en EEUU sin documentos que acrediten su estancia legal. Lo que sí ha reconocido el gobierno de López Obrador, es el flujo de remesas que generan estos trabajadores y trabajadoras en el país vecino y que son enviados a México, del cual se han beneficiado varios bancos y empresas intermediarias.
Según datos del Banco de México, tan solo en 2022, el país recibió casi 60 mil millones de dólares provenientes de familias mexicanas en EEUU, monto que creció un 13.4% respecto a lo registrado en 2021, cuando representó el 4% del PIB nacional.
Proyectos estratégicos
En la reunión del pasado 2 de mayo, el mandatario mexicano también hizo público que la empresa estadounidense Pacific Limited, de Houston, Texas, invertirá aproximadamente 14 mil millones de dólares en la construcción de un gasoducto y una planta de licuefacción que ya estaba prevista construirse en el Puerto Libertad, en Sonora.
A través de estos complejos, México importará gas (extraído con el método de fractura hidráulica) de productores estadounidenses y, posteriormente, se exportará a la región de Asia.
López Obrador también entabló un dialogó con directivos de las compañías ferroviarias Canadian Pacific-Kansas City Southern (CPKC), recientemente fusionadas, para establecer una asociación con el gobierno mexicano y ampliar las conexiones que ya están establecidas desde Canadá y EEUU con aproximadamente 35 mil kilómetros de vías en total.
Lo que se pretende es conectar el Corredor Interoceánico y el Tren Maya. Actualmente, ya existe una conexión ferroviaria hasta el centro de México y los países del norte. “Al presidente le gustaría que (la red ferroviaria del CPKC) conectara con el sur del país”, advirtió el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.
Esta conexión entre los tres países permitirá un servicio ininterrumpido del trasporte de materias primas y mercancías que cruzarán entre el Atlántico y el Pacífico para atender los diversos mercados globales.
