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megaproyectos
Crecen activos de Sempra Energy en México; exportará gas desde el Istmo y Ensenada
Fuente: Avispa Midia
Por Santiago Navarro F
En portada: Funcionario de la Terminal Costa Azul GNL, en Ensenada, Baja California
La estadounidense Sempra Energy que, en 2019, fue calificada por el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, como desleal, por haber firmado con gobiernos anteriores lo que él llamó como “contratos ventajosos” y “leoninos” y, por contratar exfuncionarios de gobiernos anteriores, ya podrá exportar gas desde territorio mexicano. Además, ampliará sus activos hacia lo que comprende la Zona Franca conocida como Corredor Interoceánico.
Sempra Energy se catapultó desde la reforma energética que se implementó en el año 2013 en México. Previamente contaba solo con 2 mil 500 millones de dólares (mdd) en activos en territorio mexicano y, en el 2018, cerraba con inversiones de 8 mil 769 mdd. Mientras que, en plena pandemia durante 2020, alcanzó los 10 mil 500 mdd posicionándose como una de las principales empresas de energía en el país y de Norteamérica.
Hasta el año 2020 contaba con 17 gasoductos por donde transporta y distribuye gas importado de los EEUU. También ya contaba con ocho complejos de generación de energía renovable y tres terminales de almacenamiento de gas. En una de ellas, establecida en el estado de Baja california, la terminal de almacenamiento y regasificación de gas llamada “Energía Costa Azul” (ECA), servirá para exportar gas licuado con países principalmente de Asia.
En el mes de diciembre del 2022 esta empresa recibió el visto bueno del Departamento de Energía de EEUU para exportar gas natural estadounidense a México y, después de la licuefacción en territorio mexicano, reexportar por barco hacia cualquier país con el que Estados Unidos tenga o vaya a firmar un tratado de libre comercio. Las estimaciones oficiales de este mercado giran en torno al equivalente a 636 mil millones de pies cúbicos por año, lo cual contempla solo la terminal ECA, propiedad de Sempra Energy.
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Según la empresa estadounidense, el proyecto de licuefacción de Energía Costa Azul, ubicado en el norte de Ensenada, a menos de 100 kilómetros del sur de San Diego, tiene una ventaja geográfica para entregar gas natural de EEUU hacia los mercados asiáticos en tan solo 11 días, cuando lo normal son aproximadamente 21 días.
La empresa tiene las expectativas de que, en la fase 2 de este permiso de exportación, Energía Costa Azul también cuente con dos trenes y un tanque de almacenamiento de gas natural licuado.
Mientras que, de otra terminal, propiedad también de Sempra Energy, que ya inició trámites en México para la comercialización de gas desde enero del 2022, llamada Vista Pacífico LNG, se prevé que la instalación cuente con una capacidad de reexportación de aproximadamente 200 mil millones de pies cúbicos al año, gas producido en EEUU y reexportado desde esta terminal en Topolobampo, Sinaloa, México.
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Sempra Energy pretende cerrar la pinza comercial al conectar con sus subsidiarias estadounidenses, Cameron LNG ubicada en Hackberry, Louisiana y Port Arthur LNG en Texas. Por el momento la empresa ya tiene acuerdos comerciales para 20 años con la francesa TotalEnergies y la japonesa Mitsui & Co., Ltd.
La empresa anuncia que “el desarrollo exitoso y la construcción de la Fase 1 de ECA LNG, así como los otros proyectos de exportación de gas natural licuado de Sempra Infraestructura (subsidiaria mexicana de Sempra Energy), están sujetos a una serie de riesgos e incertidumbres sin que exista garantía de que serán completados”.
El documento del Departamento de Energía de EEUU es tajante al anunciar que, en el caso de estas reexportaciones, “la economía estadounidense no recibe una porción significativa de los beneficios”. De la misma forma, alerta que, tras la construcción y operación de estas terminales de licuefacción e infraestructura que le acompaña, “pueden surgir consecuencias (medioambientales) a largo plazo”, de las cuales se deslinda al no estar sujetas directamente a las leyes estadounidenses. Mientras tanto el gobierno mexicano no ha emitido informes de cómo se beneficiará, de los posibles impactos o si solo será beneficio para la empresa estadounidense.
Nuevo nombre
En octubre de 2021 la empresa estadounidense fusionó dos de sus subsidiarias, Sempra LNG e Infraestructura Energética Nova S.A.P.I. de C.V. (IEnova), con las cuales había hecho crecer sus inversiones en México, denominándola ahora como Sempra Infraestructura. Con un nombre recién estrenado dio continuidad a una decena de complejos más que aún estaban en fase de construcción o expansión.
Uno de estos complejos, que estaba suspendido por no haber realizado una consulta previa como lo marca la ley sobre derechos indígenas, es el gasoducto Sonora Guaymas-El Oro, que atravesaba territorio de los pueblos originarios de la Tribu Yaqui. Aunque en sus últimos informes anuales para sus inversionistas aparece como concluido, el gasoducto está suspendido, porque uno de los ocho pueblos de la Tribu no permitió el paso.
La conclusión de este tramo es de vital importancia ya que es a través del cual se importarán el gas proveniente de EEUU y que conecta con la terminal de Vista Pacífico LNG, de donde se reexportará este energético.
Sempra Energy no habla más del gasoducto Guaymas- El Oro que costó la vida de al menos dos personas y un preso político que lleva más de 2 mil días tras las rejas, él es el indígena yaqui Fidencio Aldama. Tampoco el gobierno de México habla más de esta persona y de lo acontecido.
Lo que sí ha hecho el gobierno y la subsidiaria de la corporación estadounidense, Sempra Infraestructura, es llegar a un convenio para desviar el gasoducto y así poder concluirlo. “Los nuevos acuerdos establecen el marco para una alianza entre las empresas, que finalmente permitirá la reanudación del servicio del gasoducto Guaymas-El Oro”, dice el documento firmado por la empresa y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), emitido en un boletín de prensa con fecha de enero del 2022.
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A través de este convenio, la empresa también aseguró que se le permitirá el desarrollo y avance de la terminal Vista Pacífico que, en el mismo mes de enero, inició sus trámites con las autoridades mexicanas para la “Comercialización de gas natural”. Además, Sempra Energy, con su filial mexicana, también buscó figurar en la Zona Franca conocida como el Corredor Interoceánico.
En el memorándum de entendimiento se estableció una participación conjunta con CFE en el desarrollo de una terminal de gas natural licuado en Salina Cruz, Oaxaca. “Este nuevo proyecto apoyará las acciones del Gobierno de México para desarrollar el Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, cuyo objetivo es promover el crecimiento económico y el desarrollo de la región sur-sureste del país”, resalta el acuerdo firmado por CFE y la empresa estadounidense.
Nuevo gasoducto
Desde noviembre de 2020, el Gobierno de México había anunciado la construcción del Gasoducto denominado Jáltipan – Salina Cruz, que será parte del Corredor Interoceánico, aunque será retomado como una obra prioritaria para este año 2023. Según un boletín de prensa de la CFE, emitido en junio de 2022, “el gasoducto suministrará gas natural a 470 plantas y 30 parques (industriales)”.
El gasoducto, que atravesará el Istmo de Tehuantepec (Salina Cruz-Coatzacoalcos), estará a cargo de la CFE, pero también habrá participación de privados “bajo la figura de negocio de alianza estratégica, donde el privado ancla la inversión en el gasoducto con una planta de licuefacción de gas natural en Salina Cruz”, anuncia la paraestatal.
Pero el único acuerdo de cooperación firmado por el momento sobre la planta de licuefacción en Salina Cruz, Oaxaca, es con Sempra Energy.
La prioridad del gobierno, por el momento es, según el boletín, “resolver el derecho de vía para el tendido de un gasoducto a cargo de la CFE con el objetivo de exportar gas natural a Asia y licitar una planta de licuefacción que tendrá un costo de 60 mil millones de pesos, y generará 3 mil empleos”.
Dependencia
En conferencia de prensa que emitió el mandatario mexicano el 11 de junio, alertó que urgía resolver el derecho de vía para el gasoducto Jáltipan – Salina Cruz, “porque tenemos un contrato de gas que nos permite tener volúmenes suficientes de gas para poder exportar el gas a Asia, pero tenemos ese gas en el Golfo y necesitamos un gasoducto para que aquí en Salina Cruz se construya una planta de licuefacción”, sostuvo en su gira por el estado de Oaxaca.
Sin dar más detalles, López Obrador informó también que esta planta de licuefacción “congela el gas para transportarlo y se lleva (el transporte) entre 12 y 15 horas a países de Asia, y ahí se re gasifica con otra planta, se vuelve otra vez gas y se introduce a los ductos” y agregó, “entonces, el precio de ese gas ahora en Texas está mucho más bajo a pesar de la inflación mundial que en Asia y mucho más bajo que en Europa, pero aquí estamos hablando de Asia”, refiriéndose a las exportaciones de gas desde el puerto de Salina Cruz.
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Aunque México tiene un déficit de gas y no tiene suficiente para exportar, en todo caso, sería gas proveniente de EEUU. De acuerdo con la Secretaría de Energía solo en el año 2021 el consumo de gas natural en México ascendió a un promedio de 7,405 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd).
En particular, sostiene el Plan Quinquenal de Expansión de Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (SISTRANGAS), durante el tercer trimestre del 2021 el promedio de las inyecciones nacionales ascendió a 1,311 MMpcd y las importaciones fueron de 3,267 MMpcd, de los cuales 656 MMpcd corresponden a importaciones a través del gasoducto marino Sur de Texas-Tuxpan, perteneciente a Sempra Energy. Aunque también se importa a través del Gasoductos de Tamaulipas; Los Ramones, Fase I y II, entre otros.
El sector eléctrico de México es sostenido en mayor medida del consumo de Sistrangas, entre otros. Este organismo es un conjunto de gasoductos que suman una longitud total de 10,336 kilómetros. Una buena parte forma parte de los activos de Sempra Energy a través de los cuales fluye el gas importado proveniente de los EEUU. Por lo que México no tiene capacidad para cubrir al 100% sus necesidades de este energético.
El Perú bajo dictadura cívico-militar
Fuente: Avispa Midia
Por Javier Bedía Prado
En solo un mes, las fuerzas estatales asesinaron a 39 personas en localidades de los Andes. La movilización masiva exige la renuncia del Gobierno de facto, nuevas elecciones este año y una Asamblea Constituyente.
El 14 de diciembre de 2022, siete días después de que Dina Boluarte asumió la presidencia, se ejecutó el último paso para instaurar una dictadura cívico-militar en el Perú: la orden al Ejército de sofocar las masivas manifestaciones contra el Gobierno de facto.
En el primer mes bajo estado de emergencia, 39 personas -incluidos seis menores de 18 años- fueron asesinadas por disparos de militares y policías en localidades andinas de mayorías quechuas y aimaras. Otras seis fallecieron por incidentes relacionados a bloqueos de vías y hasta el momento se reportan más de 500 heridos.
En la jornada más violenta del estallido, este lunes (9) la represión dejó 17 víctimas en Juliaca (región Puno), entre ellas una menor de edad y un médico voluntario. De otro lado, se investiga la muerte de un policía en un vehículo incendiado. Se trataría de un montaje, pues el cadáver fue levantado sin la presencia de fiscales.
Las demandas unánimes de las movilizaciones son la realización de elecciones generales este año, el cierre del actual Congreso, la renuncia de Boluarte y la convocatoria a una Asamblea Constituyente, como condiciones para legitimar a un nuevo Gobierno que le suceda al de Pedro Castillo, destituido por el Poder Legislativo tras su fallido intento de disolver esta institución. Un golpe de Estado allanado por el propio Congreso desde antes de la investidura del profesor rural y dirigente sindicalista en julio de 2021. El conflicto se agrava por la decisión parlamentaria de llamar a elecciones en 2024, en defensa, por las armas, de la concentración de poder que ahora amenaza con extenderse sobre los organismos electorales.
Como una “dictadura cívico-militar-empresarial” la califica la Organización Nacional de Mujeres Indígenas y Amazónicas (Onamiap). “El fascismo está cobrando su revancha histórica contra quienes se atreven a alzar la voz en defensa de las vidas y la dignidad. Es el clasirracismo colonial”, observa en un comunicado.
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Boluarte, vicepresidenta en la gestión de Castillo, es la sexta persona que ocupa el despacho presidencial en los últimos seis años. Un número sobresaliente en la historia global de las democracias modernas. Así culmina, exacerbado desde la asunción de Castillo, un ciclo de coacciones políticas y judiciales por parte del Congreso -en manos de la oligarquía económica y la derecha radicalizada- para capturar el Poder Ejecutivo. El ensayo previo, la vacancia presidencial en noviembre de 2020, fue saldado con una semana de convulsión en que la Policía victimó a dos jóvenes en el Centro de Lima.
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En aquel contexto, la orden del ultraconservador Gobierno de facto de desplegar al Ejército en la capital no fue atendida por los cuarteles. El impacto de las muertes en la centralista ciudad y la reacción a nivel nacional forzaron la inmediata renuncia de los usurpadores. Hoy soldados y vehículos militares ocupan las vías públicas de Lima para disuadir las manifestaciones.
Represión extrema
En las regiones del sur andino, las que depositaron en Castillo el grueso de sus votos, se aplicaron las represiones más brutales. En Ayacucho, donde se intentó tomar el aeropuerto, las 10 víctimas registran disparos de arma de fuego en el abdomen y la cabeza. Uno era un padre de familia al que en un video se ve salir al frontis de su casa para atender a un herido y, en el acto, caer desplomado por un disparo, cuando los civiles huían de un enfrentamiento controlado, en un escenario despejado. En Apurímac, cientos de campesinos lograron tomar el aeropuerto y prendieron fuego a instalaciones, situación aplacada con seis cadáveres que presentan impactos de proyectiles y arma de fuego. Los uniformados están disparando al cuerpo perdigones, bombas lacrimógenas y balas de goma.
En la masacre de Juliaca las fuerzas estatales utilizaron balas expansivas, de efecto más letal. “No hay orificios de salida, los pacientes vienen con los órganos internos destrozados, como que fueran balas dum dum, explosivas”, declaró un médico.
En este punto de la crisis, el régimen extrema los métodos para aterrorizar a la población: detenciones masivas en la capital, intervenciones de dirigentes en autos sin identificación, atentados y amenazas contra la prensa, fabricación de pruebas, procesos judiciales por terrorismo, torturas, allanamientos de casas y locales de organizaciones sociales.
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El rechazo a este gobierno dictatorial y sus condiciones para traspasar el poder -se empieza a dudar de que esto se materialice- proviene de todos los sectores de la población. Agricultores, mineros, múltiples sindicatos, las comunidades campesinas e indígenas, comités barriales, frentes provinciales, estudiantes, colectivos, las organizaciones sociales y la ciudadanía en general se declaran en insurgencia. Los pueblos originarios de la Amazonía se encuentran en movilización permanente en sus territorios.
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La tregua concedida desde la última semana del año pasado se interrumpió el 4 de enero con el inicio de un paro indefinido en al menos un tercio de las 25 regiones del Perú. Los ocho departamentos agrupados en la Macrorregión Sur, entre ellos Puno, Cusco y Arequipa, encabezan las protestas más contundentes. En las regiones de los Andes, la consigna de reponer en el cargo de Pedro Castillo es sólida.
La respuesta militarizada del Ejecutivo y el Congreso se complementa con una política de estigmatización de la protesta, de creación del enemigo -el terrorismo-, traducida en la práctica en el poder de decidir qué vidas son válidas y cuáles no. Sostienen que las marchas son manipuladas por violentistas o directamente organizadas por terroristas. Lo que resuena a tiempos de violencia extrema que retornan a los mismos lugares barridos por el terrorismo de Estado y la subversión, como Ayacucho, epicentro de Sendero Luminoso y de la guerra insurgente-contrainsurgente (1980-1992).
La posición de la alianza civil-militar que tomó el Gobierno, representada por el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, ascendido desde el Ministerio de Defensa, es inmutable. Como es habitual en Latinoamérica, la dictadura cuenta con el respaldo de Estados Unidos y, la vez, acusa injerencias extranjeras, para el libreto, la del expresidente de Bolivia Evo Morales, a quien impidieron ingresar al país. Con 39 asesinatos en las manos, considerados como ejecuciones extrajudiciales por las organizaciones locales de derechos humanos, los represores insisten en criminalizar a los manifestantes y negar su responsabilidad, lo que avala la prolongación de las masacres y advierte un genocidio contra los movimientos sociales en el Perú.